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2 Problematizaciones y dispositivos de intervención en las violencias contra las mujeres

2.1 La problematización de las violencias contra las mujeres en Argentina

Si las políticas públicas se definen a partir de la intervención del Estado en función de un problema social concreto, hay que pensar qué insatisfacciones se hicieron presentes en un sector de la sociedad para que se comenzara a pensar en la necesidad de la intervención del Estado en relación con la problemática de la violencia hacia las mujeres (Foucault [1983] 1988: 17).

En la Argentina, la violencia hacia las mujeres era considerada algo perteneciente al ámbito de lo privado, “problemas conyugales” que sucedían puertas adentro, sin generar ningún tipo de relación entre un evento y otro. Se puede decir que el primer caso de violencia hacia las mujeres, y el primer caso de femicidio en tomar estado público en forma exponencial (aunque todavía no se denominaba así el asesinato de mujeres) fue el caso Carlos Monzón y Alicia Muñiz. Si bien el asesinato de esta última en la ciudad de Mar del Plata apareció en las tapas de los diarios nacionales descripta como producto de “una riña”, “un episodio confuso”, este acontecimiento no solo constituyó una marca significativa en la visibilidad mediática de la violencia hacia las mujeres en el país, sino que, además, precipitó leyes, prácticas y acciones de distinto orden, alcance y efectividad, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil (Otero, 2009; Laudano, 2010; Colectiva Feminista La Revuelta, 2011).

Foucault (1999) plantea que el concepto de problematización se encuentra en la misma dirección que el de eventualización, en el sentido de que lo relevante son las singularidades históricas de estos objetos o problemas. Asimismo, en otro texto, Foucault (1982) había propuesto la “eventualización” como estrategia que posibilita tomar distancia de lo que parece evidente para ver lo singular, lo raro, lo diferente de ese evento o acontecimiento. El autor se refiere no a una historia cronológica, continua, de hechos, sino de la búsqueda de las rupturas que se dan a partir de ciertos acontecimientos singulares. Desde su perspectiva, las y los historiadores han vaciado la historia de los eventos, han producido una historia “deseventualizada”; por ello es importante dar una lucha permanente sobre los conceptos y supuestos que tienden a tomarse como evidentes y que, en general, se mantienen fuera de examen. A partir de ello, la pregunta es ¿cómo se llegó a constituir en un momento determinado como un problema la violencia hacia las mujeres? Preguntarse por la obviedad y naturalidad de esta, para no mantenerla por fuera del campo del pensamiento, de sus visibilidades, es precisamente lo que busca la eventualización. ¿La violencia hacia las mujeres siempre se consideró como una violación a los derechos humanos? ¿Cómo se constituyó su desnaturalización? Desnaturalización que trajo aparejada la transformación de varias prácticas, el involucramiento del Estado, la aparición de nuevas leyes y una nueva “reacción social” ante estos problemas. En suma, el acontecimiento entendido como la irrupción de una singularidad histórica en la multiplicidad de los aconteceres es lo que posibilita una entrada de lo nuevo en cada momento de nuestro presente, que lo atraviesa y lo transforma. En Nietzsche, la genealogía, la historia (2004), Foucault refiere que el acontecimiento:

No es una decisión, un tratado, un reino o una batalla. Es una relación de fuerzas que se invierte, un poder que se confisca, un vocabulario recuperado y vuelto contra los que lo utilizan, una dominación que se debilita y otra que surge disfrazada (2004: 48).

El acontecimiento es parte de un proceso histórico que da cuenta de un cambio en la positividad en tanto procedencia −las huellas del pasado− (herkunft) y surgimiento (entstehung), emergencia la cual se produce siempre en un cierto estado de enfrentamiento entre fuerzas que luchan por el poder.

Que se hable de “violencia hacia las mujeres”, “violencia sexista”, “violencia de género” o “femicidio” (conceptos que ya fueron desarrollados en el capítulo 1, apartado 1.2) para destacar las dimensiones de poder que entran en juego y, por lo tanto, los lugares diferenciales que varones y mujeres ocupan en las relaciones afectivas (las mujeres como subordinadas) no es algo que hay que tomar como evidente, sino que representó una ruptura: distintas conexiones, encuentros, apoyos, bloqueos, juegos de fuerza y estrategias permitieron formar en un momento dado lo que luego se presentó como evidente. Entonces hay que ver qué relaciones de fuerza entraron en juego.

El “caso Monzón” podría tomarse como un acontecimiento, una forma de experiencia límite a partir de la cual se empezó a cuestionar lo que hasta el momento se consideraba aceptable. Si se sigue el pensamiento de Foucault (2003), es posible hacer de la historia de la violencia hacia las mujeres en Argentina una interrogación sobre su sistema de razonamiento; es decir, tomar a la violencia como el punto de ruptura en relación con el sistema de prácticas y leyes, y preguntar qué leyes y prácticas se implementaron desde el Estado para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres.

Con anterioridad al “caso Monzón” habían ocurrido otros hechos, pero que no tuvieron la misma repercusión. Por ejemplo, el “caso Montoya” (tratado en el capítulo 1, apartado 1.3), y el “caso Alberto Locatti y Eva O’Neal” −en febrero de 1980, también en la ciudad de Mar del Plata−, cuando en un intento de homicidio el conocido cómico tiró por la ventana del hotel a su famosa pareja. Tiempo después, Locatti fue condenado a seis años de prisión, pero quedó en libertad un mes después de esa sanción judicial. Pero ¿por qué el “caso Monzón” tomó las dimensiones que tomó, tan distinta de otros casos? ¿Cuál fue la novedad o la diferencia? Claudia Laudano (2010) refiere que tanto el caso Monzón como el de Locatti se dieron en pleno verano en la ciudad de Mar del Plata. Se podría pensar que ambos beneficiaron al periodismo, ya que por lo general las noticias que ocupaban las principales páginas eran hechos banales, anecdóticos, sin ninguna trascendencia, con las cuales se intentaba llegar el vacío del escaso movimiento económico-político de ese momento (Laudano, 2010). El “caso Locatti” –que fue leído más en clave de comedia que como un intento de asesinato− se convirtió más en fuente de chistes y bromas de mal gusto, y casi pasó al olvido luego de ese verano (mujeryderecho.blogspot.com). Pero el “caso Monzón” fue más allá de un hecho anecdótico, ya que en esos días la Argentina no disponía de un marco legal específico para tipificar y castigar a la violencia hacia las mujeres –y por supuesto, tampoco lo tenía cuando sucedió el caso Locatti−. Este fue el puntapié inicial para que años más tarde se discutieran y sancionaran leyes al respecto (Laudano 2010)

Seguramente el hecho de que el protagonista haya sido un excampeón mundial de boxeo, y además hombre de la noche y de la farándula ayudó a que el caso tuviera una mayor relevancia y continuidad periodística. Laudano plantea que, en este caso, “la maquinaria informativa otorgó inteligibilidad a los hechos y, en ese sentido, codificó una gramática singular de la violencia sin perspectiva de género” (2010: 91). Refiere además que con el caso se reforzó la circulación de los “mitos” clásicos que se instauran en la sociedad acerca de la violencia en la pareja (“amor violento”, desculpabilizar al varón violento al ubicarlo como “adicto”, “alcohólico” o “enfermo”, que situó al hecho como un exceso, algo irrefrenable, que “se le fue de las manos”). Otro de los rasgos preferentes de los medios de comunicación fue recurrir a

la personalización del caso, más que la vinculación con las condiciones estructurales de desigualdad de género posibilitadoras de prácticas violentas; un énfasis marcado en “facilitar micrófono” al acusado (que incluso le permitió afirmar con total naturalidad que había golpeado a todas sus parejas); mientras que en el campo de las imágenes, una foto del cuerpo semidesnudo de la víctima sin vida fue exhibida sin tapujos en tapas de diarios y revistas (Laudano, 2010: 91).

Monzón había declarado que había sido un “accidente”; luego relató que ambos se habían caído por el balcón, a raíz de un golpe de él; “le pegué a todas y nunca pasó nada”, frase que denota que nadie, en esas épocas, se escandalizaba por la violencia hacia las mujeres. A medida que la investigación avanzaba, y la defensa de Monzón se volvía cada vez más indefendible, la conmoción de la sociedad fue más categórica. A nivel nacional, aumentaron las consultas de mujeres por casos de violencia en el ámbito doméstico, como así también las denuncias en las comisarías[1].

La reinstalación de la democracia marcó un hito en relación con el accionar, a nivel nacional, de las primeras acciones gubernamentales para prevenir la violencia hacia las mujeres. Lopreite señala al respecto:

El nuevo gobierno elegido democráticamente fue claramente más sensible a los desarrollos en la igualdad de género a escala mundial y ratificó a través del Congreso Nacional la Belém Do Pará en 1985, como parte de su política de restauración de derechos humanos (Lopreite, 2014: 6).

Dentro del Estado, como producto de la demanda del movimiento de mujeres a los gobiernos y partidos políticos, se fueron creando estructuras “de la Mujer” o Mecanismos Nacionales para el Avance de la Mujer (MAM), encargados de diseñar políticas para la igualdad entre varones y mujeres (Rico, 2008). La autora refiere que la creación de estas instituciones abrió canales de comunicación −inéditos hasta el momento− entre el Estado y la sociedad civil, y de negociaciones entre el movimiento de mujeres con diferentes actores (este punto se desarrolla en el capítulo 3, apartado 3.4.2.1).

Se puede pensar en la legitimación e institucionalización de una nueva problemática en la sociedad y en el Estado, no solo por su incorporación en la agenda pública, sino por su apropiación por parte de este último.

Esta institucionalización se observa en la forma de nuevos marcos de sentido que orientan el diseño de políticas, en los cambios en las agendas institucionales, en programas específicos, en la creación de nuevas instancias, leyes, normas y recursos asignados al avance de la situación de las mujeres (Guzmán, 2001: 5).

Es a partir de la recuperación de la democracia (1983), de los avances internacionales y del acontecimiento del “caso Monzón” (1988) cuando se multiplicaron los organismos de gobierno en asuntos de la mujer y cuando se encendió el debate hacia una ley de prevención y asistencia de la violencia hacia las mujeres (este punto se profundiza en el capítulo 3, apartado 3.3).

Con referencia a los problemas o problematizaciones, Foucault ([1983] 1988) señala que, para que un acontecimiento entre en el campo del pensamiento, hace falta que un cierto número de factores lo hayan vuelto incierto, le hayan hecho perder su familiaridad, o hayan suscitado en torno a él cierto número de dificultades.

Una problematización siempre es un tipo de creación; pero una creación en el sentido que, dadas ciertas situaciones, se puede inferir que este tipo de problematización seguirá. Dada una cierta problematización, sólo se puede entender por qué este tipo de respuesta aparece como una contestación a un aspecto concreto y específico del mundo. Hay la relación de pensamiento y realidad en el proceso de problematización (Foucault [1983] 1988: 17).

Estos elementos se desprenden de procesos sociales, económicos o políticos. Pero no juegan en ellos más que un papel de incitación. Pueden existir y ejercer una acción durante largo tiempo, antes de que haya una problematización, la cual es una respuesta original o específica. Foucault (2003) plantea que la problematización se refiere a la elaboración de un dominio de hechos, de práctica y de pensamientos que, al parecer, le plantean problemas a la política. Se ve entonces que el “caso Monzón” abrió un debate público sobre la violencia hacia las mujeres, al desnaturalizar las invisibilizaciones históricamente construidas y la consiguiente inacción institucional, especialmente por parte del Estado.

El caso Monzón se ubicó en el quiebre con la continuidad; es allí entonces donde irrumpe el acontecimiento, la ruptura, la singularidad, en vez de pensar en una constante histórica. Fue un hecho transformador que desencadenó varias respuestas a un mismo conjunto de dificultades, desde cambios discursivos: se pasó de hablar de “violencia pasional”, para referirse a “violencia hacia/contra las mujeres” o, más recientemente, como “violencia de género” y “femicidios”, hasta cambios en las prácticas. Es a partir de ese acontecimiento cuando apareció la violencia hacia las mujeres como un problema público del que el Estado tenía que hacerse cargo. Surge como problema cuando empiezan a construirse saberes mediante la publicación de artículos y libros, y con la realización de conferencias y debates al respecto. También cuando se plantea como problema al Estado por parte de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil. La idea es ver cómo el problema de la violencia hacia las mujeres aparece como objeto problematizado de pensamiento, y cómo se buscarían soluciones que aportaran una o varias respuestas.

Este caso se constituyó como emblemático, “por la eficacia para extender los márgenes de lo discutible en la esfera pública en un momento determinado y por la legitimidad que aportó a la violencia hacia las mujeres como cuestión política” (Laudano, 2010: 92); y porque, paulatinamente, ayudó a borrar la línea divisoria entre lo privado y lo público en cuanto a la especificidad de una violencia que se descubría como ancestral en la sociedad.

Allí donde nos sentimos bastante tentados a una constante histórica, o a una característica antropológica inmediata, o también a una evidencia que se impone de manera igual para todos, se trata de hacer surgir una “singularidad” (Foucault, 1982: 61).

En el año 2015 se sucedieron una serie de casos de femicidios continuos y crueles, especialmente de mujeres jóvenes, los cuales constituyeron un nuevo quiebre que dio lugar a un nuevo acontecimiento: el colectivo #NiUnaMenos.

2.1.1 El colectivo #NiUnaMenos

Fue a partir de esos casos que se sucedieron que un grupo de mujeres periodistas, escritoras e investigadoras de los medios de comunicación decidieron organizar reuniones para reflexionar sobre los feminismos y el campo cultural mediante un ciclo de lecturas en la Biblioteca Nacional, con el objetivo de generar conciencia y participación sobre violencia de género, trata y femicidio[2].

Cuando en el mes de mayo de ese año, Chiara Páez, una joven de 14 años, embarazada, fue encontrada brutalmente asesinada y enterrada en el patio de la casa de su novio en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe, el grupo de mujeres de la Biblioteca Nacional decidió alzar su voz y realizar una convocatoria para denunciar la situación de emergencia por los femicidios en el país, tanto en la esfera privada como en la pública. Este caso marcó un límite a la seguidilla de mujeres asesinadas. Fue entonces que se decidió convocar para el 3 de junio de ese año a una movilización frente al Congreso Nacional. Ahí nació el colectivo #NiUnaMenos[3].

Gracias a la inmediatez de las redes sociales, la convocatoria se hizo más sencilla. Hubo una rápida apropiación en la sociedad por los casos que se dieron a conocer, por las formas en las que aparecieron los cuerpos, relacionadas con el desprecio y con el mensaje de que las mujeres son objeto de descarte. Rita Segato (2014) plantea que la manera en que la violencia se escribe privilegiadamente en los cuerpos de las mujeres amenaza al colectivo en su conjunto. Según la autora, es una violencia que habla, que transmite un mensaje de impunidad y que en su modo truculento expresa ese poder de dominio y captura sobre los cuerpos de las mujeres; su destrucción con exceso de crueldad, su despojo hasta la última señal de vida y su tortura hasta la muerte. “La rapiña que se desata sobre lo femenino se manifiesta tanto en formas de destrucción corporal sin precedentes como en las formas de trata y comercialización de lo que estos cuerpos puedan ofrecer, hasta el último límite” (Segato, 2014: 17).

La historia de Chiara Páez puso en la agenda toda una serie de historias de muchas otras mujeres a las que les había pasado lo mismo. Desde la página web de #NiUnaMenos se autodefinen como “un grito colectivo contra la violencia machista (…) porque en Argentina cada 30 horas asesinan a una mujer sólo por ser mujer”. No obstante “el escándalo social que se produce respecto de algunas situaciones límite de violencia contrasta con una gran tolerancia social −y en ocasiones, absoluta indiferencia− frente a la violencia cotidiana que viven las mujeres” (Rodigou Nocetti, 2009: 84). Asimismo, no todas las integrantes del #NiUnaMenos están de acuerdo con la legalización del aborto o con temas relativos a las identidades de género; es decir, muchas no entran en contradicción con otros valores patriarcales de la sociedad y sus poderosas instituciones religiosas.

A la primera movilización asistieron unas 350 mil personas; entre ellas, numerosos/as políticos/as que se fotografiaron con el cartel. Desde el colectivo se impulsó entonces la campaña #DeLaFotoALaFirma, para que el espectro político se comprometiera a trabajar en torno a la problemática, en función de lo cual el colectivo fijó medidas importantes de políticas públicas en materia de violencia de género; las que requerían la creación de instancias de monitoreo y seguimiento para su efectivización. Exigieron:

  • la puesta en marcha en su totalidad del Plan Nacional establecido en la Ley Nº 26.484, con la asignación presupuestaria correspondiente;
  • la recopilación y publicación de estadísticas oficiales de violencia hacia las mujeres, en las que se incluyan los femicidios, para posibilitar el diseño de políticas públicas profundas, efectivas y duraderas;
  • la apertura de oficinas de violencia doméstica en todas las provincias;
  • garantías para la protección de las mujeres mediante el monitoreo electrónico de los agresores, para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento impuestas por la justicia;
  • el acceso a la justicia de las mujeres a través del patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial;
  • la creación de refugios y hogares de día;
  • la incorporación y profundización de la educación sexual integral con perspectiva de género;
  • la capacitación en violencia hacia las mujeres al personal del Estado de todo el país (especialmente a agentes de seguridad, operadores/as judiciales, docentes y a todos/as aquellos/as que trabajan con la problemática).

El impacto de #NiUnaMenos llevó a la administración que inauguró su mandato el 10 de diciembre de 2015 a presentar, en julio de 2016, un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019), gestionado por el Consejo Nacional de las Mujeres (este punto se desarrolla en el capítulo 3).[4]

En lo que respecta a dispositivos de atención, se contemplan los Hogares de Protección Integral (HPI) con dos variantes, de acuerdo con el nivel de protección que se requiera en función de la población que reciben. Los del nivel I se refieren básicamente a refugios, para salvaguardar la integridad física de cada mujer. Los HPI de nivel II tienen como objetivo proveer de herramientas para la reinserción social adecuada. Se prevé que los HPI de nivel I y II formen parte de la Red Federal de Hogares, “que tendrá como premisa constituirse como un recurso para aquella mujer que, previa evaluación de su situación y consentimiento, requiera desplazarse a otra jurisdicción o provincia. Por otro lado, esta Red será un espacio de intercambio de experiencias por parte de las trabajadoras de estos dispositivos y de continua construcción de estándares mínimos de actuación” (PNA, 24). El Plan se propone relevar la situación de los hogares/refugios existentes, refuncionalizarlos, implementar protocolos de ejecución y gestión, y la creación de 36 nuevos HPI (PNA, 88). Asimismo, incluye una propuesta de Herramienta de Registro, cuyos objetivos centrales se refieren a:

sistematizar información relevante sobre los casos para el trabajo de registro y seguimiento interno del personal a cargo de los Hogares; considerar las condiciones de egreso, a partir de la articulación institucional; indagar sobre las fortalezas y debilidades a nivel institucional de las diferentes experiencias y modalidades de funcionamiento de los hogares; socializar estrategias para optimizar los servicios que brindan, a fin desfavorecer el acompañamiento y el intercambio entre los distintos Hogares (PNA, 143).

El PNA menciona que los HPI estarán conformados por un equipo interdisciplinario, al igual que “los denominados Centros Integrales de la Mujer de la Capital Federal, las Áreas Mujer en la provincia de Buenos Aires, Centros de Atención a Mujeres en otras provincias del país como Jujuy y Santa Cruz” (PNA, 25). Este es el único lugar donde se menciona a dispositivos diferentes a los HPI.

Rápidamente, la consigna #NiUnaMenos fue replicada por grupos similares a lo largo y a lo ancho del país, por mujeres autoconvocadas que se sintieron interpeladas por la problemática. Fue así como siguieron otras manifestaciones (Cuadro Nº 1), también multitudinarias, contra la violencia de género y los femicidios, por el aborto legal, contra la justicia machista, contra la desocupación y la pobreza que afectan una y otra vez a las mujeres, especialmente a las más jóvenes.

Cuadro Nº 1: Acciones de #NiUnaMenos por fecha, convocatoria y consigna. Años 2016 a marzo de 2018

AÑO

DÍA

ACCIÓN

CONVOCATORIA y CONSIGNA

2016

3 de junio

Marchas nacionales (desde el Obelisco a Plaza de Mayo). También en Perú y México. Vivas nos queremos.” Colectivos #NiUnaMenos de cada país junto con otras organizaciones.

 

19 de octubre

 

Paro Nacional de Mujeres: paro de actividades entre las 13 y las 14 horas en el lugar de trabajo y concentración desde las 17 horas en el Obelisco y marcha a la Plaza de Mayo.

También en 17 países de América Latina y el Caribe.

Contra los femicidios, con el lema #NosotrasParamos, #NiUnaMenos y #VivasNosQueremos.

Disímil apoyo del movimiento sindical: adhirieron dos fracciones de la Central de Trabajadores Argentinos −la de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) y de los Trabajadores Argentinos (CTA) (Di Marco, 2011)−, pero la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género de la CGT realizó una “jornada de reflexión y lucha” −no huelga nacional.

 

25 de noviembre

Manifestaciones en 138 ciudades de la Argentina y en Chile, México, Uruguay, Bolivia, Honduras, Perú, Guatemala, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos. También hubo actos en España (Madrid, Barcelona y Alicante) y en Francia.

Conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. #NiUnaMenos y otras organizaciones feministas.

2017

8 de marzo

Paro Internacional de las Mujeres. Se realizó en Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Camboya, Chad, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Escocia, España, Estados Unidos, Fiji, Finlandia, Francia, Guatemala, Honduras, Hungría, Irlanda del Norte, Israel, Italia, México, Montenegro, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, República de Irlanda, Rusia, Suecia, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela.

 

 

Día Internacional de la Mujer: #NosotrasParamos. Organizado en forma transnacional.

Convocatoria: contra el patriarcado y el neoliberalismo (realizada un día después de una concentración de la central obrera y de su negativa a llamar a un paro general).

Consignas: paro general y paro internacional para denunciar las desigualdades económicas y políticas entre mujeres y varones, además de la violencia machista y femicida contra las mujeres.

Adhirieron la CTA de los Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Campaña por el Derecho al Aborto Seguro y Gratuito, Voces contra la trata, partidos políticos, autoconvocadas, lesbianas, trans, trabajadoras sexuales, familiares de víctimas de femicidio, docentes, universitarias y alumnas de secundarios, mujeres de pueblos originarios, entre otras. La convocatoria fue masiva.

 

3 de junio

Concentración y marcha desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo.

Denuncia contra la represión policial a militantes que participaban en marchas feministas y fuertes reclamos al Estado por la falta de respuesta a los pedidos planteados desde el año 2015.

 

25 de noviembre

Manifestación hasta la Plaza de Mayo.

Reclamo por la libertad de Higui, y de Milagro Sala.[5]

Lectura de un documento consensuado por las organizadoras en el que las demandas se centraron más allá del maltrato y los golpes en el hogar. Lo personal es político. Se denuncia y responsabiliza al Estado en el tema y al gobierno por el recorte presupuestario hacia las políticas públicas para la erradicación, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. Se volvieron a denunciar la precarización laboral, el ajuste económico, los tarifazos y las políticas de recortes y ajuste, los cuales feminizan la pobreza.

2018

8 de marzo

Paro Internacional de mujeres, travestis, lesbianas y trans. Más de medio millón de mujeres se movilizaron en el marco del segundo Paro Internacional de Mujeres, que se realizó en, al menos, 57 países. En Argentina, el reclamo por la legalización del aborto, seguro y gratuito estuvo fuertemente presente, ya que en las semanas siguientes se comenzaba a debatir el tema en el Congreso de la Nación.

Aborto legal ya; basta de ajustes y despidos; #VivasNosQueremos.

“Si las mujeres paran, se para el mundo”.

“Paramos porque somos parte de una historia colectiva e internacional”.

“Paramos porque hacemos visible el mapa del trabajo en clave feminista y porque hemos tramado en asamblea alianzas transversales entre los distintos conflictos”.

“Paramos porque exigimos aborto legal, seguro y gratuito”.

“Paramos para defender nuestras disidencias sexuales y de género”.

“Paramos para decir basta a las violencias”.

“Paramos para denunciar que el Estado es responsable”.

“Paramos porque exigimos un Estado laico”.

“Paramos y construimos el movimiento de mujeres como sujeto político”.

Fuente: Elaboración propia con base en noticias periodísticas.

Desde el surgimiento de #NiUnaMenos, el reclamo y las marchas se replicaron por todo el país. Di Marco (2017) indica que la consigna impactó fuertemente en partidos políticos de signos muy diversos, movimientos sociales, organizaciones sindicales, sectores religiosos, empresarios, etc.; muestra de ello es que las imágenes que identifican al #NiUnaMenos pueden ser halladas en dependencias oficiales, negocios y hasta en alguna parroquia, ya que muchas/os pueden solidarizarse con el dolor de las víctimas y sus familiares y pueden cuestionar o denunciar a los varones violentos. La autora refiere que

más allá de la intencionalidad de la convocatoria por las redes sociales, percibo que en el imaginario colectivo esta tremenda demostración quedó asociada con el dolor de las víctimas, las mismas mujeres, sus hijos y familiares de las muertas, más que con el rechazo a la cultura patriarcal (Di Marco, 2017: 21).

En tal sentido, Di Marco expresa que #NiUnaMenos se extiende por todos los ámbitos porque, al no ser cuestionados la familia ni los valores tradicionales del patriarcado, no se produce una distinción entre feministas o patriarcales; hay un factor común que las convoca y los sectores e iglesias tradicionales no consideran amenazadas sus posturas ideológicas. En cambio, estos mismos sectores son muy críticos con respecto a la legalización del aborto, a los ENM, a las marchas y acciones que cuestionen los valores e ideologías conservadoras, patriarcales y neoliberales. Para dichos sectores, solo los casos de extrema violencia −crímenes crueles que estallan en los medios de comunicación− son objeto de indignación; no hay ningún cuestionamiento a las violencias cotidianas presentes en cada día de las vidas de las mujeres.

El concepto de pueblo feminista (Di Marco, 2011, -ya mencionado en el capítulo 1, apartado 1.3- es una herramienta para pensar el punto de anudamiento que se da cuando las mujeres en movimiento se cruzan con el movimiento de mujeres y viceversa.

Los feminismos, en articulación con los feminismos populares, potenciados por la participación de mujeres en diferentes espacios de lucha y especialmente en los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM), desde mediados de los años 90, junto con otros actores, constituyen el pueblo feminista, cuyo núcleo está formado por mujeres, lesbianas, gays, travestis, trans-sexuales, intersexuales, en lucha en torno a su ciudadanía plena. Los varones antipatriarcales forman parte de este pueblo, al asumir las luchas feministas (Di Marco, 2017: 3).

Se trata de mujeres populares que no se habían definido como feministas pero que se articulan con el movimiento feminista en torno a las diferentes protestas. Así, para la autora, se enfrentan dos proyectos antagónicos, uno como campo ofensivo, de lucha y de posibilidades democráticas; y el otro, contraofensivo, que se resiste a la emergencia de nuevos derechos.

En el caso de #NiUnaMenos, las acciones de las mujeres −articuladas con el movimiento más amplio de mujeres y el feminista− se dirige hacia la politización de lo privado. La politización expresa que, si bien cada una de las mujeres puede vivir individualmente la violencia, también puede inscribir su experiencia en la de muchas otras que atraviesan la misma situación y cuyo dolor o sufrimiento tiene que ver con un modo en que la sociedad estructura esa experiencia. Al decir de Pecheny, “la politización implicaría de alguna manera reconocer esa matriz estructural e histórica en las cuestiones relativas a la sexualidad” (s.f.: 11).

#NiUnaMenos desplegó acciones con estrategias creativas y articulaciones a nivel local, nacional y transnacional (paro internacional del 8 de marzo) que manifestaron el relevo generacional del movimiento feminista. De a poco, #NiUnaMenos fue engrosando las filas del pueblo feminista, al relacionarse −a escala nacional y trasnacional− con otros movimientos en su afán de lograr constituirse y articular sus posibilidades contrahegemónicas de una forma permanente (Di Marco, 2017).

Una de las claves para garantizar el éxito del #NiUnaMenos ha sido el proceso de difusión que desplegó y el modo en que ha interrogado a la política. Con cada una de las movilizaciones y acciones de #NiUnaMenos se van produciendo saltos cualitativos en sus demandas: primero se centró en hacer visibles los casos concretos de violencia hacia las mujeres, con las siempre insuficientes respuestas concretas desde los servicios del Estado y de muchas ONG, para luego comenzar a intranquilizar a los sectores conservadores reclamando derechos relacionados con la ciudadanía sexual: la visibilización de los mecanismos de sujeción y discriminación que pesan especialmente sobre los cuerpos de las mujeres, garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y al aborto, a relaciones libres de abuso, coerción, violencia, discriminaciones y prejuicios por identidad de género o identidad sexual; como también de clase o etnia; por orientación sexual, edad y discapacidad. Se está ante el concepto de “acontecimiento” o “problematización” propuesto por Foucault; una forma de experiencia límite a partir de la cual se comienza a cuestionar lo instituido hasta ese entonces. La política resulta interrogada sobre lo que tiene que decir acerca de los problemas a los que se la está confrontando. El éxito del #NiUnaMenos no tuvo que ver solamente con la visibilización de los casos de violencia hacia las mujeres, sino con la manera en que los movimientos de mujeres y feministas han enmarcado la violencia y realizado estrategias de difusión y campañas que lograron ser aceptadas por sectores que antes no participaban en dichos movimientos. Aparecieron condiciones de aceptabilidad para que eso se diera, y con respecto a la violencia hacia las mujeres, el caso Monzón y el #NiUnaMenos después, abrieron una puerta para que ello sucediese.

La violencia hacia las mujeres como problema social, político y de derechos humanos quedó evidenciada más que nunca a partir de la instalación del tema en la agenda pública por el caso Monzón y, años después, el #NiUnaMenos.

2.2 Dispositivos de intervención en la problemática de las violencias contra las mujeres

Se toma la noción de dispositivo elaborada por Michael Foucault (1984), como la relación entre componentes o elementos institucionales. Este autor considera que la articulación entre esos elementos heterogéneos (discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas) permite tanto justificar como invisibilizar una práctica y “darle acceso a un nuevo campo de racionalidad” (1984:129). Por lo que el dispositivo tampoco se reduce solamente a las prácticas discursivas, sino a las no discursivas, y que la relación, la articulación entre ellas, es una condición sine qua non.

Para Foucault, los discursos se hacen prácticas por el pasaje de los individuos por los distintos dispositivos durante sus vidas, los cuales producen formas de subjetividad al inscribir en sus cuerpos modos y formas de ser, pero no cualquier manera de ser. Lo que estos inscriben es un conjunto de praxis, saberes, instituciones, cuyo objetivo consiste en controlar, administrar, gobernar, orientar, dar un sentido que se supone útil a los comportamientos, gestos y pensamientos de los/as sujetos. En segundo lugar, se refiere a la naturaleza de esa red, del vínculo que puede existir entre esos elementos heterogéneos, por lo que el discurso puede aparecer tanto como un programa institucional o, por el contrario, como un elemento que justifique e invisibilice una práctica, al permitir un juego de las variaciones de posición, de los cambios de funciones, las cuales pueden, a su vez, ser muy diferentes.

Para el autor, el dispositivo es de naturaleza esencialmente estratégica; no es algo abstracto, sino que se halla siempre inscrito en un juego de poder-saber, “lo que supone que se trata de una cierta manipulación de relaciones de fuerza, bien para desarrollarlas en una dirección concreta, bien para bloquearlas, o para estabilizarlas, utilizarlas, etc.” (1984: 128) Y en tanto red, está situada históricamente. En tercer lugar ubica al dispositivo como algo cuya función tuvo, en un momento histórico dado, la de responder a una urgencia. Su emergencia siempre responde a un acontecimiento, que es el que lo hace aparecer, y a partir del cual modifica un campo previo de relaciones de poder.

A los efectos de brindar atención a las mujeres se han implementado, instituciones de encierro para las mujeres, sus hijas e hijos, para protegerlas de sus agresores: las casas-refugio (este punto se desarrollará en el apartado 2.2.1 de este capítulo). Una vez que la mujer decide salir de su hogar en búsqueda de ayuda, el organismo responsable de brindarle apoyo realiza una evaluación de riesgo de la mujer, sus hijos e hijas y decide, en caso de que sea necesaria, su derivación al refugio[6]. Se genera una situación un tanto paradójica: estas son las que están “encerradas” mientras que los varones están libres.

En el caso de Argentina, en mayo de 1993, la entonces subsecretaria de la Mujer y la Solidaridad Social de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Dolores “Loly” Domínguez, inauguró el Refugio Mariquita Sánchez, al que se refirió de esta manera:

Lo concebimos como un lugar de paso, para residir de uno a siete días, incluso con los hijos. En ese período contarán con la asistencia necesaria y la posibilidad de ver cómo encarar su problema. Es una forma de sacarlas de la casa cuando es imperioso y no arrojarlas a la calle o hacerlas permanecer en la comisaría. Es el primer refugio de esta clase que se abre en toda América Latina (Diario Clarín, 23-01-1993).

Ese fue el espíritu y objetivo de su creación, un dispositivo que diera respuesta, durante un tiempo muy breve de permanencia, a la situación de riesgo de vida en la que se encontraban la mujer, sus hijas e hijos en casos de violencia, cuando no tuvieran donde acudir. El período de permanencia era de uno a siete días, luego pasó a ser de tres meses y, en el año 2011, a partir de la implementación del protocolo de intervención en la DGM (el cual se desarrolla en el apartado 5.4.3.4) de tres meses a un año. Algunas de las mujeres que estuvieron alojadas en el Refugio Mariquita Sánchez de la DGM, que, al momento de la investigación, se alojaban en las casas de medio camino mencionaron no haber contado con información suficiente sobre los motivos de traslado al refugio y las características que presentaba la institución. Muchas veces no se las informaba acerca del lugar o de las estrategias que la institución preveía para ellas. Ambas situaciones configuran una revictimización por parte del sistema. Ejemplo de esto lo brindaron los relatos de algunas mujeres respecto de su experiencia en su recorrido por el sistema de atención que aquí se analiza:

No me explicaron cómo era el lugar, yo decía: “claro no me habrán dicho porque si no, no iba a querer ir”; me mintieron y me detuvieron a mí en vez de a ese infeliz. Era como que me mandaron a la cárcel… Yo dije “esto es Ezeiza”.[7] Porque si supuestamente si el delincuente ese es el que me pegó a mí, el que tuviese que estar adentro es él. Lo que yo no entendía era por qué el encierro y él sigue campante y feliz por la calle (Carolina, tres hijos/as).

Hay cosas que no me gustaron en el refugio. Por ejemplo… ese tan encierro, esa cosa, ¿viste?, de que no podes salir. Yo creo que tendrían que evaluar a cada persona (Lorena, madre de una hija e hijo mellizes de 8 años).

Una vez tomada la decisión de irse de sus hogares, las mujeres por lo general salen de ellos con lo puesto junto a sus hijos e hijas, sin dinero ni documentos de ningún tipo. Este escenario las coloca en una situación de gran vulnerabilidad por las pérdidas sufridas, tanto a nivel material –dinero, documentos−, como simbólico –pertenencias personales de valor afectivo−:

Cuando decidí irme entré a buscar los documentos de los chicos, la partida de nacimiento, él me los había escondido todos. Yo tenía cosas de oro, que eran herencia de mi papá, o sea, de la madre mi papá, era una cadena heredada. Yo me los había guardado y también no estaban. No está nada de las cosas de valor que yo tenía, no tenía más. Cobro el sueldo de ese mes y a los tres días cuando voy a buscar mi sueldo desapareció… me voy sin plata (Lorena).

Asimismo, las mujeres valoraron positivamente que existiera un lugar donde acudir en caso de emergencia, pero solo en relación con que es un espacio seguro donde comer y dormir “calentitas”, ya que manifestaron que algunas de las prácticas institucionales no fueron las adecuadas, especialmente en lo relativo al patrocinio jurídico y al apoyo escolar recibido para sus hijos/as. Lorena refiere al respecto:

yo creo que la parte legal del refugio no se ocuparon (…). En menos de un mes tendría que haber salido, porque yo tenía las medidas. ¿Qué sentido tiene, tener una mujer que tiene las medidas y que tiene trabajo?

(…)

Tenían el apoyo escolar. Además, como yo estaba al divino botón −porque ahí no se hace nada a no ser la comida y esas cosas−, me pasé los tres meses estudiando con los chicos. Había una maestra que iba, pero yo enseñaba más que la maestra… Pero cuando llovía no se iba, cuando hacía mucho frío no se iba… Yo le dije a la directora: “le saqué a mis hijos de un lugar violento, traerlos acá, estar tanto tiempo, y hacerles perder un año es una pena. Yo no me puedo permitir eso, entonces alguien tiene que hacer algo o yo me voy, ¿cómo se puede hacer?”.

La falta de información clara sobre los motivos del traslado al refugio, las características de encierro que presenta la institución −con medidas de seguridad más rigurosas que las de una cárcel, ya que las mujeres allí alojadas no pueden tener contacto con el exterior ni recibir visitas− hacen necesaria una reflexión crítica sobre este tipo de tipo de dispositivos de puertas cerradas.

En relación con esta situación, el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA, 2017-2019) reconoce que en la actualidad la mayoría de los HPI “se encuentran en espacios ocultos y de poco tránsito urbano”. Es por lo que se propone que las nuevas construcciones tengan visibilidad pública. Además, en el PNA se subraya la importancia de no condenar a la reclusión y al ocultamiento a las mujeres y a su núcleo familiar, sin desatender su seguridad. Se señala también que esa visibilidad ayuda a que la problemática de la violencia hacia las mujeres se difunda y a que la comunidad se involucre en el tema. En este sentido, los refugios ocultos, de puertas cerradas, no serían los más adecuados como dispositivos a implementar, pues debería garantizarse la seguridad de las mujeres sin la necesidad de que sean ellas quienes estén encerradas.

Si bien este tipo de refugios puede ser una alternativa ante una situación de alto riesgo para salvar vidas, no debería de ser la única, sino que la mujer tendría que poder elegir entre otras cuál de ellas es la que mejor se adapta a sus necesidades personales. Además, solo tendrían que ser un recurso para utilizar durante un tiempo muy acotado y en casos muy concretos, para luego ser derivadas a otro tipo de dispositivos de modalidades más abiertas.

2.2.1. Casas/albergues para mujeres en situación de violencia. Un estado del arte

Para asistir a las mujeres en situación de violencia, en los años setenta comenzó la creación y posterior proliferación de los refugios en algunos países europeos, como Inglaterra, Bélgica, Francia y Holanda, y también en los Estados Unidos y Canadá.

Gill Hague (2013) refiere que, en general, las respuestas del movimiento de mujeres en diferentes países que se comprometieron a desafiar la violencia machista en los años setenta y ochenta tomaron diversas vías, dependiendo de sus diferentes contextos estructurales, políticos y sociales. Según Rebecca Dobash y Russell Dobash (1992), en todos los países donde la causa de la liberación de las mujeres tomó vuelo, la gran movilización de ellas comenzó con la decisión de pasar de los pensamientos a la acción.

El primer albergue para mujeres, sus hijas e hijos se creó en el año 1971 en Chiswick, Londres. Esta Casa, “Chiswick Women´s Aids” –que puede ser considerada como la primera respuesta activista a la problemática de la violencia contra las mujeres− surgió de manera casi inesperada: comenzó con una campaña de protesta por la eliminación de la leche en las escuelas y terminó con la creación de un refugio para mujeres que sufrían violencia. Su fortaleza residió en no considerar la violencia hacia las mujeres como un problema individual, sino en términos de las relaciones de poder entre estas y los varones.

En este sentido, Dobash y Dobash (1992) señalan que en todos los países donde la causa de la liberación de las mujeres se expandió, la gran movilización comenzó con la decisión de pasar de las reflexiones a la acción, de comenzar a hacer algo sobre la violencia hacia las mujeres de manera práctica y concreta. Susan Schechter (1982) refiere que, si bien los programas que emergieron en los años setenta articulaban una multiplicidad de filosofías, tenían un claro denominador en común: las mujeres se enfrentaban a la violencia de sus maridos y a la indiferencia de las instituciones sociales. Esta situación propició el desarrollo de una red entre cientos de mujeres y de programas entre los Estados Unidos, Europa y Canadá. Así el movimiento de mujeres se convirtió en el propulsor del establecimiento de centros de mujeres, proyectos de apoyo y grupos de concienciación sobre la violencia contra las mujeres. Al respecto, Nancy Fraser (1989) señala que los albergues fueron pensados como lugares de refugio y concientización donde no existían diferencias marcadas entre las mujeres que llegaban y quienes las recibían. Comenta que:

Muchas de las consejeras y organizadoras habían sido ellas mismas golpeadas y muchas de las mujeres que usaban los albergues seguían aconsejando a otras mujeres maltratadas y se volvían activistas del movimiento (Fraser, 1989: 28).

En este sentido, se puede señalar que el objetivo de la estancia en los albergues implicaba un cambio en la posición subjetiva de las mujeres, que radicaba en salirse de ese lugar de “mujer golpeada”, que se culpa por la situación vivida, para ubicarse en un lugar con una perspectiva política.

Los primeros albergues constituyeron, por lo general, acciones en pequeña escala creadas y dirigidas por sobrevivientes, a menudo en casas o departamentos alquilados (Glenn y Goodman, 2015). El personal promovía una perspectiva feminista a partir de la cual se enfatizaban los fundamentos sociopolíticos de la violencia contra las mujeres y un sentimiento de hermandad entre quienes concurrían y permanecían en los refugios; además, esta iniciativa evitaba las estructuras de poder jerárquicas y trataba de permanecer independiente de la financiación externa (Rodríguez, 1988; Fraser, 1989; Westlund, 1999). Las mujeres y sus hijos e hijas a menudo vivían allí durante el tiempo que necesitaran hasta poder reconstruir sus vidas (Haaken e Yragui, 2003). Su objetivo consistía en experimentar y demostrar la hermandad entre ellas: mujeres ayudando a mujeres y mujeres peleando y trabajando juntas como iguales. Según Magrit Brückner (2016), estos primeros modelos de albergues tenían una visión y formas de trabajar que idealizaba a las mujeres y a sus habilidades de crear estructuras no jerárquicas e igualitarias. No solo se pensaba en la apertura y mantenimiento de refugios, sino de servicios integrales para las que acudían a estos albergues.

Pensados como un espacio habitacional, con posibilidad de permanencia diurna y nocturna, los albergues estuvieron destinados y preparados para responder de manera específica y exclusiva a aquellas mujeres y sus hijos e hijas que atravesaran situaciones de violencia (Ruffa, 1990: 21) y que no contaran con una red familiar o de amistades que las acogiesen junto a sus hijas e hijos; o para aquellas que, por la situación de peligro real en que se encontraban, debían acudir a lugares donde se les brindase la protección adecuada.

Fraser (1989) refiere que hacia fines de la década de los años setenta, las feministas habían logrado modificar algunas actitudes y políticas de la policía y de los juzgados y establecieron que la violencia hacia las mujeres era un tema político. Pero a medida que más y más mujeres concurrían a los albergues para salvar sus vidas, las organizaciones tuvieron que recurrir a fuentes de financiamiento para satisfacer la creciente demanda (Chang, 1992). Fraser refiere que “en varias municipalidades (…) los albergues del movimiento empezaron a recibir financiamiento del gobierno local” (1989: 28). Esta “victoria” tuvo sus costos, ya que implicó varios condicionamientos administrativos (contables, de regulación y profesionalización, entre otros), por lo que se produjo una transformación de los albergues. Para seguir recibiendo los fondos del Estado, el personal tuvo que centrarse cada vez más en resultados cuantificables, como asegurar una vivienda estable para las mujeres, hijos e hijas; que dejaran al maltratador; o priorizar el recuento de camas y la acumulación general de estadísticas, en lugar de promover el empoderamiento de las mujeres (Chang 1992; Donnelly, Cook y Wilson, 1999; Hague y Mullender, 2006). Como resultado, los albergues se entrelazaron cada vez más con las burocracias privadas y gubernamentales (Chang, 1992; Rodríguez, 1988; Goodman y Epstein, 2008). Con el tiempo, las estructuras organizativas se volvieron más jerárquicas, y el personal, más profesionalizado (Chang, 1992; Goodman y Epstein, 2008). Asimismo, el hecho de haberse centrado en responder a los financiadores influyó en la implementación de las reglas institucionales, al delimitar quienes podían −o no− ser admitidas en los albergues, o cómo debían comportarse las mujeres y sus hijos/as allí alojados para poder seguir recibiendo la financiación. Estos cambios modificaron la cultura y el contexto dentro de los cuales las mujeres fueron apoyadas en un principio. Como expresa Pilar Río Campos (2010: 133), los albergues concebidos desde un modelo feminista han sufrido transformaciones desde su creación y han sido absorbidos por las administraciones públicas, lo que supuso un cambio hacia la burocratización y la adaptación de las mujeres al sistema, antes que convertirlas en agentes de cambio social, como se pretendía en un principio. Al respecto, Fraser señala que “una división entre profesionales y usuarias suplantó el continuum más fluido de relaciones que había caracterizado a los primeros albergues” (1989: 29) y que las prácticas profesionales se individualizaron y despolitizaron, por lo que las mujeres dejaron de ser potenciales agentes de cambio social (es decir, potenciales activistas feministas), para convertirse en víctimas a las cuales hay que ayudar.

Cuando las mujeres abandonan sus hogares lo hacen, por lo general, acompañadas de sus hijos e hijas, e incluso, muchas veces, salen de ahí sin recursos de ningún tipo, por lo que las respuestas de los albergues y de las distintas instituciones involucradas tienen que ser rápidas, efectivas y especializadas, en función de iniciar el proceso de restauración y restitución de derechos para ellas, sus hijas e hijos (Ávila, 2012).

El ingreso a los albergues implica cortar abruptamente los vínculos con el afuera, pues la mayoría de las ocasiones las mujeres salen de sus hogares de forma intempestiva, sin ningún tipo de planificación, y muy pocas veces poseen comunicación con su grupo familiar o social extenso, ya sea porque sus referentes no se encuentran disponibles, por una cuestión geográfica (distancia entre el lugar donde vive la familia y donde vive la mujer con su grupo familiar nuclear), porque el maltratador las aisló de sus vínculos sociales y/o familiares; en otros casos, las familias apoyan abiertamente al varón o se niegan a tener participación o intervención activa por temor a las represalias. Asimismo, es muy importante que las mujeres estén informadas acerca del lugar donde serán alojadas, para evitarles situaciones de angustia y confusión.

Vivir dentro de estos albergues implica aislamiento del exterior; mientras que el interior se convierte en un mundo paralelo, habitado por un grupo de mujeres desconocidas entre sí. Diversas investigaciones han dado cuenta de la complejidad de la convivencia en este nuevo espacio doméstico − caracterizado por la presencia de agresión− con personas en la misma situación (Durán Sanabria, 2011). Por otra parte, las interacciones entre las mujeres y sus hijos e hijas ocurren principalmente en áreas públicas, en presencia de otras mujeres y del personal del refugio, y están considerablemente controladas por el personal y por las reglas internas de la institución (Boxil y Beaty, 1990; Krane y Davies, 2002, 2007; Cosgrove y Flynn, 2005).

El éxito de la atención depende entonces, en primera instancia, de la satisfacción de sus necesidades básicas: alimentación, salud, educación, vestimenta y transporte; así como servicios legales, psicológicos, médicos y sociales, sin olvidar el acceso a vivienda digna, formación, empleo seguro, centros de cuidado diario con horarios acordes con los de trabajo, entre otros. Solamente así se podría hablar de oportunidades reales para salir de la violencia.

Las niñas y los niños, al igual que sus madres, se encuentran afectados por la violencia y requieren, también, apoyos profesionales e integrales específicos.

Según algunos autores (Ruffa, 1990; De la Vega Sánchez, 2006; Cid Santos, 2007), la importancia de la existencia de dispositivos de intervención como los albergues, casas-refugio o de acogida radica en que, si bien estos no son la solución al problema de la violencia contra las mujeres, sí constituyen una alternativa eficaz para garantizar temporalmente su seguridad.

Pese a ello, ha sido un tema poco estudiado, ya que la mayoría de las investigaciones han sido elaboradas por las mismas instituciones que los gestionaban y, en el caso de los refugios (instituciones con modalidad de puertas cerradas), el carácter secreto del dispositivo (por razones de seguridad de las personas allí alojadas) hace que sea difícil el acceso a la información.

El primer albergue creado en América Latina fue el Centro de Convivência para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica (COMVIDA) ubicado en el estado de San Pablo, Brasil, en el año 1986 (Krenkel, 2014). En Argentina, la primera institución de este tipo fue la Casa Refugio “Mariquita Sánchez”, de la CABA, fundada en el año 1993. En Ecuador, surgieron en el año 2008 (Guerra, 2012); en Chile, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) a partir del año 2007 puso en marcha el programa Casas de Acogida.

Las investigaciones relativas al tema toman fundamentalmente cuatro direcciones: unas describen pormenorizadamente los diferentes tipos de casas, se detienen en sus historias, características y objetivos, modalidades de intervención, limitaciones, cuestiones de seguridad, tiempos de estadía, reglamentos internos, criterios de admisión, financiamiento (Ruffa, 1990; Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2001; Cid Santos, 2004; De la Vega Sánchez, 2006; Red Nacional de Refugios de México, 2009). Otras estudian las características y experiencias de las mujeres allí alojadas y las de sus hijas e hijos, tipos de violencias padecidas y las consecuencias que provocan (Snyder y Scheer, 1981; Gondolf y Fisher, 1988; Campbell, Sullivan, y Davidson, 1995; Tutty, Weaver y Rothery, 1999; Humphreys, Lee, Neylan, y Marmar, 2001; Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2004; Krane y Davies, 2007; Helfrich, Fujiura y Rutowski-Kmitta, 2008; Lyon, Lane y Menard, 2008; Ávila Jacome, 2012; Instituto de la Mujer de España, 2012; Glenn y Goodman, 2015; Condino, Tanzilli, Speranza y Lingiardi, 2016). Una tercera dirección es la que toman los trabajos que indagan en aspectos psicosociales de la residencia en los refugios y la complejidad de la convivencia (Coker, Watkins, Smith y Brandt, 2003; Bybee y Sullivan, 2005; Rebollo Sánchez y Bravo Campanón, 2005; Tallarico, Parola, Rabendo, Sanz y Sisini, 2009; Marchant Espinoza, 2014). Por último, otras han estudiado las interacciones entre las mujeres y sus hijos, las cuales ocurren principalmente en áreas comunes, en presencia de otras mujeres y del personal del refugio, como así también los controles que las reglas internas de la institución ejercen sobre ellas (Boxil y Beaty, 1990; Krane y Davies, 2002, 2007; Cosgrove y Flynn, 2005; Rebollo Sánchez y Bravo Campanón, 2005: 328).

Algunas investigaciones recientes en la región de América Latina sobre este tipo de dispositivos son las realizadas por Scheila Krenkel, Carmen Campo Moré, Leonor Cantera, Sabrina Silveira y Cibele Cunha (2015), quienes analizaron las repercusiones del proceso de acogida sobre la dinámica familiar de las mujeres en situación de violencia para conocer la eficacia de estos servicios en Brasil; Juan Pablo Marchant Espinoza (2014) investigó la vida cotidiana en cuatro casas de acogida en Santiago de Chile, desde el punto de vista de las usuarias; y Leandra Cecilia Macías Leiva (2011) problematiza y analiza cómo construyeron sus subjetividades un grupo de mujeres en una casa refugio en la Ciudad de Quito, Ecuador.

Las que se han podido encontrar referidas a Argentina son: una sobre un único refugio que funciona en la provincia de San Luis desde el año 2010, que es sostenido por una institución educativa de nivel medio superior mediante sus políticas de extensión universitaria (Loizo, Oviedo y Belgrano Rawson, 2011); un informe de la asesoría institucional a la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (DGM), llevada a cabo por un equipo del Área de Asesorías Institucionales de la Cátedra de Teoría y Técnica de Grupos de la Facultad de Psicología de la UBA entre los meses de julio de 1994 y de julio de 1996, en el cual se da cuenta de las diferentes y complejas actividades llevadas a cabo allí: “asesoramiento, capacitación del personal, supervisión, presentación de propuestas; diagnóstico y evaluación de servicios y modos de trabajos existentes, rediseño y nuevas propuestas de organización, establecimiento y optimización de la comunicación entre los diversos niveles institucionales e interinstitucionales, etc.” (Borakievich, 2001: 88); una tesina de grado donde se analizan las trayectorias de mujeres que han sufrido violencia y dejaron sus hogares (Castelnuovo Biraben, 2005) y una investigación en la que se problematizan las estrategias de intervención llevadas a cabo por tres ONG para definir y abordar el problema de las mujeres en situación de violencia, entre ellas, el refugio Casa Abierta María Pueblo de la ciudad de La Plata (Brunatti, 2006). Por su parte, la ONG de mujeres MUMALÁ realiza un monitoreo social sobre el estado de situación de la Ley 26.485 (2015) y otro del presupuesto asignado al ex Consejo Nacional de las Mujeres (2017). Estos documentos sirven de insumo para futuros estudios sobre la situación de las políticas públicas en la materia. En la medida en que se dispongan de análisis e investigaciones, se podrá avanzar en nuevas reflexiones sobre el Estado y las políticas públicas.

Contrasta esta escasísima producción con la variedad encontrada en España sobre este tipo de dispositivos: Isabel Rebollo Sánchez y Cristina Bravo Campanón (2005) escribieron un artículo sobre sus dos años de experiencias profesionales en una casa de acogida en la comunidad de Madrid; Ana Alcázar Campos (s.f.) analiza la atención que se presta en el servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía; Eva Sotomayor (2011) realiza un estudio de mujeres en casas de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer mediante grupos de discusión y entrevistas abiertas a informantes clave. Varias investigaciones han dado cuenta de la complejidad de la convivencia en este nuevo espacio (Rebollo Sánchez, Bravo Campanón, 2005: 328; Durán Sanabria, 2011).

La modalidad de instituciones de puertas cerradas, como es el caso de muchos de los refugios, resulta para las mujeres difícil de sostener, dado que al ingresar hacen una ruptura de la pertenencia a su comunidad anterior y cortan abruptamente con los pocos espacios que tienen de contención familiar, social, al igual que con el ámbito escolar de sus hijos e hijas, los que continúan con sus actividades escolares en la institución. Esto es debido a que este tipo de refugios –dispositivos de alta seguridad y a puertas cerradas− albergan a mujeres y sus hijos e hijas que se encuentran en alto grado de riesgo. Las personas allí alojadas sólo pueden salir por cuestiones puntuales, por ejemplo, para asistir a juzgados, centros de salud, etc., y siempre acompañadas por personal de la institución, lo que se traduce en un aislamiento total para las ellas y su grupo familiar.

Son lugares donde, “por su seguridad”, las mujeres, niños y niñas no pueden salir ni recibir visitas, mientras que sus agresores gozan de total libertad y continúan con sus vidas normalmente. La investigación llevada a cabo por Catherine Glenn y Lisa Goodman (2015) sobre cómo las mujeres experimentan, les dan sentido y se ven afectadas por las reglas en los refugios, señala como un componente crítico la angustia emocional que a ellas les provoca el aislamiento de sus redes sociales informales (amigos/as, seres queridos y/o familiares). En este sentido, diversas investigaciones han destacado la importancia del apoyo social informal como un factor clave para la salud mental de las mujeres (Coker, Watkins, Smith y Brandt, 2003; Goodkind, Gillum, Bybee, y Sullivan, 2003) y como elemento que reduce las probabilidades de revictimización (Bybee y Sullivan, 2005). Existe una tensión entre mantener a las mujeres seguras y permitirles permanecer conectadas con aquellas personas o redes significativas que contribuyen a su bienestar.

La mayoría de los dispositivos comparten un conjunto relativamente común de reglas. Si una mujer infringe alguna, es probable que se enfrente a algún tipo de consecuencia que, dependiendo de la gravedad o frecuencia de la infracción, podría implicar el abandono de la institución. Con respecto al tema de la convivencia, algunas investigaciones han subrayado la complejidad de este aspecto (Rebollo Sánchez y Bravo Campanón, 2005; Tallarico et al., 2009; Marchant Espinoza, 2014). La situación que atraviesa cada una de las mujeres, sus hijos e hijas alojadas en las casas, las tareas y convivencia en espacios comunes, el cumplimiento de determinadas normas, han dado cuenta de “la reproducción de la violencia entre las compañeras (…); existe dificultad de resolución de conflictos, creándose, en ocasiones, un ambiente de violencia en la casa, en el que incluyen a los menores” (Rebollo Sánchez y Bravo Campanón, 2005: 328).

Se puede pensar a los refugios en una doble inscripción, donde existen mecanismos disciplinarios y de seguridad que interactúan entre sí. De acuerdo con Foucault, “la disciplina es esencialmente centrípeta” (2006: 66), ya que funciona aislando un espacio determinado dentro del cual su poder y los mecanismos de este actúan a pleno y sin límites. La disciplina fija el control permanente y plantea un modelo al cual se debe ajustar: lo normal. Lo paradójico es que, en el caso de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, sean ellas las que están “encerradas”.

Una vez que la mujer denunció a su agresor y se evalúa que su vida corre peligro y que no tiene adónde recurrir es derivada al refugio, mientras que los varones son los que gozan de libertad. En el refugio, la mujer “es libre” en el sentido de que puede volver a su casa o a otro lado cuando lo desee, pero una vez que lo hace, rompe el contrato pactado, que establece una serie de obligaciones y prohibiciones. Entre las primeras figuran los horarios y actividades establecidos; la concurrencia a sesiones terapéuticas; la participación de las asambleas de convivencia y talleres; la limpieza −tanto de las habitaciones como de los espacios comunes−; la cocina (en forma rotativa); realizar la denunciar judicial al agresor; ocuparse de sus hijos e hijas, entre otras. Y entre las prohibiciones, mantener la confidencialidad de la ubicación del refugio; prohibir el contacto con el violento y el uso de sustancias y de la violencia. Por lo general, en este tipo de dispositivos no se aceptan personas “trans” ni con problemas psiquiátricos o de adicciones (aun cuando la gran mayoría de las mujeres adictas o con problemas psiquiátricos vienen de años de relaciones violentas).

Estas reglas operan tanto sobre la subjetividad como sobre los cuerpos de las mujeres y el de sus hijos e hijas. Por el lado de la disciplina, todo lo reglamenta. “No sólo no deja hacer, sino que su principio reza que ni siquiera las cosas más pequeñas deben quedar libradas a sí mismas” (Foucault, 2006: 67). Lo permitido es lo obligatorio, es decir, no es tanto lo que no debe hacerse como lo que debe hacerse. Mientras que, por otro lado, el dispositivo de seguridad “deja hacer”, de tal forma que la realidad se desarrolle y camine. “No deja hacer todo, claro, pero hay un nivel en el cual la permisividad es indispensable” (2006: 67). De acuerdo con Foucault, se está ante la presencia de una ideología liberal de la libertad.

A partir de las legislaciones nacionales y de las movilizaciones de las organizaciones de mujeres y del feminismo, se fue visualizando el pedido del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, lo que se ha traducido en la implementación de intervenciones de diferente índole (políticas, económicas, policiales, entre otras); pero las soluciones principales para que las mujeres salgan de la violencia se centran básicamente en la denuncia y en el reclamo de mayores sanciones penales o de control a los violentos. Estas no están orientadas a la implementación de políticas públicas integrales y efectivas que impulsen verdaderas transformaciones de las relaciones de poder existentes. Al decir de María Jesús Izquierdo, “cuando el debate sobre la violencia de género se centra en la acción de seres perturbados o desviados, y se apela a la intervención policial, judicial o psíquica, se ha renunciado o no se quiere enfrentar la dimensión estructural de la violencia” (2007: 223). Es decir, se insiste, el problema se centra en el agresor y se niegan los aspectos estructurales de las desigualdades de género al ubicar a las mujeres como víctimas, seres dependientes que necesitan protección.


  1. Aunque en esa época no existían organismos que llevaran datos estadísticos sobre el tema, hay información publicada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Comisión la Mujer y sus Derechos (Vain, s/f).
  2. Entre las que se encontraban Marcela Ojeda, Florencia Etcheves, Ingrid Beck, Hinde Pomeraniec, Vanina Escales, Soledad Vallejos, Florencia Alcaraz y María Pía López.
  3. La poetisa mexicana Susana Chávez escribió en el año 1995 un poema con la frase “Ni una muerta más” para protestar por los femicidios en Ciudad Juárez. En 2011, Chávez fue asesinada. En su memoria se propuso llamar “Ni una menos” a una maratón de lectura realizada el 26 de marzo de 2015, y el nombre se mantuvo para la movilización del 3 de junio del mismo año.
  4. El primer PNA fue presentado para el periodo 2014-2016.
  5. Higui es una mujer que había quedado presa desde octubre de 2016 cuando, al intentar evitar ser violada, por su condición de lesbiana, por un grupo de diez hombres, hirió de muerte a uno de sus atacantes. Milagro Sala es una militante popular que llevaba, para ese entonces, más de 500 días presa por orden del gobernador de su provincia y por considerar que el tema amerita la preocupación del movimiento de mujeres, ya que reclaman que está presa por ser mujer, pobre e indígena.
  6. Por ejemplo, algunos indicadores de riesgo que utiliza la Oficina de Violencia Domestica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son: la existencia de lesiones físicas en la persona que aparece como víctima, el tiempo de exposición a la violencia, la presencia y/o el acceso a armas, la presencia de diferentes tipos de violencia, la necesidad de huir de la vivienda por razones de seguridad, el abuso de drogas y/o alcohol por parte de la persona indicada como agresora, la existencia de intervenciones judiciales previas, la celotipia, la naturalización y aceptación de la violencia por parte de la víctima, la dependencia económica, la falta de una red social que pueda servir de sostén, el aislamiento de quien se presenta como víctima, etc. (Feldman y Monferrer, 2016).
  7. En alusión a una cárcel para mujeres (Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres ubicado en el Partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires).


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