Otras publicaciones:

12-3861t

silentchange

Otras publicaciones:

9789877230062-frontcover

Book cover

6 Alianzas y conflictos

El simbolismo de discursos y gestos presidenciales suele ser un indicador de las alianzas y conflictos abiertos o subterráneos que los gobiernos tienen con las diferentes fuerzas sociales y sectores económicos. La presencia o ausencia de representantes del gobierno en la tradicional muestra palermitana de la Sociedad Rural Argentina ha sido históricamente un termómetro de la relación con el sector agroexportador nacional[1].

Durante el período de 14 años que incluye los gobiernos de Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, no hubo presencia presidencial en la centenaria exposición. Por el contrario, el presidente Mauricio Macri cumplió el ritual de asistir puntualmente desde el primero al último año de su gobierno.

Desde fines de la década de 1990 y comienzos del nuevo siglo, las tradicionales entidades gremiales empresarias del sector, Sociedad Rural Argentina (sra), Confederaciones Rurales Argentinas (cra), Federación Agraria Argentina (faa) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (coninagro), se encontraban en un proceso de confluencia en sus posiciones y acciones. Este proceso fue madurando en la medida en que las transformaciones económicas y sociales en el sector reducían las distancias entre los intereses de sus asociados, sus dirigencias tradicionales eran reemplazadas, un creciente reclamo de unidad en un frente agrario común llegaba desde sus bases cada vez más menguadas y de productores no agremiados, se acrecentaba el síndrome de marginalidad en la toma de las decisiones políticas de los gobiernos, y aumentaba la competencia que degradaba su legitimidad de representación ante el surgimiento de una pluralidad de asociaciones y movimientos sociales a lo largo y ancho del país que intentaban resolver sin demasiada agregación de intereses los problemas de sus representados (Lattuada, 2006).

Las primeras expresiones de acciones en común del frente rural se observaron sobre mediados de la década de 1990. Las cuatro entidades gremiales patronales del sector (faa, cra, coninagro y sra) presentaron un programa conjunto al gobierno de Carlos Menem en 1994, y durante esa década las tres primeras entidades realizaron ocho paros y medidas de fuerza conjuntas reclamando modificaciones en las políticas para el sector. Hacia fines del período, las cuatro entidades históricas realizaron varios comunicados y una medida de fuerza en abril de 1999, seguido en febrero de 2001 por la publicación de un documento de las tres primeras en el que coincidían en una serie de propuestas de política agraria reclamadas al gobierno[2]. En setiembre de 2001, se sumaría la sra para una nueva medida de fuerza de las cuatro entidades (Lattuada, 2006: 202-203), y más tarde constituirían la denominada Mesa de Enlace para liderar el conflicto del 2008 contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Estas iniciativas conjuntas no impidieron a las entidades gremiales realizar paralelamente acciones autónomas, de acuerdo a sus estilos e intereses principalmente representados. A fines de abril de 2002, a casi cuatro meses de haber asumido Eduardo Duhalde la presidencia de la nación, las Confederaciones Rurales de Argentina (cra) organizaron un paro de actividades por cuatro días reclamando soluciones por endeudamiento y costos de los combustibles, al que siguió otra medida de fuerza solo un mes después, a fines de mayo, liderada por la Federación Agraria Argentina (faa) en plena crisis dejada por la salida de la convertibilidad.

Los beneficios de las devaluaciones del gobierno de Eduardo Duhalde, el importante refinanciamiento de las deudas del sector, y la reactivación económica posconvertibilidad dieron al gobierno de Néstor Kirchner, asumido el 25 de mayo de 2003, condiciones favorables para el crecimiento económico y un inicio sin sobresaltos en su relación con el sector agroexportador. No obstante, cuando los primeros signos de una escalada inflacionaria se hicieron presentes a mediados de su mandato y el gobierno comenzó a tomar medidas de intervención en el mercado ganadero, las cra fueron las primeras en activar las protestas contra las regulaciones iniciadas en 2005 y profundizadas en 2006 con la prohibición temporal de las exportaciones de carnes.

Mientras que para cereales y oleaginosas históricamente los mercados externos fijaron, con mayor o menor intervención gubernamental, los precios internos, en carnes y lácteos tradicionalmente se operaba a partir de una clara preeminencia del mercado interno. Las exportaciones de estos productos eran resultado de saldos exportables contracíclicos a la evolución de la demanda interna. La situación posdevaluación y los cambios en los mercados internacionales hicieron que los mercados externos ganaran relevancia en el modelo de fijación de precios, con la consecuente tensión entre ambos mercados, la que fue arbitrada por el Estado vía mayores retenciones, cuotificación y prohibiciones de las ventas externas a favor del consumo local (Bisang, 2007: 238).

Durante 2005 las exportaciones de carne vacuna alcanzaron las 771.427 toneladas de res con hueso, lo cual generó un ingreso de usd 1.295 millones fob. Esto representaba un crecimiento del 22 % en volumen y 33 % en valor con relación al año anterior, el segundo registro histórico luego del récord del año 1969, de manera que se revertió un estancamiento de más de 35 años.

Paralelamente, la recomposición de los salarios y el aumento del empleo de la población posibilitaron mejorar los niveles de consumo de carne a niveles de períodos previos a la crisis. La confluencia de ambas situaciones generó, por una parte, una gran expectativa en los productores de mejores ingresos, que comenzaron una retención de vientres para aumentar la producción en el mediano plazo (tres años aproximadamente lleva el ciclo completo), y, por otra, el inicio de un proceso de aumento sostenido de los precios de la carne al público. Dado que la carne ocupa un lugar destacado en la dieta de los argentinos y es el bien más importante en la canasta de consumo de los hogares que se utiliza para calcular el nivel general de precios, contener la escalada de precios al consumidor, que fue del 28,8 % en 2005, se constituyó en un objetivo político importante de corto plazo para el gobierno (ipcva, 2006).

Entre marzo de 2005 y abril de 2006, el gobierno adoptó diversas medidas con ese objetivo, mientras procuraba lograr consensos en el corto plazo y promover el Plan Ganadero para un futuro próximo en reuniones de la mesa de ganados y carnes, integrada por funcionarios estatales y representantes de los diferentes eslabones de la cadena ganadera. Hubo pocas coincidencias, y menos aún el cumplimiento de los pocos acuerdos alcanzados, en parte por la propia dinámica del ciclo ganadero y también porque la atomización de los actores del sector dificultaba la confluencia de sus respectivos intereses.

Algunas de las medidas adoptadas por el gobierno no contemplaban las diferencias entre el ciclo y destino de la producción de animales y cortes de exportación o de consumo interno, lo que generaba más problemas que soluciones. Según Dávila (2019: 141):

Más allá de la lógica política que inspiró las decisiones del gobierno, las acciones aplicadas no parecerían estar basadas en un diagnóstico adecuado sobre la dinámica de los procesos de producción y comercialización de la cadena agroindustrial y los mecanismos de distribución sectorial de la renta […].

No obstante, en el corto plazo, se obtuvo una baja coyuntural del 30 % en el precio de la carne y una transferencia de ingresos hacia el sector frigorífico y consumidores (Dávila, 2019: 125). Mientras que en el mediano término las medidas condujeron a una caída de más del 20 % del stock ganadero, cuya manifestación se observaría posteriormente durante el primer mandato de Cristina Fernández; una tendencia que recién comenzaría a ser revertida a partir del año 2011 (ipcva, 2006).

En este contexto, las cra realizaron en julio de 2006 el primer paro ganadero con interrupción de comercialización de ganado, pero sin el acompañamiento de las otras entidades ni de los frigoríficos.

El gobierno respondería designando el 29 de julio de 2006 a Guillermo Moreno –hombre de confianza del presidente Néstor Kirchner– en la Secretaría de Comercio, quien se encargaría de conducir las relaciones con el subsector y reportar directamente al presidente. A partir de este momento, el proceso de medidas y contramedidas se desplegó en el marco de tensiones crecientes en el Estado entre la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Agricultura, con el particular estilo de intervención de la primera, que contribuiría en forma decisiva a la gestación del conflicto con el sector productor de carnes y granos. Se incrementaría el poder de intervención y discrecionalidad adoptando medidas que afectarían diferencialmente a los eslabones de la cadena de la carne: precios de referencia y precios máximos, aumento del peso de animales que faenar, reclasificación del tipo de animales, diferenciación de cortes exportables y cortes populares, aumento significativo de las retenciones a las exportaciones de carnes[3], suspensión temporal de sus exportaciones, subsidios a la crianza bajo sistema feedlot, suspensión de actividad en frigoríficos por deudas impositivas y otras medidas durante 2006 que incrementaron la tensión existente con el sector (Azcuy Ameghino, 2017).

Pocos meses después, en diciembre de 2006, se convocó a un nuevo paro con cese de comercialización de carnes, ahora con la participación de sra, Cra y faa, cuestionando la intervención del Estado en la regulación de los mercados agrícolas y cárnicos que, argumentaban las entidades gremiales, llevaban a una transferencia de ingresos de los productores a exportadores y supermercados.

En enero de 2007, se reactivaron las medidas de fuerza por el aumento de retenciones, con activa presencia de las cra y la faa, las que se repitieron ante el nuevo incremento sufrido en noviembre de 2007 (Fairfield, 2011). Este último no fue un hecho menor, dada la dimensión de la transferencia de ingresos que significó de los productores al núcleo concentrado de los exportadores de granos, con el consentimiento de la Secretaría de Comercio.

El 7 de noviembre de 2007, luego de haber triunfado Fernández de Kirchner en las elecciones presidenciales de octubre con el 42 % de los votos, la administración saliente estableció un aumento general de los derechos de exportación para todos los granos, que, en el caso de la soja, pasó de 27,5 % a 35 %. Con información privilegiada, los exportadores registraron unos días antes del aumento la venta de algo menos de la mitad de la cosecha argentina que aún ni siquiera había sido sembrada. Esta maniobra les permitía capturar la diferencia excepcional entre el 27,5 % que debían pagar al Estado y el 35 % que descontarían a los productores, maniobra que fue posible porque el gobierno no había cerrado el registro de exportaciones a tiempo.

Las denuncias y reclamos hicieron que interviniera el Congreso de la Nación, el cual sancionó la Ley n.º 26.351 en diciembre de 2007, denominada Martínez Raymonda en reconocimiento a su autor, para revertir la situación generada e impedir situaciones futuras similares.

El gobierno reglamentó la ley recién cinco meses después, en mayo de 2008, con lo cual confirmaba que el olvido de cerrar los registros a los exportadores no había sido un error o ineficiencia de la administración, y encargó la supervisión de su cumplimiento a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (oncca). Este organismo, bajo la dirección de Ricardo Etchegaray, luego director todopoderoso de la afip, a partir de la autonomía otorgada en 2006 actuaba en total sintonía bajo la órbita de influencia del cada vez más poderoso secretario de Comercio, Guillermo Moreno. La oncca no solo habilitó las maniobras mencionadas de los exportadores, sino que además dejó de publicar las declaraciones juradas del tonelaje de exportaciones diarias declaradas.

Se estima que el resultado de estas operaciones, antecedente no menor al conflicto del 2008, implicó una transferencia del sector productor al núcleo concentrado de empresas exportadoras equivalente a unos usd 2.000 millones (Ferrari Echeverri, 2008; Dávila, 2019: 178).

En un contexto con costos internos crecientes, los antecedentes del conflicto ganadero no resuelto, arrastrado durante dos años por la intervención del mercado de carne y las restricciones comerciales, y el escándalo de fines de 2007 por el cual los exportadores retenían en su beneficio un porcentaje mayor en el precio que pagarían al productor que el que debían abonar al Estado en concepto de retenciones, el gobierno adoptó una medida que dispararía un conflicto cuyos resultados lo llevarían a su primera derrota política.

En marzo de 2008, en el marco de precios internacionales de los commodities, que se habían duplicado en dólares en relación con 2006, con expectativas de continuar aumentando, el gobierno de Cristina Fernández dictó la Resolución n.º 125, que establecía una nueva metodología y aumentaba los niveles de retenciones a las exportaciones de granos existentes.

El gobierno pretendía establecer una fórmula que transformara el porcentaje a retener en un porcentaje móvil en relación inversa con la evolución del precio internacional de los granos. Si el precio en el mercado de Chicago caía por debajo de los usd 200 la tonelada, la soja tendría retenciones cero. Pero, con el valor en usd 400, ese porcentaje de impuestos pasaría al 35,75 %, y con un precio de usd 600 la tasa de retención llegaría a 49,33 %. El aspecto que peor se comunicó y generó mayor rechazo del sector era que la suba progresiva de las retenciones en los tramos superiores de la escala llegaba al 95 %, no del total, sino de los futuros incrementos de precios internacionales. Esto se interpretaba como una confiscación de los ingresos dado que establecía a partir de cierto precio un techo al ingreso de los productores cualquiera fuera el nivel de los precios internacionales que se alcanzara, lo cual, además, afectaba el funcionamiento de los mercados de futuro del país (Barsky y Gelman, 2009).

La medida, que focalizaba sobre los ingresos, pero no sobre la rentabilidad efectiva o ganancias, no contemplaba la situación de aquellos productores con menores dimensiones, o en tierras de menor productividad, regiones marginales donde los rendimientos son menores o con mayores costos por distancia de los puertos de embarque. Tampoco contemplaba, como hemos comprobado en el capítulo de política de tierras, el mayor perjuicio que ocasionaba en los sectores productores arrendatarios con contratos que no podían modificarse.

Como más tarde lo reconocerían los principales actores del gobierno, la propuesta tuvo errores técnicos en su diseño, pero también en cuanto al diagnóstico y la evaluación de su impacto. La decisión fue tomada en forma solitaria por el ministro de Economía Martín Lousteau, sin realizar consultas previas con representantes sectoriales, ni una adecuada supervisión por parte del gabinete al que se expuso la iniciativa. La premura de su anuncio se justificaba en el hecho de evitar que el secretario de Comercio Guillermo Moreno impusiera su propuesta de elevar las retenciones al 63,4 % del precio internacional y acordar la medida, como era su estilo, solo con los exportadores que harían la retención, pero no con los productores que las pagarían (Dávila, 2019: 187-190).

Esta decisión, sumada a los antecedentes ya comentados, generó un conflicto que se extendió durante 129 días, y llevaría a la primera derrota política para el kirchnerismo, con sus consecuencias en las elecciones legislativas de 2009.

En respuesta a la medida tomada, el sector productor agroexportador convocó a un paro de actividades para reclamar su derogación. Una semana después, el gobierno, a través de su ministro de Economía, se mostró inflexible sosteniendo que no habría cambios en la medida adoptada.

El 12 de marzo de 2008, comenzó la huelga de comercialización de granos anunciada por la Mesa de Enlace Agropecuaria, que agrupaba a las cuatro históricas entidades gremiales representativas de productores y empresarios rurales vinculados a la producción extensiva de carnes y grano (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro) y respaldada por numerosos grupos de productores “autoconvocados” del interior del país que no respondían a conducción gremial alguna. Estos tuvieron un rol central en la intensificación del conflicto a partir de sus movilizaciones en el Interior, la participación en cortes de rutas que impedían el normal tránsito de pasajeros y mercancías, y la presión que ejercían sobre la dirigencia de las entidades tradicionales que intentaban lograr una rápida negociación para salir de la situación (Gras, 2010).

Barsky y Gelman sostienen que

la protesta se convirtió en la más prolongada y masiva desde el camionetazo que los ruralistas le hicieron en 1985 a Raúl Alfonsín. Pero la diferencia es que aquí no se discutía el reparto de pérdidas sino cómo distribuir mejor los excedentes (Barsky y Gelman, 2009: 513).

Por este motivo, la presidenta Fernández de Kirchner condenó las protestas por cadena nacional el 25 de marzo de 2008 con una frase que algunos consideraron poco feliz, pero que no carecía de una relativa objetividad al denominarlo “piquetes de la abundancia”. También sostuvo en ese discurso que “no se dejaría extorsionar, al considerar que en las protestas había “un intento de golpe de Estado”. Y en su respaldo numerosos sectores sociales e intelectuales afines responsabilizaron a las viejas élites “terratenientes” y la “oligarquía ganadera”, además de a los “pools de siembra”.

Para comprender la interpretación en clave política del conflicto por parte del gobierno, es necesario recordar los planteos de Ernesto Laclau sobre el “antagonismo administrado” y la elección de enemigos y adversarios, cuya influencia en la estrategia del kirchnerismo en el poder se puede deducir del diálogo que habrían mantenido en la residencia de Olivos el expresidente Néstor Kirchner y dos de los ministros que integraban el gabinete de su esposa a dos días de anunciada la medida:

No se preocupen, nosotros sabemos elegir los enemigos y siempre ganamos. O es el fmi o nosotros, y ganamos nosotros. Lo mismo pasó con la Corte de Menem, los genocidas y los fondos buitres. Y esta vez es el campo o nosotros (Perfil, 18/07/18).

Ollier (2017) destaca precisamente esta lógica de amigo/enemigo sin márgenes para la negociación que caracterizó la construcción de poder político de los Kirchner, y que hasta ese momento había resultado exitosa, como una de las principales causas de la crisis generada. De hecho, con la renuncia del ministro de Economía autor de la medida, se abrió la posibilidad de derogar la resolución, pero fue descartada al considerarse que podía ser interpretada como una muestra de debilidad del gobierno (Dávila, 2019: 201).

El conflicto se generalizó e intensificó con el correr de los días. La producción de soja se realizaba en 15 de las 24 provincias del país. No solo las entidades representativas históricas del empresariado rural, por producto, tecnológicas, de insumos, acopiadores, las bolsas de cereales[4] y las fuerzas políticas opositoras solicitaban revertir la medida, sino varios senadores y diputados de la fuerza política en el gobierno, así como numerosos intendentes y gobernadores afines, con la excepción de las provincias de Tucumán, Chaco, Entre Ríos, y Buenos Aires, que mantenían una férrea lealtad al gobierno nacional a pesar del reclamo creciente en sus territorios (Sartelli, 2008; Grimaldi, 2018; Dávila, 2019).

Todos los intentos de negociación encontraron la resistencia del entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno, quien sostenía: “[…] el campo se lo banca absolutamente porque la soja se banca cualquier cosa […]” (Infobae, 11/03/18). Como hemos visto anteriormente, el secretario de Comercio, no el ministro de Economía ni el secretario de Agricultura, fue adquiriendo un creciente poder de decisión sobre los intereses que afectaban a los sectores agropecuarios, industriales y comerciales sin distinción, a partir de las políticas discrecionales y selectivas de regulaciones y subsidios. Un poder que se incrementó a partir del conflicto con la creación y aplicación de permisos de exportación o roe (Registro de Operaciones de Exportación) por Resolución n.º 543 de 2008, luego modificada por la Resolución n.º 7.552 de 2009, y los pre-roe, consultas previas a la solicitud de aquellos que otorgaban mayor discrecionalidad aún a sus decisiones.

Este poder sería instrumentado para que, a pesar del apoyo al reclamo realizado por vastos sectores rurales y urbanos, no contara con el respaldo de históricos aliados, como la Coordinadora de Productores de Alimentos (copal), o en un primer momento la Unión Industrial Argentina (uia), la Cámara Argentina de Comercio (cac), o los sectores financieros agrupados en las asociaciones de bancos, quienes abogaban por un acercamiento de las posiciones a partir de la negociación. Tardíamente, la Asociación Empresaria Argentina (aea), que integraba a los principales representantes de las empresas nacionales y extranjeras de mayor dimensión del país, tomó una posición de apoyo al reclamo, e intentó constituirse sin éxito en mediadores de un acuerdo. En cambio, otras organizaciones empresarias, vinculadas al pequeño y mediano empresariado, como la Confederación General Empresaria (cge), la Confederación General de la Industria (cgi) menguadas en su histórica representatividad, y algunas cámaras de la Unión Industrial Argentina como la Asociación de Industrias Metalúrgicas de la República Argentina (adimra), y federaciones industriales de Buenos Aires y Santa Fe mantuvieron su apoyo al gobierno en forma permanente (Dossi, 2019; Novaro, 2020).

Los argumentos empleados por el gobierno para justificar la resolución se sostenían en la necesidad de separar los precios internacionales de los internos para no afectar los niveles de inflación y el costo de alimentos básicos de la población, pero, dado que la medida afectaba con un mayor porcentaje a la soja y el girasol que al maíz y el trigo, el objetivo fiscal no podía ser velado. Un segundo argumento, contradictorio con el primero, pero que buscaba justificar ese menor porcentaje de retención en trigo y maíz era que la medida pretendía reducir el proceso de sojización del país, dadas sus consecuencias negativas en los suelos, el ambiente, la concentración económica y la reducción de demanda de trabajo. Sin embargo, la superficie sembrada de los cereales disminuyó en favor de la soja, que continuó expandiéndose durante todo el segundo mandato de Cristina Fernández y alcanzó un récord histórico.

Las movilizaciones en el interior y los cortes de ruta en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos se extendieron a otras provincias del país. Comenzó el desabastecimiento de algunos productos en los centros urbanos. A los cortes de ruta, se les sumaron las movilizaciones de protesta en grandes ciudades y localidades del interior del país, los cacerolazos en la Ciudad de Buenos Aires, las negociaciones fallidas en distintos niveles, las adhesiones[5] y las contramarchas a favor del gobierno[6], así como el surgimiento de la agrupación política kirchnerista “La Cámpora”[7]

Con el conflicto desatado, la estrategia política gubernamental recurrió a la vieja práctica política de intentar dividir el frente rural, buscando alternativas para morigerar la carga impositiva sobre los pequeños y medianos productores a través de sucesivas resoluciones y, a su vez, apuntando las críticas sobre la concentración de la producción, los pools de siembra y los grandes propietarios, también identificados como los terratenientes y la oligarquía ganadera. En esta estrategia convocó el respaldo de las asociaciones de agricultores familiares, campesinos y pueblos originarios cuya organización había promovido, en algunos casos, o posibilitado, en otros, a partir de las políticas y programas de desarrollo rural implementados desde 2003 en adelante. Algunas organizaciones concurrieron con un apoyo irrestricto, mientras que otras encontraron la oportunidad para hacer visibles sus reclamos por modelos antagónicos al agroexportador pampeano.

En cambio, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (uatre), representante de los trabajadores rurales registrados y liderada por el histórico dirigente peronista Gerónimo “Momo” Venegas, no dudaría en apoyar a la Mesa de Enlace en su conflicto con el gobierno. Más tarde, el líder sindical se postularía sin éxito a la Cámara de Diputados de la Nación en 2012 por la fuerza política de oposición Cambiemos y, posteriormente, sería un activo respaldo a la candidatura presidencial de Mauricio Macri para las elecciones de 2015.

Como sostienen Castro García et al. (2009), la dinámica de confrontación y polarización no solo desembocó en el pasaje de un conflicto corporativo hacia uno político, sino que además la lógica de amigo-enemigo operó de tal forma que velaba la diversidad y heterogeneidad que integraba el “campo”, y no permitía escuchar las posturas críticas a ambas posiciones que, aún enfrentadas, no cuestionaban el modelo de desarrollo del agronegocio.

En esta misma línea, otros autores sostienen que, a pesar de las diferencias entre gobiernos liberales (como los de Carlos Menem o Fernando de la Rúa) o de derechas (Mauricio Macri) y posneoliberales o progresistas (Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner)[8], la lógica del agronegocio con sus modalidades de “neoextractivismo” y “acumulación por despojo” no solo permaneció, sino que se profundizó (Isidro y Forlani, 2019: 1-5; Martínez Dougnac, 2013: 334), en un modelo de agricultura sin agricultores cuyo avance, el desierto verde sojero (Domínguez y Sabatino, 2010), se basa en las innovaciones tecnológicas y las políticas económicas neoliberales que las promueven y, en ciertos casos, en el uso de violencia explícita del agronegocio sobre las comunidades rurales (Wabren, 2016: 62). Esta es una corriente de pensamiento que Manzanal (2017: 2-7) intenta sintetizar y, a la vez, ampliar a otros niveles de la sociedad, al considerar que el objetivo de los poderes hegemónicos consiste en ocultar los perjuicios que ocasionan a las poblaciones y territorios, la reprimarización de la economía a partir de actividades “extractivistas” y “especulativas”, como la soja (pero también otras contaminantes y escasamente reguladas como los feedlots, los biocombustibles, y la forestal-celulosa), así como en velar el fortalecimiento de un renovado campo de poder hegemónico conformado por antiguos y nuevos actores relacionados al sector agroindustrial y agroalimentario, al financiero y a los medios masivos de comunicación, debilitando a sectores sociales conformados por trabajadores, pequeños y medianos productores agropecuarios, productores familiares, empresarios y pequeñas y medianas empresas industriales, comerciales, de servicios, cooperativas, desocupados, y movimientos sociales vinculados con los derechos humanos –de género, de diversidad étnica y sexual– y con las poblaciones originarias.

Varias de las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena intentaron complejizar el proceso de polarización que imponía el conflicto, dando cuenta de la diversidad productiva, cultural y social existente, a través de su participación con comunicados, manifestaciones y el debate parlamentario al que concurrieron.

La mayoría de estas organizaciones se crearon durante el gobierno de Néstor Kirchner y se fortalecieron bajo la administración de Cristina Fernández de Kirchner, algunas promovidas desde las estructuras del Estado a partir de los programas de la Secretaría de Agricultura (psa) y de los programas de desarrollo rural conducidos desde la ucar, como el Foro de la Agricultura Familiar (Lattuada et al., 2015), y otras más radicalizadas y en cierto modo opuestas a aquellas, al atribuirles una dependencia con organizaciones gremiales tradicionales (Federación Agraria Argentina) y el gobierno nacional[9], como la Red Puna, el Consejo Asesor Indígena (cai), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (mnci) [10], o el Movimiento Campesino de Liberación (mcl)[11], en algunos casos vinculadas a partidos y movimientos políticos de izquierda y organizaciones populares urbanas, universitarias y profesionales.

Ante el conflicto, muchas de estas organizaciones confluyeron, más allá de sus diferencias, primero en la creación del Frente Nacional Campesino (fna)[12] en abril del 2008, y poco después, en junio del mismo año, se sumaron a un numeroso y heterogéneo grupo de organizaciones del país para constituir la Mesa Coordinadora Nacional (mcn)[13].

En conjunto, desconocieron la representación de la Mesa de Enlace sobre los intereses de las comunidades campesinas, los pueblos originarios, la agricultura familiar y los pequeños productores. Apoyaron el sistema de retenciones propuesto por el gobierno como una forma de redistribución de la riqueza, desde una mirada crítica hacia el modelo del agronegocio que consideran responsable por los desalojos, los desmontes, la contaminación, y los efectos de los agrotóxicos sobre sus animales y familias. Pero sus reclamos trascendían la distribución de la renta de la soja y exigían “una transformación profunda del modelo agropecuario, que avance hacia la reforma agraria integral, agroecológica y la soberanía alimentaria” (ucn, Proclama campesina indígena, 2008: 232, citado por Castro García et al., 2009).

Una alternativa que, según Toledo López (2017: 12), la administración de Fernández de Kirchner no garantizaba, porque adscribía al

slogan que propició el imperio del sistema agroalimentario corporativo y la expansión de los cultivos genéticamente modificados, según el cual los transgénicos venían a solucionar el problema del hambre en el mundo. Actualmente no solo se reconoce la falacia de ese argumento por cuanto la problemática alimentaria sigue incrementándose y complejizándose (incluyendo la dicotomía de obesidad y hambre), al tiempo que se ha comprobado que no es necesario una mayor producción sino la mejora de los sistemas de acceso y distribución.

La soberanía alimentaria se configuró como el eje articulador de las demandas, estableciendo y reivindicando la construcción de territorialidades antagónicas, entre la territorialidad del agronegocio –identificada con las entidades agrarias y el gobierno– y la de los pueblos originarios y el campesinado, que reclamaban la distribución y democratización del acceso a la tierra y los bienes naturales, así como el fortalecimiento de su economía, sus formas de vida y producción.

En esta línea, autores muy compenetrados de esta visión (Castro García et al., 2009; Mariotti, 2009) consideran que la idea de soberanía alimentaria promovida desde la organización internacional Vía Campesina[14] trasciende la noción de seguridad alimentaria, que supone la necesidad de garantizar el acceso al alimento, para respetar el derecho de los pueblos a la producción de alimentos saludables y culturalmente apropiados mediante técnicas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, y el derecho a definir su propio sistema alimentario y agrícola. En este sentido, la soberanía alimentaria supone no solo priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, sino también el derecho de productores y consumidores a decidir cómo, qué y cuánto se produce, primando el “valor de la vida” sobre todo principio de lucro económico. Sostienen que la soberanía alimentaria fortalece la agricultura familiar, que el modelo del agronegocio destruye, como forma de preservar la cultura de las comunidades campesinas y sus fuentes de trabajo, frenando el éxodo rural hacia las ciudades.

Asimismo, en la medida en que estas organizaciones conciben a la tierra y al resto de los bienes naturales como medios de vida y no como meras mercancías, se oponen al uso de agroquímicos y semillas transgénicas, elementos que forman parte de los nuevos paquetes tecnológicos, no solo por el daño que ocasionan al ambiente, sino por la pérdida de autonomía en la posesión de las semillas por parte de los agricultores. En este sentido, para los autores, la soberanía alimentaria plantea una nueva reforma agraria que surja de entre los pueblos y que respete la diversidad de las comunidades que la habitan. Por tales motivos, las organizaciones campesinas e indígenas consideran que la soberanía alimentaria no solo es una visión-cosmovisión, sino también una plataforma común de lucha que permite seguir construyendo unidad en la diversidad (Mariotti, 2009: 52).

Los frentes formados por las organizaciones de la agricultura familiar tampoco pudieron resolver las cuestiones políticas que posibilitaran una construcción de consensos en objetivos y acciones que permitiera su continuidad. La experiencia de convergencia de estas organizaciones fue frágil y coyuntural. Luego de la votación que derogó la Resolución n.º 125, los frentes se disolvieron y las organizaciones que los integraron retornaron a la pluralidad y atomización previa. No obstante, el gobierno compensaría el apoyo recibido a partir de la creación en el año 2008 de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Más tarde, designaría a representantes de estas organizaciones, aun de aquellas más críticas,[15] en diferentes áreas de la administración pública. Cuando Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita, asumió la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, en agosto de 2012, miembros del Movimiento Nacional Campesino Indígena (mnci) fueron incorporados en la Dirección de Apoyo a las Organizaciones, y en 2014 en la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional dependiente de la Secretaría de Agricultura Familiar. Integrantes del Movimiento Agrario Misionero (mam) se sumaron a la Dirección Nacional de Identificación y Formalización de los Agricultores Familiares. La Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (acina) tuvo asignaciones en la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar. Miembros del Frente Nacional Campesino (fnc) asumieron en la Dirección de Programas y Proyectos para la Agricultura Familiar, e integrantes de la organización Madre Tierra, en la Dirección de Ferias Francas e Intercambios Regionales (González, 2017: 213).

A fines de marzo de 2008, finalmente se habilitó una mesa de diálogo entre las partes en conflicto, pero, ante la falta de acuerdos, los productores volvieron a los cortes de rutas, que levantaron nuevamente el 2 de abril por treinta días para una nueva negociación, que terminaría sin resultado en la cuestión de fondo. El gobierno intentó diversos y complejos mecanismos con el objeto de fracturar el frente agrario. Se adoptaron iniciativas con el fin de segmentar y compensar diferencialmente a pequeños productores de soja y girasol, pero no de trigo y maíz, hasta cierto volumen de producción, y de subsidiar parte del flete a aquellos más alejados de los puertos[16], aunque eran complejas en su implementación dada la escasa confiabilidad que existía sobre las estadísticas oficiales sobre las que debían operar. La implementación de esta tarea se confió a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (oncca), la que intentaba adaptar las complejas variantes que iban tomando las sucesivas decisiones.

El 25 de abril, renunció el ministro de Economía Lousteau y asumió en su reemplazo Carlos Fernández. El 19 de mayo, volvieron a encauzarse las negociaciones, aunque no se llegó a un acuerdo, con más de 60 días de conflicto, y el gobierno acusó al campo de “golpista”.

El 25 de mayo, se hicieron dos actos masivos en el que se movilizaron miles de personas de sectores rurales y urbanos, el oficialismo en la ciudad de Salta y los ruralistas en la ciudad de Rosario, en los que los discursos aumentaron la tensión y distancia entre las partes. La dirigencia agropecuaria de la Mesa de Enlace reafirmó el paro y las movilizaciones y promovió acciones de interpelación y exigencias de acompañamiento sobre los miembros del Congreso, intendentes y gobernaciones. Se intensificaron las acciones de amenazas, escraches y agresiones aisladas entre miembros de las distintas facciones.

El gobierno judicializó el conflicto y denunció a las entidades del campo por “violar las leyes de abastecimiento y seguridad” e “impedir el normal funcionamiento del transporte”, habilitando de ese modo las detenciones de quienes cortaban las rutas. El 30 de mayo, arrestaron a 8 ruralistas por los cortes en las rutas, y, el sábado 14 de junio, la Gendarmería hizo lo mismo con Alfredo de Angeli en Gualeguaychú, por unas pocas horas. El dirigente rural de segundo nivel de la Federación Agraria Argentina era uno de los hombres más importantes del conflicto, y en el futuro se convertiría en un referente de Cambiemos en el Senado de la Nación. Paralelamente, ese 30 de mayo se aprobó la Resolución n.º 64/2008 por la que se disminuía la progresividad de las alícuotas superiores de las retenciones.

Ese fin de semana, los cacerolazos llegaron hasta la residencia presidencial en Olivos, y el expresidente Néstor Kirchner participó de una manifestación oficialista en Plaza de Mayo. El Partido Justicialista, conducido por Kirchner, publicó un documento en el que se consideraba al paro agrario como antidemocrático y con fines “destituyentes”. Todas las señales indicaban que las posibilidades de diálogo y negociación habían quedado definitivamente cortadas entre las partes (Barsky y Dávila, 2008).

El 9 de junio, se dictó el Decreto n.º 904/2008, por el cual se dispuso que el monto que excediera el 35 % de las retenciones móviles tendría como destino la construcción de hospitales públicos, viviendas populares y caminos rurales (Dávila, 2019: 187).

Julio Cobos, vicepresidente de la nación, sugirió la participación del Congreso en la búsqueda de una solución, propuesta que la presidenta Fernández aceptó y anunció el 17 de junio en un mensaje por cadena nacional, convencida de la superioridad numérica de la fuerza política oficialista en ambas cámaras (143 diputados y 47 senadores).

En la Cámara de Diputados, el oficialismo aprobó el proyecto de ley que ratificaba lo normado por la Resolución n.º 125 por 129 votos a favor y 122 votos en contra. Dos actos multitudinarios, uno en Palermo convocado por los ruralistas y otro frente al Congreso de la Nación por el oficialismo, ambos con la concurrencia de decenas de miles de personas, dieron marco a la víspera de la madrugada del 18 de julio de 2008, cuando el Senado de la Nación, con una votación empatada en 36 votos, rechazó la ley con el voto “no positivo” del vicepresidente de la nación y presidente de la Cámara de Senadores, Julio Cobos, hasta ese momento parte del “radicalismo K”, consumando la derrota política del gobierno que integraba. Un día después, el gobierno derogó la Resolución n.º 125 por el Decreto n.º 1.176/2008 para retrotraer el nivel de retenciones a noviembre de 2007, previo al dictado de la conflictiva medida.

A pesar del intento del gobierno por reducir los niveles de conflicto, gran parte de la dirigencia rural que integraba la Mesa de Enlace optó por continuar incentivándolo y asociarse activamente a los proyectos políticos opositores que finalmente ganarían las elecciones legislativas de 2009 y más tarde las presidenciales de 2015. El pro y la Coalición Cívica respaldaron el reclamo desde un primer momento con la presencia de sus dirigentes en las movilizaciones, actos y cortes de rutas realizados por el sector, y en menor medida representantes del Partido Socialista y del Movimiento Socialista de los Trabajadores.

Al finalizar el conflicto, habían pasado cuatro meses de un gran desgaste del gobierno y la primera derrota política cuyas consecuencias serían de largo plazo. En el camino había renunciado en abril el ministro de Economía autor de la resolución y, en julio, el secretario de Agricultura Javier de Urquiza y el jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández (Perfil, 18/07/18).

Como bien evalúan Barsky y Gelman (2009: 515), el gobierno cometió un error de diagnóstico. La soja no era solamente el negocio de algunas grandes empresas concentradas, sino un elemento vital para la sobrevivencia y acumulación de más de 70.000 productores agropecuarios, que generaba una actividad económica de numerosas localidades del interior del país, y un factor vital de la economía del país al integrar un complejo agroindustrial que se encontraba entre los más poderosos y competitivos del mundo, proveedor de las divisas y los ingresos fiscales que contribuían en forma decisiva al funcionamiento de otros sectores de la economía que requerían de las divisas generadas y al financiamiento del Estado.

La estructura productiva y social agraria había cambiado en las últimas décadas a partir de formas de organización en redes en las que participaban múltiples y diferentes actores, que, si bien tienden a maximizar sus objetivos individuales, reconocían que su crecimiento dependía del buen funcionamiento del conjunto (Bisang, 2007). Además de los productores agropecuarios, el proceso de expansión e intensificación agrícola incorporaba a proveedores de maquinaria y servicios agrícolas, transportistas, servicios y casas comerciales, inversores urbanos y un número importante de propietarios rentistas en muchos casos pequeños y medianos (Gras, 2009; Rosati y Masello, 2013), así como beneficiaba a municipios rurales y urbanos, que, tanto en lo público como en lo privado, se habían visto favorecidos por el crecimiento del sector y su renta de las últimas décadas (Gras y Hernández, 2009). Esta amplia base social fue la que se opuso a la medida adoptada por el gobierno en defensa de los beneficios que la renta agraria distribuía en mayor o menor medida en sus territorios.

Para Barsky y Gelman (2009: 518), el conflicto fue producto de la confluencia de cuestiones estructurales y político-ideológicas en una coyuntura muy específica marcada por un alza excepcional de los precios internacionales de los granos. Por una parte, en este particular contexto de crecientes expectativas, el precio de los arrendamientos había crecido a niveles extraordinarios, así como su forma capitalizada expresada en los precios de la tierra en la región pampeana como consecuencia de la devaluación posconvertibilidad, el impacto del cambio tecnológico, y una mayor presión sobre el mercado de tierras por capitales que se desplazaban hacia el agro.

El cambio de las reglas de juego que imponía la Resolución n.º 125 implicaba la necesidad de redefinir los arreglos contractuales distribuyendo los menores márgenes de rentabilidad entre tierra y producción. Márgenes que, como hemos visto en el capítulo referente a la política de tierras, eran ampliamente favorables para los propietarios y muy negativos para los arrendatarios. Esta realidad se hizo presente con todo su peso a fines de 2008, cuando el sistema de retenciones móviles fue abolido y la caída de los precios internacionales de los commodities obligó a la renegociación de contratos y un cambio de la modalidad de pago de alquileres fijos a la producción a porcentaje y en niveles menos onerosos para los arrendatarios.

Las causas de orden político e ideológico se refieren, por una parte, a la incapacidad de ciertos sectores urbanos y políticos de comprender la heterogeneidad de los actores y el entramado social rural tejido en torno a los profundos procesos de modernización y cambio tecnológico operados en el sector agroexportador, sus consecuencias en el dinamismo e integración social generados en los pueblos y ciudades de la región pampeana, así como el recambio generacional en las unidades productivas, en la dirigencia sectorial y en las redes asociativas. Como reconocería años después el dirigente de faa Pedro Peretti, “el sector nacional y popular abordó el conflicto de 2008 con manuales escritos en la década de 1970 cometiendo el error de desconocer las profundas transformaciones operadas en un sector que se había convertido en altamente productivo”[17]. Por el otro lado, muchos productores rurales carecen de una comprensión del rol del Estado para el funcionamiento de la economía y la sociedad, al considerarlo exclusivamente un recaudador de impuestos, que no asiste ante las pérdidas y brinda servicios de baja calidad. Tradicionalmente, consideran que la expansión productiva y social del sector responde solo a estímulos de los precios internacionales y de las oportunidades que se presentan, y que el Estado solo se limita a la extracción de excedentes de las riquezas generadas por el sector para transferirlos en su beneficio y otros sectores de la sociedad (industria, comercio, asalariados).

Desde una perspectiva política, Novaro (2020) abona esta línea argumental al considerar que el desarrollo del conflicto y su resultado fueron excepcionales y novedosos en la historia agraria, consecuencia de las transformaciones ocurridas en los años previos en la composición socioeconómica del sector, en el fortalecimiento de los lazos entre los productores primarios y otros actores del sistema agroalimentario y la sociedad pampeana, y en las particulares circunstancias políticas que se conjuraron en la crisis que otorgaron un alto grado de eficacia al reclamo. Pero, a diferencia de Barsky y Dávila (2008) y Hora (2010), que evalúan el triunfo del frente rural como el inicio de una proyección política de los intereses agroexportadores, Novaro considera que la victoria política fue pírrica, dado que el gobierno en el corto plazo anuló el capital político logrado por el sector, al declinar su influencia sobre el proceso de toma de decisiones políticas y su capacidad para moderar la presión fiscal, aunque haya dejado una serie de enseñanzas aprendidas, como la importancia de mecanismos de articulación y coordinación internos –Mesa de Enlace y Foro de la Cadena Agroalimentaria– y externas Foro de la Convergencia Empresaria–.

La bonanza internacional no duró demasiado para los commodities agropecuarios. La soja, el trigo y el maíz cayeron a menos de la mitad del precio registrado en el mercado de Chicago en el transcurso de seis meses, entre junio y fines de 2008[18]. El nivel de retenciones que debió pagar el agro a partir de su triunfo en combatir la Resolución n.º 125 y mantener el sistema anterior terminó siendo más alto y perjudicial que si se hubiese aplicado el sistema de retenciones móviles.

Los integrantes de la Mesa de Enlace, motivados por el éxito legislativo de 2008, impulsaron en marzo de 2009 un proyecto de Ley en el Congreso Nacional, pero no lograron el cuórum necesario para su tratamiento. En marzo de 2006, la oposición en dos oportunidades convocó sin éxito a una sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley de reducción y segmentación de las retenciones al agro. Los bloques de la Coalición Cívica, el pro, el radicalismo, el peronismo disidente, el socialismo y la Mesa de Enlace promovían la aprobación de un proyecto de ley que eximía del pago de derechos de exportación a todos los productores, incluidos los pools de siembra, por las primeras mil toneladas de soja, entre otros beneficios. Ante el fracaso de la iniciativa para debatir la propuesta, las entidades integrantes de la Mesa de Enlace amenazaron con un nuevo lockout en repudio a la actitud del oficialismo, que utilizaba diferentes tácticas parlamentarias, como la de no convocar la Comisión de Agricultura por su presidente para habilitar formalmente el tratamiento de la cuestión o advertir sobre la decisión de no dar el cuórum en la sesión plenaria de la Cámara (Página 12, 26/03/09).

Pocos días después, el gobierno, con el objeto de reducir el descontento de los gobernadores e intendentes de las provincias productoras de granos, que en su mayoría habían respaldado el reclamo sectorial, y debilitar el frente rural, dictó el Decreto n.º 206/2009, por el que se establecía la coparticipación del 30 % de lo recaudado por las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados entre las provincias productoras con destino exclusivo a la inversión en obras de infraestructura (Dávila, 2019: 179-205). En la crisis de 2018, la administración del presidente Macri se encargaría de eliminar con un nuevo decreto la coparticipación establecida por este decreto.

El ruralismo intentó aprovechar el capital político de la notoriedad alcanzada en el conflicto, para lo cual los medios de comunicación fueron un instrumento mayoritariamente favorable y eficaz durante y después de él (Hora, 2010). Las organizaciones promovieron la participación política de muchos de sus dirigentes con el objeto de tener mayor influencia en la toma de decisiones políticas en los distintos niveles del Estado (nacional, provincial, municipal). Unos 300 dirigentes rurales se presentaron a diferentes cargos en las elecciones legislativas de junio de 2009 integrando partidos de la oposición. Un número importante obtuvo cargos a nivel local, y solo 11 en el Congreso Nacional, equivalente al 8,8 % de las bancas en disputa (Novaro, 2020).

El Frente para la Victoria continuó siendo la primera fuerza política a nivel nacional, pero perdió un gran caudal electoral a manos de los diferentes partidos de la oposición (Unión-Pro y Acción Cívica y Social), que, sumados, alcanzaron el 49 % de los votos. De este modo, perdió la mayoría en las dos cámaras del Congreso, con particular intensidad en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y aun en Santa Cruz. En Provincia de Buenos Aires, el expresidente Néstor Kirchner salió segundo en intención de votos, con un fuerte rechazo en los municipios del interior de esa provincia (La Nación, 29/06/09; Dávila, 2019: 206-211).

No obstante el crecimiento opositor, los ruralistas nunca lograron conformar un bloque agrario o rural al estilo brasilero, y quedaron atrapados en las dinámicas partidarias tradicionales (Novaro, 2010: 132), con resultados tan poco alentadores como la historia previa en el Congreso hacía prever (Lattuada, 1990). En el período 2009-2014, se presentaron 57 proyectos vinculados a la distribución de la renta agraria, de los cuales 32 fueron presentados por el bloque de agrodiputados y 25 por otros diputados. Solo 4 superaron la etapa de tratamiento en comisiones, pero ninguno logró ser aprobado por las Cámaras (Grimaldi, 2018).

La participación de candidatos ruralistas disminuiría en las elecciones presidenciales de 2011, en las que Cristina Fernández de Kirchner contaría para su triunfo con buena parte de los votos de las pequeñas y medianas localidades del interior de la zona productiva que había sido centro del conflicto tres años antes (Novaro, 2020). El voto por candidatos identificados con las demandas del sector y su representación legislativa fue de corto plazo y no sobrevivió mucho más allá del período 2009-2010 (Freytes, 2015). En el período 2005-2015, existió una correlación positiva entre el voto de las regiones y localidades de producción agrícola de exportación con los representes del sector solo en coyunturas de estancamiento o retroceso de la economía, en los que se percibió una transferencia de riqueza de estas zonas a otras regiones y sectores, mientras que esta correlación desaparece en situaciones de crecimiento de la economía (Grobocopatel, 2016).

La Mesa de Enlace fue perdiendo presencia en los medios, y el intento de reactivar el Foro de la Cadena Agroindustrial, que había comenzado a reunirse en 2004, fue debilitado por la estrategia del gobierno al bloquear la integración de copal, frigoríficos y otros actores, y promover una amplia participación social en la elaboración del Plan Estratégico Agroalimentario, donde lo sectorial y gremial se diluía en una babel heterogénea de organizaciones de todo tipo y nivel de agregación: universidades, sociales, productivas, técnicas, gremiales –incluidas las integrantes de la Mesa de Enlace, pero en forma autónoma–, entre muchas otras. Sobre fines del segundo mandato de Fernández de Kirchner, una declinante Mesa de Enlace se sumó a la Asociación de Empresarios Argentinos (aea), el Instituto de Desarrollo Empresarial Argentino (idea) y la Asociación Cristina de Dirigentes de Empresas (acde) en la conformación del Foro de Convergencia Empresaria en 2014 y se mantuvo hasta las elecciones de 2015 con el objeto de constituirse en el interlocutor político empresario del próximo gobierno, reeditando la experiencia y los escasos resultados de frentes patronales previos[19]. La faa, por su parte, que había mantenido su apoyo al gobierno hasta el 2006, como producto del conflicto y su alianza en la Mesa de Enlace tuvo serias fracturas internas, y se escindieron de ella los sectores que habían tenido mayor participación junto a las organizaciones de la agricultura familiar; en 2014, con el alejamiento de Eduardo Buzzi de su conducción, la entidad retomó su acercamiento al gobierno, a la vez que se alejaba de la Mesa de Enlace (Lissin, 2019). Con efecto retardado, también en la sra se produjeron divisiones internas. Por segunda vez en su centenaria historia, en 2020 no hubo una lista de unidad para la elección de sus autoridades, y, entre las críticas a sus autoridades, se sostiene que han perdido representatividad gremial porque dejaron de ser productores para convertirse en políticos[20].

El gobierno, por su parte, luego de la derrota política en relación con la 125, no volvió a ubicar al sector en su conjunto como adversario. Las retenciones no fueron modificadas hasta finales del segundo mandato de Fernández de Kirchner, solo disminuyeron aquellas que afectaban al trigo y el maíz como consecuencia de la sequía a fines de 2008, pero no las que afectaban la soja. No volvieron a incrementarse ni siquiera ante las imperiosas necesidades de financiamiento del año 2009, en el contexto de crisis internacional en el que el gobierno optó por estatizar los fondos de las administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones (afjp), o después del aplastante triunfo por el 54 % de los votos en las elecciones presidenciales de diciembre de 2011, con el cual lograron la mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional.

En octubre de 2009, el gobierno creó el Ministerio de Agricultura, un viejo anhelo de las entidades gremiales empresarias del sector agroexportador, jerarquizando el área desde lo administrativo y presupuestario, y destacando la medida como un gesto para superar las tensiones por el conflicto de la 125. A su cargo, se designó a Julián Domínguez, experimentado político de la Provincia de Buenos Aires, reconocido por su estilo negociador, el cual se rodeó de un equipo técnico para ocupar las diferentes secretarías. Sus iniciativas, como el Plan Agroalimentario Nacional o la reactivación del Consejo Federal Agropecuario creado por Ley n.º 23.843 en 1990, tuvieron como objetivo ampliar la participación de la sociedad en el primero y de las provincias en el segundo, a la vez que diluir la presencia y presión de las entidades de la Mesa de Enlace, por una parte, y acotar las iniciativas autónomas de la Secretaría de Comercio, por la otra, en las decisiones que afectaban al sector.

Los representantes de las asociaciones de productores reconocieron la importancia de la creación del Ministerio y las posibilidades de diálogo y negociación con sus diferentes gestiones desde 2009 en adelante, aunque mantuvieron sus críticas a la Secretaría de Comercio (Dávila, 2019: 134). Esto posibilitó que las movilizaciones y cortes de ruta promovidos por el sector rural fueran decayendo de 2009 en adelante, manteniendo una mayor expresión relativa en las provincias pampeanas, en particular la Provincia de Buenos Aires (Dávila, 2019: 209). Entre 2009 y 2014, Grimaldi (2018) registró 760 acciones de protesta rural, de las cuales el 80 % se desarrollaron durante el año 2009. Las protestas fueron menguando progresivamente con 500 piquetes registrados en 2009, 40 en 2010, para luego diluirse (Novaro, 2020).

El gobierno continuó avanzando con propuestas y proyectos que, se concretaran o no, afectaban o dividían a la Mesa de Enlace y sus aliados como la uatre, y favorecían a las organizaciones que, aun con diferencias, expresaron su apoyo durante el conflicto. Proyectos y medidas que, en muchos casos, generaron tensiones y confrontaciones entre las propias agencias estatales.

Con la creación del Ministerio del ramo, se jerarquizó y fortaleció dentro de él la “otra agricultura”, al crear la Secretaría de Agricultura Familiar al mismo nivel que las tradicionales de Agricultura o Ganadería. Más tarde, en 2012, designaron a su cargo a dirigentes del Movimiento Evita, que poco conocían de las tareas rurales, pero mucho de organización social y política de los grupos menos favorecidos de la sociedad, e incorporaron –como detallamos más arriba– dirigentes de las organizaciones de la agricultura familiar, campesinas y de pueblos originarios a las diferentes áreas de esta secretaría.

En 2009, el secretario de Comercio estableció los pre-roe, un mecanismo informal de permisos que debía aprobar antes de que iniciaran formalmente los pedidos de autorización para exportación; asignaba los subsidios para compensar las pérdidas de las sequías que afectaron a vastas zonas del país; quitó la autorización para que la Federación Agraria Argentina y la Federación de Acopiadores administraran los permisos de comercialización que constituían las principales fuentes de ingresos de estas; suspendió exportaciones de carnes; financió en forma selectiva cooperativas lácteas y de granos, que se sumaron a los molinos, aceiteras y productoras avícolas. Sobre esa base de aliados, aisló a las entidades de la Mesa de Enlace y promovió la constitución del Consejo Argentino de Productores, en el que se integraron la Cámara de la Industria Aceitera, la Unión General de Tamberos, la Federación de la Industria Molinera, la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas, y la Asociación de Supermercadistas Unidos, entre otros.

La intención de poner algún grado de control sobre la discrecionalidad de la Secretaría de Comercio se expresó con la designación de un nuevo director de la oncca por parte del recientemente creado Ministerio de Agricultura, y en la realización de una auditoría sobre ese organismo encargada a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Estas medidas expusieron a la luz pública las irregularidades en el funcionamiento del organismo por distorsiones de precios, retraso en los pagos a productores, cartelización de las firmas exportadoras en perjuicio de los productores de cereales, fomento de sistemas productivos (feedlot) en perjuicio de otros criadores, entre otras anomalías.

Los informes internos del Ministerio de Agricultura y las memorias del organismo 2013-2015 mencionan los problemas generados por las políticas comerciales en la producción de trigo, leche, carne y productos regionales, al generar desincentivos a la inversión, déficits de oferta, y un ambiente de riesgo e incertidumbre generado por las decisiones políticas que afectaban en mayor medida a los pequeños productores y obstaculizaban las políticas de incentivos promovidas desde el ministerio (Dávila, 2019: 135-136).

Esta embestida interna, sin embargo, no logró la renuncia de su principal responsable, quien, con el respaldo presidencial inalterado desde 2006 en adelante, continuó tomando medidas de intervención y restrictivas, en muchos casos contradictorias con la dirección establecida por el Ministerio de Agricultura.

También existieron tensiones en torno a los niveles de retenciones para el trigo y el maíz, entre el Ministerio de Economía, siempre ávido de recursos, y el Ministerio de Agricultura, que intentaba promover sus cultivos mejorando la rentabilidad relativa con relación al cultivo de soja (Dávila, 2019: 133).

Las contradicciones también se generaron en los planos internos del Ministerio de Agricultura. A las políticas con diferentes orientaciones que ya mencionáramos entre la Secretaría de Agricultura Familiar y la ucar, se sumaron las marchas y contramarchas en iniciativas que se consideraban estratégicas, ante el cambio de elencos responsables. El ministro Norberto Yahuar, que reemplazaría a Domínguez, puso fin a la iniciativa del Plan Agroalimentario Nacional, que había tenido numerosas reuniones participativas a lo largo y ancho del país, pero sin ninguna iniciativa formalmente implementada. Y, además, dejó de convocar a las reuniones del Consejo Federal Agropecuario desde 2011. Ambas iniciativas fueron reactivadas a fines de 2013, cuando Carlos Casamiquela, presidente del inta, asumió el Ministerio en reemplazo de Yahuar, pero una vez más sin alcanzar el objetivo de implementación del Plan.

En 2010 el gobierno presenta un “Anteproyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial”, tarea que había sido encomendada en abril de 2009 a la Comisión de Legislación del cofeplan, aunque finalmente no fue sancionado como ley.

También hacia mediados de 2010, la presidenta Cristina Fernández anunció la decisión de elaborar un proyecto para dictar una nueva ley de arrendamientos y aparcerías. Una cuestión no menor, si se rescata en el análisis del conflicto de 2008 la importancia que tuvo la distribución de la renta intrasector. La norma para regular los contratos agrarios tendría numerosos estudios y reuniones a partir de 2011, y varios proyectos fueron elevados al Congreso, pero sin que se tratara para obtener su sanción como ley de la nación.

Si bien la ley de contratos agrarios no terminó siendo sancionada, en 2011 se trató el proyecto para la Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, estableciendo un registro centralizado y límites a la superficie en propiedad por extranjeros, que concluyó con la sanción de la Ley de Tierras n.º 26.737.

A fines de 2011, se sancionó la Ley n.º 26.727 o nuevo “Régimen de Trabajo Agrario”, y se creó en 2012 el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (renatea), que llevaba adelante la tarea de fiscalización del empleo en el sector rural, eliminado el control que sobre el renatre tenía el sindicato uatre, y con ello una importante fuente de recursos económicos para el gremio, como consecuencia de haber apoyado en forma explícita a la Mesa de Enlace en el conflicto de 2008.

Finalmente, en 2014 se sancionó la Ley n.º 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina”, con el objeto de consolidar los sectores sociales rurales cuya visibilidad y organización el kirchnerismo había ayudado a construir durante los años previos y que habían manifestado su apoyo durante el conflicto, aunque algunas de sus demandas trascendieran los límites que el gobierno no estaba dispuesto a traspasar.

No obstante, los efectos del conflicto y las tensiones con el sector tuvieron sus consecuencias también para el gobierno de Fernández de Kirchner. Además de las renuncias del ministro de Economía y el jefe de gabinete como resultado del conflicto de la 125, el gobierno se caracterizó por una muy alta inestabilidad en los funcionarios a cargo del área. En cambio, el secretario de Comercio Guillermo Moreno mantuvo su cargo desde 2006 hasta 2013 con un récord cercano a los 8 años de gestión. Probablemente este sea un indicador a tener en cuenta sobre el eje de lealtades que priorizó el kirchnerismo para llevar adelante sus antagonismos administrados durante su gestión de gobierno.

Las diferencias que marcaban una progresiva fractura dentro del peronismo entre kirchneristas y no kirchneristas, sumada a la grieta social que el conflicto agrario había puesto en evidencia y que los líderes de las dos principales corrientes políticas por enfrentarse en las elecciones de 2015 se encargaban de alimentar, tuvieron como resultado electoral una relativa paridad que dio el triunfo a la coalición de fuerzas opositoras liderada por Mauricio Macri, con el apoyo territorial de la estructura histórica de la Unión Cívica Radical.

En diciembre de 2015, asum la nueva administración, y el presidente Macri cumplió con el simbolismo de concurrir a la tradicional exposición que anualmente realiza la Sociedad Rural Argentina en Palermo, con el objeto de demostrar su alianza y compromiso con los sectores agroexportadores durante su gobierno. En julio de 2016, en su primera presentación en la casa institucional de Luis Miguel Etchevehere, hasta ese momento presidente de la sra y un año después ministro de Agroindustria, el presidente selló su alianza al afirmar: “El campo es mucho más que lo que puede producir, es más que los impuestos que puede pagar, es nuestra historia y emblema […]”. 

Desde el primer momento de su gobierno, Macri no dudó en designar funcionarios del área a dirigentes de las organizaciones rurales que habían tenido una oposición clara al gobierno kirchnerista, fueran estas de carácter gremial, empresarias tradicionales o en sus mixturas tecnológicas. Como primer ministro de la cartera agraria, fue designado el formoseño Ricardo Buryaille, exvicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, que cobró notoriedad durante el conflicto entre el campo y el gobierno en 2008, fuertemente respaldado por la Unión Cívica Radical, y como su secretario de Agricultura, Ricardo Negri, expresidente de aacrea, quien posteriormente también acompañaría como director del senasa al reemplazo de Buryaille. También hubo reconocimientos menos públicos y visibles, como las designaciones de asesores rentados en el gobierno y el Congreso, como por ejemplo el del expresidente de faa e integrante fundacional de la Mesa de Enlace, Eduardo Buzzi.

No obstante, era manifiesta la preferencia del presidente por Luis Etchevehere, quien, entre 2015 y 2017, se mostraba como el ruralista con mayor cercanía al presidente, como lo señalaba la atención preferencial a la Mesa de Ganados y Carnes, liderada por la Sociedad Rural Argentina, que fuera recibida cuatro veces en un solo año por la máxima autoridad política de la nación. Con el respaldo político del triunfo en las elecciones legislativas de medio término, Macri finalmente designó al ministro que deseaba en Agroindustria a finales de octubre de 2017.

El peso político alcanzado por el funcionario dentro del gabinete llevó más de una vez a reconsiderar las iniciativas adoptadas por otras áreas del gobierno, como alterar el acuerdo de disminución de los porcentajes de retenciones a la soja, o revisar la disolución del Ministerio de Agroindustria en 2018, revertida pocos meses después para devolverle la jerarquía históricamente reclamada por las entidades gremiales patronales del sector.

La conducción del área agropecuaria por exdirigentes de las asociaciones empresariales rurales tradicionales, la eliminación de las retenciones a las exportaciones de los productos agropecuarios excepto la soja, que tuvo una disminución progresiva con la promesa de eliminación total al cabo de algunos años, así como la eliminación del cepo cambiario y su impacto devaluatorio, tuvieron un amplio respaldo de los sectores agroexportadores.

Durante su mandato no se generaron conflictos con ninguno de los eslabones de las cadenas del sector, a pesar de que la eliminación del diferencial en las retenciones entre granos y productos elaborados en agosto de 2018 anuló las transferencias de recursos que se producía de productores a procesadores/exportadores, como el caso de las aceiteras o los molinos. Tampoco se observaron confrontaciones ante los distintos intentos del Ministerio de Hacienda por subir nuevamente las retenciones, para ello fue suficiente en la mayoría de los casos con la férrea resistencia del Ministerio de Agricultura a cargo de Etchevehere.

Ante la inevitable reimposición en 2018 de retenciones a las exportaciones para todos los productos agropecuarios o de un nuevo y drástico cepo cambiario hacia finales del mandato, ambas medidas tomadas en el marco de una crisis macroeconómica fuera de control para el gobierno y bajo las condiciones pactadas con el Fondo Monetario Internacional, las críticas del sector no pasaron más que de unas pocas y formales declaraciones periodísticas de baja intensidad.

La faa y coninagro expresaron públicamente su malestar por el objetivo fiscalista de la medida y no contemplar diferencias para los pequeños y medianos productores de menor escala, las economías regionales, y el movimiento cooperativo, de modo que se profundizaba el proceso de concentración económica en el sector. Mientras que la sra se limitó a un tibio recordatorio de los efectos distorsivos de este tipo de medidas, reconociendo que en esta oportunidad también se pedía un esfuerzo a otros sectores (exportadores industriales y de energía) y no solo al campo, y que la contribución mayor debía realizarse a partir de la reducción del gasto público improductivo. La Cámara de Exportadores de la República Argentina se limitó a comunicar que estaban analizando el impacto sobre el sector exportador desde el punto de vista del tipo de cambio efectivo, señalando que, al fijarse el derecho de exportación en pesos (y no proporcional), su incidencia real dependería de la evolución de la paridad nominal (El Economista, 04/09/18).

Por otra parte, a pesar de las modificaciones institucionales que desmantelaron buena parte de los organismos y programas de apoyo a la agricultura familiar, y limitaron severamente los recursos destinados a sus programas, así como el personal dedicado a estas iniciativas, tampoco existieron conflictos significativos que expresaran la resistencia de sectores de la agricultura familiar y campesina a los que tanto esfuerzo y recursos habían destinado en su organización los gobiernos kirchneristas.

La mayoría de las organizaciones tuvieron un repliegue territorial o mantuvieron ciertas expectativas en el marco de espacios como el Consejo de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (cafci), que siguió vigente en términos formales, pero no operativos.

Las expresiones de resistencia se limitaron a un par de “verdurazos”, actos simbólicos en los cuales productores regalaban algunas frutas y hortalizas al público en Plaza de Mayo, para exponer los reclamos de pequeños productores que denunciaban un estado de crisis terminal de las producciones agrícolas regionales en abril de 2017.

Recién en mayo de 2019 se realizó un intento por recuperar la capacidad de organización y generar una agenda sectorial a partir del Primer Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular (Isidro y Forlani, 2019: 7), con el objeto de reunir a las fuerzas dispersas que buscarían respaldar una candidatura opositora al gobierno de Mauricio Macri en las elecciones de diciembre de ese mismo año. El Foro reunió unas 4.000 personas y 100 organizaciones entre integrantes de la agricultura familiar, pueblos originarios, sindicatos, estudiantes y docentes universitarios, personal de ciencia y tecnología, ong y movimientos sociales, y elaboró una propuesta con demandas específicas. Más tarde, estas reuniones y su metodología participativa se replicaron en diversas provincias durante el año electoral, con la expectativa de que su problemática volviera a instalarse con renovada intensidad en la agenda estatal del próximo gobierno (Pérez y Urcola, 2020).


  1. Aunque las muestras dinámicas, como Expoagro, desplazaron en importancia a aquella desde el aspecto productivo y tecnológico para el agro, la exposición rural de Palermo continuó siendo una vidriera política de la relación del sector con el gobierno de turno.
  2. “Propuesta Conjunta para una política agropecuaria de crecimiento con equidad” (coninagro, cra, faa, 21/02/01).
  3. La retención por la exportación de carne vacuna era, desde el gobierno de Eduardo Duhalde, del 5 %, pero tenía un reintegro equivalente que la neutralizaba. El gobierno estableció la retención en un 15 % y eliminó el reintegro existente, con lo cual la carga pasó de 0 % al 15 % a fines de 2005 (ipcva, 2006).
  4. Además de las cuatro entidades gremiales tradicionales que integraban la Mesa de Enlace, se adhirieron a la protesta: la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (aapresid); la Asociación Argentina de Girasol (asagir); la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (fedia); el Frente Agrario Nacional (fan); la Asociación de Productores de Granos del Noroeste Argentino (prograno); la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (facma); la Federación de Acopiadores de Granos (fag); la Asociación Cadena Argentina de la Soja (acsoja); y las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, entre otras (Panero, 2019).
  5. Organizaciones sindicales, corporativas y sociales se manifestaban a favor de las retenciones como mecanismo redistributivo y respaldaron al gobierno: la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (cgt), la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos (cta), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (apyme), Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, el Movimiento Evita, la Federación de Tierra y Vivienda (ftv), Libres del Sur, el Frente Barrial 19 de Diciembre, Barrios de Pie y miembros de la juventud kirchnerista, entre otros.
  6. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, participó en persona de la marcha y forcejeos de lo que denominaron la reconquista de la Plaza de Mayo, expulsando a grupos opositores del lugar.
  7. Si bien la agrupación nació cuando Néstor Kirchner, ya presidente, el 28 de diciembre de 2006 recibió de la familia los atributos presidenciales del expresidente Héctor Cámpora junto a un grupo de jóvenes militantes kirchneristas, el plan de lucha de la agrupación comenzó el 15 de marzo de 2008, cuando intentó despejar sin éxito algunas rutas bloqueadas en la Provincia de Buenos Aires.
  8. No obstante, Isidro y Forlani (2019: 5-6) consideran que, si bien los gobiernos kirchneristas no cuestionan y en cambio profundizan el modelo del agronegocio, han sido progresistas en la medida que impulsaron, “al menos desde lo simbólico, decisiones controvertidas para las lógicas del capital asociadas al agronegocio”, como las leyes de protección del bosque nativo (n.º 26.331 de 2007), régimen de trabajo agrario (n.º 26.727), régimen de limitación a la extranjerización de tierras (n.º 26.737 de 2011), y de reparación histórica de la agricultura familiar (n.º 27.118 de 2014).
  9. Las críticas del Movimiento Nacional Campesino Indígena (mnci) al Foro de la Agricultura Familiar pueden ser observadas en su publicación: Algunas verdades sobre el fonaf, en http//:mocase.org.ar/2009/08.algunas-verdades-sobre-el-fonaf.html(consultado en noviembre de 2010), realizadas algunos años después de la participación que tuvieron entre 2006 y 2007 en la conducción y reorientación del Programa Social Agropecuario de la Secretaría de Agricultura de la Nación (Lapegna, 2018: 170). Estas críticas y las realizadas por el mnci a la Federación Agraria Argentina y a las agencias del gobierno vinculadas a la agricultura familiar son expuestas por Berger (2019).
  10. El mnci se constituyó formalmente en 2004 con la participación del mocase–Vía Campesina de Santiago del Estero, el Movimiento Campesino de Córdoba (apenoc, ucan, ocunc, ucatras, Organizaciones de Cruz del Eje), la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza, el Movimiento Campesino de Misiones, el Encuentro Calchaquí de Salta, la Red Puna de Jujuy y la Unión de Jóvenes Campesinos de Cuyo.
  11. El mcl, liderado por José Luis Livolti, surgió en 2002 como una corriente de izquierda nacional dentro de la Federación Agraria Argentina (Castro García et al., 2009).
  12. El fnc fue creado el 17 de abril de 2008 con la participación de mocafor (Movimiento Campesino Formoseño), mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), mocaju (Movimiento Campesino de Jujuy), mam (Movimiento Agrario Misionero), Mesa de Agricultura Familiar de Buenos Aires, Mesa Provincial de Organizaciones de productores Familiares- Francisco Álvarez, Asociación Civil Los Pirujas, onpia (Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina), Asociación de Familias Productoras de la Cuenca Río Luján, Familias Productoras de Cañuelas, la Cooperativa APF- Florencio Varela, cedepo (Centro ecuménico de educación popular)-Florencio Varela, Mesa Provincial Zona Sur Madre Tierra-Tres Arroyos, fecoagro (Federación de Cooperativas Agropecuarias)-San Juan, coopafes (Cooperativa de Productores de la Agricultura Familiar y la Economía Social)-Mendoza, Asociación Civil amauta-Villa Sarmiento, Parque Pereyra-Grupo San Juan, Puente Verde, Asociación de Técnicos del amba, la tupaj katary-Jujuy, Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente ecosur, el mcl (Movimiento Campesino de Liberación), icecoop, facta (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados), Cooperativa Quilmes, cauqueva (Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y Valles), Asociación de Técnicos de La Pampa (Castro García et al., 2009).
  13. Las organizaciones que formaron parte del encuentro fueron: el fnc (mocase Juríes, mocafor, mocaju e Hijos del Monte), Ligas Agrarias, mnci (mocase Vía Campesina, Movimiento Campesino de Córdoba, Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza, Movimiento Campesino de Misiones, Encuentro Calchaquí de Salta, Comunidades Unidas de Molinos de Salta, Red Puna de Jujuy, sercupo, organizaciones de Buenos Aires), Coordinadora de Comunidades Indígenas y Trabajadores Rurales de Argentina, el Poriajhú Vía Campesina, cai, Coordinadora Mapuche Neuquina, Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, Cooperativa Nor Patagónica Movimiento Evita, Centro de Estudios de Producciones Agroecológicas, Mesa de Pequeños Productores del Chaco, Asociación de Mujeres Campesinas – Entre Ríos, Unión de Pequeños Productores del Chaco, Productores Minifundista “La Nueva Estrella”, Fuerza Criolla, Consejo Asesor Cooperativo de Río Negro, Comisión Central de Campesinos, Unión Trabajadores Rurales – Misiones, la Unión de Trabajadores Técnicos Rurales de Misiones, Agrupación Padre Mujica, Cooperativa de Trabajo Icecoop, Pequeños Productores Villar Berm, Foro de Agricultura Familiar – Entre Ríos, el Observatorio del Sur, Taller Ecologista, CPN-asesora, fa jaha itatu, Mesa de Agricultura Familiar Norte Santa Fe, Movimiento Norte Grande, Asociación Biodinámica Argentina, Huerteros Urbanos de Rosario, Cooperativa Surco, Lof Mapuche “Mariano Solo”, Caudal – Salta, Em Renguedo-Rosario-La Colmena, ufa, Escuela de la Familia Agrícola “Mensú Peguera”, Desarrollo Rural – Chaco, Escuela de la Familia Agrícola “Ñamembae”, Cooperativa Agropecuaria AF, Escuela de la Familia Agrícola Coembota, Productores Unidos Santiago Liniers, Foro de Agricultura Familiar – Chaco, Unión de Organizaciones de Pequeños Productores de la Cuña Boscosa, Escuela de la Familia Agrícola “Pejú Porá”, la Organización Tierra Nuestra, Cooperativa de Productores de Hermoso Campo Ltda., Movimiento Agrario Correntino, Movimiento Agrario de Misiones, Asociación de Productores arcan – Río Negro, Frente Campesino Por Tierra y Trabajo, Instituto Nacional de Tecnología Industrial – Jujuy (Castro García et al., 2009).
  14. Vía Campesina es un movimiento internacional que nuclea a múltiples organizaciones campesinas desde 1992 en 69 países bajo la consigna de la soberanía alimentaria y la defensa de la agricultura familiar (Castro García et al, 2009).
  15. González (2017: 214), desde una perspectiva gramsciana, contrapone a una interpretación de cooptación de estas organizaciones por parte del gobierno la de una estrategia de los sectores subalternos en constituirse como referentes sociales de carácter contrahegemónico y mejorar su relación de fuerzas. Esta misma observación es realizada por Lapegna (2018). No obstante, esto no invalida la coexistencia de ambas estrategias, una desde el gobierno y otra desde las asociaciones.
  16. Resoluciones n.º 284/2008 y n.º 285/2008 del 18 de abril de 2008.
  17. Entrevista realizada por Javier Lewkowicz a Pedro Peretti, citada por Dávila (2019: 190).
  18. Según Barsky y Gelman (2009), la soja se derrumbó de usd 590 la tonelada en junio de 2008 en el mercado de Chicago a usd 310 a fines de ese año. El trigo, de usd 500 a usd 180, y el maíz, de usd 280 a usd 130 la tonelada.
  19. Como los de la aciel (Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres) en 1972 y la apege (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias) en 1975 (Nun y Lattuada, 1991).
  20. Nicolás Pino, candidato a presidente de la entidad por la lista opositora Movimiento Federal, sostuvo: “Nosotros estamos viendo que la actual dirigencia no se dedica a la producción agropecuaria, entonces sin ser productores es muy difícil que puedan interpretar el sentir del campo. En el último tiempo quedó demostrado que el actual presidente de la Sociedad Rural está más abocado a temas de índole política que de carácter gremial como un representante del campo” (Ámbito Financiero, 30/08/20).


Deja un comentario