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1 “Cultura”, la denominada cenicienta de los derechos humanos

Elena Peribáñez Blasco

Introducción

Este texto tiene su base en la conferencia de presentación de la primera sesión del Seminario “Nuevas Miradas al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos”, que tuvo lugar el 11 de marzo de 2016 en el Campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada, bajo la dirección de la profesora Beatriz Barreiro. En dicha sesión se abordó, desde varias perspectivas, el tema de “Los Derechos Humanos y el Derecho a la Cultura”. Las partes sustantivas de la conferencia se han ordenado en distintos apartados, en tanto que la preliminar y el cierre se exponen en esta introducción, puesto que originalmente fueron utilizadas a modo de exordio pero se ha solicitado que sean recogidas. Perdonen si mis primeras palabras de hoy no hacen referencia al tema que aquí nos convoca, los derechos culturales, pero es que hoy es un día muy singular. Un 11 de marzo de hace ya unos años, exactamente el 11 de marzo de 2004, cuando venía a la universidad en mi coche junto con una compañera de trabajo, al pasar frente a la estación de Atocha nos llamó la atención que siendo ya casi primavera hubiera una extraña niebla. Al abrir la ventanilla un olor “como a pólvora” nos puso en alerta, e inmediatamente empezamos a buscar en la radio la posible noticia de un atentado.

No fue hasta casi llegar a Móstoles que las emisoras dieron las primeras informaciones sobre los atentados que costaron la vida a 193 personas, hirieron a 1.858, y dejaron a muchas más dañadas para siempre en lo físico y en lo psíquico.

Recuerdo que ya en el campus, un compañero vino a mi despacho con la cara desencajada, lívido, porque yo vi humo pero él vio a la gente malherida escapando de uno de los trenes reventados a la altura de la calle Téllez, y tuvo miedo. Un miedo que le movió a marcharse de allí para luego llevarle de la tristeza a la frustración, la frustración por no haber sido capaz de controlar ese miedo y ayudar. Nada más humano que ese miedo, nada más inhumano que el terrorismo.

En este día de hoy, 11 de marzo de 2016, abrimos la primera sesión del Seminario “Nuevas Miradas al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos”, con la invitación de la profesora Beatriz Barreiro, primero a escuchar y luego a debatir sobre la relación entre “Los Derechos Humanos y el Derecho a la Cultura”. Para ello contamos con un espléndido elenco de ponentes que harán un abordaje desde diversas ópticas, todas ellas complementarias, todas ellas enriquecedoras.

Somos cultura, podríamos llegar a decir que está en nuestro ADN. En una media u otra, los seres humanos somos cultura porque indefectiblemente la cultura contribuye a conformar y modelar nuestra identidad individual y colectiva.

En las próximas horas abordaremos el derecho a la cultura y el derecho a participar en la vida cultural. En este sentido, seguramente en el debate que cierra esta sesión surgirá la polémica de cómo en algunos países la crisis económica es, a veces, usada como excusa para relegar los derechos sociales y culturales a un segundo plano, cuando no para hacerlos casi invisibles. La desidia puede hacer languidecer la cultura hasta llevarla a un estado agónico del que sólo el empuje social, inventándose nuevas formas de autogestión, puede venir a contrarrestar la falta de recursos oficiales.

Esto es debido a que para algunas personas la cultura es un elemento de la vida social prescindible, de su escaso “valor” en momentos de turbulencia o incertidumbre económica. Y siendo así su pensamiento, es entendible que a ellas les resultará de gran dificultad alcanzar a comprender cuestiones como las que hoy abordaremos, incluida la noción de “bien cultural inmaterial” de la que también se hablará y, más aún, de la necesidad de conservarlo. A estas personas hemos de responder con las palabras de Antonio Machado en su obra Proverbios y Cantares: “todo necio confunde valor y precio” (LXVIII).

Quisiera terminar esta presentación recordando algo en lo que el Vicerrector de Cooperación al Desarrollo, Voluntariado y Relaciones Institucionales, D. Ángel Gil, cuando presenta las actividades del Programa de Derechos Humanos; y a quien os ruego excuséis su presencia por cuestiones de agenda. Él siempre dice: “preguntad”.

Aprovechad la oportunidad que se os ofrece hoy, con la presencia de estos magníficos ponentes y preguntad. Porque la universidad no es sólo un lugar al que acudir para obtener la formación técnica superior necesaria para el ejercicio de una profesión, la universidad es punto de encuentro para el intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias y con ello crecer también como personas y ciudadanos responsables. Así pues, os invito a que preguntéis, no dejéis dudas en el tintero de la memoria. Con educación, y siempre desde el respeto, preguntad.

La cultura: ¿qué es?, ¿un derecho de segunda?

“Con frecuencia se ha dicho que los derechos culturales están subdesarrollados en comparación con otros derechos humanos”[1], esto ha sido debido a la escasa atención que vienen recibiendo en algunos países por ser considerados secundarios, o por los gobiernos que sólo ven en la cultura un gasto prescindible. En palabras de la actual Relatora Especial sobre los derechos culturales, Karima Bennoune, “persiste la creencia generalizada de que los derechos culturales son un lujo”[2], según definición de la Real Academia de Española de la Lengua: “abundancia de cosas no necesarias”.

En este sentido, conviene apuntar la resolución 10/23 del Consejo de Derechos Humanos en la que se viene a pedir a los Estados, y a sus gobernantes, que traten los derechos humanos “en su conjunto de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles la misma importancia”; al tiempo que reafirma, como veremos en el siguiente apartado, que “los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos”, recordándonos que éstos son “universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”[3]. Entonces, si los derechos culturales son un lujo… ¿el resto de los derechos humanos también lo son y, consecuentemente, no son necesarios?

Para seguir avanzando en la cuestión, necesitamos hacernos una idea de qué entender por “cultura” y cuáles son los derechos vinculados a ella. Aunque la “cultura” es de compleja definición por su contenido y alcance, nadie cuestiona que es parte inalienable de la naturaleza humana, que es una realidad de los seres humanos desde sus principios[4]. Somos cultura. La cultura impregna todas las actividades e instituciones humanas de todas las sociedades; creándose, discutiéndose y recreándose en el marco de las prácticas sociales de las personas y los diversos grupos que interaccionan en los ámbitos económico, social y político[5]. De ahí que no haya definición oficial de qué son los derechos culturales, como tampoco hay definiciones oficiales consensuadas internacionalmente sobre los derechos “civiles”, “políticos”, “económicos” o “sociales”. Así pues, esto no tendría por qué ser obstáculo para hacer una aproximación a lo que, en cada momento, entendemos por cultura y patrimonio cultural que deberían ser objeto de derecho.

En este sentido, en la observación general 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se alude a que “la cultura es un concepto amplio e inclusivo que comprende todas las expresiones de la existencia humana,…, un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un presente y un futuro”[6]. La cultura se crea a través de la actuación humana reinterpretándose de forma constante, siendo inherente a toda persona y pueblo (no limitándose a determinadas categorías o zonas geográficas), por lo que en realidad es plural, es decir, lo primero que debemos tener claro es que “Cultura significa culturas”[7]. Y estas culturas, según la Observación General nº 21 mencionada, incluyen, entre otras cosas, “las formas de vida, el lenguaje, la literatura oral y escrita, la música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y de creencias, los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el producido por los seres humanos, la comida, el vestido y la vivienda, las artes, costumbres y tradiciones por las cuales los individuos, grupos y comunidades expresan su humanidad y el sentido que dan a su existencia, y configuran una visión del mundo que representa su encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus vidas”[8].

La cultura, las culturas, y los derechos culturales que la acompañan son fundamentales para el reconocimiento y el respeto de la dignidad humana, por cuanto protegen el desarrollo y la expresión de las diversas visiones del mundo, ya sea desde una perspectiva individual o colectiva, vinculándose así doblemente a la identidad de cada persona[9]. No sólo son parte de nuestra identidad, los derechos culturales también se han mostrado instrumentos esenciales del desarrollo humano y a la construcción de la paz.

De forma sucinta, los derechos culturales vienen a “intentar” proteger: la creatividad, la libertad de elección y expresión, la participación en la vida cultural, el acceso y disfrute a las artes y al conocimiento, así como la participación en el desarrollo del patrimonio cultural y la reformulación de las identidades culturales. En este sentido, debe protegerse la creatividad humana en toda su diversidad, y las condiciones para que sea posible desplegarla, desarrollarla y tener acceso a ella. Igualmente, generar las condiciones necesarias para garantizar la libertad de elegir, expresar y desarrollar una identidad, incluido el derecho a elegir no pertenecer a un colectivo determinado, así como el derecho a cambiar de opinión o abandonar un colectivo, y a participar en el proceso de definición de este en condiciones de igualdad y no discriminación. Deben estar garantizados los derechos de las personas, y de los grupos, tanto a participar en la vida cultural de su elección, como a no hacerlo, así como a ejercer sus propias prácticas culturales. Los derechos culturales también amparan la libertad de interactuar e intercambiar opiniones, a disfrutar y acceder a las artes y al conocimiento, incluido el conocimiento científico y a beneficiarse de él; así como a su propio patrimonio cultural y al patrimonio cultural de terceros, máxime en aquellos casos en los que dicho patrimonio ya ha sido catalogado como de interés común o patrimonio de la humanidad. Finalmente, los derechos culturales comprenden el derecho a participar en la interpretación, la elaboración y el desarrollo del patrimonio cultural, así como a la reformulación de sus identidades culturales.

Cerrar este apartado señalando un debate recurrente en lo referido a los derechos culturales: de lo individual y de lo colectivo. Por un lado, estos se relacionan con la dimensión colectiva de los derechos, lo que se refiere al ejercicio colectivo de los derechos individuales; por otro, conviene no olvidar la existencia de derechos colectivos en sí mismos, entendidos estos derechos como derechos de grupo, sin que ello implique la denegación de los derechos culturales individuales. Las personas siempre gozan de su derecho a participar, o no, en una o varias comunidades y a desarrollar libremente sus múltiples identidades. Cada persona es portadora de una identidad múltiple y compleja, que hace de ella un ser humano singular y único, y que al mismo tiempo le permite ser parte de comunidades de cultura compartida, puesto que la identidad no es uniforme dentro de una misma comunidad[10]. Esto es lo que viene a conformar la diversidad cultural, que para evitar que pueda dar lugar a situaciones de abuso por parte de un grupo o colectivo, siempre debe enmarcarse en la igualdad y la solidaridad, y viceversa[11]. Y es que en el ámbito de los derechos humanos el reconocimiento de las diferencias es tan importante como lo es el de los elementos comunes.

Los derechos culturales en los instrumentos de derechos humanos

Los derechos culturales están recogidos de manera dispersa en un amplio número de instrumentos de derechos humanos, con una raíz común, los artículos 22 y 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Así, el art. 22 establece que:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional y en conformidad con la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad[12].

Concretando algo más en el mencionado Art. 27, cuando señala que: “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.”

De este punto, el relativo al derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, nos hablará en profundidad la ponente María Lorenzo Moles. No obstante, me gustaría señalar que por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -que cumplirá 50 años desde su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas este año, el 16 de diciembre-, ya en su preámbulo reconoce que:

…con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

Ahora bien, ¿cómo realizar ese ideal cuando no se reconoce ni tan siquiera la diversidad cultural o se imponen ciertas prácticas culturales que conculcan otros derechos?, ¿cómo podremos tomar parte “libremente” de la vida cultural de la comunidad cuando ésta prácticamente no existe?, ¿cómo estar liberado de temor cuando se vive en medio de un conflicto armado?

Vayamos por partes. Lo primero es señalar que son varios los artículos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que directa o indirectamente se refieren a la cultura y los derechos ligados a ella. Como también son varios los artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que resultan determinantes para garantizar la plena efectividad de los anteriores.

En este punto, lo habitual es referirse el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, principalmente su apartado primero que establece:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Se olvida frecuentemente mencionar que el derecho de toda persona a participar en la vida cultural está intrínsecamente vinculado al derecho a la educación (art. 13); una educación que debe estar orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y por medio de la cual individuos y las comunidades transmiten sus valores, religión, costumbres, lenguas y otras referencias culturales. Educación que debe contribuir a propiciar un ambiente de comprensión mutua y respeto de los valores culturales propios y de terceros. Este derecho a participar en la vida cultural también está vinculado con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en particular con las disposiciones que hacen referencia a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 18), a la libertad de opinión y expresión (art. 19), al derecho de reunión pacífica (art. 21), y a la libertad de asociación (art. 22).

Existen disposiciones similares en los instrumentos de derechos humanos de carácter regional, caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (artículo 26), la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 (artículos 17 y 22), y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000 (artículos 14 y 22).

Queda expuesto, de forma sucinta, como los derechos culturales trascienden la confluencia entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales, indicando sin duda la interdependencia e indivisibilidad de tales derechos.

A estos instrumentos jurídicos relativos a los derechos culturales, cabe añadir un segundo bloque instrumental vinculado a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en particular a aquellos que hacen referencia a la protección de la diversidad cultural, la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales y a la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial. Algunos de estos instrumentos serán desarrollados en otros capítulos de este libro, tal y como se hizo en el Seminario[13].

No toda práctica cultural es asumible: no cabe la conculcación de otros derechos

Nos preguntábamos cómo era posible realizar el ideal de ser humano libre cuando no se reconocía la diversidad cultural o se imponían ciertas prácticas culturales que conculcasen otros derechos. La respuesta es obvia, no es posible. Tal y como se recoge en la en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural: “Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance”[14]. Los derechos culturales “no equivalen a un relativismo cultural” y por tanto no se pueden usar como pretexto para “discriminar o realizar actos de violencia, para imponer identidades o prácticas a otras personas, o para excluirlas de ellas”[15].

Tal y como nos recuerda la UNESCO en su último Informe: “La diversidad cultural es, ante todo, un hecho: existe una gran variedad de culturas, aun cuando los límites que marcan las lindes de una cultura específica sean más difíciles de determinar de lo que parece a primera vista”[16]. Paradójicamente, esta diversidad cultural y la defensa de sus derechos, se muestra como arma de doble filo. Bien empleada, se argumenta que “favorece el ejercicio efectivo por todos de los derechos humanos, sin discriminación ni exclusión, al poner en relieve las distintas posibilidades de ejercer los derechos y libertades fundamentales dentro de una gran variedad de contextos y situaciones culturales en todo el mundo”, lo que supuestamente “puede ayudar a garantizar que los derechos humanos sean reconocidos universalmente y asumidos en todas las culturas”[17]. No obstante, la realidad también muestra que ciertas prácticas culturales, la religión y la tradición se vienen esgrimiendo para justificar indebidamente una discriminación sistémica y estructural[18], una discriminación disfrazada de “diversidad cultural”. Debe recalcarse que los derechos y libertades reconocidos por la DUDH y sus protocolos, son intrínsecos a toda persona e inalienables por lo que, a modo de ejemplo, nadie puede invocar la esclavitud o la mutilación genital femenina como práctica cultural, frente a los derechos de libertad e integridad física. Bien es cierto que este es un punto controvertido en materia de derechos culturales, puesto que a veces resulta complejo determinar qué prácticas culturales son contrarias a los derechos humanos. En efecto, los problemas surgen cuando las tradiciones y prácticas profundamente enraizadas contravienen los valores inherentes a los derechos humanos, en esencia, la dignidad humana. En este punto, además de las actuaciones de los gobiernos y de la sociedad civil, son los tribunales quienes vienen desempeñando un papel fundamental en la integración de esos valores universales y los valores de diversidad para que las personas puedan disfrutar efectivamente de ambos derechos.

Dicha discriminación sistémica y estructural hace referencia a las maneras en que las leyes y reglamentaciones de un país/estado, así como las tradiciones culturales o religiosas, han construido y mantenido las desventajas de ciertos grupos o colectivos vulnerables por su condición (mujeres, indígenas, adultos mayores, migrantes, personas con escasos recursos económicos, discapacitados, etc.), basándose en estereotipos y prejuicios sociales y jurídicos arraigados, y se superpone a una discriminación directa e indirecta (cuando la norma parece neutral pero, de facto, tiene un efecto discriminatorio porque las desigualdades preexistentes no se han tenido en cuenta en la medida aparentemente neutra)[19]. Ahora bien, que los tribunales se muestren como fundamentales para la eliminación de las diversas formas de discriminación cultural, no significa que la sociedad no actúe y, mucho menos, que los Estados incumplan con su obligación positiva de erradicar todas las formas de discriminación que atenten contra el uso y disfrute de la cultura, contra el acceso al patrimonio cultural y su disfrute, o contra la libre participación en la vida cultural.

Esto nos lleva a reflexionar sobre las cuestiones inicialmente planteadas sobre cómo podremos tomar parte “libremente” de la vida cultural de la comunidad cuando ésta prácticamente no existe, porque ha sido destruida, o sobre cómo estar liberado de temor cuando se vive en medio de un conflicto armado.

La destrucción intencionada de la cultura y el patrimonio cultural

Los conflictos armados causan daños físicos y morales a quienes se ven envueltos en ello. En ocasiones, la destrucción del patrimonio cultural, de la vida cultural es una estrategia que busca cómo llegar a destruir las raíces de la persona, de los colectivos, para robarles la identidad. Al destruir la identidad, al desposeer a la persona de su propia personalidad tratan de pisotear su derecho fuente: lo primero es el derecho a ser persona.

Unas pinceladas de aquello a lo que me quiero referir, cuestiones estas que, serán objeto de desarrollo por dos de los ponentes del seminario.

Ya durante los años 90, en el conflicto que dio lugar a la disolución de Yugoslavia llegó a calificarse la destrucción del patrimonio cultural por algunos autores, como correlato del genocidio perpetrado[20]. La “limpieza étnica”, el genocidio incluyó la destrucción de aquellas partes del patrimonio arquitectónico –como el casco antiguo de Dubrovnik o el puente de Mostar, a modo de ejemplo- que suponían una marca identitaria de la población a eliminar.

En esta línea, en 2001 una milicia ultraortodoxa islámica afgana talibán completó la destrucción por voladura de los dos colosos de Buda esculpidos en roca entre los siglos III y IV en la provincia central de Bamiyán, en Afganistan. Una de las dos estatuas esculpidas en una pared rocosa, conocida como Salsal Buddha, medía algo más de 50 metros y estaba considerada la mayor de un buda en el mundo. Hoy solo quedan los huecos en la roca. Cuando el pasado año, 2015, durante dos días (6 y 7 de junio) se hizo una proyección en tres dimensiones de los budas, algunas personas tuvieron la oportunidad de ver el arte perdido. “Fue una noche inolvidable para la gente de Bamiyán, cuando se presentó el espectáculo, no solo por la recreación de los budas, sino porque era de hecho una recreación de nuestra cultura demolida”, declaró el portavoz del gobernador provincial de Bamuyán, Abdul Rahman Ahmadi.

Y es que el patrimonio cultural debe entenderse “como los recursos que posibilitan la identificación cultural y los procesos de desarrollo de las personas y de los grupos, que estos, implícita o explícitamente, desean transmitir a las generaciones venideras”[21]. Bien es cierto que dicho patrimonio cultural no contempla solo el patrimonio material (monumentos, construcciones, lugares y ruinas de valor arqueológico, histórico, religioso cultural o estético)[22], también incluye el patrimonio inmaterial (tradiciones, costumbres, prácticas y creencias)[23], y los ataques contra el patrimonio cultural material e inmaterial guardan relación entre si, tal y como queda de manifiesto al ver el hecho acaecido desde un enfoque basado en derechos humanos. Cuando grupos islamistas radicales destruyeron siete mausoleos y antiguos manuscritos islámicos en la ciudad de Tombuctú (Mali) en 2012, justo después de que la UNESCO incluyera la ciudad en la lista de Patrimonio en peligro, con ello se vieron entorpecidas las prácticas religiosas, así como cantos rituales y otras expresiones musicales propias de la cultura popular, afectando gravemente y de manera integrada a la población local, tratando de destruir sus prácticas ancestrales y sus creencias.

Más más recientes aún, las imágenes difundidas de cómo el ISIS destruyó parte de las ruinas arqueológicas de Palmira, en 2015, la ciudad que fuera uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Y también cómo fueron asaltados varios museos, destruyendo buena parte de las obras que contenían. Fue el caso del Museo Nacional de Bagdad, o del Museo de Mosul donde contemplamos impotentes como se habían destruido, con taladros y mazos, obras de 3.000 años de antigüedad, incluyendo una de las mayores colecciones de esculturas y tablillas asirias, y obras de los grandes palacios de Nínive. Así el Museo de Mosul pasó a ser otra víctima de la barbarie, como en su día lo fue el Valle de Bamiyán. Tal y como declaró entonces la arqueóloga iraquí Lamia Al-Galiani “el daño es incalculable, pero no sólo al patrimonio iraquí, sino al patrimonio de toda la humanidad”. Todo un crimen contra la humanidad, un “genocidio cultural”.

Desde que en 2003 se aprobase la Declaración de la UNESCO relativa a la Destrucción Intencional del Patrimonio Cultural, parte de la comunidad internacional ha ido reafirmando su voluntad de combatir cualquier forma de destrucción intencionada de dicho patrimonio, de forma que pueda ser transmitido a generaciones venideras y respetado su derecho de acceso a su propia cultura. Tras la Declaración, se está adoptando un enfoque basado en los derechos humanos de este tipo de acciones, que destruyen el patrimonio cultural no por un desprecio al mismo, sino todo lo contrario, por el valor que tienen, buscando y con ello menoscabar tanto la dignidad como los propios derechos humanos.

En este sentido, tal y como pone de manifiesto la Relatora Especial Karima Bennoune en sus informes, el enfoque basado en derechos humanos de los ataques deliberados contra el patrimonio cultural, su uso como “arma de guerra”, es de vital importancia para luchar contra la impunidad de quienes los cometen, pudiendo llegar a enjuiciarse la destrucción de dichos bienes culturales y símbolos con intención discriminatoria como “crímenes de lesa humanidad” y “elemento probatorio de la de la intención de destruir un grupo, en el sentido de genocidio, tal y como se contempla en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de 1948.

A modo de epílogo

Se puede afirmar que los derechos culturales han ido adquiriendo legitimidad de forma creciente durante el último quinquenio, si bien estamos muy lejos de que éstos sean vistos con igual carácter que otros derechos humanos, como es el caso de los derechos civiles.

Los derechos culturales tienen una innegable capacidad transformativa y habilitadora tanto de los individuos como de los colectivos, coadyuvando al ejercicio efectivo de los demás derechos humanos.

Aunque sea deber de los Estados proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, teniendo presentes el significado de las particularidades nacionales y regionales y los diversos antecedentes históricos, culturales y religiosos, tal y como señala la Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993); esto no implica que se pueda invocar la diversidad cultural para violar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni limitar su alcance (art. 4 DUDH y párr. 4 de la resolución 10/23 del Consejo de DDHH). Así pues, dado que la sociedad y la cultura evolucionan, no todas las prácticas culturales son admisibles en la actualidad, por muy ancestrales que estas sean.

En cuestión de derechos culturales, hay dos cuestiones que han irrumpido con fuerza en los últimos años: los derechos culturales de los no nacionales, en particular de los migrantes, y la destrucción deliberada del patrimonio cultural. El patrimonio cultural, desde una perspectiva de los derechos humanos, no sólo tiene importancia per se, sino también por su dimensión humana, es decir, por su significación para los individuos y los grupos de personas, para su identidad y para sus procesos de desarrollo.

No obstante, estas cuestiones no pueden desviar nuestra atención de lo que hasta ahora venían siendo objeto de debate de gran calado: la importancia del sistema educativo y sus contenidos; así como la eliminación de toda forma de prejuicio que cause discriminación a la hora de ejercer o ser beneficiario de la cultura y los derechos culturales.

El reto no es tanto proteger la cultura y el patrimonio cultural per se, como la salvaguardia de las condiciones que permiten el acceso a la cultura, en todas sus formas de expresión, y a la participación de toda persona a la vida cultural que libremente elija, sin discriminación alguna, para que pueda desarrollar su identidad y potencial como individuo y como parte integrante de uno o varios colectivos.


  1. Patrice Meyer-Bisch, Les droits culturels, una catégorie sus-devéloppée des droits de l’homme, Actes du “VIII Colloque interdisciplinaire sur les droits de l’homme”, Ed. Universitaires Friburg, Suiza, 1993.
  2. A/HRC/31/59, página 3.
  3. A/HRC/RES/23/10, pág.2.
  4. Patric Tornberry, Cultural rights and universality of human rights, E/C.12/40/15, pág.6.
  5. A/67/287, pág.4.
  6. E/C.12/GC/21/Rev.1, párrafo 11.
  7. A/67/287, párr. 2.
  8. Véanse: A/67/287 y el art. 2a) de la Declaración de Friburgo sobre los derechos culturales, 2007.
  9. A/HRC/RES/14/36, pág.4.
  10. Ibíd. Pág.11.
  11. A/HRC/31/59, pág. 6. Respecto de situaciones de abuso, monoculturalismo plural, véase Amartya Sen, “The uses and abuses of multiculturalism”, The New Republic, 27.02.2006.
  12. La negrita es nuestra.
  13. Caso de: Convención para la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y sus protocolos (La Haya, 1954, 1999); Convención Universal sobre Derechos de Autor y sus protocolos y revisiones (Ginebra, 1952, Paris 1971); Convención sobre la Protección del patrimonio Mundial (Paris, 1972); Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003); o la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (Paris, 2005); entre otros instrumentos.
  14. Artículo 4 de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, UNESCO, 2001.
  15. A/HRC/31/59, pág. 9.
  16. Informe Mundial de la UNESCO: Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural. UNESCO, 2010.Pág. 4
  17. Ibíd. Pág. 260.
  18. A/67/287, pág. 14.
  19. Alegre, M. y R. Gargarella, El derecho a la igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario. Edit. Lexis Nexis Argentina, S. A. y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Buenos Aires, 2007, págs. 166 y 167.
  20. Layton, R.; Stone, P.G. y Thomas, J. (eds.). Destruction and Conservation of Cultural Property. Routledge, Londres, 2001.
  21. A/HRC/31/59, pág. 12.
  22. Tal y como viene a recoger el artículo 1 de la Convención de la UNESCO sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, de 1972.
  23. Véase art. 2 de la Convención UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Paris, 2003.


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