Otras publicaciones:

12-2985t

9789871867950_frontcover

Otras publicaciones:

Book cover

9789871867974-frontcover

5 La CONEAU y la acreditación como política pública

La creación de la CONEAU como organismo ejecutor de la acreditación de carreras de posgrado, entre otras funciones, es considerada una política pública que el Estado decidió diseñar e implementar en un determinado momento en que tanto los ciudadanos como el gobierno consideraron que el tema era prioritario. La temática de la calidad de las carreras de posgrado estuvo contextualizada en una etapa histórica en la que hubo un incremento y diversificación desarticulado de la oferta educativa. Este hecho, acompañado por tendencias mundiales sobre la necesidad de mejorar los resultados de aquellas instituciones con interés público (como son las universidades), llevaron a la sanción de la Ley de Educación Superior N.º 24.521 en 1995 y a la creación de la CONEAU en el mismo año. Jaime, Dufour, Alessandro y Amaya (2013) explican que una política pública es en esencia una política estatal porque implica una toma de posición tácita o explícita de algún componente del aparato estatal, el cual interviene en una cuestión de interés o movilización de la sociedad civil. A pesar que la calidad de la educación es por naturaleza un tema importante dada su misión de formación de ciudadanos y profesionales, en la década del 90 estos tópicos adquirieron una atención específica que llevaron a la toma de posición a través de una política pública.

La política pública de acreditación se desarrolló dentro del contexto general latinoamericano. Ante la crisis del Estado de Bienestar y el surgimiento del Estado Evaluador, hubo una tendencia al rediseño de políticas públicas con nuevas finalidades e instrumentos de aplicación. En el caso de la educación superior, estas políticas van a intervenir en las funciones sustantivas de la universidad: enseñanza, investigación y extensión (Betancur Bernotti, 2000). No obstante, en cada Estado la política pública de evaluación y acreditación universitaria adquirió su tinte personal, tomando las propiedades específicas que caracterizan a cada sistema de educación superior de acuerdo a su historia, la fuerza relativa de sus actores y la coyuntura sociopolítica que acompaña. En el caso argentino, el Estado descentralizó la función de acreditación en una agencia que trabaja dentro del Ministerio de Educación, liderada por técnicos cuyo trabajo se sintetiza en la evaluación de instituciones y carreras de educación superior, de acuerdo a determinados estándares públicamente conocidos a través de una resolución ministerial, y con el objetivo de asegurar una oferta educativa de posgrado de calidad.

5.1. Las fases de la política pública de acreditación

Toda política pública tiene un ciclo de vida similar, que se puede acelerar o demorar de acuerdo a la atención que la sociedad civil ponga sobre el tema, a la presión externa o interna que tenga el aparato estatal por solucionar la cuestión, y, por supuesto, al grado de complejidad que en su naturaleza tenga la política. Esta complejidad está relacionada con la cantidad de actores involucrados, el tipo de organización sobre la cual se está influyendo, o las coaliciones a favor o en contra de la política pública que se formen, entre otros factores.

A continuación, en la figura 1 se describen las diversas etapas que se suceden en una política pública de acuerdo a Tamayo Saez (1997):

Figura 1. Esquema de fases de las políticas públicas

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Tamayo Saez (1997).

En el caso de la política pública de acreditación en Argentina, durante todas las fases del proceso se distinguieron dos actores principales. Por un lado, el Estado, representado en este caso por el Ministerio de Cultura y Educación y el Congreso de la Nación. Y, por otro lado, la Universidad, que se involucra desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y las diversas asociaciones de facultades. Las negociaciones habidas solo tuvieron éxito en la medida en que se incluyeron las voces de todos estos actores (Corengia, 2005).

Etapa 1: identificación y definición del problema

Tamayo Saez explica que los problemas no existen objetivamente, “sino que son construidos, definidos subjetiva e interesadamente por un observador” (1997: 286), por lo tanto, los diferentes actores tienen su propia perspectiva sobre el problema, que reflejan sus intereses y valores particulares.

En Argentina, la introducción de la acreditación obligatoria de carreras de posgrado se explicó más por una cuestión coyuntural antes que estructural (Corengia, 2005). Se puede ubicar temporalmente esta fase en el período 1991-1992, años durante los cuales se tomó conciencia de la nueva situación de la educación superior y la cuestión entonces se problematizó. Esto se debió, de acuerdo a Del Bello (citado en Corengia, 2005), al surgimiento de nuevas disciplinas o subdisciplinas; la masificación, segmentación y diversificación de los programas de posgrado; la valoración de los títulos universitarios; la demanda de formación continua a través de mayores niveles de especialización y la internacionalización de las comunidades académicas, entre otros.

Etapa 2: formulación de las alternativas de solución al problema

En el trabajo “Estado, mercado y universidad en la génesis de la política de evaluación y acreditación universitaria argentina (1991-1995)” (2005), Corengia describe la sucesión de alternativas e instancias de evaluación que surgieron antes de tomar la decisión de crear la CONEAU. De hecho, hay ciertos hitos primordiales de esta etapa que fueron estableciendo los lineamientos para la futura decisión, como el Subproyecto 06 y la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU).

Subproyecto 06 (1991)

El Subproyecto 06: Fortalecimiento de la gestión y coordinación universitaria surge por un acuerdo firmado entre el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional, y recibe apoyo financiero del Banco Mundial a través del Programa Nacional de Asistencia Técnica a los Servicios Sociales (PRONATAS) y cooperación técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La misión del proyecto se resume en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza universitaria. Se prevé una evaluación institucional que se enfoque en la calidad y pertinencia de las principales funciones de la universidad: docencia, investigación, extensión y servicio, administración, gestión y planeamiento. La evaluación estaría a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación, organismo autónomo del Estado, integrado por el Ministerio de Cultura y Educación, el CIN, el Congreso de la Nación y las Universidades Privadas. La evaluación sería integral, constituida por una etapa interna a cargo de las propias universidades y otra externa a través de un comité de pares.

En este proyecto Marquis y Sigal proponen un instrumento de evaluación de la calidad universitaria que observa las funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión) y las de apoyo (gestión y bienestar universitario). Estas dimensiones se desagregan en 45 variables ponderadas que se clasifican en tres categorías: insumos, procesos y productos. A pesar de que se advierte que el término “calidad” es complejo, “todas las variables seleccionadas son factibles de medición, porque han sido desagregadas en indicadores observables y cuantificables” (Marquis y Sigal, 1993, citado en Menghini, Campo, Richmond y Visorsky, 2007). Los autores remarcan la necesidad de que este instrumento de evaluación sea confiable y cuente con validez teórica. Menghini et al. consideran que esta propuesta traduce una concepción de medición que es neutral, objetiva y tecnicista, ya que el instrumento puede ser aplicado por diferentes evaluadores sin diferencias, por lo que no tiene en cuenta la dimensión subjetiva y política de la evaluación. Dado que Marquis y Sigal afirman que “el listado final (de variables que compone el instrumento de evaluación) se adapta a las características propias del sistema universitario de nuestro país” (Marquis y Sigal, 1993, citado en Menghini et al., 2007), se infiere que este instrumento se convertiría en un modelo único de evaluación, sin tener en cuenta la diversidad de institutos de educación superior existentes en Argentina. Esta propuesta específica es un tipo de evaluación prescriptiva y orientada al control, que niega la participación de la comunidad universitaria en la construcción del instrumento.

La reacción que las universidades tuvieron frente al Subproyecto 06 fue negativa, ya que sintieron que se establecería una “evaluación bajo sospecha” (Mollis, citado en Dominguez, 2011: 6) que solo se utilizaría con una racionalidad financiera. Las metodologías además ignoraban la heterogeneidad disciplinar y los diversos contextos en los que estaba inserta cada universidad. Sintieron que la iniciativa se originó “extramuros académicos”, sin una real participación del sector universitario en la construcción del instrumento de medición. Por todas estas razones, el CIN rechazó el informe final del Subproyecto 06, hecho que puso de manifiesto el interés de las universidades de participar en la planificación de los procesos de evaluación. Este interés también se observó en la organización de congresos sobre la temática, como lo fueron el Primer Encuentro Interuniversitario Nacional sobre Evaluación de la Calidad y el Segundo Encuentro sobre Calidad y Evaluación Universitaria, organizados por la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Nacional de Rosario, respectivamente, en 1991.

Secretaría de Políticas Universitarias (1993)

La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) se instauró en 1993. Se establece como organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, y su misión es definir estrategias para este sector educativo y diseñar políticas públicas de evaluación y seguimiento. Una de las ventajas de la Secretaría para instaurar la temática en la agenda del sector universitario consistió en la construcción de una estructura organizacional con concentración de recursos técnicos, informáticos y financieros, que permitieron generar políticas públicas y acuerdos entre los diversos actores.

Se complementa en 1993 la creación de la SPU con la instauración del Consejo de Planificación Universitaria Regional y el Consejo Nacional de Educación Superior. El primero se encargaría del análisis de las ofertas en el nivel superior, mientras que el segundo asesora al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación en las orientaciones para alcanzar determinados niveles de excelencia a partir de la evaluación, acreditación y habilitación de títulos[1]. A finales de 1993 se firmó un acta acuerdo entre el CIN y la SPU para trabajar en la elaboración de criterios para el surgimiento de un órgano de evaluación institucional. En este contexto, en el transcurso del año próximo se firmaron convenios bilaterales entre la SPU y 16 universidades y 2 asociaciones de facultades para implementar la evaluación de calidad con financiamiento público, pero permitiendo a las instituciones de educación superior elegir las metodologías e instrumentos (Marquina, 2012).

En 1994 la SPU crea la Comisión de Acreditación de Posgrado, organismo que se instaura como el principal antecedente de la CONEAU. La CAP se establece para controlar el incremento de la oferta de posgrados, crecimiento que puso en duda la calidad y la pertinencia de las nuevas carreras. Se convoca a la acreditación voluntaria de maestrías y doctorados académicos, sin contar a las especializaciones. Fernández Lamarra (2003b: 157) describe que el organismo está integrado por miembros del sistema universitario y académico. La acreditación se lleva a cabo a través de comités de pares y se califica a las carreras en cuatro categorías: A, B, C o no acreditada. A partir de la acreditación de los posgrados, las universidades podrían pedir financiamiento al Banco Mundial para sus proyectos según los requerimientos que estableciera el Fondo de Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC).

En 1994 y 1995 además comenzaron a llevarse a cabo encuentros que consolidaron la iniciativa de introducir la evaluación de la calidad en la agenda de la educación superior. Se realizó entonces el Primer y Segundo Taller Nacional Sobre Experiencias de Evaluación Universitaria (Marquina, 2012).

Etapa 3: elección de una alternativa

La alternativa seleccionada luego de las diversas propuestas debe gozar de la viabilidad técnica y política suficiente para ser implementada. Este factor implica que la alternativa decidida debe contar con un apoyo suficiente por parte de los diversos grupos de interés, pero sin necesidad de gozar de total consenso.

Los diversos intentos de evaluación de la calidad culminaron con la sanción de la Ley de Educación Superior N.º 24.521 en 1995 y su Decreto Reglamentario N.º 499/95. Dominguez explica que esta ley le provee mayor sistematicidad y prescripción a todas las estrategias de evaluación que se venían diseñando e implementando en el sistema universitario (2011). A pesar de que los actores universitarios no tenían interés o recursos para incorporar la evaluación a sus prácticas (Krotsch, 2002: 162), la Ley de Educación Superior crea la CONEAU, en reemplazo de la CAP, como organismo coordinador de la evaluación institucional, el reconocimiento de instituciones oficiales y la acreditación de carreras de grado y posgrado. La definición de los patrones y estándares que se utilizarán para esta tarea queda a cargo del Ministerio de Cultura y Educación en consulta con el Consejo de Universidades[2], dado que la CONEAU es solo un organismo ejecutor de criterios que se negociarán en otros ámbitos. Con la Ley de Educación Superior queda al fin oficialmente reglamentada la evaluación de la calidad universitaria, estableciendo específicamente la acreditación obligatoria de las carreras de grado cuyo ejercicio profesional pudiera poner en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, y de todas las carreras de posgrado. Las convocatorias a dichas acreditaciones se realizan periódicamente.

Con la alternativa seleccionada se buscó tanto viabilidad política como técnica, dado que los mismos evaluados (las instituciones de educación superior representadas en su conjunto por el Consejo de Universidades) serán parte de la definición de los parámetros sobre los cuales se los evaluará. Además, se incluye en toda evaluación una etapa de autoevaluación y otra de evaluación de pares. Por lo tanto, se buscó que todos los actores influyentes participaran de la elaboración y futura implementación de los procedimientos que asegurarían la calidad de los posgrados: los evaluados, el Estado a través de los técnicos, y la oligarquía académica a través de los pares.

Etapa 4: implementación de la alternativa elegida

Pressman y Wildavsky explican que la implementación hace referencia a la sucesión de acciones que se llevan a cabo para alcanzar el efecto deseado (Aguilar Villanueva, 1992). La presente investigación se concentra en la etapa de implementación de la política pública de acreditación de posgrados a través del análisis de la validez y confiabilidad de los instrumentos de medición utilizados durante la etapa de autoevaluación. Es decir, se toma como antecedente la obligación de las universidades de presentarse a las convocatorias de acreditación que realiza la CONEAU para que sus carreras gocen de validez nacional. Ahora bien, la implementación de este objetivo hace referencia a las acciones que se llevarán a cabo para garantizar esta calidad. Por lo tanto, un primer paso de la implementación es la operacionalización de la variable a medir, y, a continuación, la construcción de todos aquellos instrumentos de medición que se utilizarán y las respectivas reglas de aplicación para los mismos. Por lo tanto, el foco de este trabajo reside en analizar la validez y confiabilidad de una parte de la etapa de la implementación. En última instancia, estas acciones son las que establecerán las condiciones iniciales para que las universidades puedan llevar a cabo su autoevaluación y luego ser evaluadas por técnicos y pares.

Tamayo Saez (1997) explica que la etapa de implementación en realidad es muy difícil de separar de la de decisión (etapa 3), dado que se trata de un proceso durante el cual se continúan tomando decisiones. Es decir, una vez tomada la decisión, no existe una concreción objetiva e imparcial de la misma ejecutada a través de administradores desinteresados en el tema. Al contrario, todo proceso de implementación de políticas públicas implica una negociación constante entre actores legítimos que “establecen las condiciones iniciales que permiten la implantación de las políticas y, conseguidas estas, mantienen su compromiso durante el desarrollo de la implantación” (Tamayo Saez, 1997: 302). De acuerdo al grado de participación que se les provea a los actores, se pueden identificar políticas públicas top-down o bottom-up. Entre las primeras encontramos aquellas en las que existe una separación entre una esfera política que decide y una esfera administrativa que ejecuta la decisión. Por lo tanto, la administración no tiene ningún tipo de influencia, sino que es simplemente una variable dependiente de la esfera política (Tamayo Saez, 1997). Por otro lado, las políticas bottom-up hacen referencia a un modelo que sostiene la idea que la real implementación de una política pública se da cuando el ciudadano entra en contacto con la organización pública que es responsable de distribuir los bienes. Tamayo Saez (1997) o Aguilar Villanueva (1992) han desarrollado la idea de que las probabilidades de éxito de un programa aumentarán en la medida que la decisión se forme a partir del contexto local, el cual tiene determinadas capacidades de funcionamiento de acuerdo a sus fortalezas y debilidades. Una política global entonces deberá tener una microimplementación que tome esta idea básica y la adapte a las condiciones locales. En el caso de la política de aseguramiento de la calidad (política global), esta se debería implementar de acuerdo a las cualidades propias de la universidad, la cual se caracteriza por ser una organización compleja con diversas propiedades regionales, disciplinares y profesionales. No obstante, las políticas públicas no se dividen categóricamente entre aquellas implementadas según un modelo top-down o bottom-up. En realidad, en las diversas etapas de la fase de implementación, durante la cual se continúan tomando decisiones, hay momentos en los que son necesarios mecanismos top-down (promoviendo una implantación programada) y otros momentos en los que son necesarios mecanismos bottom-up (promoviendo una implantación adaptativa). En el caso de la política pública de acreditación, existió un momento top-down al establecer mediante la Ley de Educación Superior la obligatoriedad de acreditación para las carreras de posgrado. No obstante, la implementación progresiva se dio a través de decisiones top-down y bottom-up. Por ejemplo, la decisión sobre los estándares de evaluación se da entre el Ministerio de Educación en diálogo con las universidades, pero los instrumentos concretos de medición de la calidad son construidos por técnicos de la CONEAU.

Etapa 5: evaluación de los resultados obtenidos

Todo proceso de implementación de políticas públicas debe ir acompañado de evaluaciones durante el transcurso o al finalizar la misma. Tal como explica Tamayo Saez (1997), el objetivo es obtener datos que puedan orientar y valorar aquellas decisiones que se tomaron durante el diseño y la ejecución del programa con vistas al futuro. Las evaluaciones permiten además ir ajustando los detalles ya sea para alcanzar los fines previstos o para repensar los objetivos que se habían propuesto al iniciar el proceso. La CONEAU ha consentido voluntariamente a una evaluación institucional externa en 2002 y en 2006. A partir de sus resultados el organismo se comprometió a trabajar por el mejoramiento de sus procesos e impactos. No obstante, teniendo en cuenta que la misión de la CONEAU está públicamente legitimada, son necesarios mayores análisis sobre las formas de instrumentalización de dichos objetivos, datos que alimentarían la mejora del proceso de implementación. En 2015 la CONEAU llevó a cabo un nuevo proceso de evaluación institucional.

De acuerdo a los conceptos analizados, la acreditación de posgrados es una política pública que se formuló legalmente en 1995. Durante los años anteriores, se llevaron a cabo diversas negociaciones que involucraron a todos los actores con intereses en la materia. Sin embargo, el primer gran paso consistió en el establecimiento de un organismo oficial cuya principal función fuera llevar a cabo los procesos de evaluación y acreditación, y reglamentar sus procedimientos. Conocer a la CONEAU y sus mecanismos de funcionamiento es una tarea previa necesaria antes de evaluar la confiabilidad y validez de su tarea de medición.

5.2. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

Naturaleza orgánica de la CONEAU

Según la Ley de Educación Superior sancionada en 1995 la CONEAU es un organismo descentralizado que se encuentra ubicado en la órbita del Ministerio de Cultura y Educación. Está integrado por doce miembros, quienes son elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de los siguientes organismos: tres por el CIN, uno por el CRUP, uno por la Academia Nacional de Educación, tres por cada una de las cámaras del Congreso y uno por el Ministerio de Cultura y Educación. Dominguez hace una crítica a la conformación del órgano, dado que considera que sus integrantes son en su mayoría representantes del poder político más que del mundo académico, ya que el Poder Ejecutivo Nacional centraliza la selección de ellos (2011). Además, existe cierta disparidad en la representación de universidades nacionales y privadas.

La misión del organismo se resume en el desarrollo de “una estrategia de asistencia y cooperación que tiende a fortalecer dentro del sistema universitario la denominada cultura de la evaluación” (Fernández Lamarra, 2003a: 150). En el artículo 46 de la ley se mencionan como funciones de la CONEAU:

  1. Coordinar y llevar adelante la evaluación institucional externa;
  2. Acreditar las carreras de grado de aquellas “profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes” (Artículo 43° de la Ley de Educación Superior). Dentro de estas carreras, de acuerdo al listado disponible en la página web de CONEAU, se encuentran arquitectura, biología, farmacia y bioquímica, geología, informática, ingeniería, ingeniería agronómica, ingeniería en recursos naturales, ingeniería forestal, ingeniería zootecnista, medicina, odontología, psicología, química y veterinaria.
  3. Acreditar las carreras de posgrado de cualquier ámbito de acuerdo a las pautas acordadas entre el Ministerio de Cultura y Educación en consulta con el Consejo de Universidades;
  4. Emitir opinión consultiva sobre la consistencia y viabilidad del proyecto institucional para que el Ministerio de Educación autorice la puesta en marcha de una nueva institución universitaria nacional con posterioridad a su creación, o el reconocimiento de una institución universitaria provincial;
  5. Confeccionar informes para otorgar la autorización provisoria y el reconocimiento definitivo de las instituciones universitarias privadas.

El organismo tiene capacidad de establecer su propio funcionamiento a través de ordenanzas y notas técnicas, a partir de las cuales se describen cómo se llevarán a cabo los procesos de acreditación.

El proceso de acreditación de posgrados en Argentina

En el caso de los posgrados, el procedimiento para la acreditación de carreras se encontraba reglamentado en la Ordenanza de CONEAU 45 del 2005. Esta fue derogada en 2013 y reemplaza por la Ordenanza de CONEAU 59, que aprueba “los procedimientos para la acreditación de carreras de posgrado en funcionamiento”. De acuerdo a esta normativa, los pasos de una acreditación son los siguientes:[3]

  • Paso 1: Convocatoria pública de acreditación de posgrados
  • Paso 2: Formalización de la acreditación
  • Paso 3: Presentación de la solicitud
  • Paso 4: Condiciones de ingreso
  • Paso 5: Medidas preparatorias
  • Paso 6: Actuación de los Comités de Pares
  • Paso 7: Proceso de toma de decisiones
  • Paso 8: Reconsideración

Las carreras nuevas están reglamentadas por la Ordenanza 56 de 2010, la cual aprueba “los procedimientos para la evaluación de proyectos de carreras de posgrado al solo efecto del reconocimiento oficial provisorio del título”. La denominación de “proyecto” cambió a “carrera nueva” con la sanción de la RM 160/111. El procedimiento es similar al de carreras en funcionamiento:

  • Paso 1: Formalización de la acreditación
  • Paso 2: Presentación de la solicitud
  • Paso 3: Condiciones de ingreso
  • Paso 4: Medidas preparatorias
  • Paso 5: Actuación de los Comités de Pares
  • Paso 6: Proceso de toma de decisiones
  • Paso 7: Conclusión del trámite

La etapa de autoevaluación estaba formalmente contemplada en la Ordenanza 45 bajo esta identificación. Las Ordenanzas 56 y 59 no la mencionan formalmente, pero estaría contemplada temporalmente entre la formalización de acreditación y la presentación de la solicitud. Con “autoevaluación”, y tal como se explicitaba en la Ordenanza 45, nos referimos a la etapa durante la cual las instituciones deben completar los instructivos y la Guía de Autoevaluación. Durante este período las instituciones no solo recolectan datos para que luego sean analizados por el Comité de Pares, sino que también deben realizar un análisis y evaluación de dicha información.

Los instrumentos de medición de la etapa de autoevaluación

Durante la etapa de autoevaluación, las unidades académicas cuentan con un tiempo establecido para proveer información de la carrera a través determinados instrumentos. Durante este período las unidades académicas pueden hacer consultas a la CONEAU sobre dudas que tengan sobre los documentos a completar o sobre el soporte en el cual completar la información.

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizan son los siguientes:

Presentación institucional (PI)

Consiste en el llenado de información en el sistema electrónico CONEAU con datos sobre la unidad académica en la cual se inserta la carrera de posgrado. Los instructivos que se incluyen en esta sección versan sobre los siguientes puntos:

  • Punto 1: Información institucional
  • Punto 2: Infraestructura y equipamiento de uso común

En la Nota Técnica preparada para cada convocatoria también se detallan los anexos que deben complementar este documento, tales como reglamento, resoluciones o convenios, entre otros.

Presentación por carrera (PC)

Se detalla la información propia de la carrera a acreditar. Se solicitan datos sobre los siguientes puntos en los instructivos:

  • Punto 0: Datos generales de la carrera o del proyecto de carrera.
  • Punto 1: Fundamentación y evaluaciones previas de la carrera.
  • Punto 2: Dirección, comité académico y funcionamiento de la carrera.
  • Punto 3: Plan de estudios.
  • Punto 4: Cuerpo académico.
  • Punto 5: Actividades científico-tecnológicas que se realizan en el ámbito institucional en que se desarrolla la carrera y que tienen relación con su temática.
  • Punto 6: Actividades de transferencia, consultoría, asistencia técnica y otras afines, que se realizan en el ámbito institucional en que se desarrolla la carrera y que tienen relación con su temática.
  • Punto 7: Alumnos y graduados.
  • Punto 8: Infraestructura y equipamiento.
  • Punto 9: Planes de mejoramiento derivados de la autoevaluación.

En la Nota Técnica se detalla que los instructivos de esta sección también deben estar acompañados por determinados anexos, a los cuales no se les puede cambiar la numeración (incluso cuando no se presente alguno de ellos). Estos anexos incluyen normativa, evaluaciones anteriores, designaciones, planes de actividades, notas de conformidad de los docentes, certificaciones de seguridad e higiene, etc.

Fichas electrónicas

  • Ficha docente.
  • Ficha de actividades curriculares.
  • Ficha de investigación.
  • Ficha de transferencia.
  • Ficha de tesis, trabajo, proyecto, obra.

Muchos de los instructivos de la PI y PC toman información de estas fichas electrónicas, que contienen información detallada sobre determinados temas. Estas fichas son luego utilizadas en los instructivos para armar estadísticas.

Guía de Autoevaluación

Es un documento que incluye los cambios que se hubieran producido desde la acreditación anterior y la identificación de fortalezas y debilidades de la situación actual, considerando los lineamientos establecidos en la RM 160/11. Asimismo, también se solicitan proyecciones y planificación para subsanar las debilidades o para mejorar la situación actual. En la Guía de Autoevaluación se establece que los planes de mejora deben consignarse en el punto 9 de la PC. La Guía de Autoevaluación está dividida en dos partes. La primera parte solicita información sobre fortalezas y debilidades detectadas por la evaluación anterior, recomendaciones que se habían formulado y cambios realizados, y fortalezas y debilidades del funcionamiento actual. Y en la segunda parte se consulta sobre los planes de mejora en consideración con las fortalezas y debilidades identificadas en la primera parte.

Habiendo analizado las diversas etapas por las que se desarrolló la política pública de acreditación en Argentina, como así también la naturaleza y procedimientos del órgano responsable de dicha tarea, la investigación se enfocó en la etapa de autoevaluación de la implementación de la acreditación de posgrados, tal como se indica en los recuadros sombreados en gris en la figura 2. En el marco de esta etapa, se indagaron las posibles amenazas a la validez y confiabilidad de la medición de la calidad que podrían estar amenazando el cumplimiento de los objetivos de esta política pública.

En los próximos capítulos se desarrollará un marco teórico sobre evaluación, medición y calidad que sustentará el análisis posterior de los instrumentos de medición.

Figura 2: Enfoque de la investigación de acuerdo al esquema de fases
de la política pública de acreditación

Esquema políticas públicas_tipogrande

Fuente: Elaboración propia.


  1. El Decreto N.° 256 de 1994 establece la normativa sobre validez nacional, perfil y alcances de títulos de grado universitario y sus incumbencias. La validez nacional de un título que quiera estar acreditado oficialmente por el Ministerio de Cultura y Educación deberá contar con un perfil y alcance que la unidad académica describirá, los cuales pueden ser observados por el Ministerio cuando considere que no hay adecuación con los contenidos curriculares. Además, el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación determina qué títulos requieren “incumbencias”, dado que su práctica comprometería el interés público.
  2. El artículo 46 de la Ley de Educación Superior N.° 24.521 establece que “los patrones y estándares para los procesos de acreditación serán los que establezca el Ministerio previa consulta con el Consejo de Universidades”.
  3. En el Anexo figura una descripción detallada de este procedimiento.


Deja un comentario