Usos y abusos de la economía antigua para entender la crisis inflacionaria argentina

Juan Cruz López Rasch y Nicolás Delsol Bocasso

1. Introducción

En diferentes ocasiones, representantes del arco político argentino manifiestan sus dudas frente a lo que consideran el desarrollo de estudios que no tienen ningún tipo de utilidad práctica o que, en el mejor de los casos, son insignificantes. En concreto, en la mayoría de las oportunidades, el blanco predilecto de estas diatribas son las ciencias humanas, en general, y los estudios de sociedades antiguas y medievales, en particular. Consideremos un ejemplo. El entonces ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la nación argentina, Lino Barañao, ofreció una entrevista en el año 2017 a la Revista Noticias. En dicha ocasión, el funcionario manifestó sus dudas sobre el lugar que ocupan los medievalistas en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). A partir de ahí, sus expresiones han sido extrapolables a cualquier tipo de análisis histórico que no competa a la historia argentina contemporánea o que, en sus propios términos, no tenga una relación directa e inmediata con la coyuntura actual^[1]. Es interesante advertir, además, que este experimentado político y prestigioso doctor en Química ocupó el principal cargo de la cartera científica desde el año 2007 hasta el 2018, es decir, a lo largo de las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y durante casi todo el mandato de Mauricio Macri. Su permanencia revela que, en el fondo, distintas fuerzas políticas comparten ese tipo de prejuicios^[2]. Se trata, entonces, de una cuestión que va más allá de lo partidario^[3].

En el último tiempo, el número de ataques hacia las ciencias sociales, propiciado por personalidades con un enorme capital político, ha experimentado un aumento considerable^[4]. No obstante, esas mismas personas, o quienes adhieren a sus postulados, recurren en diferentes oportunidades a ejemplos históricos para tratar de justificar sus puntos de vista, sus decisiones o, incluso, el modo en que diagnostican las problemáticas que aquejan a la Argentina. En este capítulo se realiza un abordaje de cómo y por qué, en algunos medios de comunicación, se evocan diferentes transformaciones económicas ocurridas durante el período bajoimperial romano. En especial, se analiza el modo en que los procesos inflacionarios de la República Argentina son interpretados a la luz de la experiencia histórica de los siglos III y IV^[5]. El examen revela cómo se llevan adelante una serie de lecturas anacrónicas cuya razón de ser es elaborar un relato que se corresponda con determinadas propuestas de política económica. Por eso, nos detendremos en las opiniones vertidas por personas que adhieren a los postulados del neoliberalismo. Entendemos este concepto desde un punto de vista amplio, como el que proponen Bonanno et al. (2016, pp. 45-48), quienes consideran que en ese tipo de doctrina operan los siguientes principios:

• El Estado es concebido como una organización política cuyo principal objetivo debe ser crear mercados y garantizar su funcionamiento, sin importar, en muchos casos, los medios para lograrlo^[6].
• El mercado es entendido como un fenómeno natural, que habilita la creación del verdadero valor de las mercancías y, por lo tanto, es infalible y aplicable a cualquier tipo de comportamiento social.
• Cada persona porta un determinado capital, motivo por el que debe invertir en sí misma, convirtiéndose en el único responsable de su éxito o de su fracaso.
• El mercado se define por la competencia, no por el intercambio (como proponen los clásicos), lo que implica la existencia de ganadores y perdedores. El correlato de este planteo es que la presencia de monopolios u oligopolios, salvo casos excepcionales, no se percibe de manera negativa^[7].

Antes de continuar, es oportuna una aclaración. El lector podrá observar que, en este capítulo, se alude a quienes desarrollan interpretaciones amparadas tanto en la Escuela de Chicago como en el paradigma neoaustríaco. A decir verdad, entre las dos perspectivas existen considerables diferencias. No obstante, hay que tener presente que, en América Latina, la penetración de la agenda neoliberal se produce mediatizada por los aportes de Friedman y Friedman (1980/1983), lo cual hace que planteos muy disímiles al del propio monetarismo, como los de von Hayek (1944/2011) o los del anarcocapitalismo, queden englobados bajo una misma categoría. En nuestro país, son las tesis de Friedman (1957, 1968) y Friedman y Friedman (1980/1983) las primeras que se instalan con fuerza en numerosos círculos políticos, intelectuales y empresariales (De Büren, 2020, p. 62). El monetarismo aparece, entonces, como una punta de lanza que habilita la posterior intromisión de otro tipo de planteos neoliberales que, cuando son ejecutados, hacen uso de principios de economía política de variada procedencia, pero que comparten, en lo sustancial, los rasgos indicados por Bonanno et al. (2016).

Podemos dar cuenta entonces de un fenómeno que trasciende los límites nacionales, puesto que se relaciona con la propagación de una forma de concebir la economía política que se irradia hacia diferentes partes del planeta. Claro está que en cada territorio se presentan particularidades. Algunos de los exponentes de la nueva derecha del siglo XXI cuentan con un mayor o menor componente nacionalista, propugnan o no la participación estatal en áreas estratégicas de la economía y pueden estar a favor o en contra de la globalización. Igualmente, exhiben significativos denominadores en común^[8]. Uno de ellos es su fascinación por la antigua Roma^[9] y el modo en que evocan la historia bajoimperial para dar cuenta de las acuciantes preocupaciones, y potenciales respuestas, que presenta una realidad económica sumida en profundos cambios laborales, tecnológicos y socioculturales^[10].

2. La inflación argentina y las reminiscencias del Imperio romano

Aunque el aumento sostenido de precios es una preocupación relativamente recurrente en la historia económica argentina, en los últimos años el tema ha adquirido centralidad en la opinión pública. No es una decisión caprichosa de las agencias de noticias, ni mucho menos. Desde hace varios años, el país experimenta una inflación considerable, en especial si la comparamos con la estabilidad macroeconómica de otras naciones, incluso de Latinoamérica. Entre los años 2003 y 2008, la República Argentina tuvo un crecimiento anual promedio del Producto Bruto Interno (PBI) del 8 %, un aumento del salario real y una reducción del desempleo, de la pobreza y de la indigencia. A pesar de todo, el proceso no estuvo acompañado por una distribución totalmente equitativa de la riqueza. Quienes disponen de ingresos fijos, además, vieron mermada su capacidad de consumo con la evolución de la inflación, la cual registró un incremento promedio del 8,75 % anual (Santarcángelo y Fal, 2010, pp. 56-57). Entre el 2011 y el 2015, estos problemas se agravaron. La contracción del PBI solo fue contrarrestada con el aumento del gasto público. Como resultado de esta y otras políticas públicas, y de variadas dificultades (algunas de índole internacional), los índices de precios al consumidor presentaron un aumento estimado de más del 20 % por año, muy por encima de la tasa mundial, que en ese entonces se encontraba en el 4 % (Kulfas, 2017, pp. 157-158, 180).

El gobierno de la alianza Cambiemos modificó varios aspectos de la política económica kirchnerista, liberó el mercado cambiario, por ejemplo. La situación fue relativamente estable hasta la segunda mitad del mandato de Mauricio Macri. En ese momento se produjeron una serie de turbulencias, corridas bancarias incluidas, que duplicaron la inflación mensual anualizada, puesto que pasó del 25,5 % en 2018 al 53,8 % en 2019 (Zícari, 2023, pp. 102-103). La presidencia de Alberto Fernández significó un punto de quiebre. Numerosas dificultades condicionaron la administración presidencial. Así, a las impericias y desacuerdos dentro del frente gobernante se le sumaron la herencia de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el gobierno anterior, la irrupción de la pandemia del COVID-19^[11], la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania, y una importante sequía que impactó de lleno en la principal fuente de divisas del país. Todo esto llevó a que, entre el 2019 y el 2022, el aumento acumulado de precios mayoristas y minoristas fuera de 297,8 % y 280,2 %, respectivamente.

A fines de 2023, resulta electa una agrupación denominada La Libertad Avanza, la cual está encabezada por un economista que se define a sí mismo como un anarcocapitalista partidario de Rothbard (1963). Es un caso inédito en el mundo. La política económica del actual titular del poder ejecutivo nacional se combina con el recorte selectivo del gasto público, sustentado en un uso discrecional de las asignaciones del Estado nacional a las jurisdicciones provinciales, una suspensión casi total de la obra pública y una voluminosa solicitud de créditos internacionales para mantener controlado el tipo de cambio y evitar el traslado de la suba del dólar estadounidense a los precios internos (pass through). Con esas decisiones, aunque el índice inflacionario se ha reducido, si lo comparamos con los dos últimos años de mandato de Alberto Fernández, se mantiene en un promedio del 6 % mensual^[12]. Las medidas de austeridad, además, tienen consecuencias negativas en términos sociales y productivos^[13].

El número de opiniones vertidas en medios masivos de comunicación de economistas, periodistas y políticos profesionales (o intelectuales vinculados a ellos) en el que se hace alusión a la economía imperial romana es llamativo. La cantidad de casos de este tipo parece incrementarse desde el momento en el cual la escalada de precios adquiere un ritmo vertiginoso, en especial, desde el año 2021. Es curioso, porque las mismas personas que publican esos artículos de divulgación, o las personas relacionadas con ellas, tienen una visión negativa sobre el papel del Estado para financiar investigaciones científicas en el ámbito de las humanidades, dentro del que se inscriben las relativas a la historia antigua. La explicación que podemos ensayar, al menos parcialmente, es que una cosa no contradice la otra. Advertimos en esos textos una forma de abordar la economía imperial romana que, en muchos casos, no hace justicia a todos los avances en el campo académico^[14], pero que actúa con la fuerza de un mito o un cliché y, por lo tanto, fideliza a las audiencias en torno a ciertas visiones de mundo o preconceptos, más allá de que estén superados, perimidos o no coincidan con el marco ideológico de los comunicadores que la emplean.

A partir de lo expresado, queda claro que el estudio de la inflación constituye un aspecto relevante. Su importancia, además, no queda acotada al interés intelectual. El aumento sostenido de precios es uno de los factores de desestabilización política más importantes y explica, en cierta medida, el ascenso de propuestas políticas radicalizadas. Nuestro país atraviesa numerosos problemas desde hace varias décadas, pero su situación se ve agravada por las transformaciones provocadas, directa o indirectamente, por los cambios socioculturales y laborales ocasionados por la pandemia, las vicisitudes de un escenario internacional conflictivo y multipolar, la proliferación de la inteligencia artificial, el estrangulamiento externo y el peso de la deuda externa. Así, la discusión entre el binomio Estado y mercado, y lo que esta relación significa, alcanza una considerable presencia mediática. Muchos, para sostener sus argumentos, acuden a la Antigüedad. No debería sorprendernos el razonamiento. Según Lange (1948), la economía busca justificar sus puntos de vista a través del análisis empírico para establecer el grado de aplicabilidad, o no, de determinados principios o leyes que formula (Dutt, 2017). Dicho esto, tendríamos que reflexionar hasta qué punto lo que sucede en sociedades tan distantes en el tiempo puede corroborar postulados formulados para contextos radicalmente diferentes. Asimismo, deberíamos preguntarnos en qué medida aquellos que confeccionan o replican teorías económicas fuerzan la realidad, en este caso del pasado, para que esta se ajuste a sus modelos o hipótesis.

3. La inflación bajoimperial romana y la economía argentina contemporánea

Una nota del economista Roberto Cachanosky publicada en Infobae durante el año 2023 compara las medidas del que en ese entonces se desempeñaba como ministro de Economía de la República Argentina, Sergio Massa, con las del emperador romano Diocleciano. Considera que, en los dos casos, se trata de líderes populistas que, al hacer uso de la emisión monetaria, son responsables de espirales inflacionarias^[15]. Otro artículo, firmado por el periodista especializado en finanzas Sebastián Catalano, indica que el secretario de Comercio del gobierno del Frente de Todos, Roberto Feletti, recurre a una medida tan antigua como ineficiente para bajar la inflación: la del control de precios. Catalano considera que tanto Diocleciano como el entonces funcionario argentino culpan a los mercaderes por realizar prácticas especulativas^[16].

El periodista Diego Dillenberger publica una nota de opinión en el portal web de la señal Todo Noticias (TN) en la que también alude a este asunto^[17]. Al mencionar las similitudes entre la Argentina del año 2023 y la sociedad romana de fines del siglo III y comienzos del IV, subraya la existencia de la emisión de dinero sin valor intrínseco para solucionar el déficit fiscal. De hecho, argumenta que, así como los romanos desconfían de los emperadores hasta tal punto que renuncian a las monedas creadas por el gobierno y solo aceptan metales preciosos (oro y plata), los argentinos prefieren atesorar dólares antes que pesos. El cruce entre historia romana y economía argentina tiene un momento cumbre en la nota, cuando el autor sostiene que

en la antigua Roma los precios no paraban de subir en denarios para mantener su valor en plata. Esto pasaba hace dos mil años. Cualquier intento del actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof –un fanático “keynesiano” [las comillas se encuentran en la versión original]– por insistir en este asunto de que la emisión descontrolada no genera inflación quedó refutado hace dos siglos. (Dillenberger, 2023)

Así, llega a referirse a “la versión siglo XXI del Edicto de Diocleciano” (Dillenberger, 2023).

Es prudente, en este punto, detenerse en algunos de los sesgos interpretativos que orientan el tratamiento de problemas por demás complejos. Quizás el más evidente es el que asocia la intervención opresiva del Estado con el paradigma keynesiano. Detrás de esa mirada se esconde la perspectiva según la cual, en última instancia, cualquier alternativa al mercado totalmente liberado es sinónimo de colectivismo o de economía planificada al estilo soviético. Son afirmaciones que germinan a partir de los planteos de von Hayek (1989), quien postula que los bancos centrales no deberían existir, puesto que es por culpa de ellos que se generan burbujas especulativas, distorsiones y espirales de precios^[18]. Quienes adhieren a principios de este tipo llegan al punto de afirmar que la Escuela de Chicago –que condena la emisión monetaria cuando supera el crecimiento real de la economía, pero no se opone a la existencia de instituciones que regulen oferta y demanda monetaria– no es más que una variante del planteo keynesiano. Esto queda de manifiesto en una tesis doctoral que tiene por objeto entender la situación económica entre los siglos III y VIII, como es la de González García (2021, p. 48). Lo cierto es que, en cualquiera de esos casos, la interpretación del modelo keynesiano es apresurada. En su momento, John Maynard Keynes indica que el Estado debe hacer uso de políticas fiscales y monetarias expansivas, pero solo en situaciones excepcionales, para sortear una depresión. Aclara el autor británico que el déficit público generado por ese tipo de medidas debe tener un carácter cíclico, en el que los gastos extras realizados durante las recesiones se salden con nuevos ingresos tributarios, producto de una actividad económica recuperada (Astarita, 2012, p. 204)^[19].

Ahora bien, la necesidad de establecer comparaciones con la antigua Roma no constituye una excentricidad argentina. El economista venezolano Guillermo Rodríguez González publica una nota en la que expresa ideas que también encontramos en medios de nuestro país^[20]. En diferentes oportunidades, los argentinos, en especial aquellos que no comulgan con las ideas que nuclean determinados partidos políticos ubicados en el espectro de centroizquierda, ven en Venezuela una advertencia: la radicalización de un modelo que, creen ellos, es similar al que propusieron los gobiernos kirchneristas^[21]. Las opiniones desarrolladas desde los think tanks venezolanos que se oponen al chavismo y sus ramificaciones, además, guardan importantes similitudes con las expresiones de autores argentinos que, de manera más o menos evidente, enarbolan estandartes neoliberales y, para fundamentarlos, recurren al caso histórico romano. Así es que en la nota de Rodríguez González queda claro que el objetivo no es entender la complejidad histórica de una economía que tiene casi dos mil años de antigüedad, sino desarrollar una crítica al control de precios establecido por Nicolás Maduro. Esas medidas, según el economista, distorsionarían los valores de mercado, condicionarían la información de los individuos y promoverían el estancamiento. Traza entonces un paralelismo y ve en la inflación romana la misma causa del problema que abruma a Venezuela: la abusiva emisión monetaria para sostener un “amplio sistema de seguridad social” que mantiene a ciudadanos carenciados, pero dotados de derecho al voto^[22].

Buena parte de la argumentación presentada por Rodríguez González es tributaria de la escuela austríaca. El paradigma tiene a uno de sus emblemáticos exponentes en von Mises (1912/1977), un economista que considera que el principio de la actividad económica es el equilibrio espontáneo. En este sentido, tanto para él como para Menger (1871/2020), el dinero es una creación natural, originada en la experiencia cotidiana del intercambio, que precede al Estado. Al incrementarse la oferta monetaria por razones exógenas al mercado, y por los intereses de una autoridad monetaria que abusa de su poder y confianza en el público para financiar el déficit, el valor de la moneda se reduce y se genera inflación. La alteración perturba los intercambios, distorsiona la asignación de recursos, reduce la confianza y beneficia a quienes están más cerca del poder político en detrimento del resto. Estas ideas, que también aparecen condensadas en von Hayek (1944/2011), hacen de cualquier tipo de intervención estatal un fenómeno perjudicial para el crecimiento económico. Más allá de las diferencias que tienen estos argumentos con los representantes de la Escuela de Chicago, unos y otros coinciden en que el presupuesto deficitario es promovido por agendas demagógicas que encuentran como única salida la creación de dinero^[23].

Hay otras cuestiones en las que tenemos que detenernos. En su artículo de opinión, Rodríguez González (2016) hace alusión a un “sistema social” en la Antigüedad. La categoría es por demás anacrónica. A lo que probablemente se refiere es al reparto de granos a bajo precio, promovido y regulado por el Estado romano (annona). Es verdad que, en el período bajoimperial, existe preocupación por las consecuencias políticas de las hambrunas. De hecho, alrededor del 25 % o más de los ingresos del Estado romano son destinados a los suministros alimentarios gratuitos para la población urbana (Wickham, 2009, pp. 23-24). Sin embargo, la distribución de cereales, como tal, empieza mucho antes. Su origen se encuentra en una medida de Cayo Graco, alrededor del año 123 a. C. Además, el momento en el que esta contribución se extiende, y pasa de 40 000 a 200 000 beneficiarios, es el gobierno de Octavio Augusto (27 a. C.-14 d. C.) (Ruter III, 2016). Esto contradice las tesis neoliberales aplicadas a la historia antigua, puesto que el Estado tendría grandes desembolsos no solo en períodos críticos, para salvaguardar su autoridad, sino también en los que supuestamente existe un importante crecimiento económico, como es el de la Pax Romana.

Los matices que señalan los especialistas en el pasado, en diferentes oportunidades, son difíciles de aceptar para los economistas e historiadores que ven en el factor extraeconómico el origen de cualquier tipo de tragedia. De acuerdo con el punto de vista neoliberal, cuando el Estado está presente eclipsa la iniciativa privada, incluso la condiciona o la perjudica. Por eso, una de las bases sobre las cuales se erigen las interpretaciones neoliberales del colapso romano consiste en afirmar que la estructura burocrática del Imperio crece en desmedro de la actividad comercial y productiva de los particulares^[24]. En verdad, la expansión del sistema administrativo es promovida por las propias elites romanas, quienes encuentran en el Estado una forma de beneficiarse y de apuntalar sus negocios. Esa “reorientación de las ambiciones aristocráticas en el servicio imperial” (Skinner, 2013, p. 39) desacredita a quienes perciben la distribución de alimentos como un mecanismo de control populista sobre una población subordinada. De hecho, en el período tardoantiguo las elites prescinden de muchas de sus obligaciones sociales, lo que relativiza la imagen de una clase dominante abocada a mantener el panem et circenses (Brown, 2012).

En última instancia, el modo en que diferentes autores con inspiraciones teóricas neoliberales aluden al devenir de Roma es coherente con la agenda política que proponen para el presente. El problema es que esas afirmaciones no necesariamente se ajustan a la realidad histórica. Los razonamientos que se encuentran con mayor asiduidad son los que vinculan el colapso económico romano con el gasto público que, desde el siglo III, lleva adelante el Estado para garantizar la autarquía y financiar al ejército (González García, 2021, pp. 85-86). En una nota de La Derecha Diario se compara la situación argentina del año 2023 con las condiciones que originan la caída del Imperio romano de Occidente. En uno y en otro caso, se refiere a “políticas populistas” y a “voracidad fiscal” por parte del Estado romano y argentino^[25]. Una interpretación similar, en la que se trae a colación la realidad venezolana, habla de “populistas de todo signo ideológico” que proponen las mismas estrategias que, en su momento, tomaron los peores gobernadores del Imperio romano^[26].

Perspectivas como las antedichas soslayan factores históricos gravitantes. Si se supone que la debacle del Imperio inicia con Diocleciano y termina con la deposición de Rómulo Augusto, entonces el tipo de políticas económicas empleadas, en lo sustancial, no se habría modificado. Aquí es necesario revisar varios supuestos. Empecemos por tener en claro que, en el año 476, lo que se derrumba es el Imperio romano de Occidente. Su homólogo oriental pervive casi un milenio más, hasta 1453. Los especialistas reconocen que el peso fiscal que debe afrontar Roma a partir del siglo III es sustancialmente más importante que en períodos anteriores. De hecho, estiman que el ejército pasa de 300 000 soldados a comienzos de esa centuria a 400 000 (o incluso 600 000) para comienzos de la siguiente (Heather, 2006, pp. 91-92)^[27]. Igualmente, estos mismos autores consideran que la clave para entender la caída de la pars occidentalis hay que buscarla en el factor geopolítico, antes que en el estrictamente fiscal. La financiación del ejército, argumentan con mucha certeza, es consecuencia de una necesidad, no un motivo en sí mismo. De esta manera, señalan que lo que diferencia al Imperio romano de Occidente con respecto al de Oriente es que la parte este se encuentra en mejores condiciones defensivas que su contraparte del oeste. Así, la caída de Roma en el siglo V es entendible por la presión militar y demográfica de numerosos y variados pueblos, sin una estructura política centralizada^[28].

González García (2011, pp. 140-141) mantiene un enfoque distinto. Considera que una de las causas más importantes del aumento de precios es la necesidad del Estado romano de financiar su aparato militar y preservar la autocracia. Los gobernantes resolverían ese problema con emisión monetaria, puesto que ello les representaría, durante mucho tiempo, mayor beneficio y menor costo. De acuerdo con su análisis, la situación se modifica en torno a la segunda mitad del siglo IV, en el gobierno de Teodosio I (González García, 2021, pp. 85-86, 341-342).

La cronología que traza González García (2011; 2021) presenta algunos inconvenientes. Lo que sería la nueva y eficaz política monetaria coincidiría con la última etapa de la guerra contra el emperador Sapor II de la dinastía Sasánida, con los numerosos conflictos que se deben afrontar con los godos y con los diferentes pretendientes al trono con los cuales Teodosio I debe combatir. Su gobierno, entonces, no estaría exento de tensiones, ni de la necesidad de pagar tropas. Dicho sea de paso, es muy difícil determinar, en términos reales y no solo nominales, si el gasto público en el rubro militar disminuye o se incrementa con respecto al período de Diocleciano y Constantino I. Tengamos presente que, a fines del siglo IV, parte del salario de las legiones se abona en especie (Treadgold, 2014). Esto indicaría que muchas personas aceptan productos, antes que moneda, como reserva del valor, es decir, que las expectativas devaluatorias e inflacionarias no están resueltas. No obstante, y más allá de eso, lo importante es que la relación de causalidad entre conflictos y emisión monetaria (y el consiguiente aumento de precios) no sería exacta.

En un artículo publicado diez años antes de su tesis doctoral, González García (2011, pp. 144-145) ensaya una interpretación del modo en que se soluciona el problema inflacionario en el Imperio romano. En su punto de vista, desde mediados del siglo IV, el Estado absorbe el circulante devaluado, deja de emitir moneda sin valor y la reemplaza por otra, con mayor contenido metálico. La respuesta encontrada por los romanos sería parecida a la que propuso, durante su campaña electoral, el actual presidente de la República Argentina: eliminar el peso argentino, una moneda poco demandada y con nulo poder de compra, y dolarizar la economía, es decir, adoptar una divisa extranjera, sólida y confiable (Arévalo Luna y Arévalo Lizarazo, 2023, p. 150). Nótese aquí la cercanía entre el análisis histórico, la construcción de un relato de la Antigüedad y el proyecto ideológico neoliberal.

Es muy difícil pensar que el Estado romano, atravesado por innumerables problemas y con muchos menos recursos humanos y materiales que sus homólogos actuales, estuviera en condiciones de acumular circulante o de ofrecer un canje de monedas. Es el propio González García (2011), además, el que indica que durante los procesos inflacionarios el Estado aprovecha su señoreaje al recaudar, primero, moneda de mayor valor, y luego emitir una con menor contenido metálico. Se beneficia, entonces, del lapso temporal que existe entre uno y otro momento. Ahora bien, si el Estado efectúa el camino inverso, es decir, cobra una moneda de escaso valor y emite una nueva de mayor poder adquisitivo, perdería ingresos. ¿Por qué las autoridades tendrían la intención de hacer eso?, ¿por qué no lo hicieron antes otros gobernantes?, ¿es que algunos emperadores son más responsables y conscientes de los problemas económicos del Imperio que otros? La ecuación costo-beneficio, a la que González García (2021, p. 64) alude para entender por qué se emitía dinero sin respaldo, convertiría en impensable la nueva estrategia monetaria.

Del análisis indicado se desprende que muchos de los planteos vertidos en los medios de comunicación tienen algún tipo de cercanía con el campo historiográfico, aunque no necesariamente con los enfoques más cuidadosos o eclécticos. El examen de esas raíces nos permite dilucidar cómo y por qué se formulan determinadas opiniones que circulan con relativa masividad^[29]. En el caso de la Argentina, esto puede obedecer al tipo de material bibliográfico que utilizan figuras públicas en su etapa formativa. Uno de los más prestigiosos integrantes de la Academia Nacional de la Historia Argentina, Cortés Conde (2003), es autor de un manual en el que explica las transformaciones de la economía mundial, desde la Antigüedad hasta fines del siglo XX. Se trata de una obra redactada para ser utilizada “en los cursos de Historia Económica Mundial que se dictan en las Facultades de Ciencias Económicas y en los departamentos de Economía e Historia de las Universidades” (Cortés Conde, 2003, p. 7). El éxito del libro es considerable si lo comparamos con otras obras destinadas al público universitario. De hecho, el texto tiene varias reediciones y figura en los programas de asignaturas que se dictan en importantes casas de altos estudios^[30].

En este libro, Cortés Conde (2003, pp. 29-31) explica el declive romano y lo atribuye, en especial, al tamaño del ejército y de la burocracia. Desde su punto de vista, el excesivo gasto origina un aumento de la presión impositiva, primero, y de la acuñación sin respaldo, después. A ello se añade el agotamiento del suelo, que perjudica al pequeño campesinado, pero beneficia a los terratenientes que absorben esas propiedades y garantizan protección a los antiguos minifundistas de los recaudadores de impuestos, cada vez más desesperados por obtener ingresos. Del planteo se desprende, de manera más o menos explícita, que un Estado asfixiante conduce hacia el colonato y el feudalismo. La tesis se articula a la perfección con el argumento esgrimido por la escuela neoaustríaca, según el cual quienes detentan el monopolio de la acuñación de moneda se benefician de su señoreaje y perjudican a los más vulnerables^[31].

Los paralelismos entre la interpretación de Cortés Conde (2003) y un conjunto de políticos, empresarios y economistas que expresan sus ideas en la prensa escrita pueden entenderse por la trayectoria del historiador. En efecto, Cortés Conde (2003) es uno de tantos otros especialistas que imparte clases en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. El Consejo Consultivo de esa institución fue presidido, durante su primera etapa, por Friedrich von Hayek; de allí emergen numerosos cuadros que, en la actualidad, integran las filas del libertarianismo argentino (De Büren, 2020, p. 70).

Nobleza obliga, las ideas de Cortés Conde (2003) no constituyen un capricho. Se trata de uno de los historiadores de la economía más importantes de la República Argentina. Su interpretación, más allá de todo lo que podamos objetar, hunde sus raíces en académicos que, durante mucho tiempo, constituyeron una auténtica referencia a la hora de entender el devenir romano. Uno de ellos parece ser Rostovtzeff (1926)^[32], un acérrimo crítico de la revolución rusa que considera que la economía altoimperial, dinámica y con rasgos capitalistas, es arruinada por un despotismo estatal orientalizante. Como parte de este planteo, la innovación y el aumento de productividad serían muy difíciles de alcanzar.

Investigaciones recientes, con un importante tratamiento de diferentes fuentes de información, matizan los planteos que estructuran el punto de vista de Cortés Conde (2003). Empecemos por la que sería, supuestamente, la peor consecuencia de la crisis romana: el deterioro del campesinado y la aparición del colonato. La evidencia arqueológica reciente indica que los pequeños agricultores del período tardorromano utilizaban formas de explotación intensivas, llevaban adelante estrategias productivas, de gestión hídrica y de conservación del suelo (Bowes, 2022). No parecen haber sido sujetos pasivos, tampoco carenciados. Que en las áreas rurales del norte de Siria se encuentren viviendas construidas con piedra que datan de los siglos IV y V echa por tierra la idea que asocia el período bajoimperial con la erosión del campesinado libre. Las evidencias sugieren, además, que la presión tributaria no era desmedida, y que los actores sociales podían hacer frente a ella en esa época (Heather y Rapley, 2023, pp. 28-29).

Las monografías recientes también problematizan la imagen de una actividad comercial estrangulada durante el siglo III. Evidencian este cuadro de situación las reformas de Constantino I, en las que se impulsa un impuesto de carácter impopular denominado collatio lustralis o chrysargyron. Elaborado alrededor del año 320, el texto es posterior al control de precios y a la supuesta espiral inflacionaria del Imperio romano. Se trata de un tributo que, pagado en oro y plata por comerciantes y artesanos, da cuenta de que la actividad económica genera suficiente riqueza como para ser considerada un arca de recaudación para el Estado romano. Que el impuesto se aplique en un espacio en el que existen importantes niveles de riqueza y una actividad mercantil dinámica, como es el egipcio, corrobora la idea. Los reclamos de los contribuyentes, quienes, a fin de cuentas, pagan sus obligaciones, indican que, a pesar de todo, el tributo viene a ser una estrategia de recaudación en un contexto que no parece tan crítico (Bagnall, 1992; Loriot, 2003).

Tengamos ahora presente el problema central que compete a este capítulo, el de la inflación. Hay autores que consideran que los incrementos anuales de precios en el siglo II son relativamente similares a los del III, los cuales oscilan entre el 0,61 y 0,83 % anual (Duncan-Jones, 1994; Rathbone, 1997). Esto significaría que, en términos reales, no se habrían experimentado cambios significativos. Un estudio de Temin (2012) procura reconstruir estadísticas relativas a los precios de mercado y a los regulados, a partir de la información disponible de distintas regiones que componen el Imperio romano. Concluye que el aumento de precios durante los primeros siglos de la era cristiana fue menor al 1 % anual, pero que desde el siglo III estos se duplican. El momento inflacionario más importante, entonces, es el de un 2 % al año, un número que es ínfimo para una economía como la de la Argentina contemporánea, pero que, en el contexto de la época antigua, que los precios se dupliquen con respecto al período anterior no parece insignificante^[33]. No obstante, hay estimaciones más negativas. Bravo (1998, pp. 106-108) señala que, durante la tetrarquía, la frecuente emisión de denarios provoca la depreciación del circulante, lo cual hace que los precios de las mercancías básicas se tripliquen, o incluso cuadrupliquen, en un lapso de 10 años^[34].

En cualquier caso, las particularidades de la economía de la Antigüedad dificultan una asimilación automática con la realidad actual. Más allá del dinamismo que caracteriza al mundo tardoantiguo en general, y al eje comercial del mar Mediterráneo en particular (Banaji, 2015), las correcciones de precios y salarios no se desarrollan con la misma rapidez que en los sistemas productivos y financieros capitalistas. Las evidencias sugieren que los mercaderes romanos advierten los efectos de la devaluación de la moneda un mes después de producirse la depreciación. El traslado a precios, entonces, no cuenta con el grado de difusión e impacto como al que estamos acostumbrados (Heather, 2006, p. 93). En todo caso, cuando se analiza la inflación en períodos históricos tan alejados del nuestro, debemos tener presente que las economías precapitalistas tienen su propia complejidad, que el conocimiento que tenemos de ellas es imperfecto y desigual, y que el análisis debe permitirnos comprender la historia antes que confirmar nuestras teorías o ideas previas (Vilar, 1949, 1961).

4. Conclusiones

A lo largo de este estudio expusimos opiniones de diferentes personas que evocan la historia económica romana para justificar o graficar sus explicaciones de la situación económica actual. Se percibe en ellas una imagen repleta de anacronismos. Así queda de manifiesto en algunas de las expresiones de los principales referentes de la nueva derecha internacional^[35], en las que el modo de rememorar el pasado se acopla con el tipo de mensaje que se procura transmitir. Una sociedad romana enérgica, ambiciosa, expansiva, militarista y vigorosa entra en decadencia como consecuencia de su apertura, de su permisividad, de su debilidad y de los derrochadores de fondos públicos. Son esos políticos corruptos que hacen uso, y abuso, de los recursos fiscales los que no dudan en despreciar la moneda, emitirla sin ningún tipo de reparo (ni respaldo) y generar una espiral inflacionaria que, a corto o largo plazo, determinará en buena medida el decadente futuro de una civilización deslumbrante. Este tipo de posturas, bastante alejadas de los avances en el campo de la disciplina histórica, se ajustan mucho mejor a una visión de la realidad que no se reduce al pasado, sino que se proyecta hacia el presente. En palabras de Ricœur (2013), la narratividad que opera en estos artículos ordena y dota de sentido a los sucesos del período bajoimperial, a la vez que les otorga un carácter de explicación transhistórica que parece operar al margen de actores sociales, factores específicos del contexto de análisis y diversas escalas temporales y espaciales.

Igualmente, traer a colación el proceso inflacionario romano, más allá de los equívocos, puede resultar positivo. En primer lugar, brinda la posibilidad de reflexionar sobre las distancias y las cercanías entre el mundo académico y otros ámbitos en los que se desenvuelve el público (o la ciudadanía) general. En segundo lugar, da cuenta de una problemática historiográfica, con ramificaciones en la teoría y la praxis económica, y, por lo tanto, revela el impacto de los temas científicos en la vida cotidiana. La cuestión es que, como en todo problema científico, no necesariamente podemos llegar a una solución definitiva, que deje satisfechas a todas las partes involucradas en el debate. Del análisis de la realidad económica de la Antigüedad probablemente no surjan las respuestas que esperamos a una dificultad que nos aqueja en el siglo XXI, como es el aumento de precios. Tampoco saldrán de allí las lecciones que esperan encontrar quienes portan una agenda ideológica determinada y que buscan en la historia una confirmación de lo que proponen. Sin embargo, estudiar la cuestión permite reflexionar, detenernos a pensar en el tema. Ese es, en última instancia, el camino que traza la ciencia. Por último, las relaciones que comunicadores, economistas y políticos establecen entre la situación económica antigua y tardoantigua y la del mundo presente, aunque carezcan de bases sólidas, demuestran que la historia no es un área insustancial. Ciertamente, el recurso al parangón histórico, por parte de quienes mayormente desacreditan las ciencias sociales y humanas, invalida el mito de que la historia no sirve para nada, dado que ellos mismos necesitan echar mano del devenir de la civilización antigua para sostenerse en la arena del discurso político.

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