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3 Argentina reciente

Transformaciones y continuidades en el patrón de acumulación y su impacto en la estructura de clases (2002-2015). Un análisis contextual

El estudio de los efectos que tiene la intervención estatal o las estrategias de desarrollo sobre los procesos de estructuración de clase, ha sido una de las principales preocupaciones que persiguieron la primera generación de investigadores sobre la estratificación y la movilidad social (Ganzeboom et al., 1991). Diversos estudios de índole internacional (Breen, 2004; Erikson y Goldthorpe, 1992; Grusky y Hauser, 1984; Solís y Boado, 2016; Wright, 1997), con mayores o menores niveles de explicitación, han intentado evaluar el modo en que dichos procesos ocurren bajo diversos formatos de intervención estatal, así como a través del tiempo.

Torrado (1992a, 1995, 2007b) ha estudiado el modo en que las distintas estrategias de desarrollo, a lo largo de siglo XX argentino, orientadas principalmente desde el Estado, han condicionado y habilitado diversos canales de movilidad social ascendente y descendente, así como modificado las pautas vinculadas al bienestar. Graciarena (1976) por su lado, ha especificado aún más la noción a través del concepto de “estilos de desarrollo”, ante la ambigüedad con la que ha sido tratado el tema. Para el autor, hay determinados elementos constitutivos de dichos estilos o modelos de desarrollo que deben ser considerados en conjunto: el Estado; los grupos y clases sociales; los conflictos que se generan entre dichos grupos; los rasgos estructurales (limitaciones a las estrategias) y las posibilidades que legitiman un estilo de desarrollo.

Asimismo, otros autores han identificado a la política social como elemento central para caracterizar la relación entre Estado y estratificación social, mostrando el modo en que la misma gestiona determinados riegos sociales originados en la esfera mercantil, identificados en la literatura como riesgos de clase (Esping-Andersen, 2000) o desigualdades de clase (Adelantado, Noguera, Rambla, y Sáez, 1998: 136-137). Al recortar el enfoque sobre la relación entre la esfera estatal y el mercado, también se acota la definición de política social a considerar. Algunos enfoques han acotado a la política social a una forma de redistribución del ingreso (seguridad social, instituciones públicas universales, intervenciones públicas puntuales, etc.) y otros a la regulación directa e indirecta sobre las condiciones de uso de la fuerza de trabajo (R. Cortés y Marshall, 1991; Danani, 2009; Danani et al., 2004; Soldano y Andrenacci, 2006).

Finalmente, otro de los conceptos, que a pesar de su nivel de abstracción, permite la identificación de determinadas formas de relación entre la esfera estatal y la estructura social, es el de modelo o patrón de acumulación. En este caso partimos de la premisa que los modelos de acumulación aluden “a la articulación de un determinado funcionamiento de las variables económicas, vinculado a una definida estructura económica, una peculiar forma de Estado y las luchas entre los bloques sociales existentes” (Basualdo, 2007: 6). Tanto elementos estructurales (perfil productivo, bienestar social, distribución del ingreso, estructura de clases, etc.), como superestructurales (lucha y alianzas de clases y fracciones, rol del Estado, etc.) entran en juego en dicha definición, y es relevante que ambas cuestiones sean ponderadas equitativamente en el análisis[1]. En otras palabras, el concepto implica:

“[…] un recorte espacio-temporal del proceso de reproducción ampliada del capital, en el cual se observan un conjunto de relaciones sociales regulares, que interactúan de modo relativamente coherente entre sí durante un período determinado, ligadas a tres núcleos constitutivos: las políticas económicas, las variables económicas y las fracciones de clases, observando sus relaciones de fuerzas” (Varesi, 2016: 24).

A su vez, estos tres elementos, para conformar un modelo de acumulación deben presentar una cierta regularidad en su evolución y un determinado orden de prelación entre las distintas variables, es decir, una importancia relativa y una causalidad o dependencia entre las mismas (Basualdo, 2007: 6-7). Por otro lado, dos consideraciones deben ser tenidas en cuenta: los modelos de acumulación no implican una ruptura total con respecto a modelos anteriores, sino que cuentan con elementos sedimentados de lógicas previas de acumulación (Varesi, 2011: 34) y, a su vez, pueden existir cambios cualitativos considerables en algunas variables que evidencian transformaciones en el modelo de acumulación, sin implicar un cambio del mismo (Basualdo, 2007: 7).

Hechas estas aclaraciones conceptuales en este capítulo nos proponemos dos objetivos. En primer lugar, describiremos los principales aspectos que han dado sustento a lo que denominaremos como modelo de acumulación neodesarrollista, a partir de la identificación y desarrollo de las principales políticas y variables económicas, así como también de algunas de las políticas sociales, que han tenido repercusión en la estructura de clases y el bienestar material de los hogares. El objeto de dicha revisión radica en poder establecer un marco histórico-interpretativo para los resultados (Pla, 2012: 312) que posteriormente analizaremos. En segundo lugar, presentaremos específicamente, las principales conclusiones arribadas en los estudios de estructura de clases y movilidad social a la luz de las transformaciones producidas a nivel del modelo de acumulación.

3.1. El neodesarrollismo argentino: claves para comprender la estructura socio-económica a comienzos del siglo XXI

En este subcapítulo nos proponemos describir los principales aspectos, en términos de políticas económicas y sociales, a partir del seguimiento de determinadas variables, sobre los que se montan los procesos de estratificación y movilidad social estudiados. Como bien señalamos anteriormente, esta tesis principalmente recurre a dos fuentes de datos sobre el estudio de la movilidad social que fueron recabadas para los años 2012-2013 y 2014-2015. En términos más generales, dichos años pueden considerarse como pertenecientes a un período de mayor alcance que tuvo su comienzo entre 2002-2003, a partir de la crisis y salida de la convertibilidad, y finalizó hacia finales de 2015, con la terminación del mandato de Cristina Fernández de Kirchner y la asunción de Mauricio Macri. Por otro lado, si bien los relevamientos desde los cuales partimos son ilustrativos de dicho momento histórico, el carácter diacrónico que habilita el estudio de la movilidad social implica el abordaje de momentos anteriores. En este sentido, aunque los datos que presentemos en los capítulos posteriores estén haciendo referencia a dicho período, constantemente serán comparados con situaciones o momentos históricos anteriores. Dicha preocupación nos lleva a plantear en este subcapítulo, un breve apartado en el que se repasarán los principales modelos de acumulación precedentes al neodesarrollismo y sus implicancias en la estructura social. Dada la amplia literatura existente al respecto, y a que no tentemos como interés en esta tesis la problematización de las distintas periodizaciones elaboradas al respecto, dicho apartado tendrá un formato más esquemático que analítico. Por el otro lado, identificaremos los principales aspectos socioeconómicos que permiten una caracterización del modelo de acumulación neodesarrollista, en dos fases: el período 2002-2007 y 2008-2015, respectivamente.

Antes de comenzar, planteamos dos aclaraciones necesarias acerca de la conceptualización del período en consideración. En primer lugar, aun asumiendo que los cambios producidos en el plano socio-económico implicaron ciertas rupturas con el modelo de acumulación anterior (denominado “de valorización financiera” o “aperturista”), no existe un consenso sobre como denominar a dicho período, producto de los debates en torno a la preminencia de ciertos rasgos novedosos o continuadores con respecto al pasado. De este modo, algunos autores definen a este modelo como “neodesarrollista” (Féliz, 2013; Féliz y López, 2012; Katz, 2015; Varesi, 2011), de crecimiento bajo “políticas heterodoxas” (Lindenboim y Salvia, 2015) o descriptivamente como “posconvertibilidad” (CENDA, 2010; Schorr y Wainer, 2014). En este sentido, en esta tesis entendemos que el periodo puede entenderse bajo la idea de neodesarrollismo, en la medida que el concepto presenta una explicación positiva sobre aquello que pretende predicar[2][3]. En términos sintéticos, siguiendo a Varesi, el neodesarrollismo

“[…] aparecería, entonces, caracterizado como un régimen de acumulación que, sin pretender producir una ruptura explícita con todas las reformas neoliberales, sí exhibe algunas transformaciones estructurales y, sobre todo, fuertes cambios de acento y nuevos énfasis tanto en materia social como en políticas de producción y empleo, confiando en las posibilidades del capitalismo productivo y nacional, incluyendo incentivos a la inversión extranjera y priorizando la integración regional. Este régimen evidenció una creciente intervención estatal, mostrando mayores niveles de autonomía relativa, que gestó a su vez un sistema de transferencias de recursos con el fin de compensar los equilibrios inestables entre las fracciones de clase, al tiempo que avanzó a mejorar la vida de las clases subalternas, aunque sin llegar a alterar de forma fundamental la distribución funcional del ingreso” (Varesi, 2016: 43).

Es decir, el neodesarrollismo se presenta como un modelo de acumulación que si bien se diferencia de la valorización financiera aún mantiene ciertas condicionalidades heredadas importantes de este última etapa (Féliz y López, 2012; Piva, 2018). Sin embargo, tanto la importante regulación estatal, principalmente evidenciada a través de control de la política económica, como una relativa impronta industrialista y productivista, marcan los rasgos diferenciadores, que permiten entender a este set de políticas, transformaciones y alianzas de clase, como un nuevo modelo de acumulación.

En segundo lugar, dentro de esta discusión tampoco hay unanimidad con respecto a las características y transformaciones que presenta el modelo a lo largo del tiempo, aun cuando la mayor parte de la bibliografía acuerda en que los años 2007-2008 funcionan como bisagra (Arceo et al., 2012; Beccaria y Maurizio, 2017; Damill y Frenkel, 2015; Kessler, 2014; Piva, 2018; Varesi, 2011, 2016), más allá de las consecuencias de la crisis financiera internacional, que separarían a un momento de mayor crecimiento económico de otro menor crecimiento y/o estancamiento.

El largo siglo XX: estrategias de desarrollo y modelos de acumulación

Como bien señalamos, en este apartado presentaremos algunas de las particularidades que caracterizan a los diferentes modelos de acumulación que se sucedieron a lo largo del siglo XX. La bibliografía que ha abordado esta temática, generalmente, acuerda en distinguir dentro del largo período, la existencia de tres grandes modelos de acumulación que, a su interior, pueden ser subdivididos en varias etapas o fases específicas: modelo agroexportador (1870-1930), modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) (1930-1976) y modelo aperturista (1976-2001)[4]. Particularmente, este último período ha asumido distintas definiciones además de la aquí expuesta, tales como, “de valorización financiera” (Basualdo, 2001), “de reestructuración económica” (R. Cortés y Marshall, 1991) o “neoliberal” (Ferrer, 2004). Abordaremos esquemáticamente los dos últimos períodos[5] siguiendo la clasificación propuesta por Torrado (1992a, 1995, 2004, 2007b).

Suele ubicarse en la crisis financiera internacional de 1929 el fin del modelo agroexportador vigente desde finales de siglo XIX. Como todo proceso social, complejo en su naturaleza, esto no significó que el sector primario de la economía desapareciera de la escena nacional, sino que perdió su posición, en tanto factor de crecimiento económico, en las próximas décadas. En este sentido, si la industria moderna argentina se inicia fuertemente durante la década del veinte, a través de un elevado nivel de inversión industrial y de importación de equipos, es durante la década del treinta en donde se observa un crecimiento industrial ligado tanto a las medidas anticíclicas y, posteriormente, a la política cambiaria (Villanueva, 1972: 475-476). Hacia 1945 predominaban en la estructura industrial, las empresas pequeñas y medianas de capital nacional. En este contexto, los primeros gobiernos peronistas (1946-1955) dan cuerpo al modelo de industrialización por sustitución de importaciones, en su fase “justicialista” o “distribucionista”, según la periodización de Torrado. los puntos centrales de este modelo son: industrialización sustitutiva liviana basada en el incremento de bienes de consumo masivo del mercado interno; redistribución progresiva del ingreso; pleno empleo; reasignación de recursos por parte del Estado; nacionalización de empresas estratégicas y de servicios públicos; mejora en las condiciones de vida de los trabajadores y en la seguridad social (estatuto del peón rural, cambio en la legislación laboral, regulación del sistema jubilatorio, entre otros) (R. Cortés y Marshall, 1991: 30-32; Torrado, 1992a: 53).

La segunda fase del modelo ISI, denominada “desarrollista” o también “segunda ISI”, podemos decir que se inició en el año 1958[6], con la asunción del gobierno de Frondizi y finalizó con el golpe cívico-militar inaugurado en 1976. Con una fuerte influencia, al menos en sus inicios, del programa de desarrollo propuesto por la flamante CEPAL, y especialmente, por Prebisch, los objetivos del desarrollismo partieron del diagnóstico acerca de la necesidad de generar una sustitución de importaciones de bienes intermedios, es decir los llamados “bienes de capital”, que acortaran la dependencia externa que aquejaba constantemente al primer ensayo industrializador. A esto se sumó el desarrollo en la industrialización de bienes durables, así como de la explotación petrolífera. A diferencia del modelo “distribucionista” que había caracterizado la época peronista, Azpiazu, Khavisse y Basualdo (2004) lo caracterizan como concentrador, en la medida de que el saldo que dejó dicho modelo fue una estructura industrial fuertemente extranjerizada y oligopólica (principalmente por la apertura a las inversiones extranjeras directas). Sin embargo, el freno a esta estrategia se produjo debido a las constantes crisis en la balanza de pagos, proceso denominado posteriormente como “stop and go” (Azpiazu et al., 2004: 32; Torrado, 1992a: 59).

El ciclo de industrialización se cierra a partir de 1976 con la asunción de facto del “Proceso de Reorganización Nacional”. De este modo se inaugura el modelo que, siguiendo a Torrado (1992a), denominaremos como “aperturista”. En el plano económico, liberalización generalizada de los mercados y apertura económica al exterior, constituyeron los elementos centrales de la transformación estructural que sufrió el país (Azpiazu et al., 2004: 83). Asimismo, se promocionó únicamente a los sectores más dinámicos y altamente competitivos, provocando una fuerte concentración del capital y abriendo una fase desindustrializadora, al eliminar a las empresas de menor capital (Torrado, 1992a: 63). En términos sociales, no sólo se debilitó al movimiento obrero a partir del disciplinamiento social en términos institucionales (Canitrot, 1983), sino también mediante la persecución, encarcelamiento y desaparición de personas. Desde el plano laboral, la contracción del salario real y la consolidación de una distribución regresiva del ingreso, marcaron la senda a lo largo del período.

Como bien señala Torrado (1992a: 27-28), el gobierno radical de 1983-1989, no llegó a implementar una estrategia de desarrollo específica, aunque se intentó “suavizar” los efectos sociales de la situación heredada. Luego del fracaso de la política económica implementada por el ministro Grinspun, se ensayaron dos planes estabilizadores para contener la presión inflacionaria y el déficit fiscal: el plan austral y el plan primavera. En 1989, se abre la segunda fase aperturista, de la mano del justicialismo, quien a través de tres medidas centrales (ley de emergencia económica, ley de reforma del estado y el plan de convertibilidad), profundizaron el camino ortodoxo que había comenzado la última dictadura. Estas políticas modificaron fuertemente la estructura del Estado, vía privatizaciones, y la orientación de los recursos públicos, a través de la eliminación de subsidios, reintegros impositivos, etc. (Basualdo, 2001: 59). Por su parte, el Plan de Convertibilidad, permitió un control exitoso de la inflación, a costa de un creciente endeudamiento externo. Respecto al mercado laboral, se introdujeron cambios profundos en la legislación del trabajo, promoviendo el empleo precario o tolerándolo, bajando costos de contratación y facilitando despidos (Torrado, 2004: 29).

Finalmente la continuidad del modelo centrado en la convertibilidad por parte del gobierno de la Alianza, profundizó ciertas limitaciones inherentes al mismo que desencadenaron una situación de crisis que tuvo su punto más álgido a finales del 2001. Tanto la continuidad del régimen monetario basado en la paridad cambiaria, que sobrevivía gracias a un inédito endeudamiento externo, como la apertura comercial y financiera, dejaron como saldo un Estado desfinanciado, sin recursos y en default, y a una sociedad con altas tasas de desocupación (Castellani y Schorr, 2004: 58).

La primera etapa del modelo (2002-2007)

El impacto de la crisis económica, política y social desatada a fines del 2001, y que tuvo sus reverberaciones en el año 2002, alcanzando la desocupación el pico de 24,5% y con la mitad de la población en situación de pobreza, marcó el agotamiento del modelo de la convertibilidad. Si bien es a partir de 2003, bajo el nuevo gobierno de N. Kirchner cuando se produce un crecimiento extraordinario de la economía argentina, en un promedio del 8,5% anual, revirtiendo las tendencias del período anterior, es en 2002 cuando se implementan una serie de políticas económicas que modificarán algunos aspectos sustanciales a futuro (Varesi, 2011: 40).

Principales aspectos de la política económica

Tres factores locales marcaron la directriz dentro de un contexto mundial favorable: la política cambiaria, los impuestos al comercio exterior y los efectos de la crisis de 2001-2002 (CENDA, 2010: 41). El retorno del control de la política cambiaria, a partir de la devaluación y el posterior mantenimiento de un “dólar alto”, dotó al Estado argentino de una relativa autonomía para responder ante las vicisitudes de los ciclos económicos. El nuevo tipo de cambio le devolvió competitividad internacional a los sectores exportadores (principalmente en productos agro-alimentarios, mineros y commodities industriales) al tiempo que le otorgó cierta protección a la castigada industria doméstica, que sumada a la existencia de una considerable capacidad productiva ociosa y una abundante mano de obra desocupada, se expandió vigorosamente con una altísima elasticidad empleo-producto (CENDA, 2010: 41-42; Damill y Frenkel, 2015: 4).

La otra política económica que se constituyó como un pilar fundamental del nuevo modelo fueron los impuestos al comercio exterior, específicamente las retenciones a determinados bienes exportables. Dicha política tuvo tres finalidades relevantes para garantizar cierta dinámica económica: 1) evitar la apreciación de la moneda nacional, tal como sucedió en la década del noventa, reteniendo una porción de la riqueza generada en las exportaciones, que de otro modo podría volcarse al mercado cambiario (CENDA, 2010: 44); 2) desvincular parcialmente el precio interno de productos que formaban parte de la canasta básica de consumo de su precio internacional, que se incrementaba tanto por la devaluación como por la tendencia alcista del mercado mundial y, de este modo, limitar la inflación (CENDA, 2010: 45; Varesi, 2011: 37) y 3) funcionar como herramienta de recaudación fiscal, revirtiendo la tendencia deficitaria de la década anterior (Féliz y López, 2012: 42).

Por otro lado, pueden enumerarse otra serie de políticas que por tener una menor centralidad, no deben ser desestimadas. En este sentido, tanto la pesificación asimétrica de las deudas y depósitos, como el salvataje al capital financiero, implicaron la “socialización” del endeudamiento de diferentes fracciones del capital (empresas industriales, sector agropecuario, empresas privatizadas, bancos, etc.) (Féliz y López, 2012: 42; Varesi, 2011: 39). Finalmente el congelamiento y la rediscusión tarifaria, en determinados servicios públicos, permitió que en un contexto de devaluación, no se observe un incremento de trascendencia en dichas áreas sensibles tanto para el consumo popular como para el entonces pujante sector industrial (CENDA, 2010: 68; Varesi, 2011: 39).

Tendencias de las principales variables económico-sociales

Con respecto a aquellos aspectos económicos y sociales que se vieron modificados por la aplicación de estas políticas, en primer lugar podemos señalar la importante recuperación del sector industrial. Entre 2002 y 2006, la industria manufacturera creció a un 11% anual y ganó participación en el PIB nacional (casi 20% en 2005), revirtiendo la tendencia desindustrializadora presente en la década del noventa, pero debilitándose hacia 2008 (Bugna y Porta, 2008: 21; CENDA, 2010: 26; CIFRA, 2011; Kosacoff, 2010; Kulfas, 2016: 41). El tipo de cambio de “dólar caro”, que encareció los productos importados, sumado al particular contexto de alto desempleo y capacidad ociosa instalada, desencadenaron un proceso de incipiente reindustrialización sustitutiva (CENDA, 2010: 46). La tasa de rentabilidad que ofrecía la industria, en este contexto, tenía un mejor rendimiento que las colocaciones financieras, desplazando a la actividad especulativa de la centralidad que ocupaba en el anterior modelo de acumulación (CENDA, 2010: 46; Varesi, 2011: 39).

Sin embargo, este renovado proceso de sustitución tomó lugar, principalmente, en aquellas ramas que habían ampliado su capacidad productiva a finales de los noventa y principios del dos mil, destacándose la de celulosa y papel, agroquímicos, acero, materiales para la construcción y alimentos y bebidas (Bugna y Porta, 2008: 39-40). Por otro lado, otras ramas como textiles, cueros, electrodomésticos y máquinas herramientas, continuaron exhibiendo un proceso de des-sustitución de importaciones. De este modo, comparando ambas décadas, si bien puede evidenciarse un cambio en el peso que adquiere la industria manufacturera en el régimen de crecimiento, al incrementarse tanto la productividad laboral media como la ocupación (2008: 41), hay un cierto consenso en la bibliografía de que el cambio de la matriz productiva ha sido incipiente (CENDA, 2010: 34; Schorr y Wainer, 2014: 14). Observando la composición de las exportaciones industriales, puede indicarse que, a pesar de su incremento y de su importancia en la cuenta corriente, las mismas siguen manteniéndose bajo el mismo formato: predominio de producciones de escaso valor agregado y/o contenido tecnológico, específicamente aquellas que provienen de ventajas comparativas y de regímenes sectoriales de privilegio, como el sector automotor (Bugna y Porta, 2008: 25).

Las principales dimensiones del mercado de trabajo también revirtieron su tendencia a partir de las políticas aplicadas en 2002-2003. Como bien se indicó anteriormente, la capacidad instalada ociosa que presentaba la estructura industrial, permitió que entre 2004 y 2006, por cada 10% de crecimiento en el PBI el empleo aumentara un 4,4% (Féliz y López, 2012: 58)[7]. De esta forma, el mayor dinamismo del sector industrial, principalmente aquel vinculado al mercado interno, fue el que explicó, en mayor medida el crecimiento en el empleo, revirtiendo la situación de los noventa cuando se desempeñaba como el sector que en mayor medida expulsaba mano de obra. En términos generales se evidenció un fuerte crecimiento de la tasa de actividad, la ocupación (explicada en gran parte por un aumento del empleo formal[8]) y en una baja del desempleo (Beccaria y Maurizio, 2017: 23). Esta recomposición del nivel de empleo, fue acompañada, a su vez, de una mejora relativa en las condiciones de vida de los asalariados. En este sentido, la institucionalización del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el retorno de las negociaciones salariales a través de paritarias y la progresiva disminución de la desocupación, permitieron una mejora relevante en el nivel de ingreso en términos absolutos, y en menor medida, en términos relativos, principalmente para aquellos trabajadores enmarcados en convenios colectivos de trabajo (Basualdo, 2011: 146; Beccaria y Maurizio, 2017: 21; Palomino, 2007; Varesi, 2011: 40).

Estas transformaciones operadas sobre el mercado laboral, sumadas a una serie de políticas de la seguridad social, contribuyeron a una sostenida y progresiva distribución y redistribución del ingreso, y la reducción de la desigualdad social (Beccaria y Maurizio, 2017: 40; Kessler, 2014). Dentro del sistema contributivo, se universalizó y garantizó la protección de los adultos mayores a través de la Ley 25994 de jubilación anticipada. Esta transformación tuvo como rápido efecto el aumento de la cobertura al 90% de la población de 65 años y más, así como la reactualización periódica de los haberes (institucionalizada en 2008). Las asignaciones familiares también ampliaron su cobertura al extenderse la registración laboral, a la vez que se aumentaron sistemáticamente los montos transferidos y se cambió la estructura de percepción de dicha asignación (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2014: 23).

Otro elemento de importancia a considerar en esta primera etapa, es el rol que jugó el mercado interno. Algunos sostienen que el proceso de crecimiento en los dos mil estuvo principalmente comandado por la absorción interna (CENDA, 2010: 51-52). Al analizar los componentes de la demanda agregada, en el período 2003-2007, el consumo privado aparece como el de mayor participación, creciendo a una tasa similar a la del PIB.

El desempeño de la balanza comercial y de las cuentas fiscales también se revirtió bajo este modelo de acumulación. Ambas pasaron de ser deficitarias en los noventa a superavitarias en este nuevo contexto, convirtiéndose esta condición en un elemento de estabilidad del modelo (Varesi, 2011: 38). En este sentido, el superávit de la balanza comercial, a partir de la entrada de divisas vía exportaciones de commodities, contribuyó al comienzo de un proceso de desendeudamiento (Schorr y Wainer, 2014: 6-8). Sin embargo, el superávit fiscal no se sostuvo únicamente a base de las retenciones a las exportaciones, sino que también, en un contexto de crecimiento industrial y del empleo, por los impuestos a la producción y al consumo interno. Fue a partir de este incremento en los recursos fiscales, que de la mano del Estado reaparecieron las políticas fiscales expansivas, la asistencia al crédito o la colocación de moneda en mercado cambiario para sostener el tipo de cambio buscando y evitar la apreciación (CENDA, 2010: 46).

La segunda etapa del modelo (2008-2015)

A partir de 2007, se puso en evidencia que el proceso de industrialización impulsado casi exclusivamente a partir de la política cambiaria y la aplicación de retenciones, si bien había rendido sus frutos en los anteriores cinco años, comenzaba a presentar ciertas limitaciones (CENDA, 2010: 80): la capacidad instalada industrial estaba llegando al nivel de saturación, el empleo crecía con menor dinamismo y la recomposición salarial de los trabajadores (en contexto de bajo desempleo) reavivaba los procesos de puja distributiva. Ahora bien, a las limitaciones internas se sumó el impacto de la crisis financiera internacional de 2008, que tuvo dos mecanismos de propagación: el impacto en materia de comercio exterior, que se materializó en una baja en el superávit comercial, que también afecto al superávit fiscal y el ajuste en los planes de producción de las empresas, que tuvo sus efectos en la importante fuga de capitales y la caída de la inversión (Varesi, 2011: 44-45). En este sentido, la política económica del entrante gobierno de Cristina Fernández de Kirchner apuntó, dependiendo de las urgencias de la coyuntura, a contrarrestar los impactos producidos en ambos frentes.

Cambios y continuidades en la política económica

Con respecto al sistema de retenciones, que se había constituido como un pilar del modelo en los años anteriores, el gobierno, al generarse un aumento inusitado del precio internacional de la soja, intentó poner en marcha un plan de retenciones móviles que vinculaba el nivel de dicho impuesto a las subas o bajas en el precio del bien (Basualdo, 2011: 152-158). Dicha estrategia no prosperó ante la férrea oposición de las cuatro entidades agropecuarias de representación nacional (SRA, CRA, FAA y CONINAGRO), parte de la prensa y del arco opositor en la cámara de diputados y senadores (aunque también de sectores aliados al propio kirchnerismo)[9].

Las medidas que se plantearon para enfrentar la crisis internacional, implicaron en algunos casos la profundización de algunas políticas llevadas a cabo en la primera etapa y en otros, la innovación. Estas políticas implicaron la expansión de la demanda agregada y la retención de mano de obra en el sector industrial, a partir de un aumento del gasto público (Basualdo, 2011: 165-166). Así es que el plan anti-crisis combinó la implementación de las siguientes políticas (Basualdo, 2011: 166-167; Kulfas, 2016: 134-145; Varesi, 2011: 46-50): 1) la reestatización del régimen previsional, que a partir del traspaso de los fondos de las administradoras privadas al ANSES, fortaleció las cuentas fiscales; 2) la ley de movilidad jubilatoria, que institucionaliza el ajuste de las jubilaciones dos veces por año, evitando medidas discrecionales del gobierno de turno; 3) la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH), como medida que amplía el régimen de asignaciones familiares al conjunto de menores de edad no cubiertos por el mismo, y que ha permitido mejoras en varios indicadores social (pobreza, indigencia y desigualdad); 4) devaluación gradual, con el fin de mantener la competitividad internacional del tipo de cambio; 5) medidas comerciales como derechos anti-dumping, licencias no automáticas e incremento de los valores de referencia de las importaciones; 6) exenciones y rebajas impositivas al capital productivo; 7) blanqueo de capitales para contrarrestar su fuga; 8) moratoria impositiva; 9) el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), destinado a evitar despidos y reducciones salariales y 10) derivación de recursos a la obra pública, con el fin de generar empleo y hacer frente a la desaceleración del crecimiento económico.

Otro aspecto relevante fueron las políticas económicas destinadas a evitar la fuga de divisas, que a partir de la crisis de 2008 se intensificó y deterioró severamente a la cuenta corriente. Ante un nuevo pico en la fuga de divisas en 2011, al año siguiente se logró una contundente reducción de las mismas a partir de la imposición de restricciones a las importaciones, a la remisión de utilidades y a la compra de moneda extranjera, que si bien permitieron una contención a la fuga de capitales, desincentivaron el ingreso de divisas e incrementaron las expectativas devaluatorias (Gaggero, Schorr, y Wainer, 2014: 139-140; Schorr y Wainer, 2014: 7).

Finalmente, en el campo de las medidas tomadas por el gobierno en esta segunda fase, la profundización en la estatización de empresas privadas, es un aspecto a tener en cuenta. Si bien entre 2003 y 2007, ya se habían realizado algunas estatizaciones (Correo Argentino, Enarsa[10], Aguas Argentinas y Tandanor), fue en esta segunda fase cuando dicho proceso adquirió más dinamismo (se estatizaron Aerolíneas Argentinas y Austral, las AFJP, Fábrica Militar de Aviones, YPF, Metrogas y las Líneas Ferroviarias Sarmiento, Mitre y Belgrano Cargas).

Tendencias de las principales variables económico-sociales

Las políticas económicas que anteriormente fueron descriptas respondieron y apuntaron a controlar una serie de variables económicas y sociales, que en este nuevo período, modificaron o profundizaron las tendencias que se evidenciaron en la primera etapa. Un primer aspecto a corregir por el gobierno entrante fue la problemática de la inflación, que actúo como el “talón de Aquiles” del modelo neodesarrollista (CENDA, 2010: 54; Damill y Frenkel, 2015). A partir de 2008, comenzó a registrarse una aceleración de los precios internos que fue erosionando el tipo de cambio, a medida que los primeros crecían y arrastraban a los salarios nominales, la protección cambiaria perdía su efectividad (2010: 54). Fue en ese contexto, que el gobierno proyectó un cambio en el sistema de retenciones a las exportaciones (política que fue explicada párrafos antes), justificando que dicha medida permitía “desacoplar” los precios internos de los precios internaciones, principalmente ante un aumento en estos últimos. Si en la etapa anterior, mediante distintas políticas como las retenciones, subsidios, acuerdos de precios, tarifas públicas, etc., los precios internos pudieron ser relativamente desvinculados de los externos, generándose un tipo de inflación contenida, la nueva etapa implicó un regreso de la inflación importada que respondía más bien a causas externas (suba de los precios de bienes primarios) que a internas. El fuerte impacto de los commodities en la canasta de consumo permitió que la inflación importada se convirtiera en el motor principal de los precios internos (2010: 66-69). Sin embargo, la problemática de la inflación en esta etapa no estuvo únicamente determinada por factores externos. La profundización de la concentración económica, ha permitido que aquellas firmas oligopólicas continúen teniendo el poder de definir movimientos de precios en múltiples ramas de la actividad económica vinculadas entre sí por las relaciones de insumo-producto, neutralizando así la redistribución del ingreso hacia los trabajadores (Basualdo, 2011: 171).

Esta nueva etapa estuvo signada también por los problemas de restricción externa que presentó sucesivamente la balanza de pagos. Con respecto a la cuenta capital y financiera, entre 2007-2008 y en 2011, se produjeron dos importantes picos en la fuga de capitales al exterior, que generaron, en conjunción con otros factores (entre ellos importantes vencimientos de deuda), una pérdida sumamente pronunciada de reservas internacionales por parte del Banco Central (Schorr y Wainer, 2014: 21-22). La cuenta corriente, específicamente la balanza comercial, también comenzó a mostrar desequilibrios a partir de 2009, cuando se produjo una desaceleración en la evolución de las exportaciones, debido a una retracción en los precios de las principales commodities, una menor demanda externa por parte de algunos socios comerciales y la menor competitividad derivada del incremento de los costos reales en dólares (2014: 11). A su vez, las importaciones continuaron con su tendencia al alza, por múltiples causas nunca resueltas: legado crítico del neoliberalismo en materia industrial, escaso avance en la sustitución de importaciones (principalmente en bienes de capital), restricciones energéticas, etc. (2014: 11).

El desempeño de la industria en esta nueva etapa, permite dar cuenta de las limitaciones propias de la política económica que marcaron el rumbo hasta ese momento. El dinamismo que presentó en la primera fase la evolución de los sectores productores de bienes, principalmente el industrial continuó hasta 2008, cuando el sector servicios retoma (aunque con mucha menor preminencia que en los noventa) el liderazgo (Basualdo, 2011: 177-178; CIFRA, 2011). Si bien la crisis de 2008 tuvo su impacto, los límites evidenciados se corresponden en mayor medida a una ausencia de cambio estructural en el perfil de especialización industrial (Kosacoff, 2010; Piva, 2018: 11). Por otro lado, a diferencia de la tendencia negativa que desempeñó la tasa de interés real en la primera fase, a partir de 2009 ésta se volvió positiva, ganando nuevamente las colocaciones financieras cierto atractivo (CENDA, 2010: 31-32).

La dinámica del mercado de trabajo también presentó algunas novedades con respecto a su desempeño en la etapa anterior. La evolución de la creación de empleo se desaceleró, al pasarse de un aumento en torno al 19% para el período 2003-2006, a uno del 10% para el 2007-2014 (Beccaria y Maurizio, 2017; Féliz y López, 2012: 58; Jaccoud, Monteforte, y Pacífico, 2015: 114). El impacto de la crisis internacional tuvo su injerencia en la tasa de desempleo, que aumentó en 1,8 puntos porcentuales, produciéndose como consecuencia, un revés en el campo de las negociaciones sindicales, tomándose medidas defensivas para evitar despidos preventivos. Por su parte, la desocupación fue más grave en el sector industrial que llegó al 6,1% interanual en el tercer trimestre de 2009, donde también aumentó el subempleo (CENDA, 2010: 70-71). Como contratendencia, a partir de 2010, la creación de empleo estuvo explicada en mayor medida por un crecimiento del trabajo registrado frente al precario, manteniéndose este último en el orden del 34% para el período 2008-2013 (Jaccoud et al., 2015: 116-117), y con una mayor intensidad del empleo público (CIFRA, 2011; Salvia, Vera, y Poy, 2015: 145).

Con respecto a la distribución de los ingresos, en esta etapa, el proceso inflacionario desatado por los sectores dominantes erosionó el aumento en la participación de los asalariados, fijando un techo alrededor del 40% (Basualdo, 2011: 170). Asimismo, si bien la desigualdad de ingresos disminuyó hasta 2011 con relativa fuerza, luego se estancó aunque nunca retrocedió en su tendencia, aún en los años de bajo crecimiento. En este sostenimiento de la reducción de la desigualdad operaron fuertemente medidas de esta segunda etapa, tales como la movilidad jubilatoria y la implementación de la AUH, evidenciando el peso que comenzaron a adquirir los ingresos no laborales para los hogares (Beccaria y Maurizio, 2017: 35, 40; CIFRA, 2011; Damill y Frenkel, 2015: 22-23; Piva, 2018: 17; Salvia y Vera, 2013: 17).

3.2. Estructura de clases y movilidad social en la Argentina reciente

Hasta aquí, hemos mostrado las transformaciones que ha sufrido la estructura socio-económica a partir de los cambios en los modelos de acumulación en las últimas décadas, más específicamente desde 2002-2003. Sin embargo poco hablamos sobre la evolución de la estructura de clases, sobre las pautas de movilidad y sobre el acceso al bienestar de los distintos grupos sociales. Esto, necesariamente, implica un desplazamiento a otro nivel de análisis, en el que recurrimos al enfoque de la estructura social desde una perspectiva de clase y a partir de fuentes de datos específicas.

Asimismo, dentro de los estudios que parten desde el análisis de clase para comprender la realidad argentina, nos enfocaremos específicamente en aquellos que refieren al conjunto de la estructura de clases y que implican el estudio de las relaciones entre las mismas. En este sentido, los aportes de Germani, iniciados en la década del 50, fueron pioneros en esta mirada (Benza, Iuliano, Álvarez Leguizamon, y Pinedo, 2016: 143-144). Sin embargo, ya entrados los años ochenta, y principalmente en los noventa, el estudio de las clases sociales, salvo algunas excepciones (Jorrat, 1987, 1997; Torrado, 1992a; Torrado y Rofman, 1988), perdió lugar frente a la urgencia en el estudio de la creciente pobreza, exclusión y pauperización social o el estudio particular de ciertas clases sociales (por ejemplo: Auyero et al., 2003; Svampa, 2001). Es recién en el comienzo de este nuevo milenio que nuevamente han ganado terreno los estudios sobre estructura de clases y movilidad social (Benza et al., 2016: 171).

Principales tendencias en la estratificación y la movilidad social (1870-1980)

El período señalado en el título es estimativo y no es totalmente exacto, ya que los estudios pioneros de Germani implicaron el análisis de información del Censo Nacional de 1869, 1895, 1914, 1947 y 1960. Asimismo, respecto al límite superior del intervalo especificado, mientras que Torrado alcanzó en su clásico “Estructura social de la Argentina” (1992) a estudiar el Censo Nacional de 1980, también debemos considerar los aportes Jorrat a partir del estudio de la movilidad social en la CABA en 1982 (1997) y el GBA en 1984 (1987). Simplificando la presentación, los trabajos que reseñaremos tuvieron como propósito comprender los cambios evidenciados en la estructura de clases a partir del pasaje del modelo agroexportador al modelo sustitutivo de importaciones y, posteriormente, del pasaje hacia el aún “joven” modelo aperturista o de valorización financiera.

Pueden hacerse varios acercamientos respecto a los estudios que Germani realizó sobre la estructura social argentina a partir de su evolución, la movilidad social, las clases populares, la autopercepción de clase, etc. (Germani et al., 2010). Brevemente, aquí repasaremos las principales conclusiones a las que arribó con sus estudios sobre la evolución de la estructura de clases desde finales del siglo XIX hasta 1960 (Germani, 1955, 1971), así como en el primer estudio sistemático de la movilidad social realizado en la Argentina (Germani, 1963). Algunos de sus estudios particularizaron su foco en la CABA, en el GBA o en el total país. En términos generales, Germani observaba que ya para 1947 las clases medias representaban el 40% de la población total, con un fuerte crecimiento de la categoría de empleados (Germani, 1955: 220). En términos de la PEA, considerando el período desde 1869 a 1960, el pasaje del modelo agroexportador al modelo ISI, se tradujo en un aumento de casi 34 pp. para los estratos medios, a costa de una reducción de los sectores manuales (Germani, 1971: 54). Dentro de cada clase, el estrato de mayor crecimiento fue el de trabajadores asalariados y especializados, concentrados en grandes establecimientos. De este modo, la morfología de la estructura de clases argentina era para Germani una consecuencia de dos factores conectados: la evolución de la estructura económica y la inmigración (Germani, 1955: 218). Ambos hechos habían confluido para que en 1895 se exhiba ya un primigenio desarrollo industrial y una creciente urbanización.

Respecto a la CABA, desde principios de siglo ya se erige como el espacio geográfico con mayor proporción de individuos de clase media, alcanzando en 1947 el 45% de la población (Germani, 1955: 212)[11], sin embargo el trabajo industrial aún tenía un peso relevante en la estructura económica de la ciudad.

Ya para comienzos de 1960, los datos de la encuesta de “estratificación y movilidad social en Buenos Aires”, le permiten a Germani analizar el fenómeno a partir de un relevamiento retrospectivo específico. De este análisis, sobre las tendencias de movilidad social para el GBA, el autor ítalo-argentino extrajo las siguientes conclusiones: existencia de una alta movilidad social, tanto de índole intergeneracional como intrageneracional; índice bruto de movilidad del 70%, de la cual un 38% implicaba movilidad ascendente; permeabilidad de la clase alta y, finalmente, un alto nivel de movilidad en comparación con otros países en el mismo contexto (Germani, 1963). Estos resultados a los cuales arriba Germani, logran instalar, tanto en términos académicos como populares, la idea de la Argentina como una sociedad de amplias clases medias, gobernada por la movilidad social ascendente que permitía tanto el comercio como la educación (Benza et al., 2016: 167).

A partir de un relevamiento contemporáneo al realizado por Germani pero para la CABA, Rubinstein (1973) extrajo conclusiones disímiles respecto a las pautas de movilidad social. El mismo indicaba que el papel dependiente y subordinado de la Argentina respecto a la estructura económica global fijaba ciertos límites a la movilidad social. En este contexto, según Rubinstein, a principios de siglo se habría experimentado una menor movilidad que la señalada por Germani, al mismo tiempo de que evidencia una mayor rigidez y diferenciación para cada estrato social para la década bajo estudio (1973: 386). El otro autor que también analizó un relevamiento realizado hacia finales de los años sesenta para el Gran Buenos Aires[12] fue Beccaria (1978). Dicho estudio arroja resultados más acordes a los presentados por Germani, midiendo un índice bruto de movilidad de 75% y una movilidad ascendente de 44%. Asimismo Beccaria resalta la importancia de la educación como factor central de movilidad ascendente (1978: 614). Como parte del proceso de la segunda ISI, iniciada por el desarrollismo hacia finales de la década del cincuenta, que conllevó procesos de concentración y extranjerización de la economía, el autor observa ciertos movimientos descendentes que pueden estar asociados a la destrucción de pequeños talleres e industrias que forzó a que parte de los trabajadores independientes migren hacia categorías más bajas (Beccaria, 1978: 613).

La tradición de estudios comenzados por Germani tuvo continuidad durante los ochenta a partir de las investigaciones impulsadas tanto por Torrado como por Jorrat. La primera se encargó, principalmente, de continuar con la serie del análisis de la estructura social argentina incorporando información de los censos de 1970 y 1980. Si bien la autora se centró en el análisis de los cambios morfológicos que asumió la estructura de clases en el período 1945-1980, también hizo un análisis de los flujos de movilidad social a partir cambios en los stocks poblacionales según clase y estrato social (CFI, 1989; Torrado, 1992a). Como gran conclusión de la desestructuración de las estrategias “justicialistas” y “desarrollistas” y el inicio de la implementación del modelo “aperturista”, hacia 1980, la autora observó un crecimiento de la clase media asalariada, así como un achicamiento de la clase obrera dependiente, producto del proceso de desindustrialización que comenzaba a experimentar el país (Torrado, 1992a: 146). Asimismo, y principalmente en los años ochenta, el avance del modelo aperturista deja su rasgo en la estructura de clases al notarse un gran crecimiento del estrato marginal de la clase obrera, pasando su participación de un 9,1% en 1970 a un 17,6 en 1991 (Torrado, 2007a: 41).

A diferencia de Torrado, Jorrat (1987, 1997) trabajó el tema de la movilidad social a partir de dos encuestas específicas realizadas durante los años 1982 y 1984, en la CABA y en el GBA, respectivamente. En términos internacionales, Jorrat observa que las pautas de movilidad halladas son comparables a las de los países desarrollados. Respecto a los patrones específicos evidenciados para la ciudad, el autor describe que a partir de los años setenta se intensifica la inmovilidad social “en el sentido de que los hijos seguían más notoriamente las huellas de sus padres en las propias categorías” (Jorrat, 1997: 111). Sin embargo, en consonancia con los hallazgos de Germani, descarta la caracterización de la estructura social como rígida, al evidenciarse importantes movimientos e inexistencias de cierres sociales en la clase superior.

Principales tendencias en la estratificación y la movilidad social (1990-2015)

Los textos “Movilidad social y trayectorias ocupacionales en Argentina: rupturas y algunas paradojas del caso de Buenos Aires” de Kessler y Espinoza (2003) y “Aspectos descriptivos de la movilidad intergeneracional de clase en Argentina: 2003-2004” de Jorrat (2005), marcan el inicio de una serie de trabajos que revitalizaron, en esta nueva década, los estudios de la estructura de clases y, principalmente, de la movilidad social[13]. En estas nuevas investigaciones no sólo se pudo obtener una fotografía de la estructura social en un período de transformaciones en el modelo de acumulación (pasaje del modelo aperturista al neodesarrollista) sino también, se evidenciaron aquellos rasgos que las reformas estructurales de los años noventa dejaron sobre la morfología y la dinámica de las clases sociales.

En términos generales, si bien la información y los hallazgos a los que se arribaron presentan sus particularidades, tanto en función de los momentos analizados, las fuentes utilizadas y los enfoques teóricos asumidos, la mayor parte de la bibliografía, podemos decir, llega a un consenso en los siguientes dos aspectos: 1) existencia de una reducción de la desigualdad entre clases sociales, tornándose más difusa la distancia entre los ingresos de la clase media y la clase obrera y 2) inexistencia de indicios de que haya aumentado la movilidad ascendente, específicamente, hacia la clase media, y una mayor rigidización de la estructura en términos de fluidez social (Benza et al., 2016: 172-173).

Evolución de la estructura de clases y la desigualdad social (1990-2015)

Continuando con la serie comenzada por Torrado, Sacco (2016) reconstruye la evolución de la estructura de clases nacional entre los años 1991 y 2010, dando cuenta de la intensificación del proceso de desalarización de la clase media y obrera y el inminente aumento del estrato marginal. Como saldo, entonces, la década de los noventa dejaba su huella en la estructura social a partir de un achicamiento de la clase obrera en detrimento de un aumento de la marginalidad y una relativa estabilidad en la clase media. A su vez, en términos de desigualdad, el modelo aperturista había generado altos niveles de desocupación, desprotección laboral y reducción en las remuneraciones en las posiciones inferiores de la clase media, siendo los estratos profesionales y técnicos, los que de alguna manera pudieron considerarse como los “ganadores” de dicha década, siempre hablando en términos de ingresos (Benza, 2012: 275-278). En base a otras técnicas de clasificación, Fachelli (2013), también encuentra que entre los años 1997 y 2002, los estratos sociales que más crecen son el “bajo” (en un 19%) y el “medio laboral inactivo” (5,1%), a la vez que evidencia una mayor “distancia social” entre los mismos, que se traduce en una mayor desigualdad.

Algunas de estas tendencias se revirtieron a partir de 2002-2003, ante las transformaciones que comenzaron a producirse en el modelo de acumulación. El tipo de cambio de dólar alto en conjunción con una importante capacidad ociosa industrial, se tradujo, en términos de la composición de la estructura de clases, en un aumento creciente de los puestos de trabajadores calificados, de clase media rutinaria y profesionales (Benza, 2012: 221; Fachelli, 2013: 27). En este contexto, la clase obrera en su conjunto experimentó un fuerte crecimiento, principalmente en su estrato calificado, reduciéndose asimismo su componente cuenta propia y aquellos sectores ligados a situaciones de marginalidad (Dalle y Stiberman, 2017; Pla et al., 2018).

Ahora bien, en términos de morfología y composición, la estructura de clases volvía a parecerse, en mayor medida, a la encontrada a comienzos de los años 90, pero ¿qué sucedió en términos de la distribución de la desigualdad entre las mismas? En términos de ingresos, a partir del mayor dinamismo que adquirió el mercado de trabajo, distintas investigaciones postulan que la desigualdad entre las clases disminuyó, principalmente, a partir de una mejora en las percepciones de la clase trabajadora calificada y la clase media rutinaria (Benza, 2012: 278, 2016: 127; Dalle, 2012; Pla et al., 2018). Esto produjo una reducción en las distancias, medidas en términos de ingresos, existentes entre la clase obrera y la clase media, manteniéndose una frontera de clase pero volviéndose más difusa (Fachelli, 2013; Maceira, 2016). Particularmente, Chávez Molina y Sacco (2015), agregan un matiz a esta lectura, al señalar que si bien hubo una recomposición en los ingresos para el conjunto de las clases “industriales” y “de servicios”, los “ganadores” del período 2003-2014 serían los trabajadores empleados en grandes establecimientos, asociados a nichos de mayor productividad y con mayor nivel de sindicalización. Por otro lado, el incremento experimentado en los ingresos no laborales (vía transferencias desde el Estado, becas, subsidios, etc.), redujeron la brecha de ingresos para aquellos estratos no asalariados (empleadas domésticas, trabajadores marginales, trabajadores especializados autónomos) (Pla et al., 2018).

Sin embargo, estos cambios no sólo aplicaron una reducción de las brechas entre clases en términos de ingresos sino también en otras dimensiones de las condiciones laborales y de vida. Por un lado, la clase obrera, específicamente su estrato asalariado, experimenta un fuerte proceso de formalización laboral (Dalle y Stiberman, 2017; Maceira, 2016), así como una disminución en el nivel de subocupación demandante y no demandante (Pla et al., 2018). Por otro lado, al especificar el análisis en función de la inserción laboral de los individuos, los trabajadores rutinarios y calificados de pequeñas firmas, así como los trabajadores manuales de baja calificación, continúan teniendo una gravitante incidencia en los índices de informalidad (Solís, Chávez Molina, y Cobos, 2016). En este sentido, como bien señalan Dalle (2012: 103, 2016: 182) y Maceira (2016), la estratificación social del neodesarrollismo condensa dos procesos que han dejado su huella estructural: exclusión y marginalidad forzada en el período neoliberal y recomposición social, principalmente de los sectores calificados de la clase obrera y rutinarios de la clase media.

Tendencias y patrones de movilidad social (1990-2015)

Según Jorrat (2000), para los años noventa, el patrón de fluidez social (movilidad relativa) del AMBA mostraba algunas diferenciaciones respecto a las mediciones que habían realizado Germani en 1960 y Beccaria en 1969. Si en los años sesenta, la estructura de clases mostraba un mayor nivel de rigidez (mayor asociación entre el origen y el destino social), en las trayectorias intergeneracionales de corta distancia entre sectores obreros y de clase media-baja, para los años noventa, las rigideces se vinculaban en mayor medida a los trayectos existentes entre las clases medias y la clase de servicios (Jorrat, 2000: 217). Sin embargo, y siguiendo las tendencias halladas internacionalmente (Erikson y Goldthorpe, 1992; Featherman et al., 1975), los autores que estudiaron recientemente los cambios en los patrones de movilidad social, desde mediados de siglo hasta finales de los años noventa y principios del dos mil, concuerdan en la relativa tendencia a la rigidez que asume la estructura de clases, principalmente en términos de cruce de la frontera manual / no manual (Benza, 2012: 326) o entre las clases populares y las clases medias (Dalle, 2016: 131).

Ahora bien, si se observan las tasas absolutas de movilidad (aquellas que permiten observar el cambio estructural ocurrido entre el período considerado en una tabla de movilidad), hacia finales del siglo XX, las transformaciones en el modelo de acumulación se reflejaban en un crecimiento de las ocupaciones profesionales, gerenciales y técnicas (y destrucción de puestos de trabajo industrial), que implicaron una alta movilidad estructural y procesos de movilidad de corta distancia (Dalle, 2016: 139). En este contexto de desindustrialización y terciarización de la economía, los hijos de hogares de clase trabajadora calificada “se desperdigaron” por toda la estructura social, principalmente en puestos de clase media rutinaria o técnica (Pla, 2016: 134; Pla y Rodríguez de la Fuente, 2016: 487). Estas trayectorias ascendentes fueron caracterizadas por Kessler y Espinoza (2003), de acuerdo a un relevamiento realizado en el año 2000, como movimientos espurios o inconsistentes, ya que las recompensas sociales asociadas a los puestos o posiciones alcanzadas no se correspondían con las que normalmente caracterizaban a aquellas situaciones[14].

Como bien señalábamos, ya entrados los años dos mil, los estudios sobre movilidad social sobre el AMBA, se multiplicaron indagando cuestiones clásicas de la temática, así como planteando otros análisis novedosos. Los cambios en las estrategias de desarrollo y en los modelos de acumulación, no tienen un impacto inmediato en la estructura social, en este caso en la conformación intergeneracional de las clases sociales, sino que tardan en asentarse o “dejar su huella”. Por este motivo, muchas de las transformaciones ocurridas durante la transición entre el modelo agroexportador y el modelo ISI, fueron descritas por Germani a partir de su relevamiento en el año 1960. En este sentido, según Jorrat (2005), la crisis de 2001 (y las posteriores rupturas en el modelo de acumulación) no afectaron a las pautas de movilidad, poniendo en cuestión aquellas hipótesis que relacionan el crecimiento de la desigualdad con bajos niveles de movilidad.

Una buena forma de comenzar una descripción sobre la caracterización de la movilidad social en el período neodesarrollista, es presentando los índices brutos de movilidad total, ascendente y descendente que han medido los distintos autores, desde diversas fuentes y operacionalizaciones de clase (ver tabla 3.1)

Tabla 3.1. Principales índices de movilidad social. AMBA, 2000-2015

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Fuente: elaboración propia en base a textos citados.

Como podemos observar, independientemente de los recortes espaciales considerados y los abordajes escogidos, las tasas de movilidad total oscilan, para el período, entre el 51,8% y el 69,7%. Al mismo tiempo, con la excepción del cálculo realizado por Quartulli y Salvia (2011), los índices de movilidad ascendente superan a los de movilidad descendente. En este sentido, las tendencias expuestas serían atendibles a las existentes a niveles internacionales (Jorrat, 2005). Siguiendo temporalmente los distintos relevamientos, las oportunidades de movilidad parecieran haber disminuido hacia el final del período (Jorrat y Benza, 2016: 161)

En términos de movilidad absoluta, el período es signado por una relativa rigidez en la clase trabajadora calificada (en los años noventa había distribuido sus hijos por toda la estructura), mientras que la clase media rutinaria asumió el papel más dinámico, migrando gran parte de los individuos con dichos orígenes hacia las clases mejor posicionadas o, en menor medida, descendiendo. Asimismo, hacia finales del período, se observa una tendencia hacia el cierre social en los extremos de la estructura de clases (Pla, 2016; Pla y Rodríguez de la Fuente, 2015, 2016; Quartulli y Salvia, 2014), aunque son significativos aún los movimientos de corta distancia entre la clase trabajadora y la clase media rutinaria inferior (Dalle, 2016: 139; Dalle, Carrascosa, y Lazarte, 2017; Dalle, Carrascosa, Lazarte, Mattera, y Rogulich, 2015). Por otra parte, la pequeña burguesía mostró un cierto desplazamiento intergeneracional hacia las ocupaciones profesionales o técnicas, debido al saldo que ha dejado el proceso de concentración económica iniciado con el modelo aperturista (Benza, 2012: 324). Finalmente, en términos absolutos, especificando el análisis por edad y género, en este período la bibliografía da cuenta de una cierta atenuación de la movilidad social entre los más jóvenes, así como una mayor movilidad entre las mujeres (Jorrat, 2016; Jorrat y Benza, 2016: 160).

Las pautas de movilidad relativa refuerzan las tendencias absolutas al devolver una imagen de una estructura social más rígida y desigual en términos de cambio de posición social, independientemente de las transformaciones estructurales, aunque con niveles comparables internacionalmente (Benza, 2012; Dalle, 2016; Jorrat y Benza, 2016; Pla, 2016; Pla y Rodríguez de la Fuente, 2016). En términos sintéticos, específicamente las pautas relativas de movilidad describen los siguientes patrones: 1) considerable herencia de clase; 2) importantes barreras para el pasaje desde y hacia clases agrícolas; 3) poca frecuencia de movilidad de larga distancia en los extremos de la estructura de clase; 4) una ligera mayor fluidez entre las mujeres respecto a los varones (Jorrat, 2016: 139, 256; Jorrat y Benza, 2016: 177). Dentro de este aumento progresivo en la rigidez que presenta la estructura de clases, sin embargo, existiría una alta fluidez entre las posiciones intermedias y la clase trabajadora calificada, mediada por movimientos de corta distancia (Dalle, 2016: 140).

Otras investigaciones han trascendido el análisis de la descripción e interpretación de los patrones de movilidad social que han caracterizado al período y se han preguntado por las implicancias de dichos movimientos. En esta línea, al analizar el formato que asumieron los procesos de movilidad en los dos mil (Pla, Rodríguez de la Fuente, y Fernández Melián, 2016), marcamos un contrapunto respecto a la hipótesis que planteaban Kessler y Espinoza respecto a la consolidación de un carácter espurio en los movimientos ascendentes. Para 2007, aproximadamente un 78% de los ascensos sociales calculados podían considerarse como “consistentes”, es decir, redundaban en posiciones laborales protegidas o reguladas[15]. Tomando otro aspecto ligado a las recompensas asociadas al posicionamiento en la estructura social, Salvia y Quartulli (2014) y Pla (2012, 2016), en forma descriptiva, señalan que la desigualdad de ingresos se explica no sólo por la posición de clase sino también, en parte, por el origen social desde el que se proviene. En este sentido, los orígenes y las trayectorias trazadas contarían como hándicap para el acceso a un determinado nivel de bienestar.

Finalmente, el análisis conjunto de la movilidad absoluta, relativa y el estudio de la evolución reciente de las clases sociales, nos permiten postular la hipótesis de que aún con una mayor rigidización de estructura, las clases se han modificado. El acercamiento en términos de ingresos entre los estratos inferiores de la clase media y la clase trabajadora calificada, así como el relativo mejoramiento del estrato obrero calificado y estrato marginal, vía procesos de intervención estatal (negociación colectiva, fijación periódica del salario mínimo, transferencias de ingresos, etc.), permitirían hablar de procesos de “reproducción ascendente” (Pla, 2016: 238) o de “movilidad colectiva” (Dalle, 2016; Palomino y Dalle, 2012).


  1. Sin embargo, en la medida en que en esta tesis no abordamos específicamente la dimensión superestructural, las referencias que realizaremos sobre dicha cuestión estará supeditada necesariamente al esclarecimiento de algunos de los aspectos estructurales desarrollados.
  2. Como bien señala Varesi, “siendo extendido el uso de modelo “post-convertibilidad”, no podemos dejar de notar que esta designación remite al modelo anterior, refiriendo a la ruptura establecida a nivel de tipo de cambio (2016: 42).
  3. Dejamos en segundo plano las discusiones que han ocurrido sobre el uso del concepto “neodesarrollismo”, en referencia a la medida en que el mismo puede pensarse como un modelo “atado” aun al proceso de valorización financiera y subsidiario del mismo, o por el contrario, como un modelo que ha sentado sus bases diferenciadas del anterior. Un buen resumen acerca de dicho debate puede encontrarse en Katz (2015).
  4. Los años límite de cada período son aproximados y corresponden a determinados abordajes sobre la historia económica, política y social argentina. Principalmente uno de los mayores debates se centró el establecimiento del inicio del modelo sustitutivo de importaciones (Basualdo, 2004; Ferrer, 2004; Murmis y Portantiero, 2004; Villanueva, 1972).
  5. Se revisarán únicamente los periodos de “industrialización por sustitución de importaciones” y “aperturista” debido a que la población estudiada empíricamente ha nacido entre la década de 1930 y la de 1980.
  6. Entre 1955 y 1957 fue el período del gobierno de facto autodenominado “Revolución Libertadora”. Como bien señala Torrado, en ese breve interregno, “no lograron implementarse políticas públicas que alteraran significativamente la estructura socio-económica que primaba en sus respectivos inicios” (1992a: 51).
  7. Entre 2003 y 2008 se generaron más de 4 millones de empleos nuevos (CENDA, 2010: 24).
  8. Como contraparte entre 2003 y 2012, la tasa de incidencia del empleo no regulado presentó una reducción de casi 15 puntos porcentuales (Bertranou y Casanova, 2013: 47).
  9. En términos políticos, el “conflicto con el campo” se abre con una situación paradojal, que desemboca en un proceso de radicalización progresista (Varesi, 2011, 2016). Si bien el intento del gobierno de disciplinar a los grandes agroexportadores resulta institucionalmente frustrado, dicha derrota le permite dar un salto cualitativo porque elimina sus propias ambigüedades en términos del tipo de hegemonía que se propone ejercer, encontrando un mayor sustento en la clase trabajadora y los sectores productivos aliados (Basualdo, 2011: 184-185; Varesi, 2011: 50).
  10. Empresa creada desde el Estado.
  11. Según estimaciones de Germani a partir del Censo General de la Ciudad de Buenos Aires de 1936, la clase media alcanzaba ya el 46% del total de la ciudad, en donde un 21% de la población se insertaba como autónoma y un 25% como asalariada (Germani, 1981).
  12. Dicho relevamiento fue realizado en 1969 a partir de una muestra complementaria de la Encuesta de Empleo y Desempleo realizada por el INDEC.
  13. Es necesario aclarar que este “boom” de investigaciones en la temática no fue un fenómeno eminentemente argentino, sino más bien de índole latinoamericano. Sólo por citar algunos ejemplos: Chile (Torche y Wormald, 2004), Perú (Benavides, 2002), Uruguay (Boado, 2004), Brasil (Costa Ribeiro, 2000) y México (Solís, 2005), entre otros.
  14. Puntualmente Kessler y Espinoza, operacionalizan el concepto de movilidad consistente o espuria a partir de la diferencia entre la movilidad experimentada en términos objetivos y la percepción subjetiva (2003: 34).
  15. Dalle (2016: 170) llega a conclusiones similares al analizar las chances de acceder a posiciones precarias en función del tipo de movilidad experimentada.


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