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Conclusiones

En las páginas precedentes aportamos respuestas –que como en todo proceso de investigación resultan parciales e inacabadas– a nuestro interrogante de investigación acerca de la configuración y la dinámica del conflicto en cooperativas de trabajo, concebidas como formas socioproductivas no estructuradas sobre la relación capital-trabajo. A continuación, retomamos y articulamos nuestros principales hallazgos en dos ejes temáticos. Por último, esbozamos nuevas preguntas de investigación que esperamos abonen futuras líneas de indagación, tanto propias como ajenas.

I. El cooperativismo de trabajo del siglo xxi y las luchas en torno al trabajo

Debido a que nuestro interés radicó en las formas de cooperativismo surgidas a partir del siglo xxi, comenzamos con la delimitación de un universo específico al interior del cooperativismo de trabajo: las empresas recuperadas por sus trabajadores y las cooperativas creadas en el marco de políticas públicas. En un primer momento, entonces, la tesis se sumergió en este subuniverso bimodal del cooperativismo, analizando sus sociogénesis y desarrollos específicos. Esta indagación se realizó en dos niveles: uno global y otro a una escala de casos de estudio. A partir de este abordaje tres elementos emergieron con centralidad, de modo que pudimos caracterizar al cooperativismo de trabajo del siglo xxi a partir de: a) su sociogénesis contenciosa, b) anclada en demandas y reivindicaciones en torno al trabajo de las clases trabajadoras excluidas de la posibilidad de vender su fuerza de trabajo y, por lo tanto, con nulo poder estructural y bajo poder asociativo (Wright, 2000) para activar en sus luchas, y c) desarrollada bajo una forma específica de contienda política (Tilly y Wood, 2010): el movimiento social. Veamos esto en cada uno de los tipos de cooperativa.

En primer lugar, la recuperación de empresas encuentra su elemento estructurante en la crisis de la unidad productiva y en la vulneración de la relación laboral (Rebón, 2007). La recuperación se constituye entonces en la respuesta de un colectivo de trabajadores frente a las relaciones de explotación a nivel de la empresa. Ahora bien, en el contexto de la generalización de la mercantilización (Burawoy, 2008, 2015) que planteó la crisis de fines de siglo en la Argentina, y en el marco de una sociedad en la cual el valor del trabajo configura una economía moral que viabiliza y legitima la acción colectiva cuando el trabajo se encuentra vulnerado (Rebón, Kasparian y Hernández, 2015; Thompson, 1979), se conformó un movimiento social de empresas recuperadas, a partir de la confluencia de múltiples identidades sociales, que motorizó la expansión y difusión de la recuperación de empresas. En este sentido, señalamos que el movimiento de empresas recuperadas integra dos tipos de luchas de trabajo (Silver, 2005): aquellas pasibles de ser observadas a través de los lentes de Marx y las relaciones de explotación en las unidades productivas, y aquellas señaladas por Polanyi en contextos de generalización de la mercantilización y de dislocación social.

En términos del tipo de poder de los agrupamientos sociales sobre los que se asienta este movimiento y su capacidad de movilización e instalación de demandas, sostenemos que se trata principalmente de un poder asociativo (Wright, 2000) no institucionalizado, construido sobre la fortaleza simbólica del valor del trabajo y los resortes que dicha fortaleza brindó para la constitución de una alianza de diversas identidades sociales que nutrió al movimiento con promotores y recursos organizativos. Además, al ocupar los establecimientos productivos, los agrupamientos sociales obtienen un elemento estructural a su favor, en tanto la ocupación les brinda herramientas para la negociación con sus antiguos patrones y titulares de los inmuebles.

En segundo lugar, en el caso de las cooperativas enmarcadas en políticas sociales, y específicamente en el Programa Argentina Trabaja, sostuvimos que si bien el lanzamiento del Programa no fue producto de la lucha de las organizaciones sociales a través de la acción colectiva, y en este sentido, la conformación de cooperativas puede ser considerada como “inducida por el Estado” (Vuotto, 2011); sí son producto del accionar de las organizaciones de trabajadores desocupados la conformación efectiva de ciertas cooperativas, el ingreso de beneficiarios de organizaciones sociales y ciertas características que adquirió la política pública.

El lanzamiento del PAT se constituyó en una ventana institucional (Tarrow, 1999) para la acción colectiva de las organizaciones de trabajadores desocupados debido al carácter focalizado del Programa, el cuestionamiento que implicó al rol intermediario de las organizaciones sociales en la política social, y el contexto de desaceleración del crecimiento económico y de crisis política en el cual se lanzó. De este modo, a partir del PAT se abrió un nuevo ciclo de protesta (Tarrow, 1999), otorgando a las luchas protagonizadas por las organizaciones de trabajadores desocupados la forma de movimiento social. Así, la tesis nos permitió matizar el carácter “inducido” de las cooperativas y develar las luchas subyacentes a su conformación. La fortaleza del movimiento de trabajadores desocupados reside en el poder asociativo (Wright, 2000) no institucionalizado que, aunque relativamente bajo, logran conformar los agrupamientos sociales que lo componen. Este poder asociativo no se sustenta en el peso simbólico de un agravio (como en el caso de las empresas recuperadas), sino en la capacidad de movilización y disrupción del orden público que producen estas organizaciones a través de su acción colectiva, principalmente, el corte de calles. Además, las acciones colectivas desarrolladas a propósito del PAT le otorgaron un saldo organizativo positivo a los agrupamientos sociales que conforman el movimiento, en tanto coadyuvaron a la conformación de dos organizaciones de carácter gremial orientadas a “laboralizar” las demandas de los beneficiarios de programas sociales con contraprestación laboral.

A partir de los estudios de caso y su comparación, pudimos profundizar los análisis en torno a estos momentos constituyentes de las experiencias cooperativas. En el caso de la empresa recuperada, dos hallazgos resultaron centrales. Por un lado, la observación de que el carácter aún abierto del conflicto por la tenencia del inmueble nos advierte acerca de la necesidad de revisar periodizaciones que tienden a ubicar dicho conflicto en los primeros momentos de la recuperación de la empresa, a los que luego le continúa un período de estabilización jurídico-productiva-económica (Lucita, 2009). Si bien nuestro análisis no invalida el aporte mencionado, el estudio de caso resulta sugerente porque nos señala el carácter procesual y contencioso de la recuperación de empresas, aun cuando las unidades productivas arriban a un estadio de relativa estabilidad económico-productiva.

Por otro lado, el análisis del conflicto constituyente del caso de estudio develó que detrás de la contienda con las fuerzas externas del Poder Judicial y político (Bialakowsky et al., 2004), lo que encontramos es una disputa judicializada por el control y la tenencia de la unidad productiva entre el colectivo de trabajadores de la cooperativa y el titular del inmueble –y antiguo empleador–, en la cual los poderes estatales se encuentran involucrados e incluso por momentos se transforman en los destinatarios de las demandas. Dependiendo de los contextos sociopolíticos y del poder del Estado de que se trate, la balanza se inclina a favor de la cooperativa o del titular del inmueble. De este modo, observamos que el clivaje clasista entre capital y fuerza de trabajo no desaparece una vez conformada la cooperativa; por el contrario, configura un eje de conflictividad persistente con fuerzas externas a la unidad productiva. El contenido clasista de dicho clivaje no se basa en relaciones de explotación, sino que se funda sobre relaciones de opresión. A partir de la alteración de las relaciones de explotación y dominación en la unidad productiva que opera la recuperación de la empresa, los trabajadores relativizan el poder de la propiedad sobre el control del proceso productivo y la apropiación de los frutos del trabajo. Aun así, al excluir a los trabajadores de la propiedad efectiva, el titular del inmueble establece relaciones de opresión parcial con los trabajadores a partir de la imposición de condicionamientos externos para el avance definitivo sobre la propiedad y el control de la producción, y para el desarrollo y la sustentabilidad de la cooperativa.

Respecto a la cooperativa del Programa Argentina Trabaja, el análisis a nivel micro nos permitió acceder a aquello que la escala global tiende a oscurecer: por un lado, posibilita el análisis de la interacción de los niveles nacional y local de gobierno en la implementación del PAT, y por el otro, se constituye en una puerta de acceso al análisis de la complementariedad de la negociación y la confrontación (Manzano, 2009) en la dinámica de los hechos que culminan en la conformación de las cooperativas. Concretamente, la cooperativa de trabajo logró conformarse a partir del aprovechamiento de la dinámica confrontación-negociación entre las organizaciones sociales y los aparatos estatales en el marco del lanzamiento del PAT. A pesar de observar instancias de negociación con las autoridades estatales, el conflicto constituyente de la cooperativa se desenvolvió principalmente a partir de las acciones colectivas que desarrollaron las organizaciones de trabajadores desocupados. Por último, observamos que mientras la constitución de la cooperativa del PAT implicó que los agrupamientos sociales involucrados buscaran ingresar a una relación de subordinación respecto al Estado a través de su inclusión en una política social, la disputa se encontró encauzada a relativizar, limitar y superar dicha relación, dando lugar a la parcialización de las relaciones de subordinación. Así, en comparación con la empresa recuperada, en este caso la disputa es efectivamente contra el Estado en sus diversos niveles, pero no adquiere un carácter judicializado, sino que posee una dinámica no institucionalizada, motorizada por las acciones colectivas de las organizaciones.

En suma, ambas experiencias de cooperativismo de trabajo son construidas sobre luchas sociales protagonizadas por las clases trabajadoras excluidas de la posibilidad de insertarse laboralmente, en torno a las condiciones de acceso, consumo y retribución del trabajo. Mientras que el conflicto en las empresas recuperadas se origina como modo de defensa del trabajo, en las cooperativas de programas sociales, la lucha se orienta al acceso al trabajo. En ambos casos, además, los conflictos también disputan las condiciones de su ejercicio, en tanto se brega por la autogestión y la autonomía de poderes externos. De este modo, observamos que los conflictos no poseían como reivindicación u objetivo la conformación de cooperativas, sino la defensa del trabajo o la posibilidad de acceso a él. Por tal motivo, estas cooperativas son categorizadas como experiencias de la “nueva economía social” (Pastore, 2010), de “cooperativismo adaptativo” (Rebón, 2007) o de “asociatividad forzada” (Hopp, 2013b). Sin embargo, sin invalidar dichas caracterizaciones, el recorrido propuesto por este libro nos permite reinscribir estas experiencias desarrolladas a partir de los albores del siglo xxi en la línea histórica del cooperativismo, vinculado a las resistencias a la mercantilización, la explotación y la opresión que plantea el capitalismo en diversos períodos históricos.

II. ¿Cuál es el patrón de la conflictividad cuando no hay patrón? Hacia una teoría sobre la conflictividad en cooperativas de trabajo

Las diferentes combinaciones de modos de producción en formas socioproductivas híbridas se constituyen en el marco de estructuración de contradicciones, agrupamientos sociales y potenciales conflictos (Wright, 2010). Por ello, resultó necesario conocer los patrones que conformaban el carácter híbrido de las cooperativas para poder tornar inteligible los conflictos de trabajo que allí se desenvuelven. Veamos a continuación cuáles fueron los principales hallazgos en este sentido.

La empresa recuperada se trata de una forma productiva autoadministrada de los trabajadores (Wright, 2010); forma en la cual el poder social resulta predominante, a pesar de observar elementos del modo de producción capitalista. Esto se evidencia en que la asignación y el empleo de los recursos se encuentran determinados por el poder del colectivo de trabajadores autónomamente asociados. Los elementos capitalistas del modo de organizar la producción se dejan entrever en la orientación del emprendimiento a la producción de valores de cambio. Ahora bien, el esquema de hibridación presente en la cooperativa implica que la producción de bienes de cambio se orienta al consumo de los trabajadores para la reproducción de la vida y no a la acumulación. Así, en línea con Salgado (2012), diferimos de la conceptualización de Wright (2010), para quien en la producción autoadministrada de los trabajadores la acumulación se constituye en el parámetro a partir del cual se utilizan los excedentes. Además, identificamos que la venta de valores de cambio en el marco de una economía capitalista no implica que otros principios económicos, como la reciprocidad y la redistribución (Polanyi, 2007), no intervengan en los intercambios. Todo lo contrario, estos se hacen presentes y configuran una multiplicidad de mercados (compra estatal, compra cooperativa, entre otros) que permiten desmercantilizar parcialmente la experiencia y aportarle una relativa autonomía respecto a los condicionamientos que impone el mercado capitalista, tendiendo a su sustentabilidad.

Respecto a la cooperativa del Programa Argentina Trabaja, el análisis nos permitió vislumbrar una forma socioproductiva híbrida en la cual el modo de producción estatista es dominante y subordina la producción autoadministrada de los trabajadores. El peso predominante del Estado se evidencia en que define la lógica y el propósito de la producción, y en que ejerce la función de dirección y supervisión del proceso productivo. No obstante, la existencia de cierto poder social respecto a la posesión de medios de producción de muy pequeña magnitud otorga márgenes de autonomía a la cooperativa. A diferencia de la producción autoadministrada de los trabajadores (Wright, 2010), la actividad de la cooperativa no se orienta al mercado, sino a la conservación del ingreso de subsistencia que aporta la política pública, y su propósito se define principalmente a partir de los objetivos de acumulación política estatal de los funcionarios estatales. Más allá de esto, observamos que la producción también se orienta por criterios de acumulación político-territorial de la organización social.

Así, consideramos que el análisis de los casos de estudio aportó elementos relevantes para el análisis de formas socioproductivas híbridas desde esta perspectiva. En primer lugar, si bien las empresas recuperadas dan cuenta de formas cooperativas que insertan valores de cambio en el mercado capitalista para la reproducción de sus trabajadores, no resulta del todo adecuada una caracterización limitada a esto. Nuestro análisis nos permitió vislumbrar que constituyen unidades productivas imbricadas en una multiplicidad de relaciones económicas que configuran distintos tipos de mercados. En este sentido, no solo la acumulación económica por parte del emprendimiento resulta necesaria en función de la reproducción de sus trabajadores, sino también una acumulación política. En segundo lugar, las cooperativas del PAT representan formas de organizar socialmente la producción también orientadas a la reproducción de sus trabajadores, pero a su vez regidas por lógicas de acumulación político-estatista y, subsidiariamente, político-territorial de las organizaciones sociales que contienen a dichas cooperativas. De este modo, se trata de formas socioproductivas en las cuales la lógica de la producción se encuentra tensionada entre la reproducción de los trabajadores y la acumulación, no económica, sino política, en sus variadas formas.

A partir de las caracterizaciones de ambas cooperativas logramos delinear tensiones propias a dichas formas socioproductivas y potenciales clivajes de conformación de agrupamientos sociales. Repasemos brevemente los principales hallazgos en este sentido.

En la empresa recuperada identificamos la conformación de una divisoria organizacional constituida en torno al acaparamiento de recursos organizativos por parte de los “socios fundadores”, que se cristaliza en diferenciaciones en los ingresos de los asociados. Si bien en la empresa recuperada se suele referir al clivaje de la generación etaria, observamos que los “jóvenes” son en realidad quienes no participaron del proceso de recuperación y fundación de la empresa, una cohorte de ingreso más tardío a la cooperativa. Frente a estos, los “socios fundadores” logran consolidar mayores grados de cohesión y unidad –en comparación a los asociados que ingresaron luego de los primeros momentos de la recuperación–, que les permite conformar un poder simbólico y material basado en la participación durante el “período heroico”. Con relación a la lógica y el propósito de la producción en la empresa recuperada, se delinea una divisoria actitudinal asentada en concepciones divergentes sobre la sustentabilidad del emprendimiento, que se plasman en diversos proyectos de empresa, encarnados en ciertos liderazgos. En cuanto a la dimensión política de la producción, identificamos una divisoria organizacional sobre la base de una tendencia a la fijación de asociados en los cargos de gestión cooperativa, así como de coordinación del proceso de trabajo. De este modo, podrían conformarse los agrupamientos de dirigentes y de dirigidos. Por último, si bien tanto los entrevistados como la literatura marcan la existencia de un clivaje generacional que conforma los agrupamientos de “viejos” y “jóvenes”, identificamos que a esta divisoria suelen subyacer las tensiones entre “socios fundadores” y “nuevos” asociados, e incluso socios antiguos, pero no “fundadores”, esto es, las tensiones entre diferentes generaciones de trabajo o de cohortes de ingreso a la cooperativa.

En la cooperativa del PAT, uno de los clivajes se configura en torno al control del proceso productivo y enfrenta potencialmente a las autoridades estatales y a los trabajadores de la cooperativa, enmarcada en la organización social. Estos agrupamientos poseen intereses contradictorios respecto al control del proceso de producción debido a las divergentes lógicas de acumulación político-territorial, por un lado, de los funcionarios estatales; y por el otro, de la compleja unidad que se conforma a partir de la superposición organizacional de la cooperativa y la organización social. Además, respecto a la vinculación de los trabajadores con la cooperativa y la consiguiente capacidad de apropiación de los frutos del trabajo, observamos la conformación de los agrupamientos de asociados y no asociados. Sin embargo, estos agrupamientos se ven atenuados porque la mencionada superposición entre la organización y la cooperativa determina que la comunidad de trabajadores no se conforme a partir de la integración formal de la cooperativa, sino a partir de la membresía en la organización social atribuida a quienes perciben un subsidio individual proveniente de la política pública. En relación con la dimensión política de la producción, identificamos una divisoria organizacional entre dirigentes y dirigidos que, no obstante, sostenemos que se ve atenuada porque quienes dirigen no se abstraen del trabajo manual. Por el contrario, los agrupamientos dirigentes-dirigidos no se condicen con una diferenciación entre trabajadores manuales y no manuales. Por último, hallamos una divisoria actitudinal o cultural en torno a los significados atribuidos al trabajo, a lo cual subyace la conformación de los agrupamientos de militantes y no militantes.

Ahora bien, ¿qué sucede concretamente en los conflictos de trabajo? ¿Quiénes se enfrentan y cuáles son los motivos de disconformidad en estos espacios socioproductivos? A continuación, repasamos los conflictos de trabajo analizados en el libro para luego destacar elementos relevantes en la construcción de una teoría de la conflictividad en cooperativas de trabajo.

Tal como señalamos, en los conflictos constituyentes los enfrentamientos son contra actores externos: el titular del bien inmueble y los diversos Poderes del Estado en el caso de la empresa recuperada, y los aparatos estatales del Poder Ejecutivo en el caso de la cooperativa del PAT. Observamos que en las empresas recuperadas se configura un otro externo más diverso, que va desde los propietarios privados hasta los tres poderes del Estado, mientras que en las cooperativas del Programa Trabaja el locus invariante de la conflictividad es el Poder Ejecutivo del Estado en sus diversos niveles de gobierno. De este modo, en ambos casos, la lucha se politiza debido a que involucra instituciones formales del Estado –de distintos poderes y niveles–, sea como intermediarias u objeto de las demandas. Mientras que en las cooperativas del PAT la injerencia del Estado en el conflicto es directa en tanto este último versa sobre el ingreso al Programa financiado, diseñado e implementado por aparatos estatales; en el caso de las empresas recuperadas la injerencia resulta indirecta. En algunos momentos, y según sus distintos niveles, el Estado puede mediar en el conflicto (recordemos los primeros momentos del juicio de la quiebra de la sociedad comercial y el rol del Poder Judicial), mientras que en otros resulta el destinatario de las demandas (por ejemplo, cuando comienza a ser demandada una ley de expropiación).

Una vez que las cooperativas se establecen, analizamos otros conflictos de trabajo. En la empresa recuperada observamos que luego de desestructurarse el antagonismo de clase de la producción, la función de dirección se politiza en dos sentidos. Por un lado, la construcción de una cooperación autónoma de los trabajadores, que significa una reorganización del poder en la unidad productiva, evidencia la dimensión política de la función de dirección y su carácter contencioso, es decir, el hecho de que la política es conflicto. Por otro lado, las características del origen de la empresa recuperada determinan que el proceso productivo se amplíe, abarcando no solo las tareas necesarias para producir y comercializar el servicio, sino también una serie de actividades políticas, sociales y jurídicas necesarias para garantizar la sustentabilidad de la cooperativa e intentar obtener la tenencia del inmueble. De este modo, conducir la empresa implica contemplar este carácter ampliado de la producción. Dado el tamaño medio de la cooperativa y, por lo tanto, las dificultades para dirimir las cuestiones en la Asamblea, el Consejo de Administración se constituye en el locus del conflicto, en el espacio en donde se dirime la lucha política por la conducción. Respecto a sus características, se trata de una lucha institucionalizada, en tanto se mantiene dentro de los márgenes de las reglas de la cooperativa para la conformación de los Consejos de Administración: elecciones, asambleas para revocación, etc. Así, la disputa se da entre los trabajadores considerados adversarios, es decir, pares en la lucha por la instalación de un proyecto político-productivo de empresa.

En este contexto se configura una conflictividad de trabajo con eje en la disputa por el control del proceso productivo ampliado, a partir de divisorias múltiples y flexibles en donde las relaciones interpersonales y el conflicto por la tenencia del inmueble resultan condicionantes centrales. Si bien la divisoria “socio fundador-socio nuevo” opera en este conflicto, en tanto las candidaturas y los Consejos se construyen en torno a estas categorías sociales, no son estas dos identidades sociales las que confrontan por la conducción de la empresa. Más bien se trata de la confrontación entre proyectos político-productivos que se encarnan en liderazgos personales. Ahora bien, el posicionamiento de los asociados en términos del apoyo a uno u otro proyecto se vincula con relaciones interpersonales y con los momentos del conflicto por la tenencia del inmueble en que se encuentre la cooperativa, de modo tal que cuando dicho conflicto se exacerba, la balanza tiende a inclinarse a favor del proyecto que contempla el reconocimiento del carácter político de la recuperación de empresas y la ampliación del proceso productivo, en detrimento del proyecto centrado únicamente en la veta comercial del emprendimiento.

Sumado a este conflicto, la desestructuración de la dominación capitalista también instituye como eje central de la conflictividad la autorregulación colectiva del trabajo, esto es, las reglas o procedimientos de organización y coordinación del trabajo que instauran los cooperativistas y que contribuyen a la conformación de una comunidad de trabajadores. En las cooperativas se establece como última medida la exclusión de asociados ante faltas graves o ante su reiteración. Si bien han tenido lugar variadas exclusiones, colocamos el foco en la exclusión de ciertos “socios fundadores”. Consideramos que las exclusiones de los “socios fundidores” –una categoría especial al interior de los “socios fundadores”–, más allá de las faltas cometidas o las transgresiones operadas, dan cuenta de que el poder simbólico sobre el que se asienta la diferenciación entre “socios fundadores” y “nuevos” asociados en una cooperativa de trabajo no está dado de una vez y para siempre, sino que puede ser cuestionado, resistido e incluso revertido. En este sentido, las faltas adquieren una proporción mayor cuando son realizadas por socios que recuperaron y fundaron la cooperativa. Más aun cuando dichos asociados se encuentran atravesando un proceso de deslegitimación, que permite la emergencia de un término estigmatizador (Elías, 1996) como el de “socio fundidor”, desencadenado a partir del crecimiento exponencial de trabajadores que ingresan a la cooperativa en calidad de asociados y que, por lo tanto, poseen igualdad de derechos.

En la cooperativa del PAT también tiene lugar una politización de la función de dirección y de los conflictos, pero en otro sentido. Tal como señalamos, las instituciones formales del Estado poseen centralidad en la forma socioproductiva que configura la cooperativa, por lo que el proceso productivo se torna inmediatamente político. Desde la perspectiva del Estado, en cierto modo, la gestión de la producción implica también la de la política pública y, así, las políticas de producción son directamente políticas. En consecuencia, los conflictos de trabajo que allí tienen lugar se encuentran politizados en virtud de las relaciones sociales que los enmarcan y del contexto institucional en el que tienen lugar.

Concretamente, la lucha por definir y mantener la actividad de limpieza del arroyo se encuentran orientada a obtener mayores grados de autonomía y escapar a la subordinación que plantean el diseño y la implementación del Programa, así como los funcionarios estatales. Que las luchas por la autonomía se expresen en el conflicto en torno a la definición y el mantenimiento de la actividad evidencia otra dimensión política del conflicto: la importancia dada por los integrantes de la cooperativa a realizar dicha actividad en el barrio –y no otra, ni en otro lugar– se encuentra enmarcada en las lógicas territoriales de la politicidad popular (Merklen, 2005). Lograr el desarrollo de una actividad que habilite la permanencia en el barrio de referencia es central para la construcción política de la organización social que alberga a la cooperativa. En esta lucha, la constitución del Estado como el enemigo de la disputa contribuye a la unificación del colectivo de trabajadores. Así, en esta cooperativa, el locus de la conflictividad lo constituye el Estado, en tanto objeto de las demandas de los cooperativistas. De este modo, si bien a partir del análisis de las relaciones de producción, advertimos que el Estado se constituye, en cierto modo, en un actor interno a la unidad productiva, es percibido como un enemigo externo y no como adversario –o un par–. Ahora bien, el carácter relativamente interno al proceso productivo del actor estatal configura una relación con el Estado no solo contenciosa, sinode carácter pendular entre la convivencia y la negociación en la gestión del Programa, y el conflicto por el control del proceso productivo. Como resultante, las acciones de la organización social logran el establecimiento de dispositivos de cogestión, más que de autogestión, que además de otorgar esferas o nichos de autonomía a la cooperativa, contribuyen a lograr un consentimiento con la dominación del Estado.

Con relación a los conflictos entre los propios trabajadores en la cooperativa del PAT, y si bien en términos nativos la tensión es conceptualizada en torno a las diferentes actitudes hacia el trabajo de los más jóvenes y los más adultos, el mencionado acople o superposición institucional entre la cooperativa y la organización social da lugar a divergencias en torno a las concepciones de trabajo entre los cooperativistas, y al establecimiento de líneas divisorias respecto al propósito y la lógica de la producción. Más allá de la lógica de producción predominante estipulada por el Estado, dos propósitos de producción –aunque complementarios– tensionan a la cooperativa. Por un lado, el consumo de subsistencia de los trabajadores, y por el otro, la acumulación político-territorial de la organización social. Estas lógicas dan lugar a distintas concepciones sobre el trabajo que desembocan en conflictos de carácter individual en torno a las remuneraciones.

Observamos que quienes se desvinculan de la cooperativa como consecuencia de los conflictos son aquellas asociadas que solo realizan las tareas referentes a la limpieza del arroyo, sin participar de las actividades de la organización social. El trabajo para ellas implica trabajar exclusivamente en la cooperativa. A diferencia de la empresa recuperada, en donde el poder simbólico y material de los “socios fundadores” es cuestionado y algunos de ellos llegan a ser excluidos, en la unidad productiva del PAT el acople institucional cooperativa-organización social redunda en que el cuestionamiento de la lógica de los militantes de la organización, es decir, aquellos que más que realizar las tareas del servicio de limpieza, participan de las actividades de la organización, resulte más difícil, en tanto las instancias de toma de decisión y los resortes del poder no residen únicamente en la cooperativa, sino principalmente en la organización social. Además, cuestionar las lógicas que logran imponerse resulta menos necesario desde la perspectiva de los disconformes, en tanto en la cooperativa del PAT un elemento central en la no escalada del conflicto a un nivel colectivo es la existencia de alternativas: en el barrio existen otras cooperativas del Programa que pueden albergar a los trabajadores. Así se desvinculan de la cooperativa que origina la disconformidad sin perder los ingresos. De esta manera, si bien la conflictividad con el Estado constituye un eje central de análisis, una vez que corremos dicho eje, logramos acceder a disputas entre los asociados, e incluso entre cooperativas insertas en diversas organizaciones sociales que comparten el módulo constructivo en el barrio.

En suma, quisiéramos destacar algunos aportes con miras a la construcción de una teoría sobre la conflictividad de trabajo en cooperativas. En primer lugar, en las formas cooperativas emergen múltiples temáticas de lucha, tales como la voluntad de controlar en grados crecientes los procesos productivos, los ingresos remunerativos, y los ritmos y tiempos de trabajo o su contrapartida en tiempos de ocio, entre otros elementos. Además, la politización de la lucha –en el sentido planteado en este libro– resulta una característica destacable en estas formas socioproductivas. A diferencia de los conflictos laborales en las formas sociales capitalistas de producción, sostenemos que en ambas formas cooperativas estos conflictos en torno a las condiciones de retribución y consumo del trabajo no se articulan con relaciones de explotación durante el proceso productivo, ni se orientan a obstaculizar la mercantilización sin límites de la fuerza de trabajo.

Ahora bien, un segundo elemento radica en advertir que estas fuentes de malestar, disconformidad y conflicto no son necesariamente específicas a la forma cooperativa. En otras palabras, la ausencia de las personificaciones del capital en las relaciones de trabajo no implica la erradicación de la conflictividad, ni la desaparición de las temáticas conflictivas. La conflictividad de trabajo es inherente a las relaciones de trabajo, más allá de las formas socioproductivas que implican cooperación social en las que se enmarquen. El trabajo en las sociedades actuales no solo es fuente de reconocimiento social y realización personal; es principalmente fuente de recursos necesarios para la reproducción de la vida. Así, más allá del carácter de las relaciones que enmarquen su trabajo y del modo en que se organice socialmente la producción, los trabajadores encontrarán fuentes de tensión en privaciones –siempre relativas– en torno a las remuneraciones, la capacidad de control del proceso productivo y, por lo tanto, de autodeterminación, las posibilidades de realización personal en el trabajo, la disponibilidad de tiempos de ocio, entre otros. De este modo, si bien la conflictividad de trabajo en cooperativas no puede ser estudiada exclusivamente con categorías provenientes de los estudios sobre conflictividad laboral, no se trata de conflictividades sin puntos de intersección.

Un tercer elemento radica en señalar entonces que una de las diferencias centrales entre el conflicto de trabajo en formas capitalistas y en formas cooperativas se encuentra en los agrupamientos que confrontan y en la paridad de la relación entre estos. Observamos que en los conflictos se activan líneas divisorias que conforman agrupamientos en oposición más variados, horizontales y flexibles, en comparación con una empresa tradicional de capital privado, en donde el antagonismo capital-trabajo tiende a constituir identidades y clivajes estables. Las divisorias anclan en las diferencias entre las generaciones de trabajo o cohortes de ingreso a las unidades productivas; en distintas vinculaciones con las organizaciones productivas, más o menos vinculadas a la militancia o la participación socio-política; en diversas valoraciones sobre el trabajo, el proceso productivo y los proyectos de empresa; en las relaciones interpersonales y de compadrazgo; entre otras cuestiones.

De esta manera, cuando no hay patrón, la conflictividad de trabajo se organiza a partir de patrones más horizontales y flexibles de relacionamiento, en los que adquieren relevancia la participación y la subjetividad de los trabajadores. Sostenemos que la forma en que se organiza el proceso productivo en ambos tipos de cooperativa resulta un elemento central, pues da lugar a una democratización del ámbito de trabajo que a la par que incentiva la participación de sus trabajadores, también les brinda la oportunidad de expresar sus pareceres y concepciones. En otras palabras, las formas socioproductivas analizadas dan lugar a dinámicas más democráticas y horizontales en las relaciones sociales al interior de las unidades productivas, democratizando también el conflicto, en el sentido de que al propiciar la participación de todos los asociados bajo patrones de horizontalidad, como contrapartida, asumen relevancia y se expresan elementos que no adquieren el mismo peso en empresas capitalistas tradicionales. Estos elementos configuran temáticas o fuentes de conflictividad de improbable expresión en contextos laborales regidos por la relación capital-trabajo, no porque no existan, sino porque no logran expresarse. Por el contrario, las formas cooperativas analizadas tienden a promover que los trabajadores cuestión en múltiples dimensiones de los procesos.

En cuarto lugar, el análisis de los conflictos también nos permitió agregar otro elemento a la caracterización del patrón horizontal, anclado en la forma socioproductiva, de la conflictividad en las cooperativas de trabajo. Es menester considerar que aun otorgando centralidad a la forma en que se organiza socialmente la producción en las cooperativas de trabajo para la inteligibilidad de los ejes de la conflictividad en las cooperativas, sostenemos que otros elementos intervienen en la cadena causal que desemboca en los conflictos concretos analizados. Entre estos podemos encontrar: los contenidos de las concepciones de los trabajadores acerca del trabajo, la producción y la política, las sociogénesis y características particulares de los conflictos constituyentes de las cooperativas, los recursos organizativos con los que pueden abastecerse para el planteo de sus demandas en el espacio público; y los contextos sociales, políticos y económicos que planteen oportunidades o constreñimientos para la acción.

En quinto y último lugar, destacó la posibilidad de ajuste o de institucionalización del conflicto de trabajo presente en las formas cooperativas. Pudimos observar que, en general, los canales de resolución del conflicto se encuentran pautados en la misma forma jurídica de la cooperativa de trabajo y que, a pesar de exacerbarse, las confrontaciones no rebasan dichos canales institucionales. Pensemos, por ejemplo, en el conflicto que devino en la revocación de un Consejo de Administración. Incluso las exclusiones de asociados y las desvinculaciones voluntarias siguieron patrones institucionales. En vinculación con esto, observamos que el hecho de que los conflictos adquieran un carácter colectivo o individual dependerá, entre otros aspectos, de la disponibilidad de alternativas que ofrezcan condiciones similares de trabajo, como en el caso de las cooperativas del PAT.

III. Nuevas preguntas de investigación

Hasta aquí hemos llegado. Los hallazgos de la presente tesis se constituyen inmediatamente en sustrato a partir del cual plantear nuevas preguntas y en pertrechos para el análisis del fragmento de la realidad social que nos compete. En esta instancia nos interesa plantear dos interrogantes principales que abonan líneas futuras de investigación.

En primer lugar, consideramos fructífero ampliar nuestro esquema comparativo con el objeto de dar cuenta de la conflictividad de trabajo en cooperativas. Por un lado, resultaría pertinente integrar al análisis empresas recuperadas con asalariados para observar en qué medida la forma cooperativa continúa impulsando una democratización de las relaciones de trabajo, aun con las limitaciones que impone la relación salarial en términos de la igualdad que propicia entre los trabajadores. Por el otro, sería necesario analizar cooperativas del PAT no enmarcadas en organizaciones sociales, de modo de indagar en qué medida la ausencia de organización social impacta en los grados de democratización y autonomía de la forma cooperativa. El análisis realizado nos permitió delinear un hilo conductor que enlaza las experiencias del cooperativismo de trabajo del siglo xxi al cooperativismo tradicional, a partir de su vinculación común con luchas protagonizadas por las clases trabajadoras. Así resultaría interesante integrar al análisis al cooperativismo de trabajo tradicional. Si en este libro señalamos que la democratización que instaura la forma socioproductiva –la cual no se agota en la forma jurídica cooperativa de trabajo, pero sí se encuentra estrechamente vinculada– resulta central para entender los ejes de conflictividad que emergen en los tipos de cooperativas de trabajo analizadas, nos preguntamos: ¿cuál será la configuración y la dinámica de la conflictividad de trabajo en unidades productivas que además de los elementos aquí descriptos cuenten con la voluntad sostenida en valores e ideologías– de sus asociados de conformar cooperativas? ¿Qué similitudes y diferencias podrían esbozarse?

En segundo lugar, y retomando el puntapié inicial de la introducción del libro, en la cual nos posicionamos en un nuevo contexto social, político y económico inaugurado con el cambio de gobierno del Estado nacional a fines del año 2015, nos preguntamos acerca de los posibles cambios en la configuración y la dinámica de la conflictividad en los universos sociales indagados, así como sobre la viabilidad de estas formas socioproductivas, en el marco de una estructura distinta de oportunidades –o restricciones– para la acción colectiva, así como de cambios en el modelo de acumulación.

En el caso de las empresas recuperadas, en un contexto de estancamiento económico y de condiciones adversas al mercado interno: ¿en qué medida tienen lugar nuevas recuperaciones? ¿Y sobre qué elementos se asentarán sus desenvolvimientos posteriores? ¿Cómo se reacomodan los proyectos político-productivos de las empresas recuperadas en un contexto político y económico desfavorable a su desarrollo? Tomando en consideración el señalamiento de Wright (2015) acerca de que las limitaciones que imponen las bajas escalas y el aislamiento de las experiencias individuales pueden sortearse a través del establecimiento de vínculos y articulaciones que permitan conformar un mercado cooperativo (Wright, 2015), nos preguntamos: ¿en qué medida este contexto puede posibilitar u obstaculizar la consolidación de un mercado cooperativo? En el caso de las cooperativas del PAT: ¿en qué medida el cambio de gobierno da lugar a un cambio en la lógica estatal presente en las cooperativas? ¿Y de qué modo esto repercute en una reconfiguración de la forma socioproductiva delineada en el libro? Considerando que el incremento del poder social en estas experiencias se vincula con las dinámicas de relacionamiento entre las organizaciones sociales y el Estado, ¿en qué medida un cambio en el gobierno del Estado modifica estas pautas de relacionamiento y por lo tanto los grados de poder social obtenidos?

En otro orden de cosas, este cambio de escenario ha dado lugar a la realización de acciones colectivas de gran envergadura protagonizadas por organizaciones de empresas recuperadas y de cooperativas de programas sociales. Incluso, este tipo de acciones lograron la sanción en el año 2016 de la Ley de Emergencia Social motorizada por la CTEP. Tomando en consideración nuevamente que el incremento del poder social a que dan lugar las formas cooperativas se potencia a partir de su capacidad de desarrollar mayores grados de articulación organizativa entre las experiencias aisladas, nos preguntamos: ¿configuran estas acciones colectivas un basamento para la profundización de la articulación y la convergencia cooperativa aquí señalada? ¿En qué medida el desarrollo de las políticas sociales de fomento del cooperativismo han dejado huellas duraderas que nos permitan plantear que, así como durante las últimas décadas del siglo xx se observó un pasaje de la politicidad popular anclada en el trabajo a otra anclada en el barrio (Merklen, 2005), estas políticas dieron lugar a una relativa “relaboralización” de la politicidad popular? Pero a la vez que el nuevo escenario ha propiciado las mencionadas acciones, también ha exacerbado los procesos represivos de la protesta social.

De este modo, las preguntas planteadas respecto a las formas de organización y de politicidad de los sectores excluidos, oprimidos y pauperizados se evidencian más pertinentes aún en el contexto social y político que plantea la Argentina actual, en tanto eleva las privaciones relativas y estimula la acción de resistencia, a la vez que resulta desfavorable a la acción colectiva beligerante en el espacio público.

Atentos a los horizontes marcados por la perspectiva de una ciencia social emancipadora, analizar alternativas institucionales y productivas que incrementan el poder social implica siempre el desafío de indagar sus obstáculos y dilemas. Consideramos que este aporte ha asumido dicho desafío, con la convicción de que el trabajo sin patrón puede alumbrar caminos de emancipación y de construcción de una economía más justa.



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