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2 El espacio de la diversidad sexual ante la conyugalidad

Trayectorias, demandas y tensiones

El proceso político en torno a la reforma del Matrimonio Civil no puede comprenderse sin considerar los aportes y perfiles que imprimieron a la dinámica las organizaciones de la diversidad sexual. Fortalecidas a través de sus intercambios en encuentros, revistas, medios de comunicación, redes online y conferencias más o menos formales, las organizaciones de la diversidad sexual han logrado constituir un espacio público subalterno (Fraser 1997; Warner 2005). Desde allí impulsaron la demanda de Matrimonio a partir de múltiples estrategias y generaron discursos públicos para visibilizar y disputar dicho reclamo en la esfera política y mediática, es decir en el espacio público general. Los modos en que el movimiento social de la diversidad sexual llega a constituirse en tanto tal y proponer esa demanda como un asunto problemático a resolverse estatalmente, son objeto de interrogación en este capítulo.

Me propongo reconstruir aquí ese proceso de formación de un público “que se constituye cuando los individuos, hasta entonces dispersos, separados, se agrupan para tomar la palabra, para reinventarse o apenas simplemente para sobrevivir” (Eribon 2010: 45) e interrogar cuándo y cómo la demanda de reconocimiento legal de las parejas gay-lésbicas se plantea en este espacio para luego proyectarse hacia otros más amplios. Para ello, será necesario reconstruir la trayectoria de los vínculos históricos entre Estado y la diversidad sexual, la trayectoria de la demanda de reconocimiento legal de la conyugalidad gay-lésbica, y la trayectoria del campo de la diversidad sexual en Argentina.

Este capítulo responde a un modo de construir un abordaje que es tanto empírico como teórico. Algunas de las preguntas disparadoras fueron: ¿en qué momento y de qué maneras el activismo argentino de la diversidad sexual comenzó a pensar el reconocimiento de los vínculos conyugales?, ¿cuándo y cómo esta demanda llegó a ser una de sus iniciativas centrales?, ¿cómo comprender esta demanda desde la perspectiva histórica de los vínculos entre homosexualidad y Estado? ¿qué implicó, al interior del movimiento social, la Ley de Unión Civil y qué transformaciones se producen en el movimiento de la diversidad sexual en el período 2002-2010 que media entre ésta y la reforma del Código Civil, con la inclusión del matrimonio entre homosexuales? Para responder a estos interrogantes teóricos y empíricos, recurro a la literatura sobre la cuestión y al análisis de entrevistas mantenidas con activistas locales.

El rastreo de los vínculos históricos entre el Estado y las homosexualidades pone en perspectiva la emergencia del movimiento de la diversidad sexual. En los términos políticos de Hannah Arendt, “sólo se resiste [políticamente] en los términos identitarios en que se es atacado” (Arendt 1995:18)[1] o, en palabras de Eribon, “el acto por el cual se reinventa la identidad es siempre dependiente de la identidad tal como ha sido impuesta por el orden sexual” (Eribon 1999: 18). Esto es: se parte de considerar que la constitución de una identidad política gay o lésbica local está en estrecha vinculación con las regulaciones sociales en general, y estatales en particular, que conformaron las homosexualidades en nuestro país, y no solamente aquí. Interesará colocar el foco en estos mecanismos (a la vez de producción y regulación) de las homosexualidades para pensarlas en el concierto más amplio de producción y reproducción de un determinado orden socio-sexual.

Para ello, en una primera sección reconstruyo los principales rasgos de aquella relación entre el Estado y las homosexualidades a partir del diálogo con la literatura local sobre el tema. Se indica el abanico más amplio de la diversidad sexual en que se inscriben las identidades gays y lésbicas y se focaliza en una dimensión, la de los regímenes de visibilidad, que permitirá comprender el proceso de reconocimiento legal de las parejas gay-lésbicas que constituye el objeto central de la tesis. La segunda sección avanza sobre la conformación del movimiento de la diversidad sexual en Argentina. A partir de mostrar su dinámica y algunas tensiones, justifico el uso de la noción de campo para pensar las relaciones al interior del movimiento.

La tercera sección del capítulo procura comprender las demandas de reconocimiento legal de las parejas gay lésbicas a partir de sus contextos de surgimiento y los principales debates en torno a dicho reclamo. Dado que se trata de un proceso común a distintos movimientos en diferentes países, se recurre a bibliografía norteamericana y europea, así como latinoamericana. Si en el Capítulo 1 vimos que el matrimonio constituye un objeto complejo, esta sección dialoga con aquel, profundizando en las implicancias y posibles significados del estatus conyugal de los vínculos gay-lésbicos.

Luego de revisar las ideas de igualdad, no discriminación y reconocimiento anidadas en el reclamo de matrimonio, y de repasar las voces críticas dentro de la academia y el activismo LGBT, vuelvo sobre el caso local. La cuarta sección sintetiza los posicionamientos del movimiento de la diversidad sexual ante la iniciativa de Unión Civil de la Ciudad de Buenos Aires, asunto que he analizado en la tesis de maestría (Hiller 2009). La noción de campo se vuelve a poner en juego al pensar los posibles efectos de la Ley dentro del movimiento de la diversidad.

Finalmente, la quinta sección caracteriza las transformaciones del conjunto de actores de la diversidad sexual hacia fines de la primera década del 2000: articulaciones federales, participación de algunos de sus miembros en el Estado, un nuevo panorama frente a los partidos políticos y conexiones regionales e internacionales. Estos rasgos dan tonos particulares al espacio público de la diversidad sexual al momento de disputarse institucionalmente el tratamiento legal de las parejas gay-lésbicas.

Diversidad sexual y Estado

“Las sociedades occidentales modernas evalúan los actos sexuales según un sistema jerárquico de valor sexual”, reflexiona Gayle Rubin (1989) en sus notas para una teoría radical de la sexualidad, en las cuales grafica cómo nuestras sociedades estructuran una pirámide erótica que delimita fronteras imaginarias entre el sexo considerado bueno, normal o natural, de aquellas conductas eróticas a las que se considera peligrosas, psicopatológicas, infantiles, políticamente condenables u “obra del diablo” (Rubin 1989: 141). De allí que la diversidad sexual comprende un conjunto más heterogéneo que lo gay o lésbico. En su interior anidan otras identidades socio-sexuales. Hay travestis, transexuales, intersex, bisexuales e incluso heterosexuales flexibles (Figari 2008) y otros cuyos “placeres disidentes” (Díaz-Benitez y Figari 2009) cuestionan aquellas normas, muchas veces implícitas, del orden sexual y de género (ya que según el contexto, el género de cada participante es clave en la aceptación, indiferencia o rechazo de los intercambios): intercambios eróticos inter-raciales, inter-generacionales, interclasistas, con mediación de objetos manufacturados, pagando, cobrando o sin intercambio de bienes, en solitario o entre más de dos personas…

Estas identidades socio-sexuales pueden constituir en mayor o menor medida, y según los contextos, identidades politizadas. También hay personas y grupos cuyas prácticas o deseos no se ajustan a la norma heterosexual, pero no se identifican socialmente a partir de ello, o no le otorgan a esa identidad un carácter político-reivindicativo. La correlación entre deseos, prácticas, identidades y acción política dista de ser unívoca y automática. Incluso las nominaciones cambian en diferentes contextos históricos o geográficos y lo que entonces no estaba articulado políticamente, puede hacerlo luego o en otro sitio de maneras más o menos conflictivas con las identidades preexistentes. La construcción de identidades, y más aún, de aquellas político-reivindicativas, es una manufactura contingente. En particular las identidades tras la sigla “LGBT” han sido ilustrativas en mostrar cómo rótulos heterónomos son reapropiados positivamente (como sucede con los términos gay, queer o travesti); cómo algunas identificaciones colisionan con otras (verbigracia, ser mujer y ser lesbiana) y cómo los cruces entre las distintas posiciones que asumen los sujetos muchas veces no pueden redundar en identidades unívocas.

A riesgo de simplificar, pero en pos de dejar en claro las principales nominaciones circulantes en el campo de la diversidad sexual, defino como personas homosexuales aquellas que se orientan erótica y afectivamente, de modo exclusivo o preponderante, hacia otras de su mismo sexo. Los términos “gay” y “lesbiana” designan estas orientaciones al menos desde hace un buen cuarto de siglo, y asumidas ante sí mismos/as y de una manera más o menos pública.

Travestis, transexuales y transgénero no se definen por su orientación sexual sino por la identidad de género en que se reconocen y quieren ser reconocidas, que difiere parcial o totalmente con la identidad en la que han sido objeto de registro legal y de crianza. La identidad de género en el conjunto de las personas trans confronta los sentidos hegemónicos y la identidad heterónoma que socialmente se les asigna a partir de sus rasgos biológicos. Habiendo sido identificadas y socializadas como varones, más tarde resisten esa identificación y realizan modificaciones de su cuerpo que toman como parámetro el estándar femenino (Hiller, Mallimaci Barral y Moreno 2011: 85).[2]

La bibliografía suele referir a las personas trans de manera indistinta según se trata de “M to F” (de Hombre a Mujer, según las siglas en inglés) o “F to M” (de Mujer a Hombre), sin embargo desde una perspectiva feminista resulta pertinente atender a sus especificidades, a sabiendas de que no es equivalente en nuestras sociedades el lugar de lo femenino y de lo masculino. Asimismo, el reconocimiento en alguno de estos polos puede comprenderse considerando que “las travestis incorporan algunos de los marcadores corporales de la feminidad y renuncian a otros (…) sin quedar, no obstante, a la deriva sino asignándose un género femenino como única opción en una sociedad organizada dicotómicamente” (Fernández 2004: 161). También aquí interviene la distancia con los patrones esperables de expresión de género: lo que corresponde a un varón o a una mujer en términos de vestimenta, maquillaje, peinado, gestualidad, tono de voz, vocabulario. La distancia con los patrones expresivos de género esperables está a la base de discriminación y violencia, muchas veces más virulentas que la propia práctica “disidente” en términos de orientación e identidad (pensemos en una mujer machona, en una travesti con barba y bigotes perceptibles o en un niño afeminado –Cornejo 2011–).

Se designa como intersex todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente. Pese a que estas situaciones raramente conllevan un riesgo para la salud de la persona, de acuerdo a los protocolos médicos por lo general son intervenidas quirúrgicamente en edades muy tempranas (y por lo tanto, sin su consentimiento) para conformar sus cuerpos de acuerdo al binarismo sexual de hombre o mujer. En las últimas décadas comenzaron a levantarse voces que denuncian estas intervenciones como formas occidentales de mutilación genital y demandan un tratamiento de la cuestión desde una perspectiva de derechos sexuales (sobre intersexualidad, en particular la producción latinoamericana, ver Cabral y Benzur 2005 y Cabral 2009).

Quienes se definen como bisexuales manifiestan orientación erótico-afectiva hacia personas del mismo y otro sexo, o bien dicha nominación intenta cuestionar la existencia de una orientación sexual fija que sería constitutiva de la subjetividad (sobre bisexualidad, ver por ejemplo Hemmings 2007).

Las condiciones de vida de quienes conforman la diversidad sexual no son homogéneas. Las intersecciones de las identidades de género y orientaciones sexuales con la clase social, la edad, la religión, la etnia, la nacionalidad, entre otros mecanismos de jerarquización y subordinación deben atenderse en cada caso (Moreno 2006: 119). Por eso también aquellas adscripciones identitarias dan cuenta de experiencias y modos de vida comunes, a la vez que solapan tensiones, conflictos o maneras específicas de vivir el género y la sexualidad.

Finalmente, los distintos grupos de la diversidad sexual son valorados socialmente de diversas maneras según los contextos y momentos históricos. Dado que la sexualidad es un ámbito de la vida atravesado por vectores de clasificación y jerarquización (Rubin 1989), la mayor o menor legitimidad de ciertas prácticas o grupos sociales no implica su aceptación in toto. En vistas de todo esto es que focalizo mi trabajo en gays y lesbianas, sin pretender dar cuenta del conjunto de la diversidad sexual. También teniendo estos recaudos en el horizonte de análisis es que en el Capítulo 4 interrogo acerca de los perfiles específicos que estas identidades asumen en el proceso sobre matrimonio gay-lésbico. Ello nos permitirá reconocer tanto espacios novedosos de visibilidad habilitados por el debate, como zonas sombrías o nuevas fronteras (al decir de Gayle Rubin) en lo social (y sexual)mente aceptable.

Colocando la mirada sobre quienes definimos aquí como individuos homosexuales (mujeres y varones que se orientan sexualmente hacia otros de su mismo sexo), puede afirmarse que han tenido vínculos disímiles con el Estado argentino a lo largo del tiempo. Inclusive, hoy se reconoce un tratamiento común a unos y otras, pero sus trayectorias no siempre fueron semejantes. Rastrear las vinculaciones históricas entre el Estado y las homosexualidades es también reconstruir la constitución de subjetividades disímiles, con características específicas. Los modos diferenciales en que la homosexualidad masculina y femenina ha sido regulada estatalmente, y cómo han intervenido en su configuración otros dispositivos (como el discurso médico o las instituciones religiosas, entre otros) resultan relevantes para comprender tanto las similitudes como sus diferencias.

La bibliografía encuentra las homosexualidades históricamente asociadas a otros sujetos construidos como desviados: extranjeros de determinados orígenes, prostitutas y lúmpenes peligrosos a la moral higienista (Salessi 1995; Sebrelli 1997). Piedra de consagración de regímenes autoritarios ante la Iglesia o encarnación de lo “otro negativo” de la familia nacional, fueron perseguidas bajo distintos argumentos y políticas, que a su vez confrontaban con diversas estrategias de resistencia. Varios trabajos locales indagan las proscripciones y persecuciones, así como los “rebusques” de mariquitas, “afeminados” y “amorales” en la Argentina contemporánea (Salessi 1995; Sebrelli 1997; Rapisardi, y Modarelli 2001; Acha y Ben 2004- 2005). Si bien la Argentina moderna nunca persiguió el delito de “sodomía” (descartado por la Asamblea de 1813), sí existió todo un andamiaje micro (y para) legal basado fundamentalmente en los Edictos Policiales.[3]

En el caso de las lesbianas, una reciente historiografía comienza a delinear los contornos de “safistas”, “tribadistas” y otros términos con los cuales la medicina, en particular la psiquiatría, designó estas mujeres que se apartaban de la conducta esperada como esposas y madres (Ramacciotti y Valobra 2008; Gemetro 2011a). La bibliografía indica que la trayectoria del vínculo entre Estado y lesbianismo debe rastrearse tanto en relación a la historia de la homosexualidad masculina, como a los modos en que en general la femineidad fue pensada y diseñada en nuestro país (Guy 1998; Barrancos 2002; Nari 2004).

De allí que si bien hoy gays y lesbianas se presentan bajo reivindicaciones comunes, sus trayectorias señalan caminos en algún punto disímiles. Incluso podríamos pensar con Sedgwick (1992) y Eribon (1999: 456) el distinto estatuto de los vínculos entre hombres, respecto de los vínculos entre mujeres para considerar las modalidades particulares de las homosexualidades femenina y masculina.

Consideradas en términos generales, las relaciones entre Estado y las homosexualidades en Argentina presentan un escenario similar entre sí y análogo al de otros contextos: la ausencia de una prohibición legal contra las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo y la reserva del orden privado a los individuos instalan un régimen de tolerancia y hacen de la homosexualidad un asunto íntimo (Sullivan 1999).

Un conjunto de reglamentaciones (como en nuestro caso, los Edictos antes referidos) y prácticas discriminatorias o violentas (como despidos o chantajes) y modos de disciplinamiento varios de las mujeres solas e independientes acotan aquel espacio privado, dando lugar a modos de subjetividad e interacción específicos.

Las detenciones y el temor de la revelación de la homosexualidad no son eficaces para impedir los actos homosexuales, sino para crear un contexto represivo que determina un tipo de interacción social favorable a la disociación de la sexualidad y el afecto, al privilegio del anonimato, a la búsqueda de la máxima eficacia en el levante, a la creación de códigos y subculturas, y al aprendizaje de la simulación (Pecheny 2002: 131).

La posibilidad de “gerenciar el secreto” que en general comparten las y los homosexuales (a diferencia de otros grupos discriminados) forja regímenes particulares de visibilidad y modula la identidad gay-lésbica de maneras específicas. El closet es referido como un lugar epistemológico (Sedgwick 1998), el secreto como organizador de las relaciones sociales (Pecheny 2002) y la vergüenza como hecho estructurante de la identidad (Sedgwick 1999; Cornejo Salinas 2011).

La visibilidad es un fenómeno complejo, tal como lo indica Moreno,

En primer lugar, la visibilidad no es una categoría dicotómica. Es decir, la invisibilidad pública no es su única alternativa. Pensamos la visibilidad y la invisibilidad como procesos que admiten una serie de grados que no poseen valores absolutos. En segundo lugar, las consecuencias de la visibilidad y de la invisibilidad no pueden ser conocidas de antemano, ya que dependen de las y los sujetos involucrados y del contexto socio-histórico. Los paisajes sociales varían y los mismos atributos pueden ser motivo de privilegio o desventaja en distintos entornos socio-espaciales. En tercer lugar, la visibilidad y la invisibilidad se vuelven más o menos significativas, no siempre progresivamente (Moreno 2008: 227).

Pecheny (2002) refiere como “identidades discretas” aquellas que transitan silenciosamente el espacio público: sin llamar demasiado la atención, no siendo “escandalosas”. Desde los estudios sobre sociabilidad desarrollados localmente, Meccia (2006) y Sívori (2004) analizan los espacios habilitados para el tránsito de distintas configuraciones de la homosexualidad masculina entre fines de los noventa y principios de los 2000. En ambos, se reconoce cierto lugar de privilegio a lo que Meccia designa como “homosexualidad masculina monosexualizada” (Meccia 2006: 141). Esto es, un tipo de encarnación que no solo valora positivamente la masculinidad o apariencia viril (lo que no tendría demasiado de particular en una cultura generalmente machista), sino que vanagloria el disimulo y el “pasar por heterosexual” (Sívori 2005). Por ejemplo, en el ambiente homosexual rosarino de inicios de la década del noventa analizado por Sívori, una inclinación homosexual “bien llevada” era aquella que no agregaba ni quitaba nada a la composición de una persona. Aquel estilo hegemónico es designado por el autor como de “laconismo forzado” (Sívori 2005: 109).

En el caso de las lesbianas, Sardá y Hernando (2001) documentan a través de entrevistas con lesbianas nacidas entre 1914 y 1943 sobre los silencios y negociaciones de estas mujeres. Cómo algunas de ellas abandonaron relaciones porque “lo que te puede dar él, hogar, hijos, eso yo no te puedo dar nada” (2001: 4) y sobre la ausencia de una identidad común en la cual reconocerse: “primero la discriminación era tal que ni nos animábamos a llamarnos de algún modo, era como estar en las catacumbas” (2001:162).

Tanto entre varones como en el caso de las mujeres, la orientación afectiva y/o sexual hacia personas del mismo sexo no siempre ocupa (ni ocupó en el pasado) un lugar preponderante en la constitución de una identidad pública, permaneciendo algunas veces reservados al ámbito de lo íntimo. La sociabilidad gay-lésbica se reducía muchas veces a espacios privados, en casas, partys, fiestas en el Tigre o, en el caso de los varones, en el despliegue de una cartografía callejera de encuentros fugaces en los márgenes de la visibilidad. Ya en los setenta, se sumarán espacios de mercado, como boliches bailables (Rapisardi y Modarelli 2001; Sardá y Hernando 2001; Sívori 2005). Mientras tanto, la “salida del closet” (que acompañará otros pasajes de la tesis) no se plantea históricamente como un ideal normativo entre varones y mujeres homosexuales (Sardá y Hernando 2001; Sívori 2005).

La homosexualidad, por tanto, está atravesada por las luces y sombras de lo que puede o no hacerse visible públicamente. Lo que se muestra y lo que se oculta, lo que se alardea, se denuncia, se murmura o se silencia hace sus regímenes específicos. “La cuestión del decir es crucial en la experiencia homosexual” (Eribon 1999: 79), por lo que me interesará volver en el Capítulo 4 sobre la enunciación de una primera voz homosexual en el debate sobre matrimonio gay-lésbico.

La puesta en debate del tratamiento estatal de los vínculos de pareja homosexuales implicará fenómenos novedosos en términos de visibilidad. Parafraseando a Fraser, el aspecto emancipatorio de lo público[4] se manifiesta en aquellas oportunidades políticas que habilitan, aunque sea transitoriamente, a hablar y discutir aquello que por lo general resulta silenciado. Volveré más adelante sobre la visibilidad gay-lésbica para aventurar las posibles reconfiguraciones o nuevos perfiles de la identidad homosexual que se derivan del proceso de reforma del matrimonio en Argentina.

Trayectoria del espacio de la diversidad sexual en Argentina

En Argentina la politización de las identidades sexuales puede rastrarse hacia fines de la década del sesenta e inicios del setenta, cuando se organizan los primeros grupos en torno a la defensa y reivindicación de la disidencia sexual (Chejter 1996; Sebrelli 1997; Bellucci y Rapisardi 1999; Pecheny 2001; Ben e Insausti 2006; Figari y Ponce 2008).[5] La bibliografía reconoce el hiato introducido por el período dictatorial (1976-1983) que discontinuó el accionar de las organizaciones. Perseguidos por su condición sexual o genérica, y/o como tantos otros por sus actividades políticas, gremiales, académicas o profesionales, algunos homosexuales, lesbianas y travestis encontraron lugar en el exilio o en estrategias de ocultamiento. Muchos sufrieron el accionar represivo del Estado, siendo detenidos en comisarías, cárceles o centros clandestinos, y otros continúan desaparecidos.[6]

Será a partir de la restauración democrática en 1983 cuando varios acontecimientos acuden a conformar un escenario diferente para la relación del Estado con el lesbianismo y la homosexualidad masculina. Entre estos eventos pueden mencionarse la expansión de diversos movimientos de defensa de los derechos civiles; la politización de la intimidad a partir de las reivindicaciones feministas y de mujeres, de la mano de los debates en torno a la patria potestad compartida y el divorcio vincular (Petracci y Pecheny 2007); y la creciente visibilidad de la diversidad sexual a partir de los reclamos de intervención estatal de algunos de estos colectivos por la epidemia del VIH/sida (Pecheny 2000).

Atendiendo a los reclamos de la época, indica Ernesto Meccia, podemos reconocer cuál era la situación de personas no heterosexuales en la vida cotidiana en los inicios de la década del ochenta:

No a las razzias policiales en lugares de reunión, no a la discriminación en los ámbitos de trabajo, no a las detenciones extorsivas en las calles, no a la prohibición de entrar en albergues transitorios, no a la penalización de caminar vestido con ropas del sexo opuesto en lugares públicos, no a la clausura de locales bailables… (Meccia 2006: 54).

En su análisis del surgimiento y desarrollo del movimiento gay-lésbico en Argentina, Stephen Brown reconoce tres elementos que hacia comienzos y mediados de la década del ochenta favorecieron dicha emergencia: el contexto democrático habilitaba los reclamos por el fin de la discriminación y represión; se presentaba un escenario favorable para el acceso a financiamiento y otro tipo de apoyos internacionales; y el discurso de derechos humanos permeaba la sociedad, potenciando alianzas con otras organizaciones (ver Brown 1999 y 2002).

En 1982, todavía bajo el régimen militar habían comenzado a reunirse el Grupo Federativo Gay (GFG) y el Grupo de Acción Gay (GAG) (Bellucci y Rapisardi 1999: 48). Posteriormente se crea la Coordinadora de Grupos Gays, aglutinando distintas organizaciones del momento (Bellucci 2010: 41) y en 1984 se crea la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). La nueva agrupación se autocalificó como una organización de derechos humanos y adoptó como lema “El libre ejercicio de la sexualidad es un derecho humano” (Bellucci y Rapisardi 1999: 48). Con esta primera consigna se articula la idea de que las homosexualidades forman parte de las variantes posibles de la sexualidad, integrando las demandas de estos grupos en un reclamo más general de corte universalista (Sempol 2008). A la vez, se sirve de la pregnancia del discurso de derechos humanos que desde la década del ochenta se encuentra en pleno proceso de ampliación del reclamo por juicio y castigo por los crímenes del terrorismo de Estado a un “programa sin plazos con respecto al que se juzgarían críticamente realidades actuales de privación de derechos no reconocidos como tales, entre ellas, las imputables a la condición sexual” (Meccia 2006: 108).

La articulación entre el movimiento de derechos de las minorías sexuales y el de los organismos de derechos humanos es tan primigenia como tensionada: a la vez que las primeras acciones públicas de la CHA se integran a las actividades de reclamo por los crímenes de la dictadura (Bellucci 2010: 56); los organismos de derechos humanos no siempre acompañaron las demandas de los colectivos gays, lésbicos o travestis e incluso hubo resistencias. Por ejemplo, Moreno recupera en su investigación sobre el movimiento LGBT el relato de una entrevistada en el cual ante un reclamo por el fin de los Edictos Policiales, integrantes de un organismo de derechos humanos habían denunciado que se estaban “genitalizando los derechos humanos” (Moreno 2008: 229). La experiencia desde el feminismo también muestra la existencia de tensiones, como por ejemplo el tardío e inconcluso involucramiento del movimiento de derechos humanos en relación con las demandas de los movimientos de mujeres (Jelin 1994).

En sus primeros años de vida, la CHA intenta visibilizar la presencia de homosexuales en todos los ámbitos sociales y destacar las similitudes existentes entre homosexuales y heterosexuales. Ante el silenciamiento y el exotismo, las políticas de visibilidad de la época recalcan la integración y participación de las mujeres y los varones homosexuales en distintos ámbitos de la vida social y la sintonía de sus aspiraciones y preocupaciones con las del resto de la sociedad (Sempol 2008), inscribiéndose en un pasado compartido al reconocerse como personas que “transitamos junto a usted los duros años de dictadura” (Carlos Jáuregui, dirigente de la CHA, en Brown 2002: 124). La hipótesis compartida por Bellucci y Rapisardi (1999) y Meccia (2006) respecto de un discurso de “grupo minoritario” del que habrían hecho uso las organizaciones, es válida en tanto se la localice en un contexto de nominación heterónoma (criminalizadora por parte del Estado, condenatoria o patologizante en el caso de buena parte de los grupos religiosos y de la psiquiatría). La construcción de un “nosotros”, distinguible del resto de la sociedad y poseedor de características peculiares y positivas se plantea más bien como una necesidad política:

La discriminación a causa de nuestra sexualidad, trae aparejado el surgimiento de los movimientos de liberación sexual […] que deben ser entendidos como movimientos de afirmación “a partir de” la sexualidad en la que estamos plantados, pero a la que, finalmente, desbordan. Toda minoría sexual discriminada, oprimida y reprimida (como nosotros, los homosexuales) parte de la sexualidad en la que se trata de colonizarla para llegar, en definitiva, a otras afirmaciones, reinventando un propio tipo de existencia: política, económica, ética y cultural.[7]

Los reclamos de la época giran en torno a los derechos negativos: no intromisión estatal en prácticas que no afectasen el orden público. Los lemas esgrimidos fueron la no discriminación y el fin de la represión y las persecuciones. La estrategia para llevarlos adelante fue la visibilización ante el Estado, los partidos políticos[8] y los medios de comunicación (Meccia 2006: 113).

La epidemia del VIH influyó de distintas maneras en el campo LGBT. La “respuesta comunitaria” a la epidemia movilizó recursos y activistas. También estableció un nuevo tipo de vinculación con el Estado. Se reclamaron tratamientos y campañas de prevención y de defensa de los derechos de las personas infectadas con VIH (Petracci 1994; Sívori 2007 y 2008). Varias organizaciones del movimiento de la diversidad sexual adoptaron entonces el perfil que Kornblit y Petracci (2000) identifican en las demás organizaciones vinculadas al trabajo en VIH/sida:

Durante la última década [de 1990] la sociedad argentina ha asistido al proceso de redefinición del papel del Estado en sus relaciones con la sociedad civil y el sistema económico […] Una de las derivaciones de ese proceso es la presencia de organizaciones de la sociedad civil haciéndose cargo de ciertas funciones –por ejemplo, los servicios sociales, especialmente los que implican un alto costo por beneficiario, como es el caso de los enfermos crónicos- cumplidas con anterioridad por el Estado pero que, actualmente, no son absorbidas por los organismos gubernamentales ni solucionadas por el mercado […] Estas asociaciones fueron evolucionando, constituyendo redes, realizando actividades en colaboración y muchas veces en confrontación con las instituciones gubernamentales y de salud (Kornblit y Petracci 2000: 387- 389).

La respuesta comunitaria a la epidemia implicó por lo tanto un nuevo vínculo con el Estado, más negociado y articulado. Su abordaje en un contexto neoliberal hizo de muchas organizaciones “prestadoras de servicios de prevención” (Sívori 2008: 248), bajo un modelo de ONG (organización no gubernamental) profesionalizado.[9] Este proceso de ongización también es observado por otros investigadores en el contexto latinoamericano (Terto 2004; De la Dehesa 2010).

Ésta [la ONG] devino la matriz institucional por excelencia de las organizaciones homosexuales, particularmente las dedicadas a la prevención del sida. El modelo de organización de las ONG, híbrido de ente paraestatal, organización filantrópica, club, grupo de presión y empresa de servicios, tuvo su auge a partir de las reformas neoliberales de las décadas de 1980 y 1990. Como substituto parcial y degradado del Estado de Bienestar, las ONG guardan un peculiar tipo de relación con el Estado, con la ‘cooperación internacional’ y con entes supraestatales y multilaterales (cf. Kornblit, Petracci y Szulik en Sívori 2008: 249).

A la vez, el sida contribuyó a que temas invisibles y de los que no se hablaba públicamente, fueran necesariamente incorporados a las agendas públicas (Pecheny 2001: 28):

Las reacciones sociales ante el sida conforman un proceso contradictorio. Por un lado, con la epidemia reaparecen muchos de los ancestrales miedos y prejuicios respecto de “los otros” percibidos como diferentes, ya sean éstos gays, consumidores de drogas, “promiscuos”, extranjeros, etc. Por el otro, se produce la situación inédita de la integración de algunos de esos “otros” al discurso y a la acción públicos, contribuyendo así, mediante su “publicización”, a llenar en parte la brecha que hace de esos otros unos “otros abstractos” (Pecheny 2000: 201).

Hacia la década del noventa, en parte como respuesta a las consecuencias de la epidemia del sida, comienza a esbozarse un debate sobre los derechos positivos de las minorías sexuales (Pecheny 2000: 208). Aquí se encuentran los primeros antecedentes de lo que luego delineará la estrategia de la Unión Civil, por cuanto la epidemia aceleró el debate sobre el estatus jurídico y sobre la protección social de las parejas no casadas y de las parejas homosexuales. Hacia 1994 Gays por los Derechos Civiles y el entonces diputado Héctor Polino, de Unidad Socialista, elaboran el primer proyecto de ley, basándose en una propuesta que Daniel Borrillo (académico argentino radicado en Francia) les habría aportado (Bellucci 2010: 87-88). Entonces Carlos Jáuregui (fundador de la CHA y de Gays por los Derechos Civiles) afirmaba ante la prensa: “Años atrás, la represión policial era nuestra principal preocupación. A partir de la epidemia del sida, nuestro mayor problema es la herencia” (entrevista en Diario Página/12, 14/2/1994 citado en Bellucci 2010: 88).

En 1998 un nuevo proyecto, esta vez encabezado por la radical Laura Musa, propone una Ley de Partenariato, siguiendo el modelo francés.[10] Ese año, el informe anual de la CHA refiere la siguiente situación legal de las parejas gay- lésbicas:

El caso más ejemplificador de las injusticias que se producen al respecto, es el de Joaquín P. quién se presentó a nuestro Servicio Legal para denunciar lo siguiente: el denunciante mantuvo una relación de pareja durante nueve años y siete meses con Martín M. Poseían algunos bienes muebles e inmuebles adquiridos en común (en las boletas de compra de varios electrodomésticos constaba el nombre de ambos). El departamento en el que cohabitaban estaba íntegramente a nombre de Martín. Desde 1991, Joaquín se ocupó del cuidado y de todos los gastos derivados de la enfermedad de Martín que murió el 1 de julio de 1994 por complicaciones producidas por el SIDA. Luego del sepelio de Martín (cuyos gastos abonó también Joaquín), al regresar al departamento encontró la cerradura cambiada por los hermanos de su compañero fallecido. Consultado nuestro Servicio Legal, solo se consiguió, de acuerdo a la ley, la devolución del cincuenta (50) por ciento de aquellos bienes sobre los que obraban boletas a nombre de ambos (CHA 1998: 38).

Como indica la antropóloga Miriam Grossi para Brasil,

La fuerte demanda por el reconocimiento de estas uniones [homosexuales], a través de leyes de unión civil, sería una de las consecuencias de los innumerables casos dramáticos de personas que perdieron, por culpa del VIH/sida, además del compañero, casa y capitales, debido a la inexistencia de amparo legal para la unión de dos individuos del mismo sexo (Grossi 2004: 265).

La década del noventa significará también un cambio en el estatus de las organizaciones de la diversidad sexual frente al Estado: en 1992 la CHA obtuvo la personería jurídica luego de una larga batalla judicial y con apoyo del accionar de las redes internacionales. Este derecho negativo básico de asociación había sido denegado por la Inspección General de Justicia en 1989 argumentando que la organización no contribuía al “bien común”. La Cámara de apelaciones y un primer fallo de la Corte Suprema avalaron esta postura. Posteriormente, una acción de protesta llevada a cabo en Estados Unidos por organizaciones locales[11] ante la visita del entonces Presidente Menem determinó su otorgamiento (Verbitsky 1993: 310; Pecheny 2001: 535).

A la vez, la década del noventa estuvo signada por la emergencia de nuevos grupos y la formación de colectivos nucleados por otras identidades socio sexuales. Por una parte, algunos miembros de la CHA se alejaron de la organización y crearon otras también predominantemente gays o mixtas como la Sociedad de Integración Gay-Lésbica Argentina (SIGLA) y la mencionada Gays por los Derechos Civiles (Gays DC).

Por otra parte, desde la década del ochenta las publicaciones de Codo a codo del Grupo Autogestivo de Lesbianas (GAL) y los Cuadernos de Existencia Lesbiana funcionaron como canales de reflexión grupal y reivindicación del lesbianismo, no solo en términos identitarios o de una preferencia sexual, sino como una práctica política de cuestionamiento del patriarcado, la heterosexualidad y la maternidad obligatoria (Gemetro 2011a: 103). Se formaron grupos como Las Lunas y las Otras, y Lilith. Los años noventa “se caracterizaron por una proliferación de grupos y activistas” (Gemetro 2011a: 106).

Previo a la constitución de sus propios espacios, las lesbianas tenían otras direcciones probables: el ingreso a espacios constituidos por gays o la integración en agrupaciones feministas. Luego, muchas combinarían una doble militancia tanto en el activismo feminista como el lésbico (Rais 1996; Bellucci 2010:136). Los vínculos con unos y otras (gays y feministas) es analizado por Bellucci (2010), quien muestra las dificultades del mundo gay para abrirse al feminismo, y las de éste último para incorporar y visibilizar la presencia lésbica en las organizaciones.

Finalmente, hacia 1991 nacen los primeros grupos de personas trans, Transexuales por el Derechos a la Vida y la Identidad (Transdevi) (Brown 1999: 113; 2002: 122) y Asociación de Travestis Argentinas (ATA) (Berkins 2003). Durante los noventa se formarían otros: Travestis Unidas (TU), Organización de Travestis y Transexuales de la Argentina (OTTRA), Tratado del Derecho a la Identidad Personal (TDI) y la Asociación por la Identidad de las Travestis (ALIT), posteriormente Asociación de Lucha por la Identidad Travesti- Transexual[12] (Pecheny 2001: 547). Así lo expresa una de sus protagonistas:

En la década de 1990, cuando las travestis comenzamos a alzar nuestra voz en público y a organizarnos, decidimos que una de las primeras cuestiones en las que teníamos que concentrar nuestros esfuerzos colectivos era en resignificar el término travesti, que hasta el momento tenía connotaciones negativas para las y los otros y para nosotras mismas.[13] El término travesti ha sido y sigue siendo utilizado como sinónimo de sidosa, ladrona, escandalosa, infectada, marginal. Nosotras decidimos darle nuevos sentidos a la palabra travesti y vincularla con la lucha, la resistencia, la dignidad y la felicidad (Berkins 2006: 2).

A partir de esta década, con la proliferación de grupos con intereses y estrategias diversos, cabe reconocer un movimiento social de la diversidad sexual consolidado. Puede ser entendido como un movimiento social por cuanto éste se caracteriza por compartir objetivos comunes y ciertos lazos de solidaridad, a la vez que se mantiene interacción con las elites, los oponentes y las autoridades (Tarrow 1997: 21).

Las organizaciones que conforman el movimiento LGBT o de la diversidad sexual propugnan por la democratización de las prácticas y valores sexuales y genéricos y cuestionan los patrones heteronormativos. Para ello, se incorporaron al debate político nacional a través de la participación en espacios con distintos grados de institucionalización, y manteniendo interacción más o menos conflictiva con las autoridades, aliados y oponentes. Según Pecheny, la epidemia del sida dio lugar a “la cooperación inédita entre actores heterogéneos como funcionarios, políticos, epidemiólogos, médicos, militantes gays y pacientes” (Pecheny 2000: 208). Moreno refiere como ejemplos de participación en espacios e interacción con diversos actores la movilización alrededor de cambios en materia legislativa; participación en foros consultivos de organismos internacionales y en comisiones asesoras de instituciones gubernamentales nacionales y locales; establecimiento de relaciones con los medios de comunicación; conformación de coaliciones con otros actores políticos; marchas y manifestaciones públicas; escraches y pintadas de edificios públicos; eventos académicos y artísticos (Moreno 2006: 121).

En 1992 se realizó la primera marcha gay lésbica en Buenos Aires, convocando a unas 300 personas y con cobertura de los medios de comunicación (Marcha del Orgullo 2011). Desde entonces las Marchas del Orgullo se dan año a año y constituyen el momento de mayor visibilidad del movimiento en una acción pública contenciosa (Jones, Libson y Hiller 2006). Las Marchas del Orgullo y su organización previa evidencian la existencia de redes entre personas y colectivos, y entre distintas organizaciones.[14] Esta permanencia del vínculo a través de redes o lazos de solidaridad (enmarcados muchas veces en la vivencia de una sociabilidad común) y la acción colectiva en momentos o áreas de conflicto, hacen que la llamada “comunidad” pueda entenderse como un movimiento social en los términos que lo define Revilla Blanco: como un proceso de (re)constitución de una identidad colectiva, fuera del ámbito de la política institucional, por el cual se dota de sentido a la acción individual y colectiva (Revilla Blanco 1994: 181-182).

Aquella constitución de un “nosotros” de la acción colectiva se da de manera conflictiva en el movimiento LGBT. La noción de “campo” permite describir y analizar los procesos al interior del movimiento: “Para Pierre Bourdieu existe beligerancia allí donde exista un ‘espacio social’ definido en el que sus integrantes compitan por el monopolio (relativo) de algunos recursos que, por definición, son escasos” (Meccia 2006: 111). Siguiendo a Meccia, los recursos escasos que dentro del campo LGBT se disputan son la representación política legítima ante el Estado, ante organizaciones nacionales e internacionales y ante los mismos miembros de las comunidades sexuales. A la vez, como campo, el movimiento de la diversidad no es una entidad unitaria ni fija: el campo se reproduce o altera en función de las estrategias de las y los agentes y al mismo tiempo, las necesidades del campo se imponen a quienes forman parte de él (Moreno 2007: 4).

La década del noventa implicó una mayor visibilidad social y el fortalecimiento del movimiento de la diversidad sexual en relación al Estado. Se inició bajo el signo del reconocimiento estatal con el conflictivo pero exitoso otorgamiento de la personería jurídica a la CHA, en 1991, y se consolidó en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires al participar activistas y organizaciones LGBT del proceso político alrededor de la Convención Constituyente de la Ciudad en 1996, que logró la inclusión en la Constitución distrital de un derecho a ser diferente y de la protección contra la discriminación por género y orientación sexual.[15] A la vez, el discurso social acerca de la diversidad sexual continuó liberalizándose, con mayor presencia en los medios de comunicación de temáticas y referentes vinculados a la diversidad sexual.

Sin embargo, esta creciente visibilidad y la incorporación de activistas LGBT al debate político no se encuentran desprovistas de ambigüedades. Los debates y tensiones a fines de los noventa y primeros 2000 en torno al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires son muestra de ello: el primer Código creado en 1998 en reemplazo de los Edictos Policiales eliminó figuras tales como “la prostitución” y “llevar prendas del sexo contrario”, creando un clima de libertad inédito para las travestis y mujeres en situación de prostitución que de esa manera veían concretizado el espíritu garantista de la Constitución porteña. Sin embargo, pocos meses después se hicieron las primeras reformas a dicho Código por ser considerado demasiado permisivo a ojos de los sectores conservadores de la Ciudad. Se introdujo el artículo 71 y con él, la prostitución callejera pasó a ser tolerada, pero de manera reglamentada. En 1999 se modifica nuevamente este artículo penalizando la oferta y demanda de sexo.[16]

Las sucesivas reformas al Código Contravencional porteño y la perdurabilidad de códigos de faltas discriminatorios en la mayoría de las provincias del país tornaron conflictivo el vínculo entre la diversidad sexual y el Estado (FALGBT 2008).

Durante la década del noventa, el movimiento de la diversidad sexual asistió por tanto a un escenario contradictorio: se brindaba reconocimiento jurídico a las organizaciones al mismo tiempo en que algunos grupos eran objeto de represión por parte de las fuerzas públicas y de una sistemática discriminación y violación de derechos en función de su orientación sexual e identidad de género (Fernández y Berkins 2005).

Esta situación paradojal contribuyó a los resquebrajamientos y debates al interior del movimiento de la diversidad sexual. Hacia la segunda mitad de la década del noventa, Brown reconoce tres corrientes entre las organizaciones del campo: aquellos “asimilacionistas” que pretendían la integración en la sociedad argentina mainstream, “grupos basados en los derechos civiles”, dedicados a la protección legal de las minorías sexuales y los “grupos radicales” que cuestionaban las identidades sexuales y mantenían una posición más distante y crítica respecto del Estado (Brown 1999; 2002).

Esta categorización fue retomada por las y los activistas del campo, de acuerdo a una investigación posterior realizada por Aluminé Moreno en el 2005. Allí encuentra diferentes modos de participación política que son definidos por lxs miembrxs del movimiento en términos de: “políticas asimilacionistas”, en referencia a las demandas restringidas a la igualdad ante la ley, “políticas de la identidad” en que se movilizan reclamos fundados en la suposición de una serie de intereses grupales compartidos por distintas categorías sexuales y las “políticas de resistencia” que proponen transversalizar las luchas de diversos grupos oprimidos (Moreno 2006). Finalmente, Aczel, Pechín y Rapisardi (tres académicos y activistas del campo) señalan una ruptura dentro del movimiento de la diversidad sexual hacia mediados de la década del noventa: un frente que privilegiaba una agenda clásica de derechos y otro que centraba su lucha alrededor de temas como la represión y la opresión del colectivo travesti (Aczel, Pechín y Rapisardi 2003). Más allá de las similitudes o distinciones que pueden trazarse entre estos tres abordajes, es claro el consenso respecto de un movimiento LGBT tensionado y con disputas hegemónicas a su interior.

Recapitulando, desde la recuperación de la democracia en 1983 y hasta los primeros dos mil, el movimiento de la diversidad sexual en Argentina atravesó distintas conformaciones y reclamos. De pequeños grupos a organizaciones institucionalizadas, aglutinó desde exigencias de derechos negativos como la no represión y persecución, al reclamo de reconocimiento de los vínculos conyugales (en un continuo no progresivo, muchas veces superpuesto temporalmente). También, el movimiento de la diversidad sexual estableció lazos con otros movimientos sociales, como los feministas y de mujeres, o con los de derechos humanos. Estos procesos no estuvieron desprovistos de tensiones, haciendo del movimiento de la diversidad –en articulación con otros- terreno de politización, en términos de Butler:

Las nuevas formaciones políticas no tienen una relación analógica entre sí, como si fueran entidades discretas y diferenciadas. Se trata de terrenos de politización que se superponen, se determinan mutuamente y confluyen. De hecho, los momentos más prometedores se producen cuando un movimiento social halla su condición de posibilidad en otro (Butler 2000: s/r).

El vínculo más distante con los partidos políticos (sobre todo los mayoritarios peronista y radical) estuvo en consonancia con un período en el cual estos actores tuvieron bastante dificultad en procesar y absorber demandas sociales (Ver Capítulo 1). En este sentido, se reconocen en las organizaciones del movimiento de la diversidad sexual dos tendencias diferentes, pero coincidentes entre sí y con el “clima de época” de la década: la primera, una dinámica de confrontación y actitud crítica respecto del Estado y del reclamo de derechos, así como de los partidos políticos y otras instancias institucionales formales en tanto catalizadoras de demandas. La segunda, la profesionalización u ongización de algunos movimientos y organizaciones, convertidas en ONGs formalizadas proveedoras de servicios desatendidos por el Estado.

Sobre este escenario se presenta la emergencia de la primera iniciativa que logra el reconocimiento legal de las parejas gay-lésbicas en la Ciudad de Buenos Aires. La ley de Unión Civil y el contexto de crisis política en el cual se inscribe imprimirán nuevos perfiles al movimiento en la primera década del 2000. Antes de abordarlo, propongo ampliar el foco de la mirada hacia los vínculos más generales entre los movimientos LGBT y la conyugalidad.

Los movimientos de liberación sexual ante la conyugalidad

A lo largo de las décadas del sesenta y setenta surgieron movimientos de la diversidad sexual en distintos países de Europa, Estados Unidos y América latina. La convivencia con otros fenómenos sociales simultáneos delinearon los primeros perfiles de este activismo. Los movimientos por los derechos civiles, la crítica al modelo de pareja monógama tradicional de la mano de la llamada “revolución sexual” (Cosse 2010), la reemergencia del feminismo en su “segunda ola” (Flores Espínola 2004), y luchas afirmativas como la del movimiento negro norteamericano (bajo consignas como “Black is beautiful”) dieron forma a los movimientos gay lésbicos (D´Emilio 1992).

Hasta entonces, en los países bajo Estado de derecho liberal, prevalecía un discreto sistema de doble estándar donde se toleraba la homosexualidad en el ámbito privado y se la condenaba y perseguía públicamente (Sullivan 1999). Frente al doble estándar (que también reconocimos en el caso local), los activismos contestaron con políticas de visibilidad que reclamaban otros modos posibles de vivir la sexualidad. Manifestaciones públicas con demandas por el fin de las razzias y la represión, pero también una mayor difusión y publicidad de una “cultura propia”, pusieron en tensión el inestable equilibrio de aquel sistema.

Este activismo se gestó desde una perspectiva de “liberación sexual” que confrontaba las políticas represivas, tanto de los Estados como de otras instituciones sociales como la Iglesia o las familias. De ese modo, la constitución de los movimientos de la diversidad sexual estuvo vinculada en sus inicios en la década del setenta con reclamos globales al conjunto de la sociedad. En esos años, las perspectivas libertarias que cuestionaban la moral y los modos burgueses permearon los movimientos de la diversidad sexual. En nuestro país, aquellos primeros grupos de fines de los sesenta e inicios de los setenta también adoptaron esta perspectiva “revolucionaria” que, en nuestros contextos estuvo muchas veces vinculada a los movimientos nacionales de liberación (Green 2000 y 2007; Ben y Litardo 2006; Rapisardi 2008).

Pasaron apenas tres décadas. En nuestros días, los reclamos por el reconocimiento de la conyugalidad gay-lésbica formulados en términos de derechos sexuales como lingua franca (Pecheny y De la Dehesa 2010) forman parte de las agendas de la diversidad sexual en varios países. En muchos casos, las iniciativas prosperan de una u otras maneras y entonces es frecuente encontrar que nuevas legislaciones se vienen produciendo en otros países latinoamericanos y en el resto del mundo.

Distintas preguntas aparecen ante este fenómeno: ¿cómo una institución como el matrimonio, criticada por su conservadurismo, llegó a convertirse en un objetivo central de un movimiento de raíces libertarias?, ¿cómo explicar el contraste entre el proyecto utópico de liberación sexual con la agenda “pro-familia” del reformismo liberal? (Bell y Binnie 2000), ¿qué transformaciones en el matrimonio, pero también en los movimientos LGBT, operaron para que esto suceda?

Al intentar responder algunas de estas preguntas, el historiador norteamericano George Chauncey reconoce cambios en la institución matrimonial que hicieron del derecho al casamiento algo imaginable y deseable para gays y lesbianas. Refiriéndose al contexto norteamericano, Chauncey señala cuatro transformaciones fundamentales para que esto suceda: 1) la libertad de elegir el compañero/a matrimonial elevada a derecho civil, 2) la progresiva equidad y la “neutralización de los géneros” en el matrimonio, 3) el rol del matrimonio en la distribución de beneficios estatales y privados y 4) la declinación de la mirada religiosa sobre el matrimonio (Chauncey 2004).

Teniendo en cuenta lo ya referido en el Capítulo 1 en torno a la institución matrimonial en nuestro país, podemos trasladar las claves de lectura que ofrece Chauncey a nuestro contexto para pensar sus diferencias y similitudes. Respecto de la primera, referida a la condición del matrimonio como “derecho civil”, no encontramos en Argentina la misma trayectoria que en Estados Unidos, pero sí se reconocen posibles puntos de contacto: mientras que nuestro país nunca limitó la libertad para elegir esposo/a (siempre que se tratara de una pareja heterosexual), en Estados Unidos los casamientos inter-raciales estuvieron prohibidos hasta bien entrado el siglo XX, algo que recién se modificó con el caso Loving vs Virginia en 1967. En torno a esta prohibición se generó allí un movimiento de reclamo en el que se esgrimieron discursos antiracistas, centrados en la igualdad política, que elevó a derecho civil la libre elección del/la compañero/a.

En Argentina, los sucesivos debates en torno al divorcio vincular pueden indicar algunos puntos de semejanza, por cuanto contribuyeron a instalar el carácter secular del matrimonio, en tanto institución civil. Ello puede haber favorecido también la declinación de la mirada religiosa sobre el matrimonio, otra de las transformaciones señaladas por Chauncey.

En cuanto a una progresiva equidad y “neutralización de los géneros” en el matrimonio, ya se mencionó la democratización de la intimidad a la que asiste la Argentina sobre todo en la post-dictadura, a partir de 1983. Las iniciativas planteadas en torno al divorcio y los cambios en el régimen de patria potestad colocaron en la agenda pública discusiones en torno al matrimonio y los roles de los esposos. A su vez, la sociología y la antropología contemporáneas indican una progresiva “equiparación” (aunque sea en términos de ideal regulatorio) de la pareja conyugal (Heilborn 2004; Salem 2007).

Finalmente, ya hemos revisado el rol del matrimonio en la distribución de beneficios sociales. En el Capítulo 1 indicamos su peso creciente en aquellos contextos (como los del neoliberalismo) donde el mercado resulta el principal mecanismo de asignación de recursos y la institución familiar se torna el espacio residual que distribuye los escasos bienes y servicios desmercantilizados. En esos casos, el matrimonio se convierte en vector de asignación de beneficios sociales porque a través del reconocimiento legal de parejas y familias se accede a ventajas sociales en materia de salud, jubilación, impuestos, etcétera.

¿Alcanzan estas transformaciones de la institución matrimonial para explicar el renovado interés de los movimientos gay y lésbicos por el reconocimiento estatal de sus vínculos de pareja? Otra serie de factores argumentados por los propios interesados pueden ayudar a comprender el asunto.

Cabe señalar dos líneas argumentativas entre los defensores del reconocimiento legal de parejas homosexuales. Una primera se centra en las ideas de igualdad y ciudadanía plena. Resulta ilustrativa la frase que ya en 1970 enunciara uno de los miembros de una pareja gay que reclamó su derecho al matrimonio en Minneapolis: “Whatever rights straight people have, I want too” (“cualquier derecho que los heterosexuales tengan, yo también lo quiero”) (citado en Chauncey 2004: 90).[17] Bajo esta lógica, la petición de casamiento de personas no heterosexuales sería análoga al reclamo de no discriminación de homosexuales en las fuerzas armadas: no importa aquí el contenido de la demanda, sino que lo que se pretende es la igualdad jurídica. La exclusión del matrimonio de un conjunto de la ciudadanía devaluaría dicha condición, generando ciudadanos de primera y segunda categoría, con derechos (que en realidad serían privilegios) diferenciales. A su vez, la persistencia de este tipo de legislación anidaría la discriminación en el seno del Estado, legitimando otra serie de prácticas segregacionistas en el ámbito de la sociedad.

Una segunda línea argumentativa resalta la necesidad de garantizar a todas las parejas (más allá de la orientación sexual de sus miembros) los derechos derivados del matrimonio, como el tratamiento que recibe cada cónyuge ante la enfermedad o muerte de la pareja, derechos patrimoniales, de residencia, otros. Cuando este foco prevalece son frecuentes las referencias a casos particulares de parejas homosexuales que quedaron desprotegidas ante una situación adversa, señalando que no habría sido así de contar con un marco legal que las amparase.

Aunque algunos[18] reconocen en el reclamo de reconocimiento legal una demanda circunscrita a las parejas de gays o lesbianas de clases medias altas (quienes tendrían un patrimonio que heredar y/o derechos laborales que compartir); otros señalan que son las parejas de gays o lesbianas pobres las que estarían doblemente perjudicadas: al no reconocerse sus vínculos resultan excluidas de descuentos impositivos y otros patrocinios como la cobertura médica de conjunto. Ello las tornaría más vulnerables que las parejas pobres heterosexuales. Allí donde existen otros mecanismos legales para acceder algunos de esos beneficios, al no ser de alcance universal es necesario hacer trámites especiales que requieren de su previo conocimiento y, sobre todo, de dinero para iniciar las demandas. Ello colocaría a estas parejas pobres en situación de desventaja también respecto de las uniones homosexuales de medianos y altos ingresos (Thomas Stoddard en Clarke y Finlay 2004). Por lo tanto, el matrimonio no solo sería deseable en términos de equiparación jurídica o no discriminación: la privación del matrimonio es también la privación de toda una serie derechos derivados y requeridos. Desde esta perspectiva, el matrimonio implicaría una figura legal acorde a las necesidades de quienes el movimiento de la diversidad sexual pretende representar, tanto en sus sectores más vulnerables económicamente, como entre los más privilegiados.

De manera transversal a estas dos líneas argumentativas, subyace en el reclamo un pedido de reconocimiento:[19] el derecho al matrimonio o sus figuras análogas parecieran dar a las parejas de gays y lesbianas un reconocimiento por parte del Estado que se pretende deseable o necesario. Este reconocimiento implicaría acabar con prácticas y legislaciones discriminadoras que consideran disvaliosas a la homosexualidad y otras identidades o prácticas que confrontan la heteronormatividad. Así lo expresaba Beto de Jesús, activista brasilero integrante de la ABGLT:[20]

Considero que si se aprobara [el proyecto de Parcería Civil[21] presentado ante el Congreso], sería un gran aliado para disminuir la vulnerabilidad social de los homosexuales. ¿Y por qué es así? Porque, de aprobarse, impactará en otra esfera, que es la cuestión de la violencia, la homofobia, generando posibilidades de autoestima y, consecuentemente, ampliando la ciudadanía homosexual en todos los campos (2005: 68).

Sin embargo, el reclamo por matrimonio también ha generado críticas al interior de los movimientos de la diversidad sexual. Éstas se nutren por ejemplo de las elaboraciones que el feminismo ha hecho del matrimonio, conceptuado como una institución patriarcal que perpetúa las jerarquías entre los géneros y establece patrones moralizantes. El deseo de matrimonio por parte de las y los homosexuales implicaría la devaluación de las virtudes de una comunidad gay lésbica que otrora se habría sustraído a los estándares tradicionales, y que incluso los habría combatido. Desear el matrimonio supondría, desde esta perspectiva, aceptar y conformarse de acuerdo a aquellos estándares.

En el reclamo de reconocimiento de las parejas del mismo sexo se esconde el peligro -señalan sus críticos dentro del movimiento LGBT- de generar nuevas exclusiones en el movimiento de la diversidad sexual. Efectivamente, entre las sexualidades LGBT (como en las heterosexuales) hay arreglos conyugales variados, cohabitaciones diversas y aspiraciones y deseos heterogéneos. Ante ellos, la pregunta sería “¿qué sucederá con aquellas eróticas que no repliquen el modelo heterosexual monogámico?” Gran número de académicos/as y activistas indican la progresiva demarcación entre un modelo gay “respetable”, monógamo y deseoso de participar de la cultura hegemónica, que sí se constituiría en sujeto de derechos; y un modelo “raro/desviado” (indefinido, polígamo o célibe) que se mantiene tras el cono de sombras de la legalidad del matrimonio gay. Desde esta perspectiva, el reconocimiento estatal de las parejas homosexuales no sería una victoria para la totalidad de la diversidad sexual, sino a lo sumo un avance para un pequeño sector de la misma, cuando no (señalan las voces más críticas) un retroceso del conjunto (ver por ejemplo Bell y Binnie 2000: 26 o Richardson 2000).

En estas críticas se superpone muchas veces una postura anarquista o liberal radical, desconfiada respecto del Estado:

El matrimonio, tal como existe hoy, es antitético con mi liberación como lesbiana y como mujer, porque constriñe mi vida y mi voz en la tendencia hegemónica. No quiero ser reconocida como “Señora-atada-a-no-sé-quién”. Tampoco quiero darle al Estado el poder para regular mis relaciones personales (Ettelbrick 1997: 121).

Si el matrimonio gay-lésbico no da respuestas a la heterogeneidad que anida en el campo LGBT (e incluso invisibiliza y genera potenciales nuevas exclusiones), no se trata solo de buscar otras políticas que puedan dar cuenta más fidedignamente de aquella diversidad. Interrogada sobre el asunto, Butler (2007) por ejemplo invitará a preguntarse acerca de lo que conlleva demandar al Estado algún tipo de reconocimiento. La crítica, entonces, se desplaza del binomio “a favor/en contra” del matrimonio gay y la política de demanda de derechos, hacia una reflexión en torno a los procesos que se dan, paralela y simultáneamente, cuando un colectivo subordinado (en este caso, el de la diversidad sexual) reclama al Estado la legitimación de su misma existencia.

Abonando a la tesis de que la demanda de reconocimiento de las parejas no heterosexuales instala una distinción entre vínculos legítimos y vínculos ilegítimos en el campo de la sexualidad, Butler indica que esa frontera oculta el posible conjunto de prácticas, identidades y relaciones que no pretenden siquiera incluirse en la legalidad estatal y que por tanto (subsumidas bajo el terreno de las “ilegitimidades”) son doblemente negadas.

Tergiversamos el terreno de lo sexual si consideramos que lo legítimo y lo ilegítimo parecen agotar sus posibilidades inmanentes. Más allá de la lucha entre lo legítimo y lo ilegítimo –cuyo objetivo es la conversión de lo ilegítimo en legítimo-, hay un terreno que es menos pensable (…) se trataría de un campo sexual cuyo punto de referencia, cuyo máximo deseo, no es la legitimidad (Butler 2007: 24).

El reconocimiento legal de las parejas conformadas por personas del mismo sexo se vincula con una exigencia igualitaria, a la vez que delinea nuevas fronteras e incluso una nueva cartografía de la diversidad sexual. La inclusión en el Estado otorgaría entonces no solo aquella equidad y beneficios, sino fundamentalmente un reconocimiento de participación en la universalidad y una redención y eternidad secularizadas (Butler 2007).

Si asumimos lo anterior, resulta necesario invertir las preguntas y, de aquella tantas veces y de distintos modos formulada (“¿Por qué los homosexuales desearían casarse?”), pasar a interrogarnos acerca la posibilidad de que fuera de otra manera: “¿Podrían, aquellos que se encuentran negados por el Estado, desear algo más que (en primera instancia) su reconocimiento?”. En términos más generales, es preciso reflexionar acerca de los modos, momentos y motivos por los cuales determinados sujetos aspiran a su inclusión en el seno del Estado.

Tal vez, tras el reclamo de reconocimiento de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, lo que anide sea aquel temor, ya reconocido por Hobbes en el siglo XVII, de la muerte violenta.[22] Un desgarramiento que, en el campo de la diversidad sexual, conoció momentos prominentes. Volviendo una vez más sobre el análisis de Chauncey, el mismo señala un cambio de las demandas del movimiento gay-lésbico norteamericano de los años ochenta respecto de la década anterior. La coincidencia de distintos procesos aumenta el interés de gays y lesbianas en obtener el reconocimiento de sus vínculos de pareja. En primer término, la creciente visibilidad del colectivo; pero fundamentalmente dos situaciones que pondrán de manifiesto la vulnerabilidad de los vínculos gay- lésbicos: el impacto devastador del VIH/sida y la desprotección de las familias homoparentales que habrían conocido un boom dentro de la comunidad lésbica de la época (Chauncey 2004: 95).

No me referiré a los efectos del VIH/sida en la conformación de un autoproclamado sector “conservador” dentro del movimiento gay que a partir de la epidemia promovería la monogamia y la “civilización” de los hombres gay, devenidos “sujetos responsables” (Jonathan Rauch, citado en Chauncey 2004: 121; Weeks 1993: 96); sino que pretendo señalar que ambas situaciones (el VIH/sida y la vulnerabilidad de familias homoparentales desmembradas ante la muerte de la madre biológica, por ejemplo), “obligaron a muchos a pensar en lo impensable”: que podían ser separados de sus seres queridos a menos que encontraran maneras de proteger aquellos vínculos (Chauncey 2004: 113). Lo impensable, en estos casos, no sería tan solo la muerte, sino la violencia de la desprotección de los vínculos familiares y de pareja ante la misma. ¿Por qué, ante tal situación, podríamos imaginar un escenario en el que no se pretendiera el Estado?

Finalmente, autores como Eribon (2010) aportan otro giro al debate al interrogar si estas posturas críticas del matrimonio no acaban realizando aquello mismo que denuncian: la prescripción de un determinado modo de ser homosexual (en este caso antisistémico). Exigir que gays y lesbianas “no traicionen los ideales setentistas”, es el mismo gesto de imposición que el de reclamarles que sí se casen. Proponer a la disidencia sexual mantenerse en los márgenes de la sociedad y encarnar su negatividad será, desde la perspectiva de este autor, acabar coincidiendo con los discursos más reaccionarios. Por el contrario, la “fuerza subversiva” se hallaría en el reclamo de matrimonio, habida cuenta de su lugar central en la organización heterosexual de la sociedad (Eribon 2010: 26). A la vez, esta incorporación de gays y lesbianas al matrimonio también sería indicativa de la transformación de la institución: “la desacralización del matrimonio posibilita la reivindicación de que debe abrirse a las parejas del mismo sexo” (Eribon 1999: 62).

En definitiva, lo que muestran las distintas posturas es que el reconocimiento de la conyugalidad gay-lésbica se ha constituido en un espacio fundamental para pensar y dirimir las políticas sexuales contemporáneas. El reclamo de matrimonio confronta a activistas y académicxs con una serie de interrogantes: ¿Cómo se articula la subordinación sexual con otros vectores de jerarquización social como la clase o el género?, ¿Qué significa reclamar al Estado?, ¿Las demandas sexuales deberían ser por acceso a regulaciones estatales, para mejorarlas o para suprimirlas? ¿Es posible conciliar un movimiento de transformación social con el reclamo de inclusión en instituciones ya existentes? En esta línea, Warner se pregunta:

¿Gays y lesbianas anhelan “ser normales” de un modo que puede satisfacerse por medio del matrimonio? ¿O es un oxímoron hablar de gays y lesbianas “normales”? Si es así, ¿es porque la repetición performativa de las normas acaba volviéndolas inestables, como sugiere parte de la teoría queer, o porque existen contradicciones históricas en la normativa sexual que no pueden resolverse ampliando el acceso al matrimonio? ¿Es normal el sexo? ¿Es normal querer ser normal? Una institución como el matrimonio, ¿cambia los sujetos a quienes se amplía o es que la entrada de gays y lesbianas en el matrimonio cambiará los significados de la institución? (Warner 1999: 119).

El reclamo de reconocimiento legal de las parejas gay-lésbicas se vincula tanto con transformaciones de la institución matrimonial, como con cambios en las necesidades, deseos y perspectivas de la diversidad sexual. Estos debates no se agotan, y adoptan características peculiares según los contextos en que se presentan.

En lo que sigue, vuelvo sobre el caso argentino para describir el proceso en torno a la Ley de Unión Civil de la Ciudad de Buenos Aires y sus efectos en el campo de la diversidad sexual. Este acercamiento empírico nos permitirá continuar con la construcción conceptual y analítica de la tesis.

El campo de la diversidad sexual porteño ante la Unión Civil

Durante la primera parte de este trabajo de investigación me interesó rastrear las posturas de las distintas organizaciones de la diversidad sexual ante la Ley de Unión Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Además de reconstruir los orígenes de aquella iniciativa, e indagar cómo las organizaciones habían participado del proceso, aquel trabajo (que desembocó en mi tesis de maestría) permitió comprender a la Ley de Unión Civil como un hiato en la historia del movimiento de la diversidad sexual. Aunque entonces indagaba sobre el campo de la diversidad sexual de la Ciudad de Buenos Aires, la primacía de las organizaciones porteñas permite formular conclusiones extensivas al resto del país.

Al narrar los antecedentes de la iniciativa, la mayoría de los relatos coincidieron en señalar un punto de quiebre o agotamiento del movimiento LGBT porteño al disgregarse la lucha contra el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. La Convención Constituyente de 1996 y el primer Código habían logrado aglutinar un conjunto de colectivos y reclamos amplios (con la integración primordial de las organizaciones de travestis, transexuales y transgéneros) cuyos resultados se habían plasmado en una Constitución local de corte progresista que por primera vez reconocía la “orientación sexual” entre los elementos a proteger ante actos discriminatorios (ver art. 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Las posteriores reformas fueron vividas como “derrotas”, desarticularon esta coalición y plantearon la necesidad de nuevas demandas.

A su vez, el reclamo de reconocimiento legal de parejas del mismo sexo era una realidad en otros países, conocida por los activistas locales a través de los contactos realizados durante viajes a Europa y Estados Unidos.[23] El ejemplo de las comunidades autonómicas españolas[24] fue mencionado como el modelo que parecía más aplicable a la realidad local. A las percepciones de las y los activistas, se sumaron algunas encuestas de opinión que indagaban sobre el grado de aceptación de este tipo de iniciativas (ISPM/MORI 2000). El resultado en las grandes ciudades era positivo y, a partir de estos elementos, se decidió avanzar sobre un proyecto para la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a integrantes de la CHA, el reconocimiento de las uniones de hecho homosexuales era tanto una necesidad de las parejas de la comunidad, como un paso hacia la equidad jurídica. La Unión Civil permitía traducir en una demanda concreta las exigencias de no discriminación y reconocimiento de la diversidad sexual. A su vez, la estrategia de la Unión Civil fue pensada como una oportunidad para imponer el tema en la agenda institucional, de los medios de comunicación y de la sociedad civil en general, con miras a futuras reformas a nivel nacional. Por ello, según los actores entrevistados, se priorizó la publicidad de la iniciativa. Los efectos simbólicos que una ley de este tipo generaría hicieron que sus impulsores plantearan como primerísimo objetivo la aprobación de la misma, antes que una discusión “nominalista” en torno a las etiquetas o justificaciones de fondo para sancionarla.[25]

En términos generales, la Unión Civil no encontró “opositores absolutos” dentro del campo LGBT. Las críticas existentes no apuntaron tanto a la iniciativa en sí (quizás con la excepción de pequeños colectivos anarco libertarios, por el pretendido reconocimiento estatal), sino a la pertinencia y centralidad de la demanda. La puesta en agenda de la Unión Civil significó para algunos miembros del campo LGBT (e incluso de la misma CHA) la vuelta sobre una agenda de derechos gay-lésbica que invisibilizaba las condiciones de vida y las identidades de otros grupos de la diversidad, especialmente de las personas travestis. Siguiendo los criterios clasificatorios mencionados previamente, la Unión Civil fue leída por algunos activistas como una iniciativa “asimilacionista” que pretendía dar cabida (bajo una formula liberal de sumatoria de derechos) algunos pocos beneficios derivados de la conyugalidad. Así por ejemplo, desde el “apoyo crítico” dos activistas lesbianas, una mexicana y la otra argentina, indicaban los límites de una política que no cuestione el statu quo imperante:

Los Estados latinoamericanos se han ido retirando de la prestación de servicios en áreas clave como la salud, la educación y las jubilaciones, que han quedado en manos de empresas privadas que no cumplen ninguna función social y por lo tanto sólo atienden a los sectores de mayores ingresos. Cuando pedimos el derecho a la seguridad social para las familias no tradicionales, sabemos que estamos hablándole a Estados que ya no garantizan ese derecho ni siquiera a las más tradicionales de las familias[…] Reclamar estos derechos es una cuestión de principios, que hace al cumplimiento de la igualdad ante la ley y la no discriminación, bases fundantes de la perspectiva de los derechos humanos. Por eso seguiremos reivindicándolos. Pero sabemos que paralela a esa lucha, es necesario un trabajo en coalición con el conjunto de la sociedad afectada por las políticas neoliberales (Hinojosa y Sardá 2002).

Entre la presentación y sanción de la ley transcurrió apenas un año y medio (de agosto de 2001 a diciembre de 2002). Durante ese lapso el sistema político institucional se vio sacudido por la crisis desatada en diciembre de 2001 en la cual el entonces Presidente Fernando De la Rua renunció a su cargo. Aquel contexto de crisis generó fragmentaciones, realineamientos y aperturas hacia algunas demandas de la sociedad civil en la Legislatura local que favorecieron la sanción de la Ley. En la tesis de maestría hice referencia a otras iniciativas vinculadas al género y la sexualidad que también encontraron un contexto fértil en aquellos tiempos (Hiller 2009). En la madrugada del 14 de diciembre de 2002 29 legisladores (integrantes de casi todos los partidos políticos) votaron favorablemente y solo 11 lo hicieron en contra.

Durante aquel lapso, la CHA mantuvo una participación intensa de advocacy ante la Legislatura porteña. Participaron de las reuniones de Comisión, invitaron a personalidades del campo del derecho y las ciencias sociales para que persuadieran a las y los legisladores. Mantuvieron reuniones con cada uno de ellos y hasta agilizaron algunos procesos burocráticos. No hubo, en cambio, medidas de presión a partir de la movilización callejera. La CHA tampoco apeló al trabajo conjunto con otras organizaciones de la diversidad sexual. De todos modos, algunas de ellas movilizaron sus recursos en pos de la sanción de la Ley, utilizaron sus contactos con legisladores y promocionaron la iniciativa en espacios de la sociedad civil como las asambleas barriales donde algunas de ellas mantenían un trabajo articulado. Sin embargo, estas acciones no fueron coordinadas previamente entre las distintas organizaciones y menos aún, entre la CHA y las demás organizaciones.

Posiblemente esta distancia entre la CHA y el resto de las organizaciones sea lo que explique el peso de la Unión Civil en la reconfiguración del campo de la diversidad sexual. La conquista de la Unión Civil implicó la consolidación del capital de la CHA, monopolizando la representación ante los medios de comunicación, el Estado y otros actores del espacio político local.[26] A la vez, luego de esta victoria, fue cada vez más clara la articulación de organizaciones antes dispersas, en pos de constituir un bloque capaz de disputar la hegemonía de la CHA al interior del campo. A ello también contribuyó el contexto post 2001 que demarcó más claramente un cierto sector de “izquierda” dentro del movimiento y nuevas articulaciones con actores sociales emergentes de ese proceso, como las asambleas barriales y/o los movimientos territoriales (Delamata 2005).

Otra de las transformaciones que la Unión Civil puede haber contribuido a generar en el campo es la creciente centralidad de los reclamos en torno a derechos específicos. La Unión Civil mostró más cercanas las posibilidades de éxito a partir de traducir sus reclamos sociales en un lenguaje de derechos liberales que fuera “audible” al resto de la sociedad y el sistema político. Asimismo, la Unión Civil neutralizó la dicotomía entre “transformaciones culturales” versus “cambios legales”. En voz de una activista lesbiana:

Nos dimos cuenta de lo importante que es, a nivel simbólico, en la cultura, el reconocimiento legal. O sea, nosotras priorizábamos un cambio cultural. Pero lo que nos podía llevar años a través de grupos de reflexión, a través de no sé qué, un cambio legal lo hacía de una manera impresionante. […] Esa declaración, aunque diga “similar”, aunque sea sólo en la Ciudad de Buenos Aires, esa declaración, en todo el país genera un cambio de percepción que no tiene nada que ver con los efectos jurídicos de la Ley[…] Era como que a partir de que el Estado les reconocía como pareja y como vínculo, ellas sentían que entonces los demás también las tenían que reconocer. Y por ahí estaban viviendo, no sé, en Tucumán, pero “si el Estado lo reconoce, ¿cómo no lo va a reconocer mi abuela, mi mamá?” ¿Entendés? Era maravilloso lo que iba generando. Para nosotros, la reforma legal es una estrategia… impresionante.[27]

La Unión Civil mostró al campo de la diversidad sexual aristas nuevas de la relación con el Estado. Ya no como puro aparato coercitivo ni como mera protección en términos negativos, el Estado también podía ser elemento de transformación social poderoso. De allí a articulaciones con el aparato estatal mediante secretarías o áreas de diversidad hubo pocos pasos. En lo que sigue presento algunas transformaciones del espacio de la diversidad sexual operadas durante la primera década del siglo XXI que pueden ayudar a comprender su composición al momento de debate de la reforma de la Ley de Matrimonio.

Un actor reconfigurado: el campo de la diversidad al momento de debate de la Ley de Matrimonio

Distintos acontecimientos transforman el perfil del movimiento LGBT durante los 2000. Mediando menos de una década entre la Unión Civil de la Ciudad de Buenos Aires y la reforma de la Ley de Matrimonio, los rasgos de este actor se encuentran reconfigurados al 2010. Como resultado de procesos políticos anteriores, lo que definí como campo LGBT tiene características específicas al 2009 que conviene repasar. Ello permitirá comprender algunos rasgos de su accionar en el próximo capítulo.

a) Articulación en Federación

Como ya fue señalado, el proceso de la Ley de Unión Civil de la Ciudad de Buenos Aires reafirmó la hegemonía de la CHA al interior del campo, al tiempo que indicó la necesidad de fortalecerse a aquellas organizaciones que pretendieran (en alguna medida) disputar dicho espacio. Es así que en 2005 comienza a formarse la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans (FALGBT), siguiendo el modelo de España y de Brasil, a partir de la articulación de cinco organizaciones: ATTTA (Asociación de Travestis Transgéneros y Transexuales de Argentina, organización que al momento de constitución de la Federación ya tenía filiales en diferentes provincias, proponiéndose como una organización nacional); La Fulana (organización de mujeres lesbianas y bisexuales de Buenos Aires); Nexo Asociación Civil (organización gay de Buenos Aires fundada en 1992 con trabajo en el área de salud); VOX Asociación Civil (organización LGBT de la provincia de Santa Fe fundada en 1998) y la Fundación Buenos Aires Sida (grupo abocado a la prevención del VIH fundado en 1989).[28] La estructura de federación permitiría a las organizaciones integrantes enriquecerse a partir del intercambio, acrecentar su incidencia local y proponer metas conjuntas; a la vez que conservar su autonomía.

La articulación en federación permitió también generar una estructura a nivel nacional que potenció la proliferación de organizaciones en aquellas provincias donde previamente no las había, o estaban escasamente desarrolladas. Esta articulación a nivel nacional se revelaría como un elemento importante al momento de “federalización” del debate sobre matrimonio gay-lésbico. Como indicaba un entrevistado:

Hoy los compañeros de las provincias son los que están pidiendo las entrevistas con los senadores. Entonces no es la CHA o María Rachid, o Esteban Paulón o quien sea que en Buenos Aires te llama. Te llaman de tu provincia. O sea, en Neuquén, la organización local que tenemos ya se reunió con dos senadores. Ese senador, por lo menos siente que le tiene que dar explicaciones a gente de por qué va a votar en contra.[29]

La articulación en federación procuró también, al decir de sus mentores, conformar un movimiento social que superara la noción de “grupos de interés”.[30] Mientras que los segundos se ajustarían a la defensa de sus intereses, considerando al Estado como mero gestor de recursos, los movimientos sociales se caracterizarían por tener metas más amplias y un vínculo más complejo (de confrontación, negociación o articulación) con el Estado (Tarrow 1997; Gómez 2006; Massetti 2009).

La articulación en federación procuraría revertir el proceso de ongización, consolidando organizaciones, haciéndolas menos dependientes del financiamiento externo y propiciando un proceso democratizador que lleve a la constitución de un movimiento social:

Cuando vos ves lo que se genera son pequeños grupos de interés. Grupos de estudio. O grupos que trabajan alrededor de un boliche. Articulaciones de mercado que trabajan con empresas para las marchas del orgullo. Digamos, muy pocas organizaciones comunitarias, u organizaciones de base… Yo pienso que las federaciones pueden dar lugar a un movimiento. Pienso en los movimientos. Y estoy pensando, en este caso, en el caso de la ABGLT de Brasil.[31] Pero, con el resto de los países, creo que todavía falta un proceso para que se dé, se construya un movimiento. Te digo, movimiento es: cuadros, renovaciones, articulaciones. Es decir, vos ves los grupos gays y son parejas, o son un financiamiento con un sello. Pero no hay mecanismos selección de autoridad, renovación de autoridades… Eso no se está dando, ¿no?[32]

A este proceso de constitución en federación contribuirán los intercambios con organizaciones de otras latitudes propiciados por la constitución de redes regionales,[33] o con grupos españoles como la Fundación Triángulo que contribuyó sustantivamente y de manera financiera para la realización de varios encuentros nacionales.

Así, al momento de discutirse la posible reforma de la Ley de Matrimonio, el campo de la diversidad sexual local cuenta con organizaciones con distintos niveles de agregación: existe una federación nacional, otras organizaciones con lazos más o menos establecidos entre sí,[34] y algunas como la CHA que no articulan con otras sus iniciativas.

b) Nueva vinculación con los partidos políticos

La primera década del 2000 también traerá modificaciones en el vínculo de las organizaciones LGBT y los partidos políticos. Dicho vínculo ha sido escasamente tratado en la bibliografía local, con excepción del trabajo de Bellucci (2010), quien interroga los lazos establecidos en la primera parte de la década del noventa por Gays DC y algunos partidos de izquierda. También existen registros que dan cuenta de lo problemático del lazo entre las homosexualidades con la izquierda (sean los grupos tradicionales u organizaciones armadas) en las décadas del sesenta y setenta. Pese a que varios de los primeros grupos de homosexuales surgieron en el marco de organizaciones comunistas o del peronismo de izquierda, dichos lazos no se mantuvieron.[35] Durante las entrevistas mantenidas con quienes fueran legisladores y/o diputados, fueron frecuentes las alusiones a “purgas” que en décadas anteriores se realizaban dentro de sus partidos ante la publicidad de la orientación homosexual de alguno de sus miembros. De este modo, a diferencia de lo que registran Green (2000 y 2007) y De la Dehesa para el caso brasilero (2010) o de los vínculos locales establecidos por los movimientos feministas o de mujeres (Masson 2007), las relaciones entre el movimiento LGBT y los partidos políticos habían sido generalmente frías durante las dos primeras décadas de restauración democrática.

La primera década del 2000, por el contrario, se iniciará con la crisis política del 2001. Ese contexto de descrédito de los canales institucionales hará que los movimientos sociales se incorporen a la vida política formal de varias maneras. En este caso, varios activistas LGBT consolidan sus vínculos previos con los partidos de izquierda en el ámbito de la Ciudad, pasando a formar parte de sus equipos y listas.[36]

A la vez, a partir de la segunda mitad de la década comienzan a crearse espacios dentro de algunos partidos políticos que se proponen, explícita y separadamente, incorporar temáticas vinculadas a la diversidad sexual. Algunos de ellos son: Grupo LGBT del Partido Socialista, Secretaría de la Diversidad Sexual del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires, Jóvenes por la Igualdad (en el ARI-Coalición Cívica); Carne Clasista (en el Movimiento Al Socialismo, MAS).

Aunque no es objeto de este trabajo, la conformación de aquellas áreas indica también un fenómeno de visibilización de las identidades gays y lesbianas al interior de los partidos que podría indagarse en profundidad. Los procesos de “salida del armario” al interior de organizaciones “no sexo-políticas”[37] (partidos, sindicatos, centros de estudiantes, etc.) no son un fenómeno del cual haya encontrado bibliografía específica. Algo así podría brindar otras coordenadas de la politización de gays y lesbianas y de los procesos más amplios de su visibilidad pública y política: cómo aquellos negocian su identidad sexual en sus militancias “no sexo-políticas”, quiénes y cómo conjugan “dobles militancias”, quiénes y cómo pretenden articularlas. Lo que puede señalarse es que algunos fenómenos de creciente visibilidad pública y mediática registrado por otras investigaciones (Sívori 2008: 245; Moreno 2008: 227; Rodrigues Passamani 2009; Pecheny y De la Dehesa 2010) ha tenido correlato en las organizaciones “no sexo-políticas”:

Yo antes que militante de la diversidad soy militante socialista, desde los 16 años. Incluso hasta los 24 yo estuve en el armario […] Cuando yo salgo del armario dentro del partido a mucha gente le hizo click en la cabeza y mucha gente que quizá si hubiese intentado acercarse al tema por otro lado no hubiese podido. Al menos a través de la excusa de “bueno, pero este es un buen pibe, no serán tan malos los gays” ayudó, ayudó mucho. Y la verdad que ayudó a que muchos compañeros y compañeras tuvieran que ubicarse políticamente ahí. Yo soy consciente de que hay algunos y algunas que sí están convencidos y por eso acompañan a morir, y que hay algunos y algunas que no, pero que saben que hoy en el socialismo no hay margen para que no.[38]

La visibilidad de militantes gays y lesbianas dentro de distintos espacios políticos hizo que comenzaran a tomar postura sobre algunas cuestiones e incorporaran en sus agendas temáticas vinculadas con la diversidad sexual. A su vez, la incorporación a grupos LGBT de activistas con otro tipo de militancias previas, o simultáneas, permitió diversificar los perfiles del movimiento LGBT. Estos elementos, veremos en seguida, contribuyeron al diálogo con representantes parlamentarios y al trazado de alianzas al momento de discutirse la ampliación del Matrimonio Civil.

c) Imbricación con el Estado

Un tercer elemento que modificó las características del espacio público LGBT fue la imbricación de activistas y organizaciones en agencias estatales. Si en el capítulo anterior hacíamos referencia al “mapa” de la institucionalidad estatal como un buen predictor de los conflictos subyacentes a una sociedad, podemos pensar que la expansión, diferenciación y especialización de algunas instituciones estatales durante este período reflejan los intentos de resolución de la creciente cantidad de cuestiones problemáticas planteadas en el contexto de crisis alrededor del año 2001.

Especialmente a partir de 2003, cuando resulta electo como Presidente Néstor Kirchner del Frente para la Victoria/Partido Justicialista (FPV/PJ), la política de gobierno consistió en la incorporación de miembros de distintas organizaciones sociales a la estructura del Estado. En su análisis de la respuesta estatal a la acción colectiva desafiante en Argentina, Gómez (2006) presenta este período como el momento de “integración selectiva” en el ciclo de institucionalización de los movimientos sociales. La primera década del siglo estará entonces signada por la incorporación de cuadros provenientes de los movimientos sociales a la función pública (Gómez 2006). Este fenómeno complejo de institucionalización y articulación estatal es planteado por Massetti (quien analiza este proceso en las organizaciones territoriales urbanas de la ciudad de Buenos Aires) bajo el paradójico rótulo de “militar dentro del Estado” (Massetti 2009: 221).

El movimiento de la diversidad sexual acompañó este proceso que la bibliografía observa en los movimientos sociales durante los dos mil. En términos generales, en el contexto posterior a la crisis del 2001 se reformulan los vínculos entre Estado y sociedad civil, cuestión que Rapisardi ilustra con la figura de un “Estado poroso”:

No es lo mismo el marco de negociación con el Estado antes de Kirchner que después de Kirchner. No es lo mismo la porosidad del Estado antes que después del 2001.[39]

Sin embargo, pueden señalarse algunas particularidades en el movimiento de la diversidad sexual: por una parte, que este proceso de imbricación estatal con intercambio de cuadros políticos y técnicos y gestión de recursos ya tenía un importante (aunque distinto) antecedente en la gestión de la epidemia del VIH/sida. Algo similar se reconoce en el caso brasilero analizado por De la Dehesa (2010), donde el Plan integral e interministerial “Brasil sin Homofobia”[40] encuentra alguna de sus raíces en la temprana articulación entre el activismo vinculado al VIH/sida y las agencias estatales en pos de una respuesta a la epidemia.

Por otra parte, a diferencia de otros movimientos sociales que en el mismo período han tenido canales de inserción en distintos ministerios, en estructuras nuevas o preexistentes, la imbricación del movimiento de la diversidad sexual argentino en el seno del Estado parece repetir el proceso operado en el movimiento de mujeres durante las décadas precedentes. Si en el caso de los movimientos de mujeres se señala la creación de Secretarías de la Mujer (con escasos presupuestos y bajo nivel de incidencia estatal) (Guzman 1996; Archenti y Moreno 2002; Brown 2008), la creación de un “cuarto propio en el Estado” mediante la implantación de agencias específicas para el tratamiento de la cuestión (o la reorientación de otras preexistentes, como el INADI (Instituto Nacional contra la Xenofobia, la Discriminación y el Racismo)[41] ha sido la tendencia también predominante de articulación estatal de la diversidad sexual durante los primeros dos mil.

Ejemplos de este proceso de imbricación son la participación de integrantes de la FALGBT y la creación del Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil en el INADI que colocaron varias demandas vinculadas a la diversidad sexual en el ámbito de las agencias estatales, pasando a formar parte de la propuesta programática de esa institución.[42] También distintos municipios, como el de Rosario o Morón, crearon Secretarías de la Diversidad e incorporaron cuadros políticos y técnicos de las organizaciones LGBT.

De la Dehesa (2010) advierte sobre las tensiones que esta “alternativa tecnocrática” conlleva: si por una parte permite la expansión del activismo y su “reverberación” en la sociedad; por la otra, se advierte su imbricación con las tecnologías de gobierno, en términos foucaultianos. En su análisis del caso brasilero, el autor encuentra que el activismo, a la vez que constreñido y crecientemente racionalizado por la lógica tecnocrática, también puede aprovechar el campo de la administración estatal, tornándolo un terreno de politización. Para el caso local, es factible considerar fenómenos equivalentes. Nuevamente, la articulación con agencias estatales (municipales, provinciales o nacionales) será una herramienta en el proceso de debate de matrimonio gay-lésbico, proveyendo recursos a los impulsores de la iniciativa.

Finalmente, una cuarta transformación del movimiento de la diversidad sexual, sobre la que todavía existe escasa bibliografía, es la emergencia de demandas vinculadas al reconocimiento de los vínculos filiales de familias homoparentales. Al respecto, Gemetro (2011) señala la formación, en la década del noventa, de colectivos lésbicos que procuran el reconocimiento legal de las familias comaternales, como el Grupo de Madres Lesbianas. Libson (2011) indica el surgimiento en los años dos mil de talleres y grupos de reflexión para madres lesbianas y padres gays, también la emergencia de otros grupos como Familias Homoparentales Argentinas (FHOA), posteriormente denominada Familias Homoparentales Integradas Argentinas (FHOIAR), Lesmadres y Mis Mamás Rosario. La mayoría de estas agrupaciones, tuvieron como cara visible a las lesbianas más que a los gays. Por ejemplo Lesmadres se presenta como

Un grupo de acción política integrado por familias de lesbianas madres y futuras madres que decidimos tener hij@s en pareja. Nuestros reclamos están orientados al reconocimiento político, social, cultural y legal de los derechos de nuestr@s niñ@s, de nuestras familias y de nosotras como lesbianas (Lesmadres s/f).

 

Si bien en la encuesta realizada el año 2005 en la Marcha del Orgullo de Buenos Aires casi un 10 por ciento de la población LGBT encuestada tenía hijos (Jones, Libson y Hiller 2006: 63), esta situación permaneció relativamente invisibilizada hasta el debate sobre Matrimonio gay-lésbico.[43] En junio de 2010, mientras se discutía la posible reforma de la Ley de Matrimonio se realizó el primer encuentro nacional de familias de parentalidades gays y lesbianas en la Ciudad de Rosario, Santa Fe, que convocó unas setenta familias con el objetivo de lograr puntos comunes para el pedido de mayor reconocimiento jurídico de sus contextos familiares (Libson 2011).

Recapitulación

A lo largo de este capítulo examinamos el vínculo entre la homosexualidad masculina y femenina con el Estado argentino, desde sus inicios configuradores como identidad desviada, patológica o discreta, hasta la conformación de un espacio público que disputa esas caracterizaciones y formula demandas ante el Estado y la sociedad.

Hasta pasada la primera mitad del siglo XX las personas con inclinación erótico-afectiva hacia otras de su mismo sexo fueron designadas de manera heterónoma por el Estado y otras disciplinas como la medicina. Será a partir de las décadas del sesenta y setenta que comiencen a disputarse políticamente los significados de la disidencia sexual y, a partir de la restauración democrática en 1983, que las organizaciones de gays y lesbianas encuentren mayores oportunidades para su desarrollo gracias al contexto democrático que permite trazar alianzas con otros actores y formular sus demandas en términos “audibles” al resto de la sociedad.

Considero que la trayectoria del movimiento de la diversidad sexual argentino no puede comprenderse sino es en el marco de los procesos de democratización referidos en el capítulo anterior: la demanda en términos de derechos humanos y por la ampliación ciudadana se convierte en un lenguaje común a distintos movimientos sociales en la post dictadura. Simultáneamente, estos actores atraviesan un momento de crecimiento durante el período no solo por su capacidad de movilización colectiva, sino por la debilidad de otras estructuras de representación y canalización de demandas, como los partidos políticos. Como adelanté, este escenario también se recorta sobre el contexto de reformas neoliberales que, durante las décadas del ochenta y noventa configuran un tipo específico de vinculación entre Estado y sociedad civil.

El movimiento de la diversidad sexual es un campo tensionado por el tratamiento desigual que gays, lesbianas, travestis, transexuales, intersexuales y bisexuales reciben por parte del Estado y por las distintas concepciones en torno a la sexualidad y sus demandas que los diferentes colectivos sostienen. Especialmente en relación al Estado, vimos que las primeras organizaciones se articulan en torno al reclamo de no intervención y fin de las persecuciones que, en los límites de la legalidad liberal, el Estado argentino practicó en democracias y dictaduras.

Este primer estadío de reclamos negativos se superpondrá luego con otras demandas que procuran la intervención activa del Estado, reconsiderado como herramienta eficaz para la transformación social. Hacia fines de la primera década del siglo XXI el campo de la diversidad sexual argentino se encuentra reconfigurado: se articula federalmente y se trazan nuevos vínculos con los partidos políticos y con el Estado. En términos de la institucionalidad estatal, tal como la entendimos en el capítulo anterior, esta imbricación del movimiento en espacios institucionales es muestra de la transformación del “mapa” estatal y de cómo los asuntos vinculados a la diversidad sexual comienzan a rasgar su superficie.

A su vez, vimos que el reclamo de reconocimiento legal de las parejas homosexuales constituye una demanda problemática para los movimientos de la diversidad sexual a nivel global. Su surgimiento encuentra razones tanto en la transformación del matrimonio en las últimas décadas, como en nuevas necesidades de gays y lesbianas. La demanda de ampliación del matrimonio a los vínculos conyugales gay-lésbicos se revela como un potente generador de reflexiones en torno a la política sexual contemporánea. Por una parte, reabre interrogantes en torno a las posibilidades, o no, de subvertir instituciones sociales arraigadas como es el matrimonio. Por la otra, la dimensión del reconocimiento involucrada en la demanda señala procesos problemáticos que se dan en paralelo cuando grupos subordinados y discriminados reclaman al Estado la legitimación de su existencia.

Entender los sujetos políticos como resultado de procesos históricos, mutables a través del tiempo, permite comprender el movimiento LGBT en su transformación. A partir de la trayectoria que describí y analicé en este capítulo, el espacio público subalterno de la diversidad sexual propugnará intervenir en el espacio público más amplio demandando al Estado el reconocimiento de las parejas gay-lésbicas. En lo que sigue, se analiza ese recorrido.


  1. “Cuando utilizo la palabra ‘judío’ no pretendo sugerir ninguna clase especial de ser humano. Al contrario, estaba solo reconociendo un hecho político por el cual mi pertenencia a este grupo pesa más que cualquier otra cuestión de la identidad personal o que me he decidido por ello antes que por el anonimato. Hoy en día una actitud de este tipo puede parecer una pose. Desafortunadamente, el simple principio básico en cuestión aquí es aquel que es particularmente difícil de entender en tiempos de difamación y persecución: el principio de que uno solo puede resistir en los términos de la identidad en que es atacado” (Arendt 1995: 17-18).
  2. Las mudanzas corporales encaminadas en ese sentido son variadas: impostación vocal, peinados, afeites, depilación, electrolisis, decoloración, tintura capilar, maquillaje del rostro y uñas con esmalte, modificaciones menos reversibles como la ingestión de hormonas, inyección de silicona o el implante de prótesis (en glúteos, caderas, pechos, zonas de la cara, etcétera). Ver Benedetti (2005).
  3. “Creados en los albores del Estado-Nación, los edictos son el instrumento que delega en la policía provincial o federal la tarea de reprimir actos no previstos por el Código Penal de la Nación; no forman parte del derecho penal sino del derecho administrativo. Con los edictos, la policía tiene la facultad de actuar como juez en primera instancia y detener, apresar a las/os contraventoras/es por determinados períodos de tiempo” (Fernández, 2005: 40). Sobre Edictos y contravenciones, ver también Gentili 1995 y Pita 2003.
  4. Fraser (1997: 159) refiere al caso del juez Clarence Thomas (en torno al abuso sexual), en Estados Unidos, y señala cómo ello permitió que por primera vez muchas mujeres contaran sus propias experiencias al respecto.
  5. Entre las primeras organizaciones de homosexuales puede contarse Nuestro Mundo, creada en 1969, algunos de cuyos miembros luego confluirán en 1971 en el Frente de Liberación Homosexual (FLH). Entre las lesbianas, hay una tradición más ligada a trayectorias feministas, cuyos grupos paradigmáticos en los años setenta fueron la Unión Feminista Argentina (UFA) y el Movimiento de Liberación Femenina (MLF) (Bellucci y Rapisardi 1999; Figari y Ponce 2008). Gemetro también refiere la existencia y participación del grupo Safo dentro del FLH (Gemetro 2011 b).
  6. El Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) publicado como “Nunca Más” no relevó específicamente la persecución de personas homosexuales. No existen precisiones sobre la cantidad y modalidad represiva hacia este colectivo durante el Proceso de Reorganización Nacional.
  7. Documento de la década del ochenta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Comunidad Homosexual Argentina (citado en Sempol 2008).
  8. Bellucci indica las distintas actitudes del activismo gay hacia los partidos políticos durante las décadas del ochenta y noventa. Las mismas iban desde la proclama apartidaria de la CHA hasta los vínculos que Gays por los Derechos Civiles (una organización posterior) trazó con el peronismo y otros partidos, llegando a participar de las listas del Frente por la Democracia Avanzada (Bellucci 2010).
  9. “En la literatura científica las ONGs son definidas normalmente como organizaciones intermediarias. Éstas se componen en general por miembros de la clase media con formación profesional, que han decidido, por razones políticas o humanitarias, trabajar con capas pobres y marginalizadas” (Álvarez 2001: 56). Ver también Dagnino 2004.
  10. Rafael Freda, activista. Entrevista personal, 8/7/2008. Sobre el modelo francés, ver nota 26.
  11. Bellucci señala la activa participación en dicha acción de algunos argentinos exiliados (2010: 157).
  12. La Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual presentó en 2003 un pedido de inscripción de su personería jurídica ante la Inspección General de Justicia. Como una década antes con la CHA, la solicitud fue denegada porque las autoridades sostuvieron que la lucha de ALITT para que el Estado y la sociedad acepten al travestismo como una identidad propia y su ciudadanización no ofrecía “un marco valioso para el desarrollo de la convivencia”. La disputa fue dirimida a fines de 2006 por la Corte Suprema de Justicia, sentando un valioso antecedente no solo para el reconocimiento de las identidades trans. La noción de bien común allí formulada contempla el bien de una comunidad diversa, por lo que se vuelve relevante en otras disputas, como la aquí analizada (Ver Segunda Entrega del Folletín). Sobre el proceso y sus argumentos, ver AA.VV. Ají de Pollo 2008.
  13. El término “travestismo” tiene origen en categorías psicomédicas aplicadas a quienes – desde una perspectiva patologizante- vivirían una contradicción entre cuerpo y subjetividad. La palabra también formó parte de la jerga policial, siendo esta fuerza de seguridad la institución privilegiada para el disciplinamiento de las travestis – entre otras poblaciones urbanas- durante los gobiernos dictatoriales y democráticos que se sucedieron en Argentina desde principios del siglo veinte (Hiller, Mallimaci Barral y Moreno 2011: 85).
  14. Brown encuentra entre 1995 y 1996 los primeros ejercicios de coordinación y trabajo mancomunado entre organizaciones predominantemente gays y organizaciones lésbicas: el primer acto organizado conjuntamente fue el encuentro nacional de organizaciones lésbicas, gays y transgénero en la ciudad de Rosario en 1995. El segundo fue la organización de la quinta marcha del Orgullo en 1996. El tercer evento mancomunado, también en 1996, fue la campaña por la inclusión de la orientación sexual como elemento a ser protegido contra actos discriminatorios en la nueva Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (Brown 1999: 123). Sobre la participación de personas y organizaciones transgénero en estos espacios ver Brown (1999) y Berkins (2003).
  15. Hasta 1994, conforme a la Constitución Nacional, la Ciudad de Buenos Aires era gobernada por un Intendente Municipal designado por la Presidencia de la República. La reforma constitucional de ese año estableció en el art. 129 que la Ciudad tenga un régimen autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, con un jefe de gobierno elegido por el pueblo y que el Congreso de la Nación convocase a sus habitantes “para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten en el Estatuto Organizativo de sus instituciones” (Sconza, Perotti y Mengoni 2003: 52). En el marco de la Convención Constituyente de 1996 ingresan las demandas LGBT y las propias organizaciones como interlocutoras políticas en los espacios institucionales de la Ciudad.
  16. Posteriormente, en el año 2004, una nueva modificación del Código Contravencional genera el repudio de vendedores ambulantes, mujeres en situación de prostitución, organizaciones LGBT, feministas y organismos de derechos humanos. En una manifestación quince personas fueron detenidas y encarceladas hasta 14 meses acusadas por los actos de violencia ocurridos (Fernández y Berkins 2005; CELS 2008: 258).
  17. En Argentina, Carlos Jáuregui señalaba: “No queremos nada raro, ningún derecho que los heterosexuales no tengan” (Bellucci 2010: 66).
  18. Ver por ejemplo Clarke y Finlay 2004 o Falquet 2006.
  19. El reconocimiento, entendido como la creación de condiciones que garanticen una misma dignidad e integridad para los miembros de una sociedad (Fraser 1997) es un asunto que viene concitando la atención de la filosofía política de los últimos años (Honneth 2010). Pueden consultarse los citados y también Taylor 1993; Benhabib 2006 y las discusiones suscitadas por la propuesta de Fraser (ver Olson 2008).
  20. La Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais fue creada en 1995 con 31 grupos fundadores. Sobre su trayectoria ver Facchini 2005.
  21. En 1995 se presentó el primer proyecto de Unión Civil entre personas del mismo sexo en el parlamento brasilero. Luego será renominado de “parcería civil registrada”, vedándose explícitamente la posibilidad de adopción conjunta (Dias 2000). Sobre su tratamiento (hasta ahora postergado), ver Mello 2005.
  22. Hobbes encuentra la razón de constitución de un orden estatal en el temor a la muerte violenta. Frente a un hipotético estado de naturaleza en el que los sujetos no serían más que máquinas deseantes, sin moral y sin justicia, se erguiría el Leviatán para consolidar un orden que elimine la guerra de todos contra todos y los resguarde. Los hombres, desde la perspectiva hobbesiana, renunciarían a su derecho a todas las cosas en pos de constituir un orden que sería radical e inevitablemente justo (puesto que no habría más ley que la emanada por el Estado). De este modo, solo el Estado otorgaría en un mismo gesto legalidad, legitimidad y seguridad. ¿Desean los hombres el Estado? Sí, lo desean como a todo aquello que no tienen. Pero más aún, la pasión que los mueve a pretenderlo es el temor, y más específicamente, el “continuo temor y peligro de muerte violenta; [donde] la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve” (Hobbes 2001: 103).
  23. Aquí nuevamente vale señalar el papel de intermediación y contacto de aquellos argentinos radicados en el exterior (muchos de ellos exiliados durante la última dictadura).
  24. En aquel entonces Cataluña, Aragón y Navarra (en 1998 1999 y 2000, respectivamente) habían sancionado leyes que regulaban las uniones homosexuales, sirviéndose de la autonomía que la Constitución española otorga a sus regiones.
  25. César Cigliutti, activista. Entrevista personal, 20/11/2008.
  26. Así lo expresaba uno de sus dirigentes durante una entrevista: “La CHA tiene un prestigio totalmente diferente después de la ley, totalmente, y eso nos lo dijeron otras organizaciones, ‘¿Estos son los que sacaron una ley?’. Eso te da… ¿cómo te puedo decir? Otra solidez como organización (…) La gente tiene un concepto serio de la CHA y eso no es fácil siendo una organización de gays, lesbianas y travestis” (César Cigliutti, activista. Entrevista personal, 20/11/2008).
  27. María Rachid, activista. Entrevista personal, 19/8/2008.
  28. Al tiempo, la FALGBT incorporó como miembros al Área Queer (grupo de investigadores y docentes activistas surgido en la Universidad de Buenos Aires) y al Club de Osos (asociación civil sin fines de lucro que cuenta con una sede donde se reúnen osos y sus admiradores). También cuenta con miembros adherentes que son organizaciones vinculadas a la FALGBT. Algunas de ellas se nuclean en torno a credos, prácticas o identidades religiosas, en vinculación con partidos políticos, en torno a actividades culturales y otras en términos territoriales o provinciales (muchas de las cuales surgieron durante el 2010, en el proceso de reforma de la Ley de Matrimonio). (Ver FALGBT a y b).
  29. Esteban Paulón, activista. Entrevista personal, 8/06/2010.
  30. Flavio Rapisardi, activista. Entrevista personal, 21/7/2008.
  31. Ver nota 66.
  32. Flavio Rapisardi, activista. Entrevista personal, 21/7/2008.
  33. En 2007 se creó la Red LGBT del MERCOSUR integrada por organizaciones de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
  34. Entre algunas organizaciones de travestis, por ejemplo, es frecuente el trabajo mancomunado sin que ello implique la unificación de sus organizaciones.
  35. Véase por ejemplo Bellucci y Rapisardi (1999).
  36. Como muestra de ello puede mencionarse la participación activa de líderes del movimiento LGBT en partidos de izquierda: Flavio Rapisardi (quien fuera vicepresidente de la CHA e integrante del Área Queer) fue asesor de Patricio Echegaray del Partido Comunista y candidato a diputado por ese partido en el 2003; Lohana Berkins (de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual) fue candidata y asesora de ese mismo partido, así como Diana Sacayán (del M.A.L., Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación) fue una de sus candidatas a consejera escolar. María Rachid (de La Fulana) fue candidata a vicejefa porteña en el 2003 por el Partido Obrero.
  37. Además de las organizaciones LGBT, excluyo otras articuladas en torno a la sexualidad o el género, como el activismo ligado al VIH, el feminismo o el movimiento de mujeres.
  38. Esteban Paulón, activista. Entrevista personal, 8/06/2010.
  39. Flavio Rapisardi, activista. Entrevista personal, 21/7/2008.
  40. “Este Plan Nacional contempla un abanico de acciones entre las cuales se cuenta el control social sobre políticas y acciones de gobierno que afectan a las personas LGBT, la garantía de políticas específicas de salud y una serie de iniciativas destinadas a combatir el prejuicio en el ámbito escolar. Si por un lado estimula proyectos de sensibilización en ámbitos educativos, de la salud y de la administración estatal, la idea de combate a la homofobia se traduce también en respuestas concretas a la violencia y discriminación sufrida por personas LGBT. Como parte de las políticas de enfrentamiento de la violencia motivada por prejuicio sexual, cabe señalar la creación de Centros de Referencia que proveen contención y asesoramiento a las víctimas” (Sívori 2011:9).
  41. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es un organismo descentralizado que fue creado mediante la Ley Nº 24.515 en el año 1995 y comenzó sus tareas en el año 1997. Desde el mes de marzo de 2005, por Decreto Presidencial Nº 184, se ubicó en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación (INADI s/f).
  42. INADI: Hacia un plan nacional contra la discriminación: la discriminación en Argentina (INADI 2005).
  43. Entre los escasos antecedentes de publicidad de la cuestión puede referirse la entrevista a una familia comaternal en el suplemento dominical del diario Clarín en 2007 con motivo del día de la madre (Clarín, 21/10/2007).


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