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5 Caracterización socioproductiva de la cooperativa del Programa Argentina Trabaja

Para el análisis del carácter socioproductivo de la cooperativa de trabajo enmarcada en el Programa Argentina Trabaja utilizaremos principalmente el esquema analítico presentado en el capítulo anterior. La cooperativa de trabajo se trata de un emprendimiento productivo pequeño que pertenece al sector servicios. Su principal actividad es la limpieza de márgenes de la Cuenca Matanza Riachuelo; actividad contenida en el Programa de Limpieza de Márgenes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)[1]. De este modo, se inserta simultáneamente en dos programas: Argentina Trabaja y Limpieza de Márgenes[2]. Específicamente, la cooperativa se dedica a la limpieza del canal de un arroyo perteneciente a la cuenca que se encuentra frente al local del MTD; local que funge de sede de la cooperativa. Esta actividad se compone generalmente de las siguientes tareas: cortar el pasto, rastrillar, barrer y juntar montículos de basura.

5.1. Precariedad laboral y socioespacial de los trabajadores del Programa Argentina Trabaja

La cooperativa de trabajo se encuentra ubicada en la localidad Nueve de Abril, en la región norte de Esteban Echeverría, colindante con los partidos de La Matanza, Lomas de Zamora y Ezeiza. Específicamente, se localiza en un barrio que se encuentra a 25 kilómetros, aproximadamente, de distancia de la Capital Federal y a unas 50 cuadras del centro de Monte Grande (cabecera del Partido), en los límites de la mancha urbana, y frente a un arroyo que forma parte de la Cuenca Matanza-Riachuelo. De reciente creación, el barrio surgió a partir de un proceso de autourbanización informal (Catezanni, 2011) producto de una toma de tierras en el año 2002. Posee, entonces, las características propias de este tipo de urbanización: resulta de un proceso de carácter colectivo, se ubica en una zona periférica y de baja calidad ambiental pues se encuentra cercana a un arroyo, y presenta una subdivisión planificada del terreno con la expectativa de regularización y permanencia en este. Las viviendas dan cuenta de un proceso de autoconstrucción característico de la etapa de población de la periferia del conurbano por parte de las clases trabajadoras con inserciones laborales precarias durante las décadas del ochenta y noventa (Farías, 2014). El barrio cuenta con escasos tendidos eléctricos y de red de agua potable y no posee tendidos de red cloacal, ni de red de gas. Como se observa en la imagen a continuación, predominan las calles de tierra y solo algunas arterias principales se encuentran asfaltadas. En cuanto a la propiedad de los terrenos por parte de sus pobladores, se trata de una posesión de hecho, en tanto no ha tenido lugar una regularización dominial.

Imagen N° 1: Barrio donde se localiza la cooperativa de trabajo

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Imagen tomada por Denise Kasparian (julio de 2016)

En un primer momento, la cooperativa conformada entre fines de 2009 y principios de 2010, contaba con 30 integrantes, pero hacia fines de 2015 este número descendió a 15 cooperativistas[3]. En cuanto a sus características, estos trabajadores difieren de los asociados de la empresa recuperada, en tanto se trata principalmente de mujeres con trayectorias homogéneas caracterizadas por la precariedad de sus inserciones laborales. A partir de un relevamiento de datos sociodemográficos realizado en la cooperativa[4], observamos que el grupo está conformado principalmente de trabajadoras que combinan distintos empleos desvinculados de la protección social (cuidado de niños, limpieza de casas particulares y comercios, reventa por cuentapropia, cirujeo, entre otras actividades) con períodos de desocupación y/o de inactividad en el mercado laboral y dedicación al cuidado del hogar.

Además, poseen una trayectoria de percepción de planes sociales: más del 75 % de quienes trabajan en la cooperativa percibieron otro plan social con anterioridad al PAT. Y, a la vez que trabajan en la cooperativa, desarrollan otras actividades productivas para obtener medios de subsistencia: alrededor del 70 % realiza otras actividades laborales, principalmente por cuenta propia. Así, dadas las precariedades laborales, sociales y espaciales de los pobladores del barrio, el lanzamiento del PAT resultó central para quienes allí se emplazan.

5.2. Las relaciones sociales de producción

5.2.1. Las relaciones de propiedad

Los medios de producción de la cooperativa son de muy pequeña magnitud. Se componen de un local en donde se construyó un pañol, una camioneta, y herramientas y maquinarias de bajo valor (rastrillos, palas, machetes, horquillas, carretillas, bolsas de residuos, bordeadoras, motoguadañas y desmalezadoras).

En primer lugar, el local –aún en construcción– en donde funciona la cooperativa y se guardan las herramientas y maquinarias se encuentra bajo la posesión colectiva de la organización social, aunque de manera precaria. La organización se estableció en el barrio en el año 2006 a partir de la compra de un terreno. No obstante, tal como mencionamos anteriormente, dado que la barriada es producto de la toma de tierras y aún no se ha realizado la regularización dominial, la tenencia es solo de hecho.

En segundo lugar, la camioneta de la cooperativa fue adquirida con recursos provenientes de dos fuentes: ACUMAR y la organización social; aunque se titularizó a nombre de un asociado. Esta se utiliza para transportar las herramientas, maquinarias y a los propios trabajadores cuando la limpieza del canal se realiza a cierta distancia del local, y es manejada por un vecino del barrio que recibe un sueldo abonado por la cooperativa con fondos girados por ACUMAR.

Por último, respecto a las herramientas y maquinarias, la documentación oficial del PAT establece que en cada módulo de trabajo acordado mediante convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y los entes ejecutores se destina el 70 % del financiamiento al ingreso de los cooperativistas (que son remitidos a cuentas bancarias personales abiertas a nombre de los beneficiarios para tal fin) y el 30 % restante al financiamiento de materiales, insumos y herramientas (Ministerio de Desarrollo Social, 2010). Lo que no se especifica es la modalidad de otorgamiento de dichas herramientas a las cooperativas. En el emprendimiento productivo bajo estudio, la compra de las herramientas más importantes y costosas y las maquinarias, así como la ropa de trabajo y los elementos de protección personal la realiza el Gobierno municipal. Luego se los entrega a la cooperativa junto con documentación que certifica dicha entrega y que la cooperativa archiva como prueba de propiedad. Además, la cooperativa es la encargada de administrar las herramientas y maquinarias, efectuar los debidos mantenimientos y guardarlas en el pañol; es decir, dispone libremente de ellas.

Estas formas de posesión han permitido que las maquinarias, herramientas y camioneta no sean utilizadas únicamente para la limpieza del canal. También se destinan a tareas de construcción y mantenimiento del local, e incluso son dadas en préstamo a integrantes de la cooperativa, de la organización social o a vecinos, para uso individual en el ámbito del hogar. Ahora bien, es importante remarcar que esta plena disposición de los medios de producción se enmarca en un contexto de baja formalización de la posesión.

La intermediación de ACUMAR resulta central para comprender la apropiación social que tiene lugar en la cooperativa. El emprendimiento productivo que analizamos recibe fondos de ACUMAR en una cuenta corriente a nombre de la cooperativa. Una parte de estos fondos –estipulada por dicho organismo– es destinada a los asociados de la cooperativa, quienes de este modo perciben un adicional a los ingresos contemplados en el PAT; y otra, al mantenimiento de las maquinarias, el pago de un servicio obligatorio de emergencias médicas y de un salario para el chofer de la camioneta en concepto de fletes, la compra de nafta para las maquinarias, alimentos y bebidas para el refrigerio de media mañana y herramientas sencillas, entre otros gastos que deben ser rendidos con la presentación de facturas e informes. En los comienzos de la participación en el Programa de ACUMAR, la cooperativa pudo destinar parte de dichos recursos a la construcción del local de la organización y del pañol para guardar las herramientas y, secundariamente, a la construcción del local de la organización en otro barrio vecino. Con el correr del tiempo, esos fondos fueron perdiendo valor, dado el progresivo aumento generalizado de precios sin el consiguiente aumento de los fondos transferidos por ACUMAR; y hacia fines del período bajo estudio, luego de descontar los gastos fijos, la cooperativa contaba solamente con alrededor de 2000 pesos mensuales[5]. Así, el margen de autonomía que brindaba la gestión de los fondos ha ido disminuyendo.

Con base en la descripción realizada, argumentamos que en la cooperativa existe una propiedad social en tanto la apropiación es producto de una colectividad. Nos encontramos frente a un pequeño colectivo de trabajadores que no se hayan escindidos de los medios de producción, es decir, que ponen en común su fuerza de trabajo para la producción de bienes y servicios, utilizando y disponiendo, dentro de los límites anteriormente marcados, de las unidades productivas; y que, en principio, tienen el derecho igualitario a participar en las decisiones colectivas respecto al bien. Así, al igual que en la empresa recuperada, trabajo y propiedad tienden a no escindirse. Esta no escisión se vincula con dos elementos.

Por un lado, tal como vimos en el análisis de la empresa recuperada, esto tiende a ser propiciado y garantizado por la forma jurídica cooperativa de trabajo. Por otro lado, observamos que algunos medios de producción se encuentran bajo la posesión de la organización social, y no de la cooperativa. En este sentido, el elemento que promueve la no escisión entre trabajo y propiedad no es solo la forma jurídica, sino también las características de la organización social en la que se inserta. El frente multisectorial en el que se nuclea el MTD que contiene a la cooperativa se autodefine como una organización anticapitalista cuyo objetivo es la construcción de poder popular y del socialismo, prefigurándolo en las mismas prácticas políticas. En ese sentido, esta definición organizacional también aporta a la tendencia de no escisión entre trabajo y propiedad que encontramos en la cooperativa, pues busca configurar una organización productiva en la que la asignación y el empleo de los medios de producción sean orientados por el poder social de colectivos organizados.

Ahora bien, es menester destacar la baja formalización de esta posesión. Se trata de una posesión más que de una propiedad por su baja profundidad, es decir, no se trata de una propiedad plena en manos de la cooperativa, sino de formas limitadas de posesión y/o usufructo. Para comprender cabalmente esta afirmación, recapitulemos brevemente las formas de posesión existentes en la cooperativa. En primer lugar, las maquinarias y herramientas son adquiridas por el Municipio pero cedidas a la cooperativa junto con documentación respaldatoria. Esto se acerca más a la noción de comodato que de propiedad. En segundo lugar, la camioneta fue comprada por la organización social con fondos propios y provenientes del ACUMAR, pero titularizada a nombre de un asociado y puesta a disposición de la cooperativa. Por último, el bien inmueble se encuentra bajo la tenencia de hecho de la organización social pero también puesto a disposición del usufructo de la cooperativa.

Así, la posesión social en manos de la cooperativa es de baja profundidad y sumamente informal. Además, más allá del usufructo que pueda realizarse de los medios de producción, el carácter de la propiedad es híbrido en tanto combina elementos de propiedad privada (camioneta), con otros de propiedad social (local de la organización) y estatal (maquinarias y herramientas).

En otro orden de cosas, la posesión en manos del colectivo de trabajadores tiene una extensión o alcance específico que, en comparación con la empresa recuperada, resulta más acotado. Tal como mencionamos, la cooperativa se trata de un pequeño emprendimiento situado en una barriada popular del segundo cordón del conurbano bonaerense. Así, la posesión social está limitada a bienes de bajo valor, es decir, a medios de producción de muy pequeña magnitud. Esto contrarresta los riesgos que implica la informalidad, en tanto descienden las probabilidades de que las posesiones precarias sean cuestionadas o puestas en jaque.

Por último, se trata de una posesión social con inclusividad primaria limitada. Aunque resulta una situación marginal, la cooperativa excluye de la relación asociativa al chofer de la camioneta, quien desarrolla su trabajo a partir de una relación salarial, quedando por fuera del colectivo de trabajadores, no solo en términos formales al no pertenecer a la cooperativa, sino también respecto al “nosotros” que se configura en torno al proceso productivo: “ACUMAR nos ayudó a tener una camioneta propia que nos lleva. La compró el movimiento con todos los financiamientos de ACUMAR y, como ninguno de nosotros sabe manejar, la maneja otro chico” (Luz, asociada de la cooperativa, comunicación personal, septiembre de 2014) Además, existe otro grupo pequeño de dos trabajadores que solo cobran el plus de ACUMAR, pero que no forman parte del Programa Argentina Trabaja, dado que, tal como señalamos en el capítulo 3, luego del primer momento de apertura de vacantes no fue posible el ingreso de nuevos beneficiarios. Para compensar la diferencia de ingresos, la cooperativa estableció que estos trabajadores asistan a la cooperativa solamente 3 días de la semana. De este modo, al igual que el chofer, también quedan excluidos formalmente de la cooperativa, pero no así del colectivo de trabajadores que accede a la apropiación colectiva de los bienes. Consideramos que esta no exclusión responde al hecho de que el colectivo de trabajadores se teje a partir de la pertenencia a la organización social y a la percepción de un ingreso proveniente de la política pública, más que a la inclusión en la cooperativa.

Como se observa en la Imagen 2 tomada en el local de cooperativa, y a partir de observaciones de campo, pudimos comprender que el agrupamiento de la “cuadrilla” (modo en que los trabajadores se refieren a la cooperativa) se conforma a partir de “cumpas” (nominación que refiere generalmente a espacios de militancia social y/o política) que obtienen alguna clase de “recurso” o ingreso de la política pública para formar parte de la cuadrilla de trabajo. Observamos también que se espera que cada uno de los miembros desarrolle una “tarea solidaria” y/o una “tarea en la organización”. Así, los planes se constituyen en recursos organizativos no tanto de la cooperativa, sino más bien de la organización social.

Imagen N° 2: Conformación de la cooperativa a partir de “cumpas” y “recursos”

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Imagen tomada por Denise Kasparian (julio de 2016)

Si bien las situaciones presentadas tensionan la no escisión entre trabajo y propiedad no es esta la exclusión principal que tiene lugar. Sostenemos que la posesión social es de una inclusividad primaria limitada porque se reduce al colectivo de trabajadores y a la organización social, lo cual implica una exclusión del usufructo de dicha propiedad del resto del conjunto social. No obstante, en comparación con la empresa recuperada, consideramos que la inclusividad secundaria de la posesión social es mayor.

¿Con qué elementos de las experiencias de la empresa recuperada y de la cooperativa del PAT se vinculan estas diferencias respecto a los tipos de ampliación de la inclusividad secundaria? En esta instancia, resulta pertinente traer a colación las reflexiones de Deux Marzi (2014) acerca de las condiciones que favorecen el principio de comunidad[6] en una de las empresas recuperadas por ella analizada[7].

En primer lugar, la autora señala que una de las condiciones que favorece el principio de comunidad es que la cooperativa firma contratos para la gestión de residuos con una empresa mixta concesionaria del servicio de saneamiento ambiental. Así, estos contratos constituyen un “blindaje” que resguarda a la cooperativa de los mecanismos del mercado; situación que tiende a posibilitar la planificación y construcción por parte de los trabajadores de un proyecto más amplio al de la actividad en el relleno sanitario, que se extiende a la comunidad en general. En nuestros términos este “blindaje” implica una autonomización de la cooperativa respecto a las presiones y las incertidumbres de la competencia, a la vez que mantiene en manos de los trabajadores el control del proceso productivo y los ritmos de trabajo[8]. Observamos que, en este sentido, la empresa recuperada de gestión de residuos se asemeja más a la cooperativa del PAT, la cual cuenta con los ingresos estables que brinda el Programa, y menos al hotel recuperado, emprendimiento que debe insertar su servicio en un mercado altamente competitivo y a la vez concentrado en grandes empresas transnacionales.

En segundo lugar, la autora indica la centralidad de la actividad que desarrolla el emprendimiento, dado que se trata de un servicio que afecta directamente la calidad de vida de los vecinos de la localidad. De este modo, es la misma actividad la que vincula a la cooperativa con la comunidad circundante. Además, los trabajadores de la cooperativa residen en el mismo territorio. Aquí, nuevamente observamos que respecto a la actividad que desarrolla esta recuperada, posee similitudes con la cooperativa del PAT, la cual también se dedica al desarrollo de servicios dirigidos a la comunidad circundante y se encuentra conformada por pobladores del barrio en donde se localiza. Así, en ambos casos, las vinculaciones con la comunidad se encuentran determinadas desde un principio por la actividad desempeñada; y se ven reforzadas por el solapamiento entre las identidades del trabajador y del vecino. Por el contrario, en el caso del hotel, la actividad misma implica el desarrollo de un servicio orientado eminentemente al “extranjero”, cuya identidad reside justamente en la exterioridad territorial. Esto además se ve profundizado por la ubicación de la cooperativa en una zona céntrica, que minimiza la existencia de lazos barriales.

Por último, Deux Marzi (2014) toma en consideración la trayectoria de militancia barrial de los delegados gremiales que promueven la recuperación de la empresa y la temprana intervención de una central de trabajadores en dicho proceso. Estas trayectorias resultan relevantes para comprender la identificación de los trabajadores con el barrio en el que viven y trabajan. Así, esta recuperada se encuentra más próxima a la cooperativa del PAT, la cual se nuclea en un movimiento de trabajadores desocupados que orienta su actividad política a la militancia barrial; que al hotel recuperado, en el cual, si bien el apoyo de un amplio abanico de identidades sociales durante su recuperación fue relevante, el elemento central lo constituyó la participación de una organización específica de empresas recuperadas. La cooperativa del PAT se enmarca en una organización social cuyo proyecto político tiene una fuerte dimensión territorial y, por lo tanto, tiende a imprimir en la cooperativa una lógica respecto al usufructo de los bienes orientada al mejoramiento de las condiciones de vida del barrio circundante. Esto contrasta con la lógica sectorial de la empresa recuperada, ampliándoselos límites de la inclusividad secundaria de la posesión social en el caso de la cooperativa del PAT.

De este modo, podemos hipotetizar que el tipo de inclusividad secundaria que desarrollan las cooperativas tiende a relacionarse con las características del mercado en el que se insertan y el grado de autonomización de la competencia logrado; la actividad que desarrollan y las características que asume el barrio circundante; y el tipo de organización social que participa en la conformación y posterior desarrollo de las cooperativas.

Estos elementos de posesión social, con las limitaciones presentadas, y de tendencia de no separación de los trabajadores de los medios de producción permiten que, aun cumpliendo con las tareas asignadas desde el PAT los trabajadores posean ciertos grados de autonomía. Esto resulta aún más claro en su contraste con otro caso. A partir del trabajo de campo, conocimos otra cooperativa de un municipio colindante a Esteban Echeverría cuya principal actividad es la limpieza y el barrido en distintas zonas de la localidad con herramientas que quedan en manos de instancias de descentralización municipal llamadas “delegaciones municipales”. El trabajo de la cooperativa va rotando de delegación con una frecuencia generalmente mensual, lo que implica un traslado de los cooperativistas desde su sede al edificio de la delegación municipal en la cual estén desarrollando las actividades en ese momento. Allí permanecen las herramientas de trabajo y quedan a cargo de las autoridades municipales (Kasparian, 2014). De este modo, vemos cómo la posesión colectiva de las maquinarias y herramientas, así como de un local donde emplazarse y guardarlas, otorga mayores posibilidades de apropiación social por parte del colectivo de trabajadores.

Por lo tanto, observamos que, a pesar de tratarse de una cooperativa conformada en el marco de una política pública, no encontramos en las formas de posesión analizadas una preeminencia de la propiedad estatal. Por el contrario, en la cooperativa observamos una forma híbrida de propiedad en la que predomina la propiedad social. Identificamos caracteres de propiedad privada (camioneta) y estatal (especie de comodato de las herramientas y maquinarias), que se combinan con elementos de posesión social no solo de la cooperativa, sino también de la organización social que la contiene. Esto último podría configurar tensiones entre la organización social y la cooperativa de trabajo respecto al usufructo de los bienes. Sin embargo, a la vez observamos que es esta vinculación entre la cooperativa y la organización social –entre otros aspectos– la que posibilita la ampliación de los grados de inclusividad secundaria de la posesión social.

5.2.2. La lógica y el propósito de la producción

Para analizar esta dimensión de la producción, es necesario precisar algunas cuestiones acerca del Programa Argentina Trabaja en tanto política pública. Resulta insuficiente la caracterización en términos de política social realizada en el capítulo 2. Recordemos que allí nos referíamos a la política social como el conjunto de intervenciones sociales del Estado que actúan sobre las condiciones de vida y de reproducción de la vida (Danani, 2009). Si bien esta definición permite acotar el campo de lo social, no nos permite analizar la complejidad del PAT.

En este sentido, retomamos las nociones de política socioproductiva (Hopp, 2012) y sociolaboral (Grassi, 2012). La primera conceptualización refiere al campo de las intervenciones sociales del Estado que se orientan a la reproducción de la vida de los individuos y las sociedades a través de políticas económico-laborales que, mediante prestaciones económicas, intervienen en la distribución primaria del ingreso, estimulando la producción para el mercado. Tradicionalmente, la política social se describe como aquella que interviene en la distribución secundaria del ingreso (Danani, 2009). Es por esto que, frente a la multiplicación de políticas orientadas al fomento de emprendimientos de la economía social, Hopp (2012) introduce el concepto de política socioproductiva para dar cuenta de políticas sociales que intervienen directamente en la producción y, de este modo, en la distribución primaria del ingreso.

La segunda conceptualización abarca un conjunto de intervenciones “que desbordan aquellas que estrictamente corresponden a la política laboral, pero que tienen por objeto el trabajo (y por eso se definen)” (Grassi, 2012: 186). Así, este concepto da lugar a la consideración de políticas orientadas al trabajo más allá de su forma laboral-asalariada, tales como el autoempleo o el trabajo asociativo y autogestionado.

Este breve repaso nos permite evidenciar las complejidades de la política pública orientada a intervenir sobre las condiciones de vida y de reproducción de la vida en la Argentina reciente. Ambas definiciones, de distintos modos, dan cuenta de la existencia de políticas sociales que se dirigen al trabajo y a la producción, aunque no necesariamente a partir de una redistribución del ingreso, ni considerando únicamente el trabajo asalariado. ¿De qué modo se hibridan todos estos elementos y consideraciones en el PAT?

Por un lado, tal como señalamos en el capítulo 2, el PAT parte de un diagnóstico de perfilamiento que caracteriza a la población beneficiaria del Programa como vulnerable, es decir, no empleable –en contraposición a la población beneficiaria de programas del MTEySS que sí es categorizada como empleable–. Frente a esto, por un lado, al destinar financiamiento público a la satisfacción de las necesidades de los sectores vulnerables por fuera del mercado laboral, opera una distribución secundaria del ingreso que regula indirectamente la relación capital-trabajo. Por el otro, esta política exige una contraprestación laboral, que se implementa a partir de la creación de cooperativas de trabajo para la realización de obras de infraestructura local. A partir de la generación de trabajo en las cooperativas se interviene directamente en el mundo del trabajo y en la distribución primaria del ingreso, aunque no en la relación de trabajo predominante (capital-trabajo), sino en otra modalidad de organizar socialmente la producción. Además, en principio, la producción de estas cooperativas no se orienta al mercado, sino a la satisfacción de necesidades sociales (saneamiento, infraestructura, local, entre otras actividades). Cabe aclarar, no obstante, que la normativa del Programa no impide que las cooperativas también orienten su producción al mercado capitalista.

En suma, el PAT se constituye en una política social que tiene por objeto el trabajo y que interviene de cierto modo en la distribución primaria del ingreso, conformando cooperativas de trabajo que participan –o poseen potencialidad para hacerlo– en el ámbito de la producción, aunque no insertan sus productos necesariamente en el mercado capitalista. De este modo, el PAT implica una hibridación entre la intervención estatal en la distribución primaria y secundaria del ingreso, generando dos espacios sociales que podemos diferenciar analíticamente.

El primero se organiza en torno al mecanismo de redistribución –o distribución secundaria–que establece el subsidio otorgado por el PAT, con el objetivo de paliar las desigualdades que genera la economía de mercado. El segundo espacio es el de las cooperativas propiamente dichas; es aquí donde se desarrolla el proceso productivo de bienes y/o servicios. Así, el subsidio desencadena la configuración de un espacio productivo, el de la cooperativa; espacio que, aunque relacionado con la dimensión asistencial, posee sus propias lógicas. En términos analíticos, estos dos espacios refieren a dos unidades de análisis –y escalas– distintas, la del Estado y la política pública, y la de las cooperativas de trabajo. No obstante la diferenciación analítica, en los hechos da lugar a una configuración superpuesta de la unidad productiva, en la que se articulan diversas lógicas sociales y productivas. Sumado a esto, la referencia a la escala del Estado y la política pública requiere una mayor especificación. Si bien el PAT es un programa diseñado y financiado por el Estado nacional, su implementación se desarrolla principalmente a nivel local, por parte de gobiernos municipales. De este modo, referirnos a la lógica y el propósito de la producción en nuestro caso de estudio, requiere la consideración de ambos espacios analíticos y de la multiplicidad de actores sociales intervinientes.

Respecto a la lógica de la producción, identificamos que no prima el valor de intercambio mercantil. El criterio que prima en la definición del destino inmediato de la producción es el valor de uso, es decir, el servicio se orienta a la satisfacción de necesidades y su producción se encuentra atada a criterios de necesidad y uso. No obstante, la limpieza del canal, actividad principal de la cooperativa, no es definida como una necesidad a satisfacer exclusivamente –ni principalmente– por esta. Por el contrario, la definición de la actividad es producto de una compleja articulación de criterios del MDS, el Gobierno municipal, ACUMAR y la cooperativa, en la cual esta tiende a quedar subordinada. Los módulos constructivos son definidos en primera instancia en los convenios marco, acordados entre el MDS y el Gobierno municipal, dinámica a la cual se incorpora ACUMAR a partir del Programa de Limpieza de Márgenes. Como veremos en el próximo capítulo, la actividad a desarrollar será objeto de disputa entre la cooperativa y el Gobierno municipal.

Pero además de satisfacer la necesidad de limpieza del espacio urbano, la producción del servicio constituye un mecanismo de intercambio o circulación no mercantil entre la cooperativa y el Estado, orientada por el principio de redistribución de la política pública[9]. Más que la necesidad de la limpieza del canal, la lógica de la producción del servicio se vincula con el esquema de política social con contraprestación laboral. Dicho de otro modo, más allá del valor de uso del servicio producido, es relevante la contraprestación en sí misma. De hecho, la importancia del criterio de uso es puesta en cuestión al observar el proceso de producción del servicio: “A veces nos quedamos un poco más porque a veces mandan los camiones. No tiene sentido limpiar si los camiones no se llevan [la basura]. Juntás y después está todo tirado de nuevo.” (Luz, asociada de la cooperativa, comunicación personal, septiembre de 2014. La itálica resalta el énfasis de la entrevistada). Incluso, si los camiones no ingresan al barrio, los asociados no embolsan la basura, sino que simplemente la juntan en montículos, dado queen caso de lluvia, las bolsas obstruyen el curso normal del canal mucho más que la basura suelta. Así, la lógica productiva de la cooperativa está determinada por la producción de valores de uso. Ahora bien, analizar desde la óptica del criterio de necesidad y uso solamente la prestación del servicio de limpieza resulta insuficiente. Desde la lógica de la política pública, el valor lo constituye la contraprestación misma (sea útil o no para resolver la necesidad a la que supuestamente se apunta), elemento clave del intercambio establecido entre el Estado y las cooperativas.

Dado que la jornada laboral exigida por las instancias gubernamentales es de cuatro horas (8:00-12:00 h)[10], las cooperativas pueden destinar media jornada a desarrollar otro tipo de actividad con los recursos, maquinarias y herramientas aportadas por el PAT. Sin embargo, la cooperativa nunca llevó a cabo ningún tipo de producción orientada al intercambio mercantil. Lo que sí ha realizado son otras actividades que no poseen un sentido mercantil, como la limpieza de jardines y escuelas del barrio. Además, tal como ya señalamos, destinó una porción de los fondos girados por ACUMAR –y también de tiempo– a la construcción y el mantenimiento del local de la organización social donde funciona la cooperativa, así como de otro local de la organización. Para disponer de dichos fondos, la cooperativa tuvo que resignar la posibilidad de generar un plus de ingresos individuales. En el capítulo 6 veremos cómo esto se constituyó en fuente de conflictos de trabajo.

Este local lo hicimos todo con el trabajo de la cooperativa. Porque hay fondos que nosotros nos íbamos quedando y en vez de repartirlo entre todos los compañeros comprábamos las cosas para hacer el galpón. […] Nosotros tenemos un refrigerio que ese refrigerio son 6000, 7000 pesos. A nosotros nos cuesta un montón generar toda esta conciencia y decir que nosotros en realidad queremos que crezca nuestro espacio físico. Entonces nos juntamos todos y hablamos y en vez de comprar los 6000 pesos de refrigerio, compramos 4000 y 2000 ya queda para nuestro gasto. (Adriana, asociada de la cooperativa, comunicación personal, enero de 2015)

Vemos cómo, desde la perspectiva de la cooperativa de trabajo, estas producciones también se orientan por criterios de necesidad y uso, no solo de los miembros de la cooperativa, sino también de la organización en la cual se inserta y del barrio circundante.

También hicimos el rancho en Las Colinas, también invertimos ahí. Hubiera estado mejor este, si invertíamos todo acá. Pero lo que es una organización, uno va priorizando donde va viendo y siempre pasa así. (Entrevista colectiva a asociados de la cooperativa, julio de 2016)

En las relaciones que se entablan con el barrio a través de las actividades que tienen lugar en el local (murga, comedor, merendero) y de la limpieza de centros educativos, subyace el principio de reciprocidad. Este se vincula con las lógicas de construcción política a nivel territorial de las organizaciones sociales, que se conformaron en el marco de la transición de una politicidad de las clases populares centrada en el mundo del trabajo a una centrada en la inscripción territorial; es el barrio el espacio donde tiene lugar la socialización política de los sectores más pobres (Merklen, 2005).

Así, a pesar de que la actividad principal de la cooperativa es definida a partir de una articulación de criterios gubernamentales y propios de la cooperativa, con una subordinación de esta, observamos que la posesión social de los medios de producción en manos de la comunidad de trabajadores es el elemento que permite desarrollar otras actividades bajo el principio de reciprocidad.

Respecto al propósito de la producción, se orienta por el consumo de los trabajadores –y sus familias–, en el marco de una estrategia de multiactividad que desarrollan los sectores populares para garantizar su subsistencia en contextos signados por la inestabilidad (Merklen, 2005). En un contexto en que los ingresos de los sectores populares provenientes del trabajo resultan insuficientes –cuando no inexistentes–, el barrio se constituye en el principal proveedor de soportes para la supervivencia. Ante la imposibilidad de garantizarse medios de subsistencia, estos sectores despliegan una estrategia de tipo “cazador”, es decir, de búsqueda permanente de recursos escasos, limitados en el tiempo, y distribuidos de manera irregular. Es el barrio el que permite aportar un principio de estabilización de la experiencia, al estructurar solidaridades locales y movilizaciones colectivas para el acceso a dichos recursos, que se presentan bajo la forma de políticas sociales descentralizadas, focalizadas en poblaciones específicas y delimitadas en el tiempo (Merklen, 2005). Bajo esta lógica territorial de obtención de los medios de subsistencia, los ingresos percibidos por los cooperativistas no son destinados solamente al consumo individual –y familiar–, sino también al consumo colectivo en un territorio determinado (construcción del local de la organización en el barrio). Además, el trabajo en la cooperativa se inserta en esta trama de recursos que el “cazador” de los barrios populares logra conseguir para su subsistencia. Tal como mencionamos, los integrantes de la cooperativa poseen una trayectoria de percepción de planes sociales y, sumado al trabajo en la cooperativa, desarrollan otras actividades productivas para obtener medios de subsistencia, principalmente por cuenta propia. Así, el propósito de la producción se encuentra estructurado por esta lógica. El criterio dominante es la preservación del ingreso de subsistencia proveniente de la política pública, lo cual hipotetizamos influye en el hecho de que la cooperativa no desarrolle actividades pasibles de insertarse en el circuito de intercambio mercantil[11]. Este elemento puede llegar a convertirse en una limitación para el posterior desarrollo del emprendimiento más allá de la política pública del PAT:

–La pregunta que vos nos hacés, si nosotros fuera de horario podríamos ir a trabajar… Nos falta el ímpetu. Decimos “sí, sí, vamos a ir todos”. Y después a las 12 salimos todos disparando. Cumplimos las 4 horas.

–A mí me parece que nosotros no lo vemos en el sentido de que nosotros tendríamos que hacer una cooperativa seriamente porque más de una vez lo charlamos esto. Tenemos estas herramientas, tenemos esto, tenemos esto y podemos ver cómo nos vamos organizando para ir saliendo para el afuera. Pero bueno, somos 2 o 3 los que nos vamos viendo, los demás compañeros no se van viendo. […] Nosotros con Daniel siempre lo proponíamos cuando teníamos todas las máquinas, todo, pero nunca… Nosotros sabemos que si se llega a caer el Argentina Trabaja, no sé qué van a hacer los compañeros. […] El tema es que nosotros sabíamos desde un principio que la cooperativa era por un tiempo, seguir fortaleciéndonos y después conseguir trabajo porque la cooperativa debía tener su sustento, no tenemos que depender del Estado, sino que debemos tener nosotros nuestra propia, nuestros trabajos. Generar nuestros trabajos. Esa era la idea de la cooperativa cuando se largó, y después… Lo que pasó en estos 5, 6 años. (Entrevista colectiva a asociados de la cooperativa, julio de 2016).

Si bien el criterio dominante es el mantenimiento del ingreso de subsistencia proveniente de la política pública, el PAT establece ciertos cambios respecto a los planes anteriores, tanto desde las percepciones de los cooperativistas, como desde el diseño del Programa, que lo acercan a la idea socialmente reconocida de trabajo. La mitad de los trabajadores de la cooperativa que percibieron un plan social con anterioridad, postula que la diferencia entre el PAT y los otros planes reside en que este se constituye en un “trabajo”, en contraposición a programas anteriores que constituían una mera “ayuda”. La percepción del Programa como un trabajo se relaciona con los horarios que deben respetarse, los controles del trabajo que vivencian en la experiencia cotidiana y el monto de los haberes. Hacia 2015 el ingreso de los cooperativistas se ubicaba en los 2600 pesos[12] mensuales. En este sentido, el 40 % de los entrevistados enfatiza en que estos son más altos que en el caso de programas anteriores, y que esta es una de las principales diferencias. Por otro lado, el 20 % de los entrevistados asegura que una de las diferencias del PAT es el acceso a la protección social que brinda (obra social, aporte jubilatorio y seguro, entre otros componentes).

Ahora bien, la valoración del PAT como un trabajo en los términos socialmente reconocidos se conforma en la articulación de la experiencia en la cooperativa con la pertenencia a una organización social. Frente a la pregunta acerca de qué elementos modificaría del Programa, una cooperativista nos contesta:

Que sea un trabajo. Que no nos traten como que es un plan. Yo no lo considero, igual, ya un plan. Es un plan pero… Yo lo considero como la fuente de ingreso de mi casa. Y que lo tengo que cuidar. […] Y lo considero un trabajo. (Analía, asociada de la cooperativa, comunicación personal, noviembre de 2012)

Sumado a esto, justamente llegar a percibirlo como un trabajo es lo que permite plantear cuestionamientos respecto al tipo de trabajo y a sus condiciones. En este sentido, un asociado de la cooperativa bajo estudio nos plantea:

Pensando como lo dice el Gobierno, es el mismo plan social que antes. Pero nosotros lo estamos pensando de otra manera. Como que nosotros lo tenemos, lo queremos creer como un trabajo. Depende mucho de la actitud de cada cooperativa, de cada movimiento cómo lo maneje. Porque desde el Gobierno lo mandan como un plan social, nada más; nos dan para que no salgamos más. Nos quieren sacar de la calle y, bueno, nos tiran todo esto. […] Tiene que ser desde nosotros mismos que lo valoremos como un trabajo, para poder dar esa lucha de que es un trabajo. […] Y nosotros, con nuestro pensamiento, lo vemos como que no nos lo ganamos de arriba, sino que nosotros nos ponemos las pilas y, en muchas o en pocas maneras, nosotros lo hacemos sentir como que es un trabajo. Tercerizado, mal pago, pero es un trabajo. (Daniel, asociado de la cooperativa, comunicación personal, octubre de 2012)

De este modo, el entrevistado nos invita a repasar brevemente las rupturas que el PAT establece en términos de diseño respecto a planes con contraprestación laboral anteriores. ¿En qué medida nos encontramos frente a una política redistributiva y no frente a empleo estatal precarizado? ¿Se trata del consumo productivo de fuerza de trabajo asalariado por parte del Estado en sus diferentes niveles a partir del fraude laboral? No pretendemos clausurar esta pregunta, sino aportar algunos elementos para su análisis. En el caso de la cooperativa bajo análisis, los asociados reciben un subsidio individual del Estado nacional a cambio del servicio de limpieza del canal del arroyo. Pero esta contraprestación equivale a media jornada laboral, por lo cual la cooperativa podría complementar los ingresos a partir de otras actividades. Sumado a esto, en términos generales, los cooperativistas del PAT han recibido capacitaciones y formaciones sobre cooperativismo de trabajo[13], dando cuenta de la voluntad de promover la conformación de unidades socioproductivas autónomas con potencialidad para desarrollarse más allá de la política pública. Por último, al consultar con autoridades municipales acerca de las diferencias entre los sueldos de empleados municipales y los ingresos de los cooperativistas, obtuvimos la siguiente respuesta:

En la primera etapa, el ingreso [de los cooperativistas] era de 2000 pesos y nosotros todavía teníamos en el municipio, de acuerdo a la categoría que tuviera el empleado, algunos que no llegaban a los 1500 o que cobraban 1500. (funcionaria del municipio de Esteban Echeverría, comunicación personal, junio de 2016)

No obstante, a pesar de poseer un ingreso más alto, por lo menos en los comienzos del PAT, los cooperativistas no acceden al mismo grado de protección social del trabajador asalariado. De todos modos, sostenemos que el trabajo en el marco del PAT significa para los trabajadores de la cooperativa bajo estudio en particular, y de las cooperativas del PAT en general, una progresión respecto al acceso efectivo a ciertos derechos en comparación con su situación laboral previa. A partir de su participación en la cooperativa, aunque de modo limitado respecto al trabajador asalariado formal, los trabajadores perciben obra social, seguro ART y aportan a la seguridad social, a partir de fondos proporcionados por el Estado. Además logran cierto margen de autonomía para obtener licencias por maternidad, enfermedad y vacaciones[14].

De este modo, nuestros análisis difieren de los desarrollados por Hopp (2013b), quien sostiene que dados los bajos montos de las retribuciones a los cooperativistas y la persistencia de las desigualdades en la calidad y el alcance de las protecciones sociales entre trabajadores autogestionados y asalariados formales, las políticas socioproductivas que fomentan la conformación de cooperativas del trabajo estarían promoviendo la precarización laboral. Por el contrario, alrededor del 80 % de los miembros de la cooperativa enmarcada en el PAT que entrevistamos accedieron por primera vez a la protección social vinculada al trabajo (aportes previsionales y obra social) a partir de su incorporación al PAT. De este modo, en la experiencia de los trabajadores de este emprendimiento, su participación en la cooperativa del PAT implica todo lo contrario a un proceso de precarización de sus condiciones de trabajo.

Sostenemos que, al establecer la contraprestación, el PAT configura una situación intermedia entre un subsidio a la desocupación y el desarrollo de una actividad laboral a cambio de una remuneración pagada por el Estado, es decir, empleo estatal. Sin embargo, esta hipotética relación de empleo se da bajo una relativa autonomía producto de la forma legal cooperativa de trabajo y de la posesión social y el control colectivo de los medios de producción.

Por último, aun primando la lógica del consumo, consideramos que la producción también se orienta por criterios de acumulación, aunque no económica. Si nos posicionamos desde la perspectiva del Estado, junto a la lógica dominante de consumo identificamos una lógica de acumulación no capitalista. En el marco de la existencia de experiencias de socialismo real, la acumulación estatista fue definida por Wright (2010) como una acumulación de valores de uso –a diferencia de la capitalista que acumula valores de cambio– para incrementar la capacidad productiva, y en este sentido el poder político de diferentes segmentos del aparato estatal-burocrático en el marco de una dinámica de competencia burocrática y de la necesidad de reproducir el poder de la clase dirigente estatista.

En nuestro caso de estudio, observamos que existe una acumulación no de valores de cambio, sino de poder por parte de distintas fracciones, más que de la burocracia estatal, de funcionarios públicos, que pueden ser a su vez referentes políticos y/o dirigentes partidarios. Esta acumulación no solo se da con base en los servicios que desarrollan las cooperativas y su publicitación en el espacio público, sino también con base en las influencias y lealtades que se cosechan en las relaciones entre los funcionarios y las cooperativas en el marco de la política local. Tal como analizamos en el capítulo 2, el lanzamiento del PAT buscó articular y contener la política local y, así, esta lógica originaria estructura la producción.

Además, aun primando la lógica del consumo desde la perspectiva de los cooperativistas, consideramos que existe otro tipo de acumulación que se centra en la acumulación política de las organizaciones sociales o de las cooperativas en tanto actores políticos del territorio. La organización social se orienta también a lograr una presencia mayor en el barrio y medios para motivar la participación política de los cooperativistas en la organización social. En este sentido podemos leer la construcción de locales de la organización y la conformación de la comunidad de trabajadores no solo en torno al trabajo, sino en articulación con la participación en la organización (Imagen 2). De esta manera, desde la perspectiva de la organización social y del Estado, observamos que la lógica no se centra únicamente en la reproducción de los trabajadores, sino también en la acumulación política.

Ahora bien, tomar en consideración la interpenetración de modos productivos nos permite indagar en la riqueza de la articulación de diversas lógicas de producción e intercambio. Mientras que en el caso de la empresa recuperada, la sustentabilidad se encuentra relacionada con la capacidad de articular una multiplicidad de principios económicos y no solo el principio de intercambio mercantil, en este caso, la sustentabilidad se encuentra eminentemente ligada a lógicas de acumulación política.

En síntesis, mientras que el propósito inmediato es la producción de un servicio que oficie de contraprestación laboral en el marco de una política pública, a la vez que satisfaga una necesidad social de la población vulnerable; la producción no solo se encuentra orientada al consumo de los trabajadores, sino también a la acumulación política del Estado –y sus funcionarios– y, subsidiariamente, de la organización social. El carácter que asume la acumulación en estas experiencias resulta un elemento estructural central para abordar el conflicto de trabajo. Las acumulaciones político-estatista y de la organización social descriptas tienden a politizar la lucha, fundiendo los límites entre lucha económica y lucha política. Las luchas económicas en torno la actividad a desarrollar, el aumento de haberes, el pedido de herramientas y maquinarias, entre otros, constituyen inmediatamente un conflicto político, dado que las políticas de producción involucran directamente al Estado. De este modo, el análisis de la lógica y el propósito de la producción, a diferencia del de las formas de propiedad, nos permite poner el foco sobre la fuerte presencia del Estado con sus lógicas de producción en la unidad socioproductiva. Mientras que la posesión de los medios de producción en manos de la cooperativa y la organización social colocaba la balanza del poder del lado de la sociedad civil, las lógicas productivas de la cooperativa se encuentran marcadas principalmente por el predominio del Estado en sus distintos niveles y a partir de sus diversos organismos.

5.2.3. La dimensión política de las relaciones de producción

Analicemos ahora la tercera dimensión, referente a las relaciones políticas de producción, es decir, al modo en que se organiza el poder en el proceso productivo. En términos de los grados de autonomía de los que goza la cooperativa respecto a poderes externos, observamos una dependencia respecto al aparato estatal. El Gobierno municipal y ACUMAR detentan la dirección y supervisión del proceso productivo. De forma articulada entre ambas instancias se controla diariamente la asistencia, se dirige y supervisa el desarrollo y avance de obra. A partir del trabajo de campo, pudimos identificar las siguientes personificaciones sociales de la dirección y supervisión del proceso productivo:

Figura N° 4: Dirección y supervisión del proceso productivo en la cooperativa de trabajo del Programa Argentina Trabaja

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Fuente: elaboración propia.

Aunque la dirección es ejercida por instancias gubernamentales, ACUMAR lleva a cabo reuniones –llamadas “asambleas”– con las 3 cooperativas que llevan adelante el módulo de limpieza del canal para la puesta en común de los planes de obra y la división y organización del trabajo entre ellas. Además de la cooperativa analizada, trabajan en el módulo otras 2 pertenecientes a otras organizaciones sociales. Entre las 3 suman alrededor de 50 trabajadores. En estas instancias “asamblearias” los cooperativistas incluso plantean cuestiones en torno a las condiciones de trabajo, como el establecimiento de una licencia de un día al mes para las mujeres. Más allá de su carácter eminentemente informativo en un sentido vertical, las “asambleas” resultan un espacio fecundo para el planteo de inquietudes y la discusión en torno al plan de obra y la división de áreas del módulo entre las cooperativas.

Sobre la base de esta estructura de dirección y supervisión, la cooperativa conserva un margen relativo de autodeterminación a nivel de la coordinación diaria del trabajo. Es la cooperativa la que tiende a definir quién realiza qué actividad y de qué manera, aunque de modo subordinado a las estructuras estatales.

Antes de fin de mes tienen que estar hechos cierta cantidad de metros […] y se los cumplimos. Vos estás trabajando, pero algunos nos vamos a hacer temas administrativos del movimiento. Pero no se complica mucho porque se habla; se llega a un acuerdo. Mientras le cumplamos el trabajo, no importa. (Verónica, comunicación personal, asociada de la cooperativa, octubre de 2012)

Sabemos que los maquinistas son los que hacen la parte de corte de pasto. Coordinamos con los maquinistas y cuando ellos van terminando, empezamos nosotros con el rastrillo. (Adriana, asociada de la cooperativa, comunicación personal, enero de 2015)

A la coordinadora que nos viene a inspeccionar del municipio, como que ya le agarramos la onda y nos deja un rato más [de refrigerio]. Como que ahí te agarra pachorra y a la vuelta de empezar otra vez a laburar no es la misma onda que tenías al principio. (Analía, asociada de la cooperativa, comunicación personal, noviembre de 2012)

Nosotros tenemos una compañera que va organizando el trabajo. Lo que pasa es que puede estar esa compañera, pero la autoridad es el asistente. Nosotros podemos organizarnos, pero si el asistente viene y te dice “no, mañana tenemos que hacer lo otro”, entonces no vale lo que dice nuestra compañera. (Cristina, asociada de la cooperativa, comunicación personal, enero de 2015)

En este nivel, encontramos una estructura propia de la forma jurídica cooperativa. En línea con la Ley 20 337[15], la cooperativa bajo estudio posee un Consejo de Administración conformado por presidente, secretario y tesorero, electos por los asociados de la cooperativa. No obstante la estructura determinada por la normativa vigente, tal como vimos, la dirección y supervisión del trabajo de las cooperativas se encuentra a cargo de los entes ejecutores y de ACUMAR.

Entre las autoridades electas, destaca la figura de la presidenta, quien es además referente de la organización, por lo que sus responsabilidades exceden las de la cooperativa. A pesar de que algunas veces realiza el mismo trabajo que los demás cooperativistas, ella se encuentra más abocada a tareas administrativas y de gestión del PAT. Sin embargo, no todas las tareas administrativas recaen sobre ella o los miembros del Consejo de Administración. Además del Consejo de Administración, la cooperativa diseñó y puso en marcha una estructura de responsables por área con base en una división interna de tareas. Existen responsables de administración, de maquinarias, de trabajo y asistencia y de merienda. En casi la todas las áreas hay más de un responsable. En este sentido, se garantiza que casi la totalidad de los trabajadores ejerzan una función de responsabilidad. A pesar de estipular un período breve de ejercicio (3 meses), este puede limitarse o extenderse de acuerdo a la predisposición de quien ocupa dicha responsabilidad y a la conformidad de los asociados.

Mientras que para el sostenimiento de la cooperativa de acuerdo a los lineamientos del PAT y de las normativas referentes a las cooperativas de trabajo resultan centrales los responsables administrativos, en el trabajo cotidiano destaca la figura del coordinador de trabajo y asistencia. Resulta interesante advertir que ambas figuras se caracterizan por su cercanía a las autoridades estatales y por su capacidad de expresión oral, justamente para mantener dicha relación.

–Yo me encargo de hacer la asistencia. Y dos por tres me agarro con el asistente. Yo le paso la asistencia al asistente. Encima hago el trabajo que él tendría que hacer. […] Tenemos un cuaderno, como un libro de actas, donde yo pongo todo lo que hacemos cada día y él lee y lo firma.

–Las que manejamos cuántas cuadras hacemos, qué es lo que no hacemos. Si hacemos toda esta cuadra y terminamos, si seguimos con la otra o dejamos la mitad. […] La que sabe los lugares soy yo porque yo hablo mucho con el que está encargado, con el asistente. Él me dice lo que nos toca. Y yo le doy la info a los compañeros de lo que nos toca. El lugar me lo dicen a mí. Yo les digo lo que tenemos que hacer, de acá hasta acá. Tenemos que hacer este lugar y después nos organizamos para armarlo.

–Coordinamos los que más o menos tenemos los contactos con los funcionarios, con el asistente. Y después todos nos sentamos y debatimos un ratito qué es lo que hacemos, y nos organizamos y trabajamos. Siempre tratamos de no poner cabezas, sino organizarnos entre todos. Las informaciones vienen a mí por ser la asistente del asistente (risas), pero tiro la info y ellos son los que más o menos…

–¿Cómo se eligen estas personas?

–En asamblea.

–El que sea más responsable. Ya lo vemos, quien puede hablar. (Entrevista colectiva a asociados de la cooperativa, registro de campo, enero de 2015)

Más allá de las indicaciones que las responsables puedan dar durante la jornada de trabajo y en la misma zona de limpieza del canal, estas cuestiones son discutidas por el pleno de trabajadores tanto en asambleas como en el momento previo al comienzo de la jornada de trabajo: “Nos paramos todos en una esquina, debajo de la sombra y vemos qué hacemos. Todos los días hacemos eso”. (Cristina, asociada de la cooperativa, comunicación personal, enero de 2015)

Este margen relativo de autodeterminación que resguarda la cooperativa es generalmente resultado de negociaciones y gestiones que entabla con las autoridades estatales; negociaciones posibilitadas por la pertenencia de la cooperativa a una organización social. Y son estas negociaciones las que imponen límites a la dominación por parte de los aparatos estatales:

Nosotros tenemos un inspector del municipio que nos viene a controlar, y si uno se quedaba adentro preguntaba “¿a dónde está esa persona? ¿Y qué está haciendo?” Ahora ya nos conoce y sabe que tenemos reuniones, que somos una organización, que no somos un grupo de personas. Ya nos conoce, sabe cuál es la política que se maneja. No nos quieren, pero bueno, es lo que hay. (Analía, asociada de la cooperativa, comunicación personal, noviembre de 2012)

Además, la asignación de los trabajadores individuales a la cooperativa pudo ser definida en negociaciones entre el Gobierno municipal y la organización social. Vemos nuevamente cómo los márgenes de autonomía respecto al Estado se relacionan con la inclusión de la cooperativa en dicha organización, y la capacidad de esta de negociar y gestionar. A diferencia de nuestro caso de estudio, en otra cooperativa visitada y con vinculaciones más débiles con una organización social, los trabajadores fueron asignados sobre la base de criterios burocráticos.

Respecto a la democracia interna, observamos una combinación de democracia directa –en el sostenimiento de asambleas– y representativa –a partir de la conformación del Consejo de Administración–, inserta en la organización social. En este sentido, la Asamblea de la cooperativa se realiza como parte de la asamblea semanal de la organización social, tratándose la cuestión de la cooperativa en primer lugar del orden del día. En las Asambleas, también se discuten aspectos referentes a movilizaciones, al merendero, y a un emprendimiento textil de la organización. Así, todos los integrantes de la organización social poseen voz y voto respecto a la cooperativa. De este modo, observamos una superposición de la cooperativa y la organización social en sus funciones.

–Nuestra asamblea del movimiento es los miércoles. Entonces, hay un momento en que se habla solamente de la cooperativa, se pasa informe y los problemas que están habiendo, y después se sigue con todo lo que es la organización.

–¿Y los que no están en la cooperativa opinan o solo ustedes?

–Todos en general opinan. Acá todos opinan. Es lo cotidiano.

–¿Y cuántos son en esas asambleas del movimiento?

–30, 32, 35, depende. Más o menos la mitad somos de la cooperativa. (Adriana, asociada de la cooperativa, comunicación personal, enero de 2015)

En suma, observamos que prima la dominación estatal con elementos de autodeterminación posibilitados por instancias de negociación. En comparación con experiencias que no se insertan en una organización social, estos márgenes de autodeterminación resultan más amplios. Por ejemplo, en el caso de otras cooperativas del PAT, los asociados deben trabajar en espacios establecidos por las autoridades municipales, quienes estipulan horarios de entrada y salida, y dirigen y controlan el trabajo realizado por la cooperativa, al punto tal de ser un reclamo recurrente por parte de los cooperativistas la posibilidad de tomarse pequeños descansos frente al desgaste físico que produce la actividad que realizan.

En esta instancia, para el análisis de la distribución y el ejercicio del poder en la cooperativa resulta pertinente retomar desarrollos teóricos de Edwards (1978) en torno a la evolución de los tipos de control en la producción y de Burawoy (1989) respecto a la producción de consentimiento en modos hegemónicos de organización del trabajo. En la cooperativa, tanto mecanismos simples de control (presencia del asistente en el lugar de trabajo), como mecanismos de control burocrático (la toma de asistencia y la realización de trámites administrativos por parte de la cooperativa frente al municipio y ACUMAR, tales como la rendición de cuentas) son combinados con instancias de negociación entre la cooperativa, nucleada en la organización social, y las autoridades estatales, dando lugar a diversos grados de consentimiento por parte de los trabajadores (Burawoy, 1989), más que a la llana y pura coacción por parte de los aparatos estatales.

Ahora bien, a diferencia del concepto de Burawoy, aquí el consentimiento no se produce con miras a favorecer la obtención de plusvalía, sino la acumulación política estatista en primer lugar y la organización social en segundo lugar. El grado de burocratización (institucionalización, despersonalización de los mecanismos de organización del poder) de una organización productiva es concebida como una variable relevante en el estudio del conflicto laboral (Hodson y Roscigno, 2004) y en las cooperativas del PAT resulta central para evitar los conflictos abiertos. La estructura organizativa que plantea el Programa, que implica la conformación de cooperativas de trabajo con la consiguiente necesidad de administrar y gestionar múltiples aspectos por ellas mismas, no solo es una herramienta que en manos de la organización social provee de espacios de autodeterminación, sino también un mecanismo de control burocrático sobre las mismas por parte del Estado. En palabras de una asociada de la cooperativa: “Como que `los tenemos ocupados en eso, más burocrático´. No nos dan tiempo a reclamarle nada.” (Verónica, asociada de la cooperativa, comunicación personal, octubre de 2012). Esta estructura y las negociaciones políticas se constituyen en mecanismos que tienden a atenuar el conflicto entre la cooperativa y el Gobierno municipal o ACUMAR. En suma, podríamos referirnos a este caso en términos similares a los de un esquema de cogestión, más que de autogestión. Este tipo de prácticas pueden encontrarse tanto en empresas de capital privado como de capital estatal e implican la participación de los trabajadores en la toma de decisiones e incluso en las acciones de las empresas.

En síntesis, dos aspectos centrales del proceso de trabajo total son definidos en ámbitos estatales, dando cuenta de la predominancia de la dominación estatal en el proceso de trabajo de esta forma productiva. Nos referimos a la definición de la actividad de la cooperativa, y a la dirección y supervisión del proceso productivo. No obstante, otros elementos se definen en el ámbito de la cooperativa, a través de la organización social en muchos casos: la asignación de los trabajadores a la cooperativa, la elección de las autoridades y los responsables por tarea, la realización de otras actividades subsidiarias gracias a la posesión social de los medios de producción, y la coordinación diaria del trabajo a partir de la configuración de espacios de autodeterminación.

De este modo, el análisis hasta aquí presentado nos permite extraer algunas de conclusiones acerca del carácter socioproductivo de la cooperativa. Sostenemos que esta constituye una forma social híbrida en la cual el modo de producción estatista es dominante y subordina la producción autoadministrada de los trabajadores (Wright, 2010). El predominio del Estado se evidencia en el poder que ejerce en la definición de la lógica y el propósito de la producción y en el proceso productivo a partir de su dirección y supervisión. En cuanto a los elementos de autoadministración de los trabajadores, esta emana principalmente de la libre disponibilidad de los medios de producción que tiene la comunidad de trabajadores, insertos en la organización social.

La cooperativa constituye una unidad productiva que se orienta al consumo de los trabajadores, el cual se logra a partir del mantenimiento de los ingresos provenientes de la política pública. De este modo, es la lógica estatal la que establece las condiciones generales de la producción. El principio de redistribución y una orientación a la acumulación político-estatista estructuran la producción. Esto determinará que las potenciales confrontaciones ocurran entre los trabajadores de la cooperativa y los funcionarios estatales; y que sean eminentemente luchas políticas y no meramente económicas.

Por otro lado, la inclusión de la cooperativa en una organización social posibilita que varios elementos de la producción autoadministrada de los trabajadores se desarrollen: la posesión social de los medios de producción por parte de la cooperativa; el desarrollo de otras actividades orientadas al consumo colectivo de los trabajadores y del barrio circundante; y la existencia de espacios de autodeterminación o cooperación autónoma, entre otros elementos. Ahora bien, a estas actividades no subyace el principio de intercambio mercantil, sino el de reciprocidad, bajo una lógica de acumulación política de la organización social. De este modo, pueden hipotetizarse conflictos de trabajo producto del acople o superposición de la cooperativa y la organización social.

5.2.4. Agrupamientos sociales y potenciales antagonismos

Finalmente, a partir del análisis del carácter socioproductivo, proponemos algunas hipótesis acerca de los agrupamientos o fracturas que estructura el ordenamiento socioproductivo de la cooperativa. En primer lugar, la cooperativa –y sus asociados– se encuentra subordinada al Estado, personificado en quienes ocupan posiciones en la estructura de gobierno. En la lógica estatal prima el principio de redistribución y una orientación a la acumulación político-estatista. Esto determina que las potenciales confrontaciones se estructuren alrededor del clivaje entre los trabajadores de la cooperativa y los representantes del gobierno del Estado (Gobierno municipal y ACUMAR); y que las luchas tiendan a adquirir un carácter político y no meramente económico.

Sumado a esto, hipotetizamos que un análisis respecto a la apropiación de excedente no resulta necesariamente fructífero para el análisis del caso. Tal como mencionamos, es la lógica de la redistribución y de la acumulación política la que organiza este espacio productivo, y no la búsqueda de maximización de ganancias. En tal sentido, consideramos que el antagonismo entre las personificaciones mencionadas se estructura en torno a los intereses contradictorios respecto a la dominación sobre y el control del proceso productivo y, más específicamente, del proceso productivo que se desarrolla en un territorio social determinado. Así, cada agrupamiento social buscará hacer prevalecer su propia lógica de acumulación política, en un contexto en que son los organismos estatales los que ejercen la dominación, aunque matizada por la posesión colectiva de los medios de producción, la relativa autonomía que aporta la forma legal cooperativa de trabajo en el contexto de ambos programas (PAT y Programa de Limpieza de Márgenes) y la mediación de la organización social. Además, el giro de fondos que instaura la modalidad de gestión del Programa de Limpieza de Márgenes de ACUMAR también será un elemento que autonomiza a la cooperativa respecto de la lógica estatista, hecho que no se da de este modo en cooperativas que solo forman parte del PAT.

No obstante, los conflictos entre estos agrupamientos podrían no tener lugar si tomamos en consideración las modalidades de control que se instauran en el PAT y en el Programa de Limpieza de Márgenes, que combinan formas simples, en el sentido de directas y clásicas (presencia de empleado público que controla la asistencia) con burocráticas (indirectas con la mediación de instrumentos administrativos). Estas últimas dan lugar a una dinámica de gestión que oscila entre los requerimientos burocráticos y las negociaciones. Es decir, además de ejercer control sobre el colectivo de trabajadores a partir de mecanismos percibidos como objetivos y despersonalizados, en última instancia, abre la posibilidad de negociación entre la cooperativa y las autoridades estatales. Es así como probablemente, solo luego de agotarse estas instancias, tenga lugar un conflicto abierto entre estas personificaciones sociales. Así, la forma cooperativa de trabajo se constituye en un elemento bifuncional. Su inclusión en el marco de políticas sociolaborales facilita el establecimiento de controles burocráticos que pueden desalentar el conflicto, a la vez que brinda un margen relativo de autonomía al colectivo de trabajo y favorece la construcción colectiva de demandas.

Además de dicha conformación de agrupamientos sociales, identificamos modalidades de vinculación de los trabajadores con la cooperativa que podrían dar lugar a una divisoria en torno al acaparamiento de oportunidades al interior del colectivo de trabajadores. Nos referimos al caso del trabajador asalariado y el de los trabajadores que no se encuentran formalmente vinculados a la cooperativa. Aunque en algunos casos acceden a la participación en la toma de decisiones, ninguno de ellos se desempeña en los puestos de responsabilidad que describimos, ni pueden ser consejeros de la cooperativa. De este modo, podría tener lugar una tendencia de desigualación entre socios y no socios de la cooperativa.

En referencia a la organización y coordinación del trabajo, tal como mencionamos, se realiza una división por áreas y se eligen colectivamente responsables para cada una. Esta división por áreas, no obstante, no exime a los responsables de realizar la actividad de limpieza de márgenes, aunque en ocasiones deban ausentarse, atenuando la posibilidad de que pueda configurarse una divisoria entre trabajadores manuales y no manuales.

El área de administración está conformada por una asociada y la presidenta. Mientras que la primera se encarga se llevar al día las gestiones administrativas de la cooperativa como tal (facturación, trámites frente al INAES), y de esta en vinculación con ambos programas (cheques, rendición de cuentas), la presidenta se suma a esas tareas y además se encarga de las negociaciones y las gestiones de orden más político frente a las instancias gubernamentales, politizando su función. El grupo de encargados de mantenimiento y operarios de maquinarias se compone de los varones de la cooperativa. La responsable de herramientas es una asociada que se encarga de llevar un registro del préstamo de estas y un control semanal en el pañol. Las responsables de refrigerio son dos asociadas que se encargan de comprar y organizar los alimentos y las bebidas para los cortes durante la jornada de trabajo. Por último, la responsable de presentismo y trabajo se encarga principalmente de mantener un registro de la asistencia de los asociados y de sostener, junto a la presidenta, la relación con el asistente y el supervisor de avance de obra, enviados a controlar el trabajo de los cooperativistas.

Si bien se contemplan esquemas de rotación y el carácter colegiado de estas estructuras, en administración y maquinarias han permanecido las mismas personas desde el comienzo de la cooperativa y la presidenta siempre ha sido la misma asociada. En el caso de los operarios y encargados de mantenimiento de maquinaria, estos no han rotado porque la tarea requiere de fuerza física que puede lesionar a las mujeres. Respecto a la administración, estas tareas requieren ciertos conocimientos técnicos, así como capacidades para la expresión oral que dificultan la posibilidad de que otros asociados quieran o puedan asumir dichos roles. Además, a pesar de no ser una normativa aplicada a las cooperativas de trabajo en general, no pueden formar parte del Consejo de Administración miembros de la misma familia. Esto reduce las candidaturas al Consejo, dado que en la cooperativa el reclutamiento barrial de los asociados se combina con un reclutamiento familiar y de compadrazgo.

De este modo, los cargos dirigenciales han tendido a fijarse, dando lugar a una divisoria organizacional entre dirigentes y dirigidos, que es atenuada pues no se corresponde con una separación entre trabajadores manuales y no manuales. Los cargos dirigenciales no implican la exención de la realización de tareas manuales en la cooperativa.

Ahora bien, también encontramos divisorias organizacionales pero no en torno al trabajo, sino a la participación en la organización social. Ser asociado no necesariamente implica participar activamente en la organización, aunque resulta un elemento deseable por parte de esta. Esta superposición organizacional estructura dos agrupamientos; están los asociados que militan y los que no; lo que a su vez configura agrupamientos actitudinales o culturales en torno a las percepciones acerca del trabajo y las actitudes frente a este.

Al igual que en la empresa recuperada, la forma socioproductiva da lugar a una democratización de la participación en el proceso productivo que otorga relevancia a las concepciones y percepciones de los trabajadores y, en este sentido, da lugar a que se estas expresen. En esta clave podemos comprender los últimos agrupamientos presentados que refieren a tensiones entre distintas concepciones sobre el trabajo y la participación política.

No obstante, en tanto indicamos que esta forma socioproductiva posee elementos importantes de dominación estatal, el grado de democratización disminuye con relación a la empresa recuperada. Esta forma socioproductiva estructura un clivaje entre los cooperativistas y los funcionarios estatales marcada por la subordinación de los primeros respecto de los segundos. Sin embargo, cabe enfatizar que el recientemente mencionado carácter bifuncional de la cooperativa de trabajo en el marco del PAT y la inclusión de la cooperativa en una organización social son elementos que tienden a brindar autonomía al colectivo de trabajadores y capacidad de negociación que, en cierto modo, atenúan la dominación y el carácter vertical de la relación entre cooperativistas y funcionarios.

Por último, en un gradiente que ordena las divisorias de agrupamientos desde las más endógenas a la forma socioproductiva a las menos endógenas, podríamos ubicarlas del siguiente modo: consideramos que la más específica a esta forma socioproductiva es el clivaje entre trabajadores y representantes estatales, a la que le siguen los agrupamientos organizacionales socios-no socios. Con menos especificidad respecto a las características socioproductivas de la cooperativa podríamos ubicar las divisorias entre dirigentes y dirigidos, y los agrupamientos actitudinales en torno a diversas concepciones sobre el trabajo.

A continuación, presentamos una figura expositiva que resume el análisis realizado en los capítulos 4 y 5.

Figura N° 5: Resumen comparativo de la caracterización socioproductiva de los casos de estudio

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Fuente: elaboración propia.


  1. ACUMAR es un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional (Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que se crea en el año 2006 frente a la judicialización del conflicto en torno al deterioro ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (Merlinsky, 2013). El objetivo de la ACUMAR es sanear y recuperar la cuenca, a través de la articulación de políticas públicas que promuevan obras de infraestructura; la limpieza y el mantenimiento del espacio público; y el control de las condiciones ambientales y de la actividad industrial (ACUMAR, s/d). En este marco, en el año 2009 se creó el Programa de Limpieza de Márgenes con el objetivo de limpiar, recuperar y preservar las márgenes y el espejo de agua del cauce principal y afluentes de la Cuenca Matanza Riachuelo. En este Programa, ACUMAR trabaja en forma conjunta con municipios de la Cuenca y cooperativas de trabajo del Programa Argentina Trabaja (ACUMAR, 2015a). Hacia el primer semestre de 2015 se encontraban vigentes 24 convenios entre ACUMAR y los gobiernos municipales que contemplaban un total de 53 cooperativas abocadas a la limpieza de márgenes. Entre estos convenios, 5 correspondían a Esteban Echeverría y albergaban 199 cooperativistas agrupados en 10 cooperativas (ACUMAR, 2015b).
  2. En 2012 la cooperativa ingresó al Programa de Limpieza de Márgenes, por el cual cada cooperativista obtiene un ingreso adicional al aportado por el PAT. Con anterioridad, la cooperativa había participado en programas de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).
  3. Varias razones explican el decrecimiento de la cantidad de trabajadores. Entre estas destacan la obtención de un empleo en relación de dependencia por parte de algunos de cooperativistas, y el traspaso de algunos asociados a otras cooperativas. Sobre esta última situación profundizaremos en el próximo capítulo.
  4. Se aplicó un breve cuestionario semiestructurado a once trabajadores de la cooperativa. Contó con baterías de preguntas sobre datos sociodemográficos, trayectorias laborales y de percepción de planes sociales, participación política y valoraciones sobre el PAT.
  5. En conversaciones mantenidas con los trabajadores de la cooperativa durante las observaciones ilustraron el grado de devaluación de dichos fondos a partir de ejemplificaciones de gastos que deberían poder realizar con ellos, pero que no se encuentran en condiciones de realizar. Por ejemplo, el valor de una motoguadaña que la cooperativa debería renovar se encuentra alrededor de los 6000 pesos y un arreglo se ubica en los 1500 pesos. De este modo, no es posible renovar las maquinarias ni arreglarlas.
  6. Siguiendo a Cohen (2001), Deux Marzi (2014) define al principio de comunidad como “un principio de comportamiento que niega al mercado porque consiste en dar un servicio por el compromiso con sus pares y/o con la comunidad, y no por lo que se pueda obtener haciéndolo sino porque los demás lo necesitan” (p. 253). Si bien la autora se refiere a un principio de comportamiento, y nosotros observamos directamente las articulaciones no mercantiles, más allá de los principios subyacentes, en ambos trabajos se busca dar cuenta de las relaciones que los emprendimientos productivos establecen con la comunidad y diversos actores sociales sin la mediación del mercado.
  7. Se trata de una empresa de gestión de residuos conformada luego de que la empresa que los empleaba abandonara la actividad y la empresa mixta encargada de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos –y que había contratado a la empresa empleadora– decidiera el cierre del predio donde se realizaba dicha actividad. La cooperativa, conformada por extrabajadores de la empresa, logró la firma de sucesivos contratos con la empresa mixta concesionaria para desarrollar los servicios de gestión de residuos que con anterioridad desarrollaba la empresa que los empleaba. Además, realiza actividades vinculadas con la producción y el mantenimiento de áreas verde, e impulsa diversos proyectos y actividades que promueven el desarrollo comunitario del barrio donde se localiza.
  8. En el extremo de la pérdida de autonomía podría ubicarse una modalidad de trabajo tercerizado, el trabajo a façon. Esta refiere a una modalidad en la cual un emprendimiento productivo transforma materiales con su propio trabajo, conocimiento, maquinarias y herramientas por pedido de un tercero, quien le brinda a cambio una retribución (Balladares, 2012). En las empresas recuperadas esto suele relacionarse con la carencia de recursos para producir o de canales de comercialización, así como por la insuficiencia de conocimiento en la materia. Según datos del año 2003, el 55 % de las empresas recuperadas realizaba trabajo a façon (Fajn, 2003). En el último informe del Programa Facultad Abierta (2014) se consigna que el 29 % de las empresas recuperadas entrevistadas realiza trabajos a façon, un porcentaje menor al 49 % encontrado en el relevamiento de 2010. Para una caracterización de este, así como una reconstrucción de las diversas formas en que ha sido analizado en su vinculación con las empresas recuperadas, ver Balladares (2012). Aquí nos interesa remarcar que el trabajo a façon con un solo cliente puede, en principio, resultar similar a los contratos de la cooperativa de Villa Domínico con la empresa concesionaria, respecto a sus impactos en la autonomía de la cooperativa. No obstante, con el trabajo a façon se reintroduce, a través de la fuerza reguladora del mercado, la subordinación en el proceso de trabajo y de producción, lo que puede volver a las cooperativas sumamente frágiles a las crisis de quien contrata sus servicios. Es importante detenerse en el hecho de que mientras que en la cooperativa de Villa Domínico, los contratos tienden a la autonomizar a la cooperativa de las presiones y la incertidumbre de la competencia, el trabajo a façon suspende la necesidad de desarrollar estrategias de comercialización, delegándolas en un tercero, pero a la vez introduce la heteronomía en el aspecto productivo, el cual es dirigido por otros capitalistas.
  9. La lógica esencial del modo de producción estatista conceptualizado por Wright (2010) es que el Estado organiza directamente todo el sistema de producción y apropiación mediante una planificación central. Es importante identificar que Wright realiza estas conceptualizaciones en un contexto caracterizado por la existencia de la URSS. Aquí, cuando nos referimos a elementos estatistas no nos referimos necesariamente a una planificación central de la economía por parte del Estado, dado que este varía histórica y geográficamente. En este caso, los elementos del modo de producción estatista que se identifican en la forma social de la cooperativa de trabajo no refieren a un Estado que realiza sus intervenciones de acuerdo a planes técnicos centrales, sino que refieren más bien a un Estado cuya lógica de intervención en el caso del Programa Argentina Trabaja es de redistribución a partir del desarrollo de políticas destinadas a sectores vulnerables.
  10. Tal como mencionamos en el capítulo 2, según la guía informativa del PAT publicada en la página web del MDS (2010), los trabajadores tenían una jornada semanal de 40 horas de trabajo. 5 de esas horas eran destinadas a jornadas especiales de capacitación. A partir de la Resolución Nº 1499/12 del MDS, las jornadas laborales comenzaron a ser de 4 horas en obra y 2 horas en talleres de capacitación. No obstante, tal como nos comenta una funcionaria del municipio de Esteban Echeverría, esto nunca estuvo claramente estipulado: “Quizá en ningún momento o en ningún lugar estuvo volcado en algún documento, pero asumimos que eran 8 horas, después [el ministerio] las pasó a 6 horas por día, después a 4 horas por día. Al año siguiente, a todos los hacen ingresar en el FinEs. Entonces, en la última etapa creo que directamente los que iban al FinEs no iban a trabajar, no había problema. Mirá la mutación que tuvo el programa […] como que la terminalidad educativa fue prioridad para el Programa”. (funcionaria del municipio de Esteban Echeverría, comunicación personal, junio de 2016)
  11. Hacia fines de 2014 se observaba que solo un 13,5 % de los titulares del PAT se encontraban desarrollando un proyecto ocupacional o socioproductivo con su cooperativa o parte de ella por fuera del horario del Programa. En otras palabras, el Programa no había logrado consolidar grupos de trabajo conformados en cooperativas (MDS, 2015b).
  12. En el año 2009, al momento del lanzamiento del Programa, el ingreso de los beneficiarios se definió en 1200 pesos. En febrero de 2012 se anunció un significativo aumento: a los 1200 pesos de ingreso básico se sumaron 300 pesos por productividad social y 250 pesos por presentismo. Este aumento fue percibido por la totalidad de los cooperativistas recién hacia septiembre de 2012. Luego, en abril de 2013 se anunció un aumento de 250 pesos (100 pesos por presentismo y 150 pesos por productividad social), llegando a ubicarse en 2000 pesos el haber percibido por los trabajadores de las cooperativas. Finalmente, el último aumento llegó en octubre de 2014, momento en el cual el ingreso pasó de 2000 pesos a 2600 pesos (1400 pesos de ingreso básico y 1200 pesos por productividad social y presentismo). En el capítulo 2 del libro, realizamos un análisis comparativo de la evolución de estos haberes, el SMVM y la remuneración del personal de casas particulares.
  13. Destaca en este sentido la Diplomatura de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria dirigida a trabajadores del Programa. Este diploma de Extensión Universitaria se desarrolla en forma conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación en convenio con Universidades nacionales. En su primera edición (2010-2011) cursaron aproximadamente 900 cooperativistas y se diplomaron 675. En su segunda edición (2012-2013) cursaron 2800 trabajadores. (Pastore et al., 2013).
  14. Estos derechos no se encuentran formalmente planteados en el PAT. No obstante, con la avenencia de las autoridades, las cooperativas estipulan sus propias dinámicas de licencias y vacaciones. En este sentido, se establece la licencia por maternidad, las vacaciones durante el mes de enero, la posibilidad de limitar la jornada laboral en el caso de aquellas trabajadoras que deben ocuparse de sus hijos en el horario de trabajo por diversas razones, entre otras.
  15. Además, en el caso de las cooperativas de trabajo enmarcadas en políticas públicas desarrolladas por los Gobiernos municipales, provinciales y nacional rige la Resolución Nº 3026/06 del INAES. Esta crea un régimen especial, principalmente respecto a trámites y aranceles para la conformación de las organizaciones, para este tipo de cooperativas de trabajo. No obstante, no plantea consecuencias prácticas en el quehacer cotidiano de las cooperativas.


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