Los casos de Chile (1973-1990)
y Argentina (1976-1983)

Julián Zícari

Introducción: los golpes militares de la década de 1970

Los golpes militares en la historia de América Latina han sido una constante a lo largo del siglo XX. Aunque no todos hayan tenido las mismas características, objetivos y consecuencias, es posible señalar algunos elementos generales e identificar tres grandes oleadas. Una primera, ligada a los golpes militares que se dieron como consecuencia de la crisis de 1929. Estos buscaron, en la mayoría de los casos, poner fin a las democracias liberales y establecer regímenes corporativistas; sería bajo muchos de estos golpes que se llevaría a cabo la primera etapa de los procesos de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), basada en la industria liviana, y del aumento cada vez mayor de la sindicalización. Luego, en la década de 1960, se pueden ubicar los golpes de Estado que tuvieron como guía ideológica la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) y las ambiciones desarrollistas, los cuales apostarían por consolidar la segunda etapa de la ISI, basada en la industria pesada. Finalmente, es posible identificar los golpes militares de la década de 1970, guiados no solo bajo el paradigma de la DSN, sino también de la Guerra Revolucionaria^[1] y la implantación del neoliberalismo, que tendrían como objetivo liquidar a las sociedades industriales y la fortaleza del sindicalismo en ellas.

Tal vez los ejemplos más sobresalientes de este tercer grupo sean los casos de las dictaduras militares de Chile (1973-1990) y Argentina (1976-1983), pues ambas representarían cambios sustanciales con respecto a los viejos paradigmas del golpe militar. A su vez, un punto todavía más importante por considerar es la gran cantidad de similitudes que poseen ambas dictaduras entre sí.

En efecto, tanto para el caso de Chile como para el de Argentina, se suelen identificar dichas experiencias como los primeros casos de aplicación del neoliberalismo en el mundo. A su vez, ambos casos utilizarían crueles y terribles métodos represivos. El programa de gobierno también sorprende por sus similitudes, ya que a ambos lados de la cordillera se apostó por el fin de los modelos de desarrollo productivo para abrazar el paradigma financiero. A su vez, en buena medida, ambos gobiernos tendrían medidas de acción, conflictos y pasos bastante similares. Por lo tanto, dada la gran cantidad de elementos semejantes de ambos gobiernos militares, este texto buscará hacer una presentación articulada y en espejo de ellos.

Para llevar adelante este análisis, el trabajo se dividirá en tres partes. Una primera, dedicada a analizar las causas, los objetivos y las influencias intelectuales en la conformación de los gobiernos militares. Luego, otra parte dedicada a señalar cómo se articularon los conflictos políticos internos y la gestión de gobierno, especialmente en el área económica. La tercera sección se dedicará a remitir unas palabras sobre por qué, al ser tan similares, ambos gobiernos terminaron con grandes divergencias entre sí, como pueden ser algunos éxitos cosechados por el gobierno chileno y la crisis y desintegración de la dictadura argentina. Finalmente, habrá unas palabras a modo de conclusión.

Las causas, los objetivos y las influencias

Los elementos que motivaron los dos golpes de Estado a ambos lados de la cordillera son fáciles de ubicar. En principio, podemos señalar la fuerte movilización social, política y sindical que había permitido consolidar en ambos países a gobiernos de fuerte impronta popular y que eran leídos por las elites políticas y económicas tradicionales como una amenaza. En ambos casos representaban puntos culminantes de articulación de luchas y protestas populares, junto con una fortaleza y organización sindical de gran peso.

El retorno del peronismo al gobierno en Argentina (1973-1976) había significado la expresión de dieciocho años de luchas tras el exilio y la proscripción de Juan Domingo Perón desde 1955. Ello había sido producto de conflictos sociales y políticos cada vez más intensos, la radicalización de la juventud, explosiones de lucha popular de gran intensidad como el Cordobazo (1969), la fuerza del sindicalismo, con una efervescencia en las bases gremiales y el accionar desestabilizador de organizaciones guerrilleras.

No obstante, lo que en Argentina parecía que iría hacia el “socialismo nacional” o al menos a un modelo político de populismo radicalizado, con fuertes y palpables mejoras sociales, no siguió el camino inicialmente esperado. En poco tiempo, la coalición de gobierno peronista se fue desangrando de manera rápida en un conflicto interno cada vez más violento y caótico. A la par, lo que había comenzado como un ciclo distributivo y de subas salariales, que prometía ser un salto acelerado al desarrollo, promesas de reforma agraria y estatizaciones masivas, se fue apagando hasta desembocar en una terrible y casi terminal crisis económica, como fue el llamado Rodrigazo de julio de 1975. Ya desde entonces el peronismo quedaría como un gobierno debilitado, a la deriva, en crisis y enfrentado a sus propias bases sociales y políticas. A su vez, las Fuerzas Armadas, que tuvieron que entregarle el poder político a regañadientes en 1973, volverían a cobrar cuerpo y protagonismo cuando fueron convocadas por el gobierno peronista para combatir el accionar de la guerrilla y “aniquilar a la subversión”. En síntesis, frente a la desintegración acelerada del gobierno peronista, pronto estuvieron construidas las condiciones para una nueva asonada militar que se suponía que reintroduciría el orden en el caos reinante.

El caso de Chile, con la llegada al poder del gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), bajo el liderazgo del socialista Salvador Allende, guarda varias similitudes con la experiencia argentina. En efecto, el triunfo de la Unidad Popular fue parte de un largo proceso de articulación de luchas sociales y alianzas entre los sectores de izquierda, socialistas y comunistas en el país a lo largo de varias décadas. Los años de prosperidad económica, la búsqueda de mejoras sociales y distributivas fueron permitiendo una creciente sindicalización, tanto en las ciudades como en las regiones rurales, que les permitió a los gremios y demás espacios de la organización obrera y popular fortalecerse y nuclearse detrás de la propuesta de establecer la “vía chilena al socialismo”. Es decir, una transición pacífica y ordenada, ya no una vía revolucionaria ni armada, del capitalismo al comunismo, bajo la égida de la democracia burguesa (Lundahl, 1989).

Sin embargo, como lo relatado para Argentina, lo que había comenzado con la promesa de acelerar y radicalizar las mejoras sociales lentamente se fue marchitando. En el caso chileno, el motivo no fue la desintegración y disputas internas dentro del propio gobierno, sino las formas de actuar y de desestabilizarlo por parte de sus rivales políticos: los grupos de derechas y conservadores, las elites económicas y empresariales, los medios de comunicación, los partidos de oposición y también las maniobras de Estados Unidos. Así, los avances que fue logrando la Unidad Popular en términos de subas salariales, estatizaciones y expropiaciones de empresas, leyes proobreras, campesinas y sindicales, reformas agrarias, así como políticas públicas de mejora social, fueron enardeciendo a los grupos antagónicos, que no dejarían de avanzar insistentemente contra Allende. Finalmente, cercaron al gobierno constitucional y articularon a las Fuerzas Armadas para que dejaran de lado su “apoliticismo” y finalmente derrocaran a la Unidad Popular en septiembre de 1973.

En ambos casos se notará luego lo mismo: las intervenciones militares no tendrían como fin simplemente “restablecer el orden” o imponer un fuerte autoritarismo que permitiera controlar a las sociedades o acelerar el pulso de desarrollo industrial existente, sino algo muy distinto. En ambos lados de la cordillera se leía que las experiencias de gobiernos de radicalismo popular, plebeyo y sindical habían sido hijas de los ciclos del avance fabril y mercado-internista de las décadas previas, los cuales, al haber establecido sociedades industriales, implicaron, necesariamente, consolidar sindicatos fuertes. Esto era lo que creaba modelos sociales conflictivos, de empoderamiento popular y obrero, a los que había que ponerles fin, pues eran las raíces de los desbordes sociales que amenazaban las pautas de dominación tradicionales y capitalistas.

Por ello mismo la apuesta de los gobiernos militares fue, centralmente, como ellos mismos lo han manifestado, la de llevar adelante radicales procesos de “reorganización nacional”, con el fin de refundar las pautas de funcionamiento de sus respectivas sociedades. No se aplicarían entonces ya simples cambios cosméticos sino quiebres absolutos y sin vuelta atrás para desmontar e impedir la repetición de las lógicas sociales y políticas como las que habían llevado a la existencia de los gobiernos populares arriba descriptos.

Aquí se puede ubicar el punto de similitud más importante entre ambos países, que establecerían como meta principal transformar sus sociedades desde la raíz. Para hacer esto, a su vez, se determinaría en sendas dictaduras el mismo proceder: llevar adelante un quiebre absoluto a partir de dos estrategias de acción prioritarias que, una vez más, serían las mismas a ambos márgenes de la cordillera. Por un lado, la estrategia de reforma social se aplicaría de la mano de un plan represivo implacable y sumamente cruel, que no ahorraría sangre ni violaciones a los derechos humanos. En los dos países habría desaparecidos, campos de concentración a gran escala, miles de exiliados, torturas, muertos y encarcelamientos masivos. La excusa de fondo fue llamativamente muy parecida en ambos lugares, que utilizaron prácticamente las mismas consignas: “derrotar a la subversión” y destruir el peligro de la “amenaza marxista”. El gran avance de la lucha popular y del giro a la izquierda que habían intentado los gobiernos populares antes de los golpes habilitaba ideas de este tipo, de revanchismo feroz, en que se buscaba imponer un fuerte y lapidario disciplinamiento social (Franco y Pontoriero, 2023). El contexto de la Guerra Fría, en el cual la disputa ideológica y geopolítica entre el bloque capitalista que lideraba Estados Unidos y el bloque comunista encabezado por la Unión Soviética había convertido a la región en un campo de batalla subsidiario, en el que las amenazas de desestabilización y penetración de ideas de izquierda, socialistas y comunistas (junto a una activa movilización sindical y social), así como la existencia de focos guerrilleros, habilitaban la necesidad de utilizar métodos represivos cada vez más violentos e implacables.

Por otro lado, la segunda gran estrategia sería la apuesta por llevar adelante un quiebre económico fundamental. En este caso, ambos programas tendrían por meta abandonar los paradigmas industrialistas y mercado-internistas de desarrollo, por considerarlos la causa y el motor del activo gremialismo y de la lucha social, para lo cual se establecería tanto en Chile como en Argentina el programa neoliberal. El cálculo programático en los dos países fue igual: al transformar la economía, se modificaría la fisionomía social y con eso podrían cambiar las relaciones políticas y de poder, lo cual era el objetivo de la “reorganización nacional” en estos países.

En los dos casos, como hemos mencionado, sobrevolaron las premisas de la Doctrina de la Seguridad Nacional (de corte estadounidense) y también de la Guerra Revolucionaria (de corte francés). Aunque ahora las ideas no apostaban por promover el desarrollo, terminar con el atraso productivo o apuntalar la fortaleza del mercado interno, como eran las metas de las dictaduras desarrollistas de la década de 1960 en la región. La novedad radicaba en que ya no se buscaba combatir simplemente el comunismo, sino también las bases populistas que podrían propagar la agitación social: desterrar y exterminar al “enemigo interno”, acabar con la fortaleza sindical y con las alternativas políticas y sociales que pudieran ser una amenaza a las jerarquías tradicionales.

Por su parte, en otro punto de enorme coincidencia, desgraciadamente poco explorado en términos de comparativa internacional, las bases ideológicas y civiles que alentaron las ideas a aplicar por parte de ambas dictaduras tuvieron muchos parecidos. En efecto, un pilar fundamental para comprender las premisas y la reformulación de los objetivos en ambos gobiernos militares (y la fuerte ruptura con el pasado que implicaban) fue el aporte del mundo civil.

El caso chileno ha sido el más estudiado al respecto. Aquí las fuentes civiles han sido varias. Por un lado, la más resonante fue el llamado “grupo de los lunes”, integrado por diversos empresarios, entre ellos Agustín Edwards —dueño del diario El Mercurio—, economistas y militares, como el oficial naval Roberto Kelly (luego ministro de Augusto Pinochet), que aportarían las ideas y el plan de acción ante la posible intervención militar (Cristi, 2018). En este grupo se articularían los economistas que lideraba Sergio De Castro, provenientes de la Universidad Católica de Chile y que habían estudiado en la Universidad de Chicago, conocidos mundialmente como los Chicago Boys, los cuales elaboraron —previo al golpe— el programa económico que aplicaría Pinochet, conocido como “El ladrillo”. Por otro lado, entre las referencias intelectuales civiles más importantes que se volverían fundamentales para la dictadura, se encontraba la de Jaime Guzmán. Este sería un asesor político de primer orden de cara al gobierno militar, al punto de ser el principal redactor de la Constitución nacional aprobada en 1980 y de varias de las leyes del régimen (Uribe Cifuentes, 2013; Cristi, 2014; Pérez Godoy y Valencia Narbona, 2021).

Los grupos civiles argentinos con miras a la gestión y el apoyo al golpe han sido mucho menos estudiados que en el caso chileno, pero fueron igual de determinantes. En este sentido, la influencia fundamental fue el denominado “grupo Azcuénaga” o también conocido, dado su liderazgo intelectual, como “grupo Perriaux”. Este grupo, según han contado los protagonistas, fue el que logró, de manera temprana, la unión entre los jefes de la Armada y del Ejército, Emilio Massera y Jorge Videla respectivamente, para planificar el golpe. Fue también el núcleo que aportaría a muchos ministros y funcionarios civiles del gobierno militar, así como las principales propuestas. De hecho, fue Jaime Perriaux, quien coordinaba dicho grupo, el que elaboró las ideas centrales con las cuales operaría la Junta Militar, tales como la regla del “cuarto hombre”, la rotación presidencial y hasta el nombre del gobierno. Este nucleamiento permitiría articular intereses, ideas y las vinculaciones entre uniformados y empresarios de cara al golpe (Vicente, 2012). Por su parte, de aquí provendría también la persona que terminaría por volverse el hombre fuerte y figura central de la dictadura, José Martínez de Hoz, quien aplicaría el programa económico y daría parte del rumbo intelectual al gobierno militar. Vale recordar que Martínez de Hoz, por su parte, era el presidente del Consejo Empresario Argentino y uno de los articuladores de APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias), la asociación de patronales que organizó las movilizaciones empresarias para derrocar al peronismo. A su vez, en otra coincidencia central, la persona más importante dentro del equipo económico de Martínez de Hoz fue Adolfo Diz, presidente del Banco Central, que había estudiado en la Universidad de Chicago. Por lo que vemos, la influencia de dicha universidad y el paradigma monetarista fueron guías vitales en ambos lados de la cordillera (Zícari, 2024).

Ahora bien, más allá de muchos de los paralelismos iniciales en ambas dictaduras, también lo que resulta fundamental es comprender su acción de gobierno, la cual, del mismo modo, tuvo importantes similitudes. Al análisis de ello dedicaremos el próximo apartado.

El conflicto político interno y la gestión económica

Como hemos comentado, ambos golpes parecieron establecer la misma lógica inicial a la hora de explicar las causas y los objetivos por los que actuaron, según la cual, a mayor radicalidad y fuerza del conflicto social encontrado en sus sociedades, y que pusiera en peligro la dominación tradicional de las elites, mayor debía ser la fuerza para exterminar los proyectos sociales y modelos de sociedad que habían provocado tal agitación. Así, el objetivo de fondo de ambos proyectos devino en liquidar las pautas sociales de funcionamiento previas para reorganizar nuevamente a sus naciones. A su vez, la conformación de los gobiernos se llevó a cabo por Juntas Militares en las cuales existió un acuerdo inicial entre las Armas (Ejército, Marina y Aeronáutica, más un cuarto miembro en Chile, como fue Carabineros), pero en las que primó en ambos países la hegemonía del Ejército. Sin embargo, a pesar de estas importantes coincidencias y de que los trazos centrales de ambos gobiernos fueran tan similares, es importante señalar que existieron diferencias que merecen ser destacadas, dado cómo se conformó el conflicto político interno en cada experiencia.

En el caso de Chile, al provenir las Fuerzas Armadas de una larga tradición profesionalista, habían estado ausentes de las dictaduras militares durante décadas (con la sola excepción del golpe exitoso de 1932). Pero ya en 1973 se logró un acuerdo entre las distintas Fuerzas con miras al golpe, por medio del cual se estableció como órgano soberano a la Junta Militar compuesta por ellas. A la vez, no se temió construir un esquema de gobierno que progresivamente concentrara poderes y atributos en la figura del general Pinochet, quien devino una suerte de “superdictador”. Así, primero fue presidente de la Junta, luego logró bloquear la rotación de cargos dentro de esta para asegurar la conservación de su puesto y también obtener el título de presidente del país. A su vez, se haría nombrar capitán general, grado solo poseído por Ramón Freire, y libertador y director supremo (algo solo conseguido por Bernardo O’Higgins). Por su parte, Pinochet pudo acumular dos funciones más. Por un lado, logró controlar la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que era la policía política secreta, lo que le permitía el doble propósito de centralizar la labor represiva y apuntalar su poder personal (Huneeus, 2016; Casals y Estefane, 2021: 222). Por el otro, a diferencia de lo que ocurriría en la Argentina, la política social no estuvo en manos de su principal rival político, sino que recayó en Lucía Hiriart, su esposa, quien fue la secretaria de la Fundación Centros de Madres de Chile (CEMA), dependiente de la Secretaría General de Gobierno (Gomes, 2015).

Sin embargo, a pesar del fuerte poder que pudo lograr, Pinochet tuvo, igualmente, importantes límites. Por ejemplo, la Junta siguió operando como órgano soberano máximo y debía resolver sus temas no por mayoría, sino por consenso absoluto (lo que limitaba el poder presidencial de alguna manera). Pinochet tampoco podía dictar los ascensos y retiros de otras Fuerzas por fuera del Ejército. Además, quedaron en manos de la Junta los temas de materia fiscal y de gastos (algo que antes solo le correspondía al presidente). A su vez, se impuso una separación estricta entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Este último caería en la Secretaría de Legislación y se estableció el Comité Asesor de la Junta (CAJ), encargado de la orientación política, los temas especiales y la legislación. Por su parte, durante los primeros cinco años de gobierno Pinochet contó con un duro rival político interno. En este caso, se trató del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh, que tenía una mirada muy diferente sobre lo que debía hacerse. Sus propuestas eran más de corte estatista, nacionalista, de preferencias keynesianas y corporativistas, lo que lo llevaba a criticar las privatizaciones, la apertura económica y las políticas neoliberales (Valdivia Ortiz de Zárate, 2003). A su vez, buscaba implementar reformas sociales y económicas que permitieran cierta distribución del ingreso, considerando que eran un mejor remedio para atacar el marxismo que la represión. Sus ideas apostaban a crear cuerpos intermedios de representación, que fueran funcionales y no partidarios.

Lo sucedido en Argentina tendrá varias similitudes, pero una diferencia fundamental con respecto a Chile: dado el historial de golpes en el país y el mal recuerdo que había dejado en los militares la anterior experiencia golpista, con un “superdictador” que todo lo controlaba, como fue el caso del general Juan Carlos Onganía, aquí se buscó denodadamente evitar la concentración de poderes en un individuo. Es por eso que la Junta Militar sería el órgano soberano, habría una repartición tripartita del poder entre las tres Fuerzas, mientras que el presidente, luego del período excepcional de los dos años iniciales del golpe, debería rotar cada tres años y no podría ser parte de la Junta —regla llamada del “cuarto hombre”—. A su vez, existiría la Comisión Asesora Legislativa (CAL), que sería la encargada de administrar la cuestión legislativa.

Por su parte, del mismo modo que en Chile, el presidente militar argentino, Jorge Videla (1976-1981), tuvo importantes rivales internos. Por un lado, es posible ubicar a los militares nacionalistas, estatistas y con pretensiones de continuar el ciclo industrialista. Este sector estaría representado por los ingenieros de Fabricaciones Militares, Astilleros Navales y por el general Ramón Díaz Bessone, especialmente cuando este tuviera a cargo el Ministerio de Planificación (1976-1977), de fuerte impronta desarrollista. Por otro lado, el rival más importante que tuvo Videla fue el jefe de la Marina, Emilio Massera, el cual tenía un proyecto político autónomo. Dado el programa neoliberal que buscaba llevar adelante Videla, Massera intentaría criticar el cambio de rumbo económico, acercar a los sectores nacionalistas e incluso al peronismo, siendo un actor que condicionaría y complicaría fuertemente los pasos del gobierno militar argentino. Además, con la repartición inicial de los estamentos del Estado entre las tres Fuerzas, la Marina (y, por ende, Massera) quedaría a cargo del Ministerio de Bienestar Social, a partir del cual tendría una política de contención social, que sería una de las plataformas para su proyecto político.

Como vemos, los conflictos en ambas dictaduras, si bien se articularon con algunas diferencias, en muchos aspectos parecen acercarse.

Por su parte, el punto en que sin duda ambas dictaduras estuvieron más próximas es en el terreno económico, en el que aplicaron planes muy similares. Las características generales fueron las mismas: apertura económica, desregulación, desprotección del mercado interno, desindustrialización, reforma financiera, caída salarial, endeudamiento externo masivo, privatizaciones de empresas (excepto las más grandes, que continuaron en manos del Estado), reformas laborales en desmedro de los derechos obreros, ataques a los sindicatos, reducción del presupuesto en las áreas de salud, educación y asistencia social (García, 1989; Álvarez Vallejos, 2010; Gomes, 2015). En una palabra, el programa neoliberal y de agresión social fue implacable y prácticamente el mismo. Incluso las etapas y medidas económicas parecen coincidir. Las únicas diferencias fueron los tiempos y modos en los cuales se ejecutaron en cada país.

La aplicación del programa neoliberal en Chile actuó bajo una política de shock. En este caso, se aplicó una apuesta radical para destruir y revertir el grueso de las medidas adoptadas por el gobierno de la Unidad Popular. Se buscó devolverle al sector privado las empresas que se habían estatizado, excepto, como dijimos, las más grandes e importantes, como CODELCO (la empresa a cargo de las exportaciones de cobre), Correos de Chile y Bancos del Estado. El plan inicial se conoció bajo el nombre de Programa de Recuperación Económica, popularmente llamado “Plan Cauas”, que indujo una fuerte recesión tras la reducción del gasto público y los despidos masivos de empleados estatales. A su vez, se liberaron todos los precios de la económica y se devaluó la moneda, lo que aceleró el proceso inflacionario ya creciente durante el último tramo del gobierno de Allende. A esto se sumó que un mes después del golpe, en octubre de 1973, sucedió el shock petrolero decretado por la OPEP, lo que contribuyó a hacer crecer más la inflación y que esta alcanzara valores superiores al 500 % anual para 1974, lo que comenzó a modificar el equilibrio de precios relativos que produciría el cambio de estructura económica. A su vez, como los salarios fueron congelados o aumentados muy por detrás de la pauta inflacionaria, en los hechos tuvieron un derrumbe real estrepitoso (Campero, 1989; Pryluka, 2016).

A fines de 1975 comenzó la segunda etapa del programa cuando Sergio de Castro quedó a cargo del manejo de la economía. Allí se radicalizó la propuesta neoliberal. Dado que el objetivo central de esta etapa era estabilizar la economía y bajar la inflación, las medidas se subordinaron a eso, a partir de cuatro sucesos centrales. Uno de ellos fue aplicar una reforma financiera de tintes monetaristas y bajo el auspicio conceptual de Ronald McKinnon y su teoría de la represión financiera, lo que llevó a la liberalización de la tasa de interés y se acompañó con una toma de deuda externa mayor a la que ya se venía utilizando. A su vez, se radicalizó la apertura económica presentando un cronograma de caída de aranceles que debía terminar en cuatro años (Ffrench-Davis, 2004). En tercer lugar, se lanzó un programa de indización del tipo de cambio que comenzó a mediados de 1976, basado en el Enfoque Monetario del Balance de Pagos y en la necesidad de una “economía abierta”, el cual significaría un esquema de devaluaciones preanunciadas. Finalmente, como cuarto punto, para disciplinar precios (junto a la mano de obra y los sindicatos), se continuó acelerando el aumento de la desocupación, que llegó a rondar el 29 % en esta etapa (Glauser, 1989).

A partir de 1978, cuando se realizó el primer plebiscito, habría nuevos cambios. El triunfo de Pinochet aseguró aún más su posición, sobre todo cuando su principal rival interno, el general Leigh, salió del gobierno (Valdivia Ortiz de Zárate, 2003). Asimismo, comenzó cierto periodo de distensión política, dado que varios civiles se incorporaron al gabinete. En el área económica, fueron años de crecimiento ininterrumpido y de un mayor control de la inflación. En este momento se completó la apertura económica, se empezaron a recomponer los salarios y se produjo la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones (Campero, 1989). Con un desempleo aún muy alto, estos fueron los años de relativas mejoras económicas; no obstante, durarían poco, pues en 1982 se abriría una cuarta etapa con una fuerte crisis económica, especialmente cuando estallara la crisis de la deuda latinoamericana (De Vylder, 1989; Goñi, 1989).

La dinámica económica argentina atravesó cuatro etapas muy similares a las de Chile, pero con algunas diferencias. La primera etapa económica, 1976-1977, se caracterizó por la aplicación de un plan de estabilización clásico de los ya utilizados en varias oportunidades en el país. En algunos aspectos fue prácticamente un calco de la experiencia chilena: se devaluó la moneda, se subieron las tarifas de servicios públicos, aumentó la tasa de interés, comenzó la toma de deuda externa, se despidieron masivamente empleados estatales, hubo apertura económica, desregulaciones y se produjeron algunas privatizaciones de empresas públicas (aunque fueron solo las empresas de pequeño tamaño, pues con las más grandes hubo prohibición de hacerlo). Las principales diferencias con lo sucedido en Chile fueron los dos grandes límites que la Junta Militar le impuso al equipo económico. Uno tiene que ver con la prohibición de aplicar políticas de shock que pudieran despertar una alta resistencia social, como ya había sucedido con el Cordobazo de 1969 y, más recientemente, con el Rodrigazo de 1975 (Pryluka, 2016). El otro fue que no hubiera alta desocupación, pues los militares argüían que estaban “librando una guerra”, por lo que “cada desocupado era un guerrillero en potencia” (Zícari, 2024).

La segunda etapa del programa de Martínez de Hoz consistió en aplicar una reforma financiera muy similar a la chilena en 1977, en la cual se liberó la tasa de interés y se basó también en las premisas teóricas de Ronald McKinnon y la represión financiera.

La tercera etapa fue otro calco casi exacto de lo sucedido en Chile. Por el lado político, a mediados de 1978, cuando Argentina ganó el campeonato mundial de fútbol y la dictadura estaba en el pico de su popularidad, se decretó el “triunfo militar contra la subversión”, por lo que se aplicaron nuevos esquemas de gobierno: Videla dejó la Junta Militar aunque continuaría siendo presidente hasta 1981 (también Massera debió renunciar a su jefatura formal frente a la Armada). Por el lado económico, al igual que en Chile, se decidió adherir también al Enfoque Monetario del Balance de Pagos y la indexación del tipo de cambio (que significaría, también como en Chile, un cronograma de devaluaciones preanunciadas). Del mismo modo, se anunció un programa de apertura económica a cinco años, que fijó como principal meta reducir la inflación. Ya a partir de 1979, con una mayor distensión política y la reducción de la represión más dura, comenzaría también un período de recomposición salarial.

Sin embargo, la economía argentina lejos estaría de mantenerse en calma o de que fuera posible llamar a sus resultados un “milagro económico”, como algunos han hecho para el caso de Chile, sino todo lo contrario. Se sucederían una serie de crisis económicas una tras otra (primero una funesta crisis bancaria en 1980, luego una cambiaria, todo atravesado por quiebras masivas de empresas y saltos devaluatorios caóticos en 1981), a la par que el acuerdo político dentro de la Junta Militar terminaría de explotar a fin de 1981, cuando hubiera un golpe interno. Frente a la crisis política y económica, en 1982 se recurrió a la guerra de Malvinas como última tabla de salvación. Sin embargo, una vez perdida la guerra, lo que coincidiría con la crisis de la deuda latinoamericana, todo se agravaría y, frente a este colapso indisimulable del régimen militar, no quedaría otra opción que iniciar la transición democrática.

Las divergencias: la profundización de la crisis en Argentina vs. la resiliencia gubernamental en Chile

Como hemos argumentado, las etapas, causas, objetivos y medidas de las dictaduras chilena y argentina han sido llamativamente muy similares durante la década de 1970. Sin embargo, a partir de la década de 1980, las divergencias serían cada vez más grandes, lo que despertó entre los estudiosos diversos tipos de debates sobre por qué, siendo tan parecidas, los resultados finales fueron tan diferentes: mientras que el gobierno militar argentino colapsó y debió entregar el poder de modo humillante, en Chile Pinochet logró salvar las ropas en su peor momento y recién entregar el gobierno en 1990, conservando una buena cuota de poder y apoyos. Tratemos de explicar esto a través de cuatro elementos.

El más importante fue la forma en que ambas dictaduras lograron legitimarse a sí mismas y validar sus gobiernos. Si bien, como hemos visto, ambas buscaron reorganizar profundamente sus sociedades y ambas aplicaron las mismas estrategias (la salvaje represión ilegal y la implantación del neoliberalismo), pudieron articular un juego político bajo modalidades diferentes. Ambas tuvieron, tal vez, su mejor momento en 1978 y aquí difieren los mecanismos que utilizaron para capitalizarlo. En Chile, Pinochet aprovechó para llamar a un plebiscito que, aun con ciertos límites, logró legitimar lo actuado hasta entonces en materia represiva, consolidar todavía más su posición individual y terminar de derrotar a Leigh, su principal enemigo interno, que acabaría expulsado del gobierno (Valdivia Ortiz de Zárate, 2003; Undurraga, 2014). En cambio, el régimen argentino siguió otro camino: dio por terminado el periodo excepcional y la “lucha militar contra la subversión” e intentó pasar a un esquema más formal de presidencias rotativas cada tres años (buscando seguir el ejemplo contemporáneo de la dictadura brasilera), pero perdió en gran medida un fundamento o razón para que la dictadura pudiera continuar. Paradójicamente, en sus propios términos, su propio “éxito represivo”, al ser declarado de manera abierta como ya logrado, les quitaría a los uniformados una excusa para justificar su permanencia en el gobierno sin lograr capitalizar nada (Canelo, 2016). Es verdad que ambas dictaduras intentaron, ese mismo año, transformar sus razones de ser: reflotaron viejos conflictos territoriales, lo cual aumentó la tensión en sus fronteras, y amenazaron con ir a una guerra entre sí (por el Canal de Beagle), lo que les permitiría tener un nuevo motivo para perpetuarse en el gobierno. Si bien la guerra se logró evitar, ambas volverían a tomar caminos diferentes desde aquí.

En Chile, tras vivir una buena racha de años económicos de crecimiento sostenido, caída de la inflación y recuperación salarial, cuando Pinochet lanzó un segundo plebiscito en 1980 para reformar la Constitución de 1925, volvería a capitalizar el apoyo político que estaba recibiendo. Incluso más, como dijimos, ya desde 1978 había ido incorporando a su gabinete a grupos civiles para ampliar sus bases sociales de sustentación. Aquí estaba claro quién mandaba y no había conflictivas rotaciones de cúpula. También en 1980 anunció que en 1988 habría un tercer plebiscito que definiría, esta vez, la continuidad del régimen o el retorno a la democracia, lo que le permitía blindar aún más su posición y ordenar el tránsito político durante una buena cantidad de años hacia el futuro (Huneeus, 2016).

De esta manera, cuando en 1982 devino la crisis de la deuda, que pareció sacudirlo todo, su posición estaba bastante asegurada y pudo resistir los peores embates económicos y políticos de aquella coyuntura. Incluso más: comprendió su posición de debilidad, por lo que sumó nuevos aliados y terminó con las prácticas más extremas del experimento neoliberal para aminorar las tensiones, por lo que De Castro quedó fuera del gabinete (Izquierdo, 1989). A su vez, cuando la economía volvió a crecer desde 1984 en adelante, Pinochet pudo navegar con relativa paz hasta el plebiscito final de 1988. Allí, si bien fue derrotado, no le fue tan mal, dado que sacó un buen caudal de votos, pudo conservar importantes cuotas de poder y apoyos. Así, el régimen militar marcó los pasos de la transición hasta 1990. Es decir, no sería una derrota catastrófica sino una finalización bastante honrosa de la dictadura, la cual le permitiría conservar hacia adelante adeptos, su constitución, su modelo económico y no tener que lidiar en el país con la rendición de cuentas sobre el programa represivo, como ocurrió al otro lado de la cordillera.

En el caso argentino, tras enterrarse la opción bélica con Chile a fines de 1978, ya no hubo grandes apuestas ni reformulaciones. Se trató también aquí de reducir la inflación y mejorar la economía, pero nada de esto sucedió, sino todo lo contrario. La gestión de Martínez de Hoz, tal cual vimos, fue de una crisis en otra, con lo cual se ganó enemigos en todos los flancos e incluso fue aborrecido por los miembros de la Junta Militar. A causa de la situación de caos económico, bancario, cambiario, de ingresos y productivo que dejó su gestión, acompañada de un altísimo endeudamiento, no sentó las bases para la legitimidad del régimen, sino que derruyó sus apoyos.

Cuando en marzo de 1981 comenzó la rotación presidencial que le permitió al general Roberto Viola asumir, si bien este se propuso iniciar una apertura política, esta se hacía en el peor momento. Por un lado, al no tener el régimen una excusa para perpetuarse, los partidos políticos utilizaron las nuevas condiciones para unirse y empezar a reclamar la pronta normalización constitucional, a raíz de lo cual en julio de 1981 se creó la llamada Multipartidaria. Por el otro, el descontrol económico hacía que el régimen se fuera deglutiendo a sí mismo: alejaba más que acercar fuerzas políticas a él y el nerviosismo castrense no paraba de subir al observar cómo la dictadura parecía entrar en una cuenta regresiva irrefrenable. Es así que la presidencia de Viola no duró los tres años que se había acordado, sino que sufrió un golpe interno a fin de 1981, apenas ocho meses después de haber asumido. El nuevo presidente militar, el general Fortunato Galtieri, a pesar de que quiso revivir el espíritu originario de la dictadura, volcándose a aumentar la represión y el liberalismo extremo, no pudo contener la agitación sindical y política ya en marcha. Frente a la protesta de la central obrera, apostó a la guerra de Malvinas como última bala. Tal como vimos, la derrota militar se conjugaría con el caos económico que ya se arrastraba, y que se agudizaría al combinarse con la crisis de la deuda de 1982, y un avance ya irrefrenable de la sociedad civil y los partidos políticos en pos de finalizar la dictadura. El régimen militar, frente a esta embestida, sin aliados propios y con una situación económica inmanejable, sucumbió. Su apuesta final de declarar una “autoamnistía” para dejar impunes los crímenes de la represión ilegal tampoco fue posible: existiría una condena para los miembros de la Junta Militar y, durante buena parte de la década de 1980 (y de la del 2000 en adelante), los uniformados deberían recorrer los pasillos de los tribunales judiciales por las causas ligadas a la represión ilegal y la violación de los derechos humanos cometidas.

Conclusión

A lo largo de este texto hemos intentado señalar los grandes paralelismos que existieron entre las dictaduras chilena y argentina, aunque también marcamos algunas de sus diferencias. De este modo, en el primer apartado señalamos seis paralelismos muy significativos. El primero, referido al antecedente social sobre el cual se montaron ambos golpes: sociedades sumamente conflictivas, sindicalizadas y que apostaban al desarrollo industrial. El segundo, que el objetivo de los golpes fue llevar a cabo un proceso de reorganización social radical. El tercero, que ambos gobiernos utilizaron dos estrategias centrales para ello: por un lado, un violento plan represivo y, por el otro, un cambio económico estructural a través de la instauración del neoliberalismo, que terminó con los modelos de desarrollo industrial mercado-internistas existentes hasta entonces. Cuarto, ambos gobiernos, a su vez, utilizaron su plan represivo para generar disciplinamiento social producto del terror, con salvajes violaciones a los derechos humanos, en una mezcla de ideas provenientes de la Doctrina de la Seguridad Nacional y la Guerra Revolucionaria, con el planteo de “luchar contra la subversión” y la “amenaza marxista”, aunque su verdadero blanco hayan sido las organizaciones sindicales, políticas y estudiantiles. Quinto, fueron grupos civiles los que aportaron las principales ideas y cuadros técnicos, tanto a nivel político como económico. Sexto, el programa económico tuvo su acervo conceptual en personas que habían estudiado en la Universidad de Chicago.

Fuera de las condiciones iniciales, vimos que la estructuración de sus gobiernos guardó también varios parecidos, pero algunas diferencias. Primero, ambos se conformaron como una Junta Militar que unía a las Fuerzas Armadas, en la cual hubo una hegemonía del Ejército. Segundo, se buscó separar el poder Ejecutivo del Legislativo, a través de comisiones asesoras. Tercero, la principal diferencia se construyó en el modelo político por el que se apostó: mientras que en Chile se acentuó un modelo hiperpresidencialista, que convirtió a Pinochet en “superdictador”, en el caso argentino se buscó que el poder fuera mucho más balanceado, con una rotación de cargos, lo que devendría en una fuente de trabas y conflictos internos. Cuarto, ambas experiencias contaron con líneas internas opositoras al programa de gobierno seguido, especialmente al de la construcción del modelo neoliberal. En el caso de Chile, la impronta nacionalista y desarrollista estuvo en manos del general Leigh, mientras que en Argentina las líneas opositoras estuvieron representadas por Massera, Díaz Bessone y los ingenieros de Fabricaciones Militares.

Para el caso de las etapas y medidas económicas, tal cual se trató de señalar, en ambos países hay semejanzas muy grandes. La primera, una “liberalización” y fuerte cambio de precios relativos. Luego, una reforma financiera que apuntaló también la reforma del Estado, la toma de deuda y el despido de empleados estatales. También existió una medida ligada a la indización del tipo de cambio para controlar la inflación, y finalmente un periodo de crisis. Las apuestas económicas, entonces, fueron muy similares. Ambas desterraron los modelos industriales de desarrollo, debilitaron al sindicalismo, hicieron caer los salarios, aumentaron la desigualdad, empoderaron a nuevos grupos económicos, se endeudaron sistemáticamente con el exterior, privatizaron empresas y abrieron sus economías.

Sin embargo, a pesar de todas las coincidencias señaladas, debemos decir que los resultados económicos y políticos fueron muy dispares a ambos lados de la cordillera. En este sentido, las grandes divergencias parecen haber sido cuatro. Por empezar, en Chile se pudo capitalizar el apoyo con el cual contaba Pinochet en 1978 y 1980 de manera explícita a través de los plebiscitos y luego marcar los próximos pasos políticos de cara al futuro, lo cual le permitió tener cierto blindaje al momento de irrumpir las crisis de la deuda. Nada de esto pudo lograr la dictadura argentina, que tuvo muchas dificultades en reinventar un motivo para justificar su permanencia en el gobierno luego de haber decretado el “triunfo militar sobre la subversión” a mediados de 1978. Es decir, fue agotando su propia propuesta de proyecto político y su legitimidad. Esto se agravaría más de cara a otras tres grandes diferencias de lo sucedido en Chile. Por un lado, en la tierra de O’Higgins, la reforma económica logró cierta estabilidad macroeconómica en algunos aspectos, como fueron varios años de expansión económica ininterrumpida, reducción de la inflación y orden en el sector externo. Nada de ello sucedió en la Argentina, donde la economía fue de mal en peor con una sucesión de crisis y caos cada vez más angustiante e inmanejable. Por otro lado, en Chile, además de ofrecer estabilidad económica, la dictadura apostó por reconstruir su sistema de alianzas internas con otros sectores políticos y económicos por fuera de la corporación militar, lo cual ayudaría también a blindar su proyecto político más allá de los años de turbulencias y crisis. Otra vez, en Argentina no encontramos eso, sino todo lo contrario: la dictadura tendría un frente de enemigos cada vez más amplio, en el cual tanto empresarios como actores políticos y sindicales arremeterían crecientemente contra el orden dictatorial.

Finalmente, debemos considerar la propia interna militar. Si desde el inicio del golpe Pinochet fue acaparando poder y funciones, desde 1978 esto aumentaría tras imponerse en el plebiscito y expulsar del gobierno a los sectores opositores, como los que representaba Leigh. Así, el orden político y de gobierno tendió a asegurarse. En cambio, en la Argentina las internas políticas y las intrigas palaciegas nunca se detuvieron. A su vez, la rotación de la Junta Militar, la heterogeneidad de proyectos en disputa y la falta de un marco común que unificara posiciones dentro de la corporación militar (fuera del llamado “pacto de sangre” de la represión inicial) contribuirían a agrietar y carcomer también sus propios cimientos.

En suma, podemos decir que ambas dictaduras, en líneas generales, lograron el objetivo central de modificar de manera radical las pautas centrales de funcionamiento previas. Y ambas durante la década de 1970 siguieron caminos muy similares. Sin embargo, como se remarcó, en la década de 1980 la divergencia entre ambas tendió a crecer. El derrumbe estrepitoso del modelo dictatorial argentino y el relativo éxito del chileno nos permiten identificar elementos fundamentales para el análisis social y de las relaciones de poder en Latinoamérica. Como se buscó mostrar, las diferencias centrales fueron las formas en que estructuraron sus proyectos políticos y los niveles de alianzas concretados. Vemos entonces que, a pesar de las fuertes similitudes estructurales que afectan a la región, el diferencial de la política resulta capital. Los casos revisados son un excelente ejemplo de ello y también un elemento de aliento para nunca descuidarla.

Bibliografía

Álvarez Vallejos, R. (2010). ¿Represión o integración? La política sindical del régimen militar. 1973-1980. Historia, 43.

Campero, G. (1989). El sindicalismo chileno en el régimen militar 1973-1987. En García, R. (comp.), Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987. México D. F.: FCE.

­Canelo, P. (2016). La política secreta de la última dictadura militar argentina (1976-1983). Buenos Aires: Edhasa.

Casals, M. y Estefane, A. (2021). El “experimento chileno”. Las reformas económicas y la emergencia conceptual del neoliberalismo en la dictadura de Pinochet, 1975-1983. História Unisinos, 25 (2).

Cristi, R. (2014). El pensamiento político de Jaime Guzmán. Una biografía intelectual. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

Cristi, R. (2018). Una política total. El ánimo refundacional de El Mercurio, 1973/1974. Economía y política, 5 (1).

De Vylder, S. (1989). Chile, 1973-1987: los vaivenes del modelo. En García, R. (comp.), Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987. México D. F.: FCE.

Digemans, A. (2011). Una historia económica sin fin. Chile y Argentina en la formación de una economía de mercado, 1973-2001. Santiago de Chile: Ril Editores.

Ffrench-Davis, R. (2004). Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina.

Franco, M. y Pontoriero, E. (2023). Represión y “guerra”: el terrorismo del Estado argentino en escala comparada en el cono sur. Colección, 35 (1).

García, R. (1989). Cambios industriales en Chile, 1973-1987. En García, R. (comp.), Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987. México D. F.: FCE.

Glauser, K. (1989). Comercio exterior y cambio estructural. Chile, 1968-1986. En García, R. (comp.), Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987. México D. F.: FCE.

Gomes, G. (2015). Cuestión social y regímenes militares. Argentina y Chile durante los años setenta. Quinto Sol, 19 (1).

Gomes, G. (2023). Dictaduras militares y visiones de futuro en el diseño de políticas públicas en Argentina y Chile. Revista de Administración Pública y Sociedad, 16.

González, R. (2004). Tres décadas de un nuevo orden económico: Chile, 1973-2003. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 77.

Goñi, J. (1989). Deuda externa de Chile. En García, R. (comp.), Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987. México D. F.: FCE.

Huneeus, C. (2016). El régimen de Pinochet. Santiago de Chile: Taurus.

Izquierdo, A. (1989). Agricultura chilena: gobierno, economistas y empresarios, 1974-1987. En García, R. (comp.), Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987. México D. F.: FCE.

Lundahl, M. (1989). El camino a la dictadura: desarrollo político y económico en Chile, 1952-1973. En García, R. (comp.), Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987. México D. F.: FCE.

Pérez Godoy, F. y Valencia Narbona, L. (2021). El pensamiento político de Jaime Guzmán en la formación cívica de los chilenos en dictadura. Cuadernos de historia, 54.

Pryluka, P. (2016). ¿Shock o gradualismo? La influencia del caso chileno (1973-1982) sobre los debates económicos en el campo del liberalismo argentino durante la última dictadura (1976-1981). Papeles de Trabajo, 10 (17).

Undurraga, T. (2014). Divergencias. Trayectorias del neoliberalismo en Argentina y Chile. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.

Uribe Cifuentes, E. (2013). El pensamiento y la praxis política de Jaime Guzmán durante el gobierno de la Unidad Popular, 1970-1973. XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

Valdivia Ortiz de Zárate, V. (2003). El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile, 1960-1980. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

Vicente, M. (2012). Los intelectuales liberal-conservadores argentinos y la última dictadura. El caso del grupo Azcuénaga. Kairos. Revista de Temas Sociales, 16 (29).

Zícari, J. (2024). Martínez de Hoz. El jefe civil de la dictadura. Buenos Aires: Continente.

---