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4 La noción de “bien cultural inmaterial”

Una visión desde el derecho español e italiano y de la Convención UNESCO de 2003

Andrea Areddu

Introducción

Con la Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y la Convención para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, aprobadas respectivamente el 17 de octubre de 2003 y el 20 de octubre de 2005, de la Conferencia general de la UNESCO[1], se completa un importante marco normativo internacional de referencia. En efecto, el largo recorrido que ha emprendido la UNESCO, iniciado con la tutela de los bienes culturales materiales[2], desemboca en la consideración de una acepción más amplia del concepto “patrimonio cultural,”[3] al proteger también los aspectos asociados a la dimensión antropológica. En un mundo cada vez más globalizado, es creciente la necesidad de salvaguardar no solo la realidad de los países del tercer y del cuarto mundo, objetivamente tan ricos culturalmente como débiles en su resistir al adelanto de los tiempos, sino también la necesidad de preservar las culturas de los países de economía avanzada, igualmente amenazados por la homologación cultural: las disposiciones de las mencionadas Convenciones, se erigen, por tanto, como un válido soporte a las políticas públicas que buscan lograr un equilibrio cultural, identitario y social [4].

Si por una parte esta evolución representa un “punto de llegada” para la UNESCO, que ha sido capaz, a lo largo de los años, de recoger, desarrollar y dar respuesta a las demandas de una necesaria consideración y salvaguarda global de la cultura, no relegada a la clásica concepción material de la misma, por otra parte, para los Estados parte de las Convenciones, tal meta representa un “punto de partida”: en efecto, para los Países no es suficiente ratificar los textos de las Convenciones para poder garantizar la efectiva tutela, sino que necesitan una serie de intervenciones legislativas que desarrollen y concreten el empeño adoptado en sede internacional. Se propone, por tanto, un breve análisis comparativo del estado de ejecución en Italia y España de las Convenciones UNESCO de 2003 y 2005, con particular atención a los llamados bienes culturales inmateriales y a su noción.

La Convención UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial

La Convención UNESCO de 2003 representa, a nivel internacional, el instrumento legislativo más importante para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial[5]. Tal Convención es hija de una moderna concepción de la cultura, madurada tras diversos debates, instancias y trabajos que han hecho posible su adopción[6]. El contenido de la Convención es importante, en particular, por la noción de patrimonio cultural inmaterial, por el concepto de salvaguardia propuesto por tal patrimonio y, finalmente, por los instrumentos establecidos para su tutela. La noción de patrimonio cultural inmaterial está incluida en el artículo 2, párrafo 1, el cual establece que «se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes – que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana». En este sentido, la Convención tiene «en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible».

El patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y; e) técnicas artesanales tradicionales. El concepto de salvaguardia es explicado en el siguiente párrafo 3 del artículo 2, y se concretiza en las

las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión – básicamente a través de la enseñanza formal y no formal – y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.

Este concepto de salvaguardia es muy importante porque permite comprender los instrumentos puestos a disposición de los Estados signatarios. A nivel nacional la Convención prevé, en primer lugar, un rol activo por parte de cada Estado, que deberán «adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio», y a los que corresponderá la individualización y la definición de los elementos de su propio patrimonio (art. 11); a continuación, tal actividad desembocará en la creación de inventarios (art. 12), y en otras medidas que se sustanciarán en la adopción de una política general dirigida a la salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural inmaterial, también gracias a la ayuda de uno o más organismos competentes a nivel nacional (art. 13); por último, este hecho comporta en el plano operacional, también una política de educación, sensibilización y participación de la sociedad en el proceso de desarrollo cultural (arts. 14 y 15). A nivel internacional, las finalidades de la Convención, en cambio, se concretizan en la creación de la “Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad” (art. 16), y en la “Lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia” (art. 17), instrumentos que, junto con los programas, proyectos y actividades para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y la posibilidad de recurrir a la cooperación (arts. 18 y 19), hacen de esta Convención un importante punto de referencia para las políticas públicas sobre derechos culturales.

Dicho esto, señalemos, anticipando lo que se dirá más adelante que es importante recalcar que los Estados que hayan ratificado la Convención deberían aplicar de manera concreta los compromisos asumidos. Veamos, pues, como Italia y España han aplicado la normativa sobre el patrimonio cultural inmaterial.

La tutela del patrimonio cultural inmaterial en Italia

En Italia la ratificación de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 2003 tiene lugar el 27 de septiembre de 2007, con la ley n. 167 [7]. Sucesivamente, con la finalidad de aplicar los dictámenes internacionales, el legislador, a través del decreto legislativo n. 62/2008, introdujo el artículo 7-bis en el Código de los bienes culturales[8]. Tal artículo dispone que a «las expresiones de identidad cultural colectiva contempladas en las convenciones UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y para la protección y la promoción de las diversidades culturales adoptadas en París, respectivamente, el 3 de noviembre de 2003 y el 20 de octubre de 2005, se les aplica las disposiciones del presente Código en caso de que estén representadas por un testimonio material y subsistan los supuestos y las condiciones para la aplicabilidad del artículo 10».

El problema principal que se plantea es que el mismo artículo 10 del Código contiene una lista de bienes culturales que son de carácter material[9]. De esta manera, por tanto, el patrimonio cultural inmaterial permanece parcialmente tutelado, sólo en los casos en que posea un soporte material. Más generalmente se puede decir que el entero Código de los bienes culturales italiano está predispuesto, actualmente, para la tutela y la valorización de los bienes culturales materiales, representados por cosas. En efecto, la noción de patrimonio cultural ofrecida por el artículo 2 del Código nos dice que «son bienes culturales las cosas inmuebles y muebles que, en el sentido de los artículos 10 y 11, presentan interés artístico, histórico, arqueológico, etnoantropológico, archivístico y bibliográfico, y las otras cosas designadas por la ley o de acuerdo con la ley, cuyo testimonio posea un valor de civilización».

Esta noción, en base a las referencias a los artículos 10 y 11 [10], no hace otra cosa que volver a recurrir a la “materialidad” y a la necesidad de la “cosa” para hacer posible la aplicabilidad de todos los institutos de tutela y valorización previstos dentro del mismo Código.

Se puede añadir también que los llamados bienes culturales inmateriales necesitan una forma de tutela diferente de aquella ofrecida por las instituciones del Código: faltan, en efecto, en general, medidas adecuadas para el incentivo, la salvaguardia, la promoción, etc., de los bienes culturales inmateriales.

Ciertamente, debe decirse que, si bien la actual tutela de los bienes culturales inmateriales en el plano nacional no alcanza un nivel satisfactorio, no puede decirse lo mismo sobre las iniciativas de algunas regiones, que han adoptado una específica normativa para la aplicación de la Convención UNESCO de 2003. Así la Región de Lombardía[11] y la Región de Sicilia[12], de acuerdo con las previsiones constitucionales, gozan y disfrutan hoy de una legislación que les permite proteger su propio patrimonio inmaterial.

Ésta es la situación que actualmente se presenta en Italia: a pesar de que sea nuestra la teorización de los bienes culturales, ésta no ha sido acogida, desgraciadamente, a nivel legislativo. Nos referimos a la doctrina del iuspublicista Massimo Severo Giannini y a su teorización sobre los bienes culturales[13]. El ilustre autor sostenía la unicidad de la noción de bien cultural, sea material o inmaterial, con o sin soporte material, a través de la individualización de un aspecto común a todos los bienes culturales: su «valor cultural». Desde esta perspectiva, el autor sostenía que el bien cultural presenta las características de «inmaterialidad» (el bien cultural no es un bien material sino inmaterial, en cuanto que es testimonio de civilización, independientemente de la consideración del soporte del bien), y «publicidad» (el bien cultural es público no en cuanto a su titularidad, que puede ser pública o privada, sino en cuanto a su disfrute). Esta teorización es importante porque posee la virtud de acoger los contenidos de la concepción del patrimonio cultural vigente a nivel internacional.

La protección del patrimonio cultural inmaterial en la experiencia española

Tal concepción de bien cultural ha sido ampliamente acogida por la doctrina española[14], y recientemente ha inspirado también al legislador español para la redacción de una ley dedicada a la tutela del patrimonio cultural inmaterial. Después de la ratificación de la Convención de 2003, que tuvo lugar el 25 de octubre de 2006, España ha aplicado la citada Convención a través de la ley estatal 10/2015, de 26 de mayo. Esta ley, acompañada de un animado debate doctrinal[15], se suma a las disposiciones que protegen algunos aspectos del patrimonio cultural inmaterial en las detalladas normativas de las Comunidades autónomas[16], y también en la ley principal del patrimonio histórico español (es decir, la ley 16/1985, que prevé, en sus artículos 46[17] y 47[18], algunas normas sobre el patrimonio etnográfico, que presenta mayor afinidad con el patrimonio cultural inmaterial), sin olvidar la ley estatal 18/2013, de 12 de noviembre[19], que protege la tauromaquia. En la ley 10/2015 el concepto de patrimonio cultural inmaterial, que refleja la noción del patrimonio cultural inmaterial ofrecida por la UNESCO, queda establecido en el artículo 2:

Tendrán la consideración de bienes del patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, y en particular: a) tradiciones y expresiones orales, incluidas las modalidades y particularidades lingüísticas como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; así como la toponimia tradicional como instrumento para la concreción de la denominación geográfica e los territorios; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales tradicionales; f) gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación; g) aprovechamientos específicos de los paisajes naturales; h) formas de socialización colectiva y organizaciones; i) manifestaciones sonoras, música y danza tradicional.

A continuación, el legislador ha previsto un régimen general de disciplina y de principios, en el marco de los cuales tienen que desarrollarse las acciones de salvaguardia: a) los principios y valores contenidos en la Constitución Española y en el Derecho de la Unión Europea; b) el principio de igualdad y no discriminación; c) el protagonismo de las comunidades portadoras del patrimonio cultural inmaterial, como titulares, mantenedoras y legítimas usuarias del mismo, así como el reconocimiento y respeto mutuos; d) el principio de participación; e) el principio de accesibilidad; f) el principio de comunicación cultural; g) el dinamismo inherente al patrimonio cultural inmaterial, que por naturaleza es un patrimonio vivo, recreado y experimentado en tiempo presente y responde a prácticas en continuo cambio, protagonizadas por los individuos y los grupos y comunidades; h) la sostenibilidad de las manifestaciones culturales inmateriales; i) la consideración de la dimensión cultural inmaterial de los bienes muebles e inmuebles que sean objeto de protección como bienes culturales; j) el respeto de los principios de la libertad de establecimiento y la libertad de circulación establecidos en la normativa vigente.

Adquieren relevancia así las disposiciones que, a continuación, prevén actividades de transmisión, difusión y promoción (art. 6); medidas de carácter educativo y además de información y sensibilización (arts. 7 y 8), que miran a la garantía de disfrute público en términos de “posibilidad de acceso” (art. 9). De conformidad con la Convención UNESCO de 2003, las medidas más concretas de salvaguardia de la ley prevén, en el artículo 11, que corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las siguientes funciones: a) la propuesta, elaboración, seguimiento y revisión del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial; b) la gestión del Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial, y; c) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial mediante la Declaración de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. El texto legislativo que acaba de ser someramente expuesto, permite decir que en España el sistema de tutela del patrimonio cultural inmaterial ha alcanzado, indudablemente, un nivel de desarrollo muy elevado, en parte gracias al desarrollo de la doctrina italiana, tal y como se especifica en el preámbulo de la ley 10/2015. Desde esta perspectiva, la misma ley ha ampliado la noción del patrimonio histórico español dispuesta en la ley 16/1985[20], que hoy protege también los aspectos culturales inmateriales.


  1. Doctor Derecho y cultura, Departamento de Jurisprudencia, Universidad de Sassari.
    Para un amplio examen de la cuestión véase C. Bortolotto (Ed.), Il patrimonio immateriale secondo l’UNESCO: analisi e prospettive, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 2008; C. Bortolotto, La problemática del patrimonio cultural inmaterial, en Revista de gestión cultural, Vol. 1, n. 1, 2014; L. Zagato, Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?, Cedam, 2008; T. Scovazzi, L. Zagato, B. Ubertazzi (Ed.), Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni, Giuffrè, 2012; B. Barreiro Carril, La diversidad cultural en el Derecho internacional: la Convención de la UNESCO, Iustel, Madrid, 2011; M. Guevara, Le patrimoine culturel immatériel: Les aspects juridiques des instruments normatifs internationaux, Éditions universitaires européennes, 2013; M. Le Potier, La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel. Le rôle des politiques culturelles locales, Editions Universitaires Européennes, 2012; S. Von Schorlemer, P.T. Stoll, The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Explanatory Notes, Springer, 2012; R. Coti, J. Oelsner, L. Perrin-Bensahel, sous la direction de M. Cornu, J. Fromageau et C. Hottin, Droit et patrimoine culturel inmatériel, Collection Droit de Patrimoine culturel et naturel, Éditions L’Harmattan, 2013.
  2. Para una completa panorámica de la actividad de la UNESCO en el sector de la cultura véase el siguiente link: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13649&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html.
  3. El análisis del moderno concepto de cultura está desarrollado por H. Velasco Maillo, La cultura, noción moderna, en Patrimonio cultural y derecho, n. 10, 2006, 11-34. Se aconsejan, además, las siguientes lecturas: J. Prieto de Pedro, Cultura, culturas y Constitución, Centro de Estudios Constitucionales y Cortes Generales, 2004; J. Prieto de Pedro, voz Cultura (D. Administrativo), en la obra colectiva Enciclopedia jurídica básica, Vol. II, Civitas, Madrid, 1995, 1872-1877; P. Rossi, voce Cultura, in Enc. Novec., Istituto dell’Enciclopedia Italiana Ernesto Treccani, Vol. I, 1975, 1143-1157; A. Pizzorusso, Diritto della cultura e principi costituzionali, in Quad. cost., n. 2, 2000; G. Famiglietti, Diritti culturali e diritto della cultura, Giappichelli Editore, 2010; E. Spagna Musso, Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana, Morano, 1961; M. Ainis, Cultura e politica. Il modello costituzionale, Cedam, 1991. El concepto de cultura en el ordenamiento jurídico europeo está desarrollado por D. D’Orsogna, Diritti culturali per lo sviluppo umano, in D. D’Orsogna, P.L. Sacco, M. Scuderi (Ed.), Nuove Alleanze. Diritto ed economia per la cultura e l’arte, Suplemento al n. 80-81 di Arte e Critica, 2015, 7.
  4. Como observa también J. Avezuela Cárcel, El patrimonio cultural inmaterial, en AA.VV., Problemas prácticos y actualidad del derecho administrativo. Anuario 2015, coord. por Miguel Ángel Recuerda Girela, 2015, 476, las políticas a favor del patrimonio cultural inmaterial contrarrestan las consecuencias negativas de la globalización:

    En efecto, la inclusión de las manifestaciones culturales de índole inmaterial en los ordenamientos jurídicos nacionales es un hecho que ha comenzado a tomar forma en las últimas décadas, al hilo de su creciente aprecio social con el fin de contrarrestar los efectos que a este respecto generaba el llamado proceso de globalización y del reconocimiento en el ámbito internacional de un patrimonio cultural que va más allá del estrictamente tangible.

  5. El texto completo de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial está disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf. Para las líneas directrices operativas adoptadas por la Asamblea General de los Estados miembros de la Convención, modificadas en la última reunión de la UNESCO en París los días 2-4 de junio de 2014, véase http://www.unesco.org/culture/ich/es/directrices.
  6. Se hace referencia a la evolución histórica y a las principales etapas señaladas por J. Avezuela Càrcel, op. cit., 461 ss.; H. Velasco Maillo, De patrimonios culturales y sus categorías, en Gazeta de antropología, n. 28, 3, 2012, disponible en: http://www.gazeta-antropologia.es/?p=4066 ; C. Bortolotto, Il processo di definizione del concetto di “patrimonio culturale immateriale”? Elementi per una riflessione, in C. Bortolotto (Ed.), Il patrimonio culturale secondo l’UNESCO, op. cit., 10 ss.
  7. Se señala además que la ratificación de la Convención para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales se produce el 19 febrero de 2007, con la Ley n. 19. Tal Convención ha sido considerada por el legislador italiano conjuntamente con aquélla del patrimonio cultural inmaterial, así como resulta en el actual texto del art. 7-bis del Código de los bienes culturales y del paisaje.
  8. Como recientes comentarios del artículo 7-bis y del patrimonio cultural inmaterial en general se aconseja G. Famiglietti, Art. 7-bis. Espressioni di identità culturale collettiva, in G. Famiglietti, N. Pignatelli, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Nel Diritto Editore, 2015, 43 ss.; A.L. Tarasco, Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana, in Foro amm.-CdS, fasc. 7-8, 2008, 2261 ss., y desponible tambìen en http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=8520 ; Actos del Congreso de Assisi (25, 26, 27 Octubre de 2012), llamado «I beni immateriali tra regole pubblicistiche e privatistiche», artículos publicados en la revista on-line Aedon, n. 1/2014, www.aedon.mulino.it; A. Bartolini, G. Morbidelli (Ed.), L’immateriale economico nei beni culturali, Giappichelli Editore, 2016.
  9. En efecto, el artículo 10, bajo la rúbrica de «bienes culturales», hace referencia a una vasta lista de bienes culturales materiales (colecciones de museos, pinacotecas, etc.).
  10. Como en el caso del artículo 10, también el artículo 11 -«cosas sujetas a disposiciones de tutela específica»- hace referencia sólo a bienes materiales (las obras de arquitectura contemporánea de particular valor artístico, etc.).
  11. La Región de Lombardía, el 23 octubre de 2008, ha aprobado la Ley n. 27 «Valorización del patrimonio cultural inmaterial».
  12. La Región de Sicilia, el 26 julio de 2005, con el Decreto n. 77, ha instituido el «Registro de las Herencias Inmateriales» y el «Programa de las Herencias Inmateriales».
  13. M.S. Giannini, I beni culturali, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1976. El mismo artículo ha sido traducido al español: M.S. Giannini, Los bienes culturales, en Patrimonio cultural y derecho, n. 9, 2005, 11-42.
  14. La teoría del Giannini sobre los bienes culturales ha sido considerada en importantes contribuciones doctrinales españolas, por ejemplo: M. Vaquer Caballería, La protección jurídica del patrimonio cultural inmaterial, en Museos.es: Revista de la Subdirección General de Museos Estatales, n. 1, 2005, consultable en el siguiente link: http://www.cultura.gob.es/museos/docs/MC/MES/Rev1/s2_7ProteccionJuridica.pdf.
  15. J. Avezuela Cárcel, El patrimonio cultural inmaterial, en AA.VV., Problemas prácticos y actualidad del derecho administrativo. Anuario 2015, coord. por Miguel Ángel Recuerda Girela, 2015; M. P. Castro López, C.M. Ávila Rodríguez, La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial: una aproximación a la reciente ley 10/2015, en Revista sobre patrimonio cultural: regulación, propiedad intelectual e industrial (RIIPAC), n. 5/6, 2015; G. Carrera Díaz, La ley 10/2015 para la Salvaguarda del PCI (2013-2014): ¿patrimonio inmaterial o nacionalismo de Estado?, en Revista Ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, n. 88, octubre 2015.
  16. Como queda referido en “Memoria del análisis de impacto normativo” del “Anteproyecto de la ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”, 24-31, sucesivamente devenida ley n. 10/2015, las Comunidades Autónomas disponen de sistemas legislativos evolucionados en tema de patrimonio histórico. El texto completo de la memoria está disponible en: http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_70/pdfs/2.pdf.
  17. «Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales».
  18. «1. Son bienes inmuebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los títulos II y IV de la presente Ley, aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos. 2. Son bienes muebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los títulos III y IV de la presente Ley, todos aquellos objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades laborales, estéticas y lúdicas propias de cualquier grupo humano, arraigadas y transmitidas consuetudinariamente. 3. Se considera que tienen valor etnográfico y gozarán de protección administrativa aquellos conocimientos o actividades que procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizados por una determinada comunidad. Cuando se trate de conocimientos o actividades que se hallen en previsible peligro de desaparecer, la Administración competente adoptará las medidas oportunas conducentes al estudio y documentación científicos de estos bienes».
  19. El texto completo de la ley se puede consultar en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11837. Se sugiere la lectura del artículo de J.A. Carrillo Donaire, La protección jurídica de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial, en Revista General de Derecho Administrativo, n. 39 mayo 2015.
  20. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en su artículo primero, apartado segundo, ahora establece que : «Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico». La disposición final primera de la Ley 10/2015 ha añadido el siguiente inciso final al mismo artículo primero, apartado segundo: «Asimismo, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes que integren el Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que establezca su legislación especial».


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