Alejandro M. Schneider

Introducción

Abordar el tema de la Guerra Fría implica sumergirse en un período histórico signado por numerosos hechos violentos y traumáticos, con un alto impacto en su población. Aun hoy, pese a haber finalizado ese enfrentamiento bipolar, sus consecuencias continúan presentes dentro de este archipiélago caribeño.

En Puerto Rico, por ser un territorio colonial de Estados Unidos, la Guerra Fría adquirió una singularidad especial en América Latina: en esas décadas Washington reforzó su interés geopolítico en el marco de la pugna contra la Unión Soviética.

El intervencionismo estadounidense en su “frontera imperial”, en palabras de Juan Bosch, no se inició con la Guerra Fría ni terminó con ella, como lo evidenció la invasión a Panamá en diciembre de 1989 (Bosch, 2009). En ese esquema, el archipiélago fue una pieza clave, no solo por el aspecto militar sino también por lo que Estados Unidos buscó mostrar al continente: una forma de alcanzar el desarrollo económico y un modelo político a seguir, sobre todo tras el proyecto reformista de Jacobo Árbenz en Guatemala y frente a la propia Revolución cubana.

Durante el período de la Guerra Fría, en el archipiélago se cruzaron distintos fenómenos locales, regionales y globales. La disputa bipolar en ese territorio caribeño tuvo un alcance transnacional. Puerto Rico puede definirse como una zona de contacto, en donde confluyeron un conjunto de aparatos estatales, intereses económicos, grupos políticos, fuerzas militares y agencias de inteligencia tanto externas como domésticas. No obstante, sin negar la cuestión colonial y las relaciones de dependencia que mantuvo (y mantiene) con Estados Unidos, es importante advertir los espacios de autonomía relativa que sostuvo en esos años. En esos espacios se dirimieron pugnas entre diversos actores nativos y regionales.

Sus gobernantes no fueron protagonistas pasivos, sino que desempeñaron un papel de primer orden en la Guerra Fría, secundando en la mayoría de las ocasiones el libreto político de la Casa Blanca. Por otro lado, como producto de la sujeción colonial, el independentismo boricua alcanzó —y alcanza aún en el presente— una proyección internacional; no hubo ámbito diplomático donde no se haya llevado la causa descolonizadora, desde las Naciones Unidas hasta las reuniones del Movimiento de los Países No Alineados.

La lógica bipolar que estableció la Guerra Fría cruzó todas las esferas de la sociedad civil boricua. Los acontecimientos militares incidieron en la vida diaria de las personas: desde la intervención en Corea, pasando por la crisis de los misiles en 1962 y la presencia de ojivas nucleares, la destrucción de la población que habitaba en la isla de Vieques por la presencia de la Marina de Guerra, hasta el reclutamiento obligatorio para ir al sudeste asiático. Además, el alineamiento ideológico con Washington, forzado por su condición colonial, conllevó apriorísticamente que todo boricua fuera sospechoso de ser una persona con ideas de izquierda o progresista; por ende, la persecución fue un hecho cotidiano.

En el presente capítulo se observarán las distintas facetas que adoptó la Guerra Fría en Puerto Rico. Al igual que un paralelogramo, se analizarán sus diversas caras y se buscará subrayar las condiciones estructurales en las que se desenvolvieron los protagonistas de ese período.

Puerto Rico como fortaleza militar en la cuenca del Caribe

A partir de la firma del Tratado de París de diciembre de 1898, la soberanía de Puerto Rico pasó a manos del Congreso de los Estados Unidos. Desde ese momento hasta el presente, se le otorgó a la rama legislativa federal un poder plenario sobre el archipiélago y sus habitantes. De ese modo, junto con diferentes resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, se estableció la condición de territorio no incorporado; en otras palabras, Puerto Rico pertenece a, pero no forma parte de, Estados Unidos.

La Casa Blanca buscó utilizar el archipiélago como un bastión que vigilara e interviniera en la cuenca del Caribe. En forma temprana se hizo explícita la preocupación geopolítica sobre las islas, las cuales, junto con el canal de Panamá y la base de Guantánamo en Cuba, pasaron a ser lugares estratégicos para operaciones militares, navales y aéreas.

La proyección del poder militar en la cuenca del Caribe se potenció con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, el archipiélago se convirtió en un importante enclave naval. En 1940, Estados Unidos organizó en San Juan el Décimo Distrito Naval, en tanto el Ejército estableció el Departamento de Puerto Rico como un nuevo comando zonal.

En ese entorno, una de las principales bases que funcionó fue la Estación Naval de Roosevelt Roads, ubicada en la esquina noreste del archipiélago en el municipio de Ceiba y en las islas municipio de Culebra y Vieques. Fue la instalación militar más grande fuera del territorio continental.

En las islas de Culebra y Vieques se efectuaron diversas prácticas militares, se ensayaron todo tipo de armas, incluyendo el empleo de bombas napalm y de balas radioactivas. Además, el lugar ha sido empleado como espacio de almacenaje de municiones y zona de estacionamiento de submarinos y de ojivas nucleares. En 1957 se convirtió en el centro de operaciones de misiles guiados por la Flota del Atlántico de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

En el marco de la Guerra Fría, el complejo naval desempeñó un papel de primer orden para preparar las intervenciones estadounidenses en Centroamérica y el Caribe. Ahí se entrenaron efectivos militares que participaron en el derrocamiento de Árbenz en Guatemala (1954), en la Operación Mangosta contra el gobierno cubano (1961-1962), en las invasiones a Santo Domingo (1965) y a Granada (1983), entre otros hechos. En tanto que en Vieques se adiestraron los marines estadounidenses que estuvieron prontos a invadir la isla de Cuba durante la crisis de los misiles en octubre de 1962.

Junto con esos establecimientos navales, la Marina de Guerra tuvo diversas instalaciones en diferentes municipios de la isla mayor: en Sabana Seca, en Isabela, en Aguada, en Fort Allen (Juana Díaz) y en el Campamento Santiago (Salinas).

Por su lado, la Fuerza Aérea estadounidense se estableció fundamentalmente en la Ramey Air Force Base en el municipio de Aguadilla, en la zona occidental de la isla grande. Si bien la instalación fue creada en la década del treinta, tuvo su máximo esplendor durante la Guerra Fría. Por esos años, fue parte del Comando Aéreo Estratégico que estableció la Casa Blanca en Puerto Rico; en el lugar se albergaron aviones bombarderos B-52 y misiles guiados, ambos capaces de portar armas nucleares. El sitio jugó un papel destacado como centro de entrenamiento para los conflictos bélicos de Corea y del sudeste asiático. Además, facilitó el transporte de tropas y de alimentos para la invasión de 1965 a República Dominicana.

Mientras, el Ejército mantuvo una importante base entre los municipios de Guaynabo y Bayamón denominada Fort Buchanan. Al igual que en los anteriores centros militares, el lugar fue empleado como un campo de entrenamiento para los soldados que participaron en la Segunda Guerra Mundial y en la península de Corea. Esos establecimientos militares no fueron los únicos. A ellos se les debe sumar una serie de instalaciones dedicadas a la comunicación en diversos lugares, como el Cerro de Punta, el Monte Jayuya, el Cerro La Santa y El Yunque. Por otra parte, la Reserva del Ejército poseía distintas instalaciones en el área metropolitana de San Juan, Ponce, Aguadilla, Caguas, Bayamón, Yauco, Gurabo, Mayagüez y Vega Baja.

No menos importantes fueron las tareas desarrolladas por la Guardia Nacional. Si bien en términos formales obedece al gobierno de Puerto Rico y su principal objetivo es resguardar la seguridad interna, cumple un papel como reserva de combate del Ejército y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Hacia el final de la administración de James Carter (1976-1981), la Guardia Nacional fue reorientada hacia una posible participación externa y su empleo como intermediaria en la asistencia a los ejércitos de la región. Así, por ejemplo, el presidente demócrata envió a la República Dominicana algunas unidades para intervenir en las actividades de rescate y socorro en 1979 tras el paso de los huracanes David y Federico (Rodríguez Beruff, 1985). También, la Guardia Nacional ha brindado entrenamiento y asistencia técnica a los ejércitos de ese país, a Jamaica, Antigua, Dominica, Panamá y Honduras en el Campamento Santiago de Salinas. Además de este último sitio, esa fuerza de seguridad posee la base aérea Muñiz en el aeropuerto internacional de Isla Verde, municipio de Carolina, la cual también sirvió (y sirve) de apoyo al Comando Sur.

La creación del Estado Libre Asociado y la modernización económica en el marco de la Guerra Fría

La readaptación política, jurídica y económica que emprendió Puerto Rico con el aval e impulso de Estados Unidos en la década del cincuenta también se puede apreciar dentro de la coyuntura signada por los parámetros de los primeros años de la Guerra Fría. En ese proceso, se desplegaron dos procesos coetáneos de modernización. Por un lado, se buscó renovar y actualizar los instrumentos legales de la dominación colonial a través de la creación del Estado Libre Asociado (ELA). Por el otro, se impulsó un programa desarrollista de industrialización dependiente conocido con el nombre de Operación Manos a la Obra. Con ese marco de fondo, el 25 de julio de 1952 entró en vigor la Constitución colonial, que dio lugar al nacimiento del ELA.

Ni la nueva Constitución ni el ELA representaron un real proceso de descolonización; por ende, no respondieron a los reclamos domésticos e internacionales. En ese sentido, Washington mantuvo vigentes las disposiciones establecidas en la Ley Jones sobre la intervención en el tráfico marítimo; el sistema jurídico siguió estando en manos de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos; las normas referidas al control de las fronteras, la inmigración, las actividades militares, el comercio internacional, la política arancelaria, las relaciones exteriores y la emisión de moneda continuaron estando fuera del alcance de los puertorriqueños.

En efecto, en el teatro de la Guerra Fría, frente a una potencial presencia de la Unión Soviética en el continente, la Casa Blanca no iba a retroceder en el control de una de sus principales fortalezas militares en el Caribe. Estados Unidos, en la primera década de la Guerra Fría, encontró en Puerto Rico el terreno ideal para mostrar ante Latinoamérica y, sobre todo, en la cuenca del Caribe un modelo capitalista triunfante a imitar y a adoptar con su ejemplo. En otras palabras, el archipiélago se convertía en una “vitrina de la democracia” frente al resto del hemisferio (Urrutia, 1993).

En ese escenario, el archipiélago se convirtió en el ejemplo que mejor ilustraba los logros del capitalismo. Washington apostó a mostrar el “exitoso” modelo de una nación “asociada” que se beneficiaba con la mutación económica efectuada en pocos años. El Departamento de Estado designó a Puerto Rico como centro de entrenamiento internacional para formar a estudiantes, dirigentes, cuadros políticos, empresarios y funcionarios públicos de toda América Latina. Como resultado, entre 1950 y 1970, se capacitaron cerca de treinta mil visitantes, los cuales se quedaban en el país entre seis y veinticuatro meses recibiendo los cursos de adiestramiento.

Se pensó que el archipiélago podría funcionar como un puente entre dos culturas: la hispana y la estadounidense, con el fin de que la ideología y los valores de la metrópoli se retransmitieran hacia todo el continente. En todos los casos, se pensó que la política instrumentada por el Partido Popular Democrático (PPD), para el ámbito latinoamericano, actuara como un dique de contención para frenar lo que consideraban como un avance del comunismo.

En el ámbito doméstico, la prensa (oral y escrita) cumplió un papel de primer orden a la hora de conformar un consenso sobre las opiniones que la Casa Blanca proyectaba en el mundo. Washington difundió su discurso anticomunista empleando los medios de comunicación en el archipiélago. En ese marco, no pocos periodistas y editorialistas fueron amplios colaboradores de las agencias de inteligencia, creando noticias u, otras veces, exagerando y tergiversando. Si eso no alcanzaba, también se recurrió a la intervención de radios emisoras y periódicos a través de la Comisión Federal de Comunicaciones. La industria mediática y las políticas culturales emplearon diversas herramientas para construir un fuerte consentimiento interno, un sentido común, en la población acerca del peligro que acechaba al país frente al “avance del poder soviético”.

A eso se sumó una sistemática campaña donde se asociaban imágenes de pobreza, miseria o sufrimiento con características propias del comunismo, o bien, con países que habían alcanzado la independencia pero que eran pobres, tales como Haití o República Dominicana. Por el contrario, frente a ello se proponía un modelo de altos niveles de consumo con el estilo de vida capitalista y con la asociación a los Estados Unidos, subrayando las virtudes y ventajas de la American way of life.

Casi todos los medios comerciales buscaron asociar las críticas a la intervención colonial estadounidense con ideas simpatizantes con la Unión Soviética. Más aún, este proceso se agudizó con la atracción que despertó la Revolución cubana en las filas del independentismo; por ende, no pocas líneas editoriales justificaron la represión sobre el movimiento emancipador. Del mismo modo, respaldaron el establecimiento de las bases militares como un asunto que era inevitable para la defensa de la seguridad nacional y del hemisferio.

En esos años de enfrentamiento bipolar, Puerto Rico participó en la guerra de Corea (1950-1953) con el Regimiento 65 de Infantería del Ejército de Estados Unidos. La intervención en ese conflicto bélico hizo que el país pasara a ser catalogado como un actor activo en el combate contra el comunismo en un escenario de lucha internacional (Rodríguez Vázquez y Álvarez Curbelo, 2007). Sin embargo, esa no fue la única prueba de fuego. Años más tarde, algunos puertorriqueños volvieron a integrar los contingentes militares bajo la Star-Spangled Banner en el Campo de Marte: fue el turno de la lucha en Vietnam.

El impacto de la Revolución cubana

En esas décadas hubo un momento en donde se condensó en forma transnacional la Guerra Fría en Puerto Rico. Esto fue cuando triunfó la revolución en Cuba en 1959. Como parte de la herencia e identidad antillana, desde la época colonial hasta la actualidad los lazos entre ambos países han sido muy estrechos. Numerosos acontecimientos históricos se han desarrollado a la par. De esa manera, resulta comprensible cómo los enfrentamientos contra la dictadura de Fulgencio Batista fueron seguidos con atención desde San Juan, no solo desde el ángulo informativo sino también colaborando con militantes, pertrechos y dinero para el Movimiento 26 de Julio. La victoria de los barbudos de Sierra Maestra fue recibida con alegría tanto por independentistas como por la administración del PPD.

En un principio, a través de Muñoz Marín y algunos de sus colaboradores, Estados Unidos tendió puentes con el joven gobierno con el objetivo de acercar posiciones a Washington. Empero, esta política no fructificó, menos aún cuando las medidas adoptadas por La Habana terminaron polarizando entre dos campos: el de la revolución y el de la contrarrevolución.

En forma temprana, en noviembre de 1959, como parte de la campaña transnacional anticomunista que se desplegó desde Washington, arribaron a Puerto Rico miembros del Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes del Congreso. En términos generales, su misión fue hostigar y amedrentar a toda persona considerada de izquierda, en este caso a puertorriqueños e incluso a estadounidenses identificados con el comunismo y el independentismo. Más de una docena de personas fueron citadas por la delegación; no obstante, estas se negaron a declarar. Frente a ello, la comisión buscó imputarlas por desacato, cargo que no prosperó.

Estados Unidos vio en el acercamiento de Cuba con la Unión Soviética una amenaza a su hegemonía en el continente. En ese contexto Puerto Rico jugó una pieza clave, donde las tensiones globales y regionales de la Guerra Fría se concentraron en diversos planos. En poco tiempo, se convirtió en un destacado territorio de combate contra la Revolución cubana con el fin de destruirla.

El país se transformó en una plataforma en donde se visibilizaron con claridad las dos grandes orientaciones que tuvo la administración John F. Kennedy: el empleo de la contrainsurgencia civil y militar junto con la difusión hacia América Latina del modelo económico desarrollista a través de la Alianza para el Progreso.^[1]

En cuanto a la primera orientación, en forma casi inmediata, en Puerto Rico se concentraron diversos grupos opositores al gobierno de Castro con el fin de derrocarlo. Acorde con ello, las Fuerzas Navales estadounidenses se sirvieron de las bases instaladas para adiestrar a sus tropas y prepararlas para una eventual invasión. En cuanto al segundo aspecto, se consolidó como una vitrina simbólica triunfante del modelo capitalista de desarrollo como alternativa frente al régimen cubano.

Por otra parte, durante esas décadas se dio una fuerte disputa entre los partidarios del independentismo contra aquellos que sostuvieron la política de mantener el statu quo, o bien, plantearon la incorporación a Estados Unidos como un estado dentro de la unión. Al calor del proceso revolucionario cubano y de otros movimientos de liberación nacional se polarizaron los debates, lo cual tuvo una repercusión significativa dentro de la sociedad puertorriqueña.

A eso se sumó el compromiso del gobierno revolucionario cubano con la emancipación boricua, tal como lo demostró el apoyo que brindó tanto en el ámbito doméstico como en la política exterior a través de la diplomacia. En este último espacio, Cuba fue un permanente promotor de la independencia de Puerto Rico en las Naciones Unidas y en el Movimiento de los Países No Alineados, entre otros foros internacionales. Tal fue así que en la Segunda Conferencia Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados, reunida en El Cairo (Egipto) en 1964, a instancias de la delegación cubana, se incorporó un pedido al Comité Especial de Descolonización de la ONU para que se examine la situación de Puerto Rico. Años más tarde, en 1972, por propuesta de diversos grupos independentistas boricuas y por los representantes de La Habana, esa comisión reconoció el derecho a la libre determinación y a la independencia en conformidad con la Resolución 1514 de la Asamblea General de 1960.

En el mismo sentido, la Revolución cubana aparejó una corriente de simpatía en Puerto Rico, sobre todo en grupos juveniles que apoyaron el gobierno de Castro y que, además, eran solidarios con los proyectos para la descolonización. Como consecuencia, con el fin de afianzar los lazos entre ambos países, se conformó una serie de brigadas para visitar la isla mayor de las Antillas. Además, se crearon agencias de viaje para estrechar los vínculos, a pesar de las trabas o prohibiciones legales. Todo este fenómeno tuvo su contrapartida en que estos sectores se convirtieron en presa del odio y de la persecución de las bandas anticomunistas y de las fuerzas de seguridad coloniales y federales.

De esa manera, los grupos contrarrevolucionarios de exiliados cubanos se convirtieron en defensores del vínculo con Washington, oponiéndose por diversos medios, pacíficos y violentos, a la independencia. En poco tiempo, esas organizaciones fueron los principales instrumentos de propaganda anticomunista en la sociedad puertorriqueña. Entre otras acciones, empresarios cubanos anticastristas controlaron numerosas compañías de prensa y publicidad en las que difundieron un conjunto de estereotipos contrarios a la idea de independencia.

En esos años se exacerbó la persecución al movimiento independentista. Para Washington, la lucha emancipadora podía ser una puerta de ingreso para el marxismo en el archipiélago. Sin embargo, la reacción no solo provino del gobierno insular junto con las agencias de seguridad locales y federales, sino que también desempeñaron un papel relevante los diversos grupos contrarrevolucionarios cubanos y la extrema derecha boricua, que actuaron en forma conjunta por medio de diversos actos terroristas.

Los exiliados de La Habana contaron en poco tiempo con un cuantioso respaldo de la administración estadounidense; los asilados gozaron de medidas asistenciales y económicas en el marco del Programa de Refugiados Cubanos. De ese modo, emergió un significativo número de organizaciones: el Frente de Liberación Nacional Cubano, el Ejército Latinoamericano Anti-Comunista, el Comando Pedro Luis Boitel, la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas, el Omega 7, el Comando Cero, los Amigos de la Democracia, Alpha 66, la Representación Cubana en el Exilio, la Junta Revolucionaria Cubana, etcétera. En forma simultánea, hubo diferentes medios de comunicación —entre otros, la revista La Crónica Gráfica— que reprodujeron y abogaron por las acciones terroristas efectuadas por esos grupos de ultraderecha. Algunas cifras indicaron que, para 1979, Puerto Rico poseía el índice más alto per capita de esos operativos de cubanos en los Estados Unidos; se calculan unos cuarenta y tres hechos de ese tenor entre 1970 y 1979 (Arboleya, Alzaga y Fraga, 2016).

Entre los ataques terroristas más visibles realizados por los grupos cubanos anticastristas se puede mencionar la bomba puesta en una reunión del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) en un acto de homenaje al prócer Eugenio María de Hostos; en el hecho fallecieron dos personas. También se colocó un explosivo en el consulado venezolano cuando se desarrollaba en Caracas (Venezuela) un juicio contra Orlando Bosch y Luis Posada Carriles por la voladura de la aeronave de Cubana de Aviación. Además, se atacaron las oficinas de Mexicana de Aviación, del Colegio de Abogados de Puerto Rico, los teatros San Rafael (Mayagüez) y Modelo (Río Piedras), el periódico Claridad y la Impresora Nacional y se asesinó a Carlos Muñiz Varela, presidente de Viajes Varadero, entre otros actos ilícitos.

Estos emigrados interactuaron en forma cotidiana con grupos públicos de la extrema derecha local; entre ellos el Frente Anticomunista Universitario (FAU), la Asociación de Universitarios Pro Estadidad (AUPE) y la Legión Americana. Además, en su cruzada contra el movimiento independentista contaron con el respaldo de diferentes entidades, como el Club de Leones, los Rotarios, los periódicos El Mundo, El Imparcial y The San Juan Star, entre otros (Paralitici, 2011).

Esas organizaciones actuaron con total impunidad puesto que gozaron de la tolerancia y la complicidad de las administraciones coloniales y de los Poderes Judicial y Legislativo. De igual modo, al ser funcionales al esquema de coerción que se ejerció contra el independentismo, tuvieron la complicidad y la colaboración tanto de las agencias de seguridad —federales y locales— como de la policía insular.

La represión en el ámbito doméstico

El accionar terrorista cubano funcionó en un marco más amplio y con una larga tradición en materia de represión. José Atiles-Osoria ha destacado la existencia de un continuo estado de excepción como instrumento para garantizar el dominio estadounidense. De ese modo, para ese objetivo, se han esgrimido tres herramientas: la criminalización de los grupos independentistas, la aplicación de distintas leyes e instancias jurídicas para desmovilizar a esos sectores y el empleo de la intimidación política y el terrorismo estatal para atacarlos e inmovilizarlos (Atiles-Osoria, 2010).

El independentismo en el transcurso de toda su historia ha sufrido un sinnúmero de acciones coercitivas. De hecho, uno de los ingredientes políticos que permitió el triunfo de la propuesta de Muñoz Marín fue que esta estuvo acompañada por un incremento de los niveles de represión interna, tal como se ha hecho referencia con la Ley Mordaza y otras normas punitivas. Si bien en el transcurso de toda la historia se desplegaron numerosas operaciones persecutorias contra cualquier inclinación independentista, con el ELA las medidas de corte violento aumentaron y se sistematizaron. No obstante, es importante observar que el régimen colonial y las medidas adoptadas por el PPD gozaron de consenso; por ende, tuvieron un amplio apoyo dentro de la población.

Los distintos gobiernos insulares estuvieron de acuerdo con que agentes de la División de Inteligencia de la Policía, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y otras agencias acecharan de forma encubierta a los habitantes del archipiélago por sus convicciones ideológicas y sus acciones cotidianas.^[2] Si bien esta práctica ilegal contra los independentistas se inició a fines de los años treinta a instancia de la mencionada agencia federal, se extendió cuando la policía la generalizó sobre amplias capas de la población tras la insurrección de 1950.

En numerosos casos, la actividad persecutoria comenzaba confeccionando un expediente, conocido con el nombre de “carpeta”, donde se registraban diversas informaciones, observaciones y documentos de las instituciones y personas que eran objeto de control. No solo figuraban los sujetos que eran hostigados sino también sus familiares, vecinos y amigos. Fueron materia de seguimiento los independentistas y los socialistas, así como también persiguieron a entidades sindicales, grupos feministas, culturales, religiosos y ecologistas. En los acervos se consignaban las supuestas ideas que profesaban y la concurrencia a distintas actividades culturales, civiles e incluso religiosas. Además, se explicaban los ardides que las autoridades empleaban para generar desconfianza entre los integrantes de esas organizaciones. A su vez esos registros fueron utilizados por las agencias de seguridad para obstaculizar solicitudes de empleo y de estudio. El FBI usó esos operativos no solo como una simple actividad de vigilancia sino que también fueron dirigidos para hacer labores agresivas sobre la población.

En forma simultánea a esas actividades ilícitas, se desplegaron diferentes grupos clandestinos que vigilaban en forma ilegal e intervenían en la persecución contra las personas partidarias de la independencia. Sobre el particular, Edgardo Pérez Viera (2020) explicó que esas bandas poseían sus propios sistemas de recopilación de información sobre los movimientos anticoloniales. Sus integrantes provenían de la policía de Puerto Rico, de las fuerzas de seguridad estadounidenses y de sectores del exilio cubano anticastrista.

También las labores de infiltración y de persecución se dieron a través del Programa de Contrainteligencia (COINTELPRO, por su sigla en inglés) del FBI, que funcionó en la década del sesenta. Su tarea consistió en la introducción de agentes en agrupamientos políticos, sindicales y estudiantiles, el empleo de informantes, la intervención de llamadas telefónicas y de correspondencia, el empleo de medios de comunicación con el objetivo de desinformar y de difamar a los independentistas, la colocación de bombas en lugares públicos y privados, entre otras acciones violatorias de los derechos civiles. El principal objetivo de ese proyecto fue el de desarticular el funcionamiento de las organizaciones descolonizadoras (Churchill y Vander Wall, 1990).

Desde el punto de vista jurídico, las administraciones de Puerto Rico y Estados Unidos se valieron de distintas medidas de corte arbitrario para intimidar a la población; entre ellas, el uso del sistema del Gran Jurado Federal.^[3] A través de esa institución, las distintas agencias federales de seguridad, en coordinación con el Poder Judicial, se abocaron a investigar las acciones de los grupos independentistas y de todo el arco opositor a la administración local con el objetivo de detener a sus miembros y desarticular sus organizaciones. Este instrumento coordinó el accionar represivo de las ramas ejecutiva y judicial, y funcionó tanto en el archipiélago como en la metrópoli.

Como afirmó Jan Susler (2006), el sistema judicial castigaba con penas más duras, que se expresaban con una mayor cantidad de años de prisión, a los individuos acusados por sus actividades independentistas que a personas que efectuaban delitos más graves. Incluso, esta abogada argumentaba que los fallos dados a miembros de grupos paramilitares de derecha o a bandas criminales de exiliados cubanos anticastristas empalidecían en comparación con las sentencias otorgadas a los prisioneros políticos puertorriqueños que luchaban por la emancipación.

En otras palabras, los operativos persecutorios no solo buscaron indagar en las actividades privadas y públicas de individuos e instituciones, sino que también tuvieron el fin de generar un instrumento de terror dentro de la sociedad, sobre todo en aquellos grupos que eran partidarios de la independencia.

El espectro de la Guerra Fría en la universidad

Desde fines de la década del cuarenta, el movimiento estudiantil, sobre todo en la Universidad de Puerto Rico (UPR), comenzó a ser un foco de descontento respecto de las medidas políticas adoptadas por la administración del PPD, en particular contra la gestión del rector y presidente Jaime Benítez Rexach por su cercanía a los Estados Unidos. Así, la mencionada autoridad cooperó con el Departamento de Estado en su campaña contra los denominados “subversivos”. Además, impuso un modelo académico estadounidense y eurocéntrico en los planes de estudio (Rodríguez Cancel, 2007). En ese contexto, una serie de acontecimientos, como el izamiento de la bandera de Puerto Rico cuando regresó al país Pedro Albizu Campos en 1947, tras su prisión en Atlanta, o la negativa de que este último pudiera ofrecer un coloquio en el Recinto de Río Piedras, derivó en una huelga universitaria en 1948 que se extendió por cerca de dos años. Como consecuencia, más de cuatrocientos estudiantes fueron expulsados, al igual que numerosos profesores, por apoyar la medida de fuerza de los jóvenes. De ahí en más, prevaleció una gestión autoritaria, que vedó las actividades políticas y suprimió los cuerpos representativos.

En un escenario signado por la insatisfacción con la administración de la UPR y por la crisis en que se encontraba el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), un sector del movimiento estudiantil decidió canalizar su disconformidad creando en 1956 una nueva organización: la Federación de Universitarios Pro Independencia (FUPI).

Desde sus inicios, la FUPI comenzó a encabezar y luego a capitalizar el proceso de radicalización que experimentaron estudiantes y docentes en las universidades. En la década del sesenta, la Federación creció en forma exponencial, tanto al compás de la disputa contra el Servicio Militar Obligatorio (SMO), y la presencia en los recintos universitarios del programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC, por su sigla en inglés), como por su participación en los reclamos por la liberación de los presos políticos nacionalistas, el apoyo a las huelgas obreras, la protección de las playas públicas, los reclamos contra la explotación minera, entre otras preocupaciones. En forma simultánea a esos acontecimientos, la FUPI se convirtió en un semillero donde florecieron numerosos militantes que adoptaron la lucha clandestina.

Por otro lado, fue una organización que participó en numerosos encuentros internacionales junto con agrupamientos juveniles de otros países; especialmente, mantuvo reuniones con organizaciones que bregaban por la liberación nacional de sus pueblos. Algunos de sus integrantes participaron en encuentros internacionales, como la Segunda Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados en El Cairo en 1964, la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), en enero de 1966 en La Habana, y el IX Congreso de la Unión Internacional de Estudiantes (UIE), que se celebró en Ulán Bator en marzo de 1967, entre otros lugares. En ese sentido, en la FUPI hubo un constante devenir de intercambio de conocimientos y de experiencias entre sus miembros de alcance transnacional, lo cual hizo que en sí misma haya sido un laboratorio de ideas, con una clara impronta antiimperialista, para aplicar sus resultados en Puerto Rico.

En la segunda mitad de la década del sesenta y en los primeros años del setenta se agudizaron los enfrentamientos en el seno de la universidad. Entre otros hechos, el 4 de marzo de 1970 la unidad antidisturbios de la policía puertorriqueña ocupó el Recinto de Río Piedras e hirió y arrestó a varios estudiantes. Como resultado de la refriega, la fuerza de seguridad asesinó a la estudiante Antonia Martínez Lagares mientras se encontraba en el balcón de su departamento observando los enfrentamientos. Un año más tarde, el 11 de marzo, cadetes del ROTC y agentes policiales ingresaron con violencia al mencionado lugar, lo que desató allí una ola de terror. En esa coyuntura, la FUPI desempeñó un papel relevante tanto en las luchas de esa década como en la revitalización del independentismo y en la emergencia de los primeros cuerpos armados clandestinos.

En el escenario de la Guerra Fría, la federación estudiantil fue considerada por los gobiernos de Estados Unidos y de Puerto Rico como una posible aliada de los revolucionarios cubanos y de los movimientos de liberación nacional del Tercer Mundo. Según lo investigado por Churchill y Vander Wall (1990), el programa COINTELPRO del FBI intervino en numerosas oportunidades efectuando tareas de contrainteligencia, introduciendo agentes dentro de la FUPI, difundiendo noticias falsas, entre otros ardides.

La nueva lucha de independencia

En función de lo anterior, el archipiélago se transformó en un campo de batalla caliente de la Guerra Fría. Para las organizaciones independentistas, los acontecimientos en Cuba demostraron que era factible realizar una revolución armada contra el dominio colonial. La difusión de las ideas socialistas y los métodos de lucha impulsados por la experiencia de los barbudos de la Sierra Maestra tuvieron una amplia repercusión en el país y en el resto del continente. En términos generales, distintos analistas han calificado los sucesos ocurridos en la isla mayor de las Antillas como el inicio de un proceso de cambios profundos en la política, en la sociedad (sobre todo, en la juventud) y en la cultura en toda América Latina, que dio lugar a la emergencia de una “nueva izquierda” (Zolov, 2008). En cierta manera, esas transformaciones fueron parte de un fenómeno mundial, que incluyó a Estados Unidos y Europa, en un marco transnacional de mutaciones con un fuerte impacto en el por entonces denominado Tercer Mundo. Para numerosos agrupamientos políticos, este giro a la izquierda supuso un alejamiento de las prácticas pacifistas y reformistas de los partidos comunistas orientados por Moscú, en paralelo con un acercamiento a la clase obrera urbana, al movimiento estudiantil y al empleo de la violencia para cambiar el orden social reinante. En palabras de diferentes protagonistas, ese tiempo en Puerto Rico fue conocido como los años en que se inició la “nueva lucha de independencia” (Silén, 1973).

Casi en forma paralela al desarrollo de la FUPI, y como parte del mismo espíritu de época, en 1959 se creó el Movimiento Pro Independencia (MPI). Este agrupamiento surgió, entre otros factores, al calor del proceso revolucionario cubano y de la crisis en que se encontraba inserto el PIP. Liderado por Juan Mari Brás, se constituyó como un movimiento policlasista que aspiró a la liberación nacional del archipiélago. En su nacimiento convergieron nacionalistas, comunistas, estudiantes de la UPR con simpatía por el marxismo y disidentes del partido independentista. Se conformó sobre la base de varios núcleos de militancia, los cuales fueron conocidos con el nombre de “misiones”, tanto en el país como en Nueva York y en La Habana. La autoridad máxima de la organización residió en la Comisión Política, encargada del manejo cotidiano del movimiento y del periódico Claridad (Pérez Soler, 2021).

El MPI, entre otras actividades, se destacó por las campañas opositoras al SMO y al envío de soldados a Vietnam, se manifestó en contra de las empresas extranjeras que intentaron explotar los yacimientos mineros, apoyó a los dominicanos que se encontraban en el archipiélago para luchar contra la dictadura de Leónidas Trujillo, como también se opuso a la invasión estadounidense a Santo Domingo en 1965 e impulsó diversas campañas por la liberación de los presos políticos nacionalistas. A diferencia de otros agrupamientos tradicionales, la organización convocó numerosas movilizaciones callejeras y acciones específicas sobre esos temas. Por otro lado, tanto en el plano doméstico como en el internacional, defendió a la Revolución cubana y a otros movimientos de liberación nacional.

Por esos años, una delegación oficial del Movimiento emepeísta participó en la Primera Conferencia Tricontinental en La Habana en enero de 1966. Como producto del énfasis que se concedió en el encuentro antiimperialista a la situación colonial de Puerto Rico, se designó al MPI como integrante del Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL (Pacheco Garay, 2019). El mencionado encuentro internacional representó un hito en la integración latinoamericana junto con el espacio afroasiático en los años de la Guerra Fría.

Apoyados por la situación mundial y por el entorno doméstico, los emepeístas replantearon sus tácticas y sus formulaciones programáticas e ideológicas en su Séptima Asamblea Nacional de 1968. Años más tarde, el movimiento se fue consolidando tanto por su crecimiento numérico como por su influencia en la lucha independentista. Como resultado, en su octavo encuentro nacional (1971) se reconvirtió como PSP y radicalizó sus acciones y las posiciones que hasta ese momento había sostenido.

Diversos factores coyunturales explicaron esa mutación: el auge de la protesta universitaria, el incremento de los reclamos sindicales, el desplazamiento del PIP hacia posturas más de izquierda y la simpatía de la que entonces gozaba el denominado socialismo real en el ámbito internacional, entre otros. En gran medida, el crecimiento de los sectores independentistas se debió al papel que desempeñaron en los conflictos gremiales y sociales de esos días. De ese modo, el PSP buscó unificar en un mismo partido la causa anticolonial con las protestas socioeconómicas y la lucha por el socialismo.

Previo a estos cambios programáticos, la dirección del MPI organizó —en forma clandestina— los Comandos Armados de Liberación (CAL) como aparato armado desde mediados de la década del sesenta. Pese a presentarse como un movimiento político con frentes legales y públicos, tanto algunos miembros de la dirección de ese agrupamiento como varios de sus militantes desde sus orígenes habían empezado a ejecutar operaciones beligerantes siguiendo la tradición combativa del Partido Nacionalista. A partir de 1967, los Comandos irrumpieron de forma impactante en el escenario local. Como lo ha demostrado el historiador Félix Ojeda Reyes (2024), estos fueron una instancia que se encontraba operando desde antes de ese tiempo. Los CAL intervinieron como un cuerpo armado que respondió a la Comisión Política del MPI, liderada por su secretario general Mari Brás (Schneider, 2023). Si bien en 1971 se conformó el PSP, los Comandos continuaron siendo un instrumento clandestino que respondió a esa dirección partidaria. A partir de 1972, los socialistas decidieron dejar de emplear a los CAL, a la vez que modificaron y ampliaron su cuerpo de combatientes en función de las nuevas tareas de esos años (Agosto, 2018).

Los CAL no fueron los únicos que plantearon la necesidad de organizarse en forma clandestina para luchar por la descolonización. Junto con ellos, en 1967, nació el Movimiento Independentista Revolucionario en Armas (MIRA). Si bien el grupo fue prácticamente desmantelado a fines de 1970, la experiencia lograda por sus militantes cuajó en un conjunto de saberes que en parte hicieron síntesis en el surgimiento de dos nuevas organizaciones: el Partido Socialista Revolucionario-Marxista Leninista (PSR-ML) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños (PRTP), conocido este último popularmente con el nombre de Macheteros (Rivera Ruiz, 2020; Schneider, 2022). Vale subrayar el hecho de que ambas organizaciones se nutrieron de jóvenes que habían empezado a hacer sus primeras experiencias como miembros de la FUPI y del MPI; por ende, tenían una formación política y teórica que traspasaba los límites de los problemas específicos de Puerto Rico.

Cabría agregar que no solo se produjeron cambios en los colectivos que decidieron tomar las armas, sino que también hubo una transformación en el conjunto del independentismo en los años sesenta. La mencionada emergencia del MPI y el proceso de transformación que empezó a darse a fines de la década del sesenta en el PIP fueron elementos que denotaron que el ciclo de la nueva lucha de independencia fue un tiempo que incluyó un amplio mundo de actores.

A pesar de la détente, la Guerra Fría permaneció en el archipiélago

Durante la década del setenta en Puerto Rico, el panorama doméstico de la Guerra Fría no cambió sustancialmente. Las alarmas en Washington se activaron en forma permanente frente al auge de la lucha independentista. A pesar de ello, la política exterior de Carter hacia América Latina tuvo un cierto efecto. El acercamiento diplomático con el gobierno cubano, con el que se acordó establecer relaciones de tipo consular abriendo secciones de interés, provocó un cierto impacto dentro del archipiélago. En la práctica, las negociaciones entabladas con Castro permitieron el intercambio de los cinco prisioneros nacionalistas encarcelados en los cincuenta a cambio de un grupo de espías estadounidenses detenidos en Cuba.^[4] Si bien hubo una extensa campaña, tanto a nivel nacional como internacional, la excarcelación se concretó bajo la administración demócrata, a pesar de la negativa de Carlos Romero Barceló para que quedasen libres.

La oposición a la libertad de los cinco nacionalistas presos no fue un hecho excepcional; en todo caso, era coherente con su feroz anticomunismo. Los gobiernos de Romero Barceló (1977-1985) se propusieron avanzar en la incorporación del territorio a Estados Unidos como estado federado. De acuerdo con su mirada, para que la política anexionista tuviese resultado, era necesario previamente someter al independentismo y disciplinar al movimiento obrero.

En función de estas decisiones, el mandatario colonial instrumentó una serie de medidas para contener todo tipo de protesta social y política. En particular, las iniciativas se concentraron en dos sectores. Por un lado, hacia las organizaciones gremiales para que se amolden a las nuevas medidas económicas impulsadas por la gestión del Partido Nuevo Progresista (PNP). Por el otro, se desarrolló una amplia estrategia represiva contra las agrupaciones independentistas, principalmente sobre los grupos que abogaron por la lucha armada. De ese modo, no solo se buscó desarticular las entidades sindicales, sino que también se propuso destruir toda instancia de organización política contraria a las ideas del gobierno (Schneider, 2021).

En octubre de 1977, a instancias de Romero, se implementó el Consejo Asesor del Gobernador sobre Seguridad (CASG), el cual se abocó a crear un “Plan de Defensa Interna” en el que intervinieron otras agencias dedicadas a la “mantención del orden”: la policía de Puerto Rico, el FBI, la Guardia Nacional, entre otras. Según Alejandro Torres Rivera, en mayo de 1978, en una reunión del CASG, se señalaron las amenazas que acechaban al archipiélago: a) toma de rehenes, b) secuestro con rescate, c) asesinato, d) terrorismo masivo, e) conflictos laborales, f) revueltas estudiantiles, g) motines en las prisiones, h) ataques a instalaciones militares, i) actividades guerrilleras. En sintonía con ese diagnóstico, se aprobó un “Plan de Defensa Interna” en el que se esbozaron las tareas de “eliminación o neutralización de los insurgentes de la población” junto con la necesidad de “ganarse el apoyo de la gente”, tratar de “socavar la moral de los elementos disidentes y de las guerrillas urbanas”, la tarea de “debilitar los nexos entre la guerrilla y la población civil”, al igual que se aspiraba a “ayudar al Gobierno a ganarse el apoyo” de esta y, finalmente, la necesidad de crear un “Consejo Interdepartamental de Seguridad” (Torres Rivera, 2015).

Con el objetivo de perseguir y reprimir al movimiento independentista, la División de Inteligencia de la policía local colaboró en contacto directo con el gobernador; además, estuvo en permanente cooperación con las agencias de seguridad federales. En forma complementaria, en 1978 se sancionó en Washington la Ley FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), por la cual se establecieron mecanismos especiales para realizar tareas de “inteligencia” sobre la ciudadanía. Del mismo modo, se permitió la actuación de distintas bandas terroristas de derecha, algunas de ellas alentadas desde el propio Poder Ejecutivo colonial.

Si bien desde comienzos de los años setenta en el archipiélago venían operando diversos “escuadrones de la muerte”, en los que actuaban miembros de las fuerzas de seguridad, el accionar de estos grupos paramilitares se intensificó en 1977. Entre otros hechos, la policía secuestró a dos funcionarios de la Unión de Tronquistas. Simultáneamente, desapareció el delegado de la naviera TMT, Juan Rafael Caballero; días más tarde, su cuerpo apareció sin vida y con signos de tortura. Poco tiempo después, la sede del gremio en Santurce fue alcanzada por una poderosa bomba que provocó daños por cerca de un millón de dólares.

No solo fue atacada la clase obrera, sino que también hubo una fuerte persecución contra el movimiento descolonizador. Entre los hechos más aberrantes, se encuentra el asesinato de Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado en Cerro Maravilla, municipio de Jayuya, el 25 de julio de 1978. En esa oportunidad, un agente encubierto de la policía local, Alejandro González Malavé, convenció a los jóvenes de derribar unas antenas de comunicaciones, como una iniciativa simbólica en el aniversario de la invasión de Estados Unidos en 1898. Sin embargo, los hechos adoptaron un cariz distinto: al arribar al lugar, un contingente policial los estaba esperando para asesinarlos tras ser golpeados y esposados. Del mismo modo, el 24 de marzo de 1976, sectores opositores al independentismo ultimaron a Santiago Mari Brás, hijo del dirigente del PSP, que por entonces era candidato a gobernador (Nieves Falcón, 2009).

Otro de los espacios en donde se evidenció un alto nivel de violencia estatal fue alrededor de las protestas que se desarrollaron en contra de la presencia de la Marina de Guerra en la isla municipio de Vieques. Tampoco fue menor la represión que se ejerció contra las comunidades pobres, como en el barrio Tocones de Medianía Alta en Loíza, donde se asesinó a la líder comunitaria Adolfina Villanueva Osorio en febrero de 1980, durante el desalojo brutal de la policía.

A tono con el proceso de la radicalización de la clase obrera y del movimiento estudiantil, el PSP creó un aparato clandestino armado para luchar por la independencia y el socialismo (Agosto, 2009; Morejón Flores, 2021). En forma paralela, participó en las instancias comiciales de 1976 y de 1980, lo cual generó un amplio debate en su seno tras los resultados electorales y la falta de continuidad en otros frentes de trabajo. Desde sus inicios, en el seno del PSP convivieron dos corrientes de pensamiento divergentes. Por un lado, un sector fundamentalmente partidario de la independencia junto con otro que, además de ser favorable a la emancipación, era impulsor del socialismo (Mattos Cintrón, 1984). En la práctica, el primer sector terminó siendo un aliado del PPD a fin de enfrentar la posible anexión impulsada por Romero Barceló. Todo esto derivó en una permanente crisis organizativa que se manifestó en el retiro de numerosos militantes. Tras una serie de intensas polémicas internas que se produjeron de cara al Tercer Congreso de 1982, se concluyó que la prioridad no era formar un partido obrero revolucionario, sino que había que crear “un movimiento policlasista patriótico de salvación nacional”. En ese escenario, se decidió abandonar el marxismo como fundamento programático. Luego de esas discusiones y el cambio en su orientación, el PSP tuvo diferentes desprendimientos de militantes, hasta alcanzar su disolución definitiva en 1993.

Con respecto al PIP, si bien tuvo un significativo crecimiento que se expresó en términos de militantes y de votos obtenidos en los inicios de la década del setenta, en poco tiempo ese proceso entró en crisis. Producto de una serie de debates, en donde afloró una serie de cuestiones que venían acumulándose durante varios años —desde el autoritarismo y la falta de democracia interna hasta temas ideológicos—, el partido tuvo un continuo desprendimiento de militantes, sobre todo de miembros de su juventud universitaria. Si bien algunos de ellos se incorporaron a estructuras organizativas ya formadas, como el PSP y el PSR, otros decidieron crear un nuevo agrupamiento, como fue el caso de Luis Ángel Torres, que formó el Movimiento Socialista Popular (MSP).

A pesar de esa crisis interna, el PIP consolidó su propuesta electoral en los siguientes años en torno a la centralización partidaria de Rubén Berríos. Durante las elecciones de 1976 y 1980, la organización obtuvo un 5 % de los votos, aunque en 1984 apenas superó el 3 %. Una posible explicación de su merma se encuentra en que en esa ocasión numerosos sufragantes independentistas decidieron apoyar al candidato del PPD (Rafael Hernández Colón) en contra de un nuevo gobierno de Romero Barceló (Paralitici, 2017).

En los años setenta y ochenta, la actividad de las organizaciones clandestinas tuvo un significativo desarrollo en comparación con la anterior década. El crecimiento de los colectivos armados se dio en un momento de crisis del modelo de desarrollo económico impulsado por el ELA desde la década del cincuenta en conjunción con un incremento de la represión por parte del gobierno local y de las agencias federales. En ese marco, en la segunda mitad de la década del setenta, empezaron a salir a la luz las actividades de las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular (FARP), de la Organización de Voluntarios por la Revolución Puertorriqueña (OVRP), de los Comandos Revolucionarios del Pueblo (CRP) y de los Macheteros, entre otros grupos. En el caso del PRTP, este no solo se destacó por sus operativos militares, sino que también intervino políticamente en distintos frentes, privilegiando su inserción en las estructuras de la clase obrera, tanto en los lugares de trabajo como en las comunidades pobres.

Mientras tanto, en Estados Unidos se desarrollaron diversos grupos boricuas que buscaron la independencia a través de la lucha armada; entre ellos, sobresalieron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN). Según diversos observadores, este grupo intervino desplegando acciones clandestinas contra objetivos gubernamentales, militares y económicos, sobre todo en Chicago y en Nueva York entre 1974 y 1983 (Morejón Flores, 2023).

Resulta evidente que el independentismo de la nueva lucha no fue un proceso sencillo ni homogéneo. Lejos de considerar que este estuvo solo identificado con el pensamiento nacionalista revolucionario, en sus diversos colectivos convivieron distintas expresiones ideológicas, incluso en el seno de los propios grupos, con diversas formas organizativas y con diferentes tácticas de intervención para alcanzar la independencia y el socialismo, según el caso.

Fragmentadas sus organizaciones públicas, a veces en conflicto abierto entre sí, desarticulados los proyectos revolucionarios que parecían cuajar en los años setenta e inerte el movimiento clandestino, la nueva lucha de independencia llegó a su fin a mediados de los ochenta. Durante el resto de la década, en una situación general de repliegue y dispersión, los remanentes de ese período dirigieron sus esfuerzos a campañas contra la represión, así como también de apoyo a los prisioneros políticos y de guerra. A partir de los noventa, otras formas de enfrentamiento, la mayoría de las veces en forma atomizada, comenzaron a retomar los reclamos contra la dependencia colonial.

A pesar del reflujo de la lucha descolonizadora, el archipiélago tuvo un lugar relevante dentro de los intereses geoestratégicos de Washington para la región. Como se ha mencionado con anterioridad, con las presidencias de Reagan hubo un renacer con fuerza de la Guerra Fría. Además del aspecto militar, Puerto Rico desempeñó un papel destacado en los programas de asistencia económica y técnica para los gobiernos conservadores y anticomunistas de Centroamérica. También actuó como un centro de coordinación para las actividades del capital transnacional financiero para toda la región. Todo esto en el marco del denominado Programa de Iniciativa para la Cuenca del Caribe, impulsado por la administración republicana de 1982, donde se combinó un plan geoestratégico con componentes comerciales y de seguridad.

Conclusión

Si bien ha finalizado la Guerra Fría, esto no significa que los métodos y los propósitos que Estados Unidos le asignó a Puerto Rico hayan terminado. Como se ha mencionado, su interés geoestratégico en la región fue previo al conflicto bipolar. A pesar de la caída del Muro de Berlín y de la Unión Soviética, la cuenca del Caribe sigue siendo una zona de seguridad nacional para Washington, que no acepta ninguna impugnación a su presencia. En el archipiélago sigue funcionando el Comando Sur, también opera un centro regional de Interpol bajo el control del FBI y es un lugar de entrenamiento para efectivos militares de países aliados a la Casa Blanca.

Además del importante papel que continúa teniendo en términos militares, políticos y logísticos, el legado de la Guerra Fría sigue en cuestiones de inteligencia interna hacia su población, sobre todo si es independentista. En ese sentido, hechos ocurridos durante esas décadas de enfrentamiento no prescribieron en materia judicial. Asimismo, sectores del independentismo solicitan que se haga justicia para aquellos asesinatos que han sido cometidos por bandas parapoliciales y por grupos de anticastristas cubanos.

No importa si los enemigos actuales son los fanáticos islamistas, el tráfico de drogas o la migración ilegal, resulta claro que, como antes con la Guerra Fría, ahora con esos tópicos prioritarios para la seguridad Puerto Rico sigue siendo un país en donde los problemas globales impactan en forma candente en el escenario local. En tal sentido, analizar e investigar ese archipiélago caribeño requiere una mirada transnacional, que escape a los límites impuestos por su geografía natural.

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