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6 Reflexiones finales

Esta tesis surgió desde un involucramiento personal en la temática y traía antecedentes conceptuales, algunos de los cuales, por la tarea misma de investigar, se fueron afianzando, pero otros se deconstruyeron en un ir y venir de aprender y desaprender. Al decir de María Antonia Gallart (1992), la investigación no surgió entonces de una “tábula rasa”, sino de una masa conceptual de teorías que ayudaron no solo a delimitar la temática a investigar sino a interrelacionar los conceptos.

Se realizó una ardua búsqueda de investigaciones para elaborar el estado del arte. La limitada investigación académica en Argentina sobre este tema muestra un vacío en el análisis de las diferentes modalidades y enfoques acerca de la atención de las mujeres, en situación de violencia y sus hijos e hijas y la necesidad de dar respuestas a preguntas tales como ¿Qué conceptualizaciones de género subyacen en las agentes encargadas de llevar adelante las políticas al interior de las instituciones? ¿Cómo es la vida cotidiana al interior de las mismas?

Se analizaron cuatro dispositivos (casas de medio camino, CIM, CMRC y la casa de ACP) pertenecientes a tres instituciones (GCBA, la Red de Mujeres y Amas de Casa del País) que surgieron como respuesta a la problemática de la violencia contra las mujeres en la ciudad de Buenos Aires, en dos barrios de La Matanza, durante diez años (2005-2015); una herramienta a la hora de pensar en forma contextualizada la implementación de la política pública para la atención de las mujeres, sus hijos e hijas en situación de violencia.

Los objetivos centrales de esta tesis giraron en dos direcciones: a) Analizar y comprender diferentes experiencias gubernamentales y de la sociedad civil, en la implementación de dispositivos de intervención en la problemática de la violencia contra las mujeres en el AMBA con especial énfasis en las casas/albergues para mujeres en situación de violencia, y en los centros integrales/casas de la mujer del primer nivel de atención; b) analizar y comprender si las agentes gubernamentales y no gubernamentales encargadas de la implementación de los dispositivos de intervención en casas/albergues para mujeres en situación de violencia llevan adelante −y de qué manera− prácticas y discursos que reproducen la situación de subordinación en la que se encuentran las mujeres.

Las citas textuales y las transcripciones de partes de las entrevistadas fueron utilizadas como un elemento de ayuda para decir de una manera más ilustrativa lo que quería expresar en ese momento y/o para introducir alguna categoría analítica (Yelin, LLovet y Ramos, 2009).

La problemática de la violencia contra las mujeres es considerada una prioridad para el Estado, tal como lo refleja el bagaje legislativo nacional y local existente en la materia. Si bien en el caso de la CABA las sucesivas gestiones en la ciudad se comprometieron a implementar políticas transversales de género, en realidad no han sido una prioridad para su gobierno, más allá de la creación de la institución mujer per se. La creación, en el año 1989, de la Subsecretaría de la Mujer y Solidaridad Social, dependiente de la Secretaría de Calidad de Vida, significó un avance en su momento. Hoy, a casi treinta años de su creación, es una maquinaria de género desjerarquizada y no financiada adecuadamente que se traduce en un déficit de las capacidades institucionales necesarias para incidir en todas las políticas públicas del resto del gobierno, como se evidenció en el capítulo 3; por lo que aún falta mucho para que la ciudad brinde una atención de calidad en la materia.

En cuanto al PIO, si bien existe la ley, y el análisis aquí realizado da cuenta de la “intención discursiva” por parte del GCBA de implementar una política transversal en la CABA, muchos han sido los obstáculos desde su creación. El PIO no es más que un subprograma dentro de la DGM, lo que refleja la falta de voluntad política por parte de las sucesivas gestiones para lograr su real implementación. Además, la comisión especial creada para realizar su seguimiento tuvo dificultades en realizar las evaluaciones correspondientes por la falta de información brindada por la DGM que diera cuenta de las acciones emprendidas al respecto durante el año 2011; asimismo, según lo referido por la Defensoría del Pueblo, desde el año 2015 la comisión no se constituye como tal.

Otros de los obstáculos se relacionan con la ausencia de una asignación presupuestaria específica para llevar adelante los compromisos de gestión, la falta de personal y de capacitaciones sistemáticas a funcionarios/as en temas de género a todas las áreas de gobierno en general y la deficiente información desagregada y homogénea en todos los efectores. Todo esto afecta la implementación de intervenciones públicas con perspectiva de género. Además, está inmerso dentro de un plan de gobierno que sitúa a las mujeres dentro del “grupo vulnerable”, lo cual no hace más que acentuar las desigualdades y los estereotipos de género al asociar las necesidades e identidades de las mujeres en función de las de sus familias, hijos e hijas, como las únicas responsables de procurar el bienestar de todos/as ellos/as. Asimismo, sostiene la creencia de que las familias son lugares donde reina el amor, la seguridad y la solidaridad, con lo que desconocen los múltiples conflictos y tensiones que allí se suceden. De esta manera, la violencia está considerada como un problema que hay que aliviar y no como fruto de desventajas históricas que se debe transformar para que las mujeres sean consideradas ciudadanas y no solamente integrantes de una familia.

Muchas de estas falencias se encuentran también en los planes presentados en esta investigación (el PNA y el Plan Integral de Género −provincia de Buenos Aires− analizados en el Capítulo 3, incisos 3.3.1 y 3.4.1 respectivamente), donde se ponen de manifiesto algunos factores en común: son planes aislados al interior de sus respectivos gobiernos (nacional y local), pues no desarrollan políticas de género transversales al interior del Estado, denotan problemas presupuestarios y deficiente información desagregada y homogénea en todos los efectores, más allá de sus particularidades.

Las casas de medio camino han sido un recurso para analizar los albergues para mujeres, sus hijos e hijas en situación de violencia en la CABA y las prácticas y discursos que allí se desplegaban. Se evidenció la ausencia del diseño de un proyecto que incluyera su planificación, un andamiaje institucional que les diera sustento (evaluaciones previas, en las que se fijen los objetivos, las modalidades de implementación, las metas a alcanzar, el impacto buscado, entre otras). No se realizaban evaluaciones de su funcionamiento. Por ejemplo, solamente se encontraron informes de las auditorías internas, pero que no analizan la política ni el dispositivo en sí en profundidad. Si bien se contaba con instrumentos para registrar y sistematizar la información estadística, no siempre se la cumplimentaba en tiempo y forma. Se suma a esto, la escasez de recursos humanos (especialmente de profesionales) y la inequidad salarial existente entre el personal por las diferentes modalidades de contratación que conviven al interior del Estado.

Asimismo, la tesis permite señalar que la poca precisión en relación con los objetivos institucionales y la escasez de lineamientos técnico-profesionales hacia el personal generaban prácticas de intervención aisladas y fragmentadas, que traían como consecuencia el desdibujamiento de la dimensión institucional y que se confundiera trabajar con mujeres con la incorporación de la perspectiva de género. Esto, sumado a la falta de capacitaciones continuas y específicas para el personal, hacía que muchas de las intervenciones estuvieran sesgadas con prejuicios y preconceptos patriarcales que omitían la complejidad de las relaciones de poder que subyacen a la construcción de la subjetividad de las mujeres, y reproducían, sin cuestionamientos, los mismos estereotipos y situaciones de opresión y subordinación en que se encontraban las mujeres a las que atendían. Los discursos acerca de la violencia hacia las mujeres y los sentidos que les daban a sus prácticas refieren la falta de cuestionamiento de su accionar, el cual muchas veces culpabilizaba y/o revictimizaba a las mujeres, centrando el problema o en conflictos personales y no en cuestiones estructurales.

En el caso específico de los albergues de puertas cerradas/refugios, el hecho de cortar abruptamente los vínculos con el afuera, al igual que con el ámbito escolar de sus hijos e hijas, la complejidad de la convivencia con las otras mujeres, el control por parte del personal y por las reglas internas de la institución, que hacen que las mujeres, niños y niñas no pueden salir en ningún momento del refugio, son factores que se hace necesario revisar, no sólo por la angustia que les provoca a las mujeres el aislamiento de sus redes sociales informales (amigos/as, seres queridos y/o familiares), sino por lo paradójico de la situación de que, mientras ellas están encerradas, sus agresores gozan de total libertad y continúan con sus vidas normalmente. En el caso específico de la DGM, las mujeres alojadas reiteradamente comentan la falta de información clara sobre los motivos del traslado al refugio y las características de encierro que presentaba la institución, y llegaron incluso a asimilarla con una cárcel.

Las denuncias realizadas por las trabajadoras de la DGM en el año 2016 se centraban en la ampliación presupuestaria y de la planta de personal especializado; o denunciaba las malas condiciones de trabajo, pero no hacía una mirada crítica a las políticas públicas que se implementan al interior del GCBA. Estas acciones de las trabajadoras pueden ser el inicio de una búsqueda por subvertir las prácticas instituidas, de acuerdo con las cuales las mujeres son consideradas víctimas a asistir en vez de sujetos de derechos. Es decir, poder denunciar al Estado como obturador de la libertad de las mujeres y reclamarle que no haga más de lo mismo, exigirle que ubique a la violencia hacia las mujeres como una cuestión política.

Esta caracterización pone de manifiesto la brecha existente entre la retórica y la práctica, como así también las resistencias de carácter ideológico-político que la igualdad de género y la autonomía de las mujeres provoca en los propios actores gubernamentales, y las actuales limitaciones e inercias de la propia gestión pública (Rico, 2008), que fueron interpeladas, desde 2015, por las manifestaciones del Ni Una Menos en todo el territorio del país, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires. A partir de entonces y para dar cumplimiento, aunque sea en forma parcial, de la Ley Nº 1688, el GCBA utilizó el disfraz de implementar una política innovadora de “gestión asociada” para la creación de los nuevos dispositivos. Situación que preocupa por varios motivos, porque se desconoce la existencia de convocatorias públicas para la presentación de proyectos y los criterios de selección de estos, las capacidades institucionales de las ONG para gestionar estos espacios y la verificación de aquellas que no tienen una trayectoria demostrable en el tema. Tampoco hay información acerca de cuáles fueron los criterios y modalidad de selección del personal. Si se tienen en cuenta los requisitos para este tipo de instituciones señalados por Velázquez (2012), ya mencionados anteriormente, referidos a que no basta con el agrupamiento de profesionales, sino que es necesario determinar un objetivo común, una forma de organización, un funcionamiento grupal, proyectos de trabajo y una guía de recursos, estos espacios pueden repetir los aspectos críticos ya analizados en los capítulos anteriores, especialmente referidos a la opacidad de los objetivos institucionales, los lineamientos técnico-profesionales escasos, las prácticas de intervención fragmentadas y voluntaristas, que coadyuvan a un empobrecimiento de la dimensión pública de estos dispositivos. Asimismo, desaparece el Estado como responsable y garante de la relación laboral y se desconoce el mecanismo de sustentabilidad, una vez finalizado el subsidio.

Con gobiernos neoliberales, determinados por nociones restringidas de la participación y democracia, las concepciones de gestión asociada lejos están de entenderse como la promoción de la participación de los/as diferentes representantes de la sociedad (político/as, técnicos/as, miembros de la comunidad, académicos/as, entes gubernamentales y ONG), a los efectos de trabajar conjuntamente en las problemáticas de la comunidad, en este caso, de la violencia hacia las mujeres, y así poder planificar políticas y planes de acción concretos. Las alianzas con ONGs con experiencia en la problemática es central ya que son las organizaciones de base las que tienen conocimientos más directos y experiencia en el territorio. Es necesario que el Estado las apoye y defina con quién, dónde y cómo se destinan los recursos estatales, en un contexto en el cual los presupuestos son insuficientes para cubrir necesidades. No obstante, espacios como las mesas locales de la provincia de Buenos Aires son lugares donde poder articular y diseñar políticas siempre y cuando no se transformen en meros formalismos burocráticos. En cambio, en la CABA, los espacios públicos deliberativos quedan en lo meramente declamativo, ya que no son utilizados para diseñar, desde una concepción participativa y democrática, políticas públicas que den respuesta a la violencia hacia las mujeres. Se utiliza el concepto de “gestión asociada” como una manera “innovadora”, “inédita” en la DGM, opuesta a las usadas hasta ese entonces, pero en realidad son palabras vacías de contenido, que para nada se condicen en su accionar, ya que no existe una construcción, implementación y evaluación de políticas articuladas, como un trabajo colectivo entre actores/as diversos/as en el que se discutan y aborden las diferentes concepciones sobre la política pública a desarrollar, la cual afecta en la vida de las mujeres y de las comunidades a las cuales pertenecen. Por el contrario, a la hora de implementar un dispositivo, lo primero que se hace es buscar un inmueble público desocupado y/u una ONG que prontamente puedan hacerse cargo de la puesta de marcha de una casa de medio camino o de un CIM (o dos, tres, cuatro, cinco), o los que hagan falta para cumplimentar la Ley[1]. Se ha llegado incluso a realizar “trasplantes” de CIM, con todo su equipo técnico −como en el caso del CIM Moreau del barrio de San Telmo al de Recoleta−, sin tener en cuenta la comunidad, el posible trabajo de base realizado desde su inauguración en el año 1991. Urgía un CIM en Recoleta… A diferencia de los centros del primer nivel de atención de La Matanza −donde las relaciones se tejen en el territorio para conformar la Red Zonal y la historia compartida es un valor en sí mismo− el GCBA adopta una modalidad de gestión asociada que denota las concepciones de las políticas públicas subyacentes, basadas en la inmediatez, el oportunismo y el clientelismo.

En el caso de las dos casas de la mujer aquí analizadas, la CMRC y la de ACP, si bien presentan más diferencias que similitudes, ambas son producto del protagonismo de mujeres militantes, líderes de sectores populares que rompieron las barreras de lo privado para involucrarse en actividades de carácter colectivo en la construcción de sus barrios, primero, y en la defensa de los derechos de las mujeres a tener una vida libre de violencia, después, cuestionando así las relaciones asimétricas de poder entre los géneros y denunciando que la violencia hacia las mujeres no es un problema personal sino político. Es decir, ambas instituciones surgieron en momentos críticos del país para trabajar en las demandas concretas de sus comunidades que el Estado no atendía. Ante la ausencia de políticas públicas en sus barrios, las acciones que emprendieron fueron, en su momento, respuestas novedosas y de promoción de la participación comunitaria, y ubicaron la problemática de la violencia hacia las mujeres como cimiento sobre el cual se edificarían las acciones de las respectivas casas. Esto se ha sostenido así en el caso de la CMRC que, además, como parte de su proceso de fortalecimiento institucional y estrategia de inserción comunitaria incorporó a los varones agresores en sus acciones.

Un factor considerado muy positivamente por Roldán y Borquez es la experiencia de la primera participación en los ENM, la cual marca un antes y un después, como una suerte de revolución interior, un viaje con sus vecinas y compañeras de militancia en el que compartir su experiencia con miles de mujeres de todo el país. Esta revolución interior representó no solo un cuestionamiento de sus roles tradicionales como mujeres en sus vidas familiares, sino introducir la problemática de la violencia y de las desigualdades de género al interior de sus propias organizaciones.

En el caso de la casa de ACP, las necesidades económicas debido a la finalización del subsidio hicieron que las acciones discontinuaran y/o se bifurcaran en temas como los comedores, el alquiler de la casa para eventos sociales, entre otros, a los efectos de obtener algún tipo de ayuda económica y de seguir teniendo, de alguna manera, una inserción en la comunidad. Este punto es crucial, y si bien son sabidos los obstáculos que tienen las ONG para sostenerse económicamente, aquí entra en juego la incapacidad para generar alianzas con el Estado y/o el desconocimiento de su función; como así también con otras organizaciones de base (redes) como una visión estratégica del territorio, que les permitiera mantener la identidad territorial y un proyecto común. Las dificultades ya mencionadas de la experiencia de ACP −si bien dejan el sabor amargo de lo que pudo haber sido la casa− implicaron para las mujeres una participación social en la vida política del barrio, lo que las ubica en un otro lugar al de haberse quedado en sus casas, ya que es una experiencia que las fortaleció como mujeres; que las ubicó en un papel de protagonistas de los cambios de su barrio, de la lucha por mejorar sus condiciones de vida y de denunciar los hechos de violencia por parte de sus compañeros. Sin embargo, los relatos acerca de las prácticas denotan la ausencia de profesionales y una tergiversación acerca de la atención a las mujeres que concurrían a la casa, ya que, en vez de realizar la derivación a la institución correspondiente según el caso, primero las atendían ellas, oficiando las veces de “psicólogas”, realizando mediaciones con los varones −como una forma de intervención válida en estas situaciones−, sin estar capacitadas para hacerlo. Finalmente, al analizar el caso ACP, un punto importante a considerar es reconocer las dificultades a las que se enfrentan las mujeres para romper con la naturalización de su rol tradicional y hegemónico en las organizaciones, por lo que su trabajo no puede ser aislado, sino en articulación con otras para potenciar sus capacidades de ejercer presión social.

De modo contrario, la CMRC, a partir de su organización en red, no sólo potenció el desarrollo de cada uno de los centros y/u organizaciones que la conforman, sino que las ha favorecido en la obtención de recursos de organismos internacionales y del Estado local y nacional. Además, el hecho de que se mantenga la misma línea política en el municipio desde el año 2005 les ha permitido tener una continuidad y profundizar el trabajo en el territorio. En el caso de las políticas implementadas de gestión asociada en La Matanza, desde la CMRC hablan más de proyectos y/o modelos de sociedad compartidos, en los que la inserción en la comunidad, el “de abajo hacia arriba”, suponen una toma de distancia de la planificación tradicional. Si bien depende del subsidio del Municipio de La Matanza para pagar los magros sueldos de los/as profesionales, el vínculo con el municipio comenzó como una relación de iguales. Esto fue así gracias al reconocimiento del trabajo que venían desarrollando en la comunidad, por lo que pudieron poner sus condiciones −armar una red de centros− y no ceder ante las exigencias del municipio de crear un refugio. Por el contrario, este accionar ubica a este tipo de instituciones como capaces de influir en las políticas públicas locales al incluir temas de su interés en la agenda pública, un actor político que demanda al Estado y al mismo tiempo lo vigila.

La CMRC está liderada por una mujer feminista y del movimiento cristiano, que convive con sus dos identidades sin renunciar a cuestiones fundamentales de la lucha del feminismo, como es la legalización del aborto en Argentina. Restaría, no obstante, analizar de qué manera y cómo todas las organizaciones que componen la Red Zonal incluyen la perspectiva de género en su accionar, como así también el grado de dependencia o autonomía con respecto a los subsidios, ya que −como se vio− ha habido rotación de los centros como miembros integrantes de la Red Zonal: preguntas sobre el porqué y el cómo dejaron de pertenecer es una tarea que no estaba dentro de los objetivos de esta tesis y pueden ser abordadas en futuras investigaciones. O cuestiones como cuando los juzgados imponen la atención psicológica en la CMRC a los hombres como instancias obligatorias para cumplir condenas por violencia hacia las mujeres: ¿será este uno de los costos que tienen que pagar por trabajar con el municipio? Se pone de manifiesto una relación desigual de poder, en la que los juzgados, como representantes del Estado, imponen y reproducen subordinaciones de género a organizaciones que, paradójicamente, trabajan articuladamente con ellos para lograr una vida libre de violencias.

La CMRC o ACP, con sus diferencias, aciertos y fracasos, por medio de un trabajo mancomunado con la comunidad muestran algunas de las aristas a considerar a la hora de implementar dispositivos de gestión asociada que superen las demandas inmediatas de los gobiernos para que prime lo común, lo comunitario, la acción colectiva fundada en los derechos, esas acciones que les dan sentido a lo público y a las políticas públicas.

En función de los cuatro dispositivos estudiados, para que la problemática de la violencia hacia las mujeres entre y se mantenga como problema político en la agenda pública, es importante que las mujeres instalen sus demandas desde diferentes sectores a) la militancia feminista y/o el activismo en organizaciones de base de mujeres, el colectivo #NiUnaMenos, con un fuerte compromiso sostenido con el territorio; b) su participación en los ENM; c) al interior del Estado a través del compromiso de los/las agentes gubernamentales para visibilizar y exigir políticas públicas integrales; d) las organizaciones de base articuladas entre sí (redes, colectivos/as, etc.), como una manera de armar el tejido social, y con el Estado.

Se ha instalado y se demanda al Estado que fabrique fordianamente refugios/casas/albergues para las mujeres, sus hijos e hijas sin analizar las complejidades de estos tipos de dispositivos. Se ignora el mundo de la vida cotidiana y de conflictos al interior de los mismos como así también la importancia de la inserción territorial. Los Planes Nacionales de Acción repiten acríticamente un modelo de atención que no consideran estos aspectos y se apela a recetas que es necesario revisar. El deseo de estas reflexiones finales es que se desplieguen nuevas hipótesis que abran puertas para la continuación de investigaciones sobre el tema, ya que mucho queda por recorrer para que las prácticas y discursos favorezcan el fortalecimiento y la ampliación de la ciudadanía de las mujeres, la reflexión acerca del respeto de los derechos y, en especial, acerca de las relaciones desiguales de género en instituciones que fueron creadas para ese fin. De esta manera, se podrán pensar modelos superadores con análisis críticos feministas, donde se respeten los derechos humanos y no se reproduzcan las subordinaciones en las que se encuentran las mujeres. Por lo que es necesario disponer de más estudios sobre el tema, que incluso contradigan los hallazgos de esta tesis y se pregunten si ¿son éstos los dispositivos más adecuados?


  1. Parece ser que es una modalidad del GCBA, ya que cuando se abrieron las casas de medio camino, si bien no fueron bajo la modalidad de gestión asociada, lo primero que se hizo fue conseguir el inmueble y luego diseñar el proyecto, tal como se desarrolló en el Capítulo 5, Apartado 5.4.4


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