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3 Los conflictos constituyentes

En los capítulos 1 y 2 analizamos la sociogénesis de los procesos de conformación de cooperativas de trabajo a partir de la recuperación de empresas y en el marco del Programa Argentina Trabaja. En este sentido, pudimos colocar el foco en una escala macrosocial y analizar el carácter contencioso de dichas sociogénesis. En este capítulo, así como en los siguientes, modificamos la escala de análisis a partir del estudio de caso instrumental y múltiple, el cual nos permite profundizar en la dinámica de los conflictos, así como en las características de las relaciones sociales que se configuran en su seno. En diálogo con los capítulos anteriores, analizamos los conflictos constituyentes de las 2 cooperativas seleccionadas, dando cuenta del carácter disputado del origen de ambas, así como de su vinculación con demandas tendientes a garantizar la reproducción social a través del trabajo.

3.1. “Ocupar, resistir, producir… y tener”

Tal como hemos mencionado, algunos autores han señalado que la recuperación de empresas desplaza el conflicto principal entre el capital y la fuerza de trabajo por la confrontación de la empresa recuperada con las fuerzas institucionales externas del Poder Judicial y político, así como con el mercado (Bialakowsky et al., 2004). Aunque acordamos en cierto punto con esta reflexión, en la medida en que la relación salarial no tiende a predominar en estas unidades productivas, el análisis del conflicto constituyente de nuestro caso de estudio nos permite refinar esta observación y evidenciar la disputa que existe –y persiste– entre los trabajadores que conforman la cooperativa y el titular del inmueble y antiguo patrón, por el control y la tenencia de los bienes inmuebles.

La empresa recuperada que analizamos es una cooperativa de trabajo de la rama hotelera del sector de servicios de turismo, ubicada en el barrio de Balvanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es importante señalar que su localización tendrá implicancias en el conflicto que nos disponemos a analizar, debido al alto valor del precio del suelo. Dentro del barrio de Balvanera, alrededor de la parcela que ocupa el hotel se puede observar una creciente presión inmobiliaria. Esto profundizará la disputa sobre el bien y azuzará el interés de los actores intervinientes.

Inaugurado en 1978, el hotel fue construido con fondos provenientes de un crédito otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE)[1]. Dicho crédito nunca fue cancelado, al tiempo que el hotel se constituyó en objeto de maniobras fraudulentas de compraventa por parte de sus dueños y administradores. En el año 1997 el hotel fue vendido a un grupo económico chileno por 12 millones de dólares, pero se realizó un boleto solamente por la tercera parte del valor. Ante el incumplimiento del pago del saldo, y en un contexto de crisis del emprendimiento hotelero gestionado por el grupo chileno, los dueños originarios hicieron caer el boleto, formaron una empresa fantasma”[2], y en el año 2001 vendieron el hotel a dicha empresa que había sido recientemente creada.

A partir de esta venta simulada, los dueños originarios se garantizaban la propiedad del hotel al tiempo que evitaban la transferencia de las deudas e hipotecas, y presionaban para que se decretara la quiebra de la empresa chilena, la cual, al perder la propiedad del inmueble, se vería imposibilitada de afrontar sus deudas. Finalmente, ese mismo año la empresa chilena entró en quiebra, comenzó el proceso judicial correspondiente y el 28 de diciembre de 2001 el hotel cerró sus puertas.

En el transcurso de lo que podría haber sido un simple juicio de quiebra y liquidación de activos, un grupo de extrabajadores de la empresa encontró en la recuperación de esta la única forma de evitar la pérdida de sus puestos de trabajo. A principios del año 2003, y en un contexto en el que la economía no se había recuperado aún, la evidencia de que las instalaciones seguían siendo utilizadas por el expatrón[3] y la indiferencia del síndico de la quiebra (quien no hacía lugar a los pedidos de reunión de los trabajadores y a sus demandas de cobro de los salarios adeudados), junto con la visibilidad pública del movimiento de empresas recuperadas, dieron lugar al establecimiento de vínculos con la organización de empresas recuperadas de mayor relevancia por aquel entonces.

Íbamos con un grupo de compañeros con el síndico de la quiebra porque queríamos cobrar la plata que nos debían, porque no nos pagaron vacaciones, todo lo que corresponde de plata adeudada, y nos decían “No, no pueden entrar. Además, ustedes tienen que venir a pedir audiencia. No pueden venir todos los días a reclamar algo que no es correcto.” Nosotros le decíamos: “Pero están utilizando el hotel. Porque en el apart hotel hay compañeras que están trabajando ahí y nos dicen que están trabajando con el hotel. O sea, están utilizando los salones.” […] A nosotros nos estaban dando información de que el apart hotel estaba utilizando y desmantelando todo. Nosotros le decíamos: “Nosotros no queremos que se desmantele porque queremos seguir trabajando en el hotel.” Entonces una compañera, cuando entró el otro síndico, le dijo que íbamos a llamar a los medios. Jamás se nos ocurrió llamar a los medios. Fue un momento de iluminación que tuvo la compañera, que dijo “Voy a decir esto.” Ahí entraron los únicos 300 pesos que cobraron todos los compañeros. Ahí fue que los compañeros que nunca habíamos visto desde que se cerró el hotel aparecieron. Entonces, ahí fue que un compañero llegó y dijo: “Miren, yo conozco a un grupo de gente que ayuda a recuperar tu fuente de trabajo.” (Ana, asociada de la cooperativa, comunicación personal, noviembre de 2014)

El hotel estaba cerrado hacía un montón. Estaba muerto ya. Lo que pasa es que nosotros éramos famosos en ese momento y [el país] estaba muy mal de laburo. Imaginate, esto fue a finales de 2002, principios de 2003, no habían encontrado otro laburo. El hotel estaba cerrado hacía mucho tiempo. [La idea de la recuperación] tenía que ver con que vieron la posibilidad y, te repito, nosotros éramos famosos. Era como “Bueno, podemos hacer eso con el hotel.” (Matías, exreferente del movimiento de empresas recuperadas, comunicación personal, abril de 2017)

Entre la resistencia, la incredulidad y la incertidumbre, comenzaron a realizarse una serie de reuniones entre un pequeño grupo de extrabajadores y referentes de la organización de empresas recuperadas. Si bien, como vimos anteriormente, en los comienzos del conflicto destacaron las demandas salariales planteadas a partir de pedidos de reunión e intentos de diálogo con instancias judiciales de la quiebra, la incapacidad de alcanzar una resolución a través de esta vía, la constatación de maniobras fraudulentas llevadas a cabo por el expatrón, y las vinculaciones entabladas con la organización de empresas recuperadas, dieron lugar al paso de la acción institucional a la acción directa. Las salidas individuales (cobro de salarios adeudados e indemnizaciones) se evidenciaban inconducentes. No sin dubitaciones ni resquemores respecto a la dimensión política que iba adquiriendo el conflicto, la acción de recuperar la empresa se puso en marcha en tanto fue vislumbrada como el único modo de resguardar los puestos de trabajo y de reproducir la identidad de trabajador.

Nos juntamos todos, éramos como 40 los que estábamos, y se habló. Yo era la que más me resistía, porque sabía que, cuando estaba acá, continuamente había gente de la política hospedada. […] Entonces, yo me oponía a eso, porque decía “No, si siempre estuvo la política ahí, ¿Cómo nosotros vamos a meternos? Nos van a sacar en 2 segundos.” […] En realidad, yo nunca creía en la parte política, nunca milité. [] Entonces, es como que uno pensaba que nos pague lo que nos debe y ya está, se terminó. Buscaré otro trabajo. (Ana, asociada de la cooperativa, comunicación personal, noviembre de 2014)

Estuvimos un año afuera, hasta que unos compañeros se contactaron con la organización de empresas recuperadas. Y ahí nos fuimos a hacer las reuniones para formar la cooperativa. Bueno, armamos la cooperativa con miedo, con incertidumbre, porque yo soy una persona que nunca militó en ningún partido político ni en nada. […] Ninguno de los que estábamos, que formábamos la cooperativa, había militado; solamente los chicos de la organización de empresas recuperadas que nos ayudó. (Graciela, asociada de la cooperativa, comunicación personal, agosto de 2014)

El impulso y apoyo de la organización de empresas recuperadas resultó central en el proceso, en tanto aportó promotores y liderazgos, recursos organizativos, y saberes acumulados respecto a la recuperación de empresas. Finalmente, una mañana de marzo de 2003, alrededor de 30 personas, entre las que se encontraban militantes y dirigentes de dicha organización y de otras organizaciones sociales y políticas, integrantes de asambleas vecinales, investigadores y docentes universitarios, y algunos pocos extrabajadores, ocuparon las instalaciones del hotel. Esta acción colectiva alteró de hecho las relaciones de propiedad y expresó la conformación de una alianza social en torno al movimiento de empresas recuperadas[4]. Incluso, a partir de los siguientes fragmentos de entrevista podemos observar que los extrabajadores del hotel no fueron el grupo mayoritario que motorizó la ocupación y la consiguiente recuperación durante las primeras horas:

Quedamos para un 21 de marzo de 2003 para entrar acá, a las 10 de la mañana. Una compañera ya sabía que estaba todo esto. Se habían reunido ya anteriormente y, bueno, habían ido a unas reuniones que hubo ahí. […] Entramos como cualquier día, por el apart hotel, por el subsuelo. Ese día que ingresamos había mucha gente. Nosotros entramos como 17 compañeros, en realidad, después había gente que nos estaba acompañando, que yo no sabía que había gente política. […] Ese día estaban los compañeros militantes acompañándonos; nos ayudaron en ese momento a recuperar nuestra fuente de trabajo. Cuando se abrió –porque se hizo un agujero acá, porque estaba todo tapiado– empezaron a entrar todos. (Ana, asociada de la cooperativa, comunicación personal, noviembre de 2014)

Éramos un grupo de alrededor de 30 personas […], era la mañana temprano y había muy pocos trabajadores del hotel: 3 o 5 trabajadores. Nos juntamos cerca del lugar e ingresamos […]. El dirigente de la organización de empresas recuperadas rompió el candado. En ese momento yo estaba acompañando y entré al lado de uno de los trabajadores, que después iba a ser presidente de la empresa, que exclamó al ingresar: “De nuevo en casa”, con lágrimas en los ojos. En el transcurso del día, en la medida en que tomamos control del hotel […], en la medida en que se fue normalizando la situación, empezaron a caer otros trabajadores del hotel que no habían estado en el momento de la toma. (Iván, investigador académico, comunicación personal, febrero de 2017)

Tal como señalamos en el capítulo 1, la adopción de la forma jurídica cooperativa de trabajo respondió más bien a una estrategia adaptativa, dado que otorgaba un respaldo legal para continuar con el proceso.

Lo que dijo el juez fue que para que siguiéramos acá debíamos tener una figura legal. Se discutió la figura legal: nosotros podíamos haber sido sociedad anónima, SRL, pero como veníamos tan desgastados de ese circuito lo primero que se nos puso adelante fue la cooperativa. Y sin ir más lejos, ya lo estábamos nosotros llevando a cabo en cooperativa, porque las decisiones las tomábamos en grupo, hacíamos asamblea. Mayormente, lo primero que conocimos de la cooperativa fue la asamblea, pero sin ser parte de la cooperativa. O sea, empezamos a reunirnos, a debatir. (Darío, asociado de la cooperativa, comunicación personal, agosto de 2014)

En este contexto, la cooperativa consigu una guarda judicial. Aunque esta figura legal no otorgaba formalmente el derecho de usufructo de las instalaciones, les permitió a los trabajadores permanecer en el hotel con la responsabilidad de proteger los bienes. Las condiciones infraestructurales, la falta de capital de trabajo y los tiempos requeridos para definir el proyecto socioeconómico y comercial determinaron que los comienzos de la cooperativa implicaran “resistir”, esto es, sostener la toma del inmueble. Esto significaba realizar turnos de guardia, recolectar fondos de huelga, obtener medios de subsistencia a partir de subsidios otorgados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y alquilar algunos de los salones del hotel. Durante los primeros meses, no estando aún en condiciones de ofertar sus servicios en el mercado, la cooperativa se dedicó a desarrollar articulaciones no mercantiles con otras empresas recuperadas. Dichas articulaciones refieren a interacciones de cooperación cuya característica principal es que no se encuentran mediadas por el mercado (Kasparian, 2013).

En realidad, no era trabajar; en realidad era que recibíamos organizaciones. […] Lo que hacíamos en el primer entonces era trocar con cooperativas de insumos, para las reuniones de ellos, para hacer las cosas que tuvieran que hacer, y trocábamos por pintura. En el caso de que fueran cooperativas constructoras, trabajos de albañilería. Y, bueno, fue un ida y vuelta hasta el 2004. (Darío, asociado de la cooperativa, comunicación personal, agosto de 2014)

Un gran problema que teníamos eran las cerraduras eléctricas de las puertas porque eran de una empresa a la cual la empresa anterior le debía plata. […] Pero también había una cuestión ideológica… Se dio todo un proceso de discusión sobre qué hacer con el hotel, cómo hacerlo. Ellos creían que había que volver a hacer el hotel en el que ellos habían trabajado. Más allá de la precariedad en términos jurídicos, ellos creían que iban a ser los dueños de un hotel de 3 o 4 estrellas. […] Ahí yo discutí mucho con ellos. Yo proponía hacer como una especie de hotel cultural, llenar las habitaciones con cuatro camas cada una, a los pisos ponerles nombres de próceres o revolucionarios del mundo, o de artistas, y construir esa marca como el “hostel más grande del mundo”, el “hostel recuperado”. Habíamos hecho un plan de negocios que recontra funcionaba, iba a crecer rápidamente la cantidad de laburantes, el tipo de cambio nos recontra ayudaba, y la resistencia de ellos fue muy fuerte porque ellos querían volver a ser el hotel donde había estado Menem. En el medio de esto, armamos un grupo cultural y empezamos a hacer fiestas para sostener la guita de ahí y en el medio recibíamos un montón de comida del Gobierno de la Ciudad. […] Nos entregaban una caja de alimentos por familia para los laburantes, llegamos a tener cinco cajas por mes por familia. Eso ayudaba un montón porque no había guita. Después empezamos a conseguir subsidios del Gobierno de la Ciudad, en guita, eso fue llevando y empezamos a armar las fiestas. Lo que hicimos fue alquilar los salones para fiestas. (Matías, exreferente del movimiento de empresas recuperadas, comunicación personal, abril de 2017)

De este modo, el carácter indefinido y embrionario de la experiencia y las discusiones sobre “qué hacer con el hotel” durante el primer año de autogestión y “resistencia” dieron lugar a 2 cuestiones de relevancia para nuestro análisis. Por un lado, durante aquel año se desarrollaron instancias de negociación con los titulares de la propiedad del inmueble. Sería recién más adelante, frente a la constatación de la voluntad de los trabajadores de proseguir con el proyecto autogestionado, que los titulares del inmueble tensarían el conflicto por la tenencia del hotel.

–Nosotros hablamos con el titular del inmueble. […] Si nosotros no nos metíamos, un año después ya lo estaba abriendo, sin dudas. Empezaban a hacer negocios otra vez. […] Con una sociedad nueva lo armaban de nuevo y lo abrían. Nosotros estuvimos muchas veces negociando eso, empujados por los laburantes.

–¿Y por qué no se dio?

–En ese momento los tipos no eran confiables. Para nosotros era recontra jugado en términos políticos hacer eso, necesitábamos tener una serie de garantías que no teníamos. Pedíamos un porcentaje de participación para la cooperativa en la empresa. Que fuera una sociedad que tuvieran un porcentaje los laburantes que se incorporaban a través de la cooperativa, que tuvieran un sueldo, pero que tuvieran una participación en la renta y control de eso. Los tipos nunca fueron confiables, tampoco tenían la guita, y la verdad que para nosotros era muy audaz en términos políticos y públicos. (Matías, exreferente del movimiento de empresas recuperadas, comunicación personal, abril de 2017)

Por el otro, la discusión sobre “qué hacer con el hotel” también produjo tensiones entre los trabajadores que desembocaron en el alejamiento de los asociados que conducían el proceso por aquellos meses y en la refundación de la cooperativa en el verano de 2004. Tal como profundizaremos en el capítulo 6, la dimensión política que adquieren los procesos de recuperación de empresas se constituyen en un elemento que genera tensiones y conflictos entre los trabajadores de las cooperativas.

[Los asociados que se fueron] eran bastante reticentes a la intervención de la política. Yo creo que se terminaron cansando. Era bastante más costoso de lo que ellos pensaban que iba a ser. No para nosotros, nosotros sabíamos, veníamos de un montón de procesos, sabíamos que no era fácil recuperar una empresa. Ellos, creo que en algún momento pensaron que lo ocupaban, lo abrían y se lo quedaban. Y nada, la intervención de la política, varias escaramuzas con la policía, todo el tiempo la tensión. […] No se bancaban tanto la dimensión política. […] Esta cosa de la política fue muy fuerte para ellos. Ellos veían trapos rojos ahí y ellos querían tener un hotel cuatro estrellas. […] Pensaron que era entrar y armar la empresa. (Matías, ex referente del movimiento de empresas recuperadas, comunicación personal, abril de 2017)

El puntapié inicial para que el hotel abriera sus puertas y comenzara a producir lo constituyó una contratación de alojamiento realizada por la embajada de Venezuela en el año 2004. Para esto, el gobierno de Venezuela otorgó por adelantado a la cooperativa el monto correspondiente al alojamiento, con el fin de que esta pudiera acondicionar varios sectores del edificio. La apertura del hotel tornó necesaria la incorporación de nuevos trabajadores a la cooperativa, que se realizó a partir de la convocatoria de extrabajadores del hotel y, principalmente, de familiares de los asociados. Así, durante los años que siguieron a esta reapertura, el número de trabajadores fue ascendiendo hasta ubicarse alrededor de los 130 al cierre de nuestro período de estudio.

Con el comienzo de la producción se inició una nueva etapa: los trabajadores comenzaron a percibir ingresos, se incorporaron nuevos trabajadores y se empezó a constituir la memoria colectiva sobre los primeros momentos de la recuperación. Las percepciones y valoraciones de los trabajadores en torno a estos primeros años del conflicto constituyente tenderán a la construcción de una memoria colectiva acerca de la recuperación que rescata su carácter disputado y el rol protagónico de los socios “fundadores” de la cooperativa, es decir, aquellos que participaron de la ocupación del hotel y que forman parte de la cooperativa desde su constitución. Estas valoraciones de los trabajadores se pueden relacionar con nociones propias del campo académico que nominan los comienzos de la recuperación de una empresa como el “período heroico” (Lucita, 2009), el cual se inicia con la ocupación del establecimiento, continúa con la resistencia y finaliza con la puesta en producción y el logro de la expropiación. Esta cuestión se deja entrever en el relato de una socia “fundadora”, al dar cuenta de un momento económico crítico que atravesaría la cooperativa más adelante:

Eso fue terrible. Hicimos una reunión, éramos 132 compañeros y les dijimos a los cumpas que nosotros no podemos mentirles, no podemos suspenderlos, porque cuando vuelvan en 15 días no sé qué va a pasar. Y entonces los jóvenes dijeron “Nos quedamos a resistir. Ustedes resistieron; nos toca ahora resistir. Nos quedamos.” (Mariela, asociada de la cooperativa, comunicación personal, agosto de 2014)

Ahora bien, frente a la evidencia de que el proceso autogestionado tomaba forma y a la presentación de un proyecto de expropiación y ocupación temporaria del inmueble por parte de la cooperativa en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2005 los titulares de la propiedad del inmueble convocaron voluntades de un grupo de legisladores y el 6 de diciembre de 2005 lograron el voto de la Ley 1914. Esta estipulaba el restablecimiento del hotel a los titulares del inmueble según condiciones que serían establecidas en los siguientes 90 días por una comisión legislativa creada a tal fin, el mantenimiento de las fuentes de trabajo de quienes habían sido asalariados de la sociedad comercial con una estabilidad de 3 años, y el pago de un subsidio para la puesta en valor del edificio. Durante aquella jornada los trabajadores de la cooperativa ocuparon el recinto y lograron levantar la sesión, que fue reiniciada luego de algunas horas (Castiglioni, 25 de febrero de 2006, ANReD; Pertot, 8 de diciembre de 2005, Página 12). En respuesta, las fuerzas de seguridad reprimieron a los trabajadores: “Cuando entramos a la Legislatura y levantamos la sesión nos pegaron; a mí me sacaron el hombro, un desastre”. (Graciela, asociada de la cooperativa, comunicación personal, agosto de 2014). A pesar de esta victoria por parte de los titulares del hotel, el Poder Ejecutivo de CABA no reglamentó la ley, entre otras cosas, porque ello implicaba la ejecución casi inmediata de partidas presupuestarias destinadas al pago de subsidios para la puesta en valor del hotel y para los trabajadores.

Si bien el conflicto en torno a las recuperaciones de empresas tiende a diluirse una vez que se pone en marcha la producción y existe cierta previsibilidad respecto al sostenimiento del emprendimiento, en tanto la tenencia del inmueble no sea un asunto resuelto el conflicto permanece abierto. En otras palabras, sostenemos que el proceso de recuperación de la empresa finaliza efectivamente cuando se arriba a algún tipo de cierre del conflicto por la tenencia; no obstante, esto no ocurre en nuestro caso de estudio. Así, el conflicto constituyente pasa a ser recurrente. Tal como vimos en el capítulo 1, algunas empresas recuperadas obtienen leyes de expropiación, autorizaciones para la continuidad productiva en el marco de los juicios de la quiebra, contratos de alquiler u otras formas de derecho de usufructo que, aunque no resuelven de fondo la cuestión de la tenencia, otorgan resguardos legales para permanecer y producir en los establecimientos de trabajo. En contraposición, observamos que esta cooperativa, en principio, solo logró obtener una guarda judicial; situación que empeoró hacia 2007. 

A mediados de ese año el conflicto pareció tener un principio de cierre desfavorable para la cooperativa. En aquel momento, el Juzgado Nacional en lo Comercial a cargo de la quiebra de la empresa chilena restituyó el inmueble a la empresa “fantasma” creada por los dueños originarios y ordenó el desalojo de la cooperativa en un plazo de 30 días. Así, además de la orden de desalojo es importante advertir que nuestro caso supone una dificultad adicional respecto a otras empresas recuperadas involucradas en juicios de quiebra, ya que el inmueble es adjudicado a una empresa distinta a la fallida, con la cual los trabajadores mantenían una relación laboral. Esta situación obstaculiza la resolución judicial del conflicto por la propiedad del inmueble y la continuidad productiva. La cooperativa no logra obtener ninguna figura que ampare su permanencia en el hotel, por lo que aun transcurridos los primeros y más intensos momentos de la toma, continua ocupando de hecho las instalaciones.

Esa es la particularidad del hotel, el no ser la empresa quebrada la titular del inmueble. En muchas recuperadas lo que se hace es pedir la continuidad laboral al juez, armar rápidamente la cooperativa y el juez otorga la continuidad laboral. En estos casos la reforma de la Ley de [Concursos y] Quiebras es importante porque garantiza con la sola presentación del trámite de constitución de la cooperativa que el juez deba acceder a la continuidad de los extrabajadores. En este caso, al no ser la empresa la titular del inmueble era imposible. (Alejandro, asociado de la cooperativa y referente de una organización de cooperativas de trabajo, comunicación personal, agosto de 2011)

La cooperativa respondió al dictamen del Poder Judicial interponiendo medidas en el propio campo judicial, así como recurriendo a acciones colectivas: las audiencias judiciales, los recursos extraordinarios y los pedidos de cambio de fuero, se combinaron con festivales culturales y movilizaciones. Veamos cómo transcurrieron estas interacciones.

En respuesta a la orden de desalojo, la cooperativa interpuso recursos extraordinarios de apelación frente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que los rechazó en mayo de 2009. Luego, la cooperativa presentó recursos de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también los rechazó en el año 2011. Así, ambas instancias ratificaron el fallo del Juzgado Nacional en lo Comercial. Por esta razón, los trabajadores del hotel iniciaron una investigación para demostrar las vinculaciones existentes entre los dueños originarios del hotel –esto es, la primera administración que solicitó el crédito al BANADE– y la sociedad comercial “fantasma”, a la cual el Poder Judicial le reconoce el derecho de propiedad. Por este camino, no solo comprobaron esas ligazones, sino que también encontraron vínculos de dichas empresas con la última dictadura cívico-militar. Así, la cooperativa buscó echar luz sobre el adversario del conflicto, evidenciando que el propietario de los medios de producción y el exempleador del colectivo de trabajadores era el mismo grupo empresario; y exponiendo, a su vez, las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por el grupo.

De este modo, en octubre de 2012 la cooperativa consiguió que la jueza comercial solicitara que el expediente de la causa se remitiera al Fuero Penal para investigar si los antiguos dueños del inmueble habían cometido fraudes al Estado por sumas millonarias (por el préstamo del BANADE y la operación simulada de venta del inmueble a la empresa “fantasma”), en complicidad con la dictadura cívico-militar. La jueza comercial señaló la posible existencia de una asociación ilícita que podría tener implicancias en Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados durante la dictadura. Así, los plazos de la sentencia de desalojo de la causa en el Fuero Comercial se vieron detenidos momentáneamente. No obstante, en el año 2013 el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal dictó el sobreseimiento de los denunciados y en marzo de 2014 la cooperativa se anotició de una nueva orden de desalojo.

Fueron múltiples las órdenes de desalojo que la cooperativa de trabajo tuvo que enfrentar. En todas estas oportunidades, la legitimidad social que concitan los procesos de recuperación de empresas que reseñamos a lo largo del primer capítulo de este libro, así como el lugar paradigmático al interior de este universo que ocupa el hotel, resultaron centrales para sortear y resistir los desalojos. Además, fueron relevantes los liderazgos y recursos organizativos que desde el año 2005 aportó una federación de cooperativas de trabajo que se había conformado a partir de un desprendimiento de la organización de empresas recuperadas que había participado de la recuperación del hotel desde los primeros días. Desde su conformación, al interior de dicha federación, el hotel ha ocupado un lugar primordial.

Las dificultades evidentes en la resolución del conflicto por la tenencia del inmueble iban indicando a los trabajadores de la cooperativa, así como a las organizaciones de empresas recuperadas y a diversos espacios político-partidarios involucrados, que la vía judicial no resultaba efectiva. Así, en paralelo a la lucha en ese terreno, se activaron mecanismos para abordar la cuestión en el plano legislativo.

La cuestión jurídica está llegando a su fin, lo que nos hizo pensar también durante mucho tiempo, que todos descansaron sobre la idea de que había un camino por recorrer y que bueno, es comprarse un problema sinceramente plantear la expropiación del hotel. No es un comedor que da la copa de leche en algún barrio de la Ciudad, oculto, sino que está en pleno centro de la Ciudad, representa mucho, y yo creo que deben haber pensado que mientras haya una cuestión jurídica por la cual la cooperativa pueda dar la pelea, bueno esperemos. Eso ya llegó a su fin, porque la Corte rechazó el recurso, entonces la solución política del conflicto es la salida, sin ninguna duda y tenemos que torcer la voluntad de los que tienen la posibilidad de influir en eso. (Alejandro, asociado de la cooperativa y referente de una organización de cooperativas de trabajo, registro de campo, agosto de 2011)

En este sentido, a lo largo de los años fueron presentados en el Congreso nacional varios proyectos de expropiación del hotel. La elección de la arena nacional en lugar de la Legislatura de CABA respondió a la lectura realizada por los trabajadores y las organizaciones respecto a la pertinencia de dicho nivel, al ser el Estado nacional –a través del BANADE– el acreedor de la deuda de los titulares del inmueble. La estrategia política desplegada por la cooperativa implicó un corrimiento del debate. El planteo del derecho al trabajo en contraposición al derecho de propiedad, que se expresa en la consigna de que el hotel es “de los/sus trabajadores”, ligando trabajo y apropiación, dio paso a la consigna de que el hotel “es de todos”, que implica una discusión en torno a la propiedad estatal y pública. Esto no significó abandonar la primera consigna, sino simplemente hacer eje en la segunda. La configuración de esta estrategia se dio en un contexto de revitalización de la intervención del Estado argentino en la economía. Además, dicha intervención fue acompañada por altos grados de legitimación por parte de la sociedad; legitimación y valoración positiva promovidas por el aprendizaje social sobre las consecuencias de las reformas neoliberales (Pérez y Rebón, 2016).

La particularidad de nuestra cooperativa es que no es solo la discusión del derecho a la propiedad [privada] contra el derecho al trabajo, que nosotros sostenemos y discutimos en cualquier punto del país con todos los casos que tenemos de recuperadas. […] Estamos hablando de remitir las cuestiones legales, ligadas al conflicto y a la propiedad del inmueble, [al Estado] y que después debería buscar la manera junto con nosotros de encontrar una salida. A partir de que la propiedad estuviese en manos del Estado, que es una discusión que ni siquiera nos planteamos hoy porque es prematuro, puede ser la transferencia del inmueble, la hipoteca y transferencia a partir de un préstamo hipotecario a 20-30 años, una concesión, un comodato… hay infinidad de formas que después se discutirá como se resuelven, pero que el Estado pueda tener las escrituras a su nombre y ejecutar las viejas hipotecas desde ya. En este sentido, presentamos el proyecto de expropiación ligado a la particularidad del hotel, en la Cámara de Diputados. (Alejandro, asociado de la cooperativa y referente de una organización de cooperativas de trabajo, registro de campo, agosto de 2011)

A su vez, esta estrategia tuvo como correlato una apertura activa del hotel hacia la comunidad. Si se brega por una propiedad estatal y pública entonces las articulaciones no mercantiles deben tener un lugar importante en el esquema de la cooperativa de trabajo. Al mismo tiempo, estas articulaciones favorecen amplias adhesiones durante los momentos más álgidos del conflicto por la tenencia del hotel.

La gente de la zona, sindicatos, otras cooperativas, el movimiento de empresas recuperadas, las centrales obreras, los partidos de la izquierda al centro; todos apoyaron. Y nosotros tuvimos una política muy amplia en ese sentido con esto de que el hotel es de todos. Porque la pelea es acerca de que el edificio es del Estado, entonces acompañamos la campaña con acciones concretas. El edificio es del Estado argentino, de todos nosotros […] la cooperativa la gestiona para toda la comunidad. Acá se reúne todo el mundo, damos habitaciones y salones gratis en la medida que podemos. Entonces el hotel lo defienden como si fuera propio, por eso llegado a estas instancias tenemos semejante cantidad de apoyo. Tiene que ver con eso, con no habernos aislado, habernos abierto a toda la comunidad y el mundo del trabajo básicamente. (Alejandro, asociado de la cooperativa y referente de una organización de cooperativas de trabajo, agosto de 2016)

Transcurridos varios años, el último proyecto presentado logró sortear las diversas comisiones y arribar al recinto. Finalmente, el 26 de noviembre de 2015, en la última sesión del año de la Cámara de Diputados de la Nación, fue aprobado por unanimidad el proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble y todas las instalaciones del hotel[5]. El proyecto de ley aprobado, presentado por diputados del Partido Solidario (Frente para la Victoria), sintetiza los 5 proyectos de expropiación del hotel tratados en las comisiones de la Cámara de Diputados[6] y tiene como ejes centrales concretar la expropiación a cambio de la deuda que el titular de los bienes registra con el Estado por los créditos contraídos con el BANADE. Y, a su vez, entregar en comodato los bienes muebles e inmuebles para el usufructo de la cooperativa, la cual, en contraprestación, deberá facilitar el espacio para el desarrollo de actividades destinadas a la formación en el oficio hotelero en articulación con universidades públicas y promover el desarrollo de actividades culturales, educativas, artísticas y sociales. Además, estipula que la cooperativa destinará al menos el 30 % de las plazas disponibles a pasajeros del turismo social y a dar cobertura a derivaciones médicas de todo el país efectuadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Por último, establece que el Poder Ejecutivo nacional brindará asistencia a fin de que la cooperativa pueda poner en valor y restaurar el bien inmueble. Así, el proyecto promueve un tipo de propiedad estatal con usufructo social, es decir, establece condiciones para su utilización que trascienden los fines privados-comerciales de la cooperativa, y que instauran usos públicos del espacio (tales como actividades culturales, educativas, artísticas y sociales).

Si bien nuestro período de estudio finaliza en 2015 con ciertos avances en el plano legislativo, durante la escritura de este libro, ocurrieron hechos de gran relevancia que merecen ser mencionados. En la última sesión ordinaria del Senado de la Nación el 30 de noviembre de 2016 se aprobó el proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el hotel bajo el N° 27 344. Sin embargo, algunas semanas después, el 27 de diciembre, el Presidente de la Nación vetó la ley. Así, a la situación de precariedad en la que se encontraba –y encuentra– la cooperativa respecto a la tenencia del hotel (orden de desalojo y ausencia de cualquier forma de derecho de usufructo), se suma la eliminación por parte del Poder Ejecutivo de la alternativa política de resolución vía el Poder Legislativo. Por esta razón, al cierre de este libro, la cooperativa continuaba en una situación de extrema precariedad respecto a la tenencia del hotel.

De este modo, transcurridos varios años desde las primeras recuperaciones, nos encontramos en condiciones de repensar los momentos de clausura de los conflictos constituyentes y las periodizaciones de estos procesos que identifican principalmente dos momentos: uno de constitución de la experiencia denominado “período heroico”, al que le continuaría un “período del mercado y la competencia” a partir de la estabilización jurídica, productiva y económica de la empresa (Lucita, 2009). En contraposición, y tal como desarrollamos en el capítulo 1 a nivel macro, con el transcurso de los años, el proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores ha dado cuenta de las dificultades existentes para la efectivización de las expropiaciones y la consiguiente obtención de la propiedad de las unidades productivas. Sumado a esto, el análisis del caso nos permitió acceder a la observación y análisis de mayores dificultades respecto a la obtención de la tenencia de la unidad productiva. Consideramos que una cabal recuperación de la empresa implica arribar a un principio de cierre de la cuestión de la tenencia del inmueble; y más aún en nuestro caso, en tanto el servicio ofrecido es indisociable del edificio. Sostenemos entonces que la indefinición de dicha cuestión implica que el conflicto por la tenencia del inmueble, típicamente asociado al momento constituyente de las empresas recuperadas, se torna recurrente, es decir, continúa abierto aun luego de la estabilización económico-productiva de la cooperativa.

Para concluir, retomamos y destacamos algunas cuestiones acerca del conflicto. La crisis de la unidad productiva y la consiguiente vulneración de la relación salarial desencadenan la recuperación, percibida por los trabajadores –en articulación con promotores provenientes de la organización de empresas recuperadas– como la única alternativa para mantener sus puestos de trabajo, reproducir su identidad de trabajadores y garantizar su reproducción. La acción de recuperación implica la toma del establecimiento de trabajo donde se desarrollaba la relación laboral disuelta, y, luego de un breve período de intento de negociaciones, es respondida por el titular del inmueble –a través del Poder Judicial– con múltiples órdenes de desalojo. Frente a esto, se activan acciones judiciales por parte de la cooperativa, así como acciones colectivas en el espacio público (movilizaciones, festivales, entre otros) e intentos de resolución a través de la vía legislativa. Si bien observamos avances en esta línea, hacia el fin de la escritura del libro, son obturados por el Poder Ejecutivo nacional. Así, la contienda con las fuerzas externas a la unidad productiva del Poder Judicial y político no debe soslayar que la conformación de la cooperativa conlleva una conflictividad judicializada elevada –que permanece abierta– en torno al control y la tenencia de la unidad productiva entre el colectivo de trabajadores y, más que las fuerzas judiciales y políticas –que se encuentran mediando en el conflicto y por momentos incluso se tornan en destinatarias de las demandas–, la sociedad comercial titular del hotel en el plano jurídico. Es importante remarcar que, si bien aquella no es el empleador inmediatamente anterior, sí lo fue durante la primera administración del hotel.

De este modo, el conflicto constituyente de la cooperativa, esto es, la recuperación de la empresa para defender la fuente laboral con el trastrocamiento de las relaciones de posesión y de apropiación de los frutos del trabajo que implica, expresa un conflicto con un clivaje de clase, en tanto se asienta en el antagonismo entre propietarios de los medios de producción y fuerza de trabajo. En este caso, utilizamos la noción de “clivaje” (Aguilar, 2008; Lipset y Rokkan, 1967) porque nos permite diferenciar las divisorias identificadas en este conflicto de aquellas más flexibles y cambiantes que analizaremos en los próximos capítulos.

Por último, el conflicto por la recuperación y la tenencia del inmueble constituye un eje de conflictividad externa a la cooperativa que imprime consecuencias en la conflictividad endógena; cuestión que analizaremos en el capítulo 6. Retomemos la proposición con la que comienza este apartado: la recuperación de empresas desplaza el conflicto principal entre el capital y la fuerza de trabajo por la confrontación de la empresa recuperada con las fuerzas institucionales externas del Poder Judicial y político, así como con el mercado (Bialakowsky et al., 2004). Mientras que en este apartado nos encargamos de matizar la idea de que el conflicto entre capital y fuerza de trabajo pierde centralidad en las empresas recuperadas, en el capítulo 6 veremos, además, que el carácter externo de dicho conflicto no implica ausencia de consecuencias endógenas, en tanto la confrontación con las fuerzas externas tiene implicancias contenciosas al interior de las unidades productivas.

Pasemos ahora a analizar el conflicto constituyente de la cooperativa de trabajo enmarcada en el Programa Argentina Trabaja.

3.2. De la “inducción” a la “cooperativa sin punteros”

En el segundo capítulo del libro analizamos el proceso movilizatorio que desencadenó el lanzamiento del PAT y cómo este se fue vinculando con el diseño e implementación del Programa. Así, observamos que la conformación de cooperativas en el marco del Programa Argentina Trabaja una política pública diseñada e implementada por instancias estatales– no implicó ausencia de luchas o conflictos en torno a su constitución, matizando de este modo el carácter “inducido” atribuido a estas (Vuotto, 2011).

A continuación, descendemos de la escala nacional y reforzamos dicha observación a partir del análisis del conflicto constituyente de nuestro caso de estudio, localizado en el municipio de Esteban Echeverría[7]. En línea con la periodización propuesta en el capítulo 2, en el mencionado municipio la primera etapa del PAT cerró en agosto de 2010 cuando finalizó el período de referencia del primer convenio firmado entre el MDS y el ente ejecutor, esto es, el Gobierno local[8] (Boix, Fernández y Marazzi, 2011; Reppeto, Boix y Fernández, 2011). Durante esta etapa de surgimiento del Programa se incorporaron la mayoría de los beneficiarios[9] y comenzaron a realizarse los pagos a los cooperativistas. Observaremos que estos hechos se encontraron asociados a la dinámica del conflicto entre las organizaciones sociales y el Gobierno municipal.

Antes de avanzar con el análisis del conflicto, nos retrotraemos algunos años, de modo de presentar brevemente la organización social en la cual se inserta la cooperativa bajo análisis. Los procesos de empobrecimiento, pauperización y desocupación que se habían desarrollado hacia fines del siglo xx y durante los comienzos del siglo xxi, habían convertido al conurbano bonaerense en destinatario central de las políticas sociales que se habían ido expandiendo para dar respuestas a tales problemáticas, a la par que se consolidaban organizaciones sociales insertas en las tramas políticas locales vinculadas a aquellas políticas. En el partido de Esteban Echeverría, y en consonancia con la conformación de diferentes Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) en la zona sur del conurbano bonaerense entre los años 1998 y 2001 (Svampa y Pereyra, 2004), comenzaron a aglutinarse diversos grupos de desocupados provenientes de distintos barrios y/o localidades del Partido que finalmente conformaron un MTD. Posteriormente, y en el contexto de diversas salidas, rupturas y reconformación de bloques en los MTD a nivel general (Svampa y Pereyra, 2004), en diciembre de 2003, el espacio del MTD en Estaban Echeverría se dividió en dos agrupamientos.

La cooperativa de trabajo que analizamos en este libro se inserta en uno de ellos, que al momento de lanzamiento del PAT tenía presencia territorial en 2 barrios, y se nucleaba en un frente multisectorial que articula no solo organizaciones de trabajadores desocupados, sino también de estudiantes, trabajadores asalariados, y campesinos, entre otros actores. En aquel momento cada barrio contaba con aproximadamente 20 militantes y desarrollaba un merendero. En el marco del PAT, dicho MTD logró conformar 2 cooperativas de trabajo, una en cada barrio de injerencia, convirtiéndose estas en eje central de la acción territorial de la organización.

El 14 de agosto de 2009 se lanzaba el Programa y el 22 de septiembre se registraban las primeras acciones contenciosas llevadas a cabo por organizaciones de trabajadores desocupados a propósito de este. Así, se abría un ciclo de acciones a partir de un hecho contencioso múltiple en el cual más de 20 organizaciones lograron coordinar recursos para desarrollar de forma simultánea acciones colectivas a lo largo y ancho del país, configurando una protesta espacialmente difundida. Tal como vimos en el capítulo anterior, a través de estas acciones, las organizaciones de trabajadores desocupados realizaban una crítica a la modalidad de gestión del programa, denunciando la discrecionalidad en la selección de los integrantes de las cooperativas como consecuencia del rol preponderante de los gobiernos municipales en la implementación del programa. Además, demandaban el ingreso al Programa y la posibilidad de conformar y gestionar cooperativas desde las propias organizaciones de trabajadores desocupados. Estas críticas, denuncias y demandas de distintas organizaciones se amalgamaron prontamente en la consigna “cooperativas sin punteros” y en un frente de lucha homónimo, en el cual participó el MTD al que pertenece la cooperativa de trabajo que analizamos.

En este contexto, pero a escala municipal, el 20 de noviembre un grupo de organizaciones de trabajadores desocupados, entre las cuales se encontraba el MTD en el que se enmarca nuestro caso de estudio, movilizó entre 300 y 500 personas al frente del edificio municipal de Esteban Echeverría ubicado en el centro de Monte Grande, en demanda de una audiencia con las autoridades comunales para tratar la cuestión del ingreso de miembros de las organizaciones al PAT (Debesa, 21 de noviembre de 2009, Clarín). A principios de mes, el grupo de organizaciones había participado en las acciones colectivas a partir de las cuales se había logrado el compromiso por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de distribuir vacantes entre las organizaciones sociales para el ingreso al PAT. No obstante, el conflicto no cesaba; por el contrario, se evidenciaba la dimensión local de la cuestión. Habiendo logrado dicho compromiso, aquel grupo de organizaciones decidió pasar a una instancia local de negociación con los jefes comunales y de acción colectiva para efectivizar las incorporaciones.

Ahí habíamos decidido que, digamos, en Nación no nos daban pelota, en el Municipio tampoco y entonces dijimos “Vamos acá, al distrito, pero vamos todos juntos” y bueno, acá fue el primer distrito donde dijimos a ver qué onda, si viniendo todos juntos salían, y la primera movida que hicimos, que fuimos juntos, fue justo acá en Echeverría. (Entrevista colectiva a miembros del MTD, mayo de 2010)

La movilización surtió efecto y se obtuvo la audiencia; 5 representantes de las organizaciones ingresaron a la municipalidad para mantener una reunión con el Subsecretario de Desarrollo Social (Debesa, 21 de noviembre de 2009, Clarín). No obstante, de forma repentina e inesperada para los manifestantes, se desató una represión policial que terminó arrojando un saldo de quince detenidos y más de treinta heridos de balas de goma (Urgente: Represión policial en Movilización en Esteban Echeverría por Cooperativas sin punteros, 20 de noviembre de 2009, ANReD; La CTA se movilizó por el centro de Monte Grande, 25 de noviembre de 2009, Agencia Universitaria de Noticias y Opinión).

Fue re raro porque ya nos habían atendido en el municipio. Los compañeros habían entrado a gestionar, y estábamos todos, más que contentos, cantando, bailando, dando aliento arriba para que fuese, y no, cuando nos quisimos dar cuenta, empezaron a caer “cabezas de tortuga”. Hubo unos empujones ahí, a un compañero lo empujaron, le quisieron pegar, y ahí es cuando se armó, quisieron separar, y ellos empezaron al toque a reprimir. Estando la gente sentada en la calle, los chicos jugando adelante de todo, donde ellos estaban, no les importó y empezaron a dar, a tirar, a tirar balas de goma. (Entrevista colectiva a miembros del MTD, mayo de 2010)

Vinieron los que nosotros le decimos “cabeza de tortuga” y había un compañero agitando la bandera y uno le dio un bastonazo ahí en las costillas y ahí se armó. […] Y nada, cuando le pegaron al compañero, empezaron a disparar. Y no les importó nada, no les importó que hubiera chicos, compañeras embarazadas, compañeras con los carritos de los bebés, había doñas grandes también, todos compañeros reclamando para poder ingresar al Argentina Trabaja. (Paula, miembro del MTD, septiembre de 2011)

A partir de los hechos relatados, el municipio optó por distribuir aproximadamente 190 nuevas vacantes del Programa y empezó a desarrollar operativos de inscripción de los beneficiarios. Es aquí cuando comenzó a conformarse la cooperativa que analizamos en este libro. La acción colectiva del 20 de noviembre y la represión desatada son percibidas por los miembros de las organizaciones sociales como el detonante del ingreso al PAT:

Nos corrieron, pero a gomazo limpio, nos corrieron, nos dieron, nos surtieron. Creo que después a la semana, nos mandó a decir que quería hablar con nosotros y nos dio ahí la cooperativa, porque primero nos fajó y después nos dijo “Bueno, tomen”. (Paula, miembro del MTD, septiembre de 2011)

Esta percepción es compartida por funcionarios municipales, quienes atribuyen al conflicto del 20 de noviembre no solo el ingreso de las organizaciones de trabajadores desocupados al PAT a nivel municipal, sino también ciertas características que adquirió su implementación en Esteban Echeverría.

El intendente nunca le dio en sus listas lugar, espacio, posibilidad, armado a nadie que él no quisiera que fuese y pudiese ejercer dominio, control a la hora de levantar la mano. […] Eran todas personas que sí tienen laburo social, pero que estaban alineados políticamente con él, pero no tenían una organización. El vínculo, el trato, que el municipio tenía antes de la conformación del Argentina Trabaja con las organizaciones sociales era a través de la Secretaría de Desarrollo Social; a aquellas que tenían comedores, se las asistía con alimentos. […] Primero el Ministerio ya había tomado la decisión de asignarle cupos de cooperativas a las organizaciones sociales, entonces teníamos que armar los operativos: cuántas personas por organización, que no siempre, o en algunos casos, una organización completaba los 60. Todo eso lo hice con ellos [los miembros de las organizaciones] y con la dupla que el Ministerio nos había mandado. Había sido tal el nivel de conflicto que había sucedido en Esteban Echeverría que nos mandaron a la mano derecha de la Ministra de Desarrollo Social. Fue una de las personas que la ministra manda a Esteban Echeverría para contener a todo el mundo. (funcionaria del municipio de Esteban Echeverría, comunicación personal, junio de 2016)

Asimismo, el relato de los hechos nos permite echar luz sobre la forma que asumió la relación entre las organizaciones y el Estado. La inscripción de los beneficiarios a través de los operativos mencionados por la funcionaria municipal fue simplemente el inicio del proceso de conformación de la cooperativa. Si bien en marzo de 2010 comenzaron a realizarse los primeros pagos a cooperativistas en el municipio (Boix, Fernández y Marazzi, 2011; Reppeto, Boix y Fernández, 2011), los integrantes de la cooperativa que analizamos se habían inscripto en diciembre y recién comenzaron a percibir los haberes hacia mediados de 2010. Además, en un primer momento, no desarrollaron actividades productivas en el marco del Programa, sino que participaron, por ejemplo, en acciones de capacitación organizadas por el Gobierno municipal.

En el caso de la cooperativa bajo análisis y de la organización en la que esta se inscribe, el ingreso parcial al PAT en diciembre de 2009 corrió el eje de la relación con el Estado durante los meses subsiguientes. La centralidad de la acción directa –noción que engloba las formas de acción contenciosa no mediadas por la institucionalidad dominante (Rebón y Pérez, 2012)– dio paso a una modalidad de relación con el Estado que se había configurado durante la década del noventa y consolidado en los albores del siglo xxi. Esta modalidad posiciona al Estado como interlocutor principal de la demanda de trabajo y combina acciones directas e instancias de negociación y concertación, posibilitadas por la adquisición de habilidades y el aprendizaje de mecanismos por parte de los miembros de organizaciones sociales respecto a los modos de funcionamiento de las dependencias estatales (Manzano, 2009).

En diciembre nos inscribimos y empezamos a cobrar en junio. Fueron muchos meses de ver qué hacíamos, y mucha burocracia también. Mucho papeleo, que los compañeros tuvieron que hacer listas y listas tras de otra, porque siempre les faltaba algo, porque un apellido, porque un número, siempre había algún problema. (Paula, miembro del MTD, septiembre de 2011)

Se nos hizo largo. Nos fuimos a anotar, que fuimos todos en diciembre, y recién algunos salían en marzo. Salieron en etapas, no es que salieron todos de una. Unos salieron en marzo, otros en mayo, y a mí me tocó en agosto ya; a lo último ya salí. Casi un año ponele que pasó para que nos lo bajen. (Analía, asociada de la cooperativa, comunicación personal, noviembre de 2012)

Y cuando baja el Argentina Trabaja como nosotros fuimos los que generamos más el conflicto, para que nos den el Argentina Trabaja nos hicieron las mil y una, pero igual nos dieron de tanto insistir y de tanto ir. Cuando sabíamos que estaban los del Ministerio, éramos los primeros que nos sentábamos en la puerta del municipio, y había un señor del ministerio que nos decía “¿Pero ustedes cuándo duermen?”. Decíamos “Nunca vamos a dormir”. No podíamos dormir, porque si dormíamos… Y de tanto insistir, logramos todo. (Adriana, asociada de la cooperativa, comunicación personal, enero de 2015)

Así, para los trabajadores de la cooperativa, la prolongación de esta situación, sumada a la represión del 20 de noviembre, reforzó la valoración de la cooperativa como un derecho conquistado a través de una intensa lucha. Consideramos que la pertenencia a una organización social pertrechó a los cooperativistas con marcos de interpretación que permitieron legitimar la demanda de ingreso al Programa y la consecuente acción colectiva.

Cuando yo entré, ya estaba todo cocinado, vamos a decir. Yo entré y ya habían ganado las coope. Pero me contaron ellos que tuvieron muchas marchas, represión también en Monte Grande, que había compañeros que recibieron balas de goma… O sea, la re pelearon. Que no le querían dar, porque eran como de una organización y como que los discriminaban porque es como si esa organización está en contra del gobierno, por qué viene a pedir subsidios. Pero la presidenta decretó que era para todos, es decir, era su obligación darnos igual. Pero no nos querían dar de una, sino que nos costó. Y, bueno, ganamos. (Analía, asociada de la cooperativa, comunicación personal, noviembre de 2012)

El gobierno nos quería dejar afuera de los planes Argentina Trabaja, […] querían dejar afuera a las organizaciones que no pertenecían al peronismo progresista. Entonces nosotros decidimos que ya, como te decía antes que veníamos con esto de los microemprendimientos, tratando de conseguir otras cosas, vimos que era necesario salir a luchar el tema de las cooperativas de trabajo, y que consigamos nuestra autonomía en cuanto a eso. […] Yo veo desde mi perspectiva que les dan muchos recursos a los movimientos afines al gobierno, y a los movimientos que son más de izquierda medio que los dejan afuera. (Ariel, asociado de otra cooperativa del MTD, septiembre de 2011)

La contracara de la percepción del carácter disputado del ingreso al PAT por parte de los trabajadores de la cooperativa fue el reforzamiento de la caracterización de las cooperativas enmarcadas en organizaciones sociales como “conflictivas” o “radicalizadas”[10] por parte de los funcionarios estatales. Frente a la pregunta acerca de la clasificación de ciertas cooperativas como cooperativas “de movimientos” en conversaciones informales entre funcionarios municipales, una de ellas me comentó:

Lo que sí teníamos bien en claro era qué número de personas tenían cupo por movimientos, organizaciones sociales. Solamente por eso, para tener claro nosotros. Las otras eran de referentes, de gente más alineada a nosotros; o de la bolsa de empleo, que no necesitábamos tenerlas discriminadas porque sabíamos más o menos con quiénes lidiábamos, de quiénes hablábamos, cómo manejarnos con ellos. Ese rótulo quizá respondía a que serían conflictivas de alguna manera, entre comillas. Para tener en claro, evitar conflicto. Nosotros a veces creíamos cualquier cosa, era mambo nuestro creer que siempre la relación iba a ser conflictiva, entonces para tener bien identificado eso, nada más. (funcionaria del municipio de Esteban Echeverría, comunicación personal, junio de 2016)

La percepción de “haber ganado” las cooperativas por parte de los asociados frente a la negativa del Gobierno municipal de habilitarles el ingreso, por un lado; y la percepción del carácter “conflictivo” de las cooperativas de organizaciones sociales por parte de los funcionarios comunales, por el otro, constituirán la base de futuras tensiones y disputas entre ambas identidades sociales.

Finalmente, el 6 de abril de 2010 se inscribió la cooperativa. Cabe aquí una aclaración. Dado que al comienzo del PAT las cooperativas se componían con 60 trabajadores, el MTD que nos ocupa formó una cooperativa con miembros de una organización social aliada y con presencia en el mismo barrio. Luego, a partir de las modificaciones introducidas en el Programa en el año 2012 (Res. MDS Nº 1499/12), que exigían a las cooperativas estar conformadas por 30 trabajadores, cada organización social constituyó la propia a partir del desdoblamiento de la cooperativa original. Así, el 7 de mayo de 2012 se inscribió formalmente la cooperativa de trabajo que aquí analizamos, integrada exclusivamente por miembros del MTD[11].

En suma, observamos que la primera etapa del PAT a nivel local representó un momento en el cual la dinámica de interacción de confrontación-negociación entre las organizaciones y el Gobierno municipal a raíz del lanzamiento del PAT dio lugar a la conformación de la cooperativa analizada, así como al cobro de los haberes.

En septiembre de 2010 se inauguró formalmente en el municipio una segunda etapa del Programa. Implicó ciertas modificaciones que dieron cuenta del establecimiento de mayores controles sobre las cooperativas, aunque con la cesión de ciertos grados de autonomía en línea con las demandas de las organizaciones. La primera modificación refirió a la división de responsabilidades entre el ámbito municipal y las cooperativas. Mientras que en la primera etapa las cooperativas compartían responsabilidades con los municipios respecto a la ejecución de las obras pautadas y la rendición de cuentas, en la segunda, la responsabilidad de la ejecución de los proyectos quedó en manos del municipio. En segundo lugar, se dieron cambios respecto al formato y desarrollo de los proyectos productivos.

Mientras que en la primera etapa las cooperativas eran contratadas por el municipio y su división interna en cuadrillas permitía que una cooperativa pudiera trabajar en más de un módulo constructivo en forma simultánea; en la segunda, las cuadrillas se mantuvieron pero desarrollaron tareas específicas junto a las cuadrillas que conformaban su cooperativa, es decir, la cooperativa completa pasó a trabajar en un mismo proyecto. Finalmente, tuvieron lugar transformaciones respecto a las pautas de monitoreo: comenzó a realizarse la certificación de obras con mayor frecuencia y, además, esta fue acompañada por rendimientos máximos y mínimos (Boix, Fernández y Marazzi, 2011; Reppeto, Boix y Fernández, 2011). Así, observamos que mientras que la mayoría de los cambios tendieron a involucrar mayores grados de control sobre las cooperativas, una de las modificaciones fue en el sentido de conceder ciertos grados de autonomía a las cooperativas, al permitir que el colectivo de trabajadores se desempeñe de manera conjunta en una misma actividad.

Para concluir este apartado, nos interesa recapitular algunas cuestiones acerca de la conformación de la cooperativa de trabajo analizada. Pudimos ver que, al igual que en la empresa recuperada, la cooperativa debió atravesar altos niveles de conflictividad para constituirse. En contraposición al carácter “inducido” atribuido a las cooperativas del PAT, y al igual que otras cooperativas nucleadas en organizaciones de trabajadores desocupados, esta debió enfrentar las resistencias de las distintas instancias gubernamentales a conformar cooperativas con miembros de organizaciones sociales. Es menester una breve digresión en este punto. El trabajo de campo, más allá del desarrollado en nuestro caso de estudio, nos permitió acceder a experiencias de organizaciones sociales que, aunque cercanas, a priori, política e ideológicamente a los Gobiernos nacional y municipal, también debieron recurrir a la acción colectiva beligerante (movilizaciones, cortes de vías de comunicación, entre otras acciones) para lograr conformar cooperativas.

De este modo, sostenemos que la cooperativa analizada es producto del aprovechamiento de la dinámica de confrontación-negociación de relacionamiento entre las organizaciones sociales y los aparatos estatales a raíz del lanzamiento del PAT. Así, si bien el PAT no es producto de la lucha de las organizaciones, sí lo son ciertas cooperativas resultantes, de las cuales nuestro caso de estudio es ilustrativo. Por otro lado, y a diferencia de la empresa recuperada que configura una conflictividad judicializada con cierta recurrencia a las acciones colectivas, en el caso de la cooperativa del PAT el conflicto se desenvuelve con mayor fuerza a partir de la acción colectiva en una dinámica relacional que incluye, además de la confrontación –y la represión–, instancias de negociación política informal con los poderes ejecutivos del Estado.

A pesar de enfatizar en el carácter disputado del origen de la cooperativa, nos interesa remarcar que su conformación no resulta de la voluntad de trabajadores de constituir una organización productiva inspirada en el ideario cooperativista. Por el contrario, la cooperativa enmarcada en el PAT es un caso de “asociatividad forzada” (Hopp, 2013b), es decir, de constitución de la cooperativa en tanto requisito legal y operativo para acceder al subsidio que otorga la política pública[12]. Así, se diferencia del caso de cooperativismo adaptativo que plantea la empresa recuperada, que se constituye frente a la evaluación de que dicha forma jurídica preexistente resulta la mejor opción para enfrentar el desempleo y organizar al colectivo de trabajadores.

Por otro lado, el hecho de que el destinatario de las acciones de las organizaciones sociales sea el Estado no debe soslayar que nos encontramos frente a un conflicto de trabajo. Trabajadores imposibilitados de garantizar su reproducción social a raíz, entre otras cosas, de la imposibilidad de vender su fuerza de trabajo o de hacerlo en condiciones sumamente inestables y precarias, demandan al Estado el acceso al PAT y a la conformación de cooperativas desde las organizaciones de trabajadores desocupados. Cabe aclarar que las organizaciones de trabajadores desocupados constituyen formas de agregación más que de trabajadores desocupados, de trabajadores inestables, precarios, pauperizados, y marginalizados. Frente a la mencionada imposibilidad, y en el contexto de lanzamiento del PAT, la demanda por trabajo –o su versión asistencializada del plan social– es dirigida al Estado en sus distintos niveles, percibido como la principal institución responsable y capaz de proveer una inserción laboral a las poblaciones marginalizadas y precarizadas. Ahora bien, la demanda no es solo por trabajo, sino más bien por un trabajo “sin punteros”. Esto es, la demanda no es solo por el acceso al trabajo, sino también por las condiciones de su ejercicio, que se considera debe ser autónomo del Estado para evitar cualquier forma de subordinación a este.

Por último, nos interesa remarcar aquí que el Estado constituye el locus de la conflictividad como objeto de las demandas, en tanto actor externo. A pesar de que, tal como ha señalado Hopp (2011), las relaciones entre Estado y sociedad que promueven las políticas socioproductivas cuestionan el carácter “exterior” del Estado respecto de la sociedad, en contraposición a la visión tradicional de la política que la restringe al ámbito institucional, en esta etapa el objeto de las demandas es el Estado, que se percibe y configura como un actor externo. La relevancia de esta observación radica en las diferencias que se establecen respecto de los modos en que se posiciona el Estado a partir de la puesta en marcha de la cooperativa. Veremos que, aunque el Estado puede continuar siendo el locus de la conflictividad –y por lo tanto el conflicto podrá ser analizado en términos políticos, al involucrar las instituciones formales del Estado– no lo será en términos externos. En el capítulo 5, al analizar el carácter socioproductivo de la cooperativa, observaremos que el Estado define cuestiones centrales respecto a las relaciones sociales de producción, constituyéndose en un actor que no puede ser ubicado sencillamente en la exterioridad del proceso productivo.

A continuación, proponemos retomar algunas dimensiones de los conflictos analizados, estableciendo comparaciones entre los casos de estudio que nos permitan extraer conclusiones acerca de las constituciones disputadas de estas formas de cooperativismo de trabajo.

3.3. Los conflictos constituyentes en clave comparativa

En este apartado final del capítulo realizamos un análisis comparativo de los casos y sus conflictos constituyentes a partir de los siguientes ejes de comparación: a) los elementos que dan lugar a los conflictos, sus formas y las características de los adversarios; b) los tipos de cooperativismo que se constituyen; c) las características de las organizaciones sociales que promueven y participan de los conflictos, así como de los tipos de poder que poseen y activan los grupos sociales que conforman dichas organizaciones; d) los antagonismos de clase que evidencian los conflictos.

A través de los análisis de los conflictos constituyentes podemos afirmar que ambas cooperativas se conforman de modo contencioso. Ahora bien, nos preguntamos acerca de los elementos que en cada cooperativa dan lugar a los conflictos. En el caso de la empresa recuperada, la crisis de la unidad productiva constituye el agravio que motoriza la recuperación, pero no es suficiente por sí sola para desencadenarla. La imposibilidad de cobrar los salarios adeudados y las indemnizaciones en un contexto que ofrece escasas oportunidades de reinserción laboral, junto con la articulación con la organización de empresas recuperadas que aporta significativos recursos organizativos, son elementos necesarios en la configuración de la lucha. Por el contrario, en el caso de la cooperativa del PAT, el conflicto no se comprende colocando la mirada sobre posibles cambios en la situación de los trabajadores, como sucede en la empresa recuperada, en donde estos ven vulnerada su fuente laboral, sino principalmente observando un elemento del contexto. Los trabajadores que conforman la cooperativa del PAT representan sectores largamente excluidos del mercado laboral formal y encuentran en el contexto político una estructura de oportunidades favorable a la acción colectiva de las organizaciones de trabajadores desocupados. Ahora bien, el conflicto constituyente no se comprende por el mero lanzamiento de un programa de conformación de cooperativas de trabajo. Es un elemento necesario que el Estado –tanto en su nivel nacional como local– limite la conformación de cooperativas por parte de organizaciones sociales y que se desarrolle una dinámica relacional de negociación-confrontación entre las organizaciones y el Estado.

Respecto a las formas de los conflictos, mientras que en la empresa recuperada tiene lugar una confrontación eminentemente judicializada entre los trabajadores de la cooperativa y el titular del inmueble por el control y la tenencia de la unidad productiva; en la cooperativa del PAT observamos interacciones contenciosas, así como negociaciones, entre la organización de trabajadores desocupados –y los trabajadores de la cooperativa allí nucleados– y los aparatos estatales ejecutivos nacional y local por la conformación y el control de las cooperativas.

Vemos entonces que se configuran 2 adversarios distintos en los conflictos constituyentes de cada cooperativa: el titular del inmueble, con la mediación del Poder Judicial, en la empresa recuperada; y los aparatos estatales ejecutivos en el caso de la cooperativa constituida en el marco de la política pública. En el conflicto de la empresa recuperada, los aparatos estatales adoptan diversas posturas. Mientras que las fuerzas judiciales suelen privilegiar el derecho de propiedad privada de los titulares, los miembros de los poderes legislativos y ejecutivos pendulan de acuerdo a la coyuntura política, la pertenencia partidaria, y la adscripción ideológica. Más allá de esto, como balance del posicionamiento de los aparatos del Estado al cierre del libro, observamos un respaldo hacia los titulares del bien inmueble.

Respecto de los tipos de cooperativismo que constituyen, la creación de una cooperativa de trabajo para gestionar la empresa recuperada puede ser considerada un caso de cooperativismo adaptativo (Rebón, 2007), mientras que la cooperativa del PAT da cuenta de un caso de asociatividad forzada (Hopp, 2013b), en la cual no media ninguna evaluación por parte del colectivo acerca de los beneficios –ni de los eventuales perjuicios– de esta forma jurídica. Cabe aclarar que estas caracterizaciones refieren al momento de origen, a un punto de partida que se contrapone al carácter voluntario de la asociación que plantea el ideario cooperativista; pero que de ningún modo pretenden predicar o valorar el desarrollo de la cooperativa más allá de este momento originario. Ahora bien, la brecha volitiva entre lo adaptativo y lo forzado en la conformación de las cooperativas no debe soslayar una similitud fundamental en el origen de los casos de estudio: ninguna de las dos cooperativas surge con el objetivo primordial de llevar a la práctica el ideario cooperativista de organización de los trabajadores bajo los principios de asociación libre y voluntaria, control democrático y propiedad colectiva. Por el contrario, ambas constituyen respuestas ante situaciones de expropiación de la inserción laboral, esto es, la desposesión de los trabajadores incluso de la posibilidad de garantizar la reproducción social a través de la venta de su fuerza de trabajo. En términos de Burawoy (2008, 2015), frente a la desaparición –o larga inexistencia– de la garantía de explotación.

Con relación a esto, nos interesa profundizar en el análisis de las organizaciones que conforman y en los tipos de poder que logran activar en la instalación de sus demandas quienes se encuentran imposibilitados de vender su fuerza de trabajo para garantizar su reproducción social. En este sentido, la forma de agregación clásica de la clase trabajadora argentina, el sindicato, excluye a los sectores de las clases trabajadoras que no logran vender su fuerza de trabajo o que lo hacen de modo precario e inestable; y esto también constituye una similitud entre ambos casos: la ausencia de las estructuras sindicales –al menos las más representativas– en los conflictos constituyentes. Frente a esto, en sus primeros momentos, ambos procesos de lucha se enmarcan en movimientos sociales. A riesgo de ser repetitivos, resulta pertinente aclarar que el carácter movimentista que puedan adquirir ciertas organizaciones sociales no se da de una vez y para siempre, sino que refiere a su capacidad de plantear demandas a las autoridades estatales de manera pública, sostenida y articulada, a partir de un repertorio de acciones (Tilly y Wood, 2010). En este sentido, tanto las organizaciones de empresas recuperadas –en los primeros momentos del conflicto constituyente de nuestro caso de estudio– como las organizaciones de trabajadores desocupados adquieren este carácter en los procesos reseñados en este capítulo. Por el contrario, en los momentos de repliegue y fragmentación de las organizaciones, en los cuales estas se focalizan en su cara menos pública y contenciosa, constituyen instancias organizativas que no necesariamente pueden ser analizadas a partir del concepto de movimiento social.

La recuperación de la empresa fue llevada adelante por un grupo de extrabajadores del hotel junto a la organización de empresas recuperadas que se conformó alrededor de las primeras experiencias de recuperación y que lideraba el movimiento de empresas recuperadas en aquel entonces. Durante los primeros años de conformación estas organizaciones adquirieron el carácter de movimiento social. No obstante, tal como mencionamos en el capítulo 1, las características de los procesos de recuperación de empresas (temporalidades específicas de cada recuperación, necesidad de sostener la ocupación del inmueble con la presencia física y de abocarse a la producción para obtener ingresos, etc.) dificultan la capacidad movilizatoria de las organizaciones y, por lo tanto, el sostenimiento de la modalidad movimentista de articulación política, dando lugar a una fragmentación en diversas organizaciones sociales que tienden a actuar de modo autónomo. Promediando el conflicto en la empresa recuperada, indicamos que otra organización de cooperativas de trabajo, conformada como una federación, se tornó en un actor central, aunque esto se dio en un contexto de creciente fragmentación del movimiento.

Por el lado del conflicto constituyente de la cooperativa del PAT, observamos que las organizaciones de trabajadores desocupados se encontraron en un momento movimentista, en tanto desplegaron acciones articuladas de protesta con el objetivo de ingresar al PAT y conformar cooperativas desde las propias organizaciones, a partir de la conformación del “Frente de Cooperativas sin Punteros”, que aglutinó no solo organizaciones y recursos, sino también demandas. En contraposición a las dificultades observadas en el caso de las empresas recuperadas para sostener la capacidad movilizatoria, las características de las cooperativas conformadas en el marco de la política pública (ingreso garantizado por el Estado, conformación de unidades productivas con actividades homogéneas que genera similares necesidades y por tanto demandas) facilitaron el sostenimiento del carácter de movimiento social de las organizaciones de trabajadores desocupados. No obstante, aunque en menor medida, este también tendió a diluirse: el frente conformado para realizar los reclamos y las acciones colectivas tendió a fragmentarse en cuanto las cooperativas se abocaron a la actividad productiva. En suma, la dependencia del Estado de la cooperativa del PAT para la obtención de ingresos resulta una ventaja en este campo respecto a la dependencia del mercado para la venta de productos y servicios de la empresa recuperada, en tanto el costo económico de la movilización se torna más significativo para la empresa recuperada.

Ahora bien, ¿cómo se configura el poder de los grupos sociales que conforman estos movimientos sociales de cara a la concreción de sus metas? Para analizar este punto, reponemos los desarrollos de Wright (2000) acerca de la magnitud y los tipos de poder de las clases trabajadoras en el análisis de su acción colectiva. Específicamente, retomamos los conceptos de “poder asociativo” y “poder estructural”. El poder asociativo refiere a la capacidad de asociarse y organizarse de los agrupamientos sociales y proviene de la formación de organizaciones colectivas. Este tipo de poder remite paradigmáticamente a organizaciones institucionalizadas, como ser sindicatos. Se diferencia del poder estructural, en tanto este deviene de la ubicación de los grupos en un sistema económico o productivo de referencia. En este caso, el poder de negociación de los agrupamientos sociales se relaciona con el equilibrio o desequilibrio de la oferta y la demanda en el mercado laboral, y con el lugar estratégico que ocupa un colectivo laboral en el proceso de producción de una industria clave (Silver, 2005; Wright, 2000).

En el caso de la empresa recuperada, sostenemos que la capacidad para llevar a cabo la recuperación reside en el poder asociativo que logran constituir los trabajadores. Ahora bien, tal como mencionamos en el capítulo 1, los sindicatos no tuvieron un rol de importancia en las recuperaciones en la primera etapa. Específicamente, el sindicato de la rama no solo no colaboró con la recuperación, sino que intentó obstaculizarla. En este sentido, el poder asociativo refiere, insistimos, a la capacidad organizativa de las organizaciones sociales de empresas recuperadas. Este poder se diferencia del atribuido a las clases trabajadoras tradicionales, cuyo poder asociativo es también institucional, es decir, suele insertarse en marcos legales estables, siendo sus ejemplos paradigmáticos los sindicatos y partidos políticos. En contraposición, el movimiento de empresas recuperadas posee un poder asociativo no institucional, cuya composición se asienta sobre la fortaleza simbólica de los procesos de recuperación de empresas. A partir del concepto de economía moral del trabajo (Rebón, Kasparian y Hernández, 2015), en el capítulo 1 analizamos la amplia repercusión pública y legitimidad social que logra concitar el proceso de recuperación de empresas. Aquí reside la fuente del poder asociativo que logra conformar el movimiento de empresas recuperadas.

Ahora bien, este poder asociativo, si bien bajo en comparación al poder de trabajadores organizados en sindicatos fuertes, posibilita la ocupación del establecimiento productivo. Este dominio del espacio les otorga a los trabajadores un elemento de carácter estructural a su favor: respecto a su relación con los titulares del inmueble les aporta capacidad de negociación. Además, la ocupación no solo constituye un medio en el sentido previamente indicado, sino que se configura en un fin en sí mismo, en tanto resuelve de hecho el problema de la pérdida de la fuente laboral. Por último, este pequeño avance en términos de poder estructural les permite a los trabajadores dar continuidad a su existencia, aumentando su poder asociativo.

En el caso del movimiento de trabajadores desocupados, también sostenemos que su capacidad para alcanzar el objetivo de ingresar al PAT reside en su poder asociativo, que se sustenta principalmente en la capacidad de movilización y disrupción de estas organizaciones a través del corte de vías o “piquete” en ciertos contextos sociales, políticos y económicos. La condición laboral de los trabajadores que constituyen la base social de las organizaciones de trabajadores desocupados es justamente la de haber sido expropiados de su inserción laboral, razón por la cual carecen de poder estructural. Con esto se relaciona la recurrencia de estas organizaciones a formas de acción modulares (Tarrow, 2009) –como el corte de vías y las movilizaciones–, que se caracterizan por su capacidad de adaptación a diversos universos sociales, metas, actores y destinatarios. Este tipo de acciones se diferencian de formatos de acción que solo pueden ser utilizados por ciertos actores en el planteo de determinadas demandas, como por ejemplo la huelga, que es un formato de acción generalmente utilizado por trabajadores asalariados.

En ciertos contextos, puede resultar legítimo y puede ser tolerada la instalación de la demanda de trabajo y/o planes sociales a través de acciones de protesta. De forma similar al caso de las empresas recuperadas, las demandas planteadas en torno al trabajo, un valor social central en la configuración social argentina, pertrechan a las organizaciones de trabajadores desocupados no solo en la construcción de cierto poder simbólico, sino que también en la construcción de su propia identidad colectiva. No obstante, este elemento resulta relativo en tanto el valor social del trabajo no resulta suficiente para contrarrestar la fuerte estigmatización de la que son depositarias las organizaciones de trabajadores desocupados.

En este sentido, consideramos que el elemento central subyacente al poder asociativo de las organizaciones de trabajadores desocupados en el marco del conflicto constituyente de las cooperativas del PAT refiere a la efectividad del corte de vías, una forma de acción altamente disruptiva cuando concita altos grados de participación y coordinación. Ahora bien, el triunfo de la herramienta también se relaciona con los contextos de las interacciones contenciosas. Tal como señalamos en el segundo capítulo, el corte de vías se inserta en el contexto de lanzamiento del PAT, un programa social que a la vez que interpela directamente a las organizaciones de trabajadores desocupados, las excluye de la gestión del programa. Así, el corte de vías implica un polo de la dinámica relacional establecida entre las organizaciones y el Estado, y también incluye la negociación. Por último, resulta ineludible hacer referencia a que el gobierno que ejerce las funciones del Estado, a pesar de la relativización oportunamente señalada en el capítulo 2, postula como política expresa la no represión de la protesta social. Así, el corte de vías logra construir poder asociativo en ciertos contextos que brindan oportunidades para la acción y en el marco de determinadas relaciones entre organizaciones y autoridades estatales.

En suma, ambas luchas son sostenidas por agrupamientos sociales “pobres de recursos”, en tanto ambos carecen de poder estructural y poseen poder asociativo en niveles bajos y poco institucionalizados, en comparación con los trabajadores asalariados. Con el transcurrir del conflicto, ambas luchas otorgan a dichos agrupamientos sociales mínimos –y precarios– niveles de poder estructural, a través de la ocupación del establecimiento productivo en el caso de la empresa recuperada, e ingresando en una cooperativa enmarcada en una política pública en el caso de la cooperativa del PAT. No obstante, si bien este poder es mínimo en ambos casos, permite acrecentar el poder asociativo de los agrupamientos, otorgando recursos y fortaleciéndolos.

Por último, nos interesa profundizar en un análisis de las relaciones de clase en los conflictos constituyentes de ambas cooperativas. La tradición marxista define las clases sociales en el capitalismo principalmente por la relación capital-trabajo, estableciendo un vínculo central entre clase y explotación. Las clases constituyen “categorías de actores sociales que se definen gracias a las relaciones de propiedad generadoras de explotación” (Wright, 2010: 81). El concepto de clase reúne las relaciones económicas y políticas en una sola categoría, en tanto las relaciones de clase implican tanto explotación como dominación en el proceso de producción (Wright, 2010).

La explotación es la forma de relación social antagónica más tradicional dentro de la teoría de las clases sociales. Es una forma de interdependencia antagónica de los intereses materiales de los actores que participan en relaciones económicas (Wright, 2010). Implica no solo la exclusión de los explotados del acceso a los medios de producción y a su control, creando diferencias de bienestar, sino también la apropiación asimétrica de los frutos del trabajo. Esto es, el bienestar del explotador depende del esfuerzo de los explotados, no solamente de su exclusión de la propiedad y el control de los medios de producción. Así, la explotación opera sobre la relación de “el hacer y el tener” entre dos polos (Gómez, 2014).

Ahora bien, existen otros antagonismos posibles en las relaciones de clase. Las relaciones antagónicas pueden ser además de opresión no-explotadora (Wright, 2010) o de subordinación, estableciendo diversas combinaciones del par “hacer-tener” (Gómez, 2014). En estas otras formas de relación antagónica la apropiación no se asienta sobre la interdependencia de los polos, esto es en la dependencia del explotador del esfuerzo del explotado, y la de este respecto al primero para la venta de su fuerza de trabajo.

En las relaciones de opresión, el bienestar del apropiador reside en la mera exclusión del oprimido del acceso a ciertos recursos productivos (Wright, 2010). En tanto su esfuerzo no es necesario, es decir, no existe la dependencia, el oprimido bien podría desaparecer. Así, opera sobre la relación de “tener y no tener”. De este modo, el antagonismo no se asentará en la interdependencia de polos que poseen una conexión interna de relacionamiento, sino en la correspondencia de los polos que permanecen exteriores uno del otro, es decir, en “la forma en que las acciones de cada uno de los polos pueden afectar al otro polo” (Gómez, 2014: 148), dando lugar a capacidades desiguales de condicionar la respuesta del otro polo, para impedir o forzar la desposesión.

Por último, según Gómez (2014), mientras la explotación configura una asimetría interdependiente y la opresión una asimetría no interdependiente –pero con correspondencia–, la subordinación implica una relación de asimetría dependiente de manera unilateral hacia el polo dominante y mínima capacidad de condicionar la acción del otro polo de parte del dominado. Se trata de una relación en la que tiene lugar una aniquilación de la autonomía, asentada sobre la relación de “tener y no hacer”. En esta relación clasista no tiene lugar una apropiación de los frutos del trabajo, sino una transferencia hacia el subordinado en forma de prestaciones de seguridad social y transferencias condicionadas de ingreso, entre otras.

De este modo, las luchas clasistas son aquellas en las que se lucha por alterar o reproducir asimetrías, correspondencias y dependencias en torno al tener y al hacer en su vinculación con las condiciones materiales de vida (Gómez, 2014). En este sentido, sostenemos que el conflicto constituyente de la empresa recuperada desarma el binomio “tener-hacer” que implica la relación antagónica de explotación, rompiendo la interdependencia. Un polo “tiene”, aunque solo formalmente, por lo que no logra la apropiación, y el otro “hace”. La interdependencia se rompe en tanto el colectivo de trabajadores relativiza y erosiona la propiedad privada de los medios de producción (el “tener” del capital) a través de su posesión de hecho.

El conflicto constituyente de la empresa recuperada plantea una oportunidad de evidenciar los desplazamientos en el análisis del conflicto de clase. La alteración de las relaciones de posesión y explotación a partir de la recuperación de la empresa dan lugar a que la relación de disputa se defina no ya por las relaciones internas de explotación, sino por la exterioridad de los polos y sus condicionamientos recíprocos. La lógica del antagonismo en el conflicto por la tenencia del inmueble se da a partir de la instalación de una relación de correspondencia en donde las acciones de un polo buscan condicionar al otro. El colectivo de trabajadores avanza sobre y revierte las relaciones de explotación y dominación en respuesta a la vulneración de dichas relaciones, en primer lugar, por parte del capital. En lugar de obedecer la expulsión del mercado de trabajo, logran “hacer” y avanzar en una forma precaria del “tener”: la posesión. De este modo, su “hacer” condiciona la capacidad de “tener” del capital.

Ahora bien, el obstáculo en la lucha de los trabajadores reside en los mecanismos de opresión, en su exclusión formal de la propiedad del inmueble que impone el capital y que condiciona y limita sus acciones. Resulta necesario destrabar las relaciones de opresión de clase, de exclusión de la propiedad, que los limita en el desarrollo del proyecto autogestivo. Si bien al nivel del establecimiento de trabajo, con la recuperación los trabajadores escapan a la dominación y explotación características de la relación de clase, los avances del proceso autogestivo se ven limitados en caso de no lograr la tenencia formal de la unidad productiva. No contar con su propiedad dificulta la realización de inversiones, no solo por la imposibilidad de previsión por parte del colectivo laboral, sino también por la falta de garantías para solicitar créditos bancarios. Esto constituye una variante de opresión exterior, distinta a la que se ejerce durante el proceso productivo capitalista, que limita la autodeterminación del colectivo de trabajadores. En este sentido, la estrategia del titular del inmueble por algún tiempo fue esperar que el emprendimiento gestionado por la cooperativa de trabajo fracasara producto de estos condicionamientos:

En algún momento yo creo que la vieja patronal y no me atrevería a decir la jueza, pero por qué no, habrán apostado a la debacle económica de la cooperativa como diciendo “Bueno, estos construyeron semejante paraguas de legitimidad social, ¿cómo los rajo de ahí? Esperemos que se vayan solos, que les vaya mal como para irse solos.” Entonces después ahí la pelea por la gestión también pasa a ser vital en la idea de que eso también construía legitimidad. Nosotros mirá lo que hicimos de la nada, esto estaba vacío, se habían llevado todo para el otro hotel […]. Entonces, “Mirá lo que hizo esta gente, reabrió el hotel, lo reparó en todo lo que pudo –porque esto es inmenso– y encima no se funden. Viven de eso, cada vez son más, eran 20, después 50, después 80, ahora ciento y pico.” Digamos, es una tortura para ellos. Entonces para nosotros también fue vital empezar a entender cuestiones legales, la gestión y cómo formarnos en eso para no tener que devolverles la llave. (Alejandro, asociado de la cooperativa y referente de una organización de cooperativas de trabajo, agosto de 2016)

En suma, tiene lugar una opresión parcial de los trabajadores por parte del capital que no termina de realizarse –en tanto los trabajadores usufructúan los medios de producción a través de su posesión– y que es puesta en crisis en la lucha. Mientras que los trabajadores confrontan dicha opresión parcial, el capital intenta restablecer las relaciones de explotación procurando excluir a los trabajadores de la propiedad. La disputa logra politizarse y ciertos poderes del Estado operan en el conflicto, respaldando, hacia el cierre del período bajo estudio, al polo del capital. Así, a pesar de que la recuperación de la empresa inaugura una etapa de autogestión, es decir, de autodeterminación del colectivo laboral, la confrontación entre propietarios de los medios de producción y fuerza de trabajo continúa vigente en la lucha por la propiedad del bien inmueble, a partir de un antagonismo no dependiente, aunque sí en correspondencia. En este sentido, las relaciones de propiedad continúan estructurando un clivaje clasista en la disputa por la tenencia del hotel.

En el caso de la cooperativa del PAT, podemos retomar la sugerencia que nos plantean las relaciones de subordinación. En principio, podría argumentarse que el conflicto da cuenta de la lucha de las organizaciones de trabajadores desocupados por escapar a la relación de subordinación y dependencia unilateral que potencialmente podría establecer la política pública. No obstante, lo que observamos es que el conflicto fundante es más bien por ingresar a la potencial relación de subordinación y, al mismo tiempo, ponerle coto, demandando la participación de las organizaciones en la gestión del Programa y las cooperativas. Las organizaciones de trabajadores desocupados buscan acrecentar su capacidad de condicionar las acciones del otro polo a través de la recurrencia a la acción directa, en tanto esta se orienta a la disrupción del orden social. Nos referimos a esto en términos potenciales debido a que nos encontramos analizando el momento de constitución de la cooperativa –y no aún de implementación plena del Programa–, por lo que no contamos con los elementos pertinentes para caracterizar las relaciones entre cooperativas y Estado en términos de subordinación.

En síntesis, en este capítulo hemos analizado los orígenes de una empresa recuperada y una cooperativa enmarcada en el PAT, dando cuenta del carácter disputado de estos. En el análisis de los conflictos constituyentes colocamos el foco en la dinámica de los hechos, las demandas, las formas de acción utilizadas y las identidades sociales en conflicto. A partir de su descripción pudimos delinear similitudes y diferencias entre ambos casos respecto a la caracterización de los conflictos y de los tipos de cooperativas conformadas, los movimientos sociales que encararon cada una de las luchas, la magnitud y los tipos de poder puestos en juego por estos, y sus implicancias en términos de los antagonismos de clase. En los próximos dos capítulos, caracterizamos en términos socioproductivos las unidades productivas que se conforman a partir de los conflictos constituyentes aquí analizados.


  1. Este banco de desarrollo funcionó en la Argentina entre los años 1970 y 1993, año en que fue liquidado. Su función era financiar inversiones industriales del sector privado con créditos blandos. Sin embargo, la carencia de cuentas claras, la no orientación de sus créditos de largo plazo al sector industrial y la utilización política del banco condujeron a que nunca cumpliera dicha función (Finchelstein, 2012). Al momento de su cierre, registraba créditos casi en su totalidad incobrables, de los cuales el 50 % correspondía a una veintena de empresas (López y Rougier, 2011).
  2. Una empresa “fantasma” es una organización que se utiliza para simular operaciones empresariales y que no suele tener activos reales significativos. Para profundizar en los indicios y pruebas que dan cuenta del carácter “fantasma” de la empresa conformada en este caso, se puede leer la nota de Santiago O’Donnell (21 de agosto de 2007, Página 12).
  3. A la vuelta de la cooperativa que analizamos, continúa funcionando un apart hotel que pertenece a los dueños y administradores originarios del hotel. Por aquel entonces, se encontraban interconectados y los trabajadores advirtieron que ciertas instalaciones del hotel que sería recuperado estaban siendo utilizadas por el otro emprendimiento hotelero.
  4. Una breve digresión acerca de la procedencia de dos referentes del proceso de recuperación de la empresa involucrados en esta recuperación específica ilustran hasta qué punto el movimiento de empresas recuperadas se asentó sobre una alianza entre diversas identidades sociales y políticas. Ambos referentes provenían de los procesos de asambleas populares surgidos en el marco de la crisis general de los años 2001-2002. A partir de estas, habían entrado en contacto con la organización de empresas recuperadas a la que nos referimos en este capítulo. Uno de ellos, proveniente de las clases medias argentinas, militaba en la izquierda socialista y como militante partidario se había formado en el cooperativismo. A raíz de desacuerdos con su partido respecto a las formas de acción directa utilizadas para la recuperación de empresas, este se apartó y comenzó a abocarse a la cuestión de las empresas recuperadas, junto al otro referente proveniente de asambleas populares y otros compañeros de militancia. Algunos años más tarde, cuando el movimiento de empresas recuperadas comenzó a perder su carácter movimentista, este grupo se escindió de la organización para conformar una federación de cooperativas de trabajo, postulando la necesidad de contar con una estructura organizativa, en tanto “de la organización de empresas recuperadas a la que pertenecíamos antes, uno entraba y salía como si nada. (Alejandro, asociado de la cooperativa y referente de una organización de cooperativas de trabajo, comunicación personal, enero de 2016). Así, se evaluó que dicha estructura podría obtenerse a partir de la conformación de una asociación de segundo grado.
  5. A diferencia del hotel, durante el mismo período legislativo otra cooperativa emblemática logró la expropiación de su bien inmueble a través de la sanción de la Ley N° 27 224, el día 25 de noviembre de 2015. Este proyecto de ley fue impulsado por el Frente para la Victoria y aliados; y establece la cesión en comodato a la cooperativa para la consecución de su objeto social con la condición de la continuidad al interior de sus instalaciones de las actividades culturales y educativas. El éxito en la aprobación de esta ley nos ofrece un potente contrapunto del caso del hotel y de las características del adversario. En el caso de la otra empresa, el expropiado es la cooperativa anterior que gestionaba la empresa, por lo cual no existe una fuerte oposición a dicha expropiación. En el caso del hotel, la sociedad comercial que se arroga la propiedad constituye un actor relevante que ofrece resistencia a la expropiación del inmueble no solo a través de prácticas de lobby, sino también intentando incidir en la opinión pública a través de una página web que afirma ofrecer “la verdad” del caso. Por otro lado, también debe tomarse en consideración la correlación de fuerzas en el Poder Legislativo nacional y los distintos grados de incidencia de los grupos políticos que promueven cada proyecto de ley.
  6. El Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación sintetiza cinco proyectos: EXP. 5119, EXP. 0364, EXP. 2354, EXP. 2406 y EXP. 9101.
  7. Este partido se ubica en la zona sur del conurbano bonaerense, pertenece al segundo cordón y cuenta con una población de 300 959 habitantes. El 10,77 % de los hogares tiene necesidades básicas insatisfechas, ubicándose por encima del porcentaje de hogares con NBI del conurbano bonaerense (9, 24 %). La tasa de desocupación se ubica en el 7, 2 %, mientras que en el conurbano bonaerense desciende al 6, 3 % (INDEC, 2010).
  8. Durante nuestro período de análisis (2009-2015), el Ejecutivo municipal se mantuvo en manos del mismo intendente, quien ganó las elecciones en el año 2007 y consiguió la reelección en el año 2011, alineado en ambas ocasiones con los oficialismos a nivel nacional y provincial, esto es, el Frente para la Victoria.
  9. Durante este primer período se conformaron 35 cooperativas en Esteban Echeverría, mientras que durante el segundo (septiembre 2010-abril 2011) solo se conformaron 5 nuevas cooperativas. Así, hacia mediados de 2011 había en el municipio 40 cooperativas con alrededor de 2400 cooperativistas (Boix, Fernández y Marazzi, 2011; Reppeto, Boix y Fernández, 2011). Para los años siguientes no contamos con datos detallados del municipio, pero tal como se puede observar en el capítulo 2, los ingresos de beneficiarios tendieron a disminuir.
  10. Esta modalidad de nominar el tipo de cooperativa fue registrada durante el trabajo de campo en conversaciones informales entre los funcionarios del municipio.
  11. La membresía activa en el MTD se da muchas veces con posterioridad a la inscripción en el Programa. Así, en esta instancia, cuando afirmamos que la cooperativa se conforma en su totalidad con miembros del MTD, nos referimos, en principio, a beneficiarios provenientes de listados confeccionados por dicha organización.
  12. La autora acuña la noción de “asociatividad forzada” para caracterizar aquellas experiencias en las cuales no se observa ni una organización del trabajo en cooperativa ni la expectativa de diseñar estrategias colectivas de trabajo con posterioridad al programa. Sin embargo nosotros solo retomamos el elemento que, plantea la autora, caracteriza su origen: la constitución de la cooperativa como mero requisito. De este modo, no utilizamos el concepto para caracterizar las unidades socioproductivas resultantes.


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