La revolución y el crecimiento del aparato militar (1810-1820)

Alejandro Morea

Introducción

Hablar del momento revolucionario en el Río de la Plata suele estar asociado a una serie de fechas, a un período determinado aceptado por la mayor parte de la historiografía y que se extiende entre 1810 y 1820. Sin embargo, este relativo consenso esconde una serie de cuestiones que deberíamos tener en cuenta. Si, por un lado, la formación de una junta de gobierno en la ciudad de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 es el suceso indiscutible que marca la fecha de inicio, no queda del todo claro cuál es el acontecimiento que marca el final de la revolución. Suele referenciarse, para ello, la batalla de Cepeda, la renuncia del director José Rondeau, la disolución del Congreso o la fragmentación de las Provincias Unidas en una serie de Estados autónomos. No tenemos, así, un solo suceso concreto que señale un cierre.^[1] Y, si solemos hablar de Cepeda, pocas veces indicamos su fecha (1 de febrero de 1820); menos aún la del resto de los hechos que mencionábamos.

Por otra parte, la asunción de la soberanía por parte de las provincias, en algunos casos, no esperó a la resolución del combate entre las fuerzas del Directorio y las tropas de Santa Fe y Entre Ríos. En Tucumán, por ejemplo, el proceso se inició antes. El 11 de noviembre de 1819, se produjo un motín dentro del piquete de tropas del Ejército Auxiliar del Perú que había permanecido en esa plaza, el que impulsó la destitución de Feliciano Mota Botello como gobernador de Tucumán, la proclamación en ese cargo de Bernabé Aráoz y el encarcelamiento de Manuel Belgrano. Por lo que dicha provincia se sustrajo de la autoridad del gobierno central antes de Cepeda, aunque no por ello se produjo la ruptura con las Provincias Unidas.^[2]

Incluso podríamos debatir si en 1820, efectivamente, finalizó la revolución. No olvidemos que, mientras Buenos Aires y las provincias del litoral intentaban encontrar puntos de encuentro para reencausar las relaciones en esa región, en Salta y Jujuy, se experimentaba una nueva invasión de tropas realistas, al tiempo que, del otro lado de la cordillera, el Ejército de Los Andes, conformado y financiado por una entidad política desaparecida, seguía su preparación para iniciar la campaña que buscaba derrotar al Virrey del Perú y asegurar la independencia de esta parte del continente sudamericano.^[3] Por eso, si en Buenos Aires la idea de que la revolución había concluido en 1820 podía ser cierta, en otros espacios que habían formado parte de las Provincias Unidas, esto no era necesariamente así y era más que evidente que las llamadas guerras de Independencia no habían concluido para ese año.

Sin embargo, esta fecha puede ser útil para los propósitos de nuestro libro y funcionar como límite temporal del presente capítulo. Aunque la soberanía popular y las elecciones como forma de manifestación de esta y como mecanismo de selección de las autoridades y resolución de las diferencias al interior de las comunidades políticas tardarían mucho tiempo en consolidarse, lo cierto es que, luego de 1820, las provincias-Estado en las que se fragmentaron las Provincias Unidas del Río de la Plata debieron asumir la soberanía y hacer ejercicio de ella.^[4] Por tal razón, se vieron en la necesidad de reorganizar la estructura política y administrativa existente hasta esa fecha, definir la forma que adquiriría el orden político interno, establecer cómo se iban a elegir a las nuevas autoridades provinciales y cómo se iban a designar a los nuevos funcionarios o empleados provinciales. Esta cuestión no era menor ya que, tras la desaparición de las Provincias Unidas, se produjeron muchas vacantes a raíz de las renuncias y los desplazamientos de aquellos que habían sido nombrados por el gobierno central en los años previos, pero también porque había que establecer la forma en que serían nombrados aquellos que pasarían a ocupar los nuevos cargos creados en la justicia, las milicias, la policía o la hacienda, por poner tan solo algunos ejemplos.^[5]

Hasta 1820, el gobierno instalado en Buenos Aires había centralizado en su seno la designación de funcionarios, militares, autoridades políticas, apoderados de negocios y embajadores, con una sola gran excepción: la elección de los encargados de representar a las diferentes jurisdicciones en las instancias legislativas o asamblearias de las que se fue dotando la revolución, y que corrió por cuenta de los propios habitantes locales, aunque siguiendo las normativas, leyes y decretos emanados del poder central.^[6]

Por esta misma razón, el espacio geográfico de este capítulo se extiende a lo que alguna vez fue el virreinato del Río de la Plata, y al que nosotros nos referiremos como Provincias Unidas del Río de la Plata, entre 1810 y 1820. Como bien fuera señalado por Tulio Halperín Donghi en Revolución y Guerra, el nuevo centro de poder pretendió heredar el control, la autoridad y los territorios sobre los que ejercían el gobierno los virreyes enviados desde la Península.^[7] Aunque, en la práctica, y por la misma dinámica de la guerra, espacios importantes del antiguo virreinato quedaron por fuera de la órbita de los gobiernos instalados en Buenos Aires (así los casos del Paraguay, parte del Alto Perú y de la Banda Oriental), los nombramientos y designaciones siguieron extendiéndose por todo el territorio que alguna vez controló España a través de virreyes, gobernadores y demás funcionarios. Incluso, los líderes insurgentes pretendieron hacer uso de las diferentes cajas y financiar los gastos de los distintos ejércitos, extendiendo libranzas contra estas, aunque no tuvieran control efectivo sobre ellas (como la de Potosí), con la idea de que, en algún momento, se retomaría la autoridad en dichos lugares.^[8]

Esta pretendida y forzada centralización fue una constante a lo largo de la década revolucionaria, aunque, en algunos casos, se produjeron modificaciones que la moderaron y permitieron a las diferentes jurisdicciones participar de alguna manera en la elección de candidatos para la designación de nuevas autoridades. Un buen ejemplo de ello fue la selección de los gobernadores de provincias, cuando, luego de 1816, la decisión final del cargo quedó reservada al designio del gobierno central, aunque consultadas las jurisdicciones involucradas. Este procedimiento de selección, que apareció en el Estatuto Provisional de 1815, luego sería ratificado en la constitución sancionada en 1819.^[9]

Planteada esta cuestión, surge otro interrogante a la hora de preguntarnos sobre la designación de funcionarios, burócratas o personal público en el Río de la Plata en el período revolucionario: ¿es posible hablar de Estado en el sentido moderno y quizás weberiano del término? Cuando hablamos de funcionarios, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Quiénes quedan contemplados y quiénes no? En un artículo ya clásico, Juan Carlos Garavaglia aludió a esta cuestión apelando a una cita de Alexis de Tocqueville. Para este pensador y político francés, la administración estatal podía ser el gran nexo entre el “pasado” del Antiguo Régimen y el “presente” revolucionario.^[10] Planteado por Garavaglia como hipótesis a verificar para el Río de la Plata, concluye que, al menos para los cuadros bajos y medios, parece haber existido cierta continuidad en la estructuración de las oficinas y reparticiones.^[11] Del mismo modo, funcionó también una suerte de carrera burocrática que contemplaba ascensos y jubilación, sin que por ello podamos asociar ese esquema con la “carrera” modélica descripta por Weber o Bourdieu, ni tampoco con una burocracia de tipo patrimonial.^[12] Más allá de esto, Garavaglia asume la existencia de un Estado y se pregunta, más bien, por la continuidad en el tiempo de su estructura administrativa y de su personal.

En otra obra sobre el impacto de las reformas borbónicas en Hispanoamérica, Jorge Gelman también da por descontada la existencia del Estado y analiza los cambios en las estructuras de poder a lo largo del siglo XVIII y la incidencia de las reformas borbónicas en ellas a partir de la relación entre dichas estructuras y las élites locales.^[13] Incluso, el ya clásico libro de Susan Socolow sobre los burócratas de Buenos Aires confirma que estamos ante algún tipo de forma estatal y, por eso, en su introducción, esboza que el estudio que se propone hacer sobre los funcionarios coloniales del virreinato del Río de la Plata le interesa para entender el desarrollo de la sociedad porteña y, especialmente, de su élite.^[14]

Por su parte, Halperín Donghi señaló que la revolución trajo aparejada cierta desestructuración de las viejas organizaciones burocráticas coloniales y de las corporaciones. Esta situación, junto con la irrupción de la guerra, su prolongación en el tiempo y la cantidad creciente de hombres bajo las banderas, hizo que el ejército fuera la única institución, a su modo de ver, que salió fortalecida del proceso revolucionario.^[15] Teniendo eso en cuenta, y en función de analizar lo ocurrido en el interior del ex virreinato del Río de la Plata, fue que Gabriela Tío Vallejo planteó que, ante el desmembramiento de la estructura burocrática colonial y su posterior debilitamiento, los oficiales de los ejércitos revolucionarios terminaron convirtiéndose en el cuerpo de funcionarios más grande del nuevo Estado independiente.^[16] Esto es posible observarlo al prestar atención a lo ocurrido con los hombres que integraron el Ejército Auxiliar del Perú. Muchos de los oficiales que formaron parte de esta fuerza fueron designados para ocupar un sinfín de tareas en las gobernaciones y en la administración en general.^[17] Esta situación no finalizaría durante el período de las autonomías provinciales, más bien todo lo contrario.^[18]

Pero lo recién expuesto no fue una novedad introducida por la revolución. Desde el período colonial, la presencia de oficiales militares en cargos políticos y administrativos fue una tendencia creciente, como señalara Michel Bertrand y como vimos en el capítulo anterior.^[19] Esto, en parte, fue así porque las ordenanzas militares de Carlos III buscaron la formación de oficiales con importantes capacidades administrativas, además de estar instruidos en lo más moderno de la táctica y la estrategia. Dicha formación los terminó volviendo sujetos competentes para asumir también funciones de gobierno o de administración por fuera de los ejércitos del rey.^[20]

Entonces, si a grandes rasgos podemos sostener que hubo cierta continuidad del personal administrativo entre la colonia y la revolución, y que, además, el ejército se fortaleció y sus oficiales fueron elementos importantes a la hora de hacer efectiva la presencia del Estado revolucionario, lo que nos resta establecer para tratar de entender si se produjo un cambio importante en la cantidad de funcionarios designados y su naturaleza u origen es definir sobre qué base cuantitativa estamos trabajando. Esta cuestión no resulta sencilla, ya que no existe un único repositorio documental que reúna la información disponible y nos permita sintetizar el tamaño de la estructura burocrática con algunas cifras concretas. No obstante, la bibliografía nos brinda algunas cifras que quizás nos habiliten a realizar un primer acercamiento.

En un artículo centrado en la naturalización de extranjeros entre 1810 y 1828, Hans Vogel señala que, para mayo de 1810, existían 910 personas que ostentaban, en todo el territorio del virreinato, un empleo en la burocracia virreinal, el ejército real, la iglesia o el cabildo. Del total, 385 eran oficiales militares y el resto, 525, eran civiles,^[21] concentrándose la mayoría de ellos en la Ciudad de Buenos o en la provincia del mismo nombre. ^[22]

El trabajo de Vogel tiene la virtud de ofrecer una mirada de conjunto sobre lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, esas mismas cifras resultan, en algún punto, un poco engañosas. El autor señala que los militares reseñados son solo los oficiales, ya que no contempla suboficiales ni soldados. Por otro lado, en su reconstrucción, Vogel incluye a personas empleadas en el cabildo, pero no especifica si se trata de empleados en el ejercicio de sus funciones (porteros, secretarios, carceleros o archiveros) o si está contemplando a los numerosos alcaldes como parte del personal.^[23] Entonces, ¿qué porcentaje de dicho personal cobra realmente un sueldo y tiene ocupaciones o empleos vinculados a la administración estatal?

Martín Cuesta, en función de los datos censales disponibles, calculó que, en Buenos Aires, para 1810, el 1 % de la población económicamente activa estaba vinculada a la administración. Es decir, 179 personas,^[24] o poco más que las que sugería Susan Socolow, quien computó 142 personas en la alta administración de la ciudad de Buenos Aires en 1810.^[25] Este conjunto de personas desarrollaban tareas en las dependencias de la Real Audiencia, la Superintendencia y sus secretarías, el Tribunal de Cuentas, la Real Hacienda, la Aduana, Tabacos, Correos, Temporalidades, Propios y arbitrios, como en otras secretarías.

Sin embargo, Cuesta también señala que estas cifras pueden no ser las reales. Por un lado, por un posible subregistro en la toma de datos por parte de los encargados del censo, como porque este tipo de fuentes reflejan imperfectamente el empleo público, ya que, volviendo a Cuesta: “fuera de los militares y cargos públicos más importantes, es difícil distinguir cuántos de los cocineros, porteros y otros trabajaban para el Estado o el sector privado”.^[26] Por lo que el número de empleados de la administración en la Ciudad de Buenos Aires pudo haber sido mayor a las cifras arrojadas por ambos historiadores. Cuesta, además, advierte que, para 1810, los individuos vinculados a la estructura militar (oficiales y soldados) serían 1.253 (es decir, el 7 % de la población con actividades laborales). Pero, a su vez, considera que, en realidad, se trataba de un número mayor, ya que el censo que utiliza se realizó con posterioridad a la partida del Ejército destinado al auxilio de las Provincias interiores, el que rondaba los 1.150 hombres entre oficiales y tropa.^[27]

Estos planteos tienen sentido si tenemos en cuenta la información que nos ofrecen las situaciones de revista. Según el estado de fuerza del 12 de mayo de 1810, apenas días antes de la revolución, el Ejército contaba con 3.684 hombres entre sus filas, de los cuales 905 eran oficiales y 2.779 soldados.^[28] Aunque esta revista incluía a las tropas presentes en Buenos Aires solamente, el número es bastante superior a los registrados previamente, incluso si a los 1.253 del Censo les sumamos los 1.150 del Ejército Auxiliar. Y solo nos estamos refiriendo a las fuerzas de línea. Por supuesto, aún más pronunciado sería el guarismo si incluyéramos a los nutridos cuerpos milicianos.

A su vez, la cifra total de empleados que ofrece Vogel no discrimina por jurisdicciones, lo que dificulta el contrastar sus hallazgos con la información que nos ofrecen trabajos recientes, como el de Bárbara Aramendi, por ejemplo. Esta historiadora reconstruyó la cantidad de empleados del Resguardo de la Aduana para la gobernación de Salta del Tucumán, que, además de las incluidas en el nombre de esta, incluía a las actuales provincias de Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero.^[29] Según Aramendi, hacia 1810, eran diez personas las que ocupaban estos empleos en dicho espacio, concentrándose la mitad de ellos en Salta.^[30] Y, como señala la autora, la mayoría ya formaba parte del aparato administrativo de la Hacienda.^[31] Pero no es posible encontrar datos equivalentes para todas las Gobernaciones Intendencias del virreinato del Río de la Plata, ni para todas las respectivas dependencias. Por lo que nuestro conocimiento sobre ese universo sigue siendo muy fragmentario.

El problema adicional que tenemos a la hora de contabilizar personal es que los datos disponibles, además de ser parciales, y en muchos casos incompletos, son también, en algún punto, incontrastables o incomparables entre sí. Producto de diferentes tipos de investigaciones, de momentos historiográficos disímiles y con conceptualizaciones teóricas sobre el Estado y el empleo también muy diversas; así, resulta complejo nutrirse de todos ellos para ofrecer un pantallazo general sobre la cantidad de personas que están empleadas en el Estado al momento de iniciarse la revolución.

Información general de la base de datos

A partir de la base de datos de tomas de razón con la que trabajamos, podemos tener un panorama bastante más claro en relación con lo ocurrido durante el período revolucionario. El impresionante volumen de los registros referidos a los años 1810-1820 nos permite pensar que el porcentaje de los empleos registrados no debe estar muy lejos de la totalidad de los efectivamente otorgados. Esto no llama la atención, puesto que Bartolomé Mitre y el grupo de archivistas que realizaron el fondo de Tomas de Razón estaban, justamente, interesados en los servicios rendidos a la patria durante esa década. No obstante, como se explica en la introducción a este libro, es imposible saber a ciencia cierta si los datos con los que contamos contemplan el universo completo de nombramientos ocurridos.

Lo primero por destacar de una primera mirada a la base sería la cantidad de cargos otorgados durante esos años. En los casi diez años bajo análisis, vemos que se otorgaron 11.554 empleos, con un promedio de 1.050 nombramientos por año. Como se observa en el Gráfico 1, dentro de este panorama general, es posible observar un pico muy fuerte en las altas de empleos de los años 1813 y 1814. Si bien en 1815 aún es posible observar que los nombramientos estuvieron algo por encima del promedio general, ya se puede atisbar una tendencia a la baja bastante ostensible, la que nos acerca nuevamente a los casi 900 registros, cifra que se mantendrá casi constante de allí en adelante. La excepción a la tónica de toda la década la protagoniza el año 1820, donde las designaciones solo arrojan la cifra de 630.

Gráfico 1. Nombramiento por año (1810-1820)

Los picos de designaciones que tuvieron lugar entre los años 1813 y 1815 pueden ser explicados a partir del esfuerzo de guerra que realizaron los gobiernos revolucionarios del segundo triunvirato en adelante, por lo cual asistimos a una gran incidencia de los empleos militares. Por ejemplo, de los 1.635 nombramientos de 1813, tan solo 232 corresponden a empleos civiles. O podemos mirarlo a la inversa: en 1814, de los 1.723 nuevos empleos otorgados, 1.505 fueron militares. En 1815, de los 1.243 cargos dados de alta, solo 82 fueron civiles y el resto, 1.161, militares. Estamos, sin dudas, frente a un momento fuerte de lo que la bibliografía ha llamado el “proceso de militarización”.

La historiografía ha señalado con insistencia que la caída del primer triunvirato y la llegada al poder de hombres nucleados en la Sociedad Patriótica y en la Logia Lautaro significaron un cambio en la estrategia militar seguida por sus predecesores.^[32] Al menos hasta la recuperación de la plaza de Montevideo, el Segundo Triunvirato y los primeros directores supremos establecieron, como una de las prioridades de esas administraciones, ganar la guerra, motivo por el que centraron la atención en los ejércitos bajo su mando. Con el objetivo de intentar acelerar el paso, reforzaron los Ejércitos que tenían operativos en el frente norte (Auxiliar del Perú) y en el este (Sitiador de Montevideo) con el fin de obtener rápidas victorias militares que les permitieran consolidar su propia autoridad y extender la jurisdicción del gobierno instalado en Buenos Aires sobre los territorios que alguna vez habían formado parte del virreinato. Incluso en el caso de entablar negociaciones con las Cortes de Cádiz o con el mismo Fernando VII, contar con grandes fuerzas militares permitiría hacerlo desde una posición de fuerza.

En ese sentido, bien vale recordar que fue durante esos años también que el gobierno patriota, por intermedio de lo legislado por la Asamblea del Año XIII, dio paso al rescate de esclavos, principalmente para reforzar a los regimientos de infantería antes que por motivos humanitarios. Se dejaban, así, atrás los resquemores y resistencias que había tenido la élite revolucionaria para movilizar y armar a los hombres de color privados de su libertad, tanto por el temor a que ocurriera una rebelión como por el daño económico que se provocaba a buena parte de la élite local al afectar sus derechos de propiedad.^[33]

La actividad militar emprendida con el nuevo influjo de fuerzas fue muy intensa. Fue en esas fechas en que tuvo lugar la segunda campaña del Ejército Auxiliar del Perú, con las batallas de Salta, Vilcapugio y Ayohuma, mientras que, en la Banda Oriental, tenía lugar la rendición de Montevideo y la ocupación, momentánea, de esa plaza crucial por parte de las fuerzas porteñas.^[34] Para todo esto, fueron movilizados nuevos contingentes de tropas, los que incluso se desplazaron de un ejército al otro.

Civiles y militares durante la revolución

El clivaje militares-civiles durante la década revolucionaria ha sido un tópico central en nuestra historiografía y, por ende, merece que profundicemos el análisis a través de la base de datos. Si miramos los diez años del período, lo que podemos constatar es que, del total de nombramientos, el 87.6 % corresponde a militares, es decir, 10.125 designaciones. La incidencia de los nombramientos militares es muy alta en cada uno de los años considerados desde el inicio de la serie y supera el 90 % por primera vez en 1815, cuando los militares llegan a constituir el 93,4 % de los cargos otorgados.

Cuadro 1. Relación de nombramientos de civiles y militares (1810-1820)

Año	Civiles		Militares		Total
	Absoluto	%	Absoluto	%
1810	134	14,88	766	85,11	900
1811	102	11,49	785	88,5	887
1812	163	17,54	766	82,45	929
1813	232	14,18	1403	85,81	1635
1814	218	12,65	1505	87,34	1723
1815	82	6,59	1161	93,4	1243
1816	36	4,05	853	95,95	889
1817	114	12,89	770	87,1	884
1818	81	8,53	868	91,46	949
1819	128	14,46	757	85,53	885
1820	139	22,06	491	77,93	630

Esta elevada proporción de hombres de armas también se dio en los años 1816 y 1818, aunque con un número de nombramientos anuales algo inferior al de los récords de mediados de la década. Lo que está ocurriendo en estos casos es que el número de nombramientos militares es similar a los dados de alta en la mayoría de los años del período considerado, con unas cifras que oscilan entre los 750 y los 850 cargos, pero el número de civiles designados se ha desplomado. Al repasar lo ocurrido, es bastante ostensible que los 36 civiles dados de alta en el año 1816, e incluso los 81 de 1818, son una cifra muy reducida en relación con el resto de los años, donde, en general, el guarismo se sitúa en algún punto entre los 120 y 130 cargos otorgados.

Gráfico 2. Nombramientos de militares por año (1810-1820)

¿A qué pudo deberse tal retaceo de nombramientos civiles? Como ya señaló Halperín Donghi, en el trienio 1817-1819, los ingresos no alcanzaban a cubrir la totalidad de los gastos del Estado revolucionario. Por eso mismo, durante la administración de Pueyrredón, se había proclamado la necesidad de reducir el número de funcionarios como medida de equilibrio fiscal, además de implementar una demora en el pago de sueldos a la espera de mejorar las cuentas.^[35] Por otro lado, para entender lo sucedido en 1815, es necesario prestar atención a la combinación de procesos: una designación total por encima de los 900 cargos, con nombramiento de militares por encima del promedio general del período y de civiles muy por debajo. No quedan dudas de que la caída más abrupta en términos reales se dio en esos años que van de las gestiones de Posadas a Alvear, y deberíamos focalizarnos en ese lapso para comprender si eso se debió a una razón económica o política.

Gráfico 3. Nombramiento de civiles por año (1810-1820)

No obstante, es bueno recordar que los datos de las tomas de razón no nos permiten conocer cuántos hombres fueron empleados por el Estado en cada uno de los años del período de análisis. Tenemos un flujo de ingresos, pero no de egresos, y como no conocemos a ciencia cierta el número inicial de personas vinculadas a la administración estatal, no podemos establecer si su número se incrementó, se mantuvo constante o, por el contrario, disminuyó durante esos años. En este sentido, resulta complejo tratar de extrapolar cifras teniendo en cuenta estas lagunas en nuestra fuente de información.

Quizás una alternativa para acercarnos a una visión verosímil del tamaño del Estado sería tratar de analizar la cuestión a través de los pagos de salarios o de los gastos totales para los ramos civil y militar. Tulio Halperín Donghi calculó que las salidas de la Caja de Buenos Aires para hacer frente a los sueldos no militares (civiles, aduana, diplomáticos y eclesiásticos) ascienden a 1.026.751 pesos para el período 1811-1815 y, para el que va de 1816 a 1819, fueron destinados 903.899 de la misma moneda.^[36] Para el rubro militar, es más complejo saber el monto destinado para pago de sueldos en función de los datos que reconstruyó Halperín Donghi, quien se sirvió de la información que le brindaban los libros de la Caja de Buenos Aires, porque algunos rubros que contempla son los giros a las tesorerías del interior y, aunque estas asistían a las comisaría de Guerra de los Ejércitos en campaña para el pago de sueldos, lo cierto es que también afrontaban otros gastos. Lo mismo ocurre con lo referido a establecimientos militares, por ejemplo. Teniendo en cuenta esto último, identificamos, para el período 1811-1815, los gastos en oficiales y tropa de la siguiente manera:

Cuadro 2. Gastos rubro militar 1811-1815

Rubro	Monto en pesos
Comisarías de guerra otros destinos	212.525,1
Cuerpos Veteranos	3.555.584,6
Expediciones	935.345,6
Milicias	107.887,5
Comisaría de guerra (extraordinarios)	186.945,4
Tesoro Ejército de la Patria	155.182,2
Aduana-Gastos de Guerra	1.390.293,3
Pagos a oficiales	419.689,1
Pagos a tropa	15.515,1
Enganches	552
Total	6.979.519,9

Información extraída de Halperín Donghi, Tulio, Guerra y Finanzas… op. cit., pp. 121-122.

Por lo tanto, si nos limitáramos a las que indican Pagos a…, cuyo monto total es de 435.204,2 pesos para 1811 y de 385.694,6 para el período siguiente, la disminución es ostensible de un período al otro, lo que se encuentra en línea con lo que observamos en los datos de las tomas de razón.^[37]

Cuadro 3. Gastos rubro militar 1816-1819

Rubro	Monto en pesos
Cuerpos Veteranos	1063.385,2
Expediciones	679.104,7
Milicias	76.197,4
Comisaría de guerra (extraordinarios)	29.772,5
Aduana-Gastos de Guerra	261.321,7
Pagos a oficiales	376.438,2
Pagos a tropa	9.256,4
Enganches	510
Total	2.495.986,1

Información extraída de Tulio Halperín Donghi, Guerra y Finanzas… op. cit., pp. 123-124.

En función de la información que nos ofrece la base de datos, estamos ante otra dificultad a la hora de establecer el universo total del personal estatal y poder determinar si se está incrementando o disminuyendo. Lo que sí podemos afirmar es que se está volviendo predominantemente militar.

Por otro lado, los 11.554 cargos otorgados en la década estudiada fueron ocupados por 6.015 personas. Diferenciando por tipo, vemos que los 1.429 cargos civiles se destinaron a 1.068 personas, mientras que los 10.125 empleos militares beneficiaron a tan solo 5.203 individuos.^[38] Esta situación resulta lógica si consideramos el desarrollo de la guerra, la cantidad de hombres movilizados, de unidades militares creadas y de ejércitos en actividad. Lo que la base de datos nos permite visualizar son los ascensos dentro del escalafón castrense y el desarrollo de una carrera bastante acelerada para quienes se incorporaron como oficiales a las fuerzas de la revolución, ya que las campañas y las batallas victoriosas solían saldarse por generosas promociones de los suboficiales y oficiales sobrevivientes, que acumulaban, así, nombramientos a lo largo de los años.^[39]

Analicemos un ejemplo para graficar esta cuestión. Victorino Aguilar fue nombrado teniente en el Regimiento de Granaderos de Fernando VII en 1810. En 1812, fue ascendido a teniente 1° y a capitán en 1813, siempre dentro de la misma unidad, llegando al expectable grado de sargento mayor graduado del Regimiento Granaderos de Infantería en 1817. Casos como este, en que un oficial exitoso podía ascender posiciones vertiginosamente gracias a su talento y a la suerte de las armas, se repiten en un sinfín de oportunidades.^[40]

Esta verdadera “carrera de la revolución” no estaba, como sabemos, exclusivamente reservada a los militares.^[41] Si bien el ritmo de los asensos no parece tan acelerado, en las filas civiles, también se encuentran casos de trabajadores asiduos con un amplio despliegue de cargos importantes. Por ejemplo, Juan José Canevaris fue designado oficial de libros en el Tribunal de Cuentas en 1813. En 1815, fue nombrado oficial en la Secretaría de la Honorable Junta de Observación, para pasar al Departamento de Hacienda, en 1819, como oficial de número, cargo que mantuvo y con el que fue designado también, en 1819, en la Secretaría de Hacienda. En ese año, figura como oficial en la comisaría de guerra y, en 1820, lo encontramos como oficial de la Honorable Junta; para volver, en 1821, al Tribunal de Cuentas, ahora con el cargo de contador, y luego como contador y comisionado del Tribunal de Cuentas. De esta forma, y a lo largo de solo ocho años, Canevaris aparece en nuestra base de datos en ocho ocasiones, recibiendo empleos clave en varias dependencias de la nueva estructura estatal. La revolución parece haber abierto un verdadero abanico de posibilidades, una verdadera carrera al talento, como señala Hobsbawm, para una coyuntura con algunos paralelismos como lo fue la revolución francesa.^[42]

Por otro lado, también resulta recurrente la aparición de hombres que tuvieron designaciones tanto civiles como militares. Ya sean los casos de grandes figuras, como Manuel Belgrano o Juan Antonio Álvarez de Arenales, por poner algunos ejemplos conocidos, como otros de trayectorias menos notables.^[43] Tal es el de Clemente Diez de Medina, quien aparece en nuestra base, en 1813, como intendente de policía y, luego, figura en calidad de comandante o teniente coronel de Cazadores o de Caballería. Un caso quizás un poco más extraño con relación al tono general de la mayoría de los registros de la base para este periodo, en los cuales no abundan los casos donde militares pasan a ocupar cargos civiles, sería el de Martín Freyre que, en 1812, se desempeñaba como sargento en la Asamblea de Caballería y, en 1813, fue nombrado dependiente en el Resguardo. No es este el lugar para extendernos demasiado, pero creemos que la base de datos permitiría, además de aproximaciones generales, realizar un seguimiento de trayectorias concretas que nos indicarían en qué sentido y forma se daba la movilidad entre empleos civiles y militares, como en el caso de Freyre, que pasaba de ser un suboficial del ejército a un empleado civil. De este modo, podríamos mirar más en profundidad y alejarnos un poco de las trayectorias más visitadas por la historiografía, donde la circulación y el cambio de funciones pudo tener otro tipo de implicancias.^[44] Más allá de lo que pueda significar la alternancia entre empleos en función del punto de origen o de llegada, lo que se observa claramente es que la circulación entre un tipo de empleo y el otro era una posibilidad muy cierta.

Análisis de los empleos civiles

Por definición, en nuestra base de datos, determinamos como empleos civiles a todos aquellos que no son estrictamente de naturaleza militar, aunque pueden, de alguna manera u otra, estar vinculados a la actividad castrense. Se trata de una categoría analítica que, como tal, está condenada a simplificar una realidad muy compleja, y en muchos casos contradictoria, incluso sin entrar en los debates sobre la existencia o no, en la época estudiada, de una verdadera esfera civil autónoma, o de una burocracia bien establecida al estilo de lo definido por Max Weber.

Dentro de los empleos de tipo civil, la base distingue entre diversos ramos que puedan resultar útiles a los investigadores, como civil general y una serie de categorías alternativas, como diplomacia, eclesiástico, educación, gobierno, hacienda y justicia. Todas ellas encierran realidades muy diversas y deben ser usadas con precaución y criterio casuístico para no llevar a confusión.

Para dejar en claro lo que estamos señalando, adentrémonos en esa primera categoría: civil general. Dentro de ella, podemos encontrar empleos que van desde porteros, mozos de confianza y ayudantes pasando por médicos, cirujanos y músicos hasta incluir carpinteros, hojalateros y herreros. Lo que queda claro, entonces, es que no existe una delimitación de esta siguiendo algún tipo de criterio de formación o calificación. Por eso es que encontramos personas que ejercen una profesión luego de muchos años de entrenamiento, como puede ser un herrero, junto con otras que no tienen ningún tipo de saber o conocimiento específico, como los ayudantes, pero también personas que incluso asistieron a la universidad y se titularon. En algunas de las otras categorías, también podemos encontrar situaciones que pueden resultar engañosas. Para nuestro período, se engloban dentro del ramo “eclesiástico” a los curas a secas, a los curas párrocos, integrantes del cabildo catedralicio, pero también capellanes castrenses que desempeñaron sus funciones en la campaña, en la ciudad o en el marco de una unidad militar que, aunque pudo tener un cuartel fijo asignado, con seguridad estuvo desplazándose continuamente por la intensidad de la actividad guerrera en el período.

Cuadro 4. Nombramientos de civiles por ramo (1810-1820)

Civiles por ramo	Cantidad
Civil general	349
Diplomacia	2
Eclesiástico	108
Educación	28
Ejército-milicia	5
Gobierno	194
Hacienda	618
Justicia	125
Total general	1.429

Más allá de estos considerandos sobre trayectorias posibles en el marco de la revolución, o la discusión sobre la naturaleza de su función y requerimientos para el desempeño de estas, lo que podemos ver que es que predominan los nombramientos en el ramo denominado Hacienda (618), continuando la tendencia colonial señalada en el capítulo anterior, que hace del aparato fiscal el segundo más importante luego del Ejército, seguido bastante de lejos por Civil General (349). Pero, como ya señalamos, esta última categoría es un poco imprecisa ya que engloba cuestiones muy diversas (ver Cuadro 4).

Por otro lado, cuando uno observa con detalle cada ramo, puede encontrar que muchos de ellos comparten empleos que no parecen muy diferentes entre sí, pero imaginamos que en los considerandos con los que fueron hechos esos nombramientos es que se decidió que estuvieran designados para estar en un ramo o en otro y, a partir de allí, podemos presuponer que debían tener funciones no totalmente equivalentes. El caso más representativo de esta cuestión son los nombramientos de secretarios, que encontramos en todos los ramos, salvo para el eclesiástico. Algo parecido podríamos decir para los que son designados oficiales.

Aun así, si desglosáramos por ramo, lo que podemos identificar es que dentro de Civil General la mayor cantidad de nombramientos es para cargos de oficial, seguido por los empleos de oficial escribiente, ayudante, asesor y secretario. Algo similar ocurre en Hacienda, en donde dependientes y oficiales concentran un gran número de los cargos. Dentro del ramo gobierno, también podemos ver la preponderancia de cargos que parecen menores. Pero, aunque estos cargos quizás no implicaban un grado de responsabilidad considerable o un grado importante de autonomía para la toma de decisiones, lo cierto es que resultaban fundamentales para el funcionamiento cotidiano de la administración y el gobierno, ya sea que nos refiramos a los Tribunales de Cuentas, las Comisarías de Guerra o las secretarías de Estado.

Quizás dentro del ramo de gobierno destacan otras dos cuestiones importantes a señalar en esta presentación general. Por un lado, figuran nombramientos o designaciones para cargos que se presuponen electivos, como los de diputados al Congreso o vocales, y que no dependían de nombramiento de las autoridades, sino de las asambleas electorales. Aunque también es posible ver que quizás no todos los cargos del gobierno del período están contemplados. El ejemplo más paradigmático de esto es el caso de los directores supremos. En la base, podemos encontrar que figura 1 supremo director del Estado y 1 supremo director, lo que nos indica que estarían faltando nombramientos. A su vez, encontramos nombrados 14 directores, lo cual excede a la cantidad de personas que ejercieron esa magistratura durante la revolución. Es probable que dentro de esa categoría encontremos los directores supremos que nos faltan, pero también otros cargos. Por esa razón, señalábamos la necesidad de proceder con cautela a la hora de aproximarnos a la base de datos. Dentro de lo referido al ramo justicia, la mayor cantidad de nombramientos está vinculada a esas figuras, como los alcaldes de barrio (33) y de hermandad (19) que, desde el período colonial, ejercían una justicia de proximidad y estaban a cargo de resolver las disputas entre vecinos. El otro número que destaca es el de los escribanos, que llegan a 15. En todos los casos, se trata de nombramientos circunscriptos a la ciudad de Buenos Aires y su campaña.

Para cerrar este apartado, debemos indicar el tamaño relativamente pequeño que ocupó el ramo “educación”, que, teniendo en cuenta el rol decisivo que tuvieron más adelante en el tiempo, en la construcción del entramado institucional estatal, sus 28 nombramientos (distribuidos principalmente entre los colegios San Carlos, Unidos del Sur y la Escuela de San Francisco), resultan un número escaso. Lo más llamativo, en ese sentido, es lo que ocurre con el ramo “diplomacia”, donde figuran los nombramientos de Tomás Guido como diputado ante Chile y de Pascual Ruiz Huidoboro como enviado extraordinario, cuando es conocido que la actividad diplomática de los gobiernos revolucionarios fue mucho más intensa que esto, pero, por algún motivo, no ha quedado registro en las tomas de razón oficiales.

Cuadro 5. Principales nombramientos del Ramo Civil General (1810-1820)

Civil general	Cantidad
Oficial	56
Ayudante	24
Subdelegado	23
Oficial Escribiente	21
Secretario	21
Asesor	16
Portero	14
Escribiente	12
Empleado	8
Escribiente Auxiliar	8
Ordenanza	7

Cuadro 6. Principales nombramientos del Ramo Hacienda (1810-1820)

Hacienda	Cantidad
Oficial	116
Dependiente	112
Oficial Escribiente	37
Administrador	36
Contador	26
Oficial exterior	24
Guarda Mayor	14
Oficial Meritorio	12
Vista	12
Alcaide	11
Oficial Mayor	10
Recaudador	10
Secretario	10
Receptor de Alcabalas	9
Tesorero	9

Cuadro 7. Principales nombramientos del Ramo Gobierno (1810-1820)

Gobierno	Cantidad
Gobernador Intendente	39
Teniente Gobernador	32
Vocal	19
Ministro Tesorero	18
Director	14
Intendente	7
Gobernador	6
Regidor	5
Ministro	4
Ministro Contador	4

Cuadro 8. Principales nombramientos del Ramo Justicia (1810-1820)

Justicia	Cantidad
Alcalde de Barrio	33
Alcalde de Hermandad	19
Escribano	15
Juez de Alzada	7
Camarista	6
Conjuez	6
Redactor	6
Fiscal	5

Empleos militares

Resulta suficientemente claro que los empleos militares son una abrumadora mayoría en este período, lo que se encuentra en relación directa con las características propias de la década, con la guerra como protagonista de la revolución. Desde hace un tiempo, varios historiadores vienen insistiendo en señalar la necesidad de volver a poner a la guerra en el centro de los análisis del proceso revolucionario. No necesariamente para reconstruir una historia militar clásica, sino para enfatizar la dimensión social de dicho fenómeno y resaltar hasta qué punto el funcionamiento de la sociedad, de las instituciones y la configuración del orden social estuvo atravesada por el conflicto bélico desatado con el inicio de la revolución, e ir más allá de la idea de la intensa movilización de hombres que produjo la guerra.^[45]

En este sentido, al repasar las cifras que nos ofrece la base de datos, lo primero que resalta es el peso abrumador de la función militar en los nombramientos del Estado. El concepto de militarización se hace carne ya que la cantidad de personas que reciben empleos como oficiales (también aparecen suboficiales y soldados, pero en menor proporción), tanto en las fuerzas de línea como en las milicias, es enorme. Ahora bien, la distinción entre fuerzas de línea y milicianas es crucial y, en la base de datos, no siempre es sencillo determinar la pertenencia del cargo otorgado. El escalafón de ambas fuerzas es idéntico,^[46] por lo que se hace necesario ver nombramiento por nombramiento y determinar si tal o cual capitán está destinado a una unidad de línea o miliciana. Esto es sencillo con tomas de razón como la de Juan Francisco Recalde, designado, en 1813, como alférez del claramente veterano Regimiento de Granaderos a Caballo. Pero la tarea resulta más ambigua con un caso como el de Domingo Suárez, quien figura como capitán de “ejército” en 1820.

Cuando nos referimos a los ejércitos, solemos distinguir entre oficiales y tropa, siendo estos últimos el grupo mayoritario. Por la lógica en que fueron incorporados los soldados y suboficiales a las fuerzas de guerra durante la revolución, mediante fichas de filiación, que no siempre implicaba la elaboración de una toma de razón, su presencia en nuestra base es claramente inferior a la de los oficiales, pero también significativa, ya que figuran 1181 hombres a los que se les dio empleo como soldados, suboficiales, artilleros o guardiamarinas.^[47]

Como era de esperarse, la mayor proporción de los nombramientos corresponde a soldados, que son 712, pero, si incluimos a los distinguidos y artilleros, llegamos a 714. Luego de ello, se destacan los sargentos, que, sumadas todas las categorías, llegan a 240, y los cabos, que, si los agrupamos, son 203. En ese sentido, vale destacar que, por ordenanza, los cabos deberían superar ampliamente a los sargentos, lo cual es un indicio más de la subregistración de la que estamos hablando. No obstante, aunque la mayoría de la tropa revolucionaria evade nuestro análisis, estos datos son muy importantes para conocer a un segmento de la población del que, en general, tenemos poco conocimiento.

Cuadro 9. Cantidad de nombramientos de soldados y suboficiales (1810-1820)

Nombramientos de soldados y suboficiales	Cantidad
Artillero	1
Cabo	121
Cabo Primero	52
Cabo Segundo	30
Distinguido	2
Pífano	3
Sargento	148
Sargento Primero	47
Sargento Segundo	45
Soldado	712
Tambor	20
Total	1.181

Dejando de lado la tropa, entonces, nos quedan 8.790 nombramientos exclusivamente de la oficialidad y fueron 4.000 personas los que los ocuparon. ¿Esto quiere decir que tuvimos esa cantidad de hombres vinculados a la carrera militar en el Río de la Plata? Difícil establecerlo. A partir de los estados de fuerzas de los ejércitos de línea y de las guarniciones, Alejandro Rabinovich estableció que, para el segundo semestre de 1818, la revolución contaba con 974 oficiales, sirviendo efectivamente en ese momento en las tropas de línea. Para establecer algún tipo de consideración, deberíamos tener presentes dos cosas.^[48] Por un lado, recordar que la base de datos no refleja un flujo real, solo tenemos las altas y no las bajas de oficiales y, por otro, que en las tomas de razón también están contemplados los oficiales de fuerzas milicianas. No obstante, este importante número de nombramientos de oficiales nos lleva a pensar que quizás los números que tenemos sobre la cantidad de tropa movilizada no terminan de reflejar efectivamente la cantidad de tropas movilizadas en esos años.

Lo expuesto hasta aquí señala lo complejo que puede resultar señalar los lugares donde estos oficiales, presentes en las tomas de razón, debían prestar servicio. Esto se relaciona con las formas variadas en que fueron registrados sus nombramientos y el destino de aquellos, y pone en evidencia la falta de institucionalidad dentro de los ejércitos revolucionarios que, muchas veces, se constituyeron de manera improvisada y con múltiples desprolijidades.

Las tomas de razón mencionan cientos de unidades militares diferentes, algunas de ellas muy efímeras o prácticamente desconocidas. A veces, la nominación no estaba atada a una unidad militar en particular, sino a un ejército, como le ocurre a Francisco Andrade, que es nombrado teniente del Ejército Auxiliar del Perú en 1817. En otras ocasiones, lo que vemos son nombramientos militares para desempeñar funciones de gestión, administración o conducción táctica-militar lejos del frente. Tal es el caso de Juan Agüero, nombrado capitán del Estado Mayor en 1811, o de José Arroyo, designado como comandante en la Sala de Armas y Maestranza. En efecto, hay cientos de oficiales sirviendo en posiciones de retaguardia, como los almacenes de artillería, las comandancias, los departamentos de caballería y artillería o los estados mayores.

En algún punto, esto se condice con lo señalado por Halperín Donghi, quien ya había detectado que las partidas de dinero destinadas a los gastos que tenían por objeto cubrir las necesidades de armamento y vestuario venían incrementándose desde 1810. Esto respondía a que el Estado revolucionario debió ocupar el lugar de proveedor que antes ocupaba la metrópoli y, ante el veto que ejerció Gran Bretaña para el aprovisionamiento de armas en el mercado, las necesidades debieron satisfacerse con producción local.^[49] Aunque su número en la base de datos puede parecer pequeño en relación con otras funciones, su aparición confirma la importancia de este grupo para el sostenimiento del esfuerzo de guerra.

Pensando más allá de los campos de batalla, y si pensamos en los entretelones de la guerra, también es importante destacar que hallamos, en la base de datos, la designación de algunos de los cargos que refieren exclusivamente a la conducción política de la guerra. Por eso, podemos toparnos con Matías Irigoyen, quien es designado como secretario del Departamento de Guerra en 1817, o a Vicente Anastasio de Echeverría, en calidad de secretario del Departamento de Gobierno y Guerra en 1820. En total, son siete individuos que figuran con cargos de secretarios en la base de datos. Pero igual denominación no significa que todos cumplieran las mismas funciones, o que estuvieran asignados a las mismas tareas o espacios. Así, además de los casos de Irigoyen y Echeverría que fueron secretarios de Estado, aparece Teodoro Sánchez de Bustamante como secretario del general en jefe del Ejército Auxiliar del Perú, o Dionisio Vizcarra, como secretario del Ejército de Los Andes. Pensando en esas otras tareas y funciones claves dentro de la actividad guerrera, podemos incluir a los auditores de guerra. Este grupo, además, tiene la particularidad que los distingue dentro de las designaciones relacionadas a lo militar para el período 1810 y 1820: las 19 designaciones recayeron sobre 19 personas distintas. No hubo ninguno que haya sido designado auditor en más de una oportunidad para otras funciones.

Otra cuestión que no deberíamos perder de vista a la hora de reflexionar sobre el tipo de empleos que se esconden detrás de la categoría “militar” se relaciona con el sesgo habitual de pensar las fuerzas de guerra solo en el espacio terrestre.^[50] La base de datos también nos brinda información sobre aquellos militares que se desempeñaron en las diferentes escuadras o embarcaciones que fueron armadas por los gobiernos revolucionarios y que tuvieron destacada actuación tanto en el estuario del Río de la Plata como también en los océanos Pacífico y Atlántico. Incluso, la base refleja bastante bien la trayectoria de aquellos que tuvieron actuación militar en ambos escenarios de combate, con Matías Zapiola o Hipólito Bouchard como ejemplos paradigmáticos.

Las designaciones nos permiten abordar otra dimensión que nos resulta interesante señalar en este capítulo. Son numerosos los registros que refieren a unidades militares que son consideradas nacionales: Milicias Nacionales, Guardia de Infanterías Nacionales, Guardia Nacional de Caballería, etc., y que conviven con otras que hacen referencia a la patria: Dragones de la Patria, Artillería de la Patria, por ejemplo. A su vez, otras unidades hacen alusión a las personas que las comandan: Dragones de Francisco Rivero, o a la adscripción social de quienes las integran: Escuadrones de Gauchos, o incluso referencias sociolaborales, como los Azogueros. Estas denominaciones conviven con otras que solo se caracterizan por una nomenclatura numérica: Regimiento de Infantería N° 3, o que tienen en su designación el tipo de unidad militar que conforman: Batallón de Cazadores. Aunque la base de datos nos informa sobre un empleo, también permite reabrir los trabajos orientados a analizar las construcciones identitarias que se gestaron en las primeras décadas del siglo XIX y analizar lo ocurrido con las nomenclaturas de las unidades militares.^[51] De esta forma, esa riqueza que refleja nuestra base se puede poner en diálogo con aquella producción historiográfica que se preocupó por indagar sobre la guerra como fenómeno constructor de identidades y adscripciones políticas.^[52]

Ahora, nos vamos a detener un poco en la cuestión de los cargos de oficiales de aquellos hombres que se desempeñaron en los diferentes regimientos, batallones, ejércitos, fuertes, armerías y cuarteles del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata durante el periodo de la revolución. Si dejamos de lado algunos de los empleos que muchas veces estaban integrados a los ejércitos y unidades militares en sus planas mayores, o que conformaban la estructura de logística y conducción de estos (cirujanos, auditores, comisarios de guerra, etc.), y nos centramos en el escalafón que se utilizó entre 1810 y 1820, nos toparemos, en nuestra base, con 8.585 nombramientos en el grado de oficiales.

Cuadro 10. Cantidad de nombramiento por grado militar (1810-1820)

Grado Militar	Cantidad de nombramientos
Abanderado	27
Alférez	736
Aventurero	2
Ayudante	10
Ayudante Mayor	476
Brigadier	17
Cadete	40
Capitán	1.856
Capitán General	1
Comandante	248
Coronel	196
Coronel Graduado	7
Coronel Mayor	32
General en Jefe	13
Mayor General	5
Portaestandarte	188
Sargento Mayor	464
Subteniente	1.331
Subteniente Primero	2
Subteniente Segundo	4
Teniente	2.588
Teniente Coronel	341
Teniente Segundo	1
Total	8.585

De la información que nos brinda la base, se desprende que el grueso de los nombramientos correspondió a tenientes (2.588) y capitanes (1.856), seguidos de cerca por los subtenientes (1.331) y, más atrás, por los alféreces (736). Esa distribución tiene cierta lógica, pues, a partir del siglo XVIII, el centro de los ejércitos fueron los regimientos y, en el corazón de estos, se encontraban las compañías, que componían la partición más chica de aquellos, y se encontraban al mando de capitanes secundados por tenientes y alféreces.^[53] A raíz de la guerra, la cantidad de unidades militares que crearon los gobiernos revolucionarios fue muy importante, por lo que la designación de oficiales para completar las planas mayores y asignar los responsables de las compañías fue constante. Esas unidades, por lo que prescribían las ordenanzas, estaban a cargo de un coronel, un teniente coronel y un sargento mayor. Pero, si observamos el resto de los nombramientos que se dieron, y sobre todo aquellos cargos directamente involucrados en la conducción de los regimientos y batallones, es difícil establecer si la designación de 196 coroneles guarda algún tipo de relación con la cantidad de unidades creadas en estos diez años, o si, por el contrario, excedió por mucho la cantidad de regimientos existentes. Lo mismo ocurre con los cargos de tenientes coroneles o sargentos mayores.

Gráfico 4. Cantidad de nombramientos por grado militar (1810-1820)

Por otro lado, los cargos en este periodo no necesariamente estaban atados a una unidad militar en particular. En general, aquellos que se desempeñaban en la frontera, a cargo de alguna guarnición, solían ser comandantes o tenientes coroneles. Lo mismo ocurría en otras reparticiones, como en los depósitos de armas, las fábricas militares, etc. Lo que sí llama nuestra atención es la escasa presencia de cadetes que nos ofrece la base de datos. Se supone que este era el lugar ponderado como ideal por las Ordenanzas Militares para la incorporación de aquellos jóvenes que querían optar por la carrera militar. Cada unidad militar podía aceptar un cadete, pero, si pensamos en lo extendido del período, nos arroja que, en promedio, solo cuatro jóvenes por año se incorporaron a los ejércitos de la revolución con el rango de cadete.^[54]

Una de las medidas impulsadas por Mariano Moreno fue la de habilitar el acceso a la oficialidad desde los rangos, es decir que los suboficiales podían ascender, como ocurría en Francia desde la Revolución. Aunque el impacto de esta medida fue subestimado, en principio, por la historiografía, lo cierto es que estudios posteriores mostraron una permeabilidad mayor y el ascenso de muchos suboficiales a los grados de subtenientes o tenientes 2°.^[55] No obstante, la mayoría de los oficiales no salió desde los rangos, por lo que esa proporción tan baja de cadetes nos llama la atención.

La distribución en el espacio

Referirnos a la distribución espacial de los empleos otorgados en este tiempo requiere de grandes recaudos, por varios aspectos. En primer lugar, porque el grueso de los cargos no da indicios de ningún tipo de espacialidad. Del total de 11.554 empleos, solo tenemos información sobre la geografía o jurisdicción a la que estaban vinculados esos cargos para 2.947 casos. En segundo lugar, porque tenemos más de trecientas localidades, espacios, parajes, pueblos, jurisdicciones y lugares o instituciones en donde, al menos, hubo una designación. Igualmente, esta última cuestión nos resulta bastante impactante, ya que nos habla de una dispersión muy importante en la distribución espacial de esos empleos, y de una geografía mucho más variada que la que podríamos haber imaginado de antemano, circunscripta, quizás, a las capitales de las gobernaciones intendencias, o sus ciudades subalternas. Si nos detuviéramos a observar la extensa lista de lugares referenciados, es probable que, a muchos, no sepamos ubicarlos en un mapa de las Provincias Unidas, por lo que, a partir de esta base de datos, también podemos empezar a construir una representación espacial diferente a las que circulan habitualmente en la historiografía del período.

Mapa de las Provincias Unidas del Río de la Plata, c. 1816

Elaboración propia con base en “Colombia Prima or South America in which it has been attempted to delineate the extent of our knowledge of that Continent. Extracted chiefly from the original manuscript maps of His Excellency the late Chevalier Pinto; likewise from those of João Joaquim da Rocha, João da Costa Ferreira; El Padre Francisco Manuel Sobreviela & c. and from the most authentic edited accounts of those countries” elaborado por Louis Stanislas D’Arcy De La Rochette y James Wyld. Extraído de David Rumsey Historical Map Collection. Disponible en https://www.davidrumsey.com/

Pero la inmensa cantidad de lugares registrada en los que se nombró al menos un empleo no nos permite desentrañar cuál fue la lógica detrás de la designación de cargos en el período, ya que estamos frente a designaciones de naturalezas diferentes (civiles y militares) y de importancia y jerarquía muy disímiles. En realidad, contamos, gracias a la riqueza de la base, con condiciones e información valiosa para poder hacer aproximaciones cualitativas reconstruyendo trayectorias individuales. También debemos dar cuenta de otras cuestiones que se dejan ver a la hora de repasar los lugares de los nombramientos. En principio, la fragmentación de las jurisdicciones y agrupamientos políticos en unidades más pequeñas, lo que no necesariamente tiene un correlato o justificativo normativo, ni tampoco es el reflejo de un rediseño institucional o jurisdiccional entre 1810 y 1820.

Buenos Aires es uno de los espacios que más nombramientos recibe. Bajo esta denominación, encontramos 400 designaciones, a la que podemos agregar otras 270 que corresponden a la Campaña de Buenos Aires y otras ocho a la Frontera bonaerense. Solo estamos nombrando o listando las nomenclaturas que aluden claramente a Buenos Aires y no estamos considerando las localidades, parajes o lugares que estaban dentro de la jurisdicción de Buenos Aires, como podrían ser: Quilmes, Maldonado, Morón, etc. Algo similar ocurre para Córdoba (que también se destaca por una gran cantidad de designaciones) y para algunas de las provincias del Alto Perú. En algún punto, esto no debería sorprendernos, por dos razones, principalmente. La primera se vincula con la importancia de dichas jurisdicciones en el entramado político-institucional-burocrático desde el período colonial y su continuidad durante la revolución. En ese sentido, lo que podemos observar es cierta continuidad con respecto al período previo (ver Capítulo 1), pero igualmente deberíamos introducir un pequeño asterisco en la reflexión. El Alto Perú, si bien concentra muchos nombramientos, lo hace para un período más corto, ya que, desde 1815, se pierde definitivamente el control sobre ese espacio y ya no se lo disputará militarmente. La segunda razón es más bien demográfica. Para 1815, la población de la jurisdicción de Buenos Aires ascendía a 92.294 personas y, en Córdoba, a 71,613, mientras que Santiago del Estero contaba con 46.370 almas y Mendoza, con 13.318.^[56]

En otros casos, las nomenclaturas no nos dejan del todo claro a qué espacio se refieren. Tenemos un nombramiento para Provincias del Río de la Plata, 3 para Provincias Unidas y 4 para Provincias Unidas del Río de la Plata, por ejemplo. Pero esta ambigüedad y falta de precisión a las que refieren esos nombramientos vinculados a la idea de Provincias Unidas también aplica para los 14 que recibe Perú o la asignación de 1 empleo en la Campaña.

Cuadro 11. Lugares con más de 20 nombramientos

Lugar del Nombramiento	Cantidad
Provincia Oriental del Uruguay	20
Corrientes	21
Yi	23
Entre Ríos	28
Valle de Cachi-Salta	30
Montevideo	35
Frontera de Abipones	36
Maldonado y Minas	37
Jujuy	43
Banda Oriental	69
Santa Fe	80
Cochabamba	86
Catamarca	90
San Juan	95
San Luis	106
Tucumán	167
Salta	188
Campaña de Buenos Aires	213
Córdoba	219
Mendoza	229
Buenos Aires	400

Cuadro 12. Lugares con entre 10 y 20 nombramientos

Lugar del Nombramiento	Cantidad
La Paz	10
La Plata	10
Patagones	10
San José	11
Yapeyú	11
Gualeguaychú	12
Villa del Rosario-Córdoba	12
Charcas	14
Coronda	14
Gualeguay	14
Piedra Blanca- Obispado de Córdoba	14
Perú	14
Frontera Río Seco-Córdoba	15
Frontera del Rosario-Salta	15
Porongos	15
Orán, Santa Victoria, San Andrés y la Puna	16
Quebrada de Humahuaca	17
Canelones	18

Por otro lado, la base también nos informa de nuevas dependencias y de la creación de empleos en lugares donde antes no los había (o al menos eso presuponemos). Un ejemplo claro de esto es la designación de Francisco Robles como cura en el Nuevo Curato establecido entre el Salado y Montes del Tordillo en 1817. Pero también nos informa el desarrollo de cierta materialidad asociada a la guerra, como se visualiza en el caso de Nicolás Arneaud, quien fuera nombrado sobrestante (encargado de supervisar una cuadrilla de trabajo) en las obras del cuartel y batería de la ensenada de Barragán en 1810.

Conclusión

Estas páginas no pretenden agotar las posibilidades de trabajo que ofrece la base de datos con la que estamos analizando este período. Todo lo contrario, más bien busca señalar algunas de las líneas de investigación que nos ofrece, además de construir cierta caracterización de lo que fue el empleo en los años del proceso revolucionario en función de los datos obtenidos, pero también de la bibliografía existente. Por supuesto que nuestra propuesta tiene ciertos límites. Como hemos enfatizado más de una vez, al no contar con el punto de origen, es decir que no sabemos cuántos hombres estaban vinculados a la administración colonial en 1810, y, a su vez, al no tener los datos sobre las bajas, no podemos dar cuenta del flujo y saber a ciencia cierta si en los diez años analizados tenemos un crecimiento real de la cantidad de personas vinculadas al gobierno revolucionario mediante algún tipo de empleo. Es cierto que, si lo analizamos por tipo de empleo, o por dependencia, quizás lo podemos inferir. El volumen de nombramientos con que contamos para ciertos años, más los datos sobre la cantidad de personas que estaban vinculadas a ciertas dependencias en el período anterior nos permite deducir que se dio una expansión del empleo. Aunque quizás no podamos concluir de manera taxativa el tamaño del Estado y de su personal, sí, en cambio, deducir cierta expansión. Esto es muy notorio, sobre todo en relación con el empleo militar.

Quizás no necesitábamos esta base de datos para imaginar que la revolución trajo aparejada una expansión de la cantidad de efectivos militares, cosa que ya había sido señalada por la historiografía a partir del análisis sobre los gastos del Estado revolucionario y el lugar que tuvo, dentro de él, la función militar, puesto que el crecimiento de la cantidad de hombres bajo bandera era algo lógico en función de que la guerra fue una constante durante la revolución y un elemento estructurante de la sociedad en esos años. No obstante, resulta impactante constatar la cantidad de nombramientos que se produjeron año a año. En ese sentido, también resulta novedoso lo relativo a la espacialidad de esos empleos. Si bien es cierto que para la mayoría de los nombramientos no tenemos una referencia geográfica clara, y muchos de ellos, en realidad, aluden a instituciones o presentan nomenclaturas ambiguas, lo cierto es que podemos observar una espacialidad mucho más amplia y compleja que la que nos podríamos haber imaginado, y que permitiría repensar la geografía de ese mismo proceso revolucionario y la construcción de cierta estatalidad en el marco de este, o por lo menos, de una burocracia.

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