Alejandro M. Rabinovich

El presente libro es el fruto colectivo de un proyecto de investigación plurianual del CONICET titulado Militarización y construcción estatal en el Río de la Plata, llevado adelante entre 2016 y 2021. Dicho proyecto partió de la hipótesis de que el siglo XIX rioplatense estuvo signado por la confluencia de dos fenómenos de gran alcance. Por un lado, un proceso masivo de militarización que llevó, a partir de las reformas borbónicas y de la revolución, a una porción cada vez más significativa de la población local a participar de las fuerzas militares, tanto de línea como milicianas. Por otro lado, un dificultoso esfuerzo de construcción estatal, a nivel nacional y provincial, que buscaba retomar las funciones de la antigua estructura administrativa colonial y proyectarlas a una nueva escala y en un nuevo escenario. Si bien ambos procesos ya han sido abundantemente estudiados por la historiografía,^[1] planteamos que aún puede avanzarse de manera significativa en dos aspectos clave. Ante todo, en una muy necesaria cuantificación, por etapas, del personal que formó parte de las distintas estructuras civiles y militares desde el régimen colonial hasta la consolidación del Estado nacional en 1880. Luego, en un análisis sistemático de la relación profunda entre la militarización y la construcción estatal, determinando, entre otros factores, la frecuencia y las modalidades de la participación de los militares en las instancias civiles de administración y gobierno del Estado. Para cumplir estos objetivos, el equipo de trabajo se abocó a construir una gran base de datos que recogiera todas las altas de empleos civiles y militares existentes en el Archivo General de la Nación y en el Registro Oficial. Esta base de datos, titulada Empleo público civil y militar, Río de la Plata: 1600-1873 (EPCM), está concebida como una herramienta para que colegas investigadores y público general puedan acceder a un tipo y cantidad de información que previamente no estaba disponible. Esta es de acceso libre y gratuito en la plataforma de CONICET^[2] y, si bien no es indispensable descargarla para proceder a la lectura del presente libro, consideramos que el lector comprenderá mejor el argumento si se familiariza mínimamente con ella.

Fuentes de la base de datos EPCM

La base de datos que presentamos a la comunidad historiográfica está conformada a partir de dos fuentes principales: un índice de tomas de razón, elaborado a principios del siglo XX por el Archivo general de la Nación, que cubre el período 1600-1821, y los apéndices de los Registros oficiales para el período 1822-1873. Se hace indispensable, para poder utilizarla de manera correcta, conocer brevemente el origen y las características de estas dos fuentes.

Según la definición del propio AGN, “en términos jurídicos, se denomina Toma de Razón a una constancia escrita en registros oficiales”,^[3] un tipo documental de uso muy corriente en todas las ramas de la burocracia hispánica desde que la Corona, a través de una serie de decretos, reglamentó el registro y la publicidad de distintos actos sociales, contables, militares y eclesiásticos durante el siglo XVI. Concretamente, se trata de un documento bastante sencillo en el que una secretaría, o más comúnmente una tesorería, toma nota de un acto burocrático para su posterior registro. Por ejemplo, la tesorería toma razón de que la Secretaría de Guerra ha nombrado o promovido a tal o cual oficial al grado de capitán, para que quede constancia de que es necesario pagarle el correspondiente sueldo. Si bien varían en su forma y contenido, la mayoría de ellas incluye el nombre del beneficiado, su nuevo empleo, la fecha de alta de este y su destino institucional y geográfico. Las tomas de razón constituyen, pues, una vía de acceso privilegiada para conocer en detalle los empleos de todo tipo (militares, civiles y eclesiásticos) otorgados por un determinado Estado.

Para el caso del Río de la Plata, es útil recordar que el actual Archivo General de la Nación donde se aloja el fondo considerado se originó a partir de la nacionalización del Archivo General de la provincia de Buenos Aires, creado a partir del decreto del 28 de agosto de 1821 bajo el gobierno de Martín Rodríguez, por iniciativa del ministro Bernardino Rivadavia.^[4] Desde el momento de su fundación, este archivo recogió los fondos de la burocracia indiana en vías de desaparición, desde el Cabildo hasta el Tribunal Mayor de Cuentas, así como los del primer gobierno patrio. Luego, según el período, seguiría incorporando los fondos del gobierno provincial o de los gobiernos nacionales con sede en Buenos Aires.

En 1858, dentro del marco del Estado de Buenos Aires, asumió la dirección del archivo Manuel Ricardo Trelles, un estrecho colaborador de Bartolomé Mitre quien, como se sabe, por entonces estaba sentando las bases de la historia patria tradicional (ese mismo año, publicaba su Historia de Belgrano). En ese proyecto, jugaba un rol decisivo la configuración de un panteón de padres fundadores, conformado, en primer lugar, por los “guerreros de la independencia”^[5] y, dentro de este paradigma, las tomas de razón del período revolucionario adquirían un valor singular, puesto que constituían la manera más eficaz de demostrar la participación de un individuo en la gesta independentista. Esta demostración reportaba no sólo honor para el veterano y sus descendientes, sino un posible acceso a abultados premios, sueldos adeudados y pensiones. Dado el consiguiente incremento en la frecuencia de consulta de estos documentos, la gestión de Trelles comenzó a entresacar las tomas de razón de sus respectivos legajos de origen (rompiendo así la unidad de procedencia) para agruparlas en un conjunto artificial.^[6] La utilización de estas fuentes se volvió aún más asidua a partir de 1873, cuando el Congreso de la Nación dictó una serie de leyes para poner en funcionamiento la Comisión Liquidadora de las Deudas de la Independencia y del Brasil, con el objeto de sistematizar el pago de sueldos y premios pendientes a los ya ancianos veteranos de guerra o a sus herederos.^[7]

Como resultado de los esfuerzos del AGN, se terminó constituyendo un fondo de Tomas de Razón con más de 32.000 entradas correspondientes al período colonial (desde 1600) e independiente (hasta 1821), agrupadas en 85 libros.^[8] En ellos, se reunieron los originales de todos los empleos, promociones y bajas de carácter civil, militar o eclesiástico otorgados, así como tomas de razón relativas a donativos y premios u otras de carácter comercial, como los permisos de pulperías.^[9] Sin embargo, la consulta de esos libros resultaba sumamente engorrosa porque los causantes, en lugar de figurar en orden alfabético, estaban distribuidos por cuerpos o localidades. Esto comenzó a subsanarse en 1879, cuando una parte del acervo (tomos 65 a 85, correspondientes al período 1810-1821) fue publicado por la imprenta La República como apéndice del tomo 1 del Registro oficial de la República Argentina. De todos modos, en esa ocasión, la tarea fue realizada con tantas omisiones y errores que el público siguió concurriendo al Archivo para consultar.

Ante esta situación, en 1905, las autoridades del AGN decidieron encarar la ardua labor de realizar un índice alfabético de todo el fondo. Este se completó recién en 1925 y fue publicado en Buenos Aires por la editorial G. Kraft, bajo el título Tomas de Razón de Despachos Militares, Cédulas de Premio, Retiros, Empleos Civiles y Eclesiásticos, Donativos, etc. 1740 a 1821, con una extensión de 976 páginas. A lo largo de la década de 2010, este libro, utilizado durante décadas por los investigadores en la Sala de Consulta del AGN, fue copiado textualmente a Excel por el personal del archivo. Es este documento el que hemos utilizado como insumo primario para elaborar nuestra base de datos en lo que concierne hasta el año de 1821. En vistas al objetivo de nuestro proyecto, lo que hicimos respecto del original fue quitar todas las entradas no correspondientes a empleos (cédulas de premio, donativos, permisos económicos, etc.) y desglosar en distintas columnas los apellidos, los empleos, el destino geográfico y la dependencia institucional, que antes constaban en un mismo campo, para así permitir búsquedas por cada uno de estos criterios. Simplificamos, además, los cientos de tipos de empleos y destinos que, al estar copiados textualmente, generaban muchísimas dificultades para la homologación, y agregamos las categorías de “civil” y “militar” y la distinción por “ramo” del empleo, de manera de permitir análisis cuantitativos más genéricos.

Como el índice de Tomas de Razón concluye en 1821, para el periodo posterior, tuvimos que recurrir a otro tipo de fuente: el registro oficial. Al respecto, hay que considerar que el Registro Oficial de la República Argentina está constituido por un conjunto de publicaciones realizadas en cumplimiento de la Ley 682 de 1874, que mandaba conformarlo con todas las leyes y decretos de carácter nacional dictadas desde 1810 hasta 1873 inclusive.^[10] El Dr. Aurelio Prado, a cargo de la edición, describía en los siguientes términos su visión del proceso:

La tarea que se me ha encomendado es de penosa labor, bajo el modesto nombre de edición se trata de coleccionar y preparar el Registro Nacional de cuarenta años; antes de 1851 no ha habido más Registro Nacional que de 1825 a 26; en los demás años (1810 a 1824 y 1826 a 1851) hay que formarlo de nuevo; buscando las resoluciones esparcidas en periódicos y publicaciones diversas, pues la Recopilación de Angelis ni es completa, ni abraza todo ese periodo.^[11]

Para cumplir su cometido, Prado recurrió al Archivo General, al Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires y a las Recopilaciones de Leyes de las Provincias, además de colecciones públicas y privadas, con lo que logró entregar el manuscrito en 1877. Este fue elevado a una comisión revisora que, en 1879, decidió que:

Los documentos que versaran sobre promociones militares de General abajo, se relegasen al Apéndice, que con acuerdo de ese Ministerio se ha organizado y se incluyan en él, los grados militares expedidos por los Generales en Jefe de los Ejércitos de la Independencia, sin excluir los que diera el General Don Martín de Güemes y otros jefes en su caso, reconocidos por ley de 2 de octubre de 1873.^[12]

Finalmente, el 28 de junio de 1879, se anunciaba que la obra se hallaba lista para su publicación con un apéndice:

comprendiendo, por orden cronológico, y alfabético a la vez, la nómina de los individuos que obtuvieron grados militares, empleos civiles, cédulas de retiro, jubilaciones y licencias absolutas, durante el mismo periodo de once años abrazado, por los documentos arriba mencionados. La importancia y utilidad de este trabajo, hecho con la posible escrupulosidad, bajo la inteligente dirección del Oficial lº de la Contaduría Nacional, Señor D. Manuel Peña, son tan evidentes que se hace innecesaria toda recomendación mía al respecto.^[13]

Son estos largos apéndices, que se repetirían en cada volumen, los que nos interesan particularmente en este proyecto. Organizados a manera de tablas, incluyen el nombre, grado o empleo, cuerpo o destino y la fecha de miles de altas registradas por el aparato estatal de cada época considerada. Son estos miles de entradas las que incorporamos manualmente a la base de datos EPCM para llevarla hasta 1873. Sin embargo, pronto notamos que el apéndice del registro oficial presentaba lagunas considerables. En primer lugar, en algunos volúmenes, por más que el título del apéndice indicara que se trataba de empleos civiles y militares, en la práctica, encontramos un registro casi exclusivo de empleos militares de general para abajo. Esto nos obligó a recoger las designaciones civiles del cuerpo general de leyes y decretos, pero en estos sólo se hallaron los nombramientos del personal de cierta jerarquía, perdiéndose la oportunidad de conocer a los empleados de base de cada repartición. Durante los años de las gobernaciones de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires, en particular, se registra un número muy bajo de empleos civiles, por lo que se recurrió a un conjunto de estrategias alternativas, como se verá en el capítulo correspondiente.

Características de la base y precauciones metodológicas para su uso

Pese a todas las dificultades mencionadas en la sección precedente, la base de datos puede proveer una cantidad de información muy significativa. Nada menos que 39.698 altas de empleos otorgados a 22.512 personas físicas que, en algún momento, se desempeñaron en las fuerzas militares o las estructuras estatales rioplatenses y argentinas. Se constituye, así, en una herramienta muy útil para todo aquel investigador abocado a realizar estudios sociales, prosopográficos, genealógicos o historiográficos en general. Básicamente, permite ubicar en tiempo, espacio y función a buena parte de las personas mencionadas en cualquier documento de época. La base nos habilita incluso a reconstruir rápidamente una hoja de vida del personaje de nuestro interés, pudiendo seguir sus ascensos y traslados a lo largo de su carrera como militar o funcionario.^[14]

A nuestro entender, sin embargo, la potencialidad más grande de la base de datos es servir como insumo para estudios cuantitativos de un tipo de los que nuestra historiografía carece. Como mostraremos a lo largo del presente libro, la base EPCM permite determinar con relativa certeza los ritmos del desarrollo estatal, su grado de militarización, las áreas geográficas privilegiadas por el gobierno de turno o las dependencias estatales que más crecen en un determinado periodo. Ahora bien, la información brindada es de un tipo particular, por lo que conviene ser claros respecto de sus características.

Ante todo, lo que se registra en la base de datos EPCM son exclusivamente las altas de empleos. Es decir, ocurrencias de personas que se incorporan o son promovidas dentro del escalafón civil o militar. Se trata, entonces, de algo muy diferente al tipo de información que obtenemos habitualmente de los estados de fuerza, los presupuestos, los almanaques o las memorias de un determinado organismo. Mientras que estos últimos nos brindan una fotografía estática de la cantidad de personas que componen la planta de un ministerio o de un regimiento en cierto momento, la base EPCM nos informa respecto del flujo de personas que se van agregando a dichos cuerpos. De tal manera, nos dice en detalle la cantidad y tipo de empleos nuevos que se otorgan, pero nunca cuántos empleos hay en total. Es por eso que el análisis historiográfico debería tratar a la base EPCM como una herramienta complementaria de las fuentes habituales, tal como lo realizaremos en los capítulos del presente libro, y no como su reemplazo.

La imposibilidad de calcular el tamaño de la planta estatal partiendo exclusivamente de la base EPCM se debe a tres motivos. En primer lugar, a que no podemos saber si los empleos mencionados en nuestras fuentes son todos los que realmente existieron. Es posible que no todos los empleos fuesen registrados por tomas de razón, al tiempo que muchas de estas se deben haber perdido por diversos motivos o no fueron encontradas en sus legajos de origen por el personal del archivo. Por otro lado, solo disponemos de las altas de empleos y no de las bajas, ya que, en las fuentes originales, se registraba un número ínfimo de estas y decidimos quitarlas para homogeneizar la información. Por último, muchas de las tomas de razón registradas responden a promociones y no a la incorporación de una nueva persona a la planta, de manera que no indican un aumento de esta. Por ejemplo, el alta de un capitán del ejército implica el ascenso de un teniente ya registrado, no un nuevo militar sumado a la fuerza. De todos modos, si se quiere conocer aproximadamente el número de personas físicas involucrado en la base de datos evitando contar múltiples veces a la misma persona, es posible hacer cálculos en función de nombres y apellidos no repetidos.

Otra consideración metodológica importante para tener en cuenta es la gran heterogeneidad de los empleos consignados en las tomas de razón que usamos como insumo. A los fines de habilitar la realización de estudios cuantitativos, la base de datos trata a todas las altas de empleos de la misma manera, pero la historiografía especializada, tanto internacional como nacional, ha demostrado abundantemente que, en el periodo considerado, las estructuras estatales del mundo hispánico se hallaban en pleno proceso de reconfiguración.^[15] No era equivalente, pues, un funcionario real de mediados del siglo XVII que un burócrata de fines del XIX, del mismo modo que un capitán de milicias, quien sólo servía y cobraba sueldo en situaciones de emergencia, difería de un capitán del ejército de línea.^[16] Juan Carlos Garavaglia señaló, en diversas oportunidades, que, en la mayoría de los casos, quienes servían al Estado no se ajustaban al tipo weberiano de funcionario especializado con una serie de saberes técnicos y características precisas y regladas en todos sus aspectos, ni se trataba de un segmento de personal “separado de la sociedad”, atributos que se les suelen asignar a las burocracias contemporáneas.^[17] De hecho, estos rasgos resultan bastante infrecuentes en el período abordado, con excepción de las cúpulas ministeriales y en algún sector de oficinas. Es probable que fuese el departamento de Hacienda el que más tempranamente reuniera empleados con estas características técnicas, aunque podemos encontrar casos dispersos a lo largo de toda la administración.^[18]

El término de “empleado”, que hacemos nuestro ya que es utilizado en los presupuestos y en parte de la legislación del período, resulta, por su amplitud, el más cómodo para una primera aproximación, dado que posibilita reunir a una amplia gama de actores con diverso grado de dependencia.^[19] Pero este grupo heterogéneo comprende desde burócratas propiamente dichos, administrativos especializados, ordenanzas y porteros de cada oficina, hasta efectivos militares, guardas, policías y serenos. Se incluyen también peones eventuales, cuyo común denominador era que recibían un sueldo o algún tipo de estipendio del Estado provincial, aunque cabe imaginar que no todos tenían la misma estabilidad laboral. Es probable que estos peones, “sirvientes”, baqueanos, ayudantes de obras, carreros y amas de leche hayan rotado en muchos casos, a modo de trabajadores zafrales, siendo el Estado un patrón más dentro del mercado laboral.

Al mismo tiempo, a mediados del siglo XIX, ya estaba bastante difundido, a nivel normativo, el término más específico de “funcionario público”. Aunque no es posible trazar una definición del todo precisa, esta categoría se empleaba en los documentos de época para aludir a aquellos que cumplían sus tareas –de decisión, gestión o ejecución– dentro de la administración pública con cierta continuidad en el tiempo y poseían atribuciones, obligaciones y jurisdicciones recortadas –no siempre con claridad– por reglamentos específicos o disposiciones sueltas. Estas personas se insertaban dentro de una cadena de mando, eran nombrados por y dependían de las autoridades competentes y recibían un sueldo, pudiendo, además, acogerse a una jubilación. No obstante, el concepto de funcionario público también abarcaba a personal que reunía algunos de estos atributos previos, pero, a priori, no era rentado, como los jueces de paz, figuras absolutamente capitales en el gobierno del territorio por la amplitud de sus atribuciones.^[20]

El universo expresado en la base de datos es, así, tan diverso como la realidad social que refleja. Al interior del equipo de trabajo de este proyecto, tuvimos largas discusiones respecto de lo que debía ser considerado propiamente un empleo y, por ende, ser incluido o no en la base de datos. ¿Existía una definición de “empleo” que pudiera aplicarse a todos los períodos y organismos considerados, o en ocasiones era más propio hablar de cargos, oficios o títulos? ¿Debía ser requisito que la persona cobrara un sueldo por su labor? ¿Debía trabajar exclusivamente para el Estado? ¿Su función debía ser permanente o podían aceptarse los nombramientos a tiempo determinado? Siendo que nuestro objetivo principal era construir una herramienta útil para la comunidad historiográfica en general, concluimos por adoptar un criterio de admisión amplio y genérico, confiando en que, al utilizar la base de datos, el especialista de cada temática sabrá calibrar los resultados de acuerdo con la naturaleza de su objeto de estudio.

En lo que hace a la geografía considerada, resulta evidente que entre 1600 y 1873 el territorio del Río de la Plata sufrió enormes cambios geopolíticos de todo tipo. La naturaleza misma de las estructuras estatales existentes fue variando, mientras que cualquier intento de continuidad era interrumpido una y otra vez por dramáticas revoluciones, rupturas y quiebres. ¿De qué Estado estamos hablando, entonces?^[21] La antigua gobernación de Buenos Aires ocupaba un territorio muy diverso al del virreinato o al de las Provincias Unidas. ¿Qué hacer, después de 1810, con los empleos propios del Alto Perú o del Paraguay? ¿Qué hacer con los empleos otorgados en los Pueblos Libres? Luego de 1820, ¿cuáles son los empleos por considerar? ¿Los de Buenos Aires, los de las provincias o los de la Confederación?^[22] Y, a partir de 1852, ¿hay que incluir a los del Estado de Buenos Aires, a los de la Confederación Argentina o a ambos?^[23] Las implicancias de cada una de estas opciones son historiográficamente muy significativas.^[24] En cada capítulo de este libro, serán sopesadas y analizadas en detalle. Aquí, basta con decir que, para la elaboración de la base de datos, ante la imposibilidad de elegir un rumbo más correcto que otro para todos los casos, decidimos adoptar el criterio de seguir a nuestra propia fuente. Es decir, se incluyen las tomas de razón que por algún motivo terminaron resguardadas en el Archivo General de la Nación situado en la ciudad de Buenos Aires y las recopiladas en 1874 por una comisión del Congreso Nacional. Desde ya, esta decisión deja al usuario expuesto a numerosas inconsistencias. A lo largo del siglo XVIII, parecen radicarse en Buenos Aires tomas de razón de empleos que están muy fuera de su jurisdicción. Durante las décadas de 1830 y 1840, el Registro Oficial ignora los nombramientos realizados en las provincias del interior, pero registra los de Buenos Aires. Subsanar estas deficiencias, recabando, por ejemplo, los empleos de cada provincia, es algo que nos hubiera gustado hacer, pero que excedía ampliamente las posibilidades de nuestro proyecto. Ojalá en el futuro nuevos proyectos de investigación puedan mejorar y completar la base de datos de la que disponemos en este momento.

El presente libro

En este libro, el lector encontrará una serie de ensayos dedicados a explorar de manera preliminar lo que la información de la base de datos EPCM puede decirnos sobre los procesos de construcción estatal y militarización en cada etapa de la historia rioplatense y argentina. Cada capítulo, escrito por un especialista del periodo, provee una presentación general de aquel, de lo que ya sabemos respecto de la conformación del Estado gracias a los presupuestos, memorias u otras fuentes disponibles, así como de las discusiones historiográficas más relevantes. Luego, se presentan y analizan los hallazgos de la base de datos en términos de cantidad, ritmo y localización del empleo generado, así como del tipo y ramo de este. La intención es tratar de entender las relaciones entre el flujo de empleos y los acontecimientos políticos y militares más importantes, al tiempo que se validan o se falsean las hipótesis principales de la historiografía específica.

El Capítulo 1, escrito por María Eugenia Alemano, lidia con el largo período que va desde 1600, año en que se registran las primeras tomas de razón disponibles en el archivo, y el fin del régimen colonial con la revolución de 1810. Como tal, describe la progresiva transformación de la monarquía corporativa en un verdadero Estado fiscal militar centralizado, lo que, en tierras rioplatenses, estuvo fuertemente marcado por el paso de la gobernación de Buenos Aires al virreinato del Río de la Plata en 1776 y al sistema de intendencias. Gracias a los nuevos datos de los que disponemos, el impacto de las reformas borbónicas y la decisión de transformar a Buenos Aires en un baluarte imperial puede cuantificarse tanto en términos del volumen del empleo creado como en los de su composición. Siguiendo los flujos de creación de empleo, la autora identifica precisamente “ciclos de reforma” que marcan el ritmo del desarrollo estatal, y que no siempre coinciden con los que estaban señalados en la bibliografía existente. También se manifiesta la brutal redistribución del gasto estatal en favor de la nueva capital virreinal y en desmedro de territorios previamente privilegiados, como el Alto Perú. Otro hallazgo importante, que ameritaría más estudios específicos, es el flujo significativo y constante de empleos destinados a las Islas Malvinas. Las tomas de razón no sólo nos permiten constatar la presencia interrumpida de una administración española en las islas desde 1767, sino que nos ofrecen una visión muy detallada de la composición de esta.

El Capítulo 2, de Alejandro Morea, estudia la década revolucionaria que va de 1810 a 1820. Aquí, los nuevos datos disponibles permiten revisitar las discusiones respecto a las rupturas y continuidades producidas por la revolución en la planta burocrática del Estado, aunque el dato innegable es que, en este periodo, se generan muchos más empleos por año que en cualquier otro de la serie. Lo que se destaca, sobre todo, es el tremendo peso de la militarización desatada por las guerras de revolución e independencia, que aquí deja de ser un concepto abstracto para transformarse en miles y miles de nombramientos con nombre y apellido que pueden estudiarse en detalle. Este peso no estaba dado tan sólo por nuevos hombres que se incorporaban a las armas, sino por un ascenso cada vez más rápido de los oficiales lanzados a la carrera de la revolución, lo que tendría consecuencias políticas profundas y duraderas.

El tercer capítulo, redactado en colaboración por Mario Etchechury e Ignacio Zubizarreta, analiza el período que va desde el colapso del gobierno central en 1820 hasta la derrota del rosismo en 1852, y se puede decir que es de lejos el más difícil y complejo del libro. Difícil porque las fuentes utilizadas para conocer la creación de empleo son, en este caso, más escasas, erráticas y heterogéneas que en los demás capítulos. Complejo porque el objeto de estudio debe centrarse en la provincia de Buenos Aires, pero pasa de las reformas rivadavianas a un proyecto nacional de corta vida y, luego, a un sistema de Rosas que es provincial, aunque con hegemonía en la Confederación. Dada esta situación, los autores se apoyan en toda una serie de fuentes complementarias para demostrar que existió un núcleo administrativo que se mantuvo sin cambios profundos entre los períodos rivadaviano y rosista, tanto desde el punto de vista de la estructura como del personal. La novedad entre uno y otro, más bien, radicaría en el grado de politización de la función pública para que se adaptase al nuevo estilo de gobierno, así como en el establecimiento de un principio de autoridad más claro al interior de las reparticiones.

El Capítulo 4, escrito por Ignacio Zubizarreta, explora lo ocurrido entre las batallas parteaguas de Caseros y Pavón. Este periodo lleva la marca, desde ya, de la separación de hecho entre dos entidades soberanas rivales: la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Esta situación agrega, evidentemente, un nivel de complejidad extra al análisis, pero la posibilidad de comparar ambas estructuras resulta muy enriquecedora. Desde el punto de vista de la creación del empleo, el autor señala que la inevitable duplicación de puestos llevó a un crecimiento muy marcado de las altas, aunque con un quiebre de tendencia significativo en el hecho de que la proporción de empleos militares comienza por fin a descender. En efecto, a partir de este punto, la base de datos comienza a dar señas de una notable diversificación de las funciones estatales, en particular en las áreas de educación y justicia. Zubizarreta elige el caso de las relaciones exteriores de ambos Estados para demostrar la potencialidad de la base de datos EPCM en cuanto permite estudios de una profundidad inédita sobre la composición de la planta de los ministerios y de la carrera de sus funcionarios.

Por fin, Leonardo Canciani está a cargo de un capítulo dedicado a abarcar la primera fase del Estado nacional ya unificado y en vías de consolidación, entre 1862 y 1873, punto de llegada del recorrido de este libro. Estos años, pese al indudable impacto de la Guerra del Paraguay, dan ya muestra definitiva del crecimiento y diversificación de los empleos civiles, que tienden también a repartirse cada vez con menor inequidad entre Buenos Aires y las demás provincias. La base de datos grafica claramente cómo el despliegue de una infraestructura de transporte y comunicaciones moderna se expresa en centenares de empleos especializados dentro del telégrafo, el correo o el ferrocarril.

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