Florencia Graziano^[1] y Federico Medina^[2]

La justicia penal juvenil es objeto de debates significativos y de intensas disputas entre diversos actores que detentan diferentes tipos de poder en torno a la definición de la conflictividad penal juvenil, el alcance y sentido de las intervenciones estatales, la fundamentación de las sanciones, la responsabilidad de los jóvenes y el rol de sus familias. Se trata de un escenario institucional que ha atravesado diversas transformaciones en los últimos años y que, en la actualidad, es centro de discusión a partir de iniciativas estatales orientadas a modificar el Régimen Penal Juvenil regulado por el decreto-ley 22.278.

En muchos casos, las propuestas de reforma se sustentan en diagnósticos alarmistas, elaborados de manera apresurada y sin la consideración por la complejidad de las situaciones que atraviesan los jóvenes, o bien se nutren de caracterizaciones erróneas sobre lo que realmente sucede en el sistema de justicia juvenil. Estas posiciones tienden a construir la criminalidad juvenil como un “problema público” a partir de operaciones discursivas que simplifican excesivamente las múltiples dimensiones de la conflictividad penal, apelando a argumentos alejados de las experiencias concretas de los adolescentes y sus familias en su tránsito por el sistema, y promoviendo así una expansión de la lógica punitiva.

En esa línea, los debates actuales en torno a la baja de la edad de punibilidad deben comprenderse en un contexto más amplio, marcado por la reconfiguración de las sensibilidades sociales frente al delito y por la tendencia a gobernar la inseguridad a través de políticas de control. Entendemos que no se trata solo de reformas normativas y rediseños institucionales, sino de transformaciones culturales que expresan nuevos modos de percibir e interpretar los límites y alcances de la justicia penal juvenil. Así, en cada época se redefine qué se considera una respuesta legítima ante el delito juvenil y, en la actualidad, las emociones sociales vinculadas al miedo y a la desconfianza parecen adquirir un peso significativo en la definición de las políticas públicas orientadas a la regulación del conflicto penal juvenil.

A su vez, estos procesos se inscriben en ciclos históricos recurrentes, donde las fases de expansión punitiva y de repliegue garantista se alternan una y otra vez. En cada nuevo ciclo, las narrativas que legitiman el castigo reaparecen bajo lenguajes renovados, asociando la inseguridad con la figura de jóvenes de sectores populares. Comprender en profundidad estos cambios resulta clave para examinar por qué, aun frente a evidencias que desmienten un aumento real de la participación juvenil en el delito, se reinstalan periódicamente propuestas orientadas al endurecimiento penal.

Frente a este panorama, en el presente documento^[3] proponemos una mirada que, sin perder de vista los procesos sociales más amplios —marcados, entre otros aspectos, por el aumento de la desigualdad, la proliferación de discursos de odio y estigmatización hacia grupos vulnerables y la tendencia a la “modernización” del sistema penal—, se enfoque en las prácticas cotidianas de los agentes judiciales. Esta perspectiva busca complejizar el conocimiento sobre las características de la conflictividad adolescente y visibilizar tanto los desafíos de intervención como los dilemas ético-políticos que enfrentan quienes trabajan en la justicia penal juvenil, con el fin de construir una visión crítica y contextualizada del campo.

Nos propusimos, así, poner en diálogo las perspectivas que, desde el campo institucional, el ámbito académico y el activismo de personas directamente involucradas, disputan los sentidos en torno al delito adolescente y la respuesta estatal. En esa clave se desarrolló el workshop Justicia Juvenil: Un diálogo entre intervención, academia y activismo, que reunió a profesionales del sistema, investigadores/as que analizan sus dinámicas de funcionamiento y activistas que luchan por la garantía de derechos de adolescentes y jóvenes, promoviendo prácticas más justas y transformadoras.

El objetivo del encuentro fue reflexionar sobre experiencias, estrategias de gestión, de investigación y de activismo que permitan identificar desafíos recurrentes, así como iniciativas innovadoras desarrolladas en distintos contextos locales. Entendemos que explorar las tensiones y contradicciones que atraviesan la administración de justicia para adolescentes y jóvenes en el contexto actual es clave para analizar los efectos —no siempre lineales— de las transformaciones recientes, enmarcadas en condiciones sociales específicas. Desde esta perspectiva, concebimos la justicia juvenil como un campo en disputa, condicionado por factores estructurales, pero también atravesado por la agencia de actores institucionales que ejercen su labor con creatividad y reflexión frente a un escenario sociohistórico marcado por el avance de posiciones regresivas en materia de derechos humanos.

En este contexto, en el que emergen iniciativas legislativas que refuerzan el uso del sistema penal como respuesta a problemas sociales, resulta imprescindible fomentar diálogos que convoquen a actores de distintos sectores —preocupados por este retroceso— a debatir y construir alianzas para formular propuestas alternativas. En esta propuesta, acercamos como herramientas para ese debate tanto las reflexiones elaboradas por operadores judiciales sobre sus prácticas, como los resultados de investigaciones empíricas desarrolladas en América Latina y, finalmente, los posicionamientos políticos que, desde el activismo por los derechos humanos, buscan transformar el sistema penal juvenil.

En suma, a través del diálogo propuesto, apostamos a fortalecer redes de colaboración que promuevan el intercambio de conocimientos, experiencias y perspectivas entre actores judiciales, investigadores y activistas comprometidos con una justicia juvenil respetuosa de los derechos humanos.

En este marco, los textos que integran el documento buscan aportar a ese esfuerzo colectivo de comprensión y transformación. A partir de distintas experiencias institucionales, investigaciones empíricas y militancias, las contribuciones reunidas aquí permiten observar cómo se producen y disputan los sentidos de la justicia penal juvenil, cuáles son sus continuidades históricas y qué alternativas se ensayan para construir intervenciones más justas y humanas.

En la primera sección del documento se abordan, desde perspectivas complementarias, los debates contemporáneos sobre el sistema penal juvenil en Argentina y la región, así como las tensiones entre expansión punitiva, derechos y justicia especializada. Silvia Guemureman analiza el resurgimiento del debate legislativo sobre la reforma del Régimen Penal de la Minoridad impulsado en 2024, mostrando cómo el avance del punitivismo y las nuevas derechas reinstalan discursos de “mano dura” centrados en la baja de la edad de punibilidad y advierte sobre el retroceso que implican en materia de derechos. David Perelmuter y Juan Manuel Conde Cárcano diagnostican un sistema anacrónico y colapsado, aún regido por la ley 22.278 y lógicas tutelares, y proponen una justicia verdaderamente especializada, articulada e inclusiva, orientada a la responsabilización y la reintegración. En diálogo regional, Gabriel Tenenbaum, Sara Victoria González y Mariana Seco desplazan la mirada del “adolescente delincuente” hacia las tramas estructurales del crimen organizado, mostrando desde el caso uruguayo cómo la expansión punitiva convive con la impunidad de los delitos económicos y financieros. Por su parte, Claudia Cesaroni reconstruye dos décadas de militancia del CEPOC y la Red Argentina No Baja frente a los ciclos de endurecimiento penal, distinguiendo imputabilidad de punibilidad y reivindicando una respuesta estatal social y educativa. Juliana Vinuto examina etnográficamente la semilibertad en Río de Janeiro como dispositivo intermedio entre encierro y circulación controlada: una medida con potencial desencarcelador, aunque atravesada por sospechas y desigualdades raciales y territoriales. Frederico Policarpo reflexiona sobre cómo las burocracias y los activismos producen la ley en la práctica, proponiendo analizar la producción normativa como proceso social y campo de intervención crítica. Finalmente, Ana Laura López problematiza la edad de punibilidad como categoría social y política que expresa relaciones de poder más que criterios biológicos, desmontando los mitos del sentido común punitivo con evidencia empírica y subrayando la necesidad de políticas sociales que prevengan la criminalización temprana.

La segunda sección del documento reúne un conjunto de trabajos que exploran los desafíos contemporáneos de la justicia penal juvenil desde distintos contextos y perspectivas disciplinarias. Marina Medan analiza la conflictividad penal juvenil a partir de una lectura crítica de las estadísticas nacionales y bonaerenses, mostrando que los datos no solo reflejan delitos, sino también modos institucionales de registro y persecución. Su estudio evidencia un descenso sostenido de la población en el sistema penal juvenil y advierte que el problema radica menos en la magnitud del delito adolescente que en su gestión selectiva y desigual. Germán Martín Aimar propone construir un Sistema de (co)Responsabilidad Penal Adolescente que supere la lógica tutelar y la mera justicia juvenil. Distingue responsabilidad de castigo y plantea un modelo que promueva la palabra, el reconocimiento del daño y las salidas restaurativas, con reglas propias y equipos especializados que garanticen un abordaje educativo y proporcional. En esa misma línea de innovación institucional, Luana Martins presenta una experiencia inédita en la Universidade Federal Fluminense, donde adolescentes en cumplimiento de prestación de servicios a la comunidad participaron en actividades académicas y de extensión. La autora reflexiona sobre el papel de la universidad en la socioeducación y destaca el potencial pedagógico de estas prácticas como espacios de inclusión y transformación. Federico Moeykens examina los desafíos para institucionalizar la Justicia Restaurativa dentro del sistema penal juvenil, señalando la persistencia de la lógica retributiva, la exclusión de las víctimas y la falta de modelos integrales. Propone consolidar la Justicia Restaurativa como política pública sostenida, con formación especializada, recursos adecuados y participación activa de todos los involucrados. Desde México, Irene Juárez Ortiz aborda los retos de incorporar el enfoque interseccional en la justicia penal para adolescentes. A partir de una etnografía judicial, analiza cómo las desigualdades de género, clase, edad y etnicidad atraviesan las prácticas judiciales y propone fortalecer el papel de la antropología para visibilizar y transformar estas desigualdades estructurales. Leandro Stagno en sus comentarios reflexiona sobre las continuidades históricas de las categorías que estructuran la justicia penal juvenil y subraya la necesidad de vincular saberes judiciales y no jurídicos para construir intervenciones más reflexivas y transformadoras. Finalmente, Ángela Oyhandy analiza el papel de las policías en el ingreso de adolescentes al sistema penal juvenil, revisando las políticas de reforma policial entre 2005 y 2023. Muestra avances normativos, pero también persistencias de selectividad y arbitrariedad, y propone fortalecer la supervisión y la coordinación interinstitucional. El cierre de la sección está a cargo de Patrice Schuch, quien desde una escena etnográfica en Brasil interroga el lugar del investigador —“¿de qué lado estás?”— y examina las tensiones entre moral de los derechos e imperativo securitario. Su reflexión convoca a una antropología pública capaz de politizar sus hallazgos y ampliar el debate sobre justicia más allá de los tribunales y la academia.

En su conjunto, los textos reunidos en este Documento de Trabajo ofrecen un panorama amplio y plural sobre los debates actuales en torno a la justicia penal juvenil en América Latina. Desde perspectivas jurídicas, institucionales y socioantropológicas, las contribuciones aquí presentadas dialogan entre sí para pensar cómo se define, gestiona y transforma la intervención estatal sobre adolescentes acusados de delitos.

El documento invita así a recorrer distintos modos de problematizar las prácticas judiciales, los derechos y las formas de intervención estatal; a revisar las formas en que se producen las leyes, las prácticas y los saberes judiciales; y a reconocer las experiencias de los adolescentes en toda su complejidad.

En definitiva, este Documento de Trabajo no sólo busca reunir perspectivas diversas, sino también afirmar un compromiso ético y político con el análisis y la transformación del campo de la justicia penal juvenil. Entendemos que la investigación social, lejos de ocupar un lugar meramente descriptivo, puede contribuir a visibilizar procesos invisibilizados, a cuestionar categorías naturalizadas y a acompañar las prácticas que, aun en contextos adversos, abren posibilidades de justicia más humanas, inclusivas y transformadoras.

Desde este lugar, la tarea de la academia consiste también en antropologizar las categorías institucionales —volverlas objeto de interrogación crítica— y en converger en agendas teóricas y públicas que permitan dialogar con las prácticas judiciales y comunitarias. Porque no alcanza con cambiar las categorías o los lenguajes: las transformaciones requieren también condiciones materiales e institucionales que amplíen derechos y eviten reproducir las desigualdades estructurales existentes.

Al mismo tiempo, reconocemos que somos parte del campo que estudiamos y del diálogo que venimos construyendo con quienes lo habitan: operadores judiciales, equipos técnicos, funcionarios, docentes, activistas e investigadores que, desde distintos espacios, se interrogan sobre los límites y las posibilidades de la justicia penal juvenil. Este Documento de Trabajo es también fruto de ese intercambio sostenido, de una conversación que continúa en aulas, despachos, audiencias y territorios, y que aspira a seguir tendiendo puentes entre la reflexión académica y las prácticas cotidianas de intervención.

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