Apuntes para desfocalizar la construcción de conocimiento sobre el “adolescente delincuente”

Gabriel Tenenbaum^[1], Sara Victoria González^[2] y Mariana Seco^[3]

Intervención

Buenos días a todas —porque prácticamente son todas mujeres, lo cual es una constante en este tipo de temáticas. Gracias a Flor, Federico y Carla por la invitación. El espacio está divino, nos alegra mucho ver esto.

En realidad, no vamos a presentar un trabajo de investigación en sí mismo, sino varios trabajos que venimos desarrollando desde el grupo de investigación Violencias, Juventudes y Criminalidad en América Latina del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Desde el año 2018 venimos trabajando en temas vinculados con la violencia territorial asociada a grupos delictivos dedicados al tráfico de las drogas ilegalizadas, y cómo esto se vincula con el sistema de justicia en general, es decir, con la policía, el proceso judicial y las instituciones que ejecutan medidas judiciales.

Nos gusta decir medidas judiciales en libertad, no alternativas —porque no son una alternativa, sino las medidas principales con base en el enfoque de derechos humanos. La cárcel es la medida alternativa en tanto “castigo” de última instancia, ultima ratio.

Desde el grupo de investigación trabajamos con la literatura que se reúne alrededor de la teoría de los delitos de los poderosos y de la teoría de los delitos de cuello blanco. Entendemos que esto nos pone en un lugar bastante singular en el estudio de la criminalidad en ciencias sociales. Desde el punto de vista epistemológico, importa entender que la construcción de conocimiento debe incorporar la categoría de división del trabajo criminal, nacional e internacional. Por ejemplo, gurises —como diríamos en Uruguay— o chicos de barrios con alta magnitud en indicadores delictivos (aunque deberíamos hablar de unidades espaciales más estrechas), que cometen delitos de los débiles de poder (rapiñas, robos, venta al por menor o reventa de sustancias psicoactivas), están relacionados con el gran negocio criminal de las drogas, con otros intereses, con delitos de los poderosos (lavado de activos, distribución y venta al por mayor de sustancias psicoactivas, etc.). Esta diversificación interna de las actividades criminales es lo que le ha permitido a dicho negocio sostenerse, es su fuerza, e implica que los beneficios y las consecuencias de lo que se haga estén estrechamente vinculados al rol que desempeñe en la red el sujeto involucrado. Por eso, estos jóvenes de los barrios, débiles de poder, son los eslabones más expuestos de la cadena, fácilmente sustituibles y profundamente vulnerables. Son los más perseguidos y castigados por el sistema penal. Los poderosos, por su parte, ocupan otros lugares en otras actividades de la división del trabajo. Son lugares con mayor tecnificación, con menos exposición y más beneficios económicos. Están en posiciones de goce de relativa impunidad.

Nos sorprendió que hoy, en este espacio, no se hablara de las drogas ilegalizadas, pero seguramente luego alguien podrá explicar esa omisión o alguien hablará de ello. Decimos sorpresa porque en América Latina, y en el Cono Sur de los últimos años, el mercado de las drogas ilegalizadas está siendo un problema enorme al que la política pública no ha sabido enfrentar. En este contexto, queremos compartir algunas reflexiones.

Lo primero que queremos señalar es que, desde nuestro grupo y también desde otros espacios académicos y políticos en Uruguay, venimos dando batalla a lo que llamamos el mito de la excepcionalidad uruguaya. Esa idea de un Uruguay apacible, donde no pasa nada, todo es pacífico, suave y ondulado —como decimos allá—, es una falacia. Es verdad que en la región, varios indicadores comparativos ubican al país en la parte alta de la tabla. Por ejemplo, cuando pensamos en confianza y fortaleza de las instituciones públicas, corrupción e impunidad, desarrollo humano, etc. Sin embargo, la construcción de algunos de esos datos es debatible y, en cualquier caso, no alcanzan a medir problemas que estamos observando en la biografía del país relacionada con el crimen organizado, particularmente con las drogas ilegalizadas, el lavado de activos y la corrupción. Al menos, desde la dictadura militar en la década de 1970, pasando por 1990, este mito es una construcción discursiva que oculta realidades complejas y que ha servido a intereses concretos de ciertos sectores de la élite económica y política. También ha servido para posicionar la imagen del país en una región turbulenta, para atraer inversiones y mantener o aumentar el grado inversor.

Algunos datos lo evidencian. Uruguay ha integrado durante décadas el ranking de los diez países con mayor tasa de prisionización en el mundo; al 2025 ocupa el puesto número 13, con una tasa de 449 presos por cada 100.000 habitantes, y una tendencia al aumento sostenida desde el año 2000, según datos del World Prision Brief^[4]. En un informe de la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario (2025) se advierte sobre esta tendencia al alza en el encarcelamiento, con un crecimiento promedio anual del 6% en lo que va de siglo, que se intensifica a partir de 2020, alcanzando un 8% anual. Este patrón se vuelve aún más marcado en el caso de las mujeres, cuyo encarcelamiento ha aumentado un 18% por año desde ese mismo período, triplicando el ritmo general. Uno de los motivos más importantes de este aumento tiene relación con el mayor involucramiento de las mujeres en el mercado ilícito de las drogas. En lo global, desde el 2015 se observa un crecimiento constante y significativo de las denuncias consumadas por delitos de drogas ilegalizadas (delitos enmarcados en la Ley de Estupefacientes). Las motivaciones de los homicidios también muestran un incremento desde 2018 de la violencia letal asociada al negocio criminal y los conflictos por razón o como contexto de drogas ilícitas. También no se puede desconocer el aumento que han tenido los ciberdelitos, particularmente con estafas. De acuerdo a un estudio del Ministerio del Interior (2025), entre los años 2013 y 2024, las denuncias por estafa se incrementaron en más del 2000%.

Estos datos reflejan una expansión del sistema punitivo que exige ser leída en clave de género, generaciones y clase. Esto debe generar una alarma o al menos despertar la preocupación de las personas tomadoras de decisiones en el ámbito carcelario, ya que, entre las múltiples consecuencias del encarcelamiento de mujeres, emerge una dimensión especialmente sensible y poco visibilizada: el crecimiento sostenido de bebés, niñas y niños que habitan con sus madres en contextos de reclusión; aunado a esto, existe un impacto estructural, y muchas veces silenciado, sobre hijas e hijos que, fuera del encierro, atraviesan las consecuencias emocionales y sociales de tener una madre privada de libertad. Estas situaciones inciden directamente en los procesos de socialización, en la transmisión intergeneracional de sentidos y en las condiciones concretas de crianza en contextos de extrema vulnerabilidad. También debe despertar preocupación el incremento del involucramiento de las personas en alguna de las actividades que componen la división del trabajo en el mercado de las drogas ilegalizadas y de lo poco —o nada— que se está haciendo en materia de prevención al respecto.

En el 2012, la tasa de homicidios dio un salto importante, ubicándose en 7 de cada 100.000 habitantes; en 2018 hubo un nuevo salto que nos colocó en 12 homicidios por cada 100.000 habitantes —por encima de la media de América Latina y de Argentina. Montevideo tiene una tasa de 17 homicidios, y algunas zonas alcanzan entre 17 y 40 (Tenenbaum et al.). Esos datos son bastante precisos y confiables. En Uruguay, el homicidio sigue siendo un indicador sólido.

Pero además han cambiado las formas de hacer morir. Hoy ya no es igual recibir un disparo que ser descuartizado, calcinado, que quemen tu casa o te disparen y después vayan a rematarte. Cambió la relación con el cuerpo muerto: ya no es suficiente con la muerte en sí; hay que quitarle la dignidad al cuerpo, como se evidencia en los modos de ejecución (Tenenbaum, et al., 2021). Esta indiferencia ante el sufrimiento expresa la violencia extrema del segundo homicidio, como decía Popitz (2019). La búsqueda de la destrucción definitiva de la integridad de la víctima nos habla de un aumento de la crueldad en nuestra sociedad. Siguiendo a Agamben (2006), podríamos pensar en una vida desnuda que persiste incluso en la muerte, a través del aniquilamiento simbólico de la víctima.

Todo esto se intensificó con los picos de homicidios en 2012 y 2018, cuyas tasas se han mantenido altas hasta hoy. Siguiendo las tendencias internacionales, durante el período de pandemia por COVID-19, la tasa de homicidios en Uruguay presentó una leve caída en términos comparados, asociada a las medidas de restricción de movilidad tomadas por el gobierno. Esto se observó particularmente en el año 2021, donde la tasa se ubicó en el 8.6 cada 100 000 personas. Pasada la emergencia sanitaria, los homicidios tuvieron lo que podemos denominar como efecto rebote, volviendo a niveles similares a los observados previo a la pandemia. Para el 2024, la tasa alcanzó los 10,6 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Gráfica 1. Comportamiento en el tiempo de las denuncias de delitos consumados de la tasa de homicidios en Uruguay (1989-2024)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SGSP del Ministerio del Interior.

A partir de los estudios del grupo de investigación, sabemos que la evolución de los homicidios está en conexión, en buena medida, con el mercado de las drogas ilegalizadas. También sabemos que las condiciones de posibilidad de este mercado, nacional e internacional, están dadas por la legitimación de la rentabilidad criminal. Cualquier mercado ilícito, no solamente el de las drogas, necesita lavar las ganancias generadas para sacar provecho del botín económico. En tal sentido, los homicidios que ocurren en determinados territorios en el marco de conflictos entre grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas se conectan, absolutamente, con la estructura y con quienes protegen el negocio criminal y contribuyen a lavar activos. Es así como entran en conexión los delitos de los débiles con los delitos de los poderosos. Este mecanismo ha sido profundamente demostrado en Tenenbaum (2022) y Gil, Espinosa y Tenenbaum (2024). Esto se comprende por el lugar que ha ocupado Uruguay en el esquema internacional de la división del trabajo del crimen organizado. A partir de la década de los 70, durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), el régimen profundizó el proceso de apertura financiera, desmantelando restricciones monetarias y habilitando el uso de divisas extranjeras en transacciones locales. Las medidas tomadas, lejos de ser neutrales, generaron las condiciones para que organizaciones criminales transnacionales, como la organización criminal de Medellín, Cali, Juárez y más, utilizaran la plaza uruguaya para lavar y repatriar activos, fundamentalmente. En esta misma lógica, se instauró el secreto bancario y se institucionalizó la banca offshore a través de las Instituciones Financieras Externas (IFE), configurando un modelo financiero centrado en la opacidad, la protección del anonimato y la atracción de capitales sin control de origen. Luego, a lo largo del siglo XX, el entramado normativo incorporó diferentes disposiciones que terminaron configurando el sistema uruguayo, ubicando así al país como un territorio atractivo y funcional para la recepción de diversos capitales extranjeros; esto habilitó la llegada y circulación de activos de orígenes ilícitos. Esto fue aprovechado especialmente por organizaciones criminales regionales, pero no podemos perder de vista que son servicios brindados por organizaciones criminales nacionales disfrazadas. Llamemos a las cosas por su nombre, no solamente los grupos delictivos dedicados al tráfico de las drogas ilegalizadas son organizaciones criminales. También lo son los buffets de abogados y escribanos que históricamente se han dedicado al disimulo y ocultamiento de renta criminal o fondos públicos desviados de su finalidad.

Cuando comenzó el gobierno (marzo 2020 a febrero 2025), se aprobó una Ley de Urgente Consideración (LUC) —una ley express con casi 500 artículos— que modificó, entre muchas otras cosas, aspectos centrales del sistema penal juvenil. Entre ellos, duplicó las penas por delitos “gravísimos” (de 5 a 10 años), incorporando a esa categoría delitos como las rapiñas —robos con violencia, de muy diversa índole— que ahora también se consideran “gravísimos”. Además, se eliminaron juzgados especializados en adolescentes (pasaron de 4 a 2), y se desmanteló la unidad de mediación (que apenas intervenía en el 1% de los casos, pero existía). Además, esta Ley también introdujo otros cambios normativos que afectan la prevención y el control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Se dio un aumento exponencial al máximo permitido para las transacciones en efectivo de compras-ventas, pasando de 40.000 UI a 1.000.000 UI. Esto refleja cierta relajación del control financiero por parte del Estado, así como también abre la posibilidad a una invisibilidad de ciertos delitos, reforzando los sesgos estructurales del sistema penal, que vigila y castiga al débil de poder (Tenenbaum, 2023). Este cambio normativo puede ser interpretado como una forma de favorecer ciertos intereses económicos, particularmente aquellos ligados a sectores donde la evasión y el ocultamiento patrimonial son moneda corriente, básicamente se da un panorama ideal para el movimiento de fondos de origen ilícito. Se trata de una decisión política que, en lugar de fortalecer la trazabilidad del dinero, reduce los controles que podrían afectar transacciones vinculadas a determinados actores económicos, en definitiva, se puede leer como una decisión que favorece a sujetos poderosos y que defiende, como dicen algunos, a la “industria financiera”.

Las economías criminales crecieron durante y después de la pandemia. Su perfil de país “seguro”, su infraestructura portuaria moderna y el hecho de no ser un país productor de drogas configuran una paradoja que lo posiciona de manera destacada entre las rutas contraintuitivas: invisible, discreta y altamente eficaz para el movimiento de mercancías ilegales. En esto, el puerto de Montevideo aparece como un nodo estratégico: su carácter de salida no tradicional de drogas ilegalizadas lo convierte en un punto de bajo perfil y, por tanto, funcional para el macrotráfico. Así, el país se ha ido consolidando como punto de tránsito, aparentemente marginal pero estratégicamente funcional, para circuitos criminales internacionales.

Lo que queremos decir es que el delito no es solo el pibe que vende en la esquina, sino también el abogado que colabora en operaciones ilegales, el empresario que lava dinero. Además, como está documentado en Uruguay, en especial entre las décadas de 1970 y 1990, se facilita el lavado de activos sin cometer un crimen bajo la protección del capital (Tenenbaum, 2022). Es decir, se colabora con la legitimación de capital sucio en el marco de la ley. Y ese actor —bien educado, liberal, ajeno a los barrios— también tiene sangre en las manos, pero no lo estamos viendo, lo disociamos de la crueldad, de los asesinatos, y de la inestabilidad que causa para la democracia y las instituciones del estado.

Uruguay no es excepcional, está claro. El país está viviendo fenómenos que atraviesan a toda América Latina. Llamativamente o no, a los adolescentes se los ubica dentro de los factores explicativos de problemas de violencia y criminalidad que evidentemente los trascienden. Esto, generalmente, proviene de un discurso que, sin evidencia alguna, parte de posiciones conservadoras y adultocéntricas, tanto en las derechas como en las izquierdas. Por esta razón, por ejemplo, desde la recuperación democrática en 1985 hasta hoy, se han presentado más de diez proyectos de ley para bajar la edad de imputabilidad o endurecer penas (Tenenbaum, 2011). Sin embargo, en investigaciones anteriores se mostró que la participación de los adolescentes en el total de los delitos es sustancialmente menor que la de otras franjas etarias (Tenenbaum, 2014). En Montevideo, por ejemplo, la cantidad de adolescentes internados en 2012 fue más de cuatro veces menor que la de jóvenes-adultos y más de trece veces menor que la de personas adultas. A nivel nacional, los datos de 2011 indican proporciones similares. Incluso si se observa la relación entre población y sanción, el número de adolescentes con sentencia judicial o privados de libertad no llega al 1% del total de adolescentes montevideanos. Esto pone en evidencia que la ofensiva punitiva no responde necesariamente a la magnitud real del fenómeno delictivo adolescente y esto también se observa durante gobiernos progresistas, por ejemplo, en el período 2010-2015, donde se expandió el reproche penal (Tenenbaum, 2021).

Además, todo esto impacta en el sistema de ejecución de medidas judiciales. Por ejemplo, adolescentes que acceden a salidas transitorias y son asesinados o heridos durante esos permisos. Estamos empezando a estudiar a los sobrevivientes, a quienes reciben disparos, pero no mueren. Estamos teniendo desaparecidos, a quienes desaparecen temporalmente hasta que aparece el cuerpo muerto en el marco de un homicidio por conflicto entre grupos delictivos. Y el sistema no sabe cómo procesar esas situaciones.

En definitiva, lo que intentamos hacer con nuestro grupo es estudiar cómo los delitos de los poderosos se vinculan con lo que ocurre en espacios concretos de algunos barrios y cómo eso se traslada al sistema de justicia, especialmente a los centros de internación. En la campaña electoral nacional de 2024, los temas y problemas de adolescentes detectados por el sistema de justicia ni siquiera se mencionaron. El panorama es complejo.

Muchas gracias.

Bibliografía

Agamben, Giorgio (2006). El poder soberano y la nuda vida. Homo sacer I. Valencia: Pre-Textos.

Comisionado Parlamentario Penitenciario (2025). Caso a caso y paso a paso. Montevideo: Parlamento de la República Oriental del Uruguay. Disponible en: https://parlamento.gub.uy/sites/default/files/DocumentosCPP/CASOACASOYPASOAPASO.pdf

Gil, Ricardo, Espinosa, Daniel y Tenenbaum, Gabriel (2024). Vendedores de cuchillos. El lavado de activos en Uruguay. Montevideo: Debate.

Ministerio del Interior (2025). Estafas en Uruguay: evolución, características y desafíos actuales. Montevideo: Ministerio del Interior. Disponible en: https://www.gub.uy/ministerio-interior/comunicacion/publicaciones/estafas-uruguay-evolucion-caracteristicas-desafios-actuales-2025

Popitz, Heinrich (2019). Fenómenos del poder. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Tenenbaum, Gabriel; Fuentes, Mauricio; Viscardi, Nilia; Salamano, Ignacio y Espíndola, Fabiola (2021). “Relatos de muerte. Homicidios de jóvenes montevideanos en ajustes de cuentas y conflictos entre grupos delictivos”. Montevideo: ANII, FCS, FHCE y OBSUR.

Tenenbaum, Gabriel (2023). “El delito de cuello blanco en el Uruguay del siglo XXI. Panorámica sociológica sobre el lavado de dinero y la opacidad estatal”. En Luis Eduardo Morás (comp.), La sociología jurídica en Uruguay. Estudios en homenaje a los 25 años de la fundación del Instituto de Sociología Jurídica. Montevideo: Fondo de Cultura Universitaria.

Tenenbaum, Gabriel (2022). Los protectores del capital. Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay. Montevideo: Debate.

Tenenbaum, Gabriel (2021). “La política criminal uruguaya en la era progresista (2005–2020): el caso de la justicia para adolescentes / Uruguayan criminal policy in the progressive era (2005–2020): the case of juvenile justice”. Sociologias, 23(58), 80–104.

Tenenbaum, Gabriel (2014). “¿Por qué los adolescentes no son el problema de la delincuencia uruguaya? Análisis comparativo en doble sentido: infracción-delito y Uruguay-México”. Revista de Ciencias Sociales, 27(34), 33–52.

Tenenbaum, Gabriel (2011). “La discusión legislativa de la edad de imputabilidad en los anales de la recuperación democrática. Cualquier semejanza con la actualidad no es pura coincidencia”. Revista de Ciencias Sociales, 24(28), 127–147.

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