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8 La humanización del patrimonio cultural[1]

Maider Maraña

¿Por qué abordar el patrimonio en un marco de derechos humanos?

El patrimonio cultural es uno de los aspectos más visibles de las expresiones culturales. Frente a una situación anterior de indefinición de los derechos culturales a escala internacional, contamos con procesos en Naciones Unidas que han profundizado en el contenido de los derechos culturales y también en el acceso al patrimonio cultural como derecho humano. Pero a pesar de esos pasos en la promoción del patrimonio y el rumbo internacional tendente a la democratización en su acceso, la mayoría de Convenciones internacionales en la esfera de la cultura, principalmente surgidas en el seno de la UNESCO, pareciera que no siempre trabajan de manera sistemática con un enfoque basado en derechos a la hora de abordar la gestión del patrimonio cultural.

Queremos por tanto realizar un primer acercamiento al tratamiento de los derechos humanos en las convenciones internacionales en el ámbito de la cultura, para identificar si el patrimonio cultural ha sido abordado desde un enfoque en derechos en la implementación de estas normativas de clara referencia universal.

Consideramos que como fruto del desarrollo tardío de los derechos culturales, el patrimonio cultural no ha sido siempre abordado en su protección internacional y local desde un enfoque en derechos.

A su vez, y pese a que un trabajo más profundo en la cuestión debería abarcar todas las Convenciones que tratan la cuestión del patrimonio en UNESCO, nos centraremos especialmente en la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) y la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial (2003), por considerarse que han sido las que mayor eco tienen en las políticas patrimoniales nacionales y locales. Asimismo, y teniendo en cuenta que el enfoque en derechos centra sus acciones en los grupos más vulnerables a sufrir violaciones de sus derechos, se han seleccionado dos ejemplos concretos, como son el caso de los grupos indígenas y la cuestión de la participación de las mujeres, para ilustrar la implementación de las convenciones internacionales desde un enfoque en derechos.

La acción normativa de UNESCO en la práctica

La Convención del Patrimonio Mundial (1972) se considera el instrumento jurídico más universal en el ámbito del patrimonio, ratificado por 191 Estados y con una Lista del Patrimonio Mundial con más de 1000 bienes inscritos. Asimismo, el amplio y rápido apoyo que la Convención del Patrimonio Inmaterial de 2003 ha conocido muestra el interés de la comunidad internacional por salvaguardar el patrimonio cultural.

Centrándonos en las características del Enfoque basado en Derechos, debemos recordar que la participación de la comunidad y su inclusión para el empoderamiento, y la igualdad y no discriminación (incluyendo la igualdad de género) son claves en dicho enfoque.

Lo primero que debemos tener en cuenta en este análisis es que la Convención del Patrimonio Mundial no contiene referencias específicas a los derechos humanos, lo cual se explica, en parte, por la fecha temprana de adopción de esta norma internacional (1972), cuando las políticas internacionales no aplicaban sistemáticamente un enfoque basado en derechos. Pese a no contener referencias específicas a los derechos humanos, esto no imposibilita que la implementación e interpretación de esta Convención a posteriori tenga en consideración la evolución del trabajo en materia de derechos humanos y que los incluya como parte de su aplicación práctica.

Pero se han documentado diferentes situaciones vinculadas a la inscripción de sitios en la famosa Lista de Patrimonio Mundial que han generado violaciones de derechos humanos. Entre ellas, se conocen incluso desplazamientos forzados de población local para la supuesta protección de un bien. En este punto es conveniente recordar también que la Convención solo permite inscribir sitios en la Lista de Patrimonio Mundial si son presentados por los Estados, lo que evidentemente puede generar casos de discriminación de ciertas comunidades frente a otras o la promoción de una identidad nacional vinculada al grupo socio-políticamente dominante o a un grupo étnico particular, por ejemplo.

A menudo los procesos de protección (desde la nominación hasta la propia gestión de un bien) avanzan sin contar con las personas titulares de derechos, y a menudo se confunde en patrimonio quiénes son titulares de derechos, o quiénes son agentes colaboradores en el proyecto.

Con el objetivo de ir identificando las deficiencias y creando las herramientas para evitar futuras violaciones de los derechos de las comunidades, se están analizando casos de estudio que dan lugar ya a unas primeras ideas que deberían considerarse en el trabajo en materia patrimonial, como la importancia de invertir en la construcción de capacidades y fomentar el liderazgo de la comunidad de cara a garantizar una participación real y efectiva en los procesos.

La cuestión de la participación

Como señalábamos, como principio fundamental de los derechos humanos, la participación se hace indispensable para garantizar su cumplimiento. La participación de la comunidad y la cuestión del uso sostenible del patrimonio por parte de las comunidades locales, se ha ido reforzando y reconociendo cada vez más en Naciones Unidas.

Pero a menudo, podemos encontrar datos que nos muestras la escasa participación social en muchas actuaciones. En las propias encuestas entre sus Estados miembro realizadas por UNESCO se obtienen datos donde el 83% de los Estados afirma no hacer consultas públicas en la selección de nuevas candidaturas a ser incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial.

La participación de la comunidad es uno de los grandes retos en la gestión del patrimonio desde un enfoque en derechos. La propia UNESCO así lo muestra cuando en 2003, con la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial (a diferencia de la de 1972), introduce la necesidad de que toda candidatura que desee ser incluida en la Lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, deba necesariamente contar con el respaldo de las comunidades donde se desarrolla dicha expresión. Esta mención de la participación de la comunidad desde el propio texto normativo internacional, si bien no siempre garantiza que su implementación en lo local se dé de manera sistemática, evidencia ya una preocupación hacia esos métodos –muy extendidos– de una gestión del patrimonio sin contar con la comunidad. Cabe destacar también que la Convención de 2003, a diferencia de la de 1972, sí incluye menciones a la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de derechos.

La aprobación de esta Convención en torno al patrimonio inmaterial en 2003 ha hecho que el patrimonio inmaterial refleje hoy una variedad de bienes que a menudo se dan además en minorías culturales, como afrodescendientes, o en grupos indígenas, y cuyas expresiones se habían invisibilizado o no siempre se contemplaban como aportes a la cultura internacionalmente. Estos reconocimientos generan importantes procesos de autoestima cultural de comunidades minorizadas y de desarrollo en torno al patrimonio.

El caso de los pueblos indígenas y la Convención de Patrimonio Mundial

Un caso ilustrativo de la cuestión de la protección del patrimonio y los derechos humanos es la situación de las comunidades indígenas. Hace años que se viene exigiendo una mayor participación en las acciones de Patrimonio Mundial para estas comunidades, donde existen casos en los que se han ejercido fuertes presiones y sanciones sobre sus pueblos, de cara a obligarles a abandonar sus tierras para inscribir un sitio en la Lista del Patrimonio Mundial. Existen también ejemplos donde inscripciones realizadas sin el previo consentimiento de estas poblaciones, conllevaron a su vez restricciones para mantener sus sistemas tradicionales de caza, recolección o usos de la tierra. Como podemos fácilmente imaginar, la falta de participación puede tener consecuencias importantes en la vida y derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en lo relativo a los derechos respecto a sus territorios ancestrales.

En 2011 grupos indígenas sometieron a consideración del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas una declaración lamentando los pocos esfuerzos realizados para asegurar una participación adecuada en el Patrimonio Mundial, y alegando que la participación de dichas comunidades en los procesos de inscripción de diferentes bienes había sido casi nula.

Es evidente que la propia UNESCO está dando pasos para profundizar en la inclusión de las comunidades indígenas en la práctica de la implementación de la Convención de 1972, identificando que existe claramente un vínculo permanente entre los sitios Patrimonio Mundial y los pueblos indígenas, y admitiendo que se trata de una cuestión sensible y compleja, tanto por motivos históricos como culturales.

En 2012, representantes de pueblos indígenas junto con especialistas de UNESCO, redactaron una declaración en la que se realizaba un llamado para que la implementación de la Convención de Patrimonio Mundial fuera más acorde con los derechos indígenas recogidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se considerara a los pueblos indígenas como sujetos de derecho en cuestiones patrimoniales y no como grupos con los que colaborar en su protección, o que contaran con una participación real y efectiva en los órganos decisorios de la Convención, entre otras demandas

Los derechos de las mujeres y la protección internacional del patrimonio

Es cada vez más evidente que la participación en la vida cultural es reflejo de las desigualdades que enfrenta la propia sociedad –entre otras, cabe destacar las inequidades de género en el acceso al patrimonio que se pueden dar también en las expresiones culturales. Si atendemos a la relación entre género, cultura y derechos humanos, deberemos admitir que a menudo nos encontramos con la utilización de la legitimación cultural para justificar desigualdades y discriminaciones por género, y se olvida que la igualdad entre hombres y mujeres es parte integral de los derechos humanos fundamentales y por tanto, una condición indispensable en un proceso de desarrollo sostenible y centrado en el ser humano.

Lo que valorizamos y reconocemos como patrimonio está por tanto señalado por las propias dinámicas de poder de nuestras sociedades, incluyendo el género, y es común encontrarnos con interpretaciones androcéntricas de lo que es el patrimonio en nuestras comunidades. Los propios espacios culturales y patrimoniales a menudo están separados por sexos (sitios que contienen espacios diferenciados para hombres y mujeres, por ejemplo). Y en la medida en que el patrimonio es una cuestión de elección, éste evoluciona junto con su contexto social.

La inclusión de prácticas sociales y rituales como un dominio de la cultura inmaterial a ser protegido por la comunidad internacional ha llegado a generar controversias, al verse desde algunos ámbitos feministas como una posibilidad de potenciar prácticas negativas para mujeres y niñas.

Las mujeres no siempre forman parte de los grupos que identifican, documentan y diseñan las políticas vinculadas al patrimonio inmaterial, si bien, por otro lado, se les considera que, como mujeres, deben prestar especial atención a la transmisión de dichos valores culturales a las siguientes generaciones. El papel de las mujeres como importantes portadoras de significado de los grupos culturales contrasta claramente con su falta de influencia en los procesos de adopción de decisiones pertinentes y sus limitadas oportunidades para impulsar el desarrollo de su vida cultural.

Uno de los aspectos que más controversia generan en torno a la Lista del Patrimonio Mundial y la cuestión de género es por ejemplo aquellos lugares, como el Monte Athos (Grecia) o los Sitios Sagrados del Monte Kii (Japón), donde en la totalidad del espacio o una parte está prohibida la entrada de mujeres. En este sentido, sería importante considerar la cuestión de la equidad de género de cara a futuras inscripciones, por ejemplo. Por otro lado, la Lista de Patrimonio Mundial contiene también muy pocos sitios donde los bienes estén directamente relacionados con la historia y vidas de mujeres.

Una cuestión que siempre debemos recordar es que no se trata solamente de evidenciar las diferentes formas de relación con el patrimonio por géneros, sino de analizar cómo la interpretación, protección y gestión patrimonial puede a su vez promover la equidad de género, que sería el objetivo final de nuestro trabajo, en definitiva. Debemos ser conscientes de que cuando señalamos que deseamos trabajar con una perspectiva de género en el patrimonio no deberíamos concentrarnos en los diferentes roles determinados para cada sexo, por ejemplo, sino considerar si los diversos roles están centrados en las relaciones de poder, si generan dominación o son humillantes para una parte de la población. Así, cuando hablamos de discriminación basada en el género en torno a la protección del patrimonio, debemos tener cuidado en no caer en visiones simplistas que solo se centran en la segregación sexual de las prácticas, sino que debemos emplear la perspectiva de género para activar la fuerza transformadora para la inclusión de personas que sufren discriminación en la comunidad.

Otros mecanismos de Naciones Unidas en torno a derechos humanos y patrimonio

En este marco, queremos referirnos en primer lugar a la Observación General nº 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que a la hora de analizar qué integra el derecho a participar en la vida cultural, habla también del patrimonio cultural como derecho humano (párrafo 15c). Asimismo, identifica grupos especiales que, debido a las posibilidades de ver vulnerado su derecho a participar en la vida cultural, deben contar con una atención especial por parte de los detentores de obligaciones. Un análisis detallado de esta Observación General nos aportaría muchos enfoques e ideas trasladables a nuestro objetivo de trabajar las Convenciones patrimoniales desde un enfoque en derechos.

Otro proceso clave en materia de patrimonio y derechos humanos es el trabajo de la Relatora Especial sobre los derechos culturales de Naciones Unidas. Desde su primer informe en 2010, señaló la cuestión de la libertad y la importancia del acceso al patrimonio y la participación en su interpretación. Afirmó que ante el derecho a participar, o a no participar (pár. 10): deben tomarse en consideración las diferencias de poder, por cuanto afectan la capacidad de los individuos y grupos para contribuir efectivamente a la identificación, desarrollo e interpretación de un patrimonio cultural compartido.

La Relatora insiste en que su mandato no se refiere a la protección de la cultura y el patrimonio cultural per se, sino al análisis y protección de las condiciones que permiten a todas las personas, sin discriminación, acceder, participar y contribuir a la vida cultural de manera continua y sin discriminación.

En 2011 investigó el derecho al patrimonio cultural dentro de las normas internacionales de derechos humanos, y promovió que considerar el acceso al patrimonio cultural y su disfrute como un derecho humano es un criterio necesario y complementario de la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural. Para una efectiva participación de la comunidad y de cara a contar con la dimensión humana del patrimonio cultural, deberíamos pasar a un nuevo punto de vista, identificando y protegiendo los bienes que tienen significación para personas y comunidades.

Dentro de las posibles limitaciones que la Relatora identificó en su informe, manifestaba que algunas prácticas que forman parte del patrimonio cultural pueden vulnerar los derechos humanos. Los instrumentos internacionales establecen claramente que las prácticas contrarias a los derechos humanos no se pueden justificar en aras de la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural, la diversidad cultural ni los derechos culturales.

La Relatora Especial (el mandato pasó de “Experta Independiente” a “Relatora Especial” al finalizar los primeros 3 años de su trabajo) dedicó su Informe anual de 2012 a la cuestión de los derechos de las mujeres, exigiendo que los Estados den respuesta, entre otras cuestiones, a las restricciones a las mujeres que deseen entrar en sitios o instalaciones del patrimonio cultural, participar en actos o ceremonias culturales e interpretar textos, rituales o costumbres particulares. En su Informe recordamos que preservar la existencia y la cohesión de una comunidad cultural específica no debe lograrse en detrimento de un grupo de la comunidad, por ejemplo las mujeres.

Como venimos viendo, la participación en la vida cultural es reflejo a menudo de las desigualdades que enfrenta la propia sociedad. A menudo, la plena participación de la mujer en la vida cultural se ve menoscabada por la negación sistemática de sus derechos políticos, económicos, sociales, civiles y otros derechos jurídicos.

Conclusiones

¿Por qué es importante abordar el patrimonio desde un enfoque en derechos? El patrimonio no es un objeto de lujo, sino un elemento importante para el desarrollo e identidad de la comunidad local donde se sitúa o desarrolla dicha expresión. Con la clarificación de los derechos culturales en los últimos años, así como con diversos trabajos a lo largo de las últimas décadas, queda claro que el derecho al patrimonio cultural es una parte integral de los derechos humanos.

Naciones Unidas ha señalado la importancia de considerar el acceso al patrimonio y su disfrute como un derecho humano. UNESCO estableció que el patrimonio debe ser una herramienta para la reconciliación, comprometiéndose a promover políticas y medidas participativas e inclusivas que a la vez que se dirijan a la conservación y al desarrollo fomenten la cohesión social y la paz, generando conciencia en torno al patrimonio compartido y al pasado común. No olvidemos que Naciones Unidas fue líder en la aplicación práctica del enfoque basado en derechos en sus programas desde 1997, pero todavía queda trabajo por hacer para poder hablar de una verdadera integración del Enfoque basado en Derechos Humanos en todas las dimensiones del sistema.

Además de preservar y salvaguardar un objeto o una manifestación en sí misma, el Enfoque de Derechos Humanos nos obliga a tener en cuenta los derechos de las personas y las comunidades en relación a esa manifestación y nos recuerda el deber de vincular el patrimonio siempre con su fuente original: las personas. Se trata por tanto de encontrar el cómo hacer las prácticas culturales y patrimoniales más inclusivas y compatibles en todo momento con los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Respecto a las Convenciones de UNESCO, compartimos con la Relatora Especial que aunque los instrumentos de la UNESCO por lo general no especifican los derechos de las personas y/o comunidades al patrimonio cultural, varios elementos en los propios instrumentos, o desarrollados a lo largo de la práctica, invitan a la adopción de un criterio basado en los derechos humanos.

Debemos ser conscientes de que si bien se están dando pasos en este sentido no siempre es sencillo aplicar la lógica de derechos en este tipo de bienes patrimoniales, ya que al tratarse de Convenciones de gran visibilidad internacional, muchos países son reticentes a reconocer y abordar las situaciones de conflicto y los impactos negativos en la comunidad local que se puedan dar.

Señalemos también que los diferentes tipos de patrimonio generan a su vez diferentes cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Gestionar el patrimonio inmaterial incluye tratar con un patrimonio vivo, que solo se da en la medida en que las personas se expresan. La protección de los sitios, por otro lado, conlleva necesariamente otros enfoques diferentes en la protección de los derechos al patrimonio de la comunidad.

Participación, inclusión para el empoderamiento y no discriminación son factores clave desde el enfoque basado en derechos. Como podemos fácilmente imaginar, la falta de participación puede tener consecuencias importantes en la vida y derechos de las comunidades locales. Queremos señalar que cuando hablamos de participación estamos pensando en una involucración efectiva y transformadora, y no en simples consultas públicas a la población. Esta participación transformadora tiene el objetivo de conseguir empoderar a las personas de la comunidad para que asuman y conozcan sus capacidades para tomar decisiones en cuanto a su futuro y al desarrollo como comunidad, así como a la promoción de una sociedad más democrática.

Sería determinante además la comprensión por parte de las personas responsables de la gestión del patrimonio de que a la hora de resolver conflictos vinculados al mismo, es necesario que se aplique el marco de los derechos humanos y no tender a la invisibilización o inatención de dichos conflictos y sus orígenes, y que, como hemos visto, generan situaciones de vulneración de derechos humanos sostenidas en el tiempo y producen situaciones de discriminación de población vulnerable en diferentes comunidades a lo largo del mundo.

No queremos dejar de señalar que la promoción de las expresiones culturales y de la libertad cultural debería convertirse en una herramienta para la promoción de la igualdad de género y la participación efectiva de las mujeres. Para poder terminar con la discriminación contra la mujer, debe haber un acuerdo de que la cultura no puede ser una justificación para la desigualdad.

Debemos hacer hincapié en el derecho de las mujeres a tener acceso, participar y contribuir a todos los aspectos de la vida cultural, incluyendo el derecho a participar activamente en la identificación e interpretación del patrimonio cultural y a decidir sobre las tradiciones, los valores o las prácticas culturales que deben mantenerse, reorientarse, modificarse o abandonarse. Deberemos garantizar que las mujeres tengan las mismas posibilidades de representar a sus comunidades culturales que los hombres.

Por supuesto, no podemos olvidar que trabajar la participación de la comunidad en las expresiones culturales desde un enfoque de género no se trata solamente de fomentar la participación de las mujeres, sino que requerirá de estrategias y visiones más holísticas y sostenibles, que permitan caminar hacia una efectiva participación en igualdad de condiciones para todas las personas.

Por todo lo expuesto, creemos realmente que la aplicación del enfoque en derechos en la implementación de las Convenciones de UNESCO de Patrimonio Mundial y de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, como parte del sistema de Naciones Unidas, favorecería la necesaria inclusión y participación de todos los grupos sociales en la gestión de su patrimonio. Y asimismo, consideramos que los derechos culturales, y entre ellos el derecho al patrimonio, pueden ser un instrumento clave de empoderamiento y defensa de los derechos humanos, especialmente para aquellos grupos que sufren una mayor vulneración de sus derechos de acceso, participación y contribución al patrimonio cultural.


  1. Texto basado en el trabajo: Maraña, M., Patrimonio y Derechos Humanos. Una mirada desde la participación y el género en el trabajo de Naciones Unidas en patrimonio cultural, Bilbao, UNESCO Etxea, 2015.


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