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Paridad, elecciones y acceso a la representación

María Inés Tula

La presentación de hoy toma como punto de partida la idea de cómo se entrelazan los Parlamentos, los Congresos con el concepto de democracia paritaria. La democracia paritaria implica un cambio de paradigma y define un modelo de democracia en el que la paridad y la igualdad sustantiva encarnan los ejes sobre los cuales se asienta un Estado inclusivo.

En Europa, la figura de democracia paritaria se retomó del Manifiesto de la Declaración de Atenas (1992) y fue definida como un concepto de sociedad integrada a partes iguales por mujeres y por hombres, en la cual la representación equilibrada de ambos en las funciones decisorias de la política es condición previa al disfrute pleno y en pie de igualdad de la ciudadanía, y en la que las tasas de participación similares o equivalentes (entre el 40/60 y el 50/50) de mujeres y hombres en el conjunto del proceso democrático es un principio de democracia.

Muchos años después, en 2015, fue aprobada en América Latina la Norma Marco para consolidar la democracia paritaria. Se trata de un instrumento que orienta a los países en cómo avanzar hacia la igualdad sustantiva como lo promueve CEDAW desde 1979. Reconoce la paridad como un eje vertebrador de esta democracia, es decir, extiende esta idea hacia todos los poderes del Estado, incluso a la sociedad. El artículo 8 recoge el compromiso del Estado inclusivo con la democracia paritaria como una política de Estado. En este sentido, la norma aspira a que su incorporación se efectivice en los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral de toda la estructura territorial del Estado.

Pero… ¿cómo se llega a la paridad y qué otras medidas se adoptaron en los últimos treinta años?

En la idea de cómo comprender la relación Congreso-paridad-democracia paritaria también es necesario otro interrogante y es ¿qué se entiende por paridad? ¿Cómo surge y qué pretende resolver? ¿Por qué se aplica en el ámbito legislativo? Para empezar, entonces, es importante poner un punto de inicio con datos. No solo en la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres, que sabemos lleva larga data, sino también en el contexto internacional y regional que lleva a los organismos internacionales y, particularmente a la región, a poner la lupa en los órganos de representación legislativa.

Los 90 son años clave en centrar la atención y visibilizar la ausencia de mujeres en la arena legislativa como espacio de deliberación y de decisión. Si se piensa en los Parlamentos y los Congresos como ámbitos deliberativos de representación donde la composición y su conformación pretenden ser un espejo (reflejo) de la sociedad con su diversidad y pluralismo, las mujeres no estaban presentes. Los partidos políticos, las instituciones que mayoritariamente poseen el monopolio de la representación de las candidaturas, no las incluían en sus listas. Y no era porque existiera alguna prohibición que las inhibía de participar. Ya en los años 50, la mayoría de los países de América Latina habían reconocido el derecho activo a las mujeres (votar en iguales condiciones que los hombres). Sin embargo, esta ampliación de los derechos en el campo político no implicó una ampliación en los derechos pasivos (ser candidatas en iguales condiciones que los hombres). Esta ausencia, por tanto, no respondía a impedimentos legales. La no incorporación de las mujeres en las listas partidarias se debía más bien a pautas culturales patriarcales muy arraigadas en las sociedades: las mujeres fuera del ámbito público.

En este sentido, el acceso tardío a los derechos políticos incentivó una desigualdad estructural y consolidó diferencias que han quedado muy marcadas en el ejercicio de esos derechos. Con el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres no se terminó la desigualdad en la política sino que siguió presente a través de prejuicios, estereotipos, prácticas discriminatorias que se convirtieron en serios obstáculos para el ejercicio libre en el campo de la política. Y se daba una paradoja: las mujeres seguían siendo relegadas de los espacios de poder aun cuando contaban con dispositivos legales que buscaban su promoción.

Aún más: si analizamos la obra de Arend Lijphart titulada Modelos de democracia se observa que el tratamiento político en las sociedades consideradas heterogéneas con minorías étnicas, linguales, raciales, campesinas, indígenas, etc., buscó la inclusión de estos grupos minoritarios en los Parlamentos para darles voz y mayor legitimidad a las decisiones allí tomadas. Las bancas reservadas, entendidas como un número fijo de escaños, son un buen ejemplo de ello. Sin embargo, las mujeres, como parte del 50% de la población, no recibieron un tratamiento similar en términos de inclusión y representatividad.

Volviendo entonces a los 90, los cambios promovidos para aumentar la participación de mujeres en política y los estudios efectuados para lograrlo mostraron que los Parlamentos en el mundo tenían una muy baja representación de mujeres. Los datos de aquel entonces indicaban una proporción femenina que rondaba el 4% (puede chequearse el histórico en la página web de Inter Parliamentary Union). Y se reconoció que la ausencia de mujeres en cargos electivos representativos significaba un déficit para las democracias. “¡Sin mujeres no hay democracia!” fue la consigna utilizada por aquellos años para mostrar que los órganos de deliberación y de representación por excelencia no tenían presencia del 50% de la población. Y que las decisiones que allí se tomaban —con carácter vinculante para la toda la comunidad— carecían entonces de representatividad. Paralelamente, a nivel internacional se ratifica la CEDAW[1] (1979), que dice que los Estados deben remover los obstáculos que interfieren en la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres, y Belem do Pará[2] (1994), que sostiene que la discriminación —en cualquier ámbito— es una forma de violencia.

Las acciones afirmativas

Con el anterior argumento se buscó la aplicación de acciones afirmativas para que rompieran con el desequilibrio existente en el ámbito político. El primer artículo de la Convención CEDAW (1979) define la discriminación hacia las mujeres como:

(…) toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Se consideró la necesidad de aplicar acciones afirmativas que promuevan la igualdad real, es decir, implementar acciones que equilibren las diferencias de poder en el acceso a las oportunidades y los recursos entre mujeres y hombres. Con este fin, las cuotas legales de género se sancionaron en los diferentes países de América Latina para superar los obstáculos que les impedían a las mujeres ingresar a la política de igual modo que sus pares hombres. Son medidas compensatorias y redistributivas tendientes a revertir situaciones de desigualdad. Con ellas se posibilita una gradual inclusión de los grupos históricamente marginados en las diferentes instituciones representativas y/o lugares estratégicos de toma de decisión incorporando cuotas mínimas de representación.

¿Trato igual o resultados iguales? Sartori lo señala muy bien en su obra titulada Teoría de la democracia cuando sostiene que las acciones compensatorias buscan resultados iguales. Las acciones afirmativas avanzan entonces hacia lo segundo, porque el trato igual entre grupos desiguales no logra resultados iguales. Así, la sanción de las cuotas legales o cupos por género buscaron acelerar la presencia de mujeres en las cámaras legislativas. Son aquellas que obligan a los partidos políticos a presentar candidatas mujeres en elecciones generales, en un porcentaje definido por ley. Se imponen, en los años 90, en 18 países de América Latina. Primero en Argentina en 1991 (Ley 24.012 y sus posteriores decretos reglamentarios), donde el porcentaje mínimo exigido por ley era de 30% en lugares con posibilidades reales de resultar electas y sanciones frente a su incumplimiento. Ese mínimo no respondió a ninguna variable social, sino que quedó supeditado a las negociaciones de los partidos políticos a la hora de sancionar la ley de cuotas.

A diferencia de otras estrategias institucionales incorporadas como políticas públicas y/o desarrolladas como unidades de ejecución específicas para las mujeres en órganos decisorios, las cuotas legales fueron la medida más eficaz en términos de ampliación de los márgenes de representación por género al incrementar de manera rápida y —en muy corto plazo— la participación femenina en la composición de las legislaturas. La postulación de mujeres en las diversas listas electorales les proporcionó mayor visibilidad y naturalizó su ejercicio por fuera del ámbito privado.

Las cuotas legales de género se aplicaron mayoritariamente en los ámbitos legislativos aunque su incorporación también fue un disparador para pensarlas en otros organismos u otros poderes del Estado. De todas formas, a treinta años de su sanción en Argentina, todavía sigue siendo una tarea pendiente una medida compensatoria en otras áreas u organismos del Estado. México sorprendió, en 2019, al incorporar la paridad de género en la Constitución Nacional y para todos los cargos. Por ahora, es el único país que dio este paso como “la paridad en todo”. Por supuesto que si no fuera por la cultura patriarcal que aún prevalece en América Latina, no tendríamos que estar hablando de leyes que obliguen a su incorporación. La prevalencia de estereotipos y prejuicios, el acoso y la violencia, las brechas salariales y la necesidad de conciliar el mundo laboral con el familiar en las tareas de cuidado continúan siendo sus principales obstáculos.

Sin lugar a dudas, con las cuotas legales de género tuvo lugar la reforma política más importante llevada adelante en el continente latinoamericano porque i) se trató de una medida sancionada exclusivamente para corregir el déficit de mujeres en los Parlamentos, ii) por su extensión a 18 países entre 1991 y 2015, y iii) por los positivos efectos alcanzados.

Los impactos en el acceso a la representación

En cuanto al impacto de las cuotas legales de género en ámbitos de representación parlamentaria, tres factores actúan como condicionantes para un mejor acceso de las mujeres:

  1. las características distintivas o específicas de cada ley. Cada país, y dentro de él, cada distrito subnacional, sancionó una ley según las posibilidades acordadas. La literatura al respecto es abundante y coincide al señalar que las leyes deben incorporar: 1) la obligatoriedad para todos los partidos políticos, 2) un porcentaje mínimo de representación de mujeres, 3) un mandato de posición o lugares con posibilidades de acceso real, 4) sanciones ante incumplimientos;
  2. el sistema electoral como traductor de votos en escaños. Según la magnitud de distrito (número de cargos que se eligen en un determinado territorio) y el tipo de lista (cerrada y bloqueada o abierta). Cuanto más grande es la magnitud de distrito, más posibilidades de incorporar candidatas mujeres, si además la ley cuenta con un mandato de posición. En síntesis, las listas cerradas y bloqueadas garantizan con mayor precisión la representación femenina dispuesta por normativa electoral vigente;
  3. por último, la cultura imperante, que sigue siendo muy machista en algunos lugares. Esta última expresada en valores, tradiciones, costumbres, prácticas donde las mujeres continuaron ocupando un lugar relegado. Por ejemplo, cuando los partidos políticos consolidaron una conducta “burocrática y minimalista” poniendo a las mujeres en un tercer cómodo lugar. La configuración de género de las listas (cualquiera sea su ideología) respetó el armado HOMBRE-HOMBRE-MUJER (HHM).

Junto con Nélida Archenti, en una investigación sobre cinco distritos subnacionales, se observó que el armado de la lista cumplía a rajatabla el orden de HHM cualquiera sea la ideología del partido en el distrito. Por lo tanto, hubo un patrón de comportamiento entre 1993 y 2017 (plazo en el que estuvo vigente la ley de cuotas de género) que consideramos como “burocrático y minimalista” porque se buscaba cumplir con la ley de cuotas incorporando a mujeres en la mínima expresión que la ley contemplaba (nunca una mujer de más). Así, el mínimo porcentual del 30% se transformó en un techo. Entonces este comportamiento de los partidos consolidó un efecto meseta, lo cual fue uno de los disparadores para pensar en que la Ley de Paridad permitiría alcanzar un equilibrio en las cámaras. Si a 2017 los partidos políticos, con la aplicación de la ley de cuotas que exigía un mínimo del 30% de mujeres en las listas, no incorporaron más mujeres que lo que el mínimo les exigía es porque no quisieron. La lectura que hicieron fue en clave de amenaza.

No obstante, la aplicación de las cuotas de género introdujo importantes avances. Uno de ellos es haber instalado el tema de género en la agenda pública y en el ámbito político parlamentario. Vale decir, no solo el incremento cuantitativo con la presencia de más mujeres que ocupan bancas parlamentarias, sino también en términos cualitativos con la diversificación de la agenda de debate y la presentación de proyectos orientados a mejorar la vida de las mujeres. Como contrapartida, continúa existiendo una rígida mirada patriarcal. Los estereotipos y la discriminación siguen presentes en las campañas electorales y en la violencia política de género contra las mujeres que hacen política.

La paridad

Como se ha observado en las líneas precedentes, los diversos obstáculos que, en diferentes contextos políticos, afectaron la efectividad de las leyes de cuotas han abierto el debate sobre la aplicación de la paridad política de género. La paridad en la representación política responde al principio de igualdad en el derecho político y electoral. Se expresa en disposiciones legales y regulatorias de regímenes y sistemas electorales que ponen énfasis en una distribución equitativa de sus miembros.

El concepto de paridad hace referencia a una estrategia que tiene como fin transformar todos los ámbitos de la vida en sociedad, incluyendo el privado. Es la redefinición de un nuevo contrato social entre hombres y mujeres. Su introducción no solo recae sobre los órganos colegiados como Parlamentos, Asambleas, Congresos y Legislaturas sino que también se extiende a las instancias del Poder Ejecutivo y Poder Judicial como ramas del gobierno. En su incorporación se persigue un aumento cuantitativo de mujeres en los espacios de representación política y de toma de decisiones, pero también pretende un impulso cualitativo a fin de profundizar procesos más democráticos en el ámbito de la política.

Pensar en la paridad de género es interpretar que estas medidas no pueden seguir siendo correctivas, sino que deben orientarse a la búsqueda definitiva del equilibrio según una composición social existente. Las mujeres somos el 50% de la sociedad y hemos sido históricamente excluidas del ámbito público. El Consenso de Quito de 2007, en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, reconoce que la paridad es uno de los propulsores determinantes de las democracias, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social, política y cultural, y constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres.

Hoy ya no hablamos de cuotas para la integración de las listas, sino de paridad electoral. Técnicamente la paridad electoral es entendida como una medida definitiva (y ya no transitoria ni correctiva como sucede con las cuotas de género). Busca garantizar el derecho a la igualdad a través de la integración equitativa de un 50% de candidaturas para cada género en forma secuencial y alternada (uno a uno) en las listas electorales. Normativamente resuelve los problemas de las cuotas de género: i) igual porcentaje con el 50% de miembros de cada género, y ii) mandato de posición obligatorio, al incorporarse la integración de manera intercalada uno a uno. Efectivamente, como el porcentaje mínimo de mujeres incorporado a las leyes de cuotas era el resultado de las negociaciones para su aprobación, estos porcentajes fueron de un 20% a un 45%. Otro tanto ocurría con la inclusión del mandato de posición. No todas las leyes fijaban lugares con posibilidades reales de salir. En esos casos, se ubicaba a las mujeres en espacios con pocas chances, hacia el final de la lista o como suplentes.

Posee, además, dos criterios ordenadores: el vertical (que intercala equitativamente mujeres y varones) y el horizontal (que equipara los encabezamientos de listas a través de la alternancia territorial o a través de la rotación histórica). Las leyes de paridad, sancionadas hasta el momento en nuestro país a nivel subnacional, solo toman la paridad vertical. Interesante es el caso de la cláusula transitoria (artículo 11) de la ley N° XI-1038-2020 de la provincia de San Luis. Allí la norma establece que las renovaciones ordinarias parciales de 2021 y 2023 deben organizarse obligatoriamente con encabezamientos de mujeres (primer cargo titular) en las listas de diputados/as provinciales. Con sanción de no oficialización frente a incumplimiento.

Tabla 1: ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuotas de género y de paridad?

Cuotas de género

Paridad de género

Objetivo

Corregir las desigualdades existentes.

Transformar las desigualdades persistentes en todos los ámbitos de la sociedad.
Nuevo contrato social entre hombres y mujeres.

Estrategia

Acelerar el acceso de mujeres a los Parlamentos.
Acciones afirmativas, inciden en el punto de partida.

Equilibrar el acceso de las mujeres a los Parlamentos.
Inciden en el punto de llegada (no existe un mínimo que pueda ser entendido como un techo).

Procedimientos

Porcentajes mínimos de representación de las mujeres en las listas electorales (20%-45%).
El mandato de posición no se incluyó en todas las normativas. Tampoco la sanción frente a su incumplimiento.

Porcentajes equitativos de representación (50% de hombres y 50% de mujeres) o su redondeo más cercano en caso de listas impares.
Mandato de posición: los lugares se intercalan de manera alternada y secuencial (1 a 1). Tienen sanción.

Duración

Temporal
Cesa cuando haya alcanzado sus objetivos.

Definitiva

Alcance

Limitado. Incide en la oferta electoral.

Extensivo. Amplia incidencia. No solo en la oferta electoral partidaria.

Condicionamientos a la eficacia

1) las características de cada ley de cuotas,
2) el sistema electoral, y
3) la cultura con predominio de viejas estructuras patriarcales.

1) el sistema electoral, y
2) la perpetuidad de los encabezamientos masculinos en las listas.

En ambos casos, el tipo de competencia en el sistema de partidos (fragmentado o concentrado) y el comportamiento electoral (dispersión o concentración del voto) impacta sobre el acceso a la representación.

Fuente: Tula, M. I. (2018). Paridad de género, política e instituciones. Hacia una democracia paritaria. ONU MUJERES. Colección de Documentos Guía para poderes públicos y tomadores de decisión en América Latina y el Caribe.

Los efectos cuantitativos de la aplicación de cuotas y paridad

La Ley 24.012 o ley de cuotas de género se aplicó por primera vez en 1993 para la elección de la Cámara de Diputados y en 2001 para la elección de la Cámara de Senadores. Pueden observarse en las tablas 2, 3 y 4 los diferentes porcentajes de representación femenina y su incremento bajo la acción de cuotas de género y de paridad. Previo a 1983, se destacan los porcentajes de mujeres durante el período 1952-1955 (los cuales no fueron superados hasta 1995). En este corto tiempo, el peronismo, partido mayoritario en el Congreso Nacional, tenía una cuota interna partidaria para mujeres. Por esta razón se entienden los niveles de participación de mujeres en el ámbito legislativo. Para la Cámara de Diputados, desde 1993 a 2019, el mayor porcentaje de mujeres con ley de cuotas de género se obtuvo en 2007 (40%) para luego ser superado con la paridad aplicada en 2019 para la primera renovación de diputados/as bajo esta norma (42%).

En la Cámara de Senadores, desde 2001 se aplica la paridad (de facto) ante la imposibilidad de incorporar una cuota del 30% combinada con la forma de elección (dos senadores por la mayoría y uno por la minoría).

Tabla 2: Mujeres en la Cámara de Diputados (1952-1987)

1952

1955

1958

1960

1963

1965

1973

1983-
1987

N° de diputadas

23

34

4

2

1

4

19

11

%

15

22

2

1

0,5

2

8

4,3

Total bancas

155

157

187

192

192

192

243

254

Fuente: Botte, Susana y Dorola, Evangelina (1996). “La representación femenina en el Congreso de la Nación. No solo una cuestión de género”, en Estudios e Investigaciones, N° 9. Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Secretaría Parlamentaria, Dirección de Información Parlamentaria, Buenos Aires.

Tabla 3: Mujeres en la Cámara de Diputados
(Congreso de la Nación, Argentina)

Año

91

93

95

97

99

01

03

05

07

09

11

13

15

17

19

%

5,4

14,4

28

28,4

28,4

29,6

34,3

35,4

40

38,5

37,4

36,6

35,8

39

42

Fuente: Hasta 2005, Archenti y Tula (2008). Desde 2007 se usó la base de datos CEPALSTAT en https://bit.ly/3rH6PtX.

Tabla 4: Mujeres en la Cámara de Senadores
(Congreso de la Nación, Argentina)

Año

99

01

03

05

07

09

11

13

15

17

19

%

4,1

36,1

43,1

43,1

39

39

38

38

40

41,6

39

Fuente: Hasta 2005, Archenti y Tula (2008). Desde 2007 se usó la base de datos CEPALSTAT en https://bit.ly/3MfHiA0.

¿Qué pasó con la aplicación de la paridad en 2019?

La primera aplicación de la Ley de Paridad en Argentina trajo un conflicto no esperado con las vacancias producidas en la Cámara de Diputados. Entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020 se produjeron veintinueve reemplazos y, con ello, varias disputas partidarias respecto del régimen jurídico de sustitución que debía aplicarse en cada caso. Como la Cámara de Diputados/as se renueva parcialmente cada dos años, alguno/as de los/as diputado/as que renunciaron al cargo habían asumido bajo la vigencia de la ley de cupos y otros bajo la nueva regla de paridad.

Así, con la ley de cupos (24.012) la redacción del artículo 164 del Código Electoral Nacional (CEN) establecía hasta 2017 que “En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un diputado nacional lo sustituirán quienes figuren en la lista como candidatos titulares según el orden establecido”. El criterio seguido para las vacancias se centraba en el orden vertical descendiente de las candidaturas titulares y una vez agotadas estas, se continuaba con las candidaturas suplentes. A esta forma de organización de los reemplazos se la denominó “corrimiento de lista”. En cambio, con la Ley de Paridad (27.412) este artículo del CEN cambió. Desde 2018 el texto establece para diputados/as que

En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional lo/a sustituirán los /as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido. Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido en el párrafo anterior. Si no quedaran mujeres o varones en la lista, se considerará la banca como vacante y será de aplicación el artículo 51 de la Constitución Nacional. En todos los casos los/as reemplazantes se desempeñarán hasta que finalice el mandato que le hubiere correspondido al titular.

Ahora bien, es interesante ver cómo en el caso del Senado la ley presentó un tratamiento diferente para los reemplazos. El artículo 157 del (CEN) establece una distinción cuando estos se produzcan para senadores electos por la mayoría o por la minoría. Así, en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a senador/a nacional de la lista que hubiere obtenido la mayoría de votos emitidos lo/la sustituirá el/la senador/a suplente de igual sexo. Si no quedaran mujeres en la lista, se considerará la banca como vacante y será de aplicación el artículo 62 de la Constitución Nacional. Mientras que, cuando se trata de un/a senador/a de la lista que salió por la minoría, será sustituido/a por el/la suplente que sigue en orden. Y, en este caso, se trata de distinto género.

La incorporación de los reemplazos “género por género” en la Ley de Paridad buscó introducir un mecanismo de protección jurídica hacia las mujeres candidatas y a las mujeres electas. El motivo principal fue impedir que las forzaran a renunciar para que luego asumiera un varón en su lugar. Varios ejemplos abundan en América Latina. En México, por caso, se conoció al fenómeno como el “escándalo de las Juanitas” cuando en 2009 un grupo de ocho diputadas de diferentes partidos políticos solicitaron y obtuvieron licencia para cederle su escaño al suplente varón. El hecho cobró tal magnitud que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obligó a los partidos políticos en las elecciones de 2012 a que los suplentes fueran del mismo sexo de quien renunciaba. En Argentina el caso más difundido mediáticamente fue el de Ramona Pucheta cuando en 2011 ganó una banca a diputada nacional y buscaron su renuncia para que asuma Raúl Castells (ambos del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, MIJD).

En 2020 la vacancia del diputado neuquino Martínez y la presentación ante la justicia de la segunda candidata titular Mirás Trabalón para reemplazarlo alertó sobre los problemas que trae consigo la Ley de Paridad en las provincias que renuevan menos de cinco bancas. En efecto, las candidatas titulares que, mayormente, ocupan el segundo lugar en distritos que renuevan dos curules, no tienen posibilidades de acceder al cargo frente a un eventual reemplazo del diputado renunciante. La combinación de magnitudes de distrito pequeñas, fragmentación del sistema de partidos, dispersión electoral y encabezamientos mayoritarios masculinos llevan necesariamente a un escenario de impacto negativo para el acceso a la representación de las mujeres. Se produce así un efecto “tapón”: ellos ocupan el primer lugar en las listas, ellos ganan, ellos asumen como diputados, ellos renuncian porque les ofrecen cargos en otras áreas de mayor jerarquía y… ¡ellos reemplazan!

En cambio, como expusimos anteriormente, el Senado resolvió muy bien el problema del “tapón” en los legisladores que ingresan por la minoría. En ese caso, previendo la vacancia del/la primer/a candidato/a titular que ganó, lo/la reemplaza el/la segundo/a candidato/a titular por orden o corrimiento. De esta manera, mantiene la jerarquía de los/las titulares para el reemplazo e incentiva los acuerdos políticos para quienes compartieron lista e hicieron campaña conjuntamente. Y, sobre todo, no condena a quien ocupa el segundo lugar titular a ser una figura decorativa en la boleta partidaria.

La legislación prevé que las listas para oficializarse deben presentar igual número de candidatos/as que las bancas que renueva el distrito. Ante esta situación cabe preguntarse para la Cámara de Diputados, ¿quién aceptaría ocupar el segundo lugar sabiendo que su participación en el partido político/frente o alianza electoral se reduce a una contribución simbólica o testimonial, sin posibilidades efectivas de asumir el cargo ni aun frente a un reemplazo? El legislador, claramente, no previó los mismos efectos para los reemplazos de diputados/as cuando estos/as provienen de distritos pequeños. Investigaciones sobre los encabezamientos de lista durante 2019 muestran que la relación es 80% a 20% favorable a los hombres. Si con las cuotas las mujeres estaban en un tercer cómodo lugar, con la paridad están en un segundo cómodo lugar. Es necesario pensar modificaciones a la ley actual que contemplen los despropósitos ocasionados con los reemplazos en distritos pequeños con mujeres mayoritariamente ocupando el segundo puesto.

A modo de conclusión

La persistencia de los encabezamientos masculinos por las organizaciones partidarias supone un límite o techo al impacto efectivo de una Ley de Paridad, pero la interpretación literal de la “vacancia género por género” cuando se trata de reemplazos de distritos pequeños en la Cámara de Diputados es una distorsión a los alcances y finalidad de la Ley de Paridad.

Una explicación puramente formalista y despojada de un análisis integral que indague e identifique las variables contextuales que acabamos de describir redunda en una profundización de las desigualdades en la participación política de las mujeres y su acceso a la representación. Y, por esta razón, en virtud de los consensos alcanzados para su aprobación como la voluntad política sostenida para votarla afirmativamente en su momento, es que la Ley de Paridad debe cumplirse atendiendo a sus fines. Vale decir, que la igualdad que se busca no sea solo en el armado equitativo de la lista (paridad formal) sino que impacte en la representación equitativa de las bancas (paridad sustantiva). Para eso se requiere de más encabezamientos de mujeres en las listas y que los reemplazos por vacancias estén orientados a mejorar la representación paritaria y no a anularla.

La democracia paritaria implica una transformación de los cimientos sustentados en jerarquías y privilegios. Avanzar hacia la consolidación de este nuevo paradigma requiere de un diagnóstico que indague sobre los logros (objetivos alcanzados) y las metas (fines que deseamos o buscamos). Por eso a modo de cierre destaco tres tendencias importantes en la evolución de la participación política de las mujeres en estos últimos treinta años.

En primer lugar, el reconocimiento, por parte de los organismos internacionales, tanto de las acciones afirmativas como de la paridad. De algún modo, existe una presión internacional que impulsa cambios en aquellos lugares donde su impacto todavía es débil, pero, al mismo tiempo, refuerza el camino de los países que iniciaron estas acciones para no volver atrás. El acompañamiento internacional es clave.

En segundo lugar, la producción académica. La sanción de las leyes de cuotas en los 90 fue un disparador para trabajos y estudios sobre debates y aplicación. Los observatorios, encuestas y centros de documentación son una buena base de información, luego la academia la procesa y teoriza. Y esto permite —a su vez— generar propuestas en formato de políticas públicas.

Por último, el aprovechamiento de internet y las redes sociales. El impacto de la tecnología en la participación política de las mujeres permite difundir cuáles son las acciones más recientes en términos de avances y retrocesos que se viven en cualquier punto del planeta. Estar informado es una herramienta muy poderosa para todos: políticos, académicos y activistas.


  1. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
  2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención De Belem Do Pará”.


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