Enzo Ricardo Completa, María Belén Levatino y Ana Stevanato

1. Introducción al caso

La región del Valle de Uco está conformada por los municipios de Tunuyán, Tupungato y San Carlos^[2]. Se encuentra a 72 km de la ciudad de Mendoza y cuenta con una extensión de 17.370 km² De acuerdo con los datos aportados por el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 del INDEC en los tres municipios que conforman la región viven 114.680 habitantes (49.132 en Tunuyán, 32.685 en Tupungato y 32.683 en San Carlos), lo que indica que posee una densidad poblacional de 6,6 habitantes por km², un número ciertamente bajo en comparación con la densidad poblacional del Gran Mendoza (5.578,3 hab/km²), cuya población asciende a 937.154 habitantes.

Si bien estos municipios contienen algunos distritos urbanos, su perfil es eminentemente rural y se distinguen tres actividades básicas: la frutihorticultura, la vitivinicultura y la explotación de minas y canteras^[3]. Durante los últimos años ha cobrado relevancia también el crecimiento sostenido del sector turístico, relacionado principalmente con la actividad vitivinícola y con la existencia de numerosos atractivos naturales.

Durante las últimas cinco gestiones de gobierno (1999-2019), estos municipios han estado gobernados por intendentes vinculados a tres fuerzas políticas diferentes: el Partido Justicialista (PJ-FPV), la Unión Cívica Radical (UCR-Cambiemos) y el Partido Demócrata (PD-Cambiemos). En Tunuyán, los intendentes fueron Ricardo Pont (1999-2003, PJ), Eduardo Giner (2003-2011, UCR) y Martín Aveiro (2011-2019, PJ-FPV); en Tupungato, José Martínez (1999-2003, UCR), Joaquín Rodríguez (2003-2015, PJ-FPV) y Gustavo Soto (2015-2019, UCR-Cambiemos); y en San Carlos, Mario Guiñazú (1999-2007, PJ) y Jorge Difonso (2007-2019, PD-Cambiemos). A pesar de esta diversidad partidaria, se ha sostenido en el tiempo un compromiso por llevar a cabo la gestión de los residuos de manera conjunta.

1.1. Descripción de los residuos

Según los datos provistos por el Consorcio Interjurisdiccional de la Zona Centro^[4] (COINCE), en 2018 se dispusieron en el relleno sanitario común un total de 31.058 tn^[5], lo que, según la población proyectada^[6], representa 102,3 kg por habitante al año. De ello, 13.445 tn provienen del municipio de Tunuyán (66,27 kg/hab./año); 3.877, de Tupungato (102,6 kg/hab./año); y 13.736, de San Carlos (359,7 kg/hab./año). Si bien no existe información oficial sobre la composición de los residuos depositados en el relleno sanitario ubicado en el centro de tratamiento y disposición final del COINCE, personal técnico explicó que mayormente se reciben residuos domiciliarios (bolsa negra) y los descartes orgánicos provenientes de la industria vitivinícola y frutícola de la región (visita realizada al centro de tratamiento, San Carlos, mayo de 2016). Además, se reciben y enfardan en una planta de separación y acopio las botellas PET recolectadas en los colegios, como también algunos materiales provenientes de la industria vitivinícola (mangueras de riego, cintas plásticas, etc.). En el centro de tratamiento no se reciben residuos áridos ni de poda, los cuales son gestionados por los municipios como material de relleno.

1.2. Racconto de normativa y programas o planes generales relevantes vigentes

La gestión de residuos en la provincia de Mendoza se encuentra regulada por la Ley Nº 5970/92, que establece la necesidad de que los municipios erradiquen los basurales a cielo abierto y establezcan en el plazo de un año un régimen integral que contemple las fases de generación, recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Es importante resaltar que no existen referencias a la inclusión de los recuperadores urbanos; por el contrario, la ley insta a la realización de controles y sanciones para evitar “la manipulación clandestina de la basura”. En el marco de esta ley, en 1996 comenzó a gestarse el Plan Provincial de RSU^[7], cuyo objetivo –como se anticipó en la introducción de este libro– es optimizar y sistematizar la gestión de los residuos sólidos urbanos promoviendo una política regional que permita reducir los costos de inversión y operación. Para ello se propuso la creación de cuatro regiones, una de las cuales es la zona centro, que agrupa los municipios del Valle de Uco. Por su parte, la Ley Provincial Nº 6957/01 autoriza a los municipios a conformar consorcios públicos orientados a la gestión de temas intermunicipales, entre los cuales están mencionados los RSU. Esta norma fue modificada en el año 2007 por la Ley Nº 7804, con el objeto de brindar mayores herramientas de gestión a los consorcios intermunicipales.

El COINCE es el primer consorcio de los creados en la provincia que logró funcionar y mantenerse operativo según lo estipulado en el Plan Provincial de Residuos^[8]. La gestión del COINCE se encuentra respaldada por un marco normativo común, reflejado en las ordenanzas Nº 1415/13 (de San Carlos), Nº 03/13 (de Tupungato) y Nº 247/12 (de Tunuyán). En ellas se establece la obligatoriedad de los municipios de hacerse cargo de la recolección de los residuos y de su traslado al centro de tratamiento, desde donde la responsabilidad se traslada al COINCE. Con respecto a los grandes generadores, quedan autorizados para vender aquellos materiales que logren recuperar y están obligados a disponer el resto de los residuos asimilables a los urbanos en el centro de tratamiento, de cuyos costos de traslado y tratamiento son responsables. En esta misma normativa, los tres municipios establecen la prohibición de la tracción a sangre y de la venta y recuperación de residuos por particulares (o cirujeo).

1.3. Breve descripción de la gestión de residuos y sus principales innovaciones

El COINCE cuenta con un centro de tratamiento y disposición final ubicado en el distrito de Capiz, en San Carlos. En este predio se encuentra un relleno sanitario que está impermeabilizado, con drenaje de líquidos de lixiviado y chimeneas para la ventilación del gas metano producto de la descomposición de los residuos. Según el personal técnico del lugar, el venteo de gas no es aprovechado para la generación de energía porque la cantidad de residuos no es suficiente, a lo que se suma el clima árido de la zona, que no contribuye con este proceso. En estas instalaciones existen tres piletas para la recolección y el tratamiento de los líquidos de lixiviados, los cuales, una vez aptos, se utilizan como agua de riego. Tanto las piletas como el relleno sanitario se encuentran impermeabilizados con dos capas de membrana y arcilla para evitar las filtraciones y la contaminación del suelo y las napas freáticas. Para ingresar al predio, los camiones deben pasar por una báscula (instrumento para pesar los materiales), lo que permite tener un registro constante de la cantidad de residuos ingresados. Además, en el predio hay una pequeña planta de separación y acopio que cuenta con una cinta transportadora y maquinaria para el enfardado. Finalmente, en el centro de tratamiento y disposición final hay un edificio para tareas de recepción y trabajo administrativo y un galpón para guardar maquinaria.

En Tupungato, el servicio de recolección es completamente público. En relación con el equipamiento que dispone, cuenta con cuatro camiones compactadores y un camión batea (volcador abierto), con los cuales se realiza la recolección en todo el departamento. En los distritos urbanos, la recolección se efectúa de lunes a sábado, mientras que en los distritos rurales la frecuencia disminuye a dos o tres veces por semana. Adicionalmente, se han colocado contenedores –algunos, propiedad del municipio y otros, alquilados– para evitar la formación de microbasurales. Conforme a lo manifestado por los entrevistados, la recolección nocturna es dispuesta en su totalidad en el relleno del COINCE, mientras que la diurna se deposita en el basural a cielo abierto de Villa Bastías.

En el municipio de Tunuyán, hasta 2014, el servicio de recolección era tercerizado, pero debido a los altos costos que ello ocasionaba y a las fricciones entre el municipio y la empresa, a partir de entonces el servicio pasó a ser completamente público (entrevista a concejal municipal, Tunuyán, junio de 2017). Para hacer frente a estas funciones, el municipio encaró la compra y el rescate de camiones. En 2017 contaba con un camión por distrito, con lo cual se cubría casi la totalidad del departamento. En el casco urbano hay recolección los siete días de la semana, mientras que en los lugares más alejados se realiza de lunes a viernes. En ambos casos, la recolección es diurna, en tanto que por la noche se realiza la limpieza de las calles en la zona urbana. Finalmente, se han colocado 400 contenedores en puntos estratégicos, lo que disminuye la formación de microbasurales. Los residuos recolectados se llevan al ex basural a cielo abierto, desde donde son transportados en camiones batea hasta el COINCE para ser enterrados en el relleno.

Finalmente, en el municipio de San Carlos el sistema de recolección es totalmente público, y solo es privado (y alquilado por el municipio) un terreno utilizado como planta de transferencia. La recolección se realiza en el radio urbano los siete días de la semana, mientras que en las zonas rurales se hace una o dos veces por semana. Según lo informado, todos los residuos domiciliarios son dispuestos en el COINCE (entrevista a funcionario municipal, San Carlos, junio de 2017).

Existe recolección diferenciada de escombros y residuos verdes. En cambio, ninguno de los tres municipios tiene programas de recolección diferenciada domiciliaria del resto de los RSU. Solo se efectúan algunas acciones aisladas, sobre todo con fines educativos, asociadas mayormente con la recolección de envases PET, vidrios y pilas en algunas escuelas, como así también campañas municipales para la recepción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)^[9].

En el caso del Valle de Uco, la principal innovación que lograron los municipios es la formación del mencionado consorcio interjurisdiccional para el manejo de los residuos sólidos urbanos. Ha sido a través del consorcio que se dieron las mejoras en la gestión de los residuos sólidos urbanos, entre las que se destacan el cierre de dos de los tres basurales a cielo abierto (Tunuyán y San Carlos), la eliminación de prácticamente la totalidad de los microbasurales y la ampliación de la recolección domiciliaria. Para ello se construyó el centro de tratamiento y disposición final, donde los residuos recolectados son dispuestos en un relleno sanitario. Si bien los municipios no han encarado programas de recolección diferenciada puerta a puerta, se ha avanzado en lograr la recepción de algunos materiales de forma segregada. El trabajo conjunto de los tres municipios en materia de residuos se ha transformado en una política de Estado que se mantiene en el tiempo, pese a las diferencias político-partidarias de los intendentes municipales.

2. Dimensiones GIRSU

2.1. Erradicación de basurales

La Ley Nº 5970/92, de la provincia de Mendoza, en su artículo primero, estipula que los municipios deben erradicar los basurales a cielo abierto y los microbasurales en terrenos baldíos. Asimismo, establece “la prohibición del vuelco de residuos en cauces de ríos o el mal enterramiento de los mismos”.

Promediando los 90, en el Valle de Uco existían tres basurales municipales a cielo abierto, además de gran cantidad de microbasurales. Los basurales municipales se encontraban en las zonas cercanas al río Anchayuyo (Tupungato), el arroyo Claro (Tunuyán) y La Salada (San Carlos). Eso significaba que no solo había un problema ambiental por la incorrecta disposición de los residuos, sino que también existía un gran riesgo sanitario por su cercanía al lecho de ríos que luego eran utilizados para riego.

El municipio de Tunuyán cerró el antiguo basural municipal ubicado en las cercanías del arroyo Claro. De acuerdo con lo informado por un concejal de Tunuyán, no existen actualmente basurales a cielo abierto a cargo del municipio (entrevista a concejal municipal, Tunuyán, junio de 2017). Sobre los microbasurales, un funcionario de Tunuyán manifestó que han identificado tres sitios en los cuales se vuelcan residuos en terrenos privados, que es donde el municipio tiene mayores dificultades para erradicarlos (entrevista a funcionario municipal, Tunuyán, junio de 2017). Para tal fin no existen programas específicos, sino que, simplemente, cuando se recibe alguna denuncia, el municipio acude con la maquinaria pertinente y realiza la limpieza del predio. En las entrevistas plantean que el problema de fondo es “cultural”, ya que los vecinos se han acostumbrado a que en esos lugares se pueda depositar los residuos (entrevista a funcionario municipal, Tunuyán, junio de 2017 y entrevista a concejal municipal, Tunuyán, junio de 2017).

Por su parte, en San Carlos tampoco existen basurales a cielo abierto operados por el municipio. Cuando comenzó a estar operativo el relleno sanitario del COINCE (2008) se clausuró el basural a cielo abierto municipal ubicado en la zona conocida como La Salada. Sin embargo, como declaró un funcionario del área ambiental del municipio, “… al ser el basural ‘de toda la vida’, los vecinos siguen concurriendo al lugar para disponer residuos” (entrevista a funcionario municipal, San Carlos, junio de 2017). La misma situación se repite en algunos distritos del municipio que se encuentran alejados del casco urbano, donde suelen formarse microbasurales clandestinos. El municipio ha procedido a cercar los predios y sanear estos lugares, pero al poco tiempo, explicaron, se rompe el alambrado y vuelven a arrojarse residuos. Como forma paliativa, el municipio, en conjunto con los vecinos que residen en barrios afectados por la instalación de estos microbasurales, ha puesto en marcha una serie de acciones para evitar su formación. En este caso, se busca que sean los propios vecinos los que “se apropien del lugar” para, así, cuidarlo y evitar la formación de nuevos microbasurales.

El caso que presenta mayor complejidad es el de Tupungato, donde se mantiene operativo un basural a cielo abierto municipal, ubicado en el distrito de Villa Bastías. En el predio, el municipio deposita la totalidad de los residuos. Parte de estos, posteriormente, es llevada al relleno sanitario operado por el COINCE, mientras que otra parte permanece en el basural. La situación empeora si se considera que en las inmediaciones existen cuatro barrios (Loteo Moyano, los asentamientos Arcoíris y El Basural y el barrio 23 de Noviembre) donde algunos residentes realizan actividades de recolección y cirujeo en el basural. Con respecto a esta situación, funcionarios municipales plantearon que aún no cuentan con los recursos económicos necesarios para trasladar todos los residuos del municipio al COINCE (entrevista a funcionaria municipal, Tupungato, junio de 2017).

2.2. Reducción de la disposición final

Uno de los objetivos de la implementación de programas de recolección diferenciada es lograr el descenso de la cantidad de residuos que va a disposición final (el enterramiento en rellenos sanitarios, el arrojo en basurales a cielo abierto, etc.). Por consiguiente, si no existen programas masivos de este tipo, es esperable que la cantidad de residuos dispuestos en el COINCE se mantenga constante o bien que aumente gradualmente, de manera correlacionada con el aumento poblacional y las oscilaciones de la dinámica económica.

En el cuadro 1 se puede observar tanto la cantidad de residuos que cada uno de los municipios envía al COINCE como la cantidad de residuos per cápita generados por año según la población proyectada^[10] por municipio.

Como puede apreciarse en el cuadro 1, existe un incremento sostenido en la cantidad de residuos que recibe el COINCE por parte de Tunuyán y San Carlos. Durante el período analizado (2008-2018) Tunuyán triplicó la cantidad de residuos trasladados al relleno sanitario, mientras que San Carlos apenas la aumentó en un 30%. Actualmente, ambos municipios depositan toneladas semejantes en las instalaciones del COINCE, a pesar de la diferencia de población entre ellos (49.132 en Tunuyán y 32.683 en San Carlos). Para el caso de Tupungato, en cambio, la cantidad de residuos dispuestos decreció entre 2009 y 2018, lo cual se explica como resultado de la pervivencia del basural a cielo abierto de Villa Bastías, y el probable incremento de la disposición de residuos en ese emplazamiento, a lo largo del tiempo. Según los funcionarios consultados de este municipio, la imposibilidad de enfrentar los costos tanto del combustible para el traslado de los residuos como del pago al COINCE por tonelada dispuesta, inciden en la política municipal renuente a la clausura del referido basural (entrevista a funcionario municipal, Tupungato, junio de 2017).

Cuadro 1. Cantidad de residuos dispuestos en el COINCE por año (tn) y cantidad de residuos por persona (kg) por año, 2008-2018

Fuente: elaboración propia con base en información suministrada por el COINCE y los municipios.

Si se tiene en cuenta que el promedio de residuos por día por habitante en Argentina es de 1,03 kg (Devincenzi, 4 de marzo de 2018), y que en Mendoza es de 1,01 kg (Villatoro, 11 de septiembre de 2018), la región del Valle de Uco se encuentra por debajo de la media, con 0,63 kg por habitante por año. Sin embargo, la realidad de los tres municipios es disímil.

Se puede observar que Tunuyán se encuentra muy por debajo de la media provincial, ya que oscila entre 0,25 y 0,63 kg/día/hab., lo que puede ser atribuido al carácter rural de la región. Por otro lado, San Carlos, cuya villa cabecera es la más pequeña de los tres municipios, genera prácticamente la misma cantidad de residuos que el promedio de la provincia por habitante (0,99 kg per cápita diarios en 2018). Como no se conoce cómo están compuestos los residuos, cabe preguntarse si esta cantidad se debe a los hábitos de consumo de la zona o a una deficiente separación de residuos verdes de los propiamente sólidos urbanos. Finalmente, el caso de Tupungato no puede ser analizado, ya que solamente se cuenta con información sobre la cantidad de residuos que se disponen en el COINCE, y no en el basural a cielo abierto.

2.3. Programas de recolección diferenciada

En el Valle de Uco no existe un programa de recolección diferenciada de los residuos domiciliarios para los tres municipios, aunque cada gobierno local ha realizado algunas acciones para promover la separación. Además, en los tres municipios existe recolección y disposición final diferenciada para los residuos verdes (poda, jardín, etc.) y los provenientes de la construcción^[11].

En Tupungato, un funcionario del municipio señaló que el colegio PS-074 Compañía de María comenzó un programa interno de separación de residuos, el cual se hizo extensivo a otros establecimientos educativos (entrevista a funcionario municipal, Tupungato, junio de 2017). Este programa se fue prolongando en el tiempo y, en mayo de 2019, el municipio comenzó una prueba piloto de recolección diferenciada en el barrio 8 de Noviembre. Para ello se realizó una encuesta a los vecinos llevada a cabo por los alumnos del colegio. Luego, junto con el Instituto de Educación Superior Nº 9009, la municipalidad efectuó tareas de capacitación entre los vecinos y colocó contenedores de residuos en el barrio (denominados Puntos Verdes), diferentes para residuos secos y húmedos (Portal de Noticias El Nueve.com, 19 de mayo de 2019). El programa es acotado en términos territoriales y de reciente implementación como para poder medir sus resultados, pero debe ser tenido en cuenta por ser el primero en ponerse en marcha en la región y uno de los pocos en la provincia.

El municipio de Tunuyán tampoco cuenta con programas extendidos de recolección diferenciada. De acuerdo con lo informado por un diputado provincial y un concejal del departamento entrevistados en junio de 2017, existieron experiencias piloto municipales, producto de presiones sociales y en épocas electorales, que han obtenido escasos resultados. A pesar de ello, existen algunos programas sectoriales de recolección diferenciada (entrevista a funcionario municipal, Tunuyán, junio de 2017). El primero de ellos es el que se lleva a cabo por un convenio entre la empresa Eco de los Andes, el COINCE y el municipio. En él se establece que la empresa se compromete a suministrar los cestos que se colocan en las escuelas, donde se recolectan envases PET, y folletería. Posteriormente, el municipio lleva los materiales recolectados al centro de tratamiento del COINCE, para ser enfardados y posteriormente vendidos. El producto de las ventas es devuelto a las escuelas. Los resultados de este programa han sido dobles: por un lado, durante 2016 se recolectaron aproximadamente 290.000 envases, cuyo material fue luego recuperado a través de un proceso de reciclaje, y por el otro, se lo utilizó como herramienta de aprendizaje y concientización en las escuelas.

En San Carlos, un funcionario del área ambiental enfatizó las dificultades que tienen los municipios para establecer programas de recolección diferenciada e hizo hincapié en la falta de camiones que permitan este proceso (entrevista a funcionario municipal, San Carlos, junio de 2017). Sin embargo, existen algunos programas municipales cuya finalidad es principalmente educativa. En primer lugar –en consonancia con el municipio de Tunuyán–,se hace recolección de envases PET en las escuelas como así también de RAEE. En el caso de los PET, son recolectados por el COINCE, que los vende a las empresas que compran materiales reciclables en el área metropolitana de la provincia y retorna ese dinero a las escuelas; mientras que con los RAEE solo se ha hecho una recolección y no se ha logrado darles tratamiento debido al alto costo que implican tanto el traslado como el canon que cobra la única empresa de la provincia autorizada para tratar este tipo de residuos^[12].

Por otro lado, también en conjunción con los establecimientos educativos, se han hecho campañas de recolección de envases de vidrio, en las que fue la empresa productora de estos envases, Verallia, la encargada de recolectarlos y pagar directamente a las escuelas.

Finalmente, se hace una recolección diferenciada de los residuos de poda o verdes y de construcción, los que son depositados en cauces de ríos secos (entrevista realizada a un funcionario municipal, San Carlos, junio de 2017).

Por último, los tres municipios, en conjunto con el gobierno provincial, instrumentaron un programa de recolección diferenciada de pilas y baterías. Con la Dirección Provincial de Protección Ambiental (DPA), los municipios establecieron distintos puntos de recolección y acopio, y después la provincia se hizo cargo del retiro y la disposición final fuera del territorio provincial. Actualmente los tres municipios reconocen que el programa se encuentra desarticulado y que desde hace años la provincia no cumple con su parte del acuerdo, por lo cual los gobiernos locales tienen grandes cantidades de pilas acumuladas en contenedores ubicados en sus respectivas áreas de servicios públicos. Conforme a las expresiones de los funcionarios municipales entrevistados, por ser este un residuo peligroso, su acopio sin tratamiento es más nocivo –desde el punto de vista ambiental– que si fueran dispuestas en el relleno sanitario (entrevistas realizadas a funcionarios municipales, San Carlos, junio de 2017).

Por otro lado, en la zona hay gran cantidad de bodegas y establecimientos agroindustriales. Por lo general, estas industrias realizan separación en origen de sus residuos. Aquellos que son reciclables suelen ser vendidos, mientras que los orgánicos son dispuestos en el relleno sanitario del COINCE. En rasgos generales, la cantidad de residuos de estas características es baja.

2.4. Incorporación formal de recuperadores

El municipio de San Carlos, que es donde más dispersa se encuentra la población en términos territoriales, según lo manifestaron los referentes políticos y sociales del Valle de Uco, no tiene recuperadores ni “carreteleros”, lo que se condice con lo observado en las distintas visitas realizadas al departamento (entrevistas realizadas a funcionarios municipales, San Carlos, junio y julio de 2017; entrevista realizada a un referente social, San Carlos, junio de 2019).

Por su parte, en el municipio de Tunuyán, que es el que tiene el mayor casco urbano de la región, los entrevistados reconocen que en los últimos años han aparecido “cartoneros”, los cuales andan con carros o en bicicletas. Los cartoneros son personas independientes, sin un empleo formal, que no conforman ningún tipo de cooperativa o agrupación. Funcionarios estiman que se trata de 30 personas a las cuales, por falta de recursos, no se les ha podido dar algún tipo de solución, como sí lo han hecho otros municipios a nivel nacional (entrevista realizada a concejal, Tunuyán, junio de 2017; entrevista realizada a funcionario municipal, Tunuyán, junio de 2017).

En lo que respecta al municipio de Tupungato, como se mencionó antes, los entrevistados sostienen que se pueden observar varias personas que concurren al basural a cielo abierto de Villa Bastías para recuperar residuos, tanto para la venta como para alimentación. En las inmediaciones del basural, según el censo realizado por el municipio en 2016, vivían alrededor de 25 personas, todas pertenecientes a una misma familia; sin embargo, un reciente informe periodístico asegura que el número asciende a 100 personas (Scandura, 12 de junio de 2019). Además, al basural también concurren a cartonear habitantes del asentamiento Arcoíris, del barrio 23 de Septiembre y de Loteo Moyano. Allí se recolecta cartón, vidrio, plásticos y ropa, para luego ser vendida. Según las palabras de algunos recuperadores, por mes (a principios de 2019) lograban recaudar entre $ 4.000 y $ 5.000 por persona (Scandura, 12 de junio de 2019).

Sobre el tema, el intendente del municipio, Gustavo Soto (2015-2019), declaró que

… esto es una cuestión cultural (…), el municipio tiene a disposición un arsenal de medidas para atender la demanda social (pero) es una cuestión arraigada de una generación a otra. Cuesta hacerles entender que hay otras maneras de salir, que hay otras maneras de trabajar (…), es una cuestión cultural que viene de muchos años y que va a costar desandar ese camino (Scandura, 12 de junio de 2019).

En este caso, el rol del municipio y la provincia ha sido el de brindar medidas asistenciales a aquellas personas que sufren mayor vulnerabilidad, pero no su incorporación formal a la gestión de los residuos. En Tupungato no existen organizaciones o cooperativas que trabajen con los recuperadores como las que se encuentran en otros puntos de la provincia.

2.5. Plantas de tratamiento

Además del relleno sanitario, el centro de tratamiento y disposición final del COINCE, ubicado en la localidad de Capiz (San Carlos), cuenta con un galpón de acopio, una mesa de trabajo y maquinarias para compactar y enfardar materiales. En la actualidad, estas instalaciones se encuentran subocupadas, ya que al no existir programas masivos y sostenidos de recolección diferenciada todos los residuos son enterrados en el relleno sanitario. El módulo de separación solo se utiliza para las campañas de recolección de envases PET y de RAEE que realizan los municipios.

3. Capacidades presupuestarias

Un tema que aparece como una constante en todas las entrevistas realizadas a los funcionarios es el de las dificultades económicas que tienen a la hora de dar una correcta gestión a los residuos domiciliarios. Desde el comienzo de su historia, la creación del COINCE dependió de la recepción de un subsidio por parte del gobierno provincial por un total de $ 880.000 en 2006, lo que permitió que se iniciaran las obras para la construcción del relleno sanitario, de un edificio para las tareas de recepción y el trabajo administrativo y de un galpón para guardar maquinarias y herramientas. En el año 2008, el consorcio pudo acceder a un subsidio de € 60.000 (Luzuriaga, Julio, 2 de octubre de 2010), proveniente de la Unión Europea, más un aporte extraordinario de $ 37.500 por parte de cada municipio para implementar un sistema de clasificación de residuos, que se utilizó para construir el galpón de acopio –mencionado en el apartado anterior–, en el cual se montó una cinta transportadora y una enfardadora. También en 2008, el gobierno provincial transfirió un subsidio de $ 500.000 para solventar algunas mejoras en el predio. Finalmente, en 2010 la Unión Europea otorgó un segundo subsidio, esta vez de € 150.000, para la construcción de un parque arqueológico para recuperar el patrimonio cultural huarpe y la realización de un espacio de interpretación dentro del predio donde se encuentra el centro de tratamiento y disposición final del COINCE^[13]. Ese mismo año, el consorcio recibió otro subsidio provincial, de $ 2.000.000, para nuevas mejoras.

En tal sentido, a partir de las entrevistas realizadas a los funcionarios del consorcio, se reconoce que la mayoría de los gastos en capital han sido siempre dependientes del ingreso de subsidios provinciales o internacionales, ya que los recursos locales están focalizados en solventar parte de los gastos corrientes para mantener el centro de tratamiento en funcionamiento (entrevista realizada a funcionaria del COINCE, San Carlos, junio de 2017).

En cuanto a los gastos corrientes, la responsabilidad financiera de los municipios con el consorcio está avalada por un marco normativo común (ordenanzas Nº 1415/13, de San Carlos; Nº 03/13, de Tupungato; y Nº 247/12, de Tunuyán) que establece que los generadores (los hogares) son corresponsables de los residuos producidos, por lo cual los municipios deben internalizar los costos de su gestión mediante el cobro de tasas fijas por los servicios de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de los residuos. Si bien esta tasa debería fijarse en conjunto con el COINCE, en la práctica, cada municipio establece el monto a cobrar a los vecinos. En general, los ingresos que perciben los municipios en concepto de tasas fijas de alumbrado, barrido y limpieza son escasos, más aún si se tienen en cuenta la baja densidad poblacional y una morosidad que oscila entre el 40 y 50% (entrevista a funcionario del COINCE, San Carlos, junio de 2017).

La misma normativa establece que los municipios son responsables de la recolección de los residuos, como así también del transporte al centro de tratamiento y disposición final del COINCE. El problema que se presenta es que las tasas recaudadas por los municipios solo alcanzan para pagar los costos de recolección y traslado hasta los sitios de transferencia, lo que no incluye el posterior traslado al COINCE ni la disposición final de los residuos. Esto, según todos los entrevistados, incorpora un alto costo al proceso, ya que las distancias entre los principales cascos urbanos y el COINCE son considerables. A modo de ejemplo, entre la ciudad de Tupungato y el centro de tratamiento existen 50 km, lo que implica un gasto elevado en combustible, lo cual explica la reticencia de este último municipio, por ejemplo, a trasladar sus residuos a la planta del COINCE.

Para comprender cómo se financia el remanente de los gastos corrientes se pueden analizar algunas consideraciones financieras del COINCE. En este sentido, el consorcio tiene distintas fuentes de financiamiento de sus gastos corrientes: aportes anuales que hacen los municipios en concepto de “cuotas”, el cobro por tonelada de residuos dispuestos (tanto a los municipios como a los grandes generadores) y subsidios que recibe de la provincia, los cuales surgen de convenios entre la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y los municipios para solventar los gastos de tratamiento y disposición final de los residuos.

Como se puede observar en el cuadro 2, prácticamente la mitad de sus recursos provienen de subsidios provinciales, lo que marca una clara dependencia económica para mantener el consorcio en funcionamiento. También se puede observar cómo, con el correr de los años, lo que paga cada municipio por tonelada de residuos dispuesta en el predio ha perdido peso (del 86,4% en el año 2012 al 28,3% en 2018)^[14]. Esto se vio reflejado en el año 2015, cuando, en un contexto de retraso por parte del gobierno provincial en la transferencia de fondos, la empresa que operaba el centro de tratamiento rescindió el contrato por falta de pago (entrevista a funcionario del COINCE, junio de 2017).

Cuadro 2. Presupuesto de ingresos del COINCE (en pesos), 2009-2018

Fuente: elaboración propia con base en información suministrada por el COINCE.

Las restricciones presupuestarias han limitado la contratación de personal y la realización de las obras necesarias para avanzar en la erradicación del basural de Villa Bastías, la construcción de plantas de transferencia y la puesta en marcha de programas de recolección diferenciada. Desde el consorcio advierten que por lo general los aportes que realizan los municipios son pocos y llegan a destiempo. A ello se suma la lucha político-partidaria que existe en torno a la descentralización de recursos de la provincia a los municipios^[15].

La fuerte dependencia económica que tienen el COINCE y el sistema en general respecto de los aportes provinciales e internacionales se muestra como un obstáculo importante a la hora de implementar mejoras y lograr los objetivos del modelo GIRSU. Según un funcionario de la gerencia operativa del COINCE, esta situación podría revertirse si el gobierno provincial formara parte del consorcio, lo cual no ha sucedido hasta el momento a pesar de las reiteradas invitaciones hechas por el Consejo de Administración a las autoridades provinciales (entrevista a funcionario del COINCE, San Carlos, junio de 2017).

4. El proceso de innovación

A continuación se presenta una línea de tiempo que refleja los principales cambios e innovaciones ocurridos en el caso del Valle de Uco a partir del año 2000.

Diagrama 1. Línea de tiempo de innovaciones GIRSU en el Valle de Uco

Fuente: elaboración propia.

La provincia de Mendoza dictó en 1992 la Ley Nº 5970/92 a fin de erradicar los basurales a cielo abierto y establecer un régimen integral de gestión de residuos sólidos urbanos. Esta ley fue complementada en 1996 con el Plan Provincial de RSU, que regionalizó la provincia en zonas conforme a las diferentes realidades, y con la Ley Nº 6957/01, que autoriza a los municipios a conformar consorcios públicos para hacer frente a temas intermunicipales.

En el plano municipal, los intendentes del Valle de Uco, a mediados de los noventa, liderados por el entonces intendente de San Carlos Miguel Firpo (1983-1999), emprendieron un análisis sobre la problemática de los residuos en la región. En ese momento, Firpo planteó a sus pares la necesidad de contar con un predio para la disposición final de los residuos de los tres municipios. Durante esa época, como se mencionó, en los tres municipios los residuos eran dispuestos en basurales a cielo abierto ubicados en las zonas rurales cercanas al río Anchayuyo (Tupungato), el arroyo Claro (Tunuyán) y La Salada (San Carlos). No obstante, las fuentes consultadas resaltan que no existía en aquel momento ningún tipo de reclamo, sea por parte de organizaciones ambientalistas ni de vecinos en cuanto a la gestión de los residuos, ya que, por encontrarse estos alejados de los cascos urbanos, no planteaban inconvenientes directos a la población (entrevista a funcionario provincial, Tunuyán, junio de 2017).

En el año 2000 se suscribió un convenio intermunicipal, el cual fue ratificado por los concejos deliberantes de los tres municipios en 2004, cuando se firmó el acta constitutiva del COINCE. Dicha acta fue suscrita por los intendentes de los tres municipios: Eduardo Giner (2003-2011, Tupungato, UCR), Joaquín Rodríguez (2003-2015, Tupungato, PJ-FPV) y Mario Guiñazú (1999-2007, San Carlos, PJ-FPV). A partir de la firma del convenio, los intendentes se comprometieron al cierre paulatino de los tres basurales a cielo abierto de sus respectivas jurisdicciones y a costear el traslado de los residuos generados en los municipios para ser dispuestos en un relleno sanitario administrado por el COINCE.

A la par, en esta misma época comenzaron en la provincia los reclamos contra la minería metalífera, que consolidaron el Valle de Uco como un bastión de oposición a la megaminería y del cuidado del agua (Christel, 2015). Estas luchas se tradujeron en un aumento de la conciencia ambiental generalizada y una mayor participación de los vecinos en las distintas políticas ambientales de la región.

A partir de 2004 se enfrentaron dos grandes desafíos para lograr que el COINCE comenzara a ser operativo. El primero fue el del diseño de una estructura organizacional que garantizara el cumplimiento de los objetivos planteados a partir de una distribución de funciones equilibrada entre los municipios y de la instauración de mecanismos equitativos para la toma de decisiones. El segundo –y tal vez incluso más relevante– fue la necesidad de contar con fondos suficientes para hacer frente a los gastos de infraestructura. Esta última dificultad recién en 2006 comenzó a ser resuelta, cuando el COINCE recibió un subsidio del gobierno provincial de $ 880.000. A partir de ese momento se llamó a licitación para la construcción del centro de tratamiento y disposición final ubicado en Capiz (San Carlos), que abarcaría un relleno sanitario y las oficinas para el personal administrativo. La obra fue adjudicada a la unión transitoria de empresas (UTE) Laugero-Fildagua y fue inaugurada en octubre de 2007.

Ese mismo mes fue elegido como intendente de San Carlos el hasta entonces senador provincial por el partido Demócrata Jorge Difonso (2007-2019), autor de la Ley Nº 7627/06 (conocida como “Ley Difonso”) que suspendía provisoriamente los derechos mineros de exploración y explotación. Esta primera ley fue rápidamente vetada. Posteriormente, Difonso junto al entonces senador Enrique Vaquié fueron los autores de la Ley Nº 7722/07, que prohibía la utilización de algunas sustancias químicas en la minería metalífera^[16]. Esta lucha contra la minería, bajo la bandera de la defensa del agua, le valió una alianza duradera, que hasta el momento se mantiene, con la Asamblea por el Agua, la cual trabaja de forma conjunta con los municipios de la región en numerosos proyectos ambientales. En este clima, Difonso supo interpretar la inquietud ciudadana concerniente al cuidado del agua y a la lucha antiminera, por lo que basó gran parte de su campaña a la intendencia sobre temas ambientales, uno de cuyos pilares era la gestión de los residuos sólidos urbanos

Según las fuentes consultadas, fue Difonso quien, en 2008, consiguió que el COINCE resultara escogido por la Unión Europea para implementar un sistema de clasificación de residuos (entrevista a funcionario provincial, Tunuyán, junio de 2017). Para ello, el COINCE recibió un subsidio de € 60.000, a lo que se sumó un aporte de $ 37.500 por parte de cada municipio (Luzuriaga, 2 de octubre de 2010), destinados a la construcción de una nave en la que se montó una cinta transportadora y una enfardadora. Durante ese mismo año, en el mes de agosto, se firmó un convenio entre el gobierno provincial y los tres municipios para transferir $ 500.000 desde la provincia hacia el COINCE a fin de hacer frente a mejoras en el predio y gastos operativos. Y en el mes de octubre, el entonces gobernador provincial Celso Jaque (2007-2011) firmó un convenio con el intendente de Tupungato, Joaquín Rodríguez (2003-2015)^[17], para hacer entrega al municipio de la suma de $ 450.000 para la construcción de una planta de transferencia. Según fuentes consultadas (entrevista a funcionario municipal, Tupungato, junio de 2017), las obras comenzaron, pero el dinero no fue suficiente, por lo que se abandonaron.

La relación entre los grandes generadores y el COINCE no siempre fue sencilla (entrevista a funcionario del COINCE, San Carlos, junio de 2017). Al menos durante el primer año de funcionamiento del COINCE hubo mucha resistencia por parte de las empresas, sobre todo de las bodegas y supermercados. Antes, ellos solo pagaban por el traslado de sus residuos, mientras que, a partir de 2008, con la inauguración del centro de tratamiento, comenzaron también a pagar por la disposición final. En el caso de las bodegas, la aceptación llevó poco tiempo, y a lo largo de ese año la situación se fue regularizando, ya que también los mercados internacionales les exigen certificados de disposición final^[18]. Con los supermercados, la relación siguió siendo conflictiva, ya que para ellos la disposición final sigue siendo un costo.

Durante el año 2010, el COINCE recibió una auditoría de la Unión Europea, que al constatar los avances realizados en el centro de tratamiento, decidió otorgar un segundo subsidio, de € 150.000, para la construcción de un parque arqueológico a fin de recuperar el patrimonio cultural huarpe y la realización de obras dentro del predio orientadas a hacer más eficiente el tratamiento de las 1.900 tn de residuos que por entonces ingresaban por mes. Ese mismo año, el gobierno provincial entregó más de 2 millones al consorcio para apoyar esas obras y se comprometió a asfaltar los 11 km que la separan de la Ruta Nacional 40 para facilitar el ingreso de los residuos al predio.

En 2012, los municipios sancionaron ordenanzas comunes relativas a la gestión de los residuos sólidos urbanos (véase, arriba, “Racconto de normativa y programas o planes generales relevantes vigentes”). Durante ese año, nuevamente, el gobierno provincial entregó un cuarto subsidio, que se destinó al pago de servicios de operación del consorcio y a actividades de forestación en el predio. A partir de esta época, los tres municipios, de forma separada –pero apoyados por el COINCE– comenzaron a firmar una serie de convenios con distintas empresas. En el caso de San Carlos, lo hizo con las empresas Baggio y Verallia, a fin de fomentar los programas de educación y separación de residuos (sobre todo de envases PET y vidrios) en las escuelas. Lo mismo sucedió en el municipio de Tunuyán, donde se firmó un convenio con la empresa Eco de los Andes para recolectar envases PET en las escuelas.

Un año después, en 2013, se inauguraron las obras de ampliación del centro de tratamiento realizadas con el subsidio anterior. En esa oportunidad, el entonces gobernador provincial Francisco Pérez (2011-2015) firmó, en conjunto con los tres intendentes del Valle de Uco, un convenio por medio del cual el COINCE recibiría 3 millones de pesos para financiar obras de infraestructura y realizar campañas de concientización para fomentar la separación de residuos. Sin embargo, la situación financiera provincial complicó el cumplimiento de los pagos de este convenio, lo que afectó la realización de las obras pactadas. Los escasos fondos provinciales recibidos (en este quinto subsidio provincial), fueron destinados a solventar los gastos corrientes de la disposición final en el relleno.

En 2013, los tres municipios del Valle de Uco fueron seleccionados como “municipios turísticos” por una convocatoria conjunta realizada entre el Ministerio de Turismo de la Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que adjudicó 60 millones de pesos. El proyecto presentado contemplaba, entre otras cosas, el saneamiento de los basurales a cielo abierto, la creación de plantas de transferencia y la adquisición de la maquinaria y los camiones necesarios para comenzar a trabajar con la separación en origen. Sin embargo, según funcionarios del COINCE y de uno de los municipios (entrevistas a funcionarios del municipio de San Carlos y del COINCE, San Carlos, junio de 2017), con el cambio de gobierno en 2015 el proyecto fue recategorizado como “ambiental” y desde la nación se decidió otorgar ese dinero a otras regiones del país que se encontraban en peor situación en esa materia. De esta forma, de acuerdo con personal del COINCE, “… siempre se nivela para abajo, nunca vas a salir de la política mínima… se castiga a los que están en pleno proceso” (entrevista a funcionario del COINCE, San Carlos, junio de 2017).

Según personal del COINCE (entrevista a funcionaria del COINCE, San Carlos, junio de 2017), las dificultades económicas continuaron, lo que obligó en 2015 a rescindir el contrato con la UTE Laugero-Fildagua, que hasta entonces se hacía cargo de operar el centro de tratamiento. A partir de ese momento, las tareas comenzaron a realizarse con una modalidad mixta, a través de una empresa contratada que suministraba la maquinaria (tractores y retroexcavadoras) y dos personas para manejarlas, mientras que el resto del personal lo aportaba el COINCE. Este cambio permitió, además de financiar las operaciones, mejorar las tareas ya que el personal técnico, a partir de ese momento, comenzó a encontrarse de forma casi permanente en el centro de tratamiento. También durante esta época, los municipios comenzaron a rescindir los contratos con las distintas empresas que se encargaban de la recolección de los residuos urbanos debido a lo elevado de los costos de contratación. Desde entonces en los tres municipios el servicio de recolección y limpieza urbana pasó a ser completamente público. Esta decisión –comentaron los entrevistados de los tres municipios– requirió un primer gran esfuerzo por la necesidad de comprar o reparar maquinaria. Sin embargo, con el correr del tiempo, permitió extender las áreas de cobertura y llegar a la totalidad de los distritos.

Para enfrentar este tipo de dificultades económicas, una propuesta que surgió desde el COINCE fue la de integrar como cuarto socio del consorcio a la provincia. De esta forma, los subsidios provinciales dejarían de ser discrecionales y se podría contar con ellos para la planificación anual (entrevista a funcionaria del COINCE, San Carlos, junio de 2017). Sin embargo, ninguno de los gobernadores se ha encontrado interesado en asumir tal compromiso. En estrecha relación con esto, los fondos que han sido transferidos desde las arcas provinciales hacia los municipios en distintas oportunidades no tienen ningún tipo de regulación que así lo estipule, ni fallo judicial alguno, tal como vimos que ocurre en otros lugares del país. Se trató de negociaciones políticas que tuvieron lugar en cada momento específico y que resultaron en estos aportes financieros. No tenemos mayor información acerca de los procesos a través de los cuales tuvieron éxito estas negociaciones, con las que los municipios lograron la captación de recursos financieros provistos por la provincia.

En febrero de 2017, el gobernador Alfredo Cornejo (2015-2019), de la Alianza Cambiemos, firmó un convenio con los intendentes de los tres municipios para la transferencia de $ 6.500.000 para solventar gastos corrientes del COINCE. Por la misma época la región vivió un nuevo conflicto socioambiental, vinculado a la venta de unos terrenos pertenecientes al Ejército Nacional (Campo Los Andes y La Remonta) para ser destinados a grandes emprendimientos inmobiliarios y vitivinícolas. Nuevamente con la bandera de la defensa del agua, gran parte de la sociedad se manifestó contra esta decisión. Los gobiernos de los tres municipios también se sumaron a los reclamos; especialmente el de San Carlos, que rápidamente dictó una ordenanza que prohibía en su territorio la realización de dichas actividades. En ese contexto, a instancias del intendente Difonso (2007-2019), en San Carlos comenzó a funcionar una mesa ambiental, donde intervenían distintos actores del territorio (organizaciones ambientalistas, alumnos y profesores del nivel terciario, miembros del Concejo Deliberante, etc.) a fin de trabajar las problemáticas ambientales de manera transversal (entrevista a concejal, San Carlos, junio de 2017). En ese sentido, funcionarios entrevistados destacaron que el municipio de San Carlos es totalmente abierto a los vecinos, por lo que recibían todo tipo de reclamos ambientales (llamadas telefónicas, solicitudes por mesa de entrada, etc.) y trabajaban para solucionarlos con rapidez (entrevista a funcionario municipal, San Carlos, junio de 2017). Estos temas, si bien no relacionados de modo estricto con la problemática de residuos, muestran que existe una fuerte coalición entre el gobierno municipal, las organizaciones ambientalistas y los vecinos autoconvocados para el cuidado del ambiente.

Durante su último año de gestión, el gobernador Alfredo Cornejo presentó a la Legislatura Provincial un proyecto de solicitud de crédito ante el BID para la GIRSU del área metropolitana y del Valle de Uco (Portal de Noticias Infouco, 12 de junio de 2019; Scandura, 12 de junio de 2019; Diario NDI, 17 de junio de 2019; Portal de Noticias Filo.news, 18 de junio de 2019). Estos fondos permitirían construir las plantas de trasferencias y sanear los basurales a cielo abierto (tanto el de Tupungato, que se encuentra operativo, como el de Tunuyán, que no recibe residuos municipales pero el predio donde se ubicaba no ha sido saneado). Sin embargo, hasta el momento de la escritura de este capítulo, el Ejecutivo provincial no había conseguido el apoyo legislativo suficiente como para solicitar el préstamo.

5. Conclusiones

El COINCE fue el primer consorcio interjurisdiccional constituido para realizar la disposición final de los RSU en la provincia de Mendoza. Su formación no fue espontánea y es el producto de un trabajo conjunto, que lleva más de 30 años, de los actores políticos, económicos y sociales de la región. Especial mención merece que, durante todo este período, nunca los municipios estuvieron gobernados por el mismo signo político. Ello deja patente la identidad común que existe en la región, lo que ha permitido plantear y llevar a cabo una política a largo plazo que posibilitó la fluida comunicación y el trabajo conjunto de los responsables de la gestión de los residuos. Entre los logros más importantes cabe destacar el cierre de dos de los tres basurales a cielo abierto, la clausura y el saneamiento de gran cantidad de microbasurales y la extensión de la recolección domiciliaria a la totalidad de los distritos de cada municipio. A pesar de ello, también debe reconocerse que todavía existen deudas pendientes: el cierre del basural a cielo abierto de Tupungato y el saneamiento del antiguo basural de Tunuyán, la instauración de algún tipo de sistema extendido de recolección diferenciada (más allá de los programas focalizados vigentes) y la incorporación al sistema formal de los recuperadores urbanos que han aparecido en el último año.

En el proceso de innovación en el Valle de Uco, incluso en palabras de los propios funcionarios locales, han sido fundamentales el marco normativo provincial y el impulso que luego le dio la provincia al aportar gran parte de la financiación necesaria para poner en funcionamiento el centro de tratamiento, a lo que se sumaron dos subsidios externos. A pesar de ello, es necesario reconocer que los avances logrados no hubieran sido posibles sin la idiosincrasia propia de la región, que llevó a que una serie de resistencias a la explotación de la minería metalífera incentivara a las distintas autoridades municipales a promover un abanico de políticas ambientales.

En este sentido, el COINCE fue posible porque tuvo la impronta de los intendentes, quienes impulsaron el proyecto asociativo a pesar de sus diferencias políticas. Ellos supieron aprovechar las ventanas de oportunidades que brindaba el contexto, el acceso a fuentes de financiamiento internacional y provincial, como así también la conformación de coaliciones con los grandes generadores, que –luego de un rechazo inicial– lograron valorar las ventajas de disponer sus residuos en el relleno sanitario. Al respecto, es importante reconocer la labor del equipo de gestión del consorcio que consiguió este cambio de actitud de las empresas agroalimentarias radicadas en la región.

En todas las entrevistas realizadas a los funcionarios municipales resalta que la creación del centro de tratamiento y la del propio COINCE tienen un doble propósito: la disposición final de los residuos y la educación. En este sentido, tanto las escuelas como los establecimientos de educación superior de la región mantienen una alianza estratégica con los municipios. Así, los incipientes programas de separación de residuos se realizan en los centros educativos (PET, vidrios y RAEE) y, luego, los ingresos por las ventas de lo recuperado son entregados a las escuelas. Además, entre los municipios y el COINCE ofrecen visitas a las escuelas para mostrar a los niños y jóvenes cuál es el recorrido de los residuos desde sus casas hasta la disposición final.

Con respecto a la accesibilidad de recursos financieros, la historia del COINCE nos muestra que ha sido el gran obstáculo por superar. La fuerte dependencia de los subsidios internacionales y provinciales y la falta de recursos de los municipios para hacer frente a los gastos corrientes son, en palabras de los propios funcionarios locales, el impedimento para avanzar con las tareas pendientes que todavía tiene el consorcio. La dependencia de las transferencias provinciales y de subsidios internacionales se profundiza si se consideran las grandes distancias que separan a los municipios entre sí y con el centro de tratamiento. Esto encarece el traslado de los residuos (a lo que los municipios destinan la mayor parte de los recursos) y desincentiva la comercialización de los materiales reciclables, ya que el costo del traslado al área metropolitana de Mendoza llega a ser incluso superior a su precio de venta.

A modo de reflexión final, debe reconocerse que el proceso de innovación, si bien es importante en el contexto provincial, todavía tiene un largo camino por recorrer para poder considerar que ha sido completado. Para ello es fundamental que los municipios y el propio consorcio encuentren la forma de afrontar la dependencia presupuestaria. Además, también es necesario que comiencen a buscarse, de forma creativa, maneras de avanzar en la GIRSU que no necesariamente impliquen un aumento de los recursos necesarios.

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