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3 Políticas para la agricultura familiar
y el desarrollo rural[1]

En términos generales, la agricultura familiar se ha presentado como una categoría que permite describir, clasificar e identificar determinados sujetos y dinámicas socioeconómicas propias del mundo rural, de modo principal, pero no exclusivamente, referidas al campesino o el pequeño productor agropecuario y su mundo de relaciones. Se constituye en un gran paraguas conceptual y empírico para la discusión académica y la promoción de políticas focalizadas que aborden las contradicciones y conflictos de los territorios rurales actuales.

En Argentina, la construcción de una agenda asociada al desarrollo rural y la agricultura familiar no ha sido habitual en el concierto de políticas asociadas al medio rural, y mucho menos a la existencia de espacios estatales de gestión. Por supuesto, este escenario no es casual, se inscribe en un contexto regional favorable y reconoce antecedentes en las acciones aisladas de los programas de desarrollo rural en la década de 1990 (Lattuada et al., 2015). En este sentido, la existencia de una política de desarrollo rural y agricultura familiar en la historia argentina ha resultado más una excepción que una constante.

Los contextos de esta excepcionalidad pueden ubicarse en una cronología que se inició en los tiempos del Consenso de Washington, en el que las acciones de los programas de desarrollo rural se centraban en la pequeña producción (minifundista) y en los pobres rurales (concebidos como sujetos de asistencia esencialmente). Un segundo contexto –entre 2004 y 2014– se asocia a la construcción institucional del desarrollo rural y de la agricultura familiar como un sujeto económico para llevar adelante procesos de desarrollo de los territorios rurales y como un sujeto político con derechos ciudadanos y demandas específicas que deben ser atendidas. Finalmente, en el período de la administración Macri –2015 y 2019–, si bien se sostuvo cierta formalidad de la institucionalidad antes construida, se observa una reinterpretación de los sujetos comprendidos en el universo de la agricultura familiar planteando dos posibilidades: una vuelta a la identificación de los sujetos de las acciones de desarrollo rural como pobres y vulnerables, o como sujetos con cualidades de innovación y emprendedurismo (sic) basadas en experiencias urbanas, cuyas lógicas lo aproximan a conductas empresariales de los que antes, en buena media, pretendió diferenciarse.[2]

Las condiciones que definieron el contexto de acumulación de los noventa volvieron a cambiar en forma dramática a partir de la crisis del año 2001. Las reglas de juego existentes durante una década desaparecieron junto a la crisis del sistema financiero, la ruptura de la convertibilidad, la declaración del default en el pago de la deuda externa, un cuestionamiento masivo del sistema de representación política y del sistema judicial y una creciente incertidumbre política, económica y social en el conjunto de la ciudadanía.

A partir del año 2002, un nuevo paradigma en la relación Estado-mercado se instaló en la Argentina. El primero ha vuelto a ocupar un rol decisivo en la redistribución de costos y beneficios de la sociedad en general y del sector agropecuario en particular, en un marco donde la política se consolidó en forma explícita y creciente como reguladora de la economía y del mercado.

Los pequeños productores y la agricultura familiar adquirieron en esta etapa un lugar destacado en la agenda pública. En la primera década del siglo xxi, su problemática fue creciendo en importancia en la región del mercosur y en el ámbito nacional a partir de una estrategia gubernamental explícita en la reorientación de los programas de desarrollo rural con el objeto de fortalecer la organización y representación de intereses de estos sectores rurales postergados.

Nuevos programas y mayores recursos[3] fueron destinados a la agricultura familiar a partir de estrategias que intentaron reunir, coordinar y armonizar los diferentes programas y fuentes de financiamiento[4]. A ello se le agregaron los esfuerzos institucionales por facilitar a los pequeños productores su acceso a los mercados y conformación de asociaciones, simplificando ciertos requisitos para la regularización de sus actividades, como el monotributo social o los requerimientos de integración para las cooperativas de trabajo y de servicios agropecuarios.

Esta perspectiva se fortaleció con la creación del Ministerio de Agricultura en el año 2009 y la elevación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar –creada un año antes– al rango de secretaría de Estado, que contribuyó a consolidar en la agenda pública la problemática de la agricultura familiar y su representación, y posteriormente en 2014 con la sanción de la Ley n.º 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina.

La gestión estatal del desarrollo rural y la agricultura familiar puede diferenciarse a partir de dos momentos dentro del período 2003-2015 y una tercera y muy diferente etapa a partir de 2015 a 2019. Cada uno de ellos puede reseñarse a partir de algunos hitos institucionales que permiten explicar de modo esquemático los procesos de ingreso en agenda y posterior jerarquización institucional del desarrollo rural y la agricultura familiar.

Un primer momento, que podemos denominar “de concertación y diálogo político”, se caracteriza por la búsqueda de unidad conceptual en la gestión del desarrollo rural y la puesta en agenda de la agricultura familiar como sujeto de las políticas y programas. Abarca desde la creación del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FoNAF) y el Foro de Políticas Públicas entre 2004 y 2006 hasta la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación en 2008.

Desde la década de 1990 y hasta principios del nuevo milenio, se sucedieron numerosos programas de desarrollo rural focalizados en los pequeños productores rurales, a los que se debía asistir técnica y financieramente. Sin embargo, esos programas destinados a paliar las supuestas externalidades negativas de la instalación de un modelo de desarrollo basado en la apertura y desregulación de la economía se implementaron con alto grado de autonomía, dadas su dependencia de diversas fuentes de financiamiento nacional e internacional y la concepción política sobre un Estado que debía reducir sus dimensiones, presupuestos y funciones de intervención (Lattuada et al., 2015).

En ese marco, los programas de entonces llenaron el espacio de una política sectorial ausente y, en los hechos, se convirtieron en la política y la estrategia como cada uno de ellos las entendía. Fue esta la principal razón de que las acciones aparecieran como fragmentadas, esporádicas y hasta superfluas, y se discutiera una y otra vez sobre “la desarticulación de los programas” y la falta de una política específica que unificara dichas acciones para el desarrollo rural (Manzanal et al., 2006).

La etapa iniciada en 2003 intentó remediar esa situación previa de desarticulación a través de la generación de instancias de concertación y diálogo político entre los actores inscriptos en el diseño, ejecución e implementación de los programas de desarrollo rural: productores agropecuarios, técnicos, miembros de organizaciones y funcionarios de agencias estatales e internacionales.

A su vez, en este proceso de diálogo sobre las estrategias de desarrollo rural, irrumpió la temática de la agricultura familiar en la agenda nacional. Cabe advertir que, a diferencia de lo que ocurrió en Brasil (Schneider y Grisa, 2015; Sabourin y Grisa, 2018), en Argentina su ingreso en agenda no se produjo como consecuencia de la demanda de las organizaciones de productores, sino que fue impulsada desde el Estado a partir de las iniciativas de los organismos de financiamiento internacional y de cooperación regional como el mercosur.

La creación de la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (reaf) en el mercosur durante los años 2004 y 2005 promovió a nivel regional la inclusión de la agricultura familiar como categoría central del desarrollo rural (Manzanal y Schneider, 2011; Nogueira y Urcola, 2013). Desde la reaf se sentaron las bases del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FoNAF)[5] inaugurado en diciembre de 2005 y formalizado en marzo de 2006 por Resolución sagpya n.º 132, en cuyo seno se integraron alrededor de 900 organizaciones de agricultores familiares y pobladores rurales.[6]

Dicho foro tuvo como resultado dos instrumentos de diagnóstico elaborados sobre la base de la planificación estratégica participativa (FoNAF, 2006a y 2006b) instalando a los agricultores familiares como sujetos participativos en los procesos de gestación de las políticas de desarrollo rural, y generó una serie de procesos sociales y políticos no planeados inicialmente, como la formación de dirigentes para la representatividad sectorial y la generación y gestión de instrumentos de política pública (Márquez, 2007), tales como el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (renaf)[7], o los estudios del proinderiica (Obschatko et al., 2006; Obschatko, 2009) para establecer los criterios de medición de su presencia en el territorio nacional.[8]

Lo novedoso de estos espacios de diálogo no tuvo que ver con el uso del concepto “agricultura familiar”, sino con que este apareciera asociado a la necesidad de definir políticas diferenciales hacia el sector (Soverna et al., 2008), y por el intento de construcción de una estrategia nacional para el desarrollo rural que buscaba superar la fragmentación programática del período anterior.

De un modo simultáneo, en marzo de 2006 se creó por Resolución sagpya n.º 133/06 el Foro de Políticas Públicas Rurales, integrado por la presidencia del inta, funcionarios de la sagpya y de los programas de desarrollo rural más representativos (psa, proinder, prodernea, prodernoa), dirigentes de Federación Agraria Argentina (faa) y del FoNAF, legisladores, representantes del senasa, académicos y consultores. El objetivo de este espacio era el de discutir, evaluar y proponer políticas institucionales apropiadas a los objetivos de desarrollo y promoción de las áreas rurales, tomando como insumo los documentos elaborados por el rimisp sobre una estrategia de desarrollo rural para la Argentina (Berdegué y Schejtman, 2006) y los documentos propuestos por el FoNAF mencionados.

Estas acciones para el desarrollo de la agricultura familiar se inscriben en este primer período en el marco de una serie de encuentros (seminarios, talleres, foros, etc.) convocados desde el Estado nacional, cuya finalidad era la de coordinar y definir una política de desarrollo rural que articulara los diferentes programas y enfoques.

El período 2009-2015 constituye un segundo momento que se distingue por una clara jerarquización institucional de la “cuestión” y tensión política por las divergencias respecto de los modelos de gestión para el desarrollo rural (entre 2009 y 2015). Si bien los procesos de diálogo político impulsados por la reaf, el FoNAF y los espacios como el Foro de Políticas Públicas Rurales son los que logran instalar la problemática en el país, fue el llamado “conflicto campo-gobierno” de 2008[9] el que impulsó al gobierno argentino a otorgar mayor visibilidad a la agricultura familiar para contraponer y enfrentar los planteos opositores vinculados a la agricultura empresarial que se arrogaban la representación del “campo argentino” sin distinción.

En este contexto se creó en 2008 por Decreto 571/2008 la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación, con el objetivo de identificar, diseñar y ejecutar políticas y programas que atendieran a las necesidades específicas de este sector. La institucionalización de su problemática fue resultado del mencionado conflicto, jerarquizando y consolidando un proceso de organización previo que el mismo Estado había promovido.

En 2009, al comienzo del segundo período (2009-2015), se hicieron efectivas una serie de reformas institucionales a nivel del aparato burocrático del Estado nacional que dieron lugar a una mayor visibilidad de los productores familiares y a que el desarrollo rural comenzara a gestionarse de un modo diferenciado, pero, a la vez, integrado a la política sectorial. Nos referimos a la creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (magyp), la Unidad para el Cambio Rural (ucar) y la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, (SDRyAF) con una Subsecretaría de Agricultura Familiar (SsAF) en su interior.

A pesar de los evidentes avances realizados a partir de 2009 en materia de coordinación de programas e institucionalización de la problemática, la diferente concepción sobre el desarrollo rural y la agricultura familiar que tuvieron la SsAF y la ucar dentro de la cartera de Agricultura generó a lo largo del período analizado una serie de tensiones que ya se vislumbraban desde el Foro de Políticas Públicas y que implicaron no solo una visión diferente sobre el desarrollo rural, sino la construcción de estructuras administrativas paralelas, la disputa por recursos presupuestarios, el control de programas, y la competencia por los espacios de intervención sobre un colectivo social de márgenes difusos en su definición.

La Subsecretaría de Agricultura Familiar (ssaf) –asociada históricamente al Programa Social Agropecuario (psa) y las intervenciones territoriales con los sectores más vulnerables de la pequeña producción familiar se orientaron a dotar de derechos a los productores, favoreciendo el asociativismo, la organización y actividades productivas conjuntas y manteniendo una orientación hacia la construcción de un sujeto social y políticamente organizado, pero también sujeto de un potencial clientelismo político[10]. Por su parte, la Unidad para el Cambio Rural (ucar), concentró las intervenciones de los programas de desarrollo rural con financiamiento internacional, en productores que se consideraban en su condición económica productiva y cuyas mayores dificultades consistían en la inclusión en los mercados, la asistencia técnica y la formalización de su organización económica en cooperativas, clusters, redes, etc.

A ello se le agregaba una modalidad diferente de inserción en los territorios y de construcción de la política, mientras que ucar establecía su relacionamiento e intervención a partir de los gobiernos provinciales, las iniciativas de la ssaf incluyendo el psa era de competencia nacional, y sus agentes en el territorio respondían a esa estructura centralizada sin mediación de las provincias. Tanto en la experiencia en que miembros del mnci en 2006 se hicieron cargo del psa por un breve período (Berger, 2019), durante el cual se materializó la intencionalidad de tratar directamente con las organizaciones de base en los territorios considerando a los gobiernos provinciales contrarios a estas, como después con la ssaf, las acciones y recursos se mantuvieron bajo una relación directa nación-organizaciones.

Las acciones llevadas a cabo por la ssaf, como fueron la creación del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (renaf) y del Monotributo Social Agropecuario (msa), pueden ser interpretadas desde una concepción amplia y categóricamente política de dotar de ciudadanía en el sentido más amplio del término, que ha intentado superar la tendencia a focalizar las acciones en el carácter mercantil de los procesos económicos y restringir las intervenciones a la asistencia técnica y crediticia.

A partir del convenio celebrado entre el magyp y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en 2009, los pequeños productores de la agricultura familiar registrados en el renaf podían acceder al beneficio sin costo alguno, lo que facilitaba la incorporación a la economía formal de aquellas personas que, realizando una actividad económica genuina enmarcada en el desarrollo local y la economía social y respondiendo al perfil productivo de su región, se encontraban excluidos por el costo y complejidad que ello implicaba, y así se posibilitaba su acceso al sistema integrado de seguridad social (jubilación) y la prestación de obra social para la salud del productor y su grupo familiar primario. En este sentido, el monotributo fue considerado un instrumento de inclusión que otorgaba “ciudadanía tributaria” y un “generador de derechos” que no excluía otro tipo de prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (Nogueira et al., 2017).

En este sentido, existe cierta ruptura de la lógica previa de las políticas de desarrollo rural (aunque no solo de estas) al desplazar su carácter focalizado para considerar la universalidad de los sujetos y sus derechos ciudadanos.

En 2011 se produjo la formalización jurídica del Foro al convertirse en la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FoNAF), que, bajo la misma sigla, se presentó como un actor gremial cuya misión era la representación sectorial independiente de las asociaciones reivindicativas históricas para ocupar los espacios de interlocución con el Estado. A pesar de lo auspicioso de esta agrupación integrada por numerosas y heterogéneas organizaciones, es pertinente señalar que, dado el proceso de conformación vinculado con la convocatoria del Estado nacional luego del mencionado conflicto, fue considerada como demasiado ligada a las iniciativas y acciones del gobierno (Manzanal y Schneider, 2011).

En síntesis, la posición del magyp respecto de la agricultura familiar y las estrategias de desarrollo para consolidarla no fueron unívocas y, en ciertos casos, pueden interpretarse como contradictorias e incluso antagónicas. Posiciones que, en cierto modo, se encontraban también atravesadas por el debate académico sobre las posibilidades de exclusión o complementariedad del modelo de agricultura familiar y el modelo de agronegocios (Craviotti, 2014), los que se trasladaron a los contenidos de una ley específica para el sector de la agricultura familiar.

En efecto, el cuadro del período no queda completo si no mencionamos la sanción, en 2014, de la Ley n.º 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina como un intento integrador de todas las acciones antes mencionadas. La existencia de una ley es de suma importancia en la medida que representa la posibilidad de trascender las acciones de gobierno y transformarlas en políticas de Estado.

Toledo López (2017: 10) destaca los puntos más significativos de la ley en relación con las demandas históricas de la agricultura familiar: considerar la tierra como bien social y crear un Banco de Tierras (art. 16) para el arraigo rural y realización de emprendimientos productivos, promover la suspensión de desalojos por 3 años y la constitución de una Comisión Nacional Permanente de Regularización Dominial de la Tierra Rural (art. 18), garantizar el acceso a los servicios sociales (art. 30), crear un seguro integral y líneas de crédito específicas (art. 33), apoyar la diversificación productiva y la innovación (art. 23), proveer mejoras en la infraestructura rural (art. 29), así como promover las ferias locales, zonales y nacionales de la agricultura familiar y crear un Centro de Semillas Nativas para su investigación y preservación.

No obstante, hay que señalar que, por disputas internas al interior del partido de gobierno que la promovió, dicha ley fue sancionada sin presupuesto y no llegó a ser reglamentada. Por ello, sus postulados quedaron en buena medida como una declaración de principios librados a la voluntad política de los gobiernos de turno.

En la misma línea anterior, y también como consecuencia de las alianzas y confrontaciones generadas por el conflicto de 2008, en el cual el gremio de uatre de los trabajadores rurales liderado por Gerónimo Venegas fue un aliado explícito de la organizaciones patronales del agro que confrontaron al gobierno y de las fuerzas de la oposición en la campaña por las elecciones legislativas de 2009, se sancionó la Ley n.º 26.727 a fines de 2011.

El régimen de trabajo agrario establecido por la ley abordaba las regulaciones del mercado de trabajo del sector atendiendo las nuevas modalidades de la demanda, los tipos de trabajadores y las condiciones sociales laborales y no laborales que los afectaban.

Nápoli (2012) sostiene que la sanción de esta ley fue producto de la batería de medidas impulsadas por el gobierno en su confrontación con el sector agroexportador:

Acerca de la necesidad de una reforma del régimen nacional de trabajo agrario, la gran mayoría del sector productivo y del trabajo rural no tenía dudas. Tan es así que, durante años, el sindicato nacional más representativo de los trabajadores rurales argentinos, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (uatre), a través de su Comisión Legislativa Rural, desarrolló un proyecto de ley que logró consensuar con las entidades de productores y presentó en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (N°5153-D-2010 y 2011). Desafortunadamente, no corrió igual suerte cuando fue remitido al Ministerio de Trabajo de la Nación, pese a que el ministro, Dr. Carlos Tomada, asegurara su acuerdo al secretario general de uatre, Gerónimo Venegas, luego el p.e.n. envió a la Cámara de Diputados de la Nación otro proyecto (N°017-D-2010 y 2011) muy distinto. En este último se privilegió un interés político de diferencias con el sector agropecuario y el gremio antes que un genuino avance para los trabajadores y el conjunto del sector.

En diciembre del año 2011, bajo la presidencia de Cristina Fernández, se impulsó la sanción de la Ley 26.727 (Nuevo Régimen de Trabajo Agrario), para traspasar las funciones, el personal y el patrimonio del Renatre al renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios), que pasó a depender directamente del Gobierno Nacional.

El renatre fue creado por la Ley 25.191, y estableció una cuota obligatoria retenida por ley a trabajadores rurales registrados y empleadores para prestaciones por desempleo, cobertura de salud y sepelio, cuyo fondo administraba el gremio uatre y las cuatro entidades gremiales empresariales históricas.

El dirigente peronista y secretario general de uatre fue desplazado del control del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (renatre), que mantenía desde su creación en los tiempos de Carlos Menem en el gobierno, al pasar bajo control de sectores vinculados a la Secretaría de Agricultura Familiar. Más tarde, el sindicalista rural se transformaría en uno de los apoyos más explícitos a la candidatura de Mauricio Macri para acceder al gobierno en 2015.

En los tres años que duró su gestión, el renatea fiscalizó 1.780 establecimientos rurales, registrando 154 mil trabajadores rurales, y realizó más de mil denuncias de trata de personas y explotación laboral e infantil (Jara et al., 2019).

La uatre, junto con las entidades agropecuarias sra, cra, coninagro y faa que administraban el renatre, realizó presentaciones ante la justicia para que se declarara la invalidez constitucional de los dos artículos por los cuales se creaba renatea, dado que sostenía que era un caso de regresividad en materia de derechos sociales ya que la prestación de un seguro social dejó de estar a cargo de una entidad con autonomía financiera y económica administrada por los interesados con participación del Estado, tal lo previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, para pasar a manos de un ente que no reunía esas características. En los hechos, la uatre principalmente y las restantes entidades en menor medida querían recuperar una fuente de ingresos muy importante para el financiamiento de sus actividades. La Corte Suprema se expediría favorablemente a su reclamo, a pocos días de que las elecciones de 2015 dieran el triunfo a Mauricio Macri.

A modo de síntesis, lo referenciado en los subperíodos analizados nos permite observar la jerarquización creciente que fue teniendo la cuestión de la agricultura familiar entre los años 2004-2014, a partir de cierta influencia de los organismos internacionales que incorporaron en sus agendas los temas vinculados con la producción de tipo familiar y sus organizaciones, la progresiva construcción en el marco de las discusiones en torno al desarrollo rural de los territorios de nuevas capacidades del Estado nacional en cuanto a las orientaciones y recursos destinados a las políticas de intervención, y el accionar de las organizaciones rurales que comenzaron a identificarse con la agricultura familiar como categoría social y política. Una categoría que trasciende lo estrictamente económico y la tradicional circunscripción del agro argentino a la región pampeana exportadora.

En el nuevo contexto político económico, se reorientaron los fines perseguidos para el fortalecimiento de las asociaciones de la agricultura familiar. En esta nueva etapa, se buscó, aun desde perspectivas diferentes según las agencias, que los procesos asociativos maduraran no solo en alternativas económicas para enfrentar sus debilidades en el mercado, sino como medio de empoderamiento de estos sectores hasta ahora invisibles en la interlocución con el Estado a partir del fortalecimiento de su organización y de su integración en redes sociales y políticas con el objeto de acceder a un reconocimiento y participación en los procesos de toma de decisión de las políticas públicas, un escenario reservado históricamente a las tradicionales asociaciones gremiales empresarias pampeanas.

Estas perspectivas promovidas desde el Estado reforzaron una característica estructural de las asociaciones que integran la economía popular o solidaria, el carácter multifuncional de su actividad, condición que los lleva a actuar simultáneamente en la esfera económica, social y política. El objetivo principal de estas asociaciones consiste en satisfacer las necesidades materiales de sus miembros, así como sus aspiraciones no monetarias de reconocimiento, inserción social, autonomía, y, por lo tanto, su actividad trasciende la frontera mercado-Estado (Nyssens, 1996).

Las iniciativas llevadas adelante en este proceso contribuyeron, por una parte, a la conformación de una multiplicidad de asociaciones económicas que no adoptaron la forma jurídica de cooperativas y, en cambio, se expresaron en un abanico de formas organizacionales heterogéneas con diversos grados de formalización y estadios de desarrollo en sus procesos de consolidación. Mientras que, por otra, se retomaron las estrategias de constitución de cooperativas, especialmente en el caso de medianos productores y aquellos segmentos de la agricultura familiar con mayor disponibilidad de recursos.

En el caso de las cooperativas agropecuarias, debido a la intensa actividad de promoción en la constitución de nuevas organizaciones durante la última década, al 31 de diciembre de 2010 el número total de cooperativas registrado ascendía a 1.606. Del total de cooperativas agropecuarias registradas, el 60 % (966) fueron creadas entre los años 2001 y 2010, aunque solo el 38 % (364) de ellas se encontraban en situación de funcionamiento regular. A pesar de ello, estas nuevas cooperativas representaban el 60 % del total de las cooperativas activas y en situación regular (Obschatko, Basañes y Martini, 2011: 80), las que en conjunto prácticamente duplicaban el número de cooperativas activas regulares existente en la década de 1990 (Lattuada et al., 2011: 20).

Además del crecimiento en su número, las cooperativas agropecuarias se transformaron y diversificaron. Junto con las cooperativas tradicionales de acopio, comercialización y transformación de la producción agropecuaria, surgieron una serie de nuevos modelos de cooperativas emergentes, como las cooperativas de negociación, de gestión de la producción, de agroindustria familiar, de trabajo de producción colectiva, de trabajo para servicios rurales, de mercados cooperativos, así como cooperativas tradicionales que se transformaron a partir de las exigencias de nuevos productos o mercados (Obschatko, Basañes y Martini, 2011: 129-140).

Por otra parte, surgieron centenares de asociaciones económicas que integran la economía social que no adoptaron, por diversos motivos, las formas jurídicas de cooperativas, con características multifuncionales que les permiten trascender la esfera del mercado para desplegar con similar intensidad sus actividades en el espacio público del Estado y civil de la sociedad en la búsqueda de apoyo técnico y económico, así como reconocimiento político y social (Lattuada, 2014).

Estas asociaciones se caracterizaron por integrar a pequeños y medianos productores rurales que disponían recursos productivos y financieros limitados y llevaban adelante la producción a partir de su trabajo o gestión directa de los predios con la colaboración de mano de obra familiar o un reducido número de asalariados, así como población rural vulnerable (trabajadores sin tierras, subocupados, artesanos, poblaciones aborígenes). Precisamente los sectores más vulnerables de la estructura agraria que, como se ha mencionado, se incorporaban solo marginalmente como asociados de las cooperativas formales. Son asociaciones que se han constituido como grupos informales a partir de diferentes precursores sociales –vecindad, amistad, parentesco, etc.– o movilizados por agencias públicas o de la sociedad civil ante la oportunidad de solucionar ciertas necesidades básicas, y cuyos desarrollos organizacionales adoptaban diferentes formas jurídicas de menor o mayor adecuación a sus objetivos, las que, en ciertos casos, llegaban a integrar complejas redes de colaboración públicas y privadas promovidas o en respuesta a incentivos de agencias públicas y programas de desarrollo, en algunos casos con la colaboración de otras organizaciones de la sociedad civil –ong, asociaciones reivindicativas, etc.–.

En la mayoría de los casos, los integrantes de estas asociaciones económicas no cooperativas de la agricultura familiar realizaban algún tipo de adquisición de bienes e insumos en forma conjunta, y en menor medida comercializaban parte o toda su producción en forma asociada en mercados mayoritariamente locales o provinciales. Existen experiencias destacadas, pocas en términos relativos al número de grupos beneficiarios, cuya organización les ha posibilitado llegar a mercados nacionales e internacionales. En casos excepcionales, han logrado ciertas articulaciones en redes y agrupamientos interasociaciones como los consorcios, clusters, ferias francas y convenios con agroindustrias, redes de supermercados y cooperativas. En estas redes de mayor complejidad, se observa la presencia y acompañamiento de instituciones y agencias estatales que participan activamente en su organización, direccionamiento y continuidad de la experiencia a partir de la asistencia técnica, organizacional y comercial.

Las cooperativas y asociaciones económicas no cooperativas de la agricultura familiar consolidadas han sido cuantitativamente pocas con relación al número de beneficiarios de los programas de desarrollo que han participado en experiencias grupales, y en su gran mayoría continuaban necesitando el apoyo técnico y financiero de las agencias estatales cuando su actividad avanzaba sobre cuestiones de comercialización y transformación de la producción.

No obstante, estas asociaciones constituyeron un potencial importante del capital social de las comunidades rurales, aun teniendo en cuenta la fragilidad de su desarrollo. El desafío que quedaba sin haber sido resuelto al concluir el período de las administraciones kirchneristas consistía en aumentar la tasa de supervivencia y consolidación de estas nuevas asociaciones, mejorando la relación cantidad/calidad que permitiera trascender de las experiencias aisladas de resultado positivo para sus integrantes, en un capital social comunitario que contribuyera efectivamente a la construcción de un desarrollo sostenible de los territorios.

Para ello era necesario: garantizar un contexto político-económico favorable al fortalecimiento de la agricultura familiar y la economía social; conocer en profundidad los procesos que han atravesado las experiencias consideradas exitosas, rescatando sus enseñanzas para transmitirlas y replicarlas; y avanzar en reformas de las reglas de juego que posibilitaran un mayor grado de formalización de estas iniciativas, que les permitiera alcanzar un mayor grado de autonomía y eficiencia para desempeñarse ante el mercado, la sociedad y el propio Estado.

En una supuesta continuidad de los gobiernos kirchneristas, es probable que no se hubiesen resuelto favorablemente estas cuestiones sin dirimir las diferencias entre las perspectivas económica y política que esquemáticamente competían en la intervención del desarrollo rural. Pero el cambio de orientación del gobierno asumido en 2015 en relación con la agricultura familiar y la economía social claramente no contribuyó en el sentido señalado.

La agricultura familiar y la economía social se vieron particularmente afectadas a partir de la reorientación de las prioridades de las políticas públicas en favor de los sectores agroexportadores y comerciales, y el vaciamiento de las estructuras preexistentes que las promovían (Jara et al., 2019; Lattuada, Nogueira y Urcola, 2019).

Como se demostró en el primer capítulo, las reformas de la administración pública sectorial y en los territorios eliminaron áreas jerarquizadas específicas, redujeron personal y presupuestos, y llevaron a los programas y acciones destinados al desarrollo rural a una virtual paralización.

Estos cambios no se asentaron solo en la reducción del aparato estatal y los espacios de gestión en algunas áreas, sino también en la orientación de las políticas públicas y la formación de los recursos humanos que participan de esos espacios y de la gestión propiamente.

El primer movimiento en esta línea se produjo con una nueva modificación en la Ley de Ministerios, por la que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca creado en 2009 se convirtió en Ministerio de Agroindustria, incorporando gran cantidad de funcionarios con trayectoria laboral exclusiva en el ámbito privado o vinculados a las corporaciones tradicionales del sector.

Posteriormente, las sucesivas reformas del aparato estatal sectorial, prácticamente una por año de gestión, redujeron direcciones y despidieron personal, con principal impacto en la Secretaría de Agricultura Familiar, mientras que en otras áreas los cambios en las condiciones laborales y salariales, como la ucar, expulsaron a aquellos profesionales hacia otras reparticiones del Estado y en el sector privado.

En el área de desarrollo rural y la agricultura familiar dentro de la cartera de Agroindustria, entre 2016 y 2018, la nueva Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial (safcydt)[11] se ha caracterizado más por la paralización, evaluación y redefinición de las acciones realizadas por la gestión anterior, que por nuevas iniciativas de envergadura dirigidas específicamente hacia los agricultores familiares. Por ello, muchas de las acciones que pueden identificarse en el período tienen un carácter más performativo y propagandístico que de impacto, en términos de acciones que se traduzcan en partidas presupuestarias e instrumentos de intervención relevantes.

En el presupuesto del año 2016 aprobado por el Congreso Nacional, se destacan dos iniciativas centrales para el sector:

  1. el Plan Belgrano, enfocado prioritariamente a la creación de infraestructura asociada con las necesidades productivas y agroexportadoras, sin desconocer en un segundo nivel las consideraciones sobre acciones para combatir la pobreza, los déficits habitacionales y los incentivos laborales; y
  2. el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (fondagro), donde la agricultura familiar aparece mencionada residualmente y sin líneas específicas de acción para ella (Nogueira et al., 2017).

Ambas iniciativas suponían acciones de envergadura, aunque no específicas para los sectores comprendidos por la agricultura familiar, pero a la vez fueron paralizadas a poco de anunciadas por el ajuste presupuestario que se puso en marcha a partir de la crisis financiera que llevó al gobierno nacional a renovar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (fmi) en 2018.

La reforma institucional de 2018 redujo a la ucar a una Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (diprose), bajo la Subsecretaría de Coordinación Administrativa. La diprose mantuvo los programas que se encontraban en ejecución con financiamiento internacional desde la gestión anterior: el Programa para el Desarrollo Rural Incluyente (proderi); el Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentina (procanor); el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (prodaf); el Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales (pisear); el Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (prodecca); y el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (prosap).

La ejecución de la totalidad de los programas con excepción del proderi, que se encontraba en su año de finalización, disminuyó sus actividades o se paralizó totalmente debido al cambio de las reglas de juego que se estableció entre la nación y las provincias. A partir de 2018, se dispuso que la ejecución de estos continuara siempre y cuando las provincias asumieran la deuda con los organismos internacionales por su financiamiento, en lugar del gobierno nacional, como fue establecido en los convenios originales. Ninguna provincia aceptó firmar este cambio, que requiere, por otra parte, el largo y complejo proceso de aprobación por cada una de las legislaturas provinciales, en un contexto de profundización de crisis económica y social.

A ello se agregaba la decisión de que los agentes provinciales contratados por los programas también fueran derivados para la renovación de sus contratos a las provincias con fondos propios, las que no dudaron en reducirlo al mínimo indispensable, y de que cualquier nueva contratación de expertos ya no se realizaría a través de la ex-ucar, sino del Ministerio de Modernización.

A partir de todas estas medidas, el grado de subejecución en el que cayeron los programas de desarrollo alcanzó una dimensión del 50 % de los programas vigentes, un nivel pocas veces visto con anterioridad, por lo cual fueron observados por los organismos de financiamiento internacional como “programas con problemas” que requerían una readecuación de montos y plazos.

En este marco de retracción, las acciones que se llevaron a cabo se concentraron en el carácter productivo y económico de las medidas ya existentes, mientras que se excluyeron aquellas vinculadas a la reivindicación de derechos ciudadanos. En este sentido, resulta significativa la eliminación del Monotributo Social Agropecuario (msa).[12] Al suprimirlo, se propuso que aquellos sujetos que no pudieran sostener su actividad en forma autónoma pasasen a utilizar el Monotributo Social (ms) administrado por el Ministerio de Desarrollo Social. Con este cambio de dependencia, la Secretaría de Agroindustria redefinía al sujeto de sus intervenciones estableciendo una clara distinción entre los sujetos de la asistencia social (los “pobres” o “vulnerables”) y los sujetos de crédito o de acceso a incentivos económicos para emprendimientos rurales o para la comercialización de productos agropecuarios (los productores “viables”).

No obstante, aun para estos últimos, los instrumentos y recursos eran escasos, producto de la falta de ideas hacia un sector que resultaba residual a los intereses prioritarios de los responsables de agroindustria. Para el afianzamiento de los “emprendedores”, un término arrastrado desde el ámbito urbano porteño para imponerlo con visos de modernización en el sector rural, en cuanto a la asistencia a la comercialización se destacan las siguientes acciones:

  1. la presentación del sello “Producido por la Agricultura Familiar” (Res. 330-E/2017), un isologotipo que, además de una forma de identificar y reivindicar los atributos de lo producido por los agricultores familiares, “certifica la trazabilidad, inocuidad y el origen social de los productos que llegan a las góndolas”[13];
  2. la inclusión de productos de la agricultura familiar en el Código Alimentario Argentino (caa), a través de la simplificación de los requisitos para la habilitación de los establecimientos de pequeña y mediana escala que elaboran y comercializan alimentos caseros, artesanales y tradicionales (encurtidos, mermeladas, panificados, quesos, dulce de leche y yerba mate)[14];
  3. el “Plan Nacional de Inclusión Digital de la Agricultura Familiar”, que ofrece capacitaciones para el uso de herramientas tecnológicas (tic) que permitan potenciar las oportunidades de comercialización, desarrollando habilidades para el acceso a los mercados[15], y
  4. la plataforma o tienda online del inta “Somos Fibra”, que busca promover los emprendimientos artesanales de la agricultura familiar, mediante la incorporación del diseño como herramienta de agregado de valor y su comercialización desde una plataforma homónima abierta al mundo”[16].

En términos de incentivos económicos a emprendimientos rurales, se implementó el Programa “Agro Emprende: innovando en el territorio”, creado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del ex-Ministerio de Agroindustria (por Res. 150-E/2017) y articulado en forma conjunta con el ex-Ministerio de Producción. Este programa se proponía generar un “entorno propicio para la detección de oportunidades, el acompañamiento en la formulación de negocios y el acceso a recursos para la puesta en marcha o fortalecimiento de emprendimientos agroindustriales para los jóvenes rurales”[17]. En el mes de septiembre de 2016, se realizó una experiencia piloto del programa en la provincia de Catamarca en la que se inscribieron más de 1.100 jóvenes y se dieron cinco capacitaciones durante dos meses. Como resultado, se presentaron más de 300 proyectos, de los cuales se seleccionaron 45, que fueron premiados con un reconocimiento económico. Entre 2017 y 2018, la experiencia se replicó en las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Chubut y Formosa. Para el año 2019, se pretendía abarcar un total de 16 provincias, capacitando a 8.000 jóvenes y obteniendo alrededor de 4.000 proyectos base de los cuales 800 (20 %) serían financiados.[18]

El programa Agro Emprende surgió como una de las acciones concretas diseñadas por la gestión macrista con cierto presupuesto y fondos ejecutados que resultan significativos para el análisis de las intervenciones de la nueva Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial (safcydt). A esto se le sumó la iniciativa conjunta de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, la safydt y el Banco de la Nación Argentina para implementar un mecanismo operativo que facilitase el acceso al crédito a emprendedores, microempresas agroproductivas de la agricultura familiar y de las economías regionales, a través del “Programa Argentina Emprende”[19].

En la lógica de los programas de promoción del emprendedurismo, lo que importa es la difusión de sus bases y condiciones, garantizando el legítimo proceso de selección de los participantes. Los resultados de estos programas se suelen presentar a través de la promoción de los proyectos que han sido seleccionados en el marco de actos oficiales de entregas de premios y estímulos financieros. Con este formato se promueve la idea de una sociedad que ofrece igualdad de oportunidades para la competencia. El programa funciona como plataforma que, a través de la competencia regulada, garantiza la igualdad de oportunidades de sus participantes, quienes serán premiados en función de sus méritos e iniciativas individuales o de equipo (Nogueira y Urcola, 2018).

Teniendo en cuenta estos aspectos, no se puede afirmar que la administración del presidente Macri intentara hacer invisible u ocultar la cuestión del desarrollo rural y la agricultura familiar, puesto que las estructuras aparecen, existen, y el diálogo es promovido desde las diferentes instancias, especialmente desde el espacio de concertación que supone el Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Este Consejo fue creado por resolución interna del ex magyp en agosto de 2014, y constituido como organismo participante en la aplicación de la Ley n.º 27.118 (art. 9). Funcionaba como un espacio formal de diálogo con las organizaciones, aunque en su última convocatoria del año 2018 las organizaciones de productores no asistieron, al negarse el Estado a financiarles el traslado desde el interior del país, y no haber logrado avances significativos en la reglamentación y asignación presupuestaria de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar vigente.

Estos hechos permiten observar un progresivo proceso de vaciamiento de las estructuras existentes en esa larga transición que atravesaron la agricultura familiar y el desarrollo rural desde los primeros programas de la década de 1990 hasta los de la saf y la ucar (Bertoni y Soverna, 2015). Mientras mantienen una institucionalidad aparente, en el que agencias y procedimientos de gestión mantienen su presencia, pero están vacíos o inmovilizados en sus acciones.

Al mismo tiempo, el sujeto de las políticas y programas de desarrollo rural que anteriormente se intentaba incluir en una noción amplia de agricultura familiar, al que se asistía a través de acciones que combinaban instrumentos de acceso a derechos con programas de acceso a recursos financieros y técnico-productivos, es redefinido por la nueva administración. Persiste un discurso vinculado a la agricultura familiar con un perfil económico y productivo, pero ahora en tensión con acciones que promueven el desarrollo de las capacidades individuales de innovación y el emprendedurismo de los sujetos, acorde con la ideología neoliberal del gobierno.

Aun así, existe cierta ambigüedad e indefinición en el tipo de productor al que se orientan las acciones en la órbita institucional del desarrollo rural y la agricultura familiar. La referencia a los emprendedores rurales que promueven los nuevos programas y las líneas de asistencia a la comercialización que lleva adelante la safcydt se caracterizan por plantear una difusa distinción entre los pequeños productores de base familiar y las pequeñas o medianas empresas de base local. Esta concepción cobra mayor relevancia al otorgar centralidad al carácter económico de los sujetos ya sea en forma individual o asociativa.

En sus fundamentos no explícitos, se observa una amplia grieta y ruptura conceptual entre el “individuo emprendedor” que se imprimió en la administración Macri y el “sujeto social” que con sus variantes (económica/política) fue concebido en la etapa previa. Una visión que sin duda impregnó las decisiones y acciones de la gestión pública.

Además, se impusieron limitaciones a la integración de los grupos que recibían asistencia técnica del Estado en los años previos. Jara et al. (2009) sostienen que se dio de baja a 880 grupos de Cambio Rural en julio de 2017, y que en septiembre del mismo año, por decisión del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaille, se recortaron los alcances del programa que brindaba asistencia técnica a medianos y pequeños productores. El cambio de orientación establecía nuevos requisitos para sus beneficiarios, entre los que destacaba “ser nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo”. Con esta disposición, quedaban excluidos una parte significativa de los productores bolivianos de los cinturones verdes del Gran La Plata, y de otras grandes ciudades del interior del país que abastecían el consumo de verduras y hortalizas a la población (La Nación, 11/09/2017). Otro requisito del programa establecía la condición de “desarrollar la actividad productiva y/o de servicios con carácter exclusivamente comercial”, lo que excluía aquella porción de los agricultores familiares donde la producción tiene la doble función de autoabastecimiento y excedentes para el mercado.

Otras decisiones de orden general también afectaron gravemente a pequeños y medianos productores. Así, las decisiones de política energética de eliminar los subsidios estatales y habilitar aumentos siderales en las tarifas tuvieron impacto directo sobre los costos de producción de varias actividades, entre ellas la vitivinícola, en la cual muchos productores usan bombas eléctricas para obtener el agua de riego (Letcher, 2016).

Tampoco los trabajadores rurales resultaron favorecidos durante la administración asumida en diciembre de 2015, aunque sí el gremio que los representaba. Tres días después de haber ganado las elecciones Mauricio Macri, en noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de una presentación realizada años antes por la uatre, posibilitando la devolución del control del renatre a la uatre y a las entidades rurales sra, cra, coninagro y faa, declarando la inconstitucionalidad de los artículos 106 y 107 de la Ley 26.727. El art. 61 de la Ley de Presupuesto derogó efectivamente dichos artículos y restableció la vigencia de la Ley 25.191 en su redacción original junto con su normativa reglamentaria, el Decreto 453/2003. El renatre restableció sus funciones como ente de derecho público no estatal el 1.º de enero de 2017, luego de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia fuera reglamentado por el gobierno nacional a través del Decreto n.º 1.014/2016.

Tras la disolución del renatea creado en el 2012 a partir de la sanción de la Ley de Trabajo Agrario nº 26.727 en 2011 en las tarea de fiscalización del empleo en el sector rural, se constituyó nuevamente el directorio del renatre conformado por miembros del gremio de los trabajadores rurales (uatre) y de las entidades gremiales empresarias tradicionales del sector (cra, sra, coninagro, faa), con presencia estatal a través de los síndicos del Ministerio de Trabajo de la Nación, y se despidió a cientos de empleados incorporados durante la gestión estatal (Isidro y Forlani, 2019: 6).

Pese a los esfuerzos organizativos en lo social y político durante los gobiernos kirchneristas, la agricultura familiar tuvo poca capacidad de reacción y confrontación ante las medidas que nuevamente la convertían en un actor marginal de la agenda pública sectorial.

En respuesta a las acciones e inacciones del gobierno de Cambiemos, el 3 de octubre de 2017, los pequeños productores de verdura realizaron un “Feriazo” (venta de hortalizas y verduras directamente al público en espacios públicos simbólicos) en diferentes puntos del país a modo de protesta para denunciar que el gobierno no atendía sus demandas, visibilizando el bajo valor recibido por los productores en contraste con el precio al cual los productos llegan al consumidor final. La Unión de Trabajadores de la Tierra en un comunicado de prensa marcaron su diferencia e identidad en la grieta: “No somos el campo rico que produce commodities para la exportación. No especulamos con nuestra producción, ni guardamos alimento en silos para vender cuando mejor se pague” (Página 12, 02/10/2017). Y agregaron que el Ministerio de Agroindustria no tomó ni una sola medida que favorezca al campo pobre que produce alimentos para el pueblo” (Infobae, 2017).

En una Argentina políticamente pendular, los finales parecieran encontrarse siempre abiertos y los desafíos incrementarse ante cada cambio de gobierno, y con ellos la propia identidad y subsistencia de amplios sectores de la población que transitan entre su inclusión o la absoluta invisibilidad pública.


  1. El presente capítulo es una versión revisada y ampliada del trabajo publicado junto a María Elena Nogueira y Marcos Urcola en 2019, “La gestión estatal del desarrollo rural y la agricultura familiar durante el gobierno de Cambiemos (2015-2018)”. Las modificaciones realizadas son de mi exclusiva responsabilidad.
  2. En esencia, la agricultura familiar se ha presentado como una categoría que ha intentado aglutinar a los actores cuyas lógicas de acción económica, social y política se diferencian de las de los agentes agrarios empresariales o agroindustriales (Urcola, 2018).
  3. Solo el Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales (prosap) aumentó su presupuesto de 267 millones de dólares en la década de 1990 a 1.021 millones de dólares. A ello se le agregan los recursos de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (inta), que multiplicó varias veces su presupuesto, la intensificación de las acciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (inaes) en el apoyo a la conformación de cooperativas, y los recursos provenientes de fuentes no tradicionales para el sector como el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, cuyos programas también alcanzan a población de la agricultura familiar.
  4. En inta a partir de la creación del Programa Federal de Desarrollo Rural (profeder) y en la ex-Secretaría de Agricultura con la creación de la Unidad de Cambio Rural (ucar).
  5. El proceso de construcción y participación del Foro Nacional de la Agricultura Familiar puede ser consultado en Lattuada, Márquez y Neme (2012).
  6. Si bien esta cifra no se ha podido corroborar con documentos que presenten el detalle de las organizaciones participantes, esta se expresa en declaraciones públicas y documentos oficiales del Foro. A pesar de esto, es relevante destacar que el Foro ha contado con la participación de organizaciones de carácter histórico que merecen especial mención: el Movimiento Agrario Misionero (mam), el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (mocase), el Movimiento Campesino de Misiones (mocami) y la Federación Agraria Argentina (faa). Esta última, tradicional organización corporativa del agro argentino, participó de un modo relevante en el Foro hasta el año 2008 a través de su Departamento de Desarrollo Rural. Ese año se retiró del espacio, en el marco del conflicto entre el gobierno nacional y las organizaciones empresariales tradicionales del agro pampeano reunidas en la denominada Mesa de Enlace.
  7. Durante el tercer plenario del FoNAF, en octubre de 2007, con 1.350 representantes de alrededor de 900 organizaciones, se anunció la creación del renaf por Resolución n.º 255/07, como un registro voluntario para el acceso a políticas públicas, fundamentalmente de la ssaf, respetando los criterios propuestos por el FoNAF.
  8. Estos trabajos (Obstchatko et al, 2006 y Obstchatko, 2009) se constituyen en los dos estudios oficiales de referencia para medir el peso económico y social de la agricultura familiar en la Argentina, a los que se sumaron complementariamente una gran variedad de estudios de carácter local desarrollados por distintos equipos territoriales (López Castro y Prividera, 2010; Ramilo y Prividera, 2013), vinculados al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (cipaf) creado en 2005 y dependiente del inta.
  9. El conflicto del 2008 ha tenido numerosos análisis y enfoques, entre los que se destacan los estudios de Barsky y Dávila (2008), Castro García et al. (2009); Hora (2010), Dávila (2019) y Novaro (2020). Retomaremos este tema en profundidad en el capítulo seis.
  10. La constitución del Movimiento canpo (Corriente Agraria Nacional y Popular), organización militante con participación de profesionales y dirigentes sectoriales promovida por funcionarios de gobierno en el área de agricultura familiar, y más tarde la designación como máximo responsable del área al secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, consolidaron la tendencia mencionada. Cristina Fernández lanzó la Corriente Agraria Nacional y Popular (canpo) en un acto multitudinario el 20 de abril de 2011 en el Luna Park junto al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el coordinador nacional de la agrupación, Guillermo Martini, quien se desempeñó en diferentes momentos de las administraciones kirchneristas como coordinador general del Consejo Federal y Regional del inaes (2004), subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (octubre de 2008), y director del renatea (setiembre de 2012), además de gobernadores, ministros y funcionarios, en el contexto de la campaña para su reelección.
  11. Esta fusiona tres secretarías de la gestión anterior: la Secretaría de Agricultura Familiar, la Secretaría de Coordinación Política y la Secretaría de Desarrollo Territorial.
  12. Véase La Nación (29 de junio de 2018). “Agroindustria comunicó el fin del Monotributo Social Agropecuario”. Disponible en bit.ly/3ph1iq8. Consultado el 17/09/18.
  13. Dirección de Prensa y Comunicación del Ministerio de Agroindustria de la Nación (6 de noviembre de 2017). “Se reglamentó el uso del Sello Producido por la Agricultura Familiar”. Recuperado de bit.ly/3jOsBqD. Consultado el 19/09/18.
  14. inta Informa (8 de enero de 2019). “El Código Alimentario incorpora productos de la agricultura familiar”. Recuperado de bit.ly/3qltZ6m. Última consulta el 04/02/19.
  15. Dirección de Prensa y Comunicación del Ministerio de Agroindustria de la Nación (12 de abril de 2018). “Presentaron el Plan Nacional de Inclusión Digital para la Agricultura Familiar”. Recuperado de bit.ly/3sjx5Zk. Consultado el 12/09/18.
  16. inta Informa (30 de agosto de 2018). “Presentan Somos Fibra, la marca que fusiona saber ancestral con diseño”. Recuperado de bit.ly/3agZFUR. Última consulta el 12/09/18. “Somos Fibra: comunidades rurales, diseño y tecnología”, Buenos Aires, Argentina. En bit.ly/3peHZxr. Consultado el 19/09/18.
  17. Ministerio de Agroindustria de la Nación Argentina (14/06/17). Resolución 150-E/2017.Infoleg. Recuperado de bit.ly/3uqOuBf. Consultado el 12/09/18.
  18. “Entregaron los premios Agroemprende, Buenos Aires 2017” (24 de julio de 2017). Agroemprende, Ministerio de Agroindustria de la Nación Argentina. Recuperado de bit.ly/3anhK41. Consultado el 14/09/18.
  19. Según afirmaba el secretario de Agroindustria, esta iniciativa “fortalecerá el desarrollo de los diversos sectores agroproductivos vinculados a la agricultura familiar, impulsando su formalización, modernización, reconversión, complementación, como también la diversificación de las economías regionales”. Véase Ministerio de Producción y Trabajo, Secretaría de Agroindustria de la Nación (26 de diciembre de 2018). “Facilitarán el acceso al crédito a microempresas de las economías regionales y de la agricultura familiar”. Recuperado de bit.ly/3dopjt9. Consultado el 04/02/19.


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