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Prólogo

Mónica Litza[1]

Las democracias occidentales, tan bien caracterizadas y analizadas por autores como Macpherson (1982), Bobbio (1986) y Held (1997), se encuentran actualmente en crisis. Muchos pensadores, como por ejemplo el de alguien que colabora intensamente con el ICaP, Innerarity (2019), sostienen la necesidad de repensarlas y adaptarlas a las necesidades y velocidades del siglo XXI. Estas democracias se erigieron como representativas bajo el principio de representación liberal, siendo los partidos políticos los intermediarios entre la sociedad y el Estado. Sin embargo, en las últimas décadas, la crisis de representación fue minando la legitimidad de los partidos políticos y de las instituciones estatales, al no poder canalizar las crecientes demandas de sociedades cada vez más complejas e interrelacionadas. Asimismo, la desigualdad, que siempre ha sido una característica de nuestras democracias latinoamericanas, comienza también a sentirse con claridad en las democracias centrales, las cuales experimentan niveles de concentración de la riqueza sin precedentes.

Hacia fines del siglo XX, en este contexto político, social y económico, se empiezan a escuchar otras voces que buscan impulsar y construir una democracia distinta. Este nuevo paradigma, conocido como democracia paritaria, fue impulsado en gran parte por el movimiento feminista motivado, entre otras causas, por la escasa participación formal de las mujeres en la vida política, por la desigualdad en el acceso a la representatividad y por el control de los recursos del Estado por parte de los varones en las tradicionales democracias del siglo XX.

En el año 2007, el Consenso de Quito reconoce por primera vez la paridad como un elemento clave para nuestras democracias. Se plantea la necesidad de alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familia, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Estos elementos constituyen una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres.

La Argentina, particularmente en el Congreso de la Nación, ha sido pionera en la inclusión y participación de las mujeres en el ámbito político y en las elecciones legislativas en condiciones de igualdad. En este sentido, nuestro país en el año 1991 sancionó la Ley de Cupo Femenino (Ley N.° 24.012). Sin embargo, aquello que se pensó como un piso para la participación femenina terminó funcionando, en el tiempo, como un techo para las posibles candidaturas. Este proceso de democratización de la participación política fue replicándose en toda la región.

En el año 2016, con la sanción de una ley de paridad en la provincia de Buenos Aires, comienza en nuestro país una ola paritaria, que produce un efecto de iteración a nivel subnacional, y llega finalmente al Congreso de la Nación al año siguiente. El debate bonaerense sobre la paridad en la provincia se instala gracias al contexto social del momento, las demandas históricas de las mujeres y la incorporación de la discusión en la agenda; en un gesto simbólico que refleja la coyuntura social y cultural del período, la ley se sanciona en el aniversario del 1.º “Ni una menos”. En la actualidad, gracias a la ley de paridad bonaerense y su implementación, en la provincia de Buenos Aires podemos afirmar que tenemos ambas cámaras con una representación paritaria, con igual o más cantidad de mujeres.

En la Argentina, hacia el año 2017, el Congreso comienza a debatir la necesidad de una legislación paritaria a nivel nacional. Así, el 23 de noviembre de 2017, la H. Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) sanciona la Ley N.° 27.412, que establece la paridad de género en ámbitos de representación política, la cual fue promulgada el 15 de diciembre de 2017 a través del Boletín Oficial, en el Decreto 1035/2017.

Contemplando la necesidad de seguir avanzando en la igualdad y en el trabajo legislativo con perspectiva de género, durante el año 2019, el presidente de la HCDN, Sergio Massa, a través de la Resolución N.° 1657/19, dispuso que la constitución de las presidencias de las comisiones legislativas sean elegidas en consonancia con la ley de paridad, distribuyendo los cargos de acuerdo con la paridad de género.

En este marco, el Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICaP) de la Secretaría Parlamentaria de la HCDN se propuso, en un marco de pluralidad de ideas y diversidad, generar un espacio de reflexión abierto a toda la ciudadanía. Para ello convocó a especialistas con vastas trayectorias, tanto en lo académico como en la gestión pública, a reflexionar sobre los retos de la democracia paritaria y el trabajo legislativo, con especial interés en identificar los límites y desafíos de su implementación, indagar en los ejemplos sobre democracia paritaria en la región, analizar su funcionamiento con base en nuestro sistema electoral y proponer nuevas líneas de acción en el debate. Iniciativa que celebro profundamente y que espero sea aprovechada para su debate y profundización de la temática que nos convoca.


  1. Diputada nacional.


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