Otras publicaciones:

9789877230017_frontcover

12-2210t

Otras publicaciones:

porquemal

12-3876t

Introducción

Los trabajadores de fábricas recuperadas y de las cooperativas del plan Argentina Trabaja están sufriendo una ofensiva que combina ingredientes pesados […]. Pero también están dando su respuesta con mayor conflictividad, con la presentación de reclamos judiciales, reclamos en la calle, tomas y encarando nuevas alianzas como forma de potenciarse. […] Recuperadas y cooperativas de trabajo tienen una identidad vital. Durante mucho tiempo pueden no verse, porque no hacen ostentación, están más metidas en sus propios problemas que en la calle. Pero cada tanto reaparecen en el centro de la escena, llaman la atención brevemente, con un conflicto ígneo. Entonces las vemos hacer gestos que sorprenden. Son la historia del que, puesto contra la pared, defiende su derecho a existir, a no perderlo todo. Lo hace como puede y recurriendo a lo que tiene a mano, pero lo hace. Y eso es siempre fascinante. (Vales, 24 de julio de 2016, Página 12)

Comencemos por el final: el 20 de julio del año 2016, en un contexto social y económico adverso (aumento de tarifas, descenso del consumo interno, paralización de la obra pública), una protesta que concentraba 10 000 trabajadores[1] de cooperativas de trabajo conformadas a partir de la recuperación de empresas y de la implementación del Programa Argentina Trabaja (de aquí en adelante, PAT) daba cuenta del poder de movilización de estas cooperativas –a través de sus organizaciones sociales– y, lo que resulta más sugerente aún, de su capacidad y voluntad de plantear demandas de forma unitaria, evidenciando intereses y objetivos comunes en torno a la continuidad de las unidades socioproductivas.

Ahora bien, la acción relatada representa un nítido ejemplo de una realidad emergente de la Argentina de comienzos del siglo xxi: nuevas formas de cooperativismo de trabajo que se conforman como actor en el campo de la producción y de la lucha. La protesta referida constituye el punto de llegada de los procesos sociales que analiza esta tesis. La presente investigación transcurre en su antesala[2]. Hacia el año 2011, momento en el cual comenzaba a gestarse la pregunta de investigación, resultaba llamativo el fenomenal incremento de cooperativas de trabajo, entre las cuales emergían con centralidad las conformadas a partir de la recuperación de empresas y las enmarcadas en políticas públicas.

En dicho contexto, surgía una primera inquietud: ¿a qué formas de trabajo y de producción dan lugar las cooperativas de trabajo? Ciertas definiciones doctrinarias y normativas (como las brindadas por la Alianza Cooperativa Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Legislación nacional) nos permitían ensayar una primera respuesta a esta pregunta. Las cooperativas representan una forma organizativa orientada a la resolución de necesidades sociales con base en la asociación voluntaria de personas, la propiedad colectiva y el control democrático[3]. La peculiaridad de las cooperativas de trabajo reside en que tienen como objeto brindar trabajo a sus asociados[4], constituyendo una forma socioproductiva no estructurada a partir de relaciones asalariadas.

En este marco nos surgió un primer conjunto de interrogantes con un incipiente y desigual avance investigativo en la literatura preexistente: ¿en qué medida esta definición formal guarda correspondencia con las distintas formas socioproductivas operantes? ¿Cómo avanzar en su conceptualización sociológica? Por otra parte, en un escenario de crecimiento de las cooperativas de trabajo, y el de un contexto general de revitalización de la conflictividad laboral (Etchemendy y Collier, 2008)[5], advertíamos que la temática de la conflictividad laboral en el campo del cooperativismo de trabajo no había emergido como problema de investigación en la producción académica. Así, el proceso investigativo comenzó a delinear el interrogante acerca de los patrones de la conflictividad en estas empresas sin patrón. ¿Por qué, cómo, y a partir de qué clivajes y agrupamientos entra en conflicto la fuerza de trabajo en unidades socioproductivas no estructuradas a partir de relaciones asalariadas?

En este sentido, la tesis analiza la configuración y la dinámica de la conflictividad de trabajo en cooperativas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el período 2003-2015, particularmente en los dos tipos principales de cooperativa de trabajo en la Argentina desde comienzos del siglo xxi: las empresas recuperadas por sus trabajadores y las cooperativas surgidas en el marco del Programa Argentina Trabaja.

En esta línea, la tesis se plantea tres objetivos específicos. El primero busca caracterizar ambos tipos de cooperativas en lo atinente a sus sociogénesis y características socioproductivas. El segundo se propone identificar los principales clivajes y divisorias de conformación de agrupamientos sociales en ambos tipos de cooperativas y caracterizar conflictos de trabajo en dichas empresas con base en sus formas, demandas, actores y resultantes. Por último, desde una perspectiva comparada, el tercero se acomete a establecer patrones de conflictividad de trabajo que vinculen los agrupamientos y conflictos analizados con las sociogénesis y características socioproductivas de ambos tipos de cooperativas.

I. Antecedentes, planteo del problema e hipótesis de investigación

Es indudable que, aun en el marco de la necesaria objetividad en el desarrollo de cualquier aporte científico, una investigación no puede abstraerse de sus implicancias y horizontes políticos. En este sentido, nos proponemos generar conocimiento desde la perspectiva de una ciencia social emancipadora, cuyo objetivo es la construcción de conocimiento con miras a la creación de las condiciones para el desarrollo de un orden social poscapitalista de carácter democrático e igualitario (Wright, 2006).

En primer lugar, referirse a esta empresa en términos de ciencia, y no de crítica o filosofía social, apunta a explicitar que la tarea radica en ser capaces de generar conocimiento científico sistemático sobre cómo funciona el mundo y de someterlo a un permanente diálogo abierto. En segundo lugar, adjetivar esta ciencia como emancipadora implica no ocultar su propósito moral: la eliminación de la opresión y la creación de condiciones para la prosperidad de la humanidad. De acuerdo entonces con el objetivo de generar conocimiento desde este posicionamiento, son tres las tareas fundamentales atinentes a una ciencia social emancipadora: 1) elaborar un diagnóstico sistemático y crítico del mundo tal cual existe; 2) imaginar y concebir alternativas viables; 3) comprender los obstáculos, las posibilidades y los dilemas de la transformación social (Wright, 2006).

La idea –y las prácticas en torno a la idea– de que es necesario un modo alternativo de producción que elimine toda forma de explotación y dominación ya lleva dos siglos de existencia (de Sousa Santos y Rodríguez, 2011; Quijano, 2011). Más recientemente, desde fines del siglo xx y comienzos del siglo xxi, el debate en torno a las formas alternativas de producción se ha plasmado principalmente en las nociones de economía social, economía solidaria y economía popular, entre otras acepciones[6]. ¿En qué elementos radicaría el carácter alternativo y emancipador de las experiencias de la economía social? Las alternativas son visualizadas como vías de incremento del poder social –o de la sociedad civil–; vías que se transitan mediante innovaciones institucionales concretas (Wright, 2006). Aun bajo la preponderancia y dominación del modo de producción capitalista, la consideración del carácter heterogéneo de toda formación social (Hobsbawn, 2009; Marx, 2009) permite postular que el desarrollo de alternativas institucionales que incrementen el poder social profundiza el carácter socialista de las formaciones sociales, erosionando en el aquí y ahora el capitalismo dominante.

En este marco, Wright (2012) identifica la economía social como una vía de incremento del poder social, mientras que las cooperativas de trabajo constituyen una propuesta institucional concreta que se destaca por revertir el fundamento mismo del modo de producción capitalista: la desposesión de los productores directos de sus medios de producción. Por su parte, Singer (2007) sostiene que la economía solidaria, cuya unidad típica es la cooperativa de trabajo, es un modo de producción que une:

El principio de la unidad entre posesión y utilización de los medios de producción y distribución (propio de la producción simple de mercancías) con el principio de socialización de esos medios (propio del capitalismo). […] Parece, a primera vista, un híbrido entre el capitalismo y la pequeña producción de mercancías. Pero, en realidad, constituye una síntesis que supera a ambos. (pp. 61-62)

Si bien consideradas de forma individual pueden no constituir desafíos sistémicos, dado que dependen y se relacionan con los mercados capitalistas, las cooperativas de trabajo –y las experiencias de la economía social en general– pueden conformar estrategias emancipadoras anticapitalistas de carácter intersticial –esto es, que se van desarrollando en los espacios o grietas de la sociedad– cuando existe un intento deliberado por articular las experiencias aisladas en alternativas al capitalismo más coherentes y estructuradas (Williams, 2014; Wright, 2015).

Es menester aclarar que estos análisis buscan indicar vías que pueden transitar los procesos sociales o sus potencialidades y no reemplazar la indagación de la realidad social por los deseos del investigador. En este sentido, no abordamos las cooperativas a partir de modelos normativos o doctrinarios (Bertolini, s/d; Cracogna, 2013, Moirano, s/d) que nos coloquen en el plano del deber ser de los procesos sociales. Tampoco desde una perspectiva sistémica que solo nos permita conceptualizar estas experiencias como actividades enmarcadas en una economía política de la pobreza tendiente a profundizar la precariedad y la marginalidad (Salvia, 2007).

En contraposición, atentos “al carácter (im)puro de estas experiencias”[7] (Fernández Álvarez, 2015: 44) y a las diferencias entre el modelo ideal constituido por la doctrina, la formalidad institucional de las cooperativas concretas y la dinámica de los procesos realmente existentes (Balbi, 1998), abordamos el análisis de las cooperativas de trabajo apoyados en la certeza de la heterogeneidad de la realidad social. Así, la definición de cooperativa de trabajo presentada en las primeras páginas de esta tesis, tal como advierte Balbi (1998), nos permite, en principio, acotar “un universo de casos por referencia a un nivel de organización formal” (p.4) y, por lo tanto, se constituye simplemente en un punto de partida.

Sobre la base de este enmarcamiento, la tesis parte de la observación de la revitalización y el crecimiento exponencial de cooperativas de trabajo que se ha experimentado en la Argentina desde comienzos del siglo xxi (Acosta, Levin y Verbeke, 2013; Rebón y Kasparian, 2015; Vuotto, 2011). La Argentina cuenta con una larga historia de cooperativismo que se inicia entre mediados del siglo xix y comienzos del siglo xx, vinculada con la inmigración europea (Godio, 1980). Durante la mayor parte del siglo xx las cooperativas agrarias, de servicios públicos y de consumo representaron las formas dominantes del cooperativismo (Acosta, Leviny Verbeke, 2013), mientras que las cooperativas de trabajo contaron con un desarrollo más lento (Vuotto, 2011). Recién a partir de 1990 se expandieron significativamente en el marco de crecientes niveles de desempleo y precarización laboral resultantes de la reformas neoliberales (Montes y Ressel, 2003).

En el inicio del siglo xxi, el agotamiento del modelo de acumulación emergente de las reformas neoliberales (Basualdo, 2013) se expresó en una aguda crisis general. En este marco, el cooperativismo de trabajo tomó un impulso que no había tenido hasta entonces y reestructuró el sector cooperativo argentino. Por un lado, esta expansión consolidó al cooperativismo de trabajo como la modalidad preponderante. Si hacia los años 2001-2002, según datos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el cooperativismo involucraba 16 059 cooperativas, de las cuales el 42 % eran cooperativas de trabajo; una década después, en el año 2012, el panorama era otro: sobre un total de 21 002 cooperativas, las cooperativas de trabajo alcanzaban el 72 % (Montes y Ressel, 2003; Acosta, Levin y Verbeke, 2013).

Por otro lado, el sector específico del cooperativismo de trabajo atravesó un proceso de intensificación de su heterogeneidad (Rebón y Kasparian, 2015). En este sentido, los procesos de conformación de cooperativas desde comienzos del siglo xxi han sido generalmente nominados como “nueva economía social”, en contraposición a las experiencias históricas de cooperativismo y mutualismo que constituyen la “economía social tradicional” (Pastore, 2010). Por su parte, Vuotto (2011) señala que existen tres tipos de modelos cooperativos, según su desempeño empresarial y asociativo: las cooperativas integradas”, las cooperativas “reivindicativas” y las cooperativas “inducidas por el Estado”.

Mientras que el primer modelo se aproxima a las experiencias de la “economía social tradicional” (visión compartida entre sus asociados, valores y principios del cooperativismo, éxito económico y organizacional), el segundo y el tercero refieren a las experiencias propias del siglo xxi: las cooperativas conformadas a partir de procesos de recuperación de empresas y las enmarcadas en políticas públicas, respectivamente. En el caso de las cooperativas “reivindicativas” destaca el hecho de que el colectivo laboral comparte una experiencia previa de trabajo asalariado en una organización no cooperativa; las unidades productivas “inducidas por el Estado” son promovidas por la política pública y se conforman a partir de sujetos excluidos, para quienes la necesidad constituye el móvil prioritario.

En suma, a partir del siglo xxi el cooperativismo de trabajo se vio impulsado, principalmente, por el desarrollo de dos procesos: la recuperación de empresas por sus trabajadores y la promoción de cooperativas de trabajo por la política social. Por tal motivo, la tesis focaliza en estos dos tipos de cooperativa. Profundicemos a continuación en los elementos que dan cuenta de la centralidad de las empresas recuperadas y de las cooperativas conformadas en el marco de la política pública.

Por un lado, las empresas recuperadas son unidades productivas en crisis en las cuales sus trabajadores asumen la dirección de la producción, conformando generalmente cooperativas de trabajo. Estos procesos sociales se difundieron súbitamente a partir de la crisis generalizada de los años 2001-2002. Su centralidad al interior del universo del cooperativismo de trabajo no radica en su magnitud: hacia fines del año 2015 las empresas recuperadas no superaban las 400. De este modo, sostenemos que su relevancia reposa, principalmente, en su instalación en el imaginario social. En el marco del grupo de investigación que integro[8], realizamos en el año 2012 la encuesta domiciliaria Formas Económicas Alternativas[9], representativa de la población mayor de 18 años del AMBA. Esta arrojó datos que nos permitieron corroborar la hipótesis de que a pesar de que las empresas recuperadas no se encuentran extendidas en cantidad, son ampliamente conocidas por la población: el 83 % de los encuestados ha oído hablar de las empresas recuperadas y el 87 % identifica que esta conceptualización refiere a una empresa en crisis cuyos trabajadores ponen a producir (Rebón y Kasparian, 2015). Secundariamente, una gran cantidad de empresas recuperadas son fruto del cierre de fábricas de gran relevancia en su sector de actividad (Fasinpat–ex Zanón–, Renacer –ex Aurora Grundig– y Cristal Avellaneda –ex Durax–, entre otras). Esto no solo tiene un peso en sí mismo en la determinación de la centralidad de las empresas recuperadas al interior del cooperativismo de trabajo, sino que también da lugar a un tercer elemento de relevancia. Instaladas sobre procesos productivos previos, las empresas recuperadas cuentan con la posesión –aunque no necesariamente la propiedad– de medios de producción.

Por su parte, las cooperativas incluidas en políticas públicas sí resultan centrales por su peso numérico. A partir del año 2003, el Gobierno nacional puso en marcha una serie de programas de fomento del cooperativismo de trabajo en el marco de la economía social y solidaria, como una estrategia de generación de puestos laborales. A pesar de ser un fenómeno reciente, la constitución de cooperativas de trabajo a través de programas gubernamentales ha modificado la configuración del sector. Hacia el año 2012, el 76 % de las cooperativas de trabajo activas estaban enmarcadas en políticas públicas de promoción de cooperativas (Acosta, Levin y Verbeke, 2013). Estas cooperativas basan su actividad en la demanda estatal y se concentran en actividades de vivienda, infraestructura social y mantenimiento de espacios públicos (Vuotto, 2011). Entre los distintos programas de creación de cooperativas de trabajo, destaca el Programa de Ingreso Social con Trabajo, comúnmente denominado Programa Argentina Trabaja, por su masividad, expansión territorial y magnitud presupuestaria.

Ante este escenario de revitalización del cooperativismo de trabajo desde comienzos del siglo xxi, en cuyo seno surgen con centralidad las empresas recuperadas y las cooperativas enmarcadas en el Programa Argentina Trabaja, y en un contexto de revitalización de la conflictividad laboral (Etchemendy y Collier, 2008), la tesis se interroga acerca de la conflictividad de trabajo en estas formas socioproductivas no estructuradas a partir de relaciones asalariadas y, por lo tanto, tradicionalmente relegadas de los estudios sobre conflictividad laboral. De este modo, plantearnos esta pregunta de investigación implica revisar las nociones de “trabajo” y de “conflictividad laboral”.

Respecto a la noción de trabajo, esta refiere a la capacidad de la acción humana de transformar la realidad de acuerdo a un plan o fin premeditado. Durante el siglo xx dos concepciones teóricas relacionadas con el avance del capitalismo industrial y del trabajo asalariado en las sociedades modernas propulsaron una visión restringida de este concepto. Una de ellas fue la neoclásica, que no considera otro trabajo que el asalariado: el que se compra y se vende por un salario. La otra fue la marxista clásica, que si bien no restringe el concepto de trabajo al asalariado, privilegia su análisis y considera que la clase obrera –en sentido restringido– está llamada a cumplir una tarea histórica (de La Garza Toledo, 2009).

En relación con la conflictividad laboral, desde la perspectiva del marxismo clásico, la singularidad de la fuerza de trabajo reside en que no solo transfiere a las mercancías que produce el valor que ella misma contiene, sino que posee la capacidad de crear valor o plusvalía durante el proceso productivo (Marx, 2011). La diferencia entre el valor de cambio pagado por el capital y el valor de uso de la fuerza de trabajo en el consumo capitalista, viabilizado a través de la función de dirección del capital, constituye un antagonismo estructural, que resulta clave para comprender el conflicto social en la relación capital-trabajo (Marx, 2011). Es en el proceso productivo en donde se configuran los elementos estructurantes de la confrontación. En este sentido, el concepto de conflicto laboral ha sido utilizado tradicionalmente para designar las oposiciones y enfrentamientos entre el capital y el trabajo en las formaciones sociales capitalistas.

Ahora bien, las relaciones laborales conformaron un objeto de estudio de las ciencias sociales modernas hacia la década del sesenta, a partir del “sistema de relaciones industriales” de Dunlop (1958). Este enfoque funcionalista, que consideraba al conflicto como un hecho patológico y negaba el carácter contradictorio de las relaciones de producción (Bauni, 2011), preocupándose por “la conflictividad exclusivamente desde una perspectiva de control en una situación de normalidad y de equilibrio” (Köhler y Artiles, 2007:138), se constituyó por algún tiempo en el dominante.

Hacia la década del setenta, Braverman desencadenó el denominado “debate sobre el proceso de trabajo”, al realizar un relevante aporte a los estudios de las relaciones laborales: postuló que las transformaciones de las relaciones entre los trabajadores y los empresarios eran motivadas fundamentalmente por cuestiones de control y poder de clase, no por principios aparentemente abstractos de eficiencia organizativa, por imperativos tecnológicos neutrales o por una dinámica inevitable de modernización (Smith, 1995). De este modo, desde un enfoque neomarxista de las relaciones laborales, se partió del postulado de que las relaciones de trabajo en las sociedades capitalistas contemporáneas se constituyen inevitablemente en origen de conflictos –y de pactos provisionales–, dada la oposición de los intereses de los propietarios de los medios de producción y de los trabajadores constituidos en vendedores de fuerza de trabajo en las relaciones de control, dominación y explotación en el proceso de trabajo (Hyman, 1981).

La centralidad del aporte de Braverman no solo radicó en sus postulados, sino en los estudios que promovió. Según Smith (1995), al otorgar un poder preponderante a los capitalistas para diseñar los procesos y las organizaciones de trabajo con el objetivo de maximizar la extracción de plusvalía y el ejercicio del control, Braverman subestimó los intereses, las resistencias y la cooperación de los trabajadores como factores de transformación de los procesos y conflictos laborales. Así, hacia la década del ochenta y del noventa surgieron una serie de estudios que introdujeron análisis acerca de la retroalimentación entre la resistencia de los trabajadores y la diversificación de las formas de control del trabajo (Edwards, 1978); y de la contribución del consentimiento de los trabajadores a la dominación en la empresa capitalista, conceptualizada en términos de hegemonía (Burawoy, 1989).

Por su parte, para el estudio del conflicto en las relaciones de trabajo, P.K. Edwards (1990) propone tres niveles de análisis. El primero y más básico de los niveles del conflicto es el de los antagonismos estructurados. Este refiere a la base de los conflictos en las relaciones de trabajo y expresa, como ya hemos mencionado, la apropiación por parte de un grupo del excedente de valor creado por la fuerza de trabajo. El siguiente nivel es el de la organización de las relaciones laborales en el centro de trabajo. En este nivel se torna inteligible la coexistencia y entrelazamiento del conflicto y la cooperación en la organización del proceso productivo. Finalmente, encontramos el nivel del comportamiento concreto, en el cual se puede observar la variación en las formas de expresión del conflicto. En este nivel, el conflicto laboral refiere a actos manifiestos y proyectados, aunque también a formas ocultas de resistencia deliberada constituidas en prácticas colectivas generalizadas. Son, en general, luchas entre clases y pueden estar dirigidas contra los capitalistas o contra el Estado en calidad de intermediario o agente del capital (Silver, 2005).

Ahora bien, tal como señalamos, estas herramientas teóricas parten de la concepción de trabajo como relación social de empleo, es decir, una forma social específica de trabajo, a la vez que paradigmática en las sociedades modernas y contemporáneas. Sin embargo, el trabajo es una relación social que excede al empleo (Quijano, 2013). De este modo, nociones tales como “control sobre el proceso de trabajo”, “mercado de trabajo”, “regulaciones del trabajo”–especialmente respecto a los modos de dirimir los conflictos obrero-patronales– resultan limitadas para el análisis de formas de trabajo no restringidas a la asalariada (de La Garza Toledo, 2009). Esta forma ampliada de concebir el trabajo no parte de una definición típico-ideal de relación laboral, sino de concebir la relación de trabajo como una interacción que se da entre actores clave del proceso productivo.

Más allá de esto, cabe destacar que a lo largo de la tesis utilizaremos algunas de las herramientas teóricas desarrolladas en los párrafos precedentes, tales como las formas de control en su relación con las resistencias (Edwards, 1978), la identificación del rol central y muchas veces olvidado del consentimiento en la dominación (Burawoy, 1989), así como las riquezas que otorga advertir los tres niveles del análisis del conflicto, identificando tanto sus factores estructurantes, como las interacciones entre conflicto y cooperación, y las formas concretas del conflicto (Edwards, 1990). Ahora bien, estas serán aplicadas al análisis de conflictos en formas de trabajo no asalariadas.

En suma, de aquí en adelante utilizamos la noción de conflictividad de trabajo ante la necesidad de operar un distanciamiento respecto al concepto de “conflictividad laboral”. Se utiliza el concepto de conflictividad laboral para designar las oposiciones y enfrentamientos entre el capital y el trabajo en torno a las condiciones de consumo y venta de la fuerza de trabajo en el modo de producción capitalista. Por su parte, los conflictos de trabajo refieren a luchas en torno a las condiciones de acceso, consumo y retribución al trabajo, el cual excede la clásica relación social de empleo. Así, estas luchas varían en cada forma socioproductiva.

De este modo, situarse desde el estudio de formaciones sociales permite aprehender la complejidad que introduce, aún bajo la preponderancia y dominación del modo de producción capitalista, la combinación de múltiples modos productivos en sociedades concretas. En especial, destaca la sugerencia de Wright (2010) acerca de los diversos tipos de contradicciones y confrontaciones potenciales que pueden desencadenar los distintos modos de producción y sus combinaciones. En este sentido, resulta pertinente problematizar las múltiples formas socioproductivas y de conflictividad de trabajo que pueden encontrarse en la formación social argentina contemporánea, preguntándonos particularmente por las cooperativas de trabajo.

Rebón (2007) y Maneiro (2013) analizaron la dimensión conflictiva de las sociogénesis de los procesos de recuperación de empresas y de la conformación de cooperativas en el marco del Programa Argentina Trabaja, respectivamente, así como su anclaje en demandas en torno al trabajo. Estos aportes se constituyen en un sustrato a partir del cual avanzar en un análisis que incorpore dichos conflictos como elementos centrales en la configuración de tipos de formas socioproductivas.

Por un lado, los procesos de recuperación de empresas se expanden a partir de la crisis generalizada de fines de 2001 y comienzos de 2002 como modalidad de defensa frente a diversos procesos de vulneración salarial (Fajn et al., 2003; Rebón, 2007; Salgado, 2012). La forma emblemática de avanzar en la defensa de la fuente laboral, la toma, implica una forma de acción que desborda los canales formales de regulación del conflicto. Superada la crisis generalizada, la recuperación de empresas continúa desarrollándose. La instalación de esta modalidad de acción en la caja de herramientas de los trabajadores y su legitimación a nivel social (Rebón, Kasparian, Hernández, 2015; Salgado, 2012) son elementos clave que nos permiten comprender la vigencia del proceso.

En este contexto, la modificación a la Ley de Concursos y Quiebras del año 2011 resulta un indicador central de la institucionalización parcial del proceso de recuperación de empresas. En su concepción, se estimó que facilitaría la continuidad productiva de las empresas en quiebra en manos de los trabajadores conformados en cooperativas de trabajo. No obstante, un estudio realizado por el Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (2014) postula que la reforma no ha estado operando como facilitador de los procesos de recuperación, sino que, al judicializarlos, ha tendido a prologar los procesos conflictivos y a obturar la vía de resolución político-legislativa. En relación con esto, la intensidad limitada de la propiedad que expresan las empresas recuperadas (Rebón, 2015) también puede prolongar los conflictos constituyentes de las cooperativas más allá de los primeros momentos.

Por otro lado, a partir de 2003, la alianza político-social que asumió las funciones del Estado nacional comenzó a implementar programas sociales de promoción del cooperativismo de trabajo. A pesar de manifestar iniciativa estatal en su constitución y, por lo tanto, de ser “inducidas” por el Estado (Vuotto, 2011), la sociogénesis de estas experiencias no está exenta de conflictos. En ciertos espacios socioterritoriales, el lanzamiento del Programa precipitó un proceso de movilización de diversas organizaciones de trabajadores desocupados en demanda del ingreso en la gestión del PAT y bajo la consigna aglutinante de “cooperativas sin punteros” (Maneiro, 2013; Natalucci, 2012).

Asimismo, se han analizado ciertas tensiones y agrupamientos sociales que emergen en estos espacios socioproductivos una vez establecidos. En el caso de las empresas recuperadas, algunos autores han enfatizado en la dimensión identitaria (Bialakowsky, Robledo, Grima, Rosendo y Costa, 2004; Di Capua, Marcheroni, Perbellini, Solero, Tavella y Valentino, 2011; Hudson, 2011; Perbellini, 2016) para analizar la conformación de agrupamientos sociales que tienden a oponerse entre sí, tales como “dirigentes-dirigidos”, “laburantes-pibes” y “fundadores-nuevos trabajadores”.

Otros autores se han abocado al estudio de la dinámica de las relaciones en estas empresas (Salgado 2012; Balbi, 1998) para identificar potenciales antagonismos y la constitución de diferenciaciones categoriales entre asociados. Salgado (2012) concluye que la dinámica de la relación entre los grupos configura potenciales antagonismos entre “socio fundador-socio nuevo” y entre “socio-no socio”. Por su parte, Balbi (1998) identifica la constitución de una diferenciación categorial de los asociados de una cooperativa con base en el tamaño de su producción, la cual, en vinculación con las relaciones interpersonales que se encuentran en la base del reclutamiento de asociados, define el patrón de alineamiento en los conflictos concretos. Otro conjunto de investigaciones ha enfatizado en las tensiones surgidas en torno a las disímiles maneras de asumir el trabajo en relación con la lucha por la recuperación (Fernández Álvarez, 2012a).

Finalmente, un último grupo de autores ha centrado sus investigaciones en la dimensión externa de los conflictos. Por un lado, se han estudiado las tensiones que introduce la inserción de las empresas recuperadas en la formación social capitalista, principalmente por su participación en el mercado capitalista (Atzeni y Ghigliani, 2007; Balladares, 2012; Costa Álvarez, 2008; Dal Ri y Vieitez, 2001; Hudson, 2011). En esta línea, se ha señalado el desplazamiento del conflicto principal a la confrontación con las fuerzas institucionales externas del Poder Judicial y el poder político, del mercado y de los proveedores (Bialakowsky et al., 2004). En la presente tesis nos interesa retomar estos aportes investigativos y analizar en qué medida y de qué modo las diferenciaciones y los agrupamientos sociales señalados entre los trabajadores dan lugar efectivamente a conflictos de trabajo en las cooperativas.

En el caso de las cooperativas enmarcadas en programas sociales, los análisis en este sentido son escasos. Se han indagado las tensiones emergentes en la implementación del Programa Argentina Trabaja desde la perspectiva de la política social (Hopp, 2013b) o a partir de los efectos de este Programa en las organizaciones sociales y territoriales (Cross, 2014; Maneiro, 2013; Massetti, 2011; Natalucci, 2012). No obstante, dichos estudios no focalizan en estas cooperativas en tanto formas socioproductivas, de modo de abordar cuestiones tales como la organización del trabajo y de la producción, o la conflictividad inherente a estas.

Para mencionar solo algunas de las tensiones planteadas en las investigaciones, Hopp (2013b) sostiene que, en ocasiones, mucho de los atributos definitorios de las cooperativas de trabajo se encuentran en tensión con la dependencia de poderes políticos locales, la exigencia de la cooperativización para que los individuos accedan a los programas, concepciones y prácticas asistencialistas, la falta de instrumentos de trabajo controlados colectivamente y la dependencia plena de ingresos fijados por la política pública.

Por su parte, Bottaro (2012) señala que los sentidos y las prácticas de trabajo en los “nuevos espacios de trabajo” –o espacios de contraprestación– de las organizaciones sociales conformados a partir de los programas sociales con contraprestación laboral también plantean tensiones en el desenvolvimiento de estas experiencias, específicamente entre representaciones sobre trabajo autogestivo y asalariado, entre prácticas asociativas y prácticas individuales, y entre relaciones horizontales y relaciones de liderazgo.

Las investigaciones reseñadas constituyen una sugerente acumulación respecto a los conflictos en la sociogénesis de las cooperativas. Asimismo, encontramos una profusa acumulación, en el caso de las empresas recuperadas, e incipientes avances respecto a las cooperativas enmarcadas en programas sociales, en cuanto a la conformación de agrupamientos sociales y de oposiciones, y la producción de tensiones que plantean estas cooperativas de trabajo. No obstante, dichos avances no abordan los conflictos desde la óptica de la conflictividad de trabajo, es decir, colocando el foco en la producción de clivajes y en la configuración de conflictos asociados al acceso, consumo y retribución al trabajo. Sumado a esto, tampoco plantean una perspectiva comparativa que permita elaborar un análisis que ponga en diálogo a las experiencias paradigmáticas del cooperativismo de trabajo del siglo xxi: las empresas recuperadas y las cooperativas enmarcadas en políticas sociales.

Es esta área de vacancia la que se propone abonar la tesis, ampliando las perspectivas sobre la conflictividad laboral –o, más bien, sobre la conflictividad de trabajo–, y aportando categorías para visibilizar, problematizar y conceptualizar el conflicto en cooperativas de trabajo. Por un lado, y tal como repasamos, si bien los estudios sobre conflictividad laboral son de larga data, estos no han incluido en los análisis el conflicto en las formas socioproductivas no estructuradas sobre la relación –y contradicción– entre capital y trabajo. Por otro lado, si bien ambas cooperativas de trabajo han sido objeto de estudio de múltiples investigaciones y reseñamos los avances que han aportado respecto a la conformación de agrupamientos, tensiones y conflictividades potenciales, no se han analizado estas cooperativas como formas socioproductivas, en sus conflictos de trabajo y desde una perspectiva comparativa.

La hipótesis que nos guía sostiene que las características socioproductivas de las empresas recuperadas y las cooperativas del Programa Argentina Trabaja impactan sobre la configuración y la dinámica de la conflictividad de trabajo en dichas empresas. Esta hipótesis se construye sobre una sugerencia teórica del marxismo: los distintos modos de producción y sus combinaciones, incluso al nivel de las unidades socioproductivas, desencadenan diversos tipos de contradicciones y confrontaciones potenciales (Wright, 2010).

De este modo, sostendremos que la forma en que se organiza socialmente la producción incide significativamente sobre los conflictos de trabajo. En lo que refiere a los conflictos al interior de la unidad socioproductiva, las formas cooperativas estudiadas tornan más horizontales, democráticas y flexibles las relaciones sociales de trabajo, configurando condiciones de posibilidad para la emergencia de una conflictividad más politizada –en lo atinente a la función de dirección– con divisorias múltiples y flexibles de organización sin antagonismo clasista en su interior.

En este campo emergen ejes de conflictividad[10] de trabajo asentados sobre elementos que en las empresas capitalistas tradicionales no se expresan con idéntica relevancia, tales como las diversas percepciones de los trabajadores sobre el propio trabajo, la emergencia de múltiples proyectos de empresa, las generaciones de trabajadores en la unidad productiva, los entramados de compadrazgo y las jerarquías laborales.

Además de las mencionadas condiciones de posibilidad que otorga la forma cooperativa, se produce una politización del conflicto que transciende la unidad productiva y que difiere en su carácter e intensidad en cada tipo de cooperativa. Mientras que en las empresas recuperadas esta politización se vincula con que el proceso productivo –y por lo tanto su dirección– involucra acciones políticas necesarias para la sustentabilidad de la cooperativa y la tenencia formal de la unidad productiva; en el Programa Argentina Trabaja se vincula con la presencia de instituciones formales del Estado en la dirección de la cooperativa.

Respecto a estos conflictos que trascienden la unidad productiva, hipotetizamos que el clivaje clasista no desaparece necesariamente y que también se puede observar en ellos cierta politización, en tanto el Estado emerge con un rol central. Nuevamente, tanto la relevancia como el carácter del Estado en el marco de dichos conflictos variarán según el tipo de cooperativa en cuestión.

Ahora bien, más allá de este vínculo significativo entre forma socioproductiva y conflictividad, el análisis de los conflictos puntuales descriptos en este trabajo requiere la incorporación en la cadena de causalidad de otros elementos que no refieren a la forma socioproductiva, tales como las sociogénesis, las historias y las culturas particulares de las cooperativas y sus asociados, las estructuras de oportunidad política y los recursos organizativos disponibles para la acción contenciosa. En suma, sostenemos que los conflictos concretos son el resultado de una argamasa de elementos, entre los cuales el modo en que se organiza socialmente la producción representa un elemento central para entender su estructuración, pero no el único.

II. Estrategia teórica

En este apartado exponemos las principales herramientas que componen nuestro enfoque teórico, sin perjuicio de que a lo largo del desarrollo del libro este se vea profundizado, a la vez que nutrido por otros aportes teóricos generales y sustantivos. Nuestro enfoque se encuentra anclado en desarrollos provenientes del neomarxismo en torno a las relaciones de clase, los modos de producción y el conflicto social. Si bien estos constituyen el sustento principal de la tesis, debido a que nuestra investigación refiere a relaciones de trabajo no asalariadas, los desarrollos sobre acción colectiva y movimientos sociales –que se caracterizan por ampliar el abanico de sujetos sociales analizados más allá del movimiento obrero tradicional– resultaron especialmente fértiles.

Antes de profundizar en estas dos perspectivas, cabe explicitar nuestro posicionamiento respecto al conflicto social. Esta tesis no retoma visiones anómicas o patológicas del conflicto. En este sentido, va de suyo que no se concibe una configuración social exenta de conflictos. Por el contrario, se conceptualiza el conflicto, siguiendo a Simmel (1904), como una forma de socialización tan inherente a la vida social como la cooperación, tan constitutiva de la unidad como la armonía. En una línea similar, Coser (1970) postula que el conflicto social puede convertirse en un dinamizador de la creatividad y la innovación. Concretamente, todo conflicto social refiere a un determinado tipo de relación social, esto es, de configuraciones de acciones en correspondencia recíproca (Piaget, 1986), en la cual las acciones de al menos uno de los actores van dirigidas a intentar obstaculizar las del otro (Rebón, 2007).

Consideramos el conflicto como una relación social con una sugerente productividad sociológica, dado que se constituye en tópico a partir del cual preguntarnos, por un lado, acerca de la configuración de los grupos sociales que entran en conflicto, las relaciones de poder, las desigualdades y las jerarquías que los atraviesan; y, por el otro, acerca de la innovación y el cambio social en las cooperativas de trabajo producto de los conflictos. Tal como mencionamos anteriormente, en la tesis analizamos específicamente los conflictos de trabajo, esto es, los procesos de interacción contenciosa en torno al acceso, el consumo y la retribución al trabajo.

Comencemos entonces por la presentación de la perspectiva neomarxista en relación con nuestro objeto de estudio. Para analizar la vinculación causal entre características socioproductivas y conflictos de trabajo planteada en la hipótesis, nos basamos en los aportes de Wright (2010, 2012, 2015) sobre las formas sociales de producción y los grados en que expresan vías de habilitación del ejercicio del poder social –en contraposición al poder económico y al poder estatal– en la economía. Dos sugerencias de esta perspectiva teórica resultan especialmente relevantes. En primer lugar, se parte de una caracterización de las formas sociales de producción como formas ineludiblemente mixtas, complejas o híbridas, conformadas a partir de diversos patrones de articulación e interpenetración de modos de producción. En segundo lugar, y como resultante de esto, la sugerencia de que las relaciones sociales de producción –a la vez que no están dadas y por lo tanto requieren ser desentrañadas– constituyen marcos de estructuración de contradicciones y confrontaciones potenciales.

De este modo, para abordar las formas sociales de producción a las que dan lugar las cooperativas, realizamos su caracterización socioproductiva a partir de las dimensiones y observables que nos proporciona Wright (2010, 2012, 2015). Definimos el carácter socioproductivo como el conjunto de relaciones sociales que ordena un proceso socioproductivo (Rebón, 2007; Salgado, 2012). A partir de este análisis se logran identificar clivajes y divisorias de conformación de agrupamientos sociales y confrontaciones potenciales que son el resultado de la presencia combinada de elementos característicos de distintos modos de producción en las cooperativas.

Antes de presentar las dimensiones de análisis, caben dos aclaraciones. En primer lugar, el proceso socioproductivo es abordado en la totalidad de sus dimensiones sociales, y lo social incluye lo económico, lo político y lo ideológico (Wright, 2010). En segundo lugar, cuidándonos de no descontextualizar las herramientas teóricas que utilizamos, es menester mencionar que en el primer trabajo que retomamos de Wright (2010), el esquema es diseñado para el estudio de formaciones sociales en las sociedades de transición y los futuros poscapitalistas[11]. Sin embargo, a partir de las ejemplificaciones y sugerencias que encontramos en el texto, en las que el autor recurre a la escala de las unidades productivas, así como de la utilización de dimensiones del esquema en textos posteriores (Wright, 2012, 2015) para el análisis de instituciones y casos concretos –entre los que incluye a las cooperativas de trabajo–, el esquema se evidencia fértil y adecuado para el abordaje a escala micro de las cooperativas de trabajo, con las necesarias adaptaciones y aportes locales del equipo de investigación del cual formo parte (Rebón, 2015; Salgado, 2012). Desarrollemos, a continuación, las cuatro dimensiones interrelacionadas de análisis propuestas por el autor.

La primera refiere a las relaciones de propiedad, en tanto la propiedad de los medios de producción constituye una condición para su empleo y control y, de este modo, para la apropiación de los frutos de su utilización, presuponiendo, por lo tanto, la exclusión de otros de dicho goce (Marx, 2009). El análisis de esta dimensión resulta relevante porque el carácter de la propiedad de los medios de producción vuelve probable que se desarrollen ciertos tipos de relaciones sociales productivas y no otras. Así, por ejemplo, en unidades productivas cuya propiedad reposa en los productores directos, puede tener lugar una autoapropiación colectiva del fruto del trabajo, construida sobre la base de decisiones democráticas y participativamente tomadas acerca de los ritmos de trabajo, los modos de distribuir y utilizar los ingresos, entre otras cuestiones.

Como observable de las relaciones de propiedad, Wright nos sugiere observar el tipo de propiedad, es decir, si esta es privada, estatal o social. Mientras que la propiedad privada se basa en el derecho establecido de individuos o grupos de individuos sobre un bien, la propiedad estatal refiere a que este derecho es detentado por el Estado. A diferencia de la propiedad privada en la que son los individuos quienes ejercen el control y toman las decisiones respecto a los medios de producción y al destino de los frutos de su utilización, aquí esto es atribución del aparato estatal. Por último, la propiedad social refiere a que la apropiación es producto de una colectividad o comunidad –y no de individuos aislados o accionistas asociados– que desarrolla actividades económicas de forma interdependiente. De este modo, la noción de propiedad social se utiliza para dar cuenta de las formas específicas que esta tiende a asumir en la etapa actual de la historia humana. La propiedad social efectivamente existente tiende a ser más limitada que su noción plena o abstracta, la cual implica al conjunto de la especie humana, borrando el principio de exclusión que establece cualquier relación de propiedad (Rebón, 2015).

Ahora bien, la medida en que una propiedad social concreta se distancia o acerca de su noción plena puede abordarse a partir de tres variables de la propiedad social: su profundidad, su extensión o alcance y su inclusividad o nivel de agregación social (Wright, 2015). La primera refiere a la amplitud de derechos que se encuentran efectivamente bajo control social, y varía desde formas de propiedad plena a formas limitadas de posesión o usufructo (Rebón, 2015). La segunda apunta a observar el conjunto de actividades, bienes u objetos involucrados en la relación de propiedad y estos podrán poseer más o menos magnitud y/o relevancia. La tercera coloca el foco en el tipo de personas incluidas en la propiedad, esto es, que controlan y emplean los medios de producción, y puede incluir desde una pequeña comunidad a una nación, a través de un Estado con significativos niveles de democracia (Rebón, 2015).

La segunda dimensión propuesta por Wright refiere al análisis de la lógica de la producción, en el sentido de los criterios, principios y propósitos que orientan la asignación de recursos y la utilización de los excedentes en las unidades socioproductivas. Por un lado, se analiza el destino inmediato de los bienes producidos y, por el otro, el destino del excedente, en el caso de que este exista, o el propósito de la producción, en el sentido del fin que persigue. Respecto al destino inmediato de los bienes producidos, estos pueden poseer dos valores: el de intercambio o el de uso. En el primer caso, se producen bienes pasibles de ser intercambiados en el mercado capitalista tradicional, mientras que en el segundo, los productos se orientan a la satisfacción de necesidades, y por lo tanto su producción se encuentra atada a criterios de necesidad y uso.

Dado que en las sociedades actuales el autoconsumo y la autosuficiencia resultan una opción que presenta dificultades y fuertes limitaciones para constituirse en mecanismo principal de satisfacción de las necesidades, es predecible que la producción de valores de uso no prime en las actividades productivas, salvo que sean desarrolladas por algún tipo de instancia estatal. No obstante, la compra y venta mercantil no constituye el único principio de intercambio en nuestras sociedades, e incluso los bienes de uso pueden ser intercambiados. En este sentido, retomamos a Polanyi (2007) para adentrarnos en los diversos principios de comportamiento que pueden orientar los intercambios y la circulación de bienes, servicios y personas en las sociedades, más allá del mercantil. En primer lugar, nos interesa reponer la sugerencia del autor (Polanyi, 2007) acerca de que el principio de mercado puede dar lugar no solo a mercados con pretensión de autorregulación, sino también –y, principalmente, a lo largo de la historia de la humanidad– a mercados regulados y sumergidos en las relaciones sociales generales. En segundo lugar, Polanyi (2007) introduce dos principios de comportamiento que no suelen asociarse con la economía y que resultan sugerentes para nuestro análisis: la reciprocidad y la redistribución.

El principio de reciprocidad refiere a intercambios realizados entre pares simétricos en una dinámica de don-contradon, es decir, conformando un circuito de obligaciones de dar, recibir y devolver (Mauss, 2010). Esto implica el ofrecimiento a otros de un bien o servicio sin certezas de retribución, pero con expectativas de correspondencia (Caillé, 2009) o de contradon, entendido como la obligación de devolver. Así, este principio también constituye circuitos de intercambio de bienes, aunque en el marco de relaciones de confianza o de construcción de alianzas.

El principio de redistribución refiere a la distribución de bienes organizada desde una autoridad central, la cual recolecta, almacena y redistribuye la producción social, de modo de evitar la desintegración de la sociedad. Este principio se analiza en el contexto del régimen político de una sociedad. Un claro ejemplo en este sentido son los Estados de Bienestar conceptualizados por Esping-Andersen (1993), que proveen bienes o servicios en calidad de derechos, de modo que estos se sustraen del mercado, relativizándose el principio de intercambio mercantil a partir de mecanismos de redistribución intergeneracional, interclasista, entre otros. En suma, buscamos señalar que más allá de que un emprendimiento socioproductivo se encuentre orientado a la producción de bienes de uso, puede insertarse en circuitos no estrictamente mercantiles de intercambio y de circulación de bienes, en los cuales es posible identificar la activación de principios de reciprocidad y de redistribución.

Tal como mencionamos con anterioridad, para analizar la lógica de la producción, se considera el destino del excedente o el propósito de la producción. Esta puede estar orientada por la finalidad de la acumulación de medios de producción para incrementar la capacidad productiva y producir mayores excedentes, o del consumo final individual o colectivo para la satisfacción de necesidades. El autor advierte que este segundo propósito no excluye la existencia de inversión o crecimiento, sino que, en caso de darse, se subordinan a las necesidades que contribuirán a satisfacer. Por otro lado, también introduce la existencia de otro tipo de acumulación, característica del modo estatista de producción: la acumulación política burocrática centrada en la acumulación de bienes de uso. Sobre esta base, y en articulación con aportes específicos sobre la política social (Danani, 2009; Grassi, 2012; Hopp, 2012), la sustentabilidad de los emprendimientos de la economía social y solidaria (Coraggio, 2008; Vázquez, 2010, 2014), y la inscripción territorial de la politicidad de los sectores populares (Merklen, 2005), delineamos un tipo específico de acumulación política no burocrática.

El tercer aspecto que aborda Wright es la dimensión política de las relaciones de producción, de modo de aproximarse a las maneras en las que se organiza el poder durante el proceso de producción, en el cual las relaciones políticas pueden asumir dos formas: dominación o autodeterminación. Así, para indagar en esta dimensión, cabe analizar tanto los grados de democracia interna como los de autonomía de las cooperativas respecto a poderes extra-unidad productiva. Aquí resultaron relevantes desarrollos específicos en torno a la autogestión (Fernández y Borakievich, 2007; Rosanvallon, 1979), así como herramientas propias del campo de estudio del conflicto laboral en torno a las formas de control (Edwards, 1978) y la producción de consentimiento en la producción (Burawoy, 1989), y estudios sobre los movimientos sociales y sus vinculaciones con el Estado a partir de una dinámica de negociación y conflicto (Manzano, 2009).

Finalmente, la cuarta dimensión refiere a la naturaleza de los grupos determinados por las relaciones de producción. A partir de esta dimensión se busca analizar las características que imprimen las propiedades estructurales enumeradas en las dimensiones anteriores en la conformación de agrupamientos sociales, en las principales relaciones sociales entabladas entre estos y en el potencial conflicto que puede suscitarse a partir de dichas relaciones. Para ello, resulta necesario dilucidar, en caso de que los haya, quiénes conforman los grupos dirigentes y quiénes los subordinados, y cuál es la fuente de poder –o qué controlan y/o monopolizan los grupos dirigentes– que define el mecanismo de apropiación por parte de ciertos grupos y la exclusión de otros. En esta instancia, los aportes específicos sobre la conformación de agrupamientos, especialmente en el caso de las cooperativas y las empresas recuperadas, resultaron sumamente potentes (Balbi, 1998; Deux Marzi, 2014; Hudson, 2011; Salgado, 2012). A lo largo del análisis utilizaremos la noción de “clivaje” para remitir a divisorias estables y duraderas de confrontación entre grupos que tienden a organizar los conflictos entre ellos (Aguilar, 2008; Lipset y Rokkan, 1967). Si bien en la teoría de Lipset y Rokkan (1967) se utiliza este concepto para dar cuenta de los clivajes que organizan el conflicto social de forma duradera a nivel macrosocial (sistemas políticos de Europa occidental), resulta pertinente su utilización en tanto nos permite distinguir las divisorias que perduran en el tiempo de aquellas más flexibles y cambiantes.

Tal como mencionamos al comienzo de este apartado, también nos valemos de desarrollos teóricos en torno a la acción colectiva y los movimientos sociales. En este sentido, resultó especialmente sugerente retomar aportes para el análisis de los movimientos sociales de resistencia a la mercantilización, en tanto consideramos que brindan herramientas para analizar los procesos de sociogénesis de los tipos de cooperativa que abordamos. Específicamente, reponemos los desarrollos de Silver (2005) acerca de los movimientos obreros mundiales y su dinámica de largo plazo, y de Burawoy (2008, 2015) en torno a los nuevos movimientos sociales de resistencia a la mercantilización. Ambos autores realizan una articulación entre El Capital de Marx y La Gran Transformación de Polanyi para caracterizar las luchas sociales y laborales contemporáneas. Señalan que, por un lado, Marx coloca el foco en el carácter endémico de la lucha en la relación capital-trabajo en el lugar de producción, como consecuencia de la explotación de la fuerza de trabajo para la extracción de plusvalía. Por otro lado, indican que Polanyi coloca el foco en el mercado y en las resistencias que se organizan para proteger a la sociedad frente a la ampliación o la profundización de la desregulación del mercado de trabajo, así como de otros mercados.

Según los autores (Burawoy, 2008, 2015; Silver, 2005), el trasfondo de ambos tipos de lucha, la marxiana y la polanyiana, radica en el carácter ficticio de la mercancía fuerza de trabajo, es decir, no es un bien que haya sido producido para su venta en el mercado. La ficción que plantea la transformación del trabajo en una mercancía es que, bajo ciertas condiciones de explotación, en el caso de Marx, o de intercambio, en el caso de Polanyi, dicha mercancía puede perder su valor de uso. Una excesiva explotación durante el proceso de trabajo o un intercambio desregulado de la fuerza de trabajo produce la resistencia de los trabajadores en tanto dicha mercantilización puede incluso implicar la muerte del ser humano portador de esa fuerza de trabajo (Burawoy, 2015; Polanyi, 2007).

De este modo, la singularidad de la fuerza de trabajo reside en que su mercantilización y consumo productivo presupone a la vez la generación de condiciones para su resistencia. Entonces, Silver (2005) apunta que si la obra de Marx permite comprender los procesos de construcción clasista asociados a la dinámica de acumulación de capital, en los cuales la progresiva organización de la fuerza de trabajo tiende a construir nuevas relaciones de clases y a modificar de este modo las condiciones de venta y consumo de la fuerza de trabajo; la obra de Polanyi es de vital importancia para comprender los procesos de resistencia a la renovada mercantilización del trabajo durante las etapas de deconstrucción de los bloques históricos precedentes, asentados sobre la autoprotección de la sociedad.

Burawoy (2008, 2015) utiliza este esquema para el análisis de los movimientos sociales contemporáneos. Estos se conforman como modos de resistencia a la mercantilización no solo de la fuerza de trabajo, sino de otras mercancías ficticias: la tierra, el dinero y el conocimiento. Respecto al movimiento obrero argumenta que adquiere un nuevo carácter en tanto el foco es colocado en los trabajadores marginalizados y en la imposibilidad de garantizar la reproducción social, más que en las condiciones de explotación en el lugar de trabajo. Esto es así porque, paradójicamente, el problema en las sociedades actuales es la desaparición de la garantía de explotación y el ascenso de la precariedad en su lugar. Así, la mercantilización sin límites de la fuerza de trabajo, es decir, la desregulación de dicho mercado, implica no solo la falta de protección frente a las modalidades de contratación y despido, y salarios por debajo del costo de reproducción social, sino incluso su desuso. En las sociedades actuales, esto requiere la desposesión del acceso a medios alternativos de subsistencia configurados durante los Estados de Bienestar. Dicho de otro modo, para profundizar la mercantilización del trabajo fue necesario quitarle sus elementos de estabilidad social y política que le eran proporcionados por el Estado.

Así, si bien las luchas marxianas y polanyianas son complementarias, tienen diversas implicancias respecto al tipo de alianzas a las que dan lugar. Mientras que las luchas de tipo marxiano promueven alianzas basadas en la unificación de los trabajadores a partir de la experiencia de la explotación, las luchas de tipo polanyiano se sustentan en alianzas entre quienes enfrentan distintos tipos de mercantilización de la vida. De este modo, estas últimas luchas no solo incluyen a asalariados, sino también a quienes no tienen acceso a un trabajo asalariado, y a quienes enfrentan otros tipos de mercantilización (acceso a servicios públicos, a la tierra, etc.) (Burawoy, 2015). Entonces, a diferencia de Silver, quien considera ambos conflictos como distintos modos del conflicto puramente obrero, Burawoy posibilita la inclusión en el análisis de otras identidades sociales, en tanto postula que los movimientos sociales contemporáneos son producto de la relación entre diversas mercantilizaciones.

Sumado a los aportes de Burawoy y Silver, para analizar el pasaje de la disconformidad a la acción colectiva, principalmente en el caso de la recuperación de empresas, resulta necesario ahondar en el entramado cultural en torno al trabajo en la sociedad argentina. Para esto, utilizamos la noción de economía moral del trabajo (Rebón, Kasparian y Hernández, 2015), que retoma conceptualizaciones de Thompson (1979) y Arnold (2001). Repasemos a continuación estas dos conceptualizaciones y el modo en que son combinadas en la noción de economía moral del trabajo.

El concepto de economía moral como aproximación teórica de análisis del conflicto social se origina en La economía moral de la multitud de Thompson (1979). Aquí, este concepto refiere a un consenso popular anclado en el pasado, que permite a los sujetos distinguir las prácticas económicas en función de su legitimidad, estableciendo un marco cultural que inspira y legitima la acción colectiva. El autor analiza las mediaciones culturales entre la privación y la acción colectiva que operan como nociones legitimizantes. El motín de subsistencia de las clases populares en torno a un bien de uso central en su reproducción social –el pan– se fundaba en elementos del modelo paternalista predominante en dicha sociedad, que establecía límites a la fijación del precio del pan por el mercado, en especial en épocas de escasez. Estos elementos convertían a la privación del acceso al pan en épocas de crisis en un agravio con amplia legitimidad social para ser resistido. La economía moral de la multitud representaba una recreación selectiva del modelo paternalista que en condiciones de desequilibrio marcado operaba como la noción legitimizante de la resistencia y la protesta frente a las privaciones, así como de la tolerancia de otros actores.

Por su parte, Arnold (2001) realiza una revisión del concepto, introduciendo una redefinición que lo delimita a partir de bienes específicos cuya valoración social por parte de la sociedad les otorga el estatus de “bienes sociales”. Estos bienes son objeto de una significativa y plural valoración por parte de la comunidad, en la cual el valor mercantil es limitado por otros conjuntos de valores. Así, la economía moral permite explicar cómo los consensos populares acerca de la legitimidad de ciertas prácticas con relación a ciertos bienes fungen como un inspirador de la acción colectiva cuando se produce un desequilibrio marcado o una ruptura con respecto a dichas prácticas y, en este sentido, funciona como un potencial limitador de los procesos de mercantilización.

La noción de economía moral del trabajo (Rebón, Kasparian y Hernández, 2015) retoma de Thompson (1979) la relevancia del marco cultural en la acción colectiva. Es la economía moral la que funge de noción legitimizante, transformando la privación en agravio, inspirando la acción y funcionando esta, o su amenaza en momentos de desequilibrio, como un limitador y configurador de las relaciones sociales de producción en su amplia acepción. Pero esta noción legitimizante, a diferencia de la conceptualización de Thompson, no se reduce a un criterio fundado en un pasado precapitalista, sino que puede tener su origen en otra etapa del capitalismo, pero operar de forma novedosa en el contexto actual. A semejanza de Arnold (2001), nos referimos a un bien específico, la fuerza de trabajo, que en el marco de una configuración cultural (Grimson, 2012) adquiere un conjunto de atribuciones sociales que operan no solo limitando la mercantilización de la fuerza de trabajo, sino también, en el caso de las empresas recuperadas, dando lugar a innovaciones sociales en el campo de las relaciones de producción.

En suma, la economía moral del trabajo se define por los modos concretos en que una forma histórica de trabajo es socialmente valorada, en articulación y oposición a otros valores. En este juego de articulaciones y oposiciones, la economía moral del trabajo configura un campo de posibilidad del conflicto. En particular, nos permite entender los momentos en los cuales las formas que asume la mercantilización del trabajo tienden a la dislocación social. En estas situaciones el principio moral asociado al trabajo puede expandirse, relativizando otros valores y transformándose en un significativo legitimador de la acción colectiva, incluso cuando esta desborda los canales institucionales de procesamiento de la conflictividad social (Rebón, Kasparian y Hernández, 2015).

Complementariamente, para el análisis de la dimensión contenciosa tanto de las sociogénesis de los procesos de conformación de cooperativas a partir de la recuperación de empresas y del fomento de la política pública, como de los orígenes y constituciones de las cooperativas específicas que abordamos, resultó fértil la literatura sobre movimientos sociales y acción colectiva producida por la vertiente del estudio de los procesos políticos, referenciada en Charles Tilly y Sidney Tarrow. Esto fue así por dos motivos principales: dicha dimensión contenciosa se expresó en el espacio público y adquir la forma de movimiento social. De este modo, esta vertiente nos aportó herramientas que nos permitieron abordar el carácter público y contencioso de las sociogénesis, conceptualizar la noción de movimiento social, y la interacción de los conflictos con la política institucionalizada y los contextos político-sociales más amplios.

Tomamos de Tilly (2000a) la noción de acción colectiva. Esta refiere a episodios colectivos que no forman parte de la vida cotidiana de las personas que las llevan a cabo, es decir, son acciones discontinuas. A su vez, la acción colectiva es contenciosa dado que implica una contraposición de intereses. Por esta razón, involucra generalmente a las autoridades políticas. Por último, las formas de la acción colectiva se organizan en repertorios, es decir, formas de actuar que son producto de la historia, la memoria y las prácticas, que limitan el rango posible de acciones a utilizar por parte de un colectivo, pero a la vez son lo suficientemente flexibles como para dar lugar a la negociación y la innovación necesarias para ganar en efectividad. Este concepto fue productivo para el abordaje de la dimensión pública de los conflictos presentes en las sociogénesis de los procesos bajo estudio.

Utilizamos la definición de movimiento social de Tilly y Wood (2010) porque nos permitió abordar las formas de la contienda de manera dinámica: desde esta perspectiva, los movimientos sociales pueden conceptualizarse como un momento de la lucha, más que como una estructura fijada en una organización. Los autores sostienen que los movimientos sociales son una forma de contienda política surgida a fines del siglo xviii. Por contienda hacen referencia a que las reivindicaciones colectivas que sostienen los movimientos sociales chocan con los intereses de otros grupos; y por política refieren a su dimensión institucional. Es decir, los movimientos sociales interpelan a los gobiernos, en tanto destinatarios de las demandas o reivindicaciones, aliados, o bien como árbitros de la contienda.

La riqueza de esta conceptualización es que los autores proporcionan tres elementos que deben presentarse de manera combinada en un movimiento social: una campaña pública, sostenida y organizada para instalar las demandas; un repertorio de acciones para plantear dichas demandas; y demostraciones públicas de unidad, compromiso y masividad. Así, en momentos determinados la contienda puede adoptar la forma de movimiento social, pero a medida que el carácter público se va diluyendo el concepto deja de ser productivo. En combinación con estos aportes, retomamos las nociones de poder estructural y poder asociativo (Wright, 2000) para analizar los grados y tipos de poder de los movimientos sociales, así como las vinculaciones entre los tipos de poder y los repertorios de acción. Mientras que el poder estructural es producto de la posición ocupada en un sistema determinado, el poder asociativo emana de la capacidad organizativa del agrupamiento de referencia; se encuentre esta capacidad institucionalizada o no.

Por último, recurrimos al concepto de estructura de oportunidades políticas de Tarrow (1999). El autor define la acción política colectiva y contenciosa como aquellos enfrentamientos que surgen cuando se dan cambios en las oportunidades y restricciones políticas que introducen la posibilidad de la intervención de agentes sociales carentes de acceso regular a las instituciones, y en los cuales nuevas o no aceptadas reivindicaciones son sostenidas frente a elites, otros sectores sociales, autoridades o el Estado. El autor se refiere a las dimensiones del contexto político, no necesariamente formales o permanentes, que incentivan –o desincentivan– la acción colectiva. Estas oportunidades constituyen señales percibidas por los agentes sociales o políticos que los animan a lanzarse a la acción colectiva y a la conformación de movimientos sociales. Ahora bien, tal como señala Tarrow (1999) las oportunidades deben ser percibidas por los actores como tales. En esta instancia, los procesos enmarcadores de la acción colectiva (Mc Adam, Mc Carthy y Zald, 1999), esto es, los aspectos vinculados con la cultura, la identidad y los esquemas de interpretación de la realidad, ingresan a la escena. En este nivel del análisis, cabe recordar el ya mencionado concepto de economía moral de Thompson (1979). Así, tanto las privaciones como las oportunidades políticas para la acción requieren de mediaciones culturales para desembocar en acciones colectivas y conflictos concretos.

A lo largo de estas páginas expusimos los principales lineamientos que estructuran y enmarcan el abordaje de la tesis, es decir, el modo de aproximarnos al cooperativismo y a los conflictos de trabajo que alberga.

III. Estrategia metodológica

Para dar respuestas a nuestros interrogantes y objetivos, diseñamos una estrategia de investigación basada en el estudio de caso instrumental y múltiple (Stake, 2013) que combina, bajo la lógica de la complementariedad, fuentes y metodologías cuantitativas y cualitativas (Vasilachis, 1992), con una predominancia de las segundas. Antes de abocarnos a la descripción pormenorizada de la estrategia del estudio de caso, así como de las técnicas y las fuentes utilizadas, presentamos y justificamos la selección de los dos casos de estudio que aborda la tesis: una empresa recuperada y una cooperativa del Programa Argentina Trabaja.

En primer lugar, resulta necesario señalar los criterios que guiaron el recorte espacio-temporal de la tesis. Esta analiza la conflictividad de trabajo en cooperativas del Área Metropolitana de Buenos Aires durante el período 2003-2015. En cuanto al recorte espacial, en el AMBA se concentran la mitad de las empresas recuperadas existentes (Programa Facultad Abierta, 2014) y el Gran Buenos Aires constituye el espacio geográfico prioritario al que se dirige el PAT. Asimismo, cabe resaltar que constituye una región de alta relevancia en el estudio de la conflictividad social dada su centralidad en los procesos políticos argentinos.

En su dimensión temporal, la conflictividad de trabajo se analiza en el período 2003-2015, respondiendo a un criterio anclado en los procesos políticos (Tarrow, 1999). Este período se caracteriza por el desarrollo de una política reformista por parte del Gobierno nacional que establece, en diversos ámbitos, puntos de ruptura con las tendencias regresivas del período previo (Danani y Hintze, 2011). Principalmente resulta de interés para esta investigación la política de promoción del cooperativismo de trabajo que ha tenido lugar durante dicho ciclo y el consecuente incremento de cooperativas de trabajo (Hopp, 2013b; Rebón y Kasparian, 2015; Vuotto, 2011). De este modo, ambas cooperativas se localizan en el AMBA y surgieron durante el mencionado período.

La empresa recuperada seleccionada se conformó en el año 2003 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una empresa mediana del sector servicios, con una proporción relativamente igualitaria de varones y mujeres que representan de forma predominante a la clase trabajadora tradicional, con una heterogeneidad de trayectorias laborales. La cooperativa comercializa sus servicios en el mercado y los ingresos de los trabajadores provienen de esa fuente. Por su parte, la cooperativa de trabajo enmarcada en el Programa Argentina Trabaja se conformó en el año 2010, en el conurbano bonaerense. De pequeño tamaño, la cooperativa se inserta en el sector de servicios y se compone principalmente de mujeres con trayectorias laborales homogéneas, caracterizadas por la precariedad y la inestabilidad. Por su desempeño en la cooperativa, los trabajadores solo perciben los ingresos provenientes del subsidio que otorga la política pública.

En esta investigación la representatividad de los casos seleccionados no se ciñe a un criterio estadístico en el cual aquellos representan estadísticamente algún tipo de cooperativa. Siguiendo las sugerencias de la literatura sobre estudio de caso (Cipriani, 2013; Neiman y Quaranta, 2006), se buscó que los casos seleccionados respeten una representatividad temática y conceptual, captando aspectos, atributos y temáticas que consideramos cruciales para el análisis de la conflictividad de trabajo. Además, tomamos en consideración la advertencia que realiza Stake (1994) respecto a la selección de los casos para la investigación social: el criterio más importante debe ser elegir aquellos casos que nos permitan aprender más. Por este motivo, sugiere elegir casos que ofrezcan variedad respecto de los atributos y las temáticas, y que a la vez ofrezcan las mejores posibilidades de aprender. Por último, en tanto la tesis posee un enfoque comparativo de análisis, el potencial de aprendizaje implica necesariamente estar atentos a las potencialidades que aportan los casos al análisis comparativo. En este sentido, para poder ser comparados, los casos deben presentar tanto variables similares que permanezcan constantes, como variables disímiles cuyo contraste resulte interesante (Lijphart, 1971).

Así, a partir de la definición de atributos, categorías y temáticas relevantes, de la consideración del potencial comparativo y de aprendizaje que proporcionan los casos y de las condiciones de accesibilidad que siempre condicionan el proceso investigativo, seleccionamos los referentes empíricos de la investigación. A continuación, explicitamos los tres criterios que orientaron nuestra selección.

Considerando la centralidad de las sociogénesis de los procesos en la configuración de las características socioproductivas de las cooperativas y, tal como mencionamos anteriormente, la necesidad de que los casos sean en cierto sentido similares para aplicar el enfoque comparativo, un primer criterio de selección reposa en controlar dos variables de dicha dimensión a partir de la selección de dos casos de estudio: 1) que presentan orígenes con altos grados de conflictividad; y 2) que se insertan en movimientos sociales. Sobre esta base común

resulta posible analizar las variaciones en las características socioproductivas y en los conflictos de trabajo en las cooperativas, producto de las diferentes propiedades de los movimientos sociales en los que se insertan y de las diversas configuraciones de la dimensión contenciosa de las sociogénesis.

En el caso de la empresa recuperada, esta se nucleó desde sus inicios en organizaciones de empresas recuperadas, y su origen es conflictivo en tanto la recuperación requirió la ocupación del establecimiento productivo y una lucha pronunciada por la tenencia del inmueble. En el caso de la cooperativa del PAT, se inserta en un Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) y el ingreso al Programa y la conformación de la cooperativa requirieron de la participación en acciones colectivas de protesta que incluso llegaron a ser respondidas con represión policial. Ahora bien, cabe aclarar que esta selección también impone limitaciones a la tesis. Por ejemplo, poco podremos decir sobre las cooperativas enmarcadas en el PAT que no se nuclean en una organización social.

Un segundo criterio de selección refiere a la longevidad de las experiencias. Consideramos que la realización de análisis diacrónicos de casos con una larga trayectoria nos permite observar: 1) distintos momentos contextuales y organizacionales de las cooperativas –desde embrionarios hasta más estables o consolidados–, 2) las dinámicas cambiantes de conformación e interacción entre los grupos al interior de las cooperativas, y 3) las resultantes de los conflictos, así como las conexiones entre ellos.

Por este motivo, se seleccionó una empresa recuperada en el año 2003 (la difusión de los procesos de recuperación de empresas tiene lugar a partir de la crisis generalizada de los años 2001-2002) y una cooperativa del Programa Argentina Trabaja conformada en el año 2010 (el Programa Argentina Trabaja surge en la segunda mitad del año 2009). Además, en el caso de la empresa recuperada, se seleccionó un caso que presentara los agrupamientos “socios fundadores-nuevos socios” y en el cual el ingreso de nuevos trabajadores se diera principalmente a través de familiares; ambos elementos señalados como relevantes en la constitución de potenciales conflictos por la literatura revisada (Balbi, 1998; Salgado, 2012). La antigüedad de la experiencia nos permite analizar el comportamiento de estos dos elementos de forma diacrónica. Nuevamente, esta selección plantea limitaciones a la tesis. Por ejemplo, al analizar una empresa recuperada surgida en el año 2003, no podremos indagar la influencia del contexto de institucionalización parcial del proceso de recuperación de empresas –cristalizado en la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras promulgada en el año 2011– en los conflictos en origen de las empresas recuperadas.

Un tercer criterio refiere a la necesidad de contar con casos comparables respecto al grado de estabilidad o regularidad de los procesos de trabajo y de producción. En cuanto al proceso de trabajo, en el caso de las empresas recuperadas, una vez que se superan los primeros momentos de la recuperación, esta variable resulta ser una constante. No ocurre así en las cooperativas enmarcadas en el PAT. Este criterio se fue conformando a medida que avanzaba el trabajo de campo y durante su desarrollo accedimos al conocimiento de múltiples cooperativas enmarcadas en el Programa cuyos procesos de trabajo se veían recurrentemente detenidos, estancados y/o reordenados, quitándole cotidianeidad al trabajo. Consideramos que esto se encuentra en línea con la literatura revisada anteriormente, que señala la dependencia de las cooperativas de los poderes públicos (Hopp, 2013b) y las diversas concepciones de trabajo en los espacios de contraprestación de las organizaciones sociales (Bottaro, 2012).

En este sentido, para poder ser comparados –y tornar factible la investigación, resultó central trabajar con una cooperativa enmarcada en el PAT que tuviera cierta estabilidad y cotidianeidad en el trabajo, y que demostrara mayores grados de autonomía respecto a los aparatos estatales, al menos en comparación con las otras cooperativas abordadas durante el trabajo de campo. En vinculación con esta dimensión, y más allá de que ambas cooperativas poseen procesos de trabajo relativamente estables y regulares, las experiencias seleccionadas tienen estabilizaciones productivas precarias: las relaciones de propiedad, los ingresos de los cooperativistas y las regulaciones del trabajo, entre otros elementos, son cuestiones que no se encuentran fijas y/o consolidadas.

En suma, estos tres criterios de selección combinaron la consideración de temáticas relevantes, el potencial comparativo y la factibilidad de la investigación. Asimismo, su explicitación nos permite clarificar qué aspectos pretende iluminar esta tesis y cuáles quedan por fuera de su análisis. Habiendo presentado los casos, su relevancia y los criterios que justifican su selección, pasemos a señalar algunas especificidades de nuestro abordaje metodológico.

La estrategia de investigación del estudio de caso está dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, se concentra en el conocimiento experiencial y meticuloso del caso y presta detallada atención a la influencia de sus contextos sociales y políticos (Martínez Carazo, 2006; Neiman y Quaranta, 2006; Stake, 2013). En resumidas cuentas, resulta pertinente la elección de la estrategia del estudio de caso dado que esta tiende a focalizar en un número limitado de hechos y fenómenos para poder abordarlos con la profundidad requerida para su comprensión holística y contextual (Martínez Carazo, 2006). De este modo, desde el momento en que formulamos embrionariamente nuestra pregunta de investigación, esta estrategia se evidenció como la más adecuada, en tanto nos permitió acceder a la comprensión meticulosa, profunda y contextual de los conflictos de trabajo en las cooperativas, incluso una vez que estas se establecen o consolidan; momento en el cual su carácter público tiende a mermar y se tornan necesarias inmersiones profundas en casos específicos.

Contrariamente al enfoque tradicional que postulaba que el método de estudio de caso era apropiado solo para investigaciones de carácter exploratorio, numerosos autores han dado cuenta de su potencial para objetivos tanto descriptivos como explicativos (Martínez Carazo, 2006). En respuesta a las posturas que enfatizan las limitaciones para la generalización de que adolecen los estudios de caso, se ha afirmado que esta estrategia permite la “generalización analítica”, es decir, extender los resultados de las investigaciones de los casos hacia fenómenos de similares condiciones y/o niveles más generales de teoría, así como ilustrar teorías o elaborar especificaciones “locales” de ellas (Martínez Carazo, 2006; Neiman y Quaranta, 2006; Yin, 2003).

Por un lado, nuestra estrategia de estudio de caso es instrumental porque no se analiza el caso individual por su interés intrínseco, sino que este es de interés secundario; sirve a un objetivo ulterior referente a la comprensión de un problema más amplio (Neiman y Quaranta, 2006): el fenómeno de la conflictividad en el trabajo en cooperativas de trabajo. Retomando a Fonseca (1999), postulamos que “cada caso no es un caso”. La investigación en ciencias sociales a partir de metodologías cualitativas observa y analiza casos empíricos particulares para arribar a conclusiones con cierto grado de generalización. Es por esto por lo que los casos son clasificados en términos sociológicos e históricos, colocando el foco sobre la dimensión social de los procesos de modo de elaborar sistemas que transciendan el caso individual (Fonseca, 1999). Del caso a lo social, de lo particular a lo general, de este modo se construyen las generalizaciones.

En relación con esto, optamos por mantener el anonimato de los casos, las organizaciones sociales específicas en las que se enmarcan, los informantes y las locaciones geográficas específicas (calles y direcciones), aunque sin perder su ubicación contextual, histórica y sociológica. Al respecto, Fonseca (2007) señala que, aunque el uso de nombres ficticios no garantiza el anonimato de los informantes, es la manera en que el investigador asume su responsabilidad autoral vis a vis de las personas que colaboran en la investigación e intenta evitar represalias o la pérdida de eficacia de tácticas y estrategias de los actores sociales entrevistados y observados. En este sentido, dado que la tesis analiza procesos y relaciones sociales, y no personas o casos por su interés intrínseco, los nombres propios no resultan datos relevantes. Sumado a esto, pretendemos que esta tesis aporte al campo de la investigación social, sin intervenir en otros campos, como el judicial, en donde los dichos de los entrevistados o mis palabras y análisis puedan ser utilizados para perjudicar a las personas o a los casos que ofician de referentes empíricos de la tesis.

Por otro lado, es un estudio de caso múltiple, es decir, resulta de la suma de estudios de casos (Stake, 2013) y, por lo tanto, nos permite realizar una “generalización analítica” a partir de predecir resultados contrastantes por razones predecibles y explicitadas, construyendo una replicación “teórica” (Neiman y Quaranta, 2006). En esta línea, nuestro estudio de caso busca construir una replicación “teórica” a partir de un enfoque comparativo de análisis de los casos. Este enfoque describe similitudes y diferencias y se encuentra “orientado a la explicación de fenómenos y procesos específicos a partir del conocimiento de la existencia de vínculos (probables, más que necesarios) entre los distintos factores relevantes que configuran los fenómenos” (Valdueco, 2012: párr.6).

Si bien nuestra estrategia metodológica se basa principalmente en el estudio de caso, para abordar una de las dimensiones del primer objetivo específico –caracterizar la sociogénesis y el desarrollo de los procesos de conformación de cooperativas a partir de la recuperación de empresas y en el marco del Programa Argentina Trabaja– nos posicionamos en una escala nacional. Esto quiere decir que no nos centramos en los casos presentados anteriormente, sino en los procesos sociales en los que estos se insertan, rebasando el nivel del AMBA.

A partir de metodologías cualitativas y cuantitativas, y de una variedad de fuentes y técnicas, describimos las sociogénesis y el desarrollo de ambos procesos en la Argentina reciente. Para esto, realizamos una reconstrucción a partir del relevamiento y la sistematización de bibliografía sobre la temática; del análisis documental de informes y documentos elaborados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de informes y declaraciones de organizaciones internacionales del sector del cooperativismo de trabajo, de documentos y páginas web de organizaciones sociales; y del relevamiento y la sistematización de políticas públicas, normativa y legislación referente al cooperativismo de trabajo a nivel subnacional (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y nacional. Además, se realizaron entrevistas a una autoridad de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA) y a un referente del movimiento de empresas recuperadas.

Sumado a esto, para abordar algunas dimensiones específicas acerca de la sociogénesis y el desarrollo de los procesos de conformación de cooperativas a partir de la recuperación de empresas y en el marco del Programa Argentina Trabaja fue necesario recurrir a técnicas y fuentes complementarias que detallamos a continuación.

Para el análisis de la magnitud de los procesos, orientado a conocer la cantidad y evolución de los dos tipos de cooperativas de trabajo bajo análisis, junto con datos de la rama de sector de actividad, cantidad de trabajadores, y distribución geográfica, se recurrió a las siguientes fuentes. En primer lugar, se acudió al padrón de cooperativas matriculadas hacia mediados del año 2012 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para obtener datos sobre las cooperativas de trabajo en general[12]. En segundo lugar, se accedió a los relevamientos de empresas recuperadas realizados por el Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (2005, 2010, 2014, 2016), para recabar datos sobre estas empresas[13]. Por último, se consultaron los datos publicados en los informes de la Contaduría General del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, las Memorias Detalladas del Estado de la Nación, y demás informes y documentación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para obtener datos sobre las cooperativas enmarcadas en políticas públicas en general, y en el Programa Argentina Trabaja en particular.

Tal como mencionamos, el carácter contencioso de las sociogénesis de ambos procesos resulta central para esta tesis. Para abordar esta dimensión contenciosa –y pública–recurrimos a fuentes y técnicas diferenciadas para cada tipo de cooperativa.

Para el análisis del proceso contencioso en torno a la conformación de cooperativas enmarcadas en el PAT, recurrimos a un catálogo de acciones colectivas en torno al PAT protagonizadas por organizaciones de trabajadores desocupados. Este fue elaborado a partir de noticias publicadas en el repositorio digital de la edición impresa del diario Clarín, entre el 1° de septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2012. El diario fue seleccionado por tratarse de un medio gráfico de alcance nacional y sobre la base de una evaluación de la calidad y cantidad de los registros que proveía.

A los fines de robustecer la fiabilidad de esta fuente de datos, los registros aportados por dicho diario fueron constados y complementados –en caso de que fuera necesario– a partir de búsquedas específicas realizadas en Google Noticias y de la revisión de las cronologías de la conflictividad social del Observatorio Social de América Latina (OSAL) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). El recorte temporal se efectuó sobre la base de la observación de que hacia mediados de 2012 ya se habían definido las principales características del Programa Argentina Trabaja y había tenido lugar el mayor caudal de ingresos de beneficiarios.

La confección de esta base fue una tarea colectiva realizada durante los años 2012 y 2013, en el marco del Proyecto de Investigación Plurianual del CONICET Trabajo, redes territoriales y acción piquetera. El impacto del Plan Argentina Trabaja en un movimiento de trabajadores desocupados del Gran Buenos Aires, coordinado por María Maneiro. En un primer momento se registraron la totalidad de las noticias que referían al Programa Argentina Trabaja[14]. En un segundo momento, se seleccionaron todas las noticias que refirieran a organizaciones sociales de desocupados realizando acciones de protesta en demanda de diversas cuestiones en torno al Programa Argentina Trabaja, dejando de lado las notas de opinión o las noticias referentes a eventos contextuales a las acciones de las organizaciones. Así quedo confeccionada la base específica de acciones colectivas con una totalidad de 307 registros. Para cada acción se registró: fecha y lugar de ocurrencia, formato, densidad[15], sujeto/s y cantidad de participantes, demanda/s explícita/s, destinatario/s, duración, aliado/s y resultado/s. Luego del procesamiento de los datos se realizó un análisis multivariado que nos permitió captar las tendencias, demandas y formas de las acciones de lucha de las organizaciones sociales a raíz del lanzamiento del PAT.

Para el análisis de las acciones colectivas en torno a la recuperación de empresas no fue posible elaborar una base de datos semejante debido al bajo registro de este tipo de acciones por parte de los medios de comunicación. Las acciones colectivas en torno a los procesos de recuperación de empresas suelen poseer un bajo nivel disruptivo en el espacio público, en tanto no suelen desplegar grandes concentraciones de manifestantes que logren alterar el orden y/ o el tránsito en las vías de comunicación. Por este motivo, la prensa no suele registrarlos de manera sistemática.

Cabe aclarar que además del bajo registro, las organizaciones de empresas recuperadas suelen recurrir menos que las organizaciones de trabajadores desocupados a las acciones colectivas de carácter público como modo de instalar sus demandas. Por este motivo, se realizó una búsqueda sistemática de noticias referentes a las acciones colectivas de empresas recuperadas en los repositorios digitales de dos agencias alternativas de noticias que tienden a registrar este tipo de hechos: la Agencia de Noticas Redacción (ANRed) y el Centro de Medios Independientes Indymedia Argentina. Con base en las noticias relevadas, realizamos un análisis cualitativo de contenido e identificamos las acciones de mayor magnitud y relevancia durante el período bajo estudio. Estas fueron descriptas narrativamente a partir de los siguientes campos: fecha y lugar de ocurrencia, formato, sujeto/s y cantidad de participantes, demanda/s explícita/s, destinatario/s, duración, aliado/s y resultado/s.

Esta etapa de la investigación nos permitió elaborar una exhaustiva caracterización de la sociogénesis y el desarrollo de los procesos de conformación de cooperativas a partir de la recuperación de empresas y en el marco del Programa Argentina Trabaja. Asimismo, resultó fundamental para avanzar en la definición de los criterios presentados anteriormente para la selección de los referentes empíricos. En investigaciones de corte cualitativo el investigador escoge primero su “terreno” y después avanza en la comprensión de su representatividad (Fonseca, 1999). En este sentido, fue necesario avanzar en el trabajo de campo de modo de comprender la representatividad propia del universo abordado desde el recorte de nuestro planteo del problema. Las tareas implementadas en esta etapa nos permitieron identificar las formas sociales múltiples de producción que contiene la forma jurídica cooperativa de trabajo en la Argentina reciente y caracterizar el universo en términos de su heterogeneidad.

Para avanzar en la caracterización socioproductiva de las cooperativas (segunda dimensión del primer objetivo específico), así como para identificar los principales clivajes y divisorias de conformación de agrupamientos y caracterizar conflictos en el trabajo (segundo objetivo específico), resultó necesario modificar la escala de análisis e implementar la estrategia del estudio de caso.

Para el trabajo a partir de los estudios de caso, se recurrió principalmente a la técnica de la entrevista en profundidad con guías semiestructuradas y a la observación participante. Se realizaron un total de 34 entrevistas a miembros de las cooperativas y a informantes clave (dirigentes y referentes sociales, funcionarios públicos): 19 entrevistas para el caso de la empresa recuperada, realizadas entre los años 2006 y 2017; y 15 entrevistas para el caso de la cooperativa enmarcada en el PAT, efectuadas entre los años 2009 y 2016. La validación de los datos generados por las entrevistas y la definición de su cantidad se realizó a partir de la saturación de los datos, esto es, atendiendo a que las mismas informaciones aportadas por un actor se repitieran en los discursos de otros actores hasta llegar al punto en que una nueva entrevista no aportara más elementos a lo ya relevado (Marradi, Archentti y Piovani, 2007). Cabe mencionar que algunas de las entrevistas del caso de la empresa recuperada fueron realizadas en el marco del Proyecto de fortalecimiento socioinstitucional para empresas recuperadas (Voluntariado Universitario, convocatoria 2010), coordinado por Julián Rebón, y de otros proyectos oportunamente citados en las referencias finales de la tesis. En el caso de la cooperativa del PAT, la gran mayoría de las entrevistas fueron realizadas en el marco del Proyecto de Investigación Plurianual Trabajo, redes territoriales y acción piquetera. El impacto del Plan “Argentina Trabaja” (PAT) en un movimiento de trabajadores desocupados del Gran Buenos Aires (CONICET, programación 2012-2014), coordinado por María Maneiro.

Optamos por adicionar a la técnica de la entrevista, la observación participante, ya que nos permite acceder a un fragmento de la realidad social que excede lo expresado por los entrevistados. Entre la “observación” y la “participación” nos situamos más cerca de la observación (Guber, 2011): durante el trabajo de campo tomamos parte en actividades de manera ocasional y prevaleció el carácter de observador externo. Las observaciones se desarrollaron entre los años 2011 y 2016 tanto en el lugar de trabajo, observando las actividades cotidianas y las rutinas que implica el trabajo en las cooperativas, como en otros espacios que determinó el curso de la investigación y que resultaron pertinentes a su objetivo (movilizaciones, actos y manifestaciones en la vía pública, actividades sociales y/o políticas organizadas por las cooperativas o las organizaciones sociales de las que forman parte, reuniones de las organizaciones sociales). En las primeras visitas prevaleció “una mirada general y amplia”, desplegando una “atención flotante” a partir de la cual se pudo desarrollar una mirada focalizada (Ameigeiras, 2006) en las situaciones y/o procesos conflictivos; aspectos de interés para la presente investigación. Los datos producidos con esta técnica fueron registrados en cuadernos de campo. Las notas de las observaciones se componen de registros descriptivos, así como de elementos analíticos o interrogantes surgidos durante su desarrollo. Generalmente, los registros se realizaron inmediatamente después de las observaciones. A lo largo de la tesis, tanto extractos de anotaciones como de conversaciones mantenidas durante las observaciones serán transcriptas y citadas.

Asimismo, se aplicaron breves entrevistas semiestructuradas a los trabajadores de los casos bajo estudio. A partir del procesamiento de los datos se construyó el perfil del plantel de trabajadores de cada cooperativa. El cuestionario contiene baterías de preguntas referentes a las siguientes dimensiones: 1) características sociodemográficas, 2) trayectorias laborales y de percepción de subsidios provenientes de programas sociales, 3) participación política y comunitaria, 4) orientación político-ideológica. Las entrevistas en la empresa recuperada se realizaron en el año 2011 en el marco del Proyecto UBACyT La cultura de la recuperación de empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso y el trabajo estuvo coordinado por Rodrigo Salgado. La encuesta en la cooperativa enmarcada en el PAT se realizó en el año 2016 en el marco del trabajo de campo de la presente tesis. Mayores especificaciones sobre estos relevamientos serán otorgadas en los capítulos en que los utilicemos.

Para ampliar el canon de la comparación y enriquecer nuestro esquema también se relevó literatura sobre la temática que ofició de fuente primaria, en tanto pusimos a dialogar nuestras observaciones con aquellas de otras investigaciones basadas en estudios de caso. Por último, se recurrió al análisis documental de fuentes primarias (fotografías tomadas durante el trabajo de campo) y secundarias: documentos de las cooperativas (estatutos, reglamentos internos y organigramas), registros audiovisuales (documentales sobre las experiencias) y artículos periodísticos.

A partir de estas técnicas de investigación, se identificaron las relaciones sociales de producción y los atributos de los trabajadores (caracterización socioproductiva). Se recurrió centralmente al esquema propuesto por Wright (2010, 2015) para el análisis de unidades productivas presentado en el apartado de estrategia teórica. Asimismo, se caracterizaron los principales clivajes y divisorias de conformación de agrupamientos, oposiciones y antagonismos, así como su expresión en conflictos de trabajo (segundo objetivo específico). Para esto, a partir de las diversas técnicas mencionadas, se recabó información sobre la historia de la cooperativa y sus hitos conflictivos, junto con las percepciones de los trabajadores sobre estos.

De cara a la identificación de los principales clivajes y divisorias se exploraron elementos tales como: formas y mecanismos de ingreso y de incorporación de nuevos trabajadores; modalidades, mecanismos y criterios distributivos; formas de organización del trabajo; y relaciones de propiedad. Resulta interesante reparar en que, por un lado, se identifican agrupamientos organizacionales estructurados por las relaciones sociales de producción, pero por el otro, estos pueden no operar en la cotidianidad de las cooperativas, es decir, no ser identificados como tales por los actores sociales. A partir de esto, marcamos la diferencia entre las categorías analíticas con las que abordamos el objeto de estudio y las categorías sociales que operan en el plano de la realidad social.

En el caso de los conflictos identificados, se reconstruyeron narrativamente. Interesó captar la secuencia de acciones e interacciones en la cual el conflicto se insertó, las motivaciones, demandas y características de los actores intervinientes y sus relaciones, los clivajes y divisorias sociales activados, la temporalidad, la espacialidad y las formas de los acontecimientos, y el procesamiento de los conflictos y sus resultantes. De este modo, la metodología de estudio de caso posibilitó la reconstrucción diacrónica de los casos seleccionados y de sus conflictos de trabajo. Finalmente, a partir del método comparativo, esto es, colocando la atención en el establecimiento de diferencias y similitudes y en el trazado de conexiones probables entre los factores, se buscó delinear patrones de conflictividad de trabajo que vinculen los tipos de cooperativa con los agrupamientos y conflictos de trabajo analizados.

IV. Plan de exposición

El desarrollo de la tesis propone un recorrido que parte de los procesos globales para luego, a partir de la estrategia del estudio de caso, analizar conflictos de trabajo en cooperativas. En este sentido, los primeros dos capítulos se orientan a describir la sociogénesis y el desarrollo de las dos formas principales de cooperativismo de trabajo en el siglo xxi. El capítulo 1, titulado “El proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores”, lo dedicamos al proceso de conformación de cooperativas de trabajo a partir de la recuperación de empresas; y el capítulo 2, denominado “El proceso de conformación de cooperativas del Programa Argentina Trabaja”, a la constitución de cooperativas en el marco de políticas públicas. Ambas formas de cooperativismo se caracterizan por poseer sociogénesis con altos grados de conflictividad, anclados en demandas y reivindicaciones en torno al trabajo. Sostenemos que este elemento se constituye en un basamento fundamental sobre el que se construyen las características socioproductivas de las cooperativas.

El capítulo 3 “Los conflictos constituyentes” tiene como objetivo analizar los conflictos en el origen de nuestros dos casos de estudio, estableciendo un diálogo con la escala global aportada en los capítulos anteriores. Sumado a esto, en el caso de la empresa recuperada, advertimos que la extensión de la indefinición de la cuestión de la tenencia del inmueble –propia de los primeros momentos de la recuperación– implica que el conflicto continúa, en cierta medida, abierto aún luego de la estabilización económico-productiva de la cooperativa. En el caso de la cooperativa del Programa Argentina Trabaja, el análisis del conflicto constituyente nos permite matizar el carácter “inducido” atribuido a estas experiencias (Vuotto, 2011).

En los capítulos 4 y 5 nos sumergimos en la caracterización socioproductiva de ambas cooperativas de trabajo, lo que implica tanto el análisis de las relaciones sociales de producción como de los atributos de los trabajadores que componen cada cooperativa. En el capítulo 4 “Caracterización socioproductiva de la empresa recuperada” sostenemos que la empresa recuperada conforma una forma de producción autoadministrada de los trabajadores, a partir de la interpenetración de elementos de los modos de producción socialista y capitalista, con un predominio del poder social en la producción. A partir de aquí identificamos una multiplicidad de clivajes y divisorias de constitución de agrupamientos y potenciales conflictos.

En el capítulo 5 “Caracterización socioproductiva de la cooperativa del Programa Argentina Trabaja” afirmamos que la cooperativa del Programa Argentina Trabaja constituye una forma social híbrida en la cual el modo de producción estatista es dominante y subordina la producción autoadministrada de los trabajadores. Luego, presentamos los clivajes y potenciales agrupamientos en confrontación que esta forma social de producción configura.

En el capítulo 6, titulado “Los conflictos en las unidades productivas una vez establecidas” analizamos los conflictos de trabajo en la empresa recuperada y en la cooperativa del Programa Argentina Trabaja una vez que se encuentran constituidas y en funcionamiento. Establecemos vinculaciones entre estos conflictos, las contiendas constituyentes y las características socioproductivas de las cooperativas, colocando especial interés en identificar los clivajes, divisorias y oposiciones estructurales que se activan en las disputas. En el caso de la empresa recuperada, analizamos dos conflictos en el trabajo en torno a la conducción de la cooperativa y las regulaciones del trabajo. En el caso de la cooperativa del Programa Argentina Trabaja, indagamos en dos conflictos de trabajo en torno a la definición de la actividad y el propósito de la producción.

En las conclusiones se retoman los principales hallazgos de cada capítulo de forma articulada, y a la luz de nuestra pregunta de investigación. Por último, formulamos nuevos interrogantes y proponemos posibles líneas futuras de investigación.


  1. La no discriminación mediante el lenguaje en las producciones académicas es una preocupación de la autora. Sin embargo, por desconocimiento y ausencia de reglamentaciones institucionales al momento de la escritura de la tesis entre los años 2016 y 2017, esta fue elaborada con el genérico masculino. En la actualidad, a partir de una resolución aprobada en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en julio de 2019 (Nº 1558) se reconoció el lenguaje inclusivo, en cualquiera de sus modalidades, como recurso válido en las producciones realizadas por estudiantes de grado y posgrado de la Facultad.
  2. Este libro se basa en la investigación doctoral que realicé en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires entre los años 2012 y 2017. La tesis fue defendida y aprobada en octubre de 2017. Una serie de artículos con avances parciales o recortes temáticos fueron publicados: Kasparian, D. Las formas de organización y asociación de los trabajadores de empresas recuperadas en la Argentina (2000-2015). Século xxi – Revista de Ciências Sociais (en prensa). Kasparian, D. (2019). Los patrones de la conflictividad en empresas sin patrón. El caso de las cooperativas de trabajo en la Argentina reciente. Estudios del Trabajo, Nº 57. Kasparian, D. (2019). Promoción estatal del cooperativismo de trabajo y formas socioproductivas emergentes. Contribuciones en clave emancipatoria a partir de un estudio de caso del Programa Argentina Trabaja. RevIISE – Revista de Ciencias Sociales y Humanas, Nº 13, 211-225. Kasparian, D. (2017). Pruebas de imprenta: Lucha ¿sin patrón? Un estudio sobre la configuración de la conflictividad de trabajo en empresas recuperadas y cooperativas del Programa Argentina Trabaja, 2017, 336 p. Sociología del Trabajo, nueva época, N° 91, 107-123. Kasparian, D. (2017). De la “inducción” a la “cooperativa sin punteros”. El conflicto constituyente de una cooperativa del Programa Argentina Trabaja. Argumentos. Revista de crítica social, N° 19, 112-140. Kasparian, D. (2017). Conflictividad en el trabajo y clivajes sociales en una empresa recuperada de la Ciudad de Buenos Aires. Revista Idelcoop, N° 223, 110-124. Rebón, J.; Kasparian, D. y Hernández, C. (2016). The social legitimacy of recuperated enterprises in Argentina. Socialism & Democracy, Vol. 30, N° 3, 37-54. Rebón, J. y Kasparian, D. (2015). La valoración social de las cooperativas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Una aproximación a partir de la investigación por encuesta. CAYAPA: Revista Venezolana de Economía Social, Año 15, Nº 29, 11-37. Rebón, J.; Kasparian, D. y Hernández, C. (2015). La economía moral del trabajo. La legitimidad social de las empresas recuperadas. Trabajo y Sociedad, Nº 25, 173-194. Kasparian, D. (2014). Protección social y políticas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado en la Argentina (2003-2013): el Programa Argentina Trabaja. Obets, Revista de Ciencias Sociales, Vol. 9 (2), 303-332.
  3. La definición de cooperativa se desprende de la Declaración de Identidad Cooperativa adoptada por la II Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional realizada en 1995, e incluida en la Recomendación 193/02 de la OIT sobre la Promoción de las Cooperativas. Esta declaración es retomada, en su página web, por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo encargado de legislar, controlar y promover la economía social con respecto a cooperativas y mutuales en la Argentina (www.inaes.gob.ar). Además, una definición similar puede encontrarse en el artículo 2° de la Ley de Cooperativas 20337, sancionada en el año 1973.
  4. La definición de cooperativa de trabajo proviene de la Declaración Mundial sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado aprobada por la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional en 2005. Además, es retomada por el INAES.
  5. Los autores (Etchemendy y Collier, 2008) identifican un resurgimiento de los sindicatos en Argentina que se manifiesta en la reanudación de las huelgas y las negociaciones colectivas. Así, la recuperación de la capacidad para la movilización y la confrontación por parte de las organizaciones de trabajadores es uno de los aspectos del resurgimiento sindical. Señalan cuatro factores en este resurgimiento: el crecimiento del empleo, la estrategia política de construcción de coaliciones del gobierno durante el periodo (2003-2008), la naturaleza del giro hacia nuevos sectores económicos durante el neoliberalismo, y el grado del cambio en el poder asociativo de los sindicatos.
  6. Otras de las nociones difundidas son: economía del trabajo, economía para la vida, economía social y solidaria. Existen amplios desarrollos de cada una de estas acepciones. A modo ilustrativo, Quijano (2011) plantea que existen dos vertientes: la economía solidaria, cuya institución central es la cooperativa y su “alternatividad” estaría dada por el posicionamiento ideológico y político de sus integrantes en contraposición al capitalismo; y la economía popular, conformada por experiencias con anclaje cotidiano en la comunidad y en donde adquiere centralidad la reciprocidad.
  7. A lo largo del libro, utilizaremos las comillas tanto para referirnos a conceptos e introducir citas textuales de textos académicos y fragmentos de entrevistas, como para referirnos a categorías nativas.
  8. Me refiero concretamente al Taller de Investigación sobre Cambio Social de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y al Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas (OSERA) del Instituto de Investigaciones Gino Germani.
  9. Esta encuesta se realizó en el marco del proyecto UBACyT La cultura de la recuperación de empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso, coordinado por Julián Rebón, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Economía Social en América Latina. Se trabajó con un diseño muestralpolietápico, estratificado y probabilístico. El objetivo central de dicha encuesta fue relevar percepciones y valoraciones sobre formas económicas alternativas. La muestra fue de 599 casos con un margen de error ±4%.
  10. Un eje de conflictividad refiere a los actores en pugna, las formas de acción y los motivos de la contienda, así como las demandas planteadas.
  11. Cabe aclarar que la primera publicación del texto de Wright incluido en la compilación del año 2010 data del año 1979 y, tal como el autor se encarga de aclarar, se encuentra marcado por el contexto intelectual y político de la época.
  12. Cabe realizar una aclaración respecto a las limitaciones que los datos disponibles imponen a la posibilidad de dimensionar de forma precisa la cantidad de cooperativas y su expansión. El padrón histórico de cooperativas que confecciona y actualiza periódicamente el INAES brinda información acerca de la cantidad de cooperativas activas. No obstante, los datos que proporciona sobredimensionan la magnitud del cooperativismo, tanto por limitaciones del organismo en su rol fiscalizador, como por la no formalización de la inactividad o disolución de las cooperativas de trabajo. Esta dificultad se evidencia al comparar los datos que arrojaba el padrón hacia los años 2005-2006 con los últimos datos estadísticos disponibles correspondientes al Reempadronamiento Nacional de Cooperativas y Mutuales (2005-2006) realizado también por el INAES, el cual consignaba la existencia de menos de la mitad de las cooperativas listadas en el padrón histórico.
  13. Los datos del Programa Facultad Abierta son los únicos existentes a nivel nacional. No obstante, poseen limitaciones relacionadas a problemas de subregistro y a cambios realizados entre cada uno de los relevamientos que dificultan las posibilidades de analizar diacrónicamente el proceso de recuperación de empresas.
  14. Como motor de búsqueda se utilizaron las palabras: “Argentina Trabaja”, “Plan/es social/es”, “Cooperativa/s”, “Piquete/s”, “Piquetero/s” y “Acampe”.
  15. La unidad de registro de la base fue doble. Por un lado, se registraron acciones y, por el otro, hechos, de modo de aproximarnos a la densidad de las acciones en términos espaciales y temporales. Mientras que la acción remite a cada uno de los eventos contenciosos producidos por los sujetos, el hecho da cuenta de “la configuración de acciones que se producen bajo un mismo recurso organizativo, pudiendo comprender acciones dislocadas territorial o temporalmente […], a estos llamamos hechos múltiples.” (Maneiro, 2015: 152). No obstante, en nuestro análisis trabajamos únicamente con las acciones.


Deja un comentario