Mario Lattuada

La Ley de Educación Superior N° 24.521, sancionada hace dos décadas, incorporó la función de investigación junto a la docencia y la extensión como los tres pilares fundamentales de la actividad de las universidades argentinas. Además, incluyó la evaluación de la calidad de esas funciones y la creación de organismos y procedimientos para implementarlas.

El texto de la ley expresa su preocupación por la pertinencia de la investigación en el sentido de su compromiso con el desarrollo productivo y social del país, y la necesidad del aseguramiento de la calidad en función de la eficiencia de la organización para cumplir con su misión.

Su importancia no ha sido menor en cuanto a la influencia ejercida en el componente investigación de las universidades nacionales, tanto de gestión pública como privada. No obstante, su proyección se realiza sobre un sistema cuyos principales recursos humanos y producción científica se realiza desde mediados de la década de 1950 bajo la égida de numerosos organismos de ciencia y tecnología, especialmente del CONICET, cuyos investigadores y centros de investigación se radican en un número considerable en las estructuras universitarias. La relación histórica entre ambas instituciones se ha caracterizado, hasta una época bastante reciente, por diferencias y tensiones institucionales. En esa relación, diversas culturas institucionales se manifiestan en los procesos de evaluación, a veces en forma de clivajes, otras de confrontación, pero también de conjunción e interpenetración.

El objetivo de este trabajo consiste en abordar la problemática de la evaluación de la investigación científica de las universidades argentinas en el marco de determinado contexto histórico e institucional que dificulta el consenso entre los criterios de pertinencia y calidad promovidos por la ley, y ubica la problemática de la evaluación como un proceso social conflictivo que requiere transformaciones culturales y organizacionales y, a su vez, de importancia relativa en el marco de variables externas al proceso de evaluación que son decisivas para la construcción de una sociedad basada en el conocimiento.

Es necesario advertir que en el universo integrado por las 58 universidades nacionales y cinco provinciales de gestión pública, y las 63 universidades privadas de la Argentina, existen excepciones a las consideraciones generales que se realizan en este ensayo, el cual trata de dar cuenta de tendencias predominantes y no de las contadas excepciones a la regla.

Los múltiples objetos de la evaluación

La evaluación de la investigación en las universidades y en los organismos de ciencia y tecnología contempla en la actualidad numerosos aspectos y abre una complejidad difícil de reducir a un único objetivo, significado o procedimiento.

En cuanto a su objeto específico puede incluir la evaluación de un proyecto en sus aspectos de originalidad, calidad, factibilidad y pertinencia para su financiamiento; la evaluación del personal que realiza investigación a través de su formación, capacidad adquirida, actividad realizada y productos que caracterizan su trayectoria en el marco de ingreso a una posición determinada o su evolución dentro de un escalafón o programa; y la evaluación de sus productos, expresados en la publicación de los resultados y su contribución al avance del conocimiento y de las disciplinas, y/o en la transferencia y aplicación de los conocimientos y desarrollos generados en la sociedad y el mercado.

Cada una de estas cuestiones reúne particularidades que implican diferentes aspectos a tener en cuenta en la evaluación de acuerdo con el tipo de instituciones que las contienen y sus fines (organismos de ciencia y tecnología, universidades, empresas, organizaciones de la sociedad civil, etc.).

Las preocupaciones sobre el tema evaluación de la investigación en las universidades, como en la mayoría de los organismos que integran el sistema científico y tecnológico, trascienden las características que puede asumir el proceso técnico, la discusión sobre sus indicadores y el ámbito institucional de las mismas.

La problemática de la evaluación de la investigación en las universidades argentinas difícilmente pueda entenderse aislada del contexto, del sistema de ciencia y tecnología y de la historia de las instituciones que lo integran.

Pertinencia

Desde que el conocimiento se constituye en un bien de mercado y en buena medida un factor competitivo para empresas, sectores y países –y en este caso contributivo a su soberanía-, la evaluación de la producción científica ya no queda encerrada en el mundo académico y en los criterios de las comunidades disciplinares. Las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y los Estados -a través de sus diferentes agencias de promoción de la ciencia y la tecnología, incluidas las universidades- se constituyen en parte comprometida de los procesos de financiamiento y, por lo tanto, de la orientación y evaluación de la investigación científica, independientemente del grado de eficiencia que tengan para hacerlo y los mecanismos que utilicen.

En este sentido, los criterios de pertinencia pasan a ocupar un lugar tanto o más importante –en cuanto a prioridad- que la calidad de los proyectos y sus ejecutores. Pero la pertinencia como la calidad suelen ser esos oscuros objetos del deseo que no siempre se encuentran claramente explicitados y menos aun aplicados.

En el caso de las empresas esta situación puede ser menos incierta, tienen relativamente más claro lo que necesitan, difícilmente financien algo que no consideren de utilidad o beneficio, y cuando existe cierto riesgo del emprendimiento buscan trasladarlo al Estado –es decir, a todos los ciudadanos que pagan sus impuestos– aplicando los instrumentos públicos que incentivan la innovación.

En el caso del Estado, la definición de la pertinencia requiere de un diagnóstico y un plan estratégico sólido a partir del cual puedan definirse los criterios de selección de mediano plazo en función de cierto proyecto de país. Es probable que ante la existencia de un vacío en este aspecto, las propias organizaciones del sistema de ciencia y tecnología –en el mejor de los casos– sean quienes definen sus estrategias institucionales y su lugar en el mundo, aunque no siempre esos planes sean suficientemente explícitos, consensuados, conocidos o comprendidos por las comunidades de investigadores que las integran.

Calidad

A esto se agrega la cuestión de la calidad, habitualmente desplazada y aislada de la pertinencia y reservada a las comunidades disciplinarias –o multidisciplinarias en algunos casos-, quienes despliegan sus particulares tradiciones o culturas de evaluación y aplican cierto sesgo en función de sus interrelaciones en círculos de pertenencia, reconocimiento e influencia generados en comunidades científicas relativamente pequeñas. Como decía la publicidad de una conocida tarjeta de crédito y frase repetida por respetados miembros de la comunidad: “pertenecer tiene sus privilegios”.

En cierto modo, su proceder se asemeja al concepto de los anillos burocráticos desarrollado por Fernando Henrique Cardoso (1975) para explicar un tipo de modalidad privada de articulación de intereses por la que determinados grupos constituyen círculos de información y presión (y por lo tanto de poder), imponiendo sus criterios y requerimientos en los procesos de decisión pública. Aquí podríamos traducirlos como “anillos de prestigio”, por los cuales los representantes de determinadas disciplinas, y dentro de ellas quienes pertenecen a determinadas organizaciones (centros e institutos de investigación), se encuentran en forma permanente en el control de instituciones o del proceso de toma de decisiones de las mismas, como la evaluación de la calidad en la investigación científica.^[1]

En un contexto político, económico e institucional que promueve la incorporación de conocimiento en la innovación del sector productivo y el desarrollo del país, los mecanismos de evaluación tradicionales de las ciencias básicas, generalizados al conjunto del sistema como factor excluyente, se constituyen en un obstáculo relevante para posibilitar una contribución plena en este sentido, en particular para las ciencias aplicadas, tecnológicas y las ciencias sociales.

En la evaluación de la calidad, algunas comunidades científicas –no únicamente en la Argentina ni tampoco exclusivamente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)- suelen generalizar la utilización de algunos instrumentos como las publicaciones en revistas indexadas y los factores de impacto y citación, que fueron originalmente creados con otros fines.^[2] Esta perspectiva cuenta con objeciones sólidamente fundadas. Entre las más recientes se destacan el discurso de Randy Schekman, Premio Nobel de Medicina 2013, y el documento denominado San Francisco Declarationon Research Assessment, elaborado por The American Society for Cell Biology en 2012, entre otras (Debate Universitario, 2013: 3; 2014: 4).

No obstante, existen verdaderos talibanes de los índices y las métricas de las publicaciones que han aplicado los mismos para medir desde la calidad de la producción científica, la trayectoria de los investigadores y la formación de los recursos humanos bajo su dirección, todo con la misma regla. Como se sabe, ninguna de estas revistas publica trabajos en función de criterios de pertinencia establecidos a partir de las necesidades de los países o de las instituciones, lo cual hace difícilmente compatible un adecuado equilibrio entre pertinencia y calidad.

Sin llegar a esos extremos, existen otros consensos no escritos ni suficientemente difundidos más allá del reducido grupo que coyunturalmente se hace cargo de los procesos de evaluación, y construyen la tradición de diferentes instituciones y organismos: la productividad promedio en materia de publicaciones, el número de personas con doctorado que se haya dirigido, la existencia de estancias en el exterior, etc.

Si este reduccionismo puede considerarse arbitrario para la adecuada evaluación de calidad de un proyecto o la trayectoria de un investigador en aquellas disciplinas que en cierto modo lo han adoptado como cultura –cabe mencionar el desplazamiento de los médicos y de los ingenieros agrónomos y veterinarios por biólogos moleculares y químicos en las comisiones de ciencias médicas y de ciencias agrarias del CONICET, por ejemplo-, cuánto más inapropiado puede considerarse al intentar su traslado hacia otras comunidades disciplinares, como las ciencias sociales, la arquitectura y las disciplinas aplicadas y tecnológicas, entre otras.^[3]

La evaluación en las universidades

Este tipo de criterios junto con sus abanderados se trasladan de una institución a otra (CONICET, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), universidades, premios de distintas instituciones públicas y privadas), aunque con diferente peso relativo.

En el caso de las universidades, además de los criterios impuestos por el CONICET a los investigadores y becarios con lugar de trabajo en las mismas, o los del Fondo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (FONCyT) para aquellos que aplican a su financiamiento, los cuales se inscriben en los lineamientos comentados, existen otros dos vectores principales que inciden en la evaluación de los proyectos y de sus docentes investigadores: el Programa de Incentivos a la Investigación del Ministerio de Educación para las universidades nacionales de gestión pública,^[4] y los procesos de acreditación por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) con incidencia decisiva para las universidades privadas y relativa para las de gestión pública.^[5]

En el Programa de Incentivos, que inicialmente tuvo un significativo impacto en el reconocimiento de la actividad de investigación de numerosos docentes, el proceso de evaluación se ha convertido en un acto de carácter administrativo en función de un reconocimiento económico que en la actualidad se ha incorporado al imaginario docente como parte irrenunciable de su salario, y el sistema en su conjunto merecería una revisión radical dado el tiempo que lleva en vigencia. La originalidad, calidad, pertinencia o impacto no constituyen factores decisivos de la aprobación o renovación de estos proyectos, sino la adecuada cumplimentación administrativa de las fichas de registro correspondientes. No obstante, hay un mérito de este programa sobre cualquiera de los sistemas de evaluación que existen hoy vigentes en las universidades y organismos de ciencia y tecnología, incluidos el CONICET, la ANPCyT y los tan promocionados Programas de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS). La categorización del programa de incentivos establece previo a cada convocatoria un sistema consensuado y previsible para todos sus actores, determinando los criterios y requisitos cualitativos para acceder a sus respectivas categorías, los índices que permiten acceder a las mismas y los indicadores y puntajes que corresponden a cada uno de ellos, dejando escaso margen para interpretaciones subjetivas de la jerarquía o valoración de las diferentes actividades o productos evaluados.^[6] Se podrá estar más o menos de acuerdo con los criterios y los puntajes asignados a cada producto o actividad, los cuales han ido modificándose en diferentes convocatorias desde su creación hasta la actualidad, pero todos saben con precisión cuáles son las reglas de juego antes de someterse a las mismas, cuánto vale una tesis de maestría o doctorado, una publicación en revista con arbitraje, un libro, una patente o un informe técnico, y las equivalencias entre ellos.

Diferente es el caso para el financiamiento de proyectos. En la mayoría de las universidades que disponen de fondos para el financiamiento de proyectos de investigación suele adoptarse un criterio “sindical” de evaluación: todos los que se presentan reciben algo similar independientemente de las necesidades, el valor o aporte del proyecto, o la jerarquía de los integrantes del grupo de investigación.

Por otra parte, la Ley de Educación Superior N° 24.521 establece que tanto las universidades nacionales de gestión pública como las privadas requieren de una evaluación y acreditación periódica por parte de la CONEAU de las carreras denominadas de artículo 43, con títulos que correspondan a profesiones reguladas por el Estado cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, y todas las carreras de posgrado –especialización, maestría y doctorados- (art. 39). Este ha sido un estímulo complementario para el desarrollo de las actividades de investigación en las universidades públicas, aunque secundario y de menor peso en relación con los mencionados en los párrafos anteriores. En particular en las carreras de grado, dado que rara vez –si es que existe algún antecedente– se haya aplicado a alguna universidad nacional de gestión pública la sanción prevista por el artículo 76 de la ley que prevé la suspensión de la inscripción de nuevos alumnos para aquellas carreras que no obtuviesen su acreditación.

Diferente es la situación de las universidades privadas, las que requieren para la habilitación de su funcionamiento el reconocimiento de sus carreras de grado y posgrado, y la habilitación de los títulos que puede otorgar una previa evaluación favorable de la CONEAU, cuyas exigencias en la función investigación suele ser un factor decisivo para la organización y desarrollo de las mismas en estas organizaciones.^[7]

En este proceso los requerimientos de CONEAU tienden a imponer un molde o plantilla relativamente similar para las diferentes disciplinas e instituciones, desconociendo en algunos casos tradiciones en la construcción de conocimiento o limitando las posibilidades de surgimiento de proyectos institucionales alternativos o innovadores. En el caso de los posgrados, especialmente en maestrías y doctorados, se emplean los mismos criterios que las comunidades académicas trasladan de un organismo a otro, basados centralmente en la producción bibliográfica, los índices de impacto y la constitución de equipos de trabajo. A ello se suma, en algunos casos, el desconocimiento que algunos pares evaluadores tienen respecto de situaciones donde las trayectorias y disponibilidad de recursos económicos dedicados a la investigación resultan altamente dispares respecto de las universidades con financiamiento público, así como el peso de ciertos sesgos ideológicos negativos sobre la actividad privada en la educación.

La mayoría de las universidades privadas se enfrentan al interior de sus organizaciones con la tensión existente entre dar respuesta a esas exigencias externas y la necesidad de satisfacer -como en las universidades estatales- una distribución de recursos escasamente diferenciada entre sus docentes/investigadores, con la limitación adicional de contar para ello casi exclusivamente con los recursos económicos originados en un porcentaje de la matrícula de los alumnos.

Las culturas de la evaluación

En esta historia, las comunidades académicas han construido sus propias culturas de evaluación,^[8] permeadas a su vez con los sesgos que imponen las relaciones personales y el prestigio de pertenecer a ciertos grupos u organizaciones, aunque habitualmente forman parte de las reglas no escritas que subyacen a los indicadores duros.

Cambiar los criterios de evaluación implica transformar las culturas de las comunidades académicas, y esto requiere la incorporación y apropiación de nuevos principios y valores, y la repetición de acciones consecuentes hasta que se naturalizan en el discurso y en el comportamiento del colectivo.^[9] Principios y valores que deben ser previamente internalizados y explicitados por las instituciones que contienen y financian a las comunidades académicas. De poco sirve haber realizado avances significativos para el tratamiento del cáncer si su importancia es destacada por haber sido publicados en una revista de alto impacto. Tampoco se logra un cambio de cultura institucional creando guetos o burbujas con base en principios generales que se aplican para unos pocos, como se pretende hacer con la iniciativa de los Programas de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.^[10]

En síntesis, la cuestión de la evaluación es un tema complejo que no tiene una respuesta única, inmediata ni pacífica en el debate sobre qué hacer con ella, más que tratar de administrar una tensión conflictiva entre dos cosmovisiones, una forjada en la investigación como aporte al crecimiento de la disciplina basada en temáticas de libre elección y selección por la comunidad disciplinar, y otra donde el mercado, el Estado o las organizaciones de la sociedad civil orientan los proyectos a través del financiamiento en función de su utilidad o posibilidad de apropiación.

La evaluación, entendida como proceso social, tiene un aspecto administrativo organizacional –existen normas, procedimientos y dictámenes-, y otro aspecto expresado en el mismo acto de la evaluación, que se encuentra atravesado por la historia de las instituciones y de quienes participan en el proceso. Un proceso que es por naturaleza conflictivo porque pone en juego relaciones de poder (institución/evaluador, evaluador/evaluado; institución/evaluado; ciencias básicas/otras ciencias, etc.) y una distribución selectiva de recursos que en términos weberianos pueden ser identificados como recursos de prestigio, económicos y de poder.^[11] Los primeros porque definen la posición jerárquica en la comunidad académica y en cierto modo en su correspondencia en el estatus social, en lo económico porque posibilitan los ascensos en los escalafones salariales y el acceso a recursos económicos para el desempeño de su actividad así como indirectamente su valorización en el mercado y, finalmente, porque posibilitan el acceso a ciertas instancias de poder en la comunidad académica y en las organizaciones en que se expresa su actividad e influencia.^[12]

La gestión del conflicto y las reglas de juego

La gestión o administración de la evaluación en este proceso requiere algunas condiciones que garanticen reglas de juego relativamente equitativas para todas las clases de jugadores (básicos, experimentales, tecnólogos, sociales):

1. Establecer definiciones precisas y explícitas ex ante de los criterios de pertinencia y de calidad a ser evaluados en proyectos y trayectorias, garantizando cierta permanencia de los mismos en el mediano plazo por parte de la institución evaluadora y su adecuada difusión absolutamente a todos los interesados.
2. Contemplar el valor y el impacto de los diferentes aportes y resultados de una investigación, en una diversidad de productos además de las publicaciones.
3. Considerar que el contenido específico de una publicación es más importante que el medio en que se publica y la métrica de la publicación.
4. Desarrollar mecanismos institucionales de supervisión de la efectiva aplicación por los evaluadores de los criterios establecidos.
5. Promover instancias colectivas de evaluación con integrantes que se renueven periódicamente, incluyendo las organizaciones o dependencias que constituyen sus lugares de trabajo, para reducir los riesgos de beneficios endogámicos.
6. Promover la posibilidad de dictámenes en disidencia debidamente fundados para que las autoridades de las instituciones puedan decidir adecuadamente la dirección de las investigaciones que se desarrollan en las mismas.
7. Incorporar integrantes “no pares” en las comisiones de evaluación de proyectos de investigaciones aplicadas.

La evaluación y su peso relativo

No obstante, más allá de las normas y propuestas específicas, si la preocupación central reside en cómo el conocimiento debe aportar al desarrollo económico y social del país, la cuestión de la evaluación es un tema importante pero menor en relación con otras problemáticas a resolver sustantivamente más relevantes que la incluyen.

La última década ha sido un período favorable para el desarrollo del sector de la ciencia y la tecnología en la Argentina, como lo refleja la evolución de los presupuestos otorgados a los organismos que integran el sistema, el aumento significativo del número de recursos humanos formados e incorporados, la inversión en equipamiento e infraestructura edilicia, y el reconocimiento de su importancia para el país al crear un Ministerio específico.^[13]

Este período se destaca por una visión y un discurso que promueve la articulación de la ciencia y la tecnología con el sector productivo y pone especial énfasis en la innovación de las empresas a las que el sector debe aportar sus conocimientos y servicios.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, postuló la necesidad de

… “una nueva reforma universitaria” porque hay dos lugares muy difíciles de cambiar: los cementerios y las universidades, porque ninguno de los que están dentro colaboran. Es más, en las universidades resisten activamente (…) Hay que repensar la universidad en el contexto del siglo XXI en términos de adaptarla para satisfacer las necesidades sociales. A esto que se dice habitualmente, “la universidad debe estar al servicio de la sociedad”, hay que darle un sentido concreto. Hoy la universidad tiene que involucrarse en promover la inclusión social sobre la creación de conocimiento, creación de empresas de base tecnológica, promoción del emprendedurismo de aquellos que tengan vocación de crear empresas, darle apoyatura logística porque es necesario no solo crear empleados sino crear trabajo sobre una nueva base (Página 12, Suplemento Rosario 12, 16. 09. 11).

En la misma dirección, el presidente del CONICET ha señalado recientemente la política institucional de este organismo cuyos investigadores participan activamente de las estructuras de investigación de las universidades argentinas:

… la decisión política del Gobierno de hacer crecer la ciencia en los últimos diez años requiere que el conocimiento generado desde la comunidad científica sea un insumo para el desarrollo y para la calidad de vida de los ciudadanos. A lo largo de los últimos doce años, toda la transferencia se ha realizado desde el área de Vinculación Tecnológica del CONICET, siendo su cara externa CONICET-Tecnología. Esta marca ya está siendo utilizada en productos comerciales en el área de alimentos y cosméticos, y esperamos ampliar nuestra influencia a otras áreas a la brevedad.

En ese sentido, destacó que el año pasado más de 1000 empresas -660 de las cuales son PYMES- y también organismos del Estado requirieron servicios, asesoramiento y firmaron convenios de transferencia con el CONICET, en un 40% más que en 2013. “Más de 1600 investigadores del CONICET participaron de estas actividades. Esto refleja que el sector productivo empieza a utilizar en forma creciente las capacidades de I+D que ha instalado el Estado Nacional”, resaltó. Además, hizo hincapié en la necesidad de establecer consorcios público-privados para el logro de objetivos específicos de transferencia tecnológica.

Esa es una de las estrategias en las cuales el CONICET ha participado activamente en los últimos años. Hoy los investigadores del CONICET son parte de más de 40 empresas de base tecnológica en los programas específicos que el MINCyT desarrolla en el marco de las políticas nacionales. Además, se ha constituido en socio directo de las empresas, como YTEC -la empresa de base tecnológica CONICET-YPF-, y también asociándose con pequeñas empresas.

Por último, adelantó que “el CONICET está trabajando para la constitución de tres empresas estatales en sectores claves” (CONICET, Noticias institucionales, 10. 06. 15, disponible en https://goo.gl/Eu5JqK). Estas iniciativas se suman a los numerosos organismos e instrumentos creados y a los significativos recursos públicos destinados con este objetivo desde la creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en la década de 1990: Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR); Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC); Fondos de Innovación Tecnológica Regional (FITR); Fundación Dr. Manuel Sadosky para la promoción de las tecnologías informáticas; Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN); Programas de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), entre otros.^[14]

A pesar de ello, los resultados han sido poco alentadores de acuerdo con las cifras proporcionadas por los Indicadores de Ciencia y Tecnología del Ministerio del ramo. En el año 2013 se solicitaron 643 patentes por residentes del país, un 40% menor a las 1062 solicitadas a comienzos de siglo en el año 2000. Esto ha llevado a que el índice de dependencia tecnológica haya aumentado del 5,25 a 6,01, y el índice de autosuficiencia se mantenga en los mismos niveles en 2011 en relación con el año base 2000. Además, en Argentina todos los sectores de manufacturas de alta, media y baja tecnología, con la excepción destacada de la rama de alimentos, bebidas y tabacos –considerada de baja tecnología- se han mantenido deficitarios en la relación importaciones y exportaciones. Esta brecha se ha profundizado entre los años 2003 y 2013, pasando de un superávit de US$ 10.260 millones a un déficit de US$ 18.306 millones de la misma moneda. Si en el cálculo se elimina la compensación positiva que otorgan las exportaciones de manufacturas de baja complejidad donde prima la rama alimentos, se profundiza el desfasaje entre importaciones y exportaciones, pasando de US$ 586 millones a favor en 2003 a US$ 37.554 millones negativos en la balanza comercial de tecnología de media y alta complejidad (MINCyT, Indicadores de Ciencia y Tecnología, disponible en https://goo.gl/ws9FBd, consultado el 04. 08. 15).

La justificación que se esgrime respecto de las amplias diferencias en los niveles de inversión y resultados obtenidos es que, en los países desarrollados y otros países de la región como Brasil o Chile, la inversión del sector privado es sustancialmente más importante que la inversión pública. Si se acepta esta hipótesis, entonces hay que pensar en una política de ciencia y tecnología mucho más integrada y armónica con otras áreas de políticas públicas y con la sociedad que garanticen, por una parte, las condiciones para que el sector privado realice inversiones de largo plazo en proyectos, desarrollos e innovaciones basados en nuevo conocimiento y, por otra, que los investigadores puedan involucrarse activamente en ese proceso.

En esta estrategia tres cuestiones surgen como imprescindibles de ser atendidas en el corto plazo:

1. Una reforma de los estatutos que regulan la actividad de los investigadores en los principales organismos de ciencia y tecnología del país, los que han quedado obsoletos para una flexible y dinámica articulación ciencia/sociedad y ciencia/empresa, y aun para la colaboración entre diferentes organismos del sistema. A pesar de los intentos del discurso y los avances realizados en los últimos años, la burocracia administrativa y económica de las organizaciones suman costos, requisitos y reglamentaciones de control que limitan la fluidez de la relación y aumentan los denominados costos de transacción (North, 1990), y no resuelven en forma sustantiva el hecho de su condición de empleados de la administración pública con todas las limitantes normativas que esa condición impone.^[15]
2. Una revisión profunda del rol, los instrumentos y la coordinación de los principales organismos públicos que financian las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación productiva.^[16]
3. La construcción de las condiciones sistémicas –jurídicas, económicas, educativas- de largo plazo para la recreación y consolidación de una burguesía nacional con características schumpeterianas sin distinción de sectores de actividad, que haga de la innovación basada en el conocimiento científico una parte central de su existencia y funcionamiento.^[17]

Estos desafíos trascienden largamente la discusión sobre los criterios de evaluación, los numerosos y complejos incentivos desde la oferta del sistema de ciencia y técnica, y aun las competencias de los organismos y del propio ministerio del ramo, los cuales, si bien necesarios, resultan claramente insuficientes para atender la dimensión y profundidad del problema.

En síntesis, la problemática de la evaluación de la investigación en las universidades argentinas debe intentar comprenderse en el marco del contexto histórico y político, del sistema de ciencia y tecnología, de la historia de las instituciones que lo integran y de las culturas de las diferentes comunidades disciplinarias. Un proceso que por naturaleza es conflictivo porque pone en juego relaciones de poder y una distribución selectiva de recursos de prestigio, económicos y políticos. La gestión de este proceso requiere administrar una tensión conflictiva entre dos cosmovisiones, una forjada en el aporte a la disciplina y otra al mercado y la sociedad.

Pero, en cualquier caso, para contribuir a la construcción de una sociedad basada en el conocimiento, este problema es menor a la necesidad de reforma de los estatutos que regulan las actividades de los investigadores, la reorientación de los instrumentos de financiamiento de la innovación y la creación de condiciones sistémicas para la inversión privada de riesgo basada en ciencia y tecnología.

Referencias bibliográficas

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