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1 Herramientas conceptuales

1.1 La sistematización del concepto sexo-género

Al revisar esta categoría críticamente, se observa que algunas veces se invisibiliza el verdadero origen y significación del concepto género. Cuando se lo asimila, equipara o limita a la categoría mujer, a las diferencias basadas en la heterosexualidad obligatoria o en el par naturaleza-cultura, se lo despoja de la rebeldía y denuncia que le dio origen, lo cual genera su banalización. Asimismo, se ignoran las diversas identidades de género y orientaciones sexuales de quienes no se ajustan a la norma: gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, e intersex (GLBTTTI). 

Por lo tanto, el concepto ya no resulta tan útil para hablar de las relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres, y es necesario plantear nuevos desafíos para seguir ampliando los límites del conocimiento e introducir el punto de vista y enfoque de las mujeres, no solo como objeto de estudio sino como productoras de conocimiento.

La novelista y filósofa francesa Simone de Beauvoir en 1949, en su libro El segundo sexo, reflexiona sobre cuestiones que no habían sido tenidas en cuenta hasta la fecha y afirma que “no se nace mujer: se llega a serlo” (109). Se inicia así una serie de discusiones sobre el sexo, el género, la sexualidad y el cuerpo femenino desde un lugar diferente al de la biología, y se introducen como relevantes las dimensiones culturales.

En el año 1975, la antropóloga norteamericana Gayle Rubin propuso el concepto “sistema sexo-género” para dar cuenta de la génesis de la desigualdad y subordinación femenina. Rubin se pregunta cuáles son las relaciones que determinan que una hembra de la especie se convierta en una mujer oprimida. Para revelarlo, recurre a las obras de Sigmund Freud y de Claude Lèvi-Strauss; examina los sistemas de parentesco y descarta al pensamiento marxista como una posible teoría explicativa de la subordinación, ya que considera que en la teoría marxista no hay lugar para la diferencia sexual entre varones y mujeres (y sus implicancias sociales), porque todo se explica bajo la lente de la opresión de clase. Donna Haraway (1991), teórica norteamericana, también denuncia que los enfoques tradicionales marxistas no han conducido a un concepto político de género debido a que la subordinación de las mujeres no se examina en términos de una política sexual específica entre varones y mujeres, sino a una concepción de la división natural sexual del trabajo. La autora señala además que el concepto de género fue construido por feministas anglófonas occidentales después de la Segunda Guerra Mundial y que ha servido para desnaturalizar la diferencia sexual en términos de relaciones asimétricas de poder.

Rubin (1975) plantea que la introducción de los estudios de los sistemas de parentesco de Lèvi-Strauss brinda herramientas conceptuales con las que se pueden componer descripciones de la parte de la vida social que son la base de la opresión. A esa parte de la vida social, la autora la llama “sistema sexo-género”. Este concepto indica, para Rubin, la transformación de la sexualidad biológica en productos sociales, como así también que la opresión no es inevitable, sino que es producto de las relaciones sociales específicas que organizan el sistema; es decir, de la actividad social histórica. Para ejemplificarlo, desarrolla dentro del sistema de parentesco el caso del tabú del incesto y el intercambio de mujeres, en el cual estas son ubicadas como regalo y solo los varones tienen derechos sobre ellas. En dicho sistema, la opresión de las mujeres se ubica en los sistemas sociales antes que en la biología, y lo que se regula e impone es el matrimonio heterosexual, fundamental para la opresión de aquellas.

En cuanto al psicoanálisis, Rubin (1975) rescata de Freud el hecho de haberse ocupado de documentar los efectos y costos que los sistemas sociales y la sexualidad en particular tienen sobre las mujeres. Pero también critica que su teoría constituye una racionalización de la subordinación de las mujeres, además de la ceguera al sexismo inherente.

El trabajo era entonces sacar a las mujeres de las relaciones de objetivación, intercambio y apropiación –lo que conlleva, para su logro, la retirada de ellas de la institución del matrimonio−. La tarea del feminismo para Rubin es “soñar con la eliminación de las sexualidades y los papeles sexuales obligatorios” (1975: 46) como una política de liberación que consiste en escapar del matrimonio y promover la constitución de las mujeres como sujetos libres e históricos y no como cosas pasibles de ser regaladas, consumidas o intercambiadas.

Casi al mismo tiempo, las mujeres negras introdujeron nuevos temas de debate al interior del movimiento feminista, al poner sobre la mesa su invisibilidad como colectivo de mujeres. bell hooks (2004), teórica en el tema, es una de las encargadas en denunciar la perspectiva unidimensional de la discriminación sexista propuesta por Betty Friedan en 1963 (Friedan, [1963] 2009).

Friedan, pionera del movimiento feminista norteamericano, mujer blanca, de clase media alta y con educación universitaria, se pregunta acerca de su situación y la de muchas de su misma condición, pero deja de lado a una gran mayoría de mujeres; básicamente negras, trabajadoras, de clase baja y sin posibilidad de acceder a la universidad. Es por ello que hooks (2004) critica a Friedan y plantea que lo que esta hace es tomar a las mujeres blancas de su misma situación como sinónimo de todas las mujeres estadounidenses y que

Al hacerlo, apartó la atención del clasismo, el racismo y el sexismo que evidenciaba su actitud hacia la mayoría de las mujeres estadounidenses. En el contexto de su libro, Friedan deja claro que las mujeres a las que consideraba víctimas del sexismo eran universitarias, mujeres blancas obligadas por condicionamientos sexistas a permanecer en casa (2004: 2).

Para hooks, Friedan nunca tuvo en cuenta la discriminación racial, étnica o de clase que padecían una gran cantidad de mujeres no blancas, es decir, denuncia al feminismo blanco de racista. Según hooks, la categoría género invisibilizaba a las otras, en una suerte de sistema hegemónico que ubicaba a la clase o a la etnia por debajo. Entonces, aparece en escena este último elemento, la etnia; y la autora señala que estos tres elementos (género, clase y etnia) están interrelacionados bajo un común denominador: la opresión. Es decir, no se puede pensar un elemento sin los otros si se quiere comprender la discriminación de las mujeres de una manera integral. Es decir, es imposible considerar la categoría género como aislada del resto, ya que existen múltiples discriminaciones y desventajas que conllevan experiencias de opresión diferentes (discriminación interseccional) (Kinberlé Williams Crenshaw, 1989; AWID, 2004; Yuderkys Espinosa Miñoso, 2014).

En relación con estos cuestionamientos, Haraway plantea que, si bien las reformulaciones teóricas que distinguen entre naturaleza y cultura han contribuido al despojamiento de las interpretaciones del racismo y el determinismo biológico, no han logrado interrogar a la historia política social de las categorías binarias como naturaleza/cultura, sexo/género en el discurso colonialista occidental. Considera que tal situación ha traído como consecuencia que las todavía vigentes formulaciones de lo que es sexo o es mujer han sido muy complicadas de teorizar (salvo para ubicar a la mujer como subordinada por naturaleza). Las feministas se opusieron al determinismo biológico y dieron batalla por un constructivismo social, pero no insistieron en “la deconstrucción de cómo los cuerpos, incluidos los sexuados y racializados, aparecen como objeto de conocimiento y sitios de intervención de la ´biología´” (1991: 227). Es decir, para Haraway, las feministas no pudieron construir una categoría de “naturaleza” o de “cuerpo femenino” como un recurso ideológico opositivo.

Justamente Joan Scott (1996), historiadora norteamericana, refiere que la acepción de la palabra “género” apareció en primer lugar entre las feministas norteamericanas como rechazo al determinismo biológico implícito en términos como “sexo” o “diferencia sexual”, y resalta una cuestión relacional entre varones y mujeres. De acuerdo con ella, para la comprensión tanto de los varones como de las mujeres son necesarios ambos, en la medida en que el género es una construcción social de las diferencias sexuales. El género refiere a distinciones entre lo femenino y lo masculino y sus interrelaciones, a los efectos de analizar las relaciones asimétricas de poder, las jerarquías y subordinaciones existentes en esa relación. También realiza una serie de críticas –dirigidas principalmente a las historiadoras feministas, pero que bien pueden extenderse a otras áreas o disciplinas− respecto del uso que se le ha dado al término “género”, por no haber podido salir de la esfera de lo descriptivo; como cuando “género” es usado como sinónimo de “mujeres”. Scott señala que este uso, al despojarle al término su carácter político, justamente hace lo inverso de aquello por lo que el feminismo luchó:

“género” no comporta una declaración necesaria de desigualdad o de poder, ni nombra al bando (hasta entonces invisible) oprimido. Mientras que el término […] “mujeres” proclama su política al afirmar (contrariamente a la práctica habitual) que las mujeres son sujetos históricos válidos, “género” incluye a las mujeres sin nombrarlas y así parece no plantear amenazas críticas (Scott, 1996: 6).

Según la autora, este uso del concepto “género” le quita su sentido liberador y lo encierra dentro de una palabra neutra, vacía de su original contenido político gestado dentro de la lucha feminista. Una palabra que no desafía, que no dice nada, una palabra “neutral” y “objetiva”. Se pierde así de vista que género es básicamente un sistema de relaciones sociales, simbólicas, psicológicas.

Otra de las críticas de Scott ha sido que los estudios donde se incluye el concepto “género” son aquellos relevantes para temas de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, las familias y las ideologías de género. En tal sentido, todos aquellos estudios sobre la diplomacia o la guerra, por ejemplo, no serían temas abordables desde ese concepto. La autora sostiene que de esta manera se perpetúa la idea de las esferas separadas (sexo-política, familia-nación, mujeres-varones) y entonces se limita el concepto “género” a la familia y a la experiencia doméstica. Y siguiendo este razonamiento, se puede trazar una línea de acercamiento con Haraway cuando la autora critica la imposibilidad de salir de las relaciones binarias, ya que así nada se dice acerca de cómo esas relaciones están construidas, o sobre cómo funcionan o cambian. Ante esto, Scott introduce la importancia de incluir en las explicaciones a los sistemas simbólicos, a las formas en que las sociedades representan el género, cómo significan los sujetos lo masculino y lo femenino y cómo se construye la identidad de género, para

rechazar la calidad fija y permanente de la oposición binaria, lograr una historicidad y una deconstrucción genuinas de los términos de la diferencia sexual. Debemos ser más autoconscientes acerca de la distinción entre nuestro vocabulario analítico y el material que deseamos analizar (1996: 20).

El planteo de la autora es la necesidad de desarrollar el concepto género como categoría analítica, para, a partir de ahí, rechazar la construcción jerárquica de la relación entre varones y mujeres y plantear la pregunta acerca de cuál es el significado o los significados que adquieren las actividades de las mujeres por medio de su interacción social concreta. Esto es, pensar en sistemas de relaciones sociales y considerar tanto a nivel individual (subjetiva) como social las interrelaciones que se dan. El análisis debería incluir, además, nociones políticas y referencias a las instituciones y organizaciones sociales. Para Scott, género significa un elemento constitutivo de la organización de las relaciones sociales basadas sobre las diferencias que distinguen los sexos y, además, es el campo primario en el cual se articula el poder (aunque no es el único). Si se producen cambios en la organización de dichas relaciones sociales, se producirán cambios en las representaciones de poder. Se rompe entonces con la idea de fijeza, con la de una representación binaria de género. Se torna necesario entonces cambiar los viejos conceptos de género, los que de algún modo siguen asociando a la mujer en sus roles y funciones tradicionales. La socióloga española Rosa Cobo Bedia (2005) desarrolla esta misma idea al referir que, en estos últimos tiempos y a pesar de sus orígenes, la noción de género se ha desvinculado del feminismo, tanto en ámbitos académicos como políticos. Ello equivaldría a decir que ese concepto ya no tendría la fuerza transformadora o revolucionaria por la que surgió y no sería útil para realizar ningún cambio político. Para la autora, género es una construcción cultural que revela la profunda desigualdad social entre varones y mujeres. Afirma: “el sexo es una realidad anatómica que históricamente no hubiese tenido ninguna significación política o cultural si no se hubiese traducido en desventaja social” (2005: 253).

1.2 Formas de nombrar las violencias

Las violencias −ya sean las ejercidas de modos visibles o “invisibles”− siempre son hechos traumáticos para quienes los padecen o son testigos de esas acciones. Las formas más extremas, las que terminan en femicidios, son las que reciben toda la atención social y reclaman por justicia, pero aquellas “invisibles”, sutiles, menos evidentes −como la violencia psicológica, la económica, el acoso sexual, la violencia en el ámbito del empleo, la desvalorización de las mujeres en los medios de comunicación y en muchas otras manifestaciones públicas− permanecen, por lo general, naturalizadas.

Hay diferencias en cómo se concibe la violencia y esto incide en los modelos de abordaje. Existe una lucha ideológica, política y cultural sobre cómo denunciar e intervenir ante la violencia de género (Chejer, 2009: 16).

Por tal motivo es necesario distinguir los diferentes modos en que se nombran las violencias en relación con las mujeres: violencia doméstica, violencia familiar, violencia intrafamiliar, violencia marital, violencia conyugal, mujer golpeada, violencia de género, violencias contra las mujeres, violencia machista, feminicidio, femicidio, femigenocidio, entre otras. En relación con la coexistencia de tantas denominaciones, Ana Rubio (2010) señala que “la disparidad de términos empleados para referirse a la violencia contra las mujeres –violencia doméstica, machista, sexista, patriarcal, de género– tienen el efecto y la intención de confundir más que de clarificar” (Rubio, 2010: 149), ya que, según la autora, al introducir múltiples conceptos se diluye el esfuerzo teórico de conceptualización feminista. Muchas de estas categorías fueron forjadas en el marco de luchas concretas del feminismo que defendían intereses concretos, ya que nombrar una realidad, en cierta manera, significa crearla. Al respecto, John Austin (1955) refiere que decir es una manera de hacer o de actuar, por lo que detrás de cada una de las nominaciones subyacen marcos teóricos diferentes que pueden conducir a distintas formas de intervención, a profundas diferencias de abordaje y a consecuencias políticas muchas veces hasta antagónicas. Varios/as autores/as (Laurenzo Copello, 2005; Moreno, 2010; Peris Vidal, 2013) han señalado una intencionalidad política que se usa en las denominaciones que se refieren a esta problemática.

Cuando se menciona violencia doméstica, familiar, intrafamiliar, marital, conyugal, mujer golpeada, subyace la concepción de las mujeres como víctimas y no como sujetos capaces de palabra y de acción. Asimismo, se silencia la relación de dominación que mantienen los varones sobre las mujeres y se circunscribe la violencia a una cuestión privada, del ámbito familiar, que afecta solamente a algunas parejas y/o familias. Por lo tanto, solo unos varones en concreto, con características psicosociales especiales o que han vivido procesos de socialización diferentes al resto, son los responsables de las “conductas violentas”; es decir, la problemática de la violencia queda reducida a términos individuales y conduce a la construcción de perfiles del “varón violento” (victimario) y la “mujer maltratada” (víctima). Al decir de Fraser (1989), esto estaría relacionado con uno de los tres tipos de discursos sobre las necesidades en las sociedades industrializadas que ella define: el discurso de los/as expertos/as o de las “políticas públicas”. Aunque refiere que a veces, los términos y los debates se expanden y llegan a otros públicos, como por ejemplo a los movimientos sociales. Es ahí cuando “los discursos de los expertos se convierten en discursos puente, que unen de manera flexible a los movimientos sociales organizados con el estado social” (1989: 25). Entre ellos se incluyen los de las ciencias sociales que se crean en universidades; discursos legalistas de las instituciones jurídicas y profesionales; los administrativos de los ámbitos estatales; y los terapéuticos de los ámbitos médicos y de servicios sociales tanto públicos como privados. Para Fraser, estos discursos expertos/as “traducen la necesidad politizada” (1989: 25); en este caso, de dar respuesta a la demanda feminista ante la problemática de la violencia hacia las mujeres, en necesidades administrativas. De este modo, las necesidades de las mujeres se descontextualizan (se las despoja de su clase, etnia y cualquier otra especificidad) y recontextualizan; “se conciben como “casos” individuales y no como miembros de grupos sociales y participantes en movimientos políticos” (Fraser, 1989: 25). Hablar entonces de violencia familiar o de mujer maltratada es una estrategia de nominación que “contribuye a la despolitización de los conflictos, atenta contra la capacidad de actuar políticamente, e impide en última instancia la propia constitución de sujetos colectivos” (Pecheny, 2008: 15). Como se señaló, se ubica al problema como perteneciente al ámbito “doméstico” y a las mujeres en el lugar de víctimas, lo cual no hace otra cosa que desempoderar, despolitizar (privatizar, naturalizar), porque se sigue el modelo de la reparación en lugar del modelo universalizable de los derechos (Fraser, 1989; Pecheny, 2008). Esta pasivización de las mujeres delega en los equipos especializados las posibles soluciones a los problemas de las violencias perpetradas hacia ellas. Dado que solo una parte del aparato estatal es el responsable de indicar los procedimientos a llevar adelante, no es posible abordar el problema de manera integral, como una política de Estado (Rodigou Nocetti, 2009). Teorías como las de Leonore Walker (1984) acerca del síndrome de la mujer maltratada o golpeada, las descripciones del ciclo de la violencia y de la indefensión aprendida[1], y las definiciones de las violencias que ubican a las mujeres en el lugar de víctimas nada dicen acerca de las determinaciones estructurales que hacen posibles esas situaciones.

En cuanto a las determinaciones estructurales, Cobo Bedia (2006) señala que el patriarcado es una construcción social de larga data, un sistema de prácticas simbólicas y materiales, de pactos entre los hombres para garantizar su dominio sobre las mujeres. Por ello, todas las instituciones y estructuras sociales tienen como misión reproducir la supremacía masculina. El patriarcado tiene gran capacidad de adaptación a las diferentes sociedades, “al extremo de constituirse en estructura central de todo tipo de sociedades, sean tradicionales o modernas, del norte o del sur, ricas o pobres” (2006: 12). No obstante ello, la autora refiere que, si bien no es una estructura inmutable y fija que penetra en las sociedades de la misma forma, su capacidad de adaptación hace que se incorporen a cada una de ellas adquiriendo un carácter estructural. Para poder perdurar en el tiempo, según la autora, el patriarcado implementa dispositivos de legitimación que impiden y evitan cualquier tipo de cuestionamiento y discusión pública y política sobre la dominación, entre las que se encuentra una de sus armas más eficaces: la naturalización de la dominación simbólica y material.

Otro concepto para comprender el funcionamiento del patriarcado es el de masculinidad hegemónica desarrollado por Robert Connell (1995). El autor indica que no existe “la” masculinidad, sino que hay múltiples masculinidades, las cuales se construyen durante toda la vida (a medida que las instituciones operan sobre las personas) y están atravesadas por las diferentes clases sociales, etnias, nacionalidades o posiciones en el orden mundial, las cuales afectan las relaciones intra- e intergéneros. Según Connell, el hecho de que una determinada concepción de la masculinidad sea hegemónica no significa que la porten los hombres socialmente más poderosos (empresarios, militares, gobernantes, etc.), pero son estos los que tienen los medios para acercarse al modelo ideal de masculinidad impuesto. Connell define a la masculinidad hegemónica como

la configuración de práctica genérica que encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la que garantiza (o se toma para garantizar) la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres (Connel, 1995: 12)[2].

Si bien según el autor son pocos los hombres que practican estrictamente los modelos hegemónicos en su totalidad, “la mayoría de los varones gana por hegemonía, ya que esta se beneficia con el dividendo patriarcal, aquella ventaja que obtienen los hombres en general de la subordinación de las mujeres” (Connell, 1995: 14). Por ello, los hombres son los menos interesados en realizar algún tipo de modificación estructural, ya que no están dispuestos a perder autoridad, honor, prestigio, el derecho a mandar y “el reparto desigual de los productos del trabajo social” (1995: 9). En síntesis, la masculinidad hegemónica responde a los propósitos del patriarcado de garantizar la dominación de los hombres y la subordinación de las mujeres. Tiene sus raíces en el concepto gramsciano de hegemonía, el cual enfatiza el dinamismo de esta categoría; que garantiza que, a pesar de los permanentes cuestionamientos que se le hacen, constantemente se vuelva a edificar una masculinidad hegemónica. Para Faur (2004), en las sociedades occidentales, esta estaría representada por “hombres blancos, de clase media, de mediana edad, alto nivel educativo, heterosexuales, exitosos en su trabajo, proveedores principales del hogar, prestigiosos” (2004: 59). Si bien la masculinidad hegemónica no apela necesariamente a la violencia, sino que la subordinación se garantiza a través de las instituciones por las que transitan las personas a lo largo de sus vidas, de ser necesario garantizar y ejercer el dominio se la utiliza hasta llegar a su manifestación más tremenda y cruenta: el femicidio.

Diana Russell y Jill Radford (1992) definen al femicidio como el asesinato de mujeres hecho por hombres. Marcela Lagarde toma este concepto y lo desarrolla como feminicidio ya que, según la autora, es más amplio al abarcar las razones de género, la construcción social detrás de estas muertes, así como la impunidad que las rodea. Sin embargo, a nivel internacional, ambos términos se usan indistintamente. La Declaración sobre Femicidio elaborada por las delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres de fecha 22 de octubre de 2008 (OEA/Ser.L/II.2.34) definió este término como:

“la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión” (OEA, 2008:6).

En cuanto al concepto femicidio, Montserrat Sagot Rodríguez (2017) señala que se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres (parejas, exparejas, atacantes sexuales, conocidos o no), para luego utilizar sus cuerpos cosificados como trofeos o instrumentos de venganza. Señala que es una expresión dramática de la desigualdad de las relaciones entre lo femenino y lo masculino que muestra de manera extrema la violencia hacia las mujeres a través del “dominio, terror, vulnerabilidad social, de exterminio e incluso de impunidad” (Sagot Rodríguez, 2017: 62). Por su parte, Rita Segato plantea que la violencia hacia las mujeres tiene que ver con las relaciones de género emanadas de la estructura de poder jerárquica y patriarcal; una estructura que por sí misma es “violentogénica y potencialmente genocida por el hecho de que la posición masculina solo puede ser alcanzada y reproducirse como tal, ejerciendo una o más dimensiones de formas de dominio entrelazadas: sexual, intelectual, económica, política y bélica” (Segato, 2010a: 5). La autora insiste no solo en la desprivatización de los diversos tipos de violencia contra las mujeres, sino también en poder visualizar el hecho de que el recurso a la agresión que se da en los casos de violencia en el ámbito doméstico implica el “afloramiento de la estructura genérica e impersonal del género y su mandato de dominación”. En este sentido, Segato propone comprender el género desde una dimensión no particular ni privada, sino desde una dimensión pública y política (Segato, 2010b:10). La propuesta es entonces universalizar las agresiones, sacarlas de las esferas privadas, particulares y domésticas e incluirlas en un mismo conjunto bajo la denominación de “femicidio” o “feminicidio”, como “una forma de presionar la imaginación colectiva a desprivatizar y retirar de su domesticación el papel de la mujer y de lo femenino en las relaciones de poder” (Segato, 2010b: 14). En otro trabajo, la autora acuña el término femigenocidio, para nombrar a aquellos crímenes que, por su cualidad de sistemáticos e impersonales, tienen por objetivo específico a las mujeres como género, en términos impersonales (Segato, 2012).

Con el término violencia machista se alude tanto a la violencia causada por el machismo o por “el macho”. Dicho concepto posee connotaciones peyorativas, porque la violencia tiene como base la legitimación de la subordinación de las mujeres a los varones. El término, utilizado, por ejemplo, en la Generalitat de Catalunya a través de la Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, refiere que el machismo es “el concepto que de forma más general define las conductas de dominio, control y abuso de poder de los hombres sobre las mujeres y que, a su vez, ha impuesto un modelo de masculinidad que todavía es valorado por una parte de la sociedad como superior” (Ley 5/2008: 34.426). En Argentina, en cambio, se utiliza el término violencia contra las mujeres, que la Ley N° 26.485 define en su Art. 4º como:

toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

Los conceptos de feminicidio, femicidio, femigenocidio, violencia de género, violencias hacia/contra las mujeres y violencia machista adoptan un enfoque desde la perspectiva de los derechos humanos, el cual pretende denunciar y transformar las relaciones asimétricas de poder existentes en la sociedad, permite pensar la violencia de una manera más integral y no reducirla al ámbito de las relaciones interpersonales afectivas familiares. Asimismo, dentro de estas definiciones, la tesis utiliza el concepto de violencia contra las mujeres como un posicionamiento en contra de las políticas que las consideran como víctimas y no como ciudadanas con derechos. Este concepto señala la importancia de visibilizar la categoría mujeres como una forma de que las violencias no queden invisibilizadas en relación con quienes son sus destinatarias principales, y por ser el empleado en la Ley 26.485, que se analizará en el capítulo 3, apartado 3.3.

1.3 Las luchas de las mujeres por la ciudadanía

Los diferentes debates que se fueron dando acerca de cómo nombrar a las violencias expresan relaciones de fuerzas, en ciertos momentos sociohistóricos, que se ven plasmadas en los instrumentos normativos, marcos legales, etc., que se generan y aprueban en cada época determinada. Así, a la hora de aprobar cualquier normativa han existido y existen condicionamientos, posibilidades y limitaciones, como así también han sido partícipes fundamentales para la conquista de los derechos la presión de los movimientos de mujeres, de derechos humanos, políticos y académicos que lucharon y luchan en pos de relaciones más igualitarias entre los géneros. Por ello, a continuación se detallan cuatro momentos cruciales de transformaciones sociales en que las conquistas por parte de los feminismos fueron y son trascendentales para el avance de los derechos de las mujeres.

La problemática de las violencias contra las mujeres ha sido incorporada en la agenda pública gracias a la presión ejercida por el movimiento de mujeres en general. Fueron ellas las primeras en señalar la atención hacia el problema, a la vez que se organizaron para dar respuestas a aquellas mujeres que eran objeto de alguna forma de violencia.

Primer momento del feminismo: las primeras demandas fueron la lucha por la igualdad formal a nivel de la participación política, y en los ámbitos de la educación y el trabajo. En América Latina, desde los años veinte hasta mediados del siglo XX, los esfuerzos se centraron en alcanzar el derecho al voto (en primer lugar) y el derecho a la educación formal (Maier, 2006). En el caso de Argentina, en el año 1947 se sancionó la Ley Nacional Nº 13.010, que posibilitó el voto femenino.

Las Naciones Unidas proclamó en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, que constituye el primer tratado de aplicación internacional aprobado por ese organismo, el cual había sido creado oficialmente el 24 de octubre de 1945, con 51 países considerados como miembros fundadores. Si bien en dicha declaración no se menciona la especificidad hacia las mujeres, sí se indica que todas las personas gozan de los mismos derechos básicos de tener una vida digna e iguales oportunidades para su satisfacción (Faur, 2003).

Segundo momento del feminismo, décadas del sesenta y del setenta (cuando se visibilizan las diferentes dimensiones que confluyen en las desigualdades de género).

En los países industrializados, los movimientos feministas, cuyas militantes más activas heredan experiencias anteriores de otros movimientos de contestación (ya sean pacifistas, derechos civiles, antibelicistas, de izquierda) incorporan a sus ideas propuestas más amplias en cuanto a especificidades de etnia y clase social (Bellucci, 1992). Para esta autora, la década de 1960 vino acompañada por una generación comprometida con una revolución “de lo imposible”, lo cual permitió el resurgimiento de la contestación libertaria; la elevación de críticas al poder, a la institucionalización, a las normas y a las jerarquías desde un discurso de la heterogeneidad. “La bandera emblemática para las mujeres será la liberación contra el poder sexista” (1992: 5). Bellucci hace referencia a los diferentes hechos históricos y culturales que se sucedieron en esa época (Revolución cubana, Independencia de Argelia, rebeliones hippies, Mayo del 68, organizaciones guerrilleras en el Tercer Mundo, entre otras), en los cuales la diferencia ocupó “lugar de fricción de la lucha política del momento”. En esta etapa se visibilizaron los distintos ámbitos donde se ejercían las relaciones desiguales entre varones y mujeres. En el caso de América Latina, Maier (2006) indica que los movimientos feministas estaban compuestos por guerrilleras y comandantes de países que en ese momento atravesaban conflictos armados, mujeres de clase media con educación; madres y esposas de países gobernados por dictaduras que peleaban por los derechos humanos, “quienes trasladaron a los escenarios públicos y políticos reclamaciones, peticiones y demandas que −con la excepción de las mujeres en armas– hasta entonces pertenecían sólo al espacio privado” (Maier, 2006: 30).

Con el lema “Lo personal es político, se puso en evidencia la división sexual de la sociedad en dos ámbitos: uno privado, personal y desvalorizado, donde las mujeres organizan y reproducen la vida familiar; y otro público, valorado socialmente, donde los hombres producen y acceden al poder (Maier, 2006; De Miguel, 2007). Esto no es fruto de una libre elección de las mujeres, sino de una estructura patriarcal que las oprime dejándolas sin opciones para poder elegir. La categoría patriarcado fue “el instrumento conceptual fundacional para la producción de nuevos significados culturales” (Maier, 2006). El movimiento feminista de ese momento politizó la vida cotidiana, al cuestionar la separación entre lo público y lo privado, la familia tradicional, la violencia hacia las mujeres y sus marcos interpretativos. Como afirma Mabel Campagnoli:

la politización de los cuerpos y de las sexualidades a la que contribuyó el feminismo de la década de 1970 permitió desocultar la neutralidad de lo público y evidenciar el carácter sociohistórico de las relaciones íntimas y de la construcción de las subjetividades (2005: 160).

Surgen en esa época los “Estudios de la Mujer” –denominados “Women´s Studies” en Inglaterra, o Études des femmes en Francia−, y ya en los años sesenta se llevaron a cabo las primeras investigaciones y programas académicos en torno a la discriminación (Bellucci, 1992). Es entonces como ya entre los años 1960-1970 comenzaron a visibilizarse los diferentes ámbitos en los que se ejercen relaciones desiguales entre los géneros y se arribó al cuestionamiento del modelo de familia tradicional, señalando que lo que allí sucede es también de incumbencia del Estado. Asimismo, en la década del setenta surgieron los estudios sobre las identidades masculinas en el mundo anglosajón (Faur, 2004).

Hasta ese momento, las explicaciones de la violencia hacia las mujeres habían sido de corte biologicista, psicológico e individual (Otero, 2009; Campagnoli, 2005). El varón violento, ahora, es un hijo sano del patriarcado (Segato, 2010). Lo que hicieron los movimientos de mujeres fue cuestionar la naturalización de la violencia, al reclamar, por un lado, atención para las mujeres; y por otro, al crear sus propias estrategias de intervención a partir de la revisión de enfoques disciplinarios y teóricos (Ynoub, 1998). Así, “se transformaron en actores políticos a los que el Estado debió escuchar, e incluso consultar e incorporar para el diseño de acciones y políticas en la materia” (Otero, 2009; 108). Es aquí cuando la violencia comienza a transformarse en asunto público y estructural en la vida de las mujeres.

Distintas conferencias internacionales de Naciones Unidas se sucedieron en este período y se constituyeron en antecedentes fundamentales para que las mujeres lograran su incorporación al mundo público: la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos (Teherán, 1968), la de Población de 1974 (Bucarest) y la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (México, 1975). Si bien cada una de ellas ha sido un antecedente y puntapié inicial para la incorporación de las mujeres en el ámbito público, todavía no se analizaban allí las relaciones de poder entre los géneros. Las Naciones Unidas incorporaron decididamente el tema con la “Década de la Mujer” (1975-1985), y fue entonces cuando esta problemática se instauró en la agenda internacional como una respuesta a las demandas de las organizaciones de mujeres de todo el mundo: primero como un problema social, y luego como una forma de violación de los derechos humanos. Fue recién a partir de la resolución 34/180, que en el año 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Violencia hacia las Mujeres (CEDAW)[3]. En ella se establece la prohibición de todas las formas de discriminación contra las mujeres y se disponen las medidas que deben ser adoptadas para asegurar que, en todo el mundo, las mujeres puedan gozar plenamente de todos sus derechos.

En América Latina, desde fines de la década de los setenta, los feminismos se desarrollaron significativamente y con diferentes ritmos, pero con el compromiso de aunar “las luchas por la transformación de las subordinaciones de las mujeres con las transformaciones de la sociedad y de la política” (Vargas y Barring, 2008: 136). En Argentina, las “Madres de Plaza de Mayo” emergieron de las entrañas de la represión de la dictadura militar para exigir públicamente la devolución de hijos, hijas y otros familiares desaparecidos por el terrorismo de Estado (Schmukler y Di Marco, 1997). “Estas mujeres salieron del enclaustramiento privado, llevando su angustia y dolor a las calles, centrales de policía, campamentos militares y plazas públicas, confrontando como encontronazo simbólico a los regímenes autoritarios patriarcales con su petición no negociable de ‘vivos los llevaron, vivos los queremos” (Maier, 2001: 56). Si bien las primeras demandas fueron por la aparición de sus seres queridos, luego se sumaron a la lucha por la defensa de los derechos humanos, el retorno a la democracia, la custodia de la memoria histórica y el juicio y castigo a los culpables. Así se resignificó el sentido individual de la maternidad (Maier, 2001).

Tercer momento del feminismo, durante las décadas de los ochenta y noventa: se amplían los espacios de acción, se abren nuevas líneas de trabajo y reflexión, se produce una mayor profesionalización e interacción con lo público y lo político (Vargas y Barrig, 2008). Virginia Vargas y Maruja Barrig (2008) refieren que el tránsito de los años ochenta a los noventa marchó por nuevos escenarios políticos, ideológicos, económicos y culturales que repercutieron en el feminismo y en los movimientos sociales en general.

Los fenómenos de la apertura democrática en la región y la modernización de los Estados trajeron nuevos climas. Asimismo, tuvo lugar una fuerte desconfianza hacia los espacios público-políticos estatales, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos países de la región, a principios de los ochenta, aún existían gobiernos dictatoriales. Los feminismos se involucraron en propuestas que ligaban la lucha de las mujeres con la lucha por la recuperación democrática.

En Argentina, la introducción de la problemática de la violencia hacia las mujeres es un hecho que acompañó el renacimiento de las organizaciones feministas con el retorno a la democracia, en el año 1983. Dora Barrancos (2014) indica que “la diferencia jerarquizada de los sexos fue vista por el renaciente feminismo argentino de la posdictadura no sólo como una rémora patriarcal, sino como una expresión de las formas autoritarias que debían ser removidas por el Estado de derecho” (Barrancos, 2014: 10). Fue entonces cuando las organizaciones de mujeres pusieron sobre la mesa la problemática de la violencia hacia las mujeres. Las feministas argentinas desde la década del ochenta se preocuparon por hacer ‘visibles’ los problemas más graves, y trabajaron sobre la violación y el hostigamiento sexual y la violencia doméstica o intrafamiliar” (Vain, s/f: 24).

Los grupos feministas fueron los primeros en nuestro país en ocuparse del tema al denunciar e intentar visibilizar el hecho como un problema, algo que hasta el momento estaba naturalizado y aceptado. Las agrupaciones pioneras fueron la Organización Feminista Argentina (OFA), creada en el año 1981; la Asociación Trabajo y Estudio de la Mujer-25 de Noviembre (ATEM) y Libera (formada por un grupo de OFA), creadas en el año 1982; Lugar de Mujer, Programa de Investigación Sobre la Mujer Argentina (Prisma) y Tribunal de Violencia contra la Mujer (por iniciativa de OFA, ATEM y Libera), en el año 1983; las que poco después protagonizaron la primera campaña de agitación callejera a fines de ese mismo año (Chejter, 1995; Tarducci, 2012). Por ejemplo, ante el caso Mabel Adriana Montoya[4], grupos feministas organizaron en Buenos Aires el Tribunal de Violencia contra la Mujer “Mabel Adriana Montoya” como una manera de denunciar la escasa repercusión que tuvo el caso en los medios de comunicación (Chejter, 1995). El objetivo era visualizar la violencia contra las mujeres como un problema social, de orden público y político y no como un caso individual, de orden privado.

Se formaron centros organizados y sostenidos por organizaciones de mujeres, los cuales asistían a mujeres que atravesaban situaciones de violencia, entre los que se destacaban Lugar de Mujer y la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas; instituciones que aún continúan desarrollando actividades de difusión, capacitación, asistencia legal, grupos de ayuda mutua para mujeres en situación de violencia y atención psicológica (Vain, s/f). En el año 1984 se creó el “Centro de Asistencia a la Mujer Golpeada” en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires. Dicho centro estaba dirigido por la psicóloga Cristina Vila −una de las precursoras en introducir las teorías de Leonore Walker al país−, quien, junto con otras profesionales abogadas, atendían de manera individual y realizaban “grupos de autoayuda” para mujeres. Leonor Vain, abogada que participó desde sus orígenes en el equipo, recuerda:

El lugar de que disponíamos era escaso y precario; eran dos habitaciones al final de un largo pasillo del 2° piso, en el que nos sentábamos para atender a las mujeres que llegaban por primera vez, mientras en un cuarto funcionaba el grupo de autoayuda que coordinaba la Lic. Vila y en otro se quedaban los hijos que las mujeres traían consigo porque no tenían donde dejarlos. A pesar de la precariedad con que nos desempeñábamos ese espacio se convirtió en un referente ineludible y fue la base y el modelo de casi todos los centros, privados y públicos, que se abrieron a partir de entonces (Vain, s/f., 27).

Este grupo, en el año 1989, se incorporó a la recién creada Subsecretaría de la Mujer y Solidaridad Social de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y era la responsable de la formación de los equipos profesionales (psicólogas/ trabajadoras sociales y abogadas).

En ese momento y especialmente a partir del “caso Monzón”, el cual se desarrollará en el capítulo 2, emergieron las primeras acciones gubernamentales a nivel nacional para prevenir la violencia hacia las mujeres y se comienza a pensar entonces en que el Estado debe intervenir ante tales situaciones.

También, desde mediados de la década del 1980, se establecen de forma anual los ENM, que comenzaron a realizarse a partir de la iniciativa de un grupo de mujeres políticas que habían participado en la III Conferencia Mundial de Mujeres de Nairobi (Kenya, 1985). Los ENM se han convertido en un ámbito específico de debate al interior del movimiento de mujeres.

Virginia Vargas (2008) refiere que el feminismo latinoamericano en los años ochenta “se orientó básicamente a recuperar la diferencia y develar el carácter político de la subordinación de las mujeres en el mundo privado y sus efectos en la presencia, visibilidad y participación en el mundo público” (2008: 137). Muchas organizaciones lograron combinar el activismo con la creación de ONG.

La década del noventa trajo consigo la globalización y el modelo económico neoliberal, el cual “nos enfrentó a la posibilidad y a la urgencia de ampliar los derechos ciudadanos, invitándonos a retornar a los ahora rejuvenecidos paradigmas de la llamada democracia social” (Vargas y Barring, 2008: 122). En ese momento se comenzaron a tener en cuenta no solamente aquellos problemas en común que tenían algunos grupos específicos de mujeres, sino especialmente en influir en los mecanismos que promovían la igualdad de oportunidades para profundizar un discurso de derechos, en contraposición a uno centrado en las necesidades y vulnerabilidades de las mujeres (Guzmán, 1996; Vargas y Barring, 2008). En los años noventa, además, la región estaba atravesando procesos de recuperación/transición/afianzamiento de las democracias, en un escenario internacional marcado por una nueva agenda de Naciones Unidas. Es entonces cuando las feministas empezaron a abrirse paso hacia una lógica de interacción con lo público político, modificando sus formas de actuación e incorporando nuevas estrategias negociadoras tanto a niveles locales y regionales como globales (Vargas, 2008).

Dos nuevos ejes, democracia y ciudadanía (…) comenzaron a expresarse. Ambos ejes presuponen una interlocución con los Estados y las sociedades civiles mucho más intensa que en la década anterior. La importancia dada a estos ejes es también el resultado de los procesos de diálogo, negociación y participación política que amplias vertientes feministas impulsaron en el marco de las cumbres y conferencias mundiales de la década de los noventa (Vargas, 2008: 139).

En el año 1993, se realizó en Viena la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, la cual reconoció los derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos universales, inalienables e indivisibles. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, más conocida como “Convención de Belém Do Pará” (1994), significó un avance al marcar entre sus disposiciones cuestiones en materia de cumplimiento judicial (el tema se desarrolla más adelante). La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), con la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, incorporó lo logrado en conferencias y tratados anteriores. El Informe allí elaborado dedicó una sección al tema de las violencias contra las mujeres.

En este período comienza a incluirse el concepto de femicidio y la identificación de la importancia del aspecto relacional del concepto género, el cual incluye a los varones, como un puntapié fundamental para que los estudios y problemáticas sobre las masculinidades se abrieran camino y pudieran ser incorporados tanto en la agenda pública como en programas académicos.

Muchas de las ONG en los noventa se “institucionalizaron”, a partir de lo cual se modificaron las dinámicas y perspectivas de las que, durante los ochenta, habían sido creadas en un clima de solidaridad, cercanía a las bases y con capacidad de movilización y presión. Las modificaciones se centraron en organismos más lejos de los movimientos de mujeres y “más centrados en la necesaria efectividad de las estrategias frente a la institucionalidad pública estatal” (Vargas, 2008: 140). Se suspendieron temas importantes de las agendas feministas y/o se renunció a ellos, se descuidaron temas emergentes y se debilitaron los diálogos con otros actores públicos. Esta situación fue criticada como la “ONGización” del feminismo latinoamericano (Álvarez, 1998; Vargas, 2008), que se enfrentaba a tensiones y riesgos como la despolitización, la cooptación y la fragmentación, y a priorizar intereses más institucionales que colectivos (Vargas, 2008). Esta expansión del feminismo tuvo también su cara positiva, al propagarse a otros ámbitos (académico, cultural, partidos políticos, etc.), que les inyectaron nuevas formas de actuación y de reflexión.

En el año 1991, en la Argentina se sancionó la Ley Nº 24.012 de “cuotas” o “cupo femenino”, la cual fue el resultado de la nueva agenda feminista. Fue el primer país del mundo en sancionar una normativa de este tipo. Dora Barrancos indica que “si las organizaciones de mujeres pusieron sobre el tapete la cuestión de la violencia (…) en el (…) hogar, fueron diferentes militantes de partidos políticos las que propusieron alterar las reglas de juego de sus fuerzas solicitando el reconocimiento pleno, el derecho a obtener cargos partidarios y lugares en la representación parlamentaria” (Barrancos, 2014: 11). Así, se determinó un piso mínimo del 30% para las mujeres en las listas partidarias.

En el cuarto momento del feminismo se produce: a) la articulación de las luchas de las mujeres con otros movimientos más amplios, lo que Di Marco (2010, 2011) denomina “pueblo feminista”; y b) la emergencia de los movimientos que dan visibilidad a las demandas de las diferentes masculinidades y feminidades.

a) En relación con el proceso de construcción del pueblo feminista, Di Marco indica que el concepto “es una nueva articulación de identidades populares que guardan un potencial alternativo para reflexionar sobre las transformaciones sociales contemporáneas” (Di Marco, 2010: 51). Dicho concepto, aunque excede al feminismo, es uno de sus puntos nodales. Asimismo, la autora plantea que, si bien el feminismo popular es parte central del pueblo feminista, no es lo mismo pueblo feminista que feminismo popular ni que las mujeres. El feminismo popular aflora fuertemente a fines de los años noventa, cuando las mujeres de sectores populares (campesinas, obreras de fábricas recuperadas, piqueteras e indígenas) comienzan a participar en los Encuentros Nacionales de Mujeres. Para poder avanzar en la ampliación de las demandas, era necesaria la articulación de los feminismos con otras demandas e identidades. Para Di Marco, el pueblo feminista surge en Argentina a partir de la crisis del año 2001, por el enfrentamiento de dos proyectos antagónicos: por un lado, un proyecto ofensivo que pugnaba por consolidar nuevos derechos; y por otro, el contraofensivo, que resistía. El tema de la legalización del aborto representa el nudo y punto donde se articulan las luchas de las mujeres de los movimientos sociales (mujeres piqueteras, obreras de empresas recuperadas, campesinas, indígenas que luchan por trabajos dignos, por reivindicaciones en relación con la violencia contra las mujeres), al oponerse a los valores tradicionales y patriarcales de la Iglesia católica (Di Marco, 2010). Se construyó así al adversario y

Surgió una demanda que significa a todas las demandas y se articularon las mujeres en movimiento y otros actores sociales en la pugna por la legalización del aborto, para que las mujeres puedan ejercer la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos, que condensa la lucha por la el laicismo, la pluralidad y la ciudadanía (Di Marco, 2010: 63-64)

Para Di Marco (2010, 2011), antes de que surgieran estos movimientos, las lucha por la legalización del aborto per se no se podía articular con otras demandas (violencia hacia las mujeres, condiciones de trabajo), ya que se la consideraba opuesta a los objetivos específicos de estas. El pueblo feminista viene a articular diferentes luchas en pos de la ampliación de los derechos de las mujeres y de la consolidación de una democracia pluralista. La autora señala que en el caso de la lucha por la legalización del aborto se generó una fuerza contrahegemónica comprendida tanto por organizaciones de mujeres como de varones (movimientos sociales, sindicatos, universidades, legisladores, gremialistas), para hacer frente a la hegemonía conservadora (Iglesia católica), la cual dio lugar a la construcción del pueblo feminista, pueblo en el sentido de identidad política, que no es solo de mujeres, sino de varones y mujeres. Esta identidad desafía a los sectores tradicionales, mediante el reclamo de la separación entre la sexualidad y la procreación, lo que eriza a los sectores conservadores. Es decir, las mujeres demandan derechos que históricamente formaron parte de los ámbitos privados, como el de poder decidir libremente sobre sus cuerpos y liberarse de la violencia machista (Di Marco, 2010, 2011). Nada más personal y más político que el cuerpo. Estos derechos pueden ser abarcados con la noción amplia de ciudadanía sexual, puesto que contienen a los derechos reproductivos, los reclamos basados en las prácticas sexuales −especialmente los vinculados con los derechos al placer sexual y al control sobre el propio cuerpo−; se relacionan con la autodeterminación sexual y con la integridad corporal (Richardson, 1998; Di Marco, 2011).

b) En relación con la emergencia de los movimientos que dan visibilidad a las demandas de las diferentes masculinidades y feminidades, si bien las luchas por las identidades sexo-género datan de un largo proceso, es en el siglo XXI cuando se produce una mayor visibilidad de los reclamos por la democratización de las sexualidades y las relaciones de género, especialmente en América Latina. Se abren nuevas y nuevos actores/as y cuestiones. Los entonces movimientos de liberación homosexual de los años setenta se renuevan y diversifican para exigir protección ante la violencia social y policial; para no ser discriminados/as; reclaman el reconocimiento legal y social de su identidad de género. En la década de los noventa, para dejar de hablar de comunidad homosexual y visibilizar a lesbianas, gays y bisexuales, se utiliza la sigla LGB. Luego, como movimiento LGTTTBI, que se amplía e incluye a más grupos o personas que no se adecuan al mandato de la heterosexualidad obligatoria y exigen, entre otros requerimientos, traducir sus reclamos de derechos ciudadanos en leyes y políticas públicas concretas. En Argentina, se sancionaron dos leyes en este sentido: la ley de acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo (julio de 2010) y la de identidad de género, la cual permite la modificación del nombre y sexo en la documentación. La importancia de la emergencia de estos movimientos es su politización, que implica que las experiencias aisladas e individuales de las personas se incluyen en una experiencia colectiva más amplia, en la que se reconocen las cuestiones sexuales no solo como destinos individuales sino como construcciones sociales que conllevan los conflictos propios de las relaciones y prácticas sociales desiguales e injustas en un momento histórico singular (Pecheny y De la Dehesa, 2009).


  1. La “mujer maltratada” o “mujer golpeada” es definida como una mujer sumisa, con baja autoestima, dependiente y pasiva, a la cual hay que ayudar a fortalecerse para que pueda romper el “ciclo de la violencia” en el que está inmersa y salir entonces de la relación violenta.
  2. “Yo enfatizaría el carácter dinámico del concepto de hegemonía de Gramsci, que no es la teoría funcionalista de la reproducción cultural a menudo descrita. Gramsci siempre tenía en mente una lucha social por el liderazgo en el cambio social” (Connell, 1995: 12).
  3. Por sus siglas en inglés, Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, la cual fue aprobada el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1981.
  4. Mabel Adriana Montoya era una chica de 17 años, de Villa Madero (La Matanza, provincia de Buenos Aires), quien en agosto de 1983 saltó por la ventana de su departamento para evitar ser atacada sexualmente; fue hospitalizada y murió 45 días después.


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