Otras publicaciones:

Book cover

12-4583t

Otras publicaciones:

9789871867936_frontcover

9789877230031_frontcover

5 Los casos comparados

Como se mencionó con anterioridad, se eligieron cuatro dispositivos: dos pertenecientes al partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires: la CMRC y la Casa de la Mujer de la organización ACP de dicho partido, los CIM y las casas de medio camino: Unidad Convivencial (UC) y Julieta Lanteri de la DGM, dependientes del GCBA.

Las casas de/para las mujeres y sus hijos e hijas en situación de violencia y los CIM que aquí se analizan fueron seleccionadas con el objeto no solo de describir y discutir las ventajas o desventajas de este tipo de dispositivos, su localización geográfica, servicios, infraestructura, etc., sino para analizar también el estado de situación de algunos de los dispositivos presentes en el AMBA y reflexionar acerca de los múltiples matices que presentan.

5.1. Organizaciones barriales de mujeres. Políticas públicas

Creo que una de las características más notables del feminismo en el Conurbano es su claro carácter popular, en donde discriminación sexual, étnica y desigualdades de clase se reúnen y sobre imprimen en una misma lucha.

Marisa Fournier[1]

Esta sobreimpresión de la que habla Fournier (s/f) viene acompañada de un recorrido de las mujeres por diferentes espacios de participación, que culmina (y continúa) con la creación de espacios y la realización de acciones que den respuestas a la problemática de la violencia hacia las mujeres.

Gladys Roldán y Nelly Borquez presentan relatos de subjetividades y cuerpos que han sufrido, que han pasado hambre; que denuncian las violencias vividas por las mujeres de sus barrios. Estos constituyen una señalización de injusticia y una respuesta colectiva que se basan en las prácticas de grupos de mujeres portadoras de proyectos para cambiar sus condiciones de vida, ya sea en sus comunidades como al interior de sus organizaciones y de sus propias familias. En estas narraciones se pueden observar sus características de líderes y organizadoras comunitarias, pero −lo que es más importante aún− ya no como subalternas[2], sino como sujetos de la historia de lo que después sería el movimiento piquetero en el primer caso, y de la Red de Mujeres de La Matanza, en el segundo[3].

5.2 El caso de Amas de Casa del País (La Matanza)

El barrio María Elena está ubicado a 15 cuadras del km 26 de la Ruta 3. Posee 57 manzanas y una población de unos 15 mil habitantes (datos del diario local NCO, año 2014). Por el centro del barrio pasa el arroyo Durán y lo parte en dos, ya que solamente existen dos puentes vehiculares (uno en la calle Vírgenes y el otro en la calle Recuero). Limita con los barrios Jorge Newbery, Villa Unión y La Juanita de Laferrere, y el barrio El Porvenir, de Rafael Castillo. La mayoría de las calles son de tierra, menos las que llegan a la sala de salud, las cuales están asfaltadas, al igual que algunas perimetrales.

Mapa Nº 10: Ubicación del barrio María Elena, Laferrere
(Provincia de Buenos Aires)

https://lh4.googleusercontent.com/11E7b1FBMin4lu7-qPHNuvO8LmMoxHz1nEhufHn-iFi3zfYC4VrAvThVMaQk9aulm2k4nFKQoWDslFKSQQGiRmG-wFYeoQ89bsArjn2qEQiMJOn_C-SWhH0ktmkDY9KLcyTnjA8_iveh377Rdw

Fuente: OpenStreetMap

A partir de la década de 1980, producto del aumento de alquileres, la suba de los valores de las propiedades en la ciudad de Buenos por la reforma del Código de Planeamiento Urbano, la construcción de las autopistas y la violenta erradicación de las llamadas villas “de emergencia”, se produjo un obstáculo agudo en las posibilidades de acceso a la vivienda en los sectores populares (Díaz, Rohatsch y Sánchez, 2004). La respuesta a este fenómeno fue “la búsqueda de una nueva forma de integración y de reformulación del sentido comunitario” (2004: 4). Como resultado, se produjo una propagación de asentamientos y ocupación de tierras en La Matanza, favorecido por el tamaño de la población, la desocupación (por el cierre de fábricas) y las zonas rurales y semirrurales existentes. La idea siempre fue la de formar “un barrio y no una villa para lo cual se ocuparon tanto de lograr un trazado de calles tan ordenado como fuera posible, como de convencer a cada nueva familia de que respetara los límites del terreno al asentar su casilla” (Díaz, Rohatsch y Sánchez, 2004: 4).

El barrio tiene una fuerte práctica organizacional que les permitió a sus integrantes luchar por el acceso a la tierra, la vivienda, la salud y la infraestructura. Hoy en día cuentan no solo con luz eléctrica, sala de atención médica, escuelas, comedores, provisión de agua de una red que proviene de un tanque elevado cercano (construido por el movimiento de desocupados/as de la Corriente Clasista y Combativa –CCC−), sino que es el primer barrio autoconstruido que logró la ley de expropiación, y en el año 2017 se empezaron a entregar las primeras escrituras (información relevada en diarios locales y en documento de divulgación del Taller Libre de Proyecto Social, 2013).

5.2.1 Reconstrucciones colectivas, cuestionamientos de género

Este caso se plantea como una reconstrucción, diez años después del inicio de las luchas de un grupo de mujeres piqueteras del barrio María Elena, para enfrentar la violencia contra las mujeres y organizar un dispositivo peculiar de alojamiento, a partir del relato de una de sus protagonistas, Gladys Roldán, quien tiene una trayectoria como militante social y política desde la creación del barrio:

Mi barrio se llama Barrio María Elena, que fue muy conocido porque fueron tomas de unas tierras que estaban abandonadas… las tomó mucha gente, 57 manzanas… Mucha gente que estaba corrida en esa época, 84, 85… por los altos alquileres. Y tomamos las tierras, hicimos bien la división de las calles, cortamos la ruta por la luz, después empezamos a construir la salita del Barrio María Elena, que ahora es una sala muy importante y muy conocida acá en La Matanza. Yo pertenecía a la organización de ese barrio… era una Junta Vecinal del Barrio María Elena. Me invitaron a una reunión de la Comisión que había en esa época y me gustó. Y me enamoré aparte de un integrante de la Comisión, que es Juan Carlos Alderete mi exmarido, ahora es del PCR. Al poco tiempo nos juntamos y ahí ya entré en la vida políticaY la CCC nace en el Barrio María Elena, en la salita se reunían 5, 6, 7… después 9, 14, 28, 35, 70, 80 no entraban… Cuando fue lo de Alfonsín y la hiperinflación, nosotros hicimos ollas populares para que la gente no saliera a saquear los supermercados en esa época (Gladys Roldán, ACP).

Este asentamiento devenido en barrio se constituyó como tal entre los años 1983-1985. Siguiendo a John Beverley, se puede referir que la situación narrada por Gladys Roldán “envuelve una urgencia de comunicar un problema de represión, miseria, subalteridad (…), lucha por la supervivencia, implicado en el acto mismo de la narración” (2004: 103).

Ahí ya vimos (en la época de la hiperinflación) que a través de la crisis las mujeres sufrían mucha violencia en las casas y como que no sabía cómo tomar el tema pero que me gustaba. Tenía amigas que eran de Amas de Casa del País, me venían siempre a visitar por el trabajo que teníamos en el barrio… Conocí a las chicas por intermedio de los Encuentros Nacionales de Mujeres. Entré a la vida política, entré a conocer más a las compañeras, a participar más en los Encuentros y me empezó a gustar todo el tema de la mujer. A mí me ayudaron mucho los encuentros… mucho. ¡Me cambió la vida! (Gladys Roldán, ACP).

Si bien las mujeres llevaban adelante estrategias colectivas de supervivencia frente a la crisis que sufría el país en ese entonces, a partir de la participación en los ENM –ámbito específico de debate al interior del movimiento de mujeres− se dio un punto de inflexión. En ellos comenzaron a reflexionar acerca de la incorporación de las problemáticas y reivindicaciones de género en sus prácticas y discursos. Fue entonces cuando, al regreso de uno de ellos, las mujeres decidieron disolver la “Subcomisión de Damas” de la que formaban parte dentro de la Junta Vecinal para postularse, como los varones, para ocupar un espacio dentro de su Comisión Directiva.

Por ejemplo, el primer Encuentro que yo fui yo era de una subcomisión del Barrio Elena. Entonces en el encuentro las mujeres decían “¿por qué sos de una subcomisión? Vos tenés capacidad, vos tenés que ser de la Directiva.” Cuando vine no sabés el lío que armé. Cité a toda la Comisión Directiva y éramos como 10 o 15 mujeres que habíamos ido, a ese encuentro, el segundo encuentro, y agarramos y les planteamos que nosotras no queremos ser más subcomisión que queremos ser de la Directiva. No sabés, eso fue como dos meses de debate hasta que se tomó la decisión y entramos las 15 a la Directiva… Más 15 hombres que había… Así que Gladys entró a enloquecer ahí. Después se tenían que bancar que veníamos de los encuentros a contarles de cada taller que íbamos…hasta de lesbianismo…decían “¿falta mucho? ¿Ya terminaron?”. Trabajábamos que todas éramos importantes, que todas éramos capaces de llegar a la dirección de la organización, por ejemplo, ¿entendés? Y antes, como que los maridos no nos dejaban, no la dejaban ir a un piquete, no la dejaban ir a… qué sé yo, a una caminata. Antes caminábamos de acá hasta San Justo, de Liniers a Plaza de Mayo… (Gladys Roldán, ACP).

Esta organización colectiva fue clave para que ellas articularan demandas a favor de sus derechos; un escenario que les proporcionó confianza en el desarrollo de sus capacidades ganadas en la lucha (Di Marco, 2011). Tal vez esto haya marcado un hito en la construcción de la identidad colectiva del grupo de mujeres que, apoyadas en su trayectoria de militancia y participación política dieron un nuevo giro en la constitución de un “nosotras” que les permitió no solo hacer pública una problemática como la violencia hacia las mujeres, sino también cuestionar las relaciones de género en general; y a partir de ahí, redefinirlas. Se intenta así la activación de un trato igualitario entre los géneros, especialmente en lo relativo a la participación en las discusiones y en las tomas de decisión dentro de la organización. Esta participación de las mujeres en los movimientos sociales germinó una semilla de cambios. Chantal Mouffe (2007) señala que el concepto de hegemonía significa que todo orden social es una articulación contingente, eventual, de relaciones de poder que no poseen un último fundamento racional. Para Mouffe, la sociedad es el producto de una serie de prácticas −a las cuales denomina “prácticas hegemónicas”− que apuntan a crear cierto orden en un contexto contingente. Es decir que, para ella, las cosas siempre pueden ser de otra manera, ya que cada orden es la exclusión de otras posibilidades, las cuales expresan una particular configuración hegemónica de las relaciones de poder en ese contexto dado. El relato de Gladys Roldán da cuenta de cómo las mujeres de la CCC fueron capaces de intervenir dentro de su organización para transformar las relaciones de poder instauradas en ese momento. El orden hegemónico fue desafiado al cuestionar su lugar dentro de la organización como “Subcomisión de Damas” y comenzar a formar parte de la comisión directiva junto con los varones, como una manera de promover mayor democracia en una organización donde la igualdad y la libertad fueran valores efectivos de las relaciones sociales. Como se señaló con anterioridad, Di Marco (2003, 2011) analiza la emergencia de los diferentes movimientos sociales en la Argentina y plantea que, con la consolidación de un feminismo popular y de una alianza de mujeres de diferentes sectores sociales, urbanos y rurales, se constituyó un nuevo momento histórico en el movimiento de mujeres. La autora indica que el feminismo popular se afianzó en la Argentina a partir de la participación de un gran número de mujeres de los movimientos sociales que empezaron a entablar articulaciones con las feministas y, desde sus necesidades e intereses, trazaron sus prioridades, que podían o no coincidir con las de aquellas. Al respecto, Gladys Roldán relata cómo fue la articulación con otras mujeres a partir de la participación en los ENM. Ella habla desde una posición de triple subordinación con respecto a la hegemonía: como mujer, como mujer pobre y como mujer pobre piquetera, y refleja una forma de resistencia, como tantas otras:

Las mujeres en realidad en la Corriente, la mayoría son dirigentes ahora cuando antes los maridos no las dejaban ser dirigentes. Te imaginás que los tipos estaban que explotaban. Porque las primeras que salieron a luchar con el tema del hambre, de la desocupación, fueron las mujeres cuando los maridos se quedaban deprimidos en la cama porque se habían quedado sin trabajo. Las mujeres salieron a buscar el pan para sus hijos, ¿entendés? Y ahí hubo una crisis en cada hogar… Cuando la mujer trajo su primer platita de algún plan. O el marido se incorporaba también al movimiento o se iba, porque no se la aguantaba que las mujeres participen de alguna reunión, que las mujeres participen en una marcha. Bueno, ahora, la mayoría del movimiento de desocupados de la Corriente son mujeres, la mayoría son dirigentes, la mayoría están a la cabeza de las marchas, la mayoría son seguridad de las marchas, cuando antes la particularidad era que eran varones. Es como que las mujeres fueron avanzando, sería. Participamos en los Encuentros Nacionales de Mujeres, donde hacemos distintas actividades en los barrios para poder participar, porque viste que cada una se paga su boleto (Gladys Roldán, ACP).

He aquí el verdadero valor del testimonio: que responde a la construcción comunicativa de una praxis solidaria y emancipatoria (Beverley 2004). Una verdad personal que se expone públicamente y que se erige en la voz de un grupo, de un colectivo de mujeres que da cuenta de su experiencia. Experiencia personal y experiencia política. Las acciones colectivas de las mujeres de la CCC, como las de otras de otros movimientos sociales, se enmarcaron dentro del contexto argentino de ajuste neoliberal de los años noventa, modelo que promovió el crecimiento de la pobreza, la desocupación y la fragmentación de la sociedad.

Ellas realizaron una acción política decisiva al romper con el mandato patriarcal. No solo se aventuraron más allá de sus familias al participar en acciones que les permitieran cambiar sus duras condiciones de vida −en el sentido de conseguir el pan para sus hijos e hijas−, sino que además, la participación en los ENM les promovió, siguiendo a la teórica feminista Mary Dietz (1985), una ciudadanía participativa e igualitaria con valores democráticos al interior de la organización a la cual pertenecían, y también al de sus propias familias.

Si bien la primera motivación se relacionó con intereses que podían tener como mujeres, madres o esposas que veían a sus compañeros desempleados y deprimidos, luego estas mujeres se convirtieron en “mujeres politizadas”, no por pertenecer a un partido político, sino más bien en relación con la ampliación de la ciudadanía. Dietz plantea que únicamente cuando estas madres o esposas se politizan −y en particular cuando actúan de manera colectiva como feministas− logran asegurar políticas públicas destinadas, entre otras cosas, a proteger a los niños y niñas. Para la autora, durante este proceso de “politización”, las mujeres comienzan a darse cuenta de que no son solamente madres, sino que son mujeres con un factor en común: su situación política; es decir, que comparten con otras mujeres una situación política común. Más allá de que sean madres o no, ellas defienden valores, que no son tanto los maternales (conseguir alimentos para sus hijos e hijas, por ejemplo), sino los políticos, que desafían las cuestiones “dadas” (la libertad, el poder comunitario, sus lugares de decisión al interior de su organización, la igualdad, entre otros). En esta misma línea, Di Marco refiere que las mujeres de los movimientos “no se plantearon mayormente un trabajo asistencial ni percibieron sus acciones como una extensión de su altruismo materno, sino como parte de la lucha por la justicia social, alejándose de la construcción ideológica patriarcal maternalista” (2006: 258). Una salida del aislamiento doméstico, que provoca una participación liberadora en el espacio público y las articula solidariamente con otras mujeres en la lucha por el trabajo, la dignidad y sus derechos como mujeres. Esto les imprime una nueva identidad. Estas mujeres ya no se presentan solo como mujeres esposas o madres o por su condición de clase, étnica o cultural diferente, sino también por sus experiencias como mujeres piqueteras, portadoras de una conciencia social que antes no tenían desarrollada. Entonces, estas mujeres madres, piqueteras, de sectores populares, esposas, salieron de una única dimensión identitaria (madres o esposas) para construir otras. Se puede entonces hablar ya no de una única identidad, sino de una multiplicidad, donde la identidad personal y la social se entrelazan y aparecen en una nueva, que es lo que también les permite a las mujeres pelear por sus derechos, cuestionar sus lugares históricamente asignados y producir cambios. Al decir de Stuart Hall (2003), identidades construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzadas y antagónicas, que nunca son singulares, nunca se unifican y están cada vez más fragmentadas y fracturadas.

5.2.2 Del ingreso a ACP

Se acercaban cada vez más las compañeras de Amas de Casa, hasta que, bueno… Yo no quería en realidad integrar Amas de Casa, porque ya estaba integrando otra organización; era como traicionar a esa organización, yo sentía así. Y sí, en realidad después me di cuenta que sí, que hacía falta una organización específicamente de las mujeres. Ahí estábamos mezcladas con los varones… en esa comisión vecinal. Muchas de las mujeres que querían venir a contarte sus problemas y veían varones y no se animaban. Hasta que yo decidí armar Amas de Casa del País acá en La Matanza, así que por el año 97… organizamos Amas de Casa (Gladys Roldán, ACP).

¿Por qué la necesidad de abrir una nueva organización solo para mujeres y no continuar con el trabajo que se estaba dando desde dentro del movimiento? ¿Esto las fortaleció como grupo o quedaron débiles en el espacio de poder que ellas ocupaban dentro de la Comisión Directiva?

ACP nació en el partido de San Martín (provincia de Buenos Aires) a principios de los años ochenta, como una organización nacional que representaba las demandas de sectores medios, vinculadas principalmente con el aumento de las tarifas de los sectores públicos.

Dicen, la historia cuenta que nació en San Martín, en el distrito de San Martín, con la quema de boletas de las altas boletas que había. Ahí nació Amas de Casa, con la quema de boletas que hicieron en una plaza, de la luz, del gas… Mujeres, pero de clase media, así… ehhh, profesionales… Cuando aparecí yo… (risas), apareció otra clase de mujeres, me parece… yo, algunas cosas que escribí. Creo que cuando aparecimos nosotras apareció las mujeres que tenían hambre, las mujeres que estaban desocupadas, aparecieron las mujeres que cortaron la ruta, aparecieron otras clases de mujeres que no eran profesionales y que no tenían trabajo… Como que Amas de Casa del País hizo un cambio ahí. Si bien seguimos peleando por las altas tarifas, por la luz el agua o el gas, tomamos también el hambre, la desocupación, la falta de vivienda (Gladys Roldán, ACP).

A partir de este relato, podríamos pensar que ACP se benefició con la incorporación de este grupo de mujeres en su organización. Como así también que las mujeres, al decidir su ingreso a ACP, se fueron organizando para defender sus derechos, por un lado −en el caso citado, en protesta por las altas tarifas de los servicios−, pero también, por otro, frente a la violencia de sus compañeros. Una de las primeras estrategias colectivas que realizaron como ACP fue la toma de una escuela abandonada −la Escuela Amarilla− donde crearon un refugio para mujeres que atravesaban situaciones de violencia doméstica. Gladys Roldán señala al respecto:

Nosotros habíamos tomado la escuela, las mujeres, ¿no?… Nosotros ahí teníamos el refugio y teníamos varios talleres. Con dificultades, porque la verdad que al principio nos salió todo mal. Porque ¿qué hacían? Se instalaban (las mujeres) con muebles y todo… Como que se mudaban. Por temas de violencia se separaban… eso es uno de los errores que cometimos… y después se volvían a juntar ahí en la escuela, ¿entendés? con otro, ponele. Pero ya hacían su casa… todo, ya nos querían echar a nosotras. Fue un lío… de terror fue. Y bueno, después nos dimos cuenta de cómo tenía que ser. Que tenía que ser una o dos habitaciones, que tenían que estar todas juntas, que nada de muebles, vos no sabés lo que era, ¡hasta había motos! Bueno, eso aprendimos con los golpes… (Gladys Roldán, ACP).

Esta primera propuesta para las mujeres del barrio, con sus hijos e hijas en riesgo, surgió como respuesta a una necesidad, como una forma de brindarles protección y contención más cerca de una acción espontánea, solidaria, pero sin experiencia ni planificación. Una alternativa de salida propuesta por mujeres y dirigida a otras mujeres. Más allá de las equivocaciones planteadas, el modelo de refugio propuesto no era el convencional, de localización secreta y confidencial; sino por el contrario −y esa era una fortaleza−, se trataba de un lugar conocido y referencial en el barrio. Un espacio adonde las mujeres podían acudir en busca de ayuda. Tal vez la falta de estrategia y de objetivos claros fue lo que hizo que se desvirtuara en un primer momento el para qué del lugar y que las mujeres se instalaran o quisieran apropiarse de él como si fuera su propia casa.

Fue a partir de estas dificultades y con el apoyo de la Escuela de Psicología Social Enrique Pichon Rivière −de la cual era miembro María Conti− que empezaron a redefinir y delimitar el espacio, comenzaron a realizar talleres de prevención de violencia y a articularse con actores fundamentales, como por ejemplo, el equipo de salud del barrio, entre otros:

Ahí ¿que teníamos? Teníamos gente también de la universidad que nos venía a dar una mano, gente de fotografía que enseñaba a los chicos fotografía… En esa época teníamos ayuda de la Escuela de Pichon Rivière. En realidad, casi la línea que tenemos es de ellos. (Gladys Roldán, ACP).

Esta primera experiencia les sirvió como aprendizaje para la construcción de un nuevo refugio, ya fuera del Barrio María Elena, muy cerca del anterior. Rifkin (2007) plantea que, como las mujeres de ACP encontraban cada vez más reducido su espacio de acción en la escuela debido a las múltiples actividades que desarrollaban, comenzaron a proyectar la posibilidad de construir una “Casa de La Mujer”, a la que se sumarían nuevas actividades y proyectos.

Fue así como, al presentarse y ganar el concurso “INICIATIVAS para el fortalecimiento democrático y social” −organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Universidad de San Andrés con el financiamiento de la Fundación Ford−, en el año 2003 se estableció la Casa de la Mujer en el barrio La Juanita de Laferrere. Se financió la compra del terreno y la posterior construcción. “Hicieron un concurso donde se presentaron 500 proyectos a nivel nacional, de los 500 quedaron 20 y de los 20 ganó Amas de Casa. Era para comprar el lugar, así que tuvimos nuestro lugar propio” (Gladys, ACP).

Rifkin (2007) refiere que se enteraron de la posibilidad de presentarse al concurso un viernes por la noche y el lunes siguiente era la fecha límite para la presentación, por lo que en un fin de semana fueron capaces de movilizarse para cumplimentar todos los requisitos que se les exigían (firmas y apoyos de diferentes organizaciones y profesionales que intervendrían en el proyecto).

El espacio del anterior refugio en el Barrio María Elena fue cedido a la CCC y al momento de la investigación era la sede central del movimiento, la comisión del barrio y sus principales dirigentes, “y ellos nos pidieron prestado y se la cedimos nomás, pasaron los años y se la cedimos. Ahora le hicieron tinglado todo al patio, tienen varias oficinas, tienen un salón para reuniones” (Gladys, ACP). No solo se cedió el lugar físico sino también un lugar simbólico, un espacio referencial que estas mujeres habían ganado a partir de la toma de la escuela donde funcionaba el refugio. Rifkin (2007) plantea que las mujeres resignificaron positivamente la pérdida de dicho espacio, “recalcando continuamente la función clave que ellas tuvieron en la conquista de éste y en la decisión de cederlo (y/o a la petición de ocuparlo por parte de los/as compañeros/as militantes del movimiento de desocupados)” (Rifkin, 2007: 15). Pero tal vez, más allá de la resignificación positiva, hay que remarcar que el nuevo refugio no ha podido sostenerse como tal hasta la actualidad, como así también que ellas perdieron espacios de poder dentro de la CCC al irse de la Escuela Amarilla. Al principio, una vez ganado el concurso y construida la nueva Casa de la Mujer, las actividades se siguieron desarrollando y se construyó el nuevo refugio. Gladys la relata como una experiencia muy positiva:

nosotros cuando recién vinimos veníamos a la mañana y nos íbamos a la noche de acá, claro. Muchas mujeres decían “esto es mejor que mi casa”. Teníamos la tele, dvd, el taller de costura, la panadería funcionando… Por ejemplo, tenemos un taller de costura, ahora lo prestamos, ¿viste? Pero en cualquier momento también lo podemos traer… pero también comprar los insumos es caro. Qué sé yo si hay mujeres acá en el refugio podrían ocupar unas horas también ahí… qué sé yo… que les enseñen a coser… (Gladys Roldán, ACP).

Pero una vez que se acabó el apoyo otorgado por la Fundación Ford y el CELS para la realización del proyecto, ante la falta de recursos, las mujeres quedaron en una situación de dependencia en relación con la CCC. Al dejar el espacio también habían quedado fuera de la toma de decisiones y negociaciones como miembros de su Comisión Directiva. Todos los subsidios que recibían los percibían indirectamente, ya que era la CCC la que se encargaba de las negociaciones para conseguir la mayoría de los planes que otorgaba el gobierno en ese momento:

La CCC nos dan algunos cupos como para que estén acá (por una mujer que estaba haciendo la limpieza de la casa). Para que estén con la limpieza, si viene alguna mujer para atenderla… No mucho, creo que tenemos seis. No quiero mucho, mucho lío también, ¡eh! No quiero mucho yo. Quiero tener lo propio, lo nuestro. Los planes que tenemos de los comedores son nuestros y nos lo da nación. Desde el 2000 tenemos los comedores. Nos da una ayuda. Para comprar la carne, la verdura, todo… la limpieza… Ya que nosotros les dimos una mano, podríamos plantearles a ellos que nos incluyan y meter un proyecto de la Casa. Si no nos quieren dar las cosas o tanta plata por mes. Presentar nosotros como ACP, pero que ellos presenten nuestra carpeta. Porque ellos van a pedir el plan ese “Envión”[4] que es para la juventud, no sé q otras cosas más van a pedir. Hay una cosa de arreglos de casas, no de hacer casas, sino, por ejemplo, si te hace falta terminar el baño… (Gladys Roldán, ACP).

La estrategia de salir del barrio donde ellas habían desarrollado todas sus acciones políticas y gozaban de reconocimiento y lugares de poder tal vez no haya sido la más acertada. No hubo una reflexión lo suficientemente profunda acerca de las consecuencias de esta cesión ni acerca de la viabilidad y posibilidades de financiamiento posterior del refugio una vez que el dinero del concurso se acabara. La cesión de la escuela no fue una decisión tan buena como había parecido, ya que finalmente su acción se tradujo en términos de poder, al quedar ubicadas en una posición de dependencia con la CCC. Si bien Rifkin señala que “(l)a separación de ACP del espacio físico de la Escuela Amarilla, implica un simbolismo muy fuerte” (2007: 13) −ya que el hecho de haber ganado ese espacio implicó para muchas mujeres un quiebre al otorgarle un estado público a la problemática de la violencia contra las mujeres y otras problemáticas de género−, la realidad es que hoy el refugio no continúa y esa cesión es, en definitiva, una pérdida que frustra. ¿Hasta qué punto era un proyecto propio de ellas irse del barrio? La posibilidad de ganar el concurso les obstaculizó la reflexión en profundidad acerca de la sustentabilidad del refugio a lo largo del tiempo y de las consecuencias de abandonar la escuela.

Otra posibilidad es que tal vez la cesión de la escuela no haya sido un acto del todo voluntario, y que las relaciones de poder no fueran tan equitativas como ellas lo manifiestan; en este sentido, tal vez hayan tenido que ceder ante algún tipo de presión. Quizá eran en realidad los varones de la CCC los más interesados en quedarse con la Escuela Amarilla y, cuando las mujeres optaron por formar parte de otra organización sólo para mujeres, la “pidieron prestado” sin retorno. Parafraseando a Françoise Collin (2006), se puede decir que tanto en la creación literaria o científica como en el ámbito político, la aportación de las mujeres se la han apropiado los varones, quienes recogen sus beneficios y aparecen como los únicos agentes, tanto en el plano social, como en el cultural y en el económico. Se ve entonces cómo la lucha de las mujeres por la Escuela Amarilla finalmente fue capitalizada por los varones, y que a ellas les quedó su autorreconocimiento por la lucha y la posterior cesión del inmueble. “Las mujeres participan activamente en el cambio pero quedan siempre desposeídas de la nueva estructura de poder que de ahí deriva” (Collin, 2006: 114).

Este punto podría pensarse también en relación con la construcción de las subjetividades diferenciales en varones y mujeres. Al respecto, habría que detenerse en lo que Ana María Fernández plantea al referir que lo que hay hoy es un reciclaje de la subordinación, el cual se realiza a través del “control de las subjetividades, estableciéndose formas de tutelaje actualizadas, mucho más invisibles pero no menos eficaces” (1993: 20). Prácticas transformadoras como las de estas mujeres fueron reapropiadas por los dispositivos hegemónicos de una manera muy eficaz, con el convencimiento por parte de ellas de que eso era lo correcto. Tal vez hayan pensado que Escuela Amarilla era más necesaria para los varones que para ellas. Cuando Gladys dice –en relación con la cesión de la Escuela Amarilla− “nosotros les dimos una mano” −como si se hubiese tratado de un favor en una relación entre pares, sin implicancias políticas−, quiera señalar que ahora, la CCC debería actuar de intermediaria o intervenir para la obtención de algún proyecto para la casa. Al respecto, Fernández plantea que para analizar esto es necesario incluir la dimensión política en la construcción de la subjetividad, ya que el otro desde donde el sujeto es construido no es un otro en general, sino que es un otro en superior o en inferior situación, que produce “una imagen de sí que las limita en prácticas sociales y en prácticas de sí igualitarias con los varones” (1993: 129). La autora plantea que, en la actualidad, a medida que las mujeres consiguen mayores paridades con los varones, más se ponen de manifiesto las formas subjetivas desde las cuales se perpetúa la subordinación, “a través de múltiples y recurrentes estrategias de violentamiento de sentido y deseo que sostienen tutelajes más subjetivos que materiales” (Fernández, 1993: 22).

La falta de estrategias para conseguir financiamiento una vez finalizado el del concurso, la dificultad para articularse con otras organizaciones de La Matanza, la dependencia respecto de la CCC, entre algunas posibles causas, hicieron inviable el sostenimiento del refugio hasta la actualidad. ¿Cómo se desvaneció esa capacidad de continuar incorporando reivindicaciones de género en sus prácticas? ¿Qué pasó con ese abordaje colectivo, con esa capacidad de desafiar los límites de su propia organización? Seguramente, el costo de esas transformaciones que se estaban dando al interior de la CCC y luego con ACP era muy grande, “en tanto mueven, entre otros aspectos, los ordenamientos de poder entre los géneros” (Fernández, 1993: 120). Y la verdad es que muchas veces se torna muy difícil poder consolidar esos movimientos y espacios conquistados por el peso de la inscripción de la inferioridad.

Si bien el proyecto era para la realización de la Casa de la Mujer (que incluía el refugio), otras son las acciones que ahora las ocupan, especialmente los comedores:

A ellos les interesaba el tema del refugio (por el concurso). Toda la parte de atrás la hicimos refugio. La Casa… bueno, acá sería la base, ¿no? (refiriéndose a la base de las actividades de ACP, el cual es un gran salón que en ese momento había gran cantidad de bolsas con alimentos y artículos de limpieza para los comedores), luego tenemos los comedores, vamos a recorrer los comedores… Cada 15 o 20 días se hace una reunión general de los comedores acá… Amas de Casa tiene comedores… la CCC también tiene comedores, pero Amas de Casa tenemos en total 10 comedores y dos en capital y los demás están acá. Se pudieron mantener (Gladys Roldán, ACP).

Al referirse a las actividades que se hacen actualmente desde la casa, Gladys Roldán comenta:

acompañamos a la Corriente y nosotras también nos movilizamos por esos temas que también nos toca a nosotras que es el hambre, la desocupación, el hambre de los chicos. Pero acá, esta casa más específicamente, es un refugio transitorio para mujeres golpeadas (Gladys Roldán, ACP).

La casa sigue funcionando gracias a otras actividades (también la alquilan como salón de fiestas sociales), pero la realidad es que el refugio, más allá de que desde lo discursivo se lo nombre como si continuara existiendo, “no está en condiciones de recibir mujeres con sus hijos e hijas”. Tampoco tienen los recursos humanos ni institucionales como para brindar un acompañamiento de calidad a las mujeres en casos de violencia. En otra entrevista, realizada a Gladys Roldán y a Graciela −la tesorera y responsable de la organización de los comedores−, al preguntarle acerca de cómo intervienen con las mujeres que concurren ante una situación de violencia, respondió:

Gladys: Cuando viene acá, seguimos el trámite si se quiere separar, si quiere hacer la exclusión del hogar se hace la exclusión del hogar del hombre golpeador y la acompañamos de vuelta a su casa… que no es un trámite sencillo, ¿no? Tenés que ir y venir, ir y venir… El acompañamiento, sería… Después hay algunas que no se quieren separar, quieren volver. Y viene el marido, a veces vienen acá, conversan y se arreglan. Hay otras que se me han escapado. Se ve que se arreglan por teléfono o por mensajito y me dice ella (por Graciela): “Gladys, la señora se fue”. Y bueno, se habrá arreglado. Después cambian de opinión, por así decirlo. Vienen con la idea de separarse.

Además, refirieron que, a pesar de la falta de recursos, los juzgados les derivaban mujeres para ser atendidas en la casa.

Pregunta: Y cuando, por ejemplo, les derivan del juzgado… ¿a esa mujer ustedes le brindan el acompañamiento? ¿es el juzgado el que le brinda algún apoyo psicológico… o son ustedes desde acá?

Gladys: No, no tienen nada.

Graciela: Como que venimos a ser nosotras la psicóloga… tenemos que hacer todo. Después trabajamos mucho con la salita, que hay un psicólogo social, una psicóloga también, un médico…

Gladys: Si están golpeadas las llevamos al médico de la sala (…) Hacemos el trabajo que tendrían que hacer ellos… y no tenemos ningún financiamiento… Qué sé yo, a veces necesitábamos, qué sé yo, hasta pañales para los chicos y teníamos que poner plata entre nosotras.

Estas respuestas no solo muestran un desdibujamiento de su función institucional, sino un desconocimiento de la problemática y de los recursos existentes en La Matanza. Ellas ofician de mediadoras de la pareja, de “psicólogas”, tienen “que hacer de todo”, ya que no cuentan con profesionales ni con ningún tipo de personal especializado en el tema. No se mencionan en ningún momento los recursos disponibles de la red zonal ni del municipio y se quejan de que ellas son las que tienen “que hacer el trabajo que tendrían que hacer ellos”, pero gratis. Aunque más adelante refieren que ya el refugio no funciona:

Nosotros ahora, no es que no vienen (por las mujeres), vienen pero le decimos que no, que no podemos. Qué sé yo, tenemos los colchones sin “cotín”… Los otros días que tuvimos la reunión que te digo acá, que vinieron de todas las provincias, tuvimos que pedir los colchones prestados a la CCC, porque no teníamos ahí, camas nos quedaron tres nomás, así que las mujeres grandes fueron a dormir a las camas. Igual nos faltó, antes teníamos seis, ocho, diez camas. La madera se fue rompiendo, se fueron rompiendo las cosas, tuvimos que pedir frazadas prestadas, que antes no las pedíamos, ahora tenemos que pedir todo al Estado, estufas (…) ese muro por ejemplo (señala al jardín, una de las medianeras), se está por caer, ¿ves? (…) Teníamos hasta un sereno que lo podíamos pagar (con la plata que tenían de la compra de la casa). Pero eso tiene un techo. No había más.

El tema de las camas, de las colchas, todo eso no tenemos… Para eso es para lo que andamos buscando. Fuimos el otro día, ¿viste? y nos dijeron, “Sí, pero tienen que traer el papelito de no sé qué, anotarse en no sé cuánto”, así que tenemos que ir a La Plata a pasar todo el día entero. Porque tenés como que anotarte… (Gladys Roldán, ACP).

La falta de un mecanismo que dé continuidad financiera lleva a reflexionar acerca de las debilidades institucionales al respecto. Debilidades que hicieron que no se pudiera tener algún tipo de certeza económica que posibilitara la planificación y la articulación con otros/as actores/as para obtener los recursos que posibilitaran la continuidad del proyecto y la calidad en su atención (edilicia, profesional, etc.). El problema acá ni siquiera son los recursos esporádicos o diversos, el problema es la falta de financiamiento de la casa y su dependencia como organización de la sociedad civil con otra organización como la CCC.

El interés principal en la actualidad está puesto en conseguir dinero, como si la organización hubiera sufrido una suerte de desdibujamiento de la lucha por las reivindicaciones de género. Antes de haber ganado el concurso, ellas luchaban por sus derechos sin que el tema económico fuese un obstáculo ni una prioridad, tal vez porque su fuerza y su poder residían en la capacidad de tomar decisiones y de actuar en la comunidad para resolver las propias necesidades. No hay referencia o preguntas acerca de cuáles pudieron haber sido sus propias dificultades para sostener el lugar, o para continuar y sistematizar su trabajo con mujeres en situaciones de violencia. También se desactivó el trabajo con la Escuela de Psicología Social Pichon Rivière sostenido durante años:

Y muchos años trabajamos con la Pichón. Que tengo que ir también a verla porque siempre “¿y Gladys? ¿Gladys?”. Hicimos varios trabajos en distintos lugares. Ahora la voy a encontrar en el Encuentro, seguro. ¿Cómo se llama? ¡Ah! Ana Quiroga. Ella vino, tengo fotos acá, muchas veces vino acá. Lo que pasa es que cuando ya no tuvimos ayuda no teníamos ni para darle el viático a las chicas, imaginate que venían, casi todas son de Capital, las de Pichón. Entonces, qué sé yo… Después ellas mismas tenían que tener un trabajo, entonces esta semana no podían, la otra sí y bueno, así se fue dispersando. La relación está, a veces voy a dar charlas yo cuando me invitan (Gladys Roldán, ACP).

El personal que estaba a cargo de las acciones con las mujeres en situación de violencia no pertenecía al barrio o a la zona, sino que se trasladaba desde la CABA, por lo que, sin dinero y sin haberse dado una articulación con organizaciones locales que trabajase la problemática, fue muy difícil sostener esa labor[5]. Sumado a que era María Conti quien impulsaba y llevaba adelante la relación con Escuela de Pichón Rivière, su fallecimiento también impactó en estas acciones.

Tampoco se ve articulación alguna con el Estado en lo que respecta a implementar o sostener las actividades en la problemática de la violencia hacia las mujeres, aunque sí recibían apoyo para los comedores:

También está la impotencia… En realidad, el gobierno, ¡nada, che! ¿Cómo puede ser? Nosotros le solucionamos el problema que tienen que solucionar ellos… Acá con esto (por el refugio) y que podríamos hacer muchas más cosas. Qué sé yo… Porque las cooperativas están, pero qué hago yo si no tengo para comprar la pintura, no tengo para comprarle los materiales para acá el paredón… todo eso…, la cuadrilla viene, la mano de obra la voy a tener, pero los insumos…

Nosotros al principio teníamos hasta seis camas, ¿viste? Después llegamos a tener diez y ahora no se si tenemos dos sanas (…) Porque antes estaba todo a estrenar. Ahora no tenemos…, muebles y eso. Los colchones ya están hechos pomada. Tenemos que ver ahora, estamos viendo si conseguimos algún proyecto… algo para poder equipar… vamos a ir a la Provincia para ver si hay algo por el tema de los refugios. Pero te piden requisitos…ya fuimos la vez pasada… (Gladys Roldán, ACP).

Las palabras de Gladys Roldán ponen de manifiesto una falta de comprensión de la función del Estado. Si ellas, para recibir el anterior apoyo por parte de un conglomerado de organizaciones civiles, tuvieron que presentar un proyecto y una serie de requisitos para que este fuera evaluado y finalmente seleccionado… ¿qué le hace suponer que porque es el Estado no va a establecer requisitos a la hora de entregar un subsidio? Desde luego que este pone en práctica estrategias de control a la hora de brindar algún tipo de ayuda, pero como contrapartida, las mujeres, o sus organizaciones, obtienen algún tipo de beneficio, y seguramente es esto lo que hacen cuando gestionan ayuda para los comedores. No se tiene en cuenta al Estado, al que sitúan solamente en el lugar de la maquinaria burocrática que todo lo obstaculiza, y se pierde de vista o se subestima el hecho de que puede ser −y lo es o ha sido en muchos momentos históricos− una instancia capaz de promover la igualdad a través de la articulación con las organizaciones de la sociedad civil.

Esta concepción trajo una cierta limitación de ACP a la hora de solicitar ayuda al Estado, y de ahí la falta de mantenimiento y sustento para las actividades de la casa. Si bien se ha desplegado un discurso acerca de los derechos de las mujeres, en vez de avanzar y crecer en la implementación de dispositivos de intervención a mujeres en situación de violencias, en la actualidad no se desarrollan proyectos concretos en tal sentido, sino que las acciones se repliegan a los comedores[6].

5.2.3 Reflexiones

Este caso da cuenta de las dificultades a la hora de profundizar y sostener prácticas y discursos que incorporen reivindicaciones de género en algunas organizaciones de base de mujeres. Las preguntas que surgieron fueron: ¿qué sucedió con esas acciones y discursos? ¿A qué obstáculos se enfrentaron, que les impidieron poder profundizar sus prácticas? ¿Cómo influyeron en eso las relaciones que establecieron (o no) con el Estado, con otras organizaciones y al interior de la propia? O, si se piensa en términos de Françoise Collin (2006), ¿qué sucedió, que a pesar de haber luchado en pos de un cambio democrático al interior de su organización, ellas no solo quedaron apartadas de las instancias de decisión sino que, peor aún, fueron las perjudicadas de lo que habían contribuido a ganar? Estos son algunos de los interrogantes que surgieron a partir del análisis del relato de Gladys Roldán.

Tal como lo señala Rifkin (2007), la apropiación del espacio público por parte de las mujeres del barrio María Elena ha favorecido un replanteo de sus ubicaciones tanto en la unidad doméstica como en la social. Por ejemplo, su participación en los ENM o en los talleres de prevención de violencia brindados por la Escuela de Pichon Riviere les posibilitó cuestionar las relaciones de género en general y en sus familias en particular. Pero en la actualidad se ha producido un quiebre o depresión en ese recorrido.

La pérdida no fue solo del espacio, si tenemos en cuenta que, cuando inauguraron las nuevas instalaciones, allí funcionaban, además del refugio, los talleres de prevención de violencia, un taller de corte y confección (actualmente cedido), una panadería, una escuela de finalización de estudios para adultos y actividades en conjunto con la sala de salud del barrio.

Rifkin plantea que “es muy difícil abandonar un modelo asignado históricamente, identificarse como mujeres a partir de los propios intereses, deseos y necesidades, y no sólo a partir de las necesidades de los otros” (2007: 17). El espíritu de estas mujeres está muy bien documentado por Di Marco (2011), cuando da cuenta de lo manifestado por una de ellas: “Este refugio no va a ser clandestino, es distinto a todos, porque estamos rodeados del movimiento, los vecinos de los distintos barrios, y porque estamos dispuestas a sostenerlo” (2011: 134).

Varias cuestiones convergen a la hora de buscar explicaciones de la poca sustentabilidad de la casa en general y del refugio en particular como dispositivo de atención en la problemática de la violencia hacia las mujeres: el hecho de integrarse a una organización de mujeres y salir de la CCC, lugar donde gracias a sus luchas internas habían ganado reconocimiento y espacios más democráticos de conducción, pero quedaron apartadas de las instancias de decisión de una de las organizaciones piqueteras más importantes de La Matanza, a la cual pertenecían y de la que ahora dependen. Irse del barrio y ceder la Escuela Amarilla implicó no solo ceder en el espacio físico, sino también en el plano simbólico: el lugar que ellas representaban para las mujeres del barrio y el recurso que brindaban haciendo visible la violencia hacia las mujeres. Cedieron ante el pedido de los varones, porque encontraban ese lugar cada vez más reducido debido a la gran cantidad de actividades que realizaban, pero paradójicamente, una vez mudadas a una casa propia, más amplia y en buenas condiciones, solo consiguieron ese financiamiento.

Estas mujeres ocuparon nuevos espacios de poder y ejercieron resistencias y transgresiones al interior de la CCC; situación que creó las condiciones para una posible democratización de la organización a la cual pertenecían, pero que no alcanzó. Es decir que, más allá de los obstáculos y limitaciones de ACP, las acciones realizadas por las mujeres del Barrio María Elena en la Escuela Amarilla constituyen un camino cuyas huellas habría que retomar…

5.3 Alternativas de intervención en la problemática de la violencia hacia las mujeres en el partido de La Matanza

En este apartado, el interés está puesto en estudiar la CMRC como institución fundante de la Red de Mujeres de La Matanza (La Red) a través del relato biográfico de su fundadora, feminista y líder de base Nelly Borquez. Red, que desde el año 2006, a partir de la articulación con el municipio, permitió la creación de otra, la Red Zonal de Centros de Prevención y Asistencia a la Violencia Construyendo Ciudadanía, a los efectos de desarrollar un programa integral de asistencia a mujeres en situaciones de violencia, desde la perspectiva de gestión asociada y de género. En el año 2009 se produjo una articulación con el Estado y se realizó un acuerdo de cooperación económica a partir de la firma de un convenio municipal con la Secretaría de Desarrollo Social de La Matanza.

Se analiza esta articulación entre el Estado y esta organización de base a los efectos de visualizar si este tipo de enlace posibilita la emergencia de discursos y prácticas que faciliten la ampliación de ciudadanía de las mujeres. El caso resulta relevante en sí mismo, ya que la mayoría de las políticas y acciones se realizan de una manera aislada: la sociedad civil por un lado y el Estado por otro, llegando incluso a superponer esfuerzos y a desconocer las iniciativas de un lado o del otro.

5.3.1 Los inicios del barrio

La CMRC está situada en el barrio San Pedro de la localidad de Isidro Casanova del partido de La Matanza. Al igual que Roldán, Borquez describe cómo fueron los orígenes de los diferentes barrios del conurbano bonaerense, y de La Matanza en particular; si bien no fue una ocupación de tierras, no existía ningún tipo de infraestructura y tuvieron que luchar para conseguir todo lo necesario para vivir dignamente.

Yo soy santiagueña, me vine a los 18 años… Me vine a buscar mejores horizontes, como todo el mundo, soy producto del desarraigo (…) Fuimos unos de los primeros pobladores en este conurbano que no había nada. Este era un barrio joven, no teníamos asfalto, no teníamos luz, teníamos que traerla de la ruta que son varias cuadras, pelear por el asfalto, pelear por las casas, por todo el mundo… no teníamos nada. Éramos pocos… una casa acá, otra casa allá… un paisano en cada cuadra. Era armar como todo el mundo arma, lo que se armó en el conurbano.

(…)

Nosotros, toda esta parte del barrio, éramos todos propietarios que habíamos comprado nuestras casas en los setenta, ¿viste? Como a veinte cuotas, a 30 cuotas, por lo menos en ese momento… En lo personal, habíamos comprado un terreno con 5 mil ladrillos. O sea, todos éramos empleados, obreros, trabajadores… (Nelly Borquez, CMRC).

Por su condición de trabajadora en una fábrica textil, tuvo la posibilidad de pagar en cuotas su terreno. A diferencia del barrio María Elena, este, desde sus orígenes, se conformó como un barrio con dueños/as de tierras y de ladrillos para la correspondiente edificación.

Lentamente, cuando vino la democracia, el cura Roberto (perteneciente a la comunidad eclesial de base donde actuaba Nelly) nos decía: “llegó el momento de empezar a armar nuestro barrio”. Y así, lentamente, fuimos armando los jardines… se empezaron a formar de vuelta las unidades básicas, los comités, armamos la sociedad de fomento, armamos los centros de salud. Fuimos rearmando un tejido social, que creo que en todo el conurbano, en todo el país, fue en la época de los ochenta, cuando terminó la dictadura y vino la democracia, todo el mundo nos abrazamos a la democracia. En ese momento estudié agente sanitario, trabajaba para la atención primaria de la salud, por lo tanto éramos todos conocidos. Yo empecé a trabajar como agente de salud. Armamos el centro de salud San Pedro que está a una cuadra y media. El barrio se llamaba San Pedro, la iglesia se llamaba San Pedro y todo alrededor es San Pedro (Nelly Borquez, CMRC).

Analía Yael Artola (2009) se refiere a los comienzos de Borquez como militante en La Matanza a partir de su participación en la Sociedad de Fomento San Pedro en el año 1983, en una experiencia piloto con un equipo de trabajo con el sistema de autoahorro para poder conseguir el gas en el barrio. Tenían una jurisdicción de doscientas cuarenta manzanas, pero Borquez descubrió que donde ella vivía, al no tener un/a delegado/a para esto, no iban a tener nunca acceso al gas. Entonces, comenzó a juntar el setenta por ciento de firmas de los vecinos para que les dieran el gas y lo consiguieron; incluso, en reconocimiento por el trabajo realizado, le concedieron a todo el barrio un año de suministro sin cargo.

A veces, cuando ya ha pasado tanto tiempo y uno piensa en la Casa… la verdad la Casa no estaba en nuestra mente. Y no soñábamos con nada más que trabajar en el tema de lo que significaba una sociedad de fomento. Ahí llegué a ser presidenta en el año 1992, en un momento era secretaria, todas esas cosas que una va en la lucha…vecinos que éramos comprometidos. (Nelly Borquez, CMRC).

5.3.2 La Casa de la Mujer Rosa Chazarreta (CMRC)

La CMRC nació con el trabajo a nivel comunitario de mujeres de sectores populares que se unieron ante situaciones de crisis económicas por las que atravesaba la sociedad argentina en la década del ochenta. Como consecuencia de ello, en el año 1989 se comenzaron a realizar ollas populares. Al igual que lo señalaba Roldán, la necesidad de dar respuestas a problemáticas como el hambre y la desocupación generaron entre las mujeres nuevos tipos de organizaciones para poder sobrevivir a estas crisis.

Era la época de Alfonsín, en el 89 nos agarró la hiperinflación, creo que nosotros también somos producto de los cambios sociales y políticos… En mayo del 89 yo estaba con el equipo del Centro de Salud en Córdoba, en Alta Gracia, trabajando como agente en un encuentro nacional de atención primaria de todo el país y nos encontramos mirando por televisión y veíamos en nuestro barrio el saqueo, había gente, represión y todo así… cuando nos fuimos era un barrio y cuando volvimos encontramos otro. Se habían armado las ollas populares, nosotros nunca trabajamos con ollas populares y a través de Cáritas, de la capilla, se tomó la decisión de armar una olla popular en la sociedad de fomento. Y de golpe, viste, nos encontramos con obligaciones por 6 meses seguidos que fue devastador, fue algo que nos gastó… poder dar de comer a 800 niños, a mujeres también, a varones… ¿viste? y de la nada porque por más que el gobierno decía que te ayudaba en esa época, mentira porque te daba 2 kilos de hueso y después tenías que pedir todo y manguear. No quedó ningún árbol sano porque toda la leña… cocinábamos con leña mojada, ¿viste? Bueno… fueron muchos momentos de aprendizaje… Aprendimos a organizarnos (Nelly Borquez, CMRC).

En este relato queda de manifiesto el rol que ha jugado la Iglesia católica, a través de Cáritas, en la organización territorial ante situaciones de crisis en el país. Asimismo, este momento de aprendizaje compartido fue crucial para lo que luego serían las estrategias institucionales que desplegaron desde abajo para responder a las diferentes necesidades de la comunidad. Los diversos saberes y prácticas de las organizaciones involucradas se articularon entre sí y con el Estado (aunque solo les entregaran dos kilos de hueso) para gestionar recursos, no solo económicos. De este primer momento, de luchar para sortear una necesidad básica como ser conseguir alimentos para la comunidad, pasaron a pensar acciones que incorporaran la defensa de los derechos vulnerados de las mujeres.

Porque en esas colas largas de las ollas populares, ¿viste? que íbamos a pedir una cosa, otra, que cocinábamos… empezamos a hablar con las chicas… con otras mujeres que nos conocíamos en el barrio por la actividad, por fiestas, pero nunca hablábamos. Entonces empezamos a descubrir la vida privada y ¡oh sorpresa! Los compañeros… ¿viste? Fue un descubrimiento y creo que ahí empezamos a caminar, no lo pensamos… (…) yo y mucha gente que fundamos esta Casa y esta institución somos gente perteneciente a las redes eclesiales de base. Venimos y estamos y estoy desde una militancia cristiana. Somos parte de la Teología de la Liberación (…) hasta el día del momento seguimos militando porque después de las ollas populares trabajamos en todas las casas, nos reunimos en todas las casas. Así empezamos, así tropezamos… desde la necesidad. O sea, no es queee… lo pensamos… (Nelly Borquez, CMRC).

Al igual que en los relatos de Gladys Roldán, luego de organizarse para procurar la comida en sus hogares, el hecho de comenzar a hablar en el espacio público, alrededor de las ollas, sobre sus problemas de índole privada, fue un punto de inflexión que marcó un antes y un después en la vida de las mujeres, al darse cuenta que muchas compartían una misma problemática pero que, además, sus propios compañeros también ejercían violencia sobre las mujeres. Es así como un grupo de mujeres del partido de La Matanza, con trabajo en diversas organizaciones eclesiales de base, tuvieron la necesidad de crear un espacio donde pudieran intercambiar vivencias de sus diferentes realidades, con iniciativas y proyectos propios. Las acciones de las mujeres de sectores populares no solo fueron una respuesta social a la crisis, sino que a su vez las visibilizó en la esfera pública. Esta salida al espacio público es lo que les brindó los instrumentos para relacionar sus necesidades individuales con las colectivas.

Fue en el mismo año 1989 que, en pleno trabajo en las ollas populares, las invitaron al Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, lo que marcó un punto de inflexión en el desarrollo de sus luchas. Según Borquez, allí comenzaron a reflexionar acerca de la incorporación de las problemáticas y reivindicaciones de los derechos de las mujeres en sus prácticas y discursos. En el año 1990, el grupo realizó jornadas de reflexión en casas, capillas y asentamientos, relacionadas con temas tales como sexualidad, trabajo doméstico, trabajo, violencia, salud.

cuando nosotras volvimos del Encuentro Nacional volvimos con otra mentalidad. De ver lo que estábamos haciendo y digo: ¿qué cosa estamos haciendo? Entonces, fuimos a aprender cómo se trabaja en violencia pero también fuimos a los grupos de violencia ahí en Lugar de Mujer. Fue como una avenida de contramano, por un lado íbamos y por otro lado veníamos por nuestras necesidades. Y lo que aprendíamos, veníamos y lo poníamos en práctica. Y eso nos llevó a que lentamente tuviéramos que dejar nuestras instituciones (Nelly Borquez, CMRC).

La organización colectiva marcó un hito en la construcción de la identidad del grupo de mujeres que, apoyadas en su trayectoria de militancia cristiana y participación social, dieron un nuevo giro en la constitución de un “nosotras” que les permitió, además de hacer pública una problemática como la violencia hacia las mujeres, cuestionar y redefinir las relaciones de género en general. Al igual que las mujeres de la CCC, comenzaron a ver de una manera distinta a sus propios compañeros de la Comisión Directiva. Borquez refiere: “los creíamos tan liberadores pero eran opresores”. Bárbara Biglia y Conchi San Martín (2007) señalan que en ámbitos politizados (movimientos sociales, partidos de izquierda, etc.) existe un imaginario de que quienes pertenecen a organizaciones de este tipo no son opresores, por lo que las mujeres pueden sentirse “de algún modo inmunes o protegidas” (2007: 108).

En el relato de Nelly se refleja ese imaginario de que, en el fondo, los opresores “son unos reaccionarios y sus compañeras, mujeres débiles y sin apoyo social” (Biglia y San Martín, 2007: 108), como si existiera algo así como una garantía por el solo hecho de pertenecer a la organización. Si bien son organizaciones que trabajan por mejorar algunos aspectos de las condiciones de vida de su comunidad, no cuestionan las bases que permiten el mantenimiento de la violencia contra las mujeres. En el año 1991, el grupo comenzó a reflexionar sobre la idea de conformar una organización propia. Nelly Borquez refiere:

Nosotros la idea era ya empezar a armar una institución, una red, y pensamos armar una red de mujeres porque nosotros decíamos “bueno, vamos a hablar de género pero no salgamos de nuestra institución, llevemos el género a nuestras instituciones”, locura, ¿viste? ¿Te imaginás llevar el tema de género a una capilla, a una iglesia… por más abiertas que fuéramos, por más liberadores? ¡No!…entonces era… fue una lucha entonces en 91, 92, lentamente fuimos dejando nuestras instituciones. Yo, en lo personal, viste, terminé en el 92 con la sociedad de fomento y nos dedicamos a armar nuestra institución, que era una Red de mujeres de La Matanza, pero éramos un grupo de mujeres laburando y trabajando en el tema de género (Nelly Borquez, CMRC).

Desde el comienzo ya se pensaron como red, para impulsar y construir relaciones horizontales y vínculos estratégicos con otras organizaciones de base para compartir el objetivo de promover los derechos de las mujeres, objetivo que sentían como obturado en las organizaciones eclesiales de base a las cuales ellas pertenecían. En el año 1992 se conformó la Red de Mujeres de La Matanza, la cual ya se encontraba trabajando en la temática de violencia. En ese momento lo hacía con la modalidad de atender a mujeres, niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia, en el Juzgado Nº 2 de Menores del partido.

La Matanza fue creciendo, siempre fue un monstruo… Entonces acá se crearon los primeros tribunales, que fueron los laborales, y luego, de menores. Cuando se crea el juzgado, se inaugura el juzgado 1 y 2… ehhh… los que venían nombrados eran los jueces solamente. Entonces vino la jueza del 2, lo que hizo fue empezar a contratar su equipo técnico y entonces la jueza nos contrató (…) fue una experiencia grandísima. Nosotros trabajamos 10 años con ella acá. Después trabajamos en Morón en un juzgado de menores, creo que esto también nos dio un toque de profesionalidad y poder tener otro ritmo, ¿viste? Pero una de las cosas que uno siempre decía era poder trabajar porque no por ser comunitarios no podíamos ser de calidad, ser éticos y ser profesionales. O sea, de ahí creo que nosotros logramos trabajar siendo todos operadores comunitarios, líderes comunitarios, pudimos profesionalizarnos en el tema de la violencia y pudimos poder tener una mirada que nos sirvió hasta el día de hoy a poder tener un reconocimiento local, nacional y provincial e internacional (Nelly Borquez, CMRC).

Se puede pensar esta experiencia como una primera articulación con el Estado.

Nelly rompió con la idea de que por ser líderes comunitarias –en contraposición con un lugar profesional− sus trabajos no son de calidad. Al contrario, era consciente de que, para poder crecer como institución, debían capacitarse y ampliar sus miradas sobre la problemática como una manera de romper las barreras que limitan el crecimiento de las organizaciones −especialmente de las de base− y generar la confiabilidad en liderazgos comunitarios, profesionales, éticos y de calidad.

El hecho de dejar sus instituciones de origen para formar una propia fue el puntapié inicial que les dio la posibilidad de llegar a convertirse en lo que son hoy, una organización capaz de negociar proyectos y políticas con el Estado sin renunciar a su autonomía. Borquez lo explica así:

Nos dicen que no tenemos que trabajar con el Estado. Pero, ¿con quién vamos a trabajar? Para mí Duhalde es gobierno. Pero los recursos que tiene son los del Estado. Son nuestros. Y entonces los tenemos que usar. Pero ¿cómo los usamos sin quedar pegados con un gobierno? Para eso nos juntamos, para eso discutimos y para eso evaluamos (Vasallo, 1995: 12).

A diferencia de Roldán, Borquez tiene en claro cuál es el rol del Estado y puede diferenciarlo del de los gobiernos de turno. Entiende que ellas son parte del Estado y de sus recursos, y que la red es la herramienta válida para lograr acuerdos, dialogar, diseñar políticas y ejecutar acciones, “Para eso nos juntamos, para eso discutimos y para eso evaluamos”.

5.3.3 “Nacimos enredadas”

En el año 1993, la Red de Mujeres de La Matanza fue reconocida como Asociación Civil con Personería Jurídica, con domicilio en Isidro Casanova. Trabajan de manera descentralizada, en aquellos lugares donde son aceptadas, realizando grupos de autoayuda para mujeres (en tribunales laborales y de menores del fuero judicial de La Matanza, en el Hospital Paroissien, en el Patronato Español –sede de las Comunidades Eclesiales de Base [CEB]−, en capillas y casas particulares).

Y el plus nuestro es haber nacido enredadas. Que veníamos de los comedores populares, que éramos agentes sanitarios, que éramos miembros de la comunidad eclesial de base… Es decir, nacemos en redes articuladas. Armar una red no nos fue difícil. Tenemos una articulación real (Nelly Borquez, CMRC).

Cuando Alejandra Vasallo (1995), en una entrevista, le preguntó a Borquez qué era para ella La Red, Nelly refiere:

Una red es una unión de puntos unidos por una misma línea, que nos podemos cruzar desde el Evangelio, desde una temática de género, desde las situaciones de violencia. Creo que más que nada, lo que nos cruzaba era nuestra propia vida (…). Muchas de nosotras habíamos sufrido violencia, éramos cabeza de familia, algo nos había sucedido. La Red, entonces, fue de alguna manera el resultado de las vidas personales: creo que nunca planificamos hacer una red de mujeres. Se dio. Lo que tal vez planificamos es tener una sede, por ejemplo. (Vasallo, 1995: 10-11).

Un paso fundamental fue la compra de una casa como sede, que se dio a partir de ganar un concurso de proyectos no retornables que otorgaba el Ministerio de Acción Social de la Nación en el marco del Programa Federal de Solidaridad (PROSOL), a través del CNM. En el año 1993, el proyecto fue seleccionado y en el año 1995 se compró, refaccionó e inauguró la sede: Casa de la Mujer “Rosa Chazarreta”[7].

La gran discusión era ¿por qué una casa de la mujer? ¿Por qué no una guardería? ¿Por qué no un jardín? Y muchos decían, ¿por qué no una casa? Dijimos que tenía que ser una casa y le pusimos “de la Mujer” (Nelly Borquez, CMRC).

El énfasis puesto en una casa, en un lugar de puertas abiertas a la comunidad, despojada del peso duro de una institución, donde varones y mujeres pueden recurrir.

en ese momento, al abrir la casa mucho el barrio se puso en contra porque decía que nosotros separábamos a las familias, que nos metíamos en la vida privada, que en una pareja el tercero es de palo o que éramos lesbianas o que era una cosa, otra… bue, todo eso. Pero logramos, después de mucho tiempo, de que el barrio acepte el trabajo y pueda invitar y puedan entrar porque por años nosotros teníamos un gran reconocimiento pero nunca entraba un vecino… nosotros en los 80, en los 70, yo a muchas mujeres yo era agente de salud y acompañaba en el tema de hipertensión así que yo iba a las casas de las vecinas, si estaban embarazadas les controlaba la presión y toda esas cosas. Muchos de esos niños que yo ayudé a traer al mundo ahora tienen 20, 30 años son los que vienen y me dicen: “Nelly, tengo problemas en mi casa, pegué.” El vecino de acá, el vecino de allá, los primeros que entraron fueron esos niños o que yo los vi nacer o que yo los tuve en la sociedad de fomento cuando estaba en la comisión de deporte y fue que los acompañé a vóley… chicas y muchachos. A raíz de esa generación empezaron a entrar pidiendo ayuda y viniendo. O sea que el barrio a la larga ya no llama la atención que entren. (Nelly Borquez, CMRC).

Su experiencia previa como agente de salud comunitaria, con las connotaciones que ello implica en el acompañamiento de las mujeres en el embarazo y el parto, y su actividad en la sociedad de fomento fueron el puente necesario para que el barrio se acercara a la CMRC y rompiera prejuicios y barreras acerca de las instituciones que trabajan por los derechos de las mujeres.

La CMRC tiene aproximadamente 100 m2 cubiertos, al frente hay un pequeño jardín. Hay una sala de espera y dos espacios grandes donde funcionan los grupos, uno pequeño para las tareas administrativas y otro que se utiliza como consultorio de la psicóloga y/o abogada, dos baños y una cocina. Es una casa muy alegre, con muchas plantas y afiches alusivos a las luchas de las mujeres por sus derechos. En el fondo hay un jardín con árboles y una mesa pequeña con sillas, fue ahí donde realizamos las diferentes entrevistas. Al lado del jardín hay un gran salón. Al momento de la investigación, funcionaba el emprendimiento Sentires, dedicado a la producción textil, con el apoyo de la Agencia Española de la Cooperación Internacional y el Desarrollo, y de la Asociación Lola Mora para el equipamiento y el capital de trabajo necesario para iniciar la actividad.

La Casa de la Mujer es un Centro de Atención de Violencia hacia la Mujer, donde tenemos grupos de autoayuda, a mujeres víctimas de violencia, a mujeres que sufrieron abuso en su infancia, a niños, niñas como víctimas o testigos de violencia, a adolescentes y a varones agresores, se llama por teléfono, se pide el turno, una entrevista individual. De las entrevistas, que tenemos una vez a la semana, que es todo el día, uno toma la decisión o va a grupo o va a una terapia individual… esa sería la parte de violencia, pero trabajamos la parte de género y trabajamos con formación y capacitación y también trabajamos con economía solidaria, donde nosotros tenemos un emprendimiento textil (Nelly Borquez, CMRC).

Si bien la actividad textil tradicionalmente es realizada por mujeres solas en sus casas o en una fábrica, en este caso, las mujeres que han salido de situaciones de violencia se juntan todas en un taller, tienen un proyecto común, acceden a diseños originales y a mercados alternativos con la fabricación de indumentaria con detalles serigráficos y bolsos para eventos con temáticas sociales, con el objeto de lograr autonomía en sus ingresos (Caracciolo Basco y Fioti, 2010).

Tenemos una escuela y la escuela es darles una capacitación y una formación tanto en costura, todo completo, cómo se corta, la impresión de remeras, todo, todo moldería, diseño, todo porque en Matanza es prácticamente la capital de lo trucho, de los talleres clandestinos y no es lo mismo que vaya a trabajar de aprendiza a que vaya con un oficio (Nelly Borquez, CMRC).

Lentamente fueron abandonando los lugares para centralizar todo en esta sede, que en el año 1999 era el único espacio de asistencia para todo el municipio de La Matanza (Borquez, 2009).

En el año 2000 se presentó oficialmente el programa de prevención y asistencia a la violencia familiar “Cristina Prieto”, con plena articulación con los juzgados de La Matanza y de Morón. El programa es un recurso para dichos juzgados, ya que estos derivan a muchas mujeres para asistencia psicológica.

Se puede pensar que La Red de Mujeres, por haber nacido “enredada” traía consigo una posibilidad mayor para el desarrollar acciones de inclusión y por la capacidad de atravesar diferencias o aunar criterios en pos de un mismo objetivo. S. Laurel Weldon (2006) refiere que los movimientos de mujeres, al igual que otros movimientos sociales, están divididos por cuestiones como sexualidad, etnia, religión y clase (desarrollado en el capítulo 1, apartado 1.1). Cuando esas divisiones obstruyen la cooperación, las mujeres pierden su más efectivo apoyo en la esfera pública. La autora argumenta que el movimiento ha alcanzado cooperación por medio del desarrollo de normas de inclusión. Aunque Weldon lo piensa para el activismo internacional, bien puede pensarse a nivel local. A la Red de Mujeres se suman y articulan instituciones de la comunidad, como centros de salud, organizaciones religiosas, sociedades de fomento, con sus diferentes particularidades y culturas, a los fines de mejorar la influencia y presión política para poner sobre la mesa los temas relativos a los derechos de las mujeres. Con la crisis argentina del año 2001 se produjeron nuevos desafíos y se trazaron nuevos paradigmas.

Cae un modelo de país. Cae lo que significa el 2001 para todo el mundo, nosotros también fuimos parte como para todos los argentinos y la institución también está dentro de esa crisis. Crisis de valores. Nosotros sí pudimos acompañar a las mujeres y a los varones porque fue muy duro el transitar de las mujeres situaciones de violencia en esa época porque el varón quedó sin trabajo y estaba todo el día en la casa. Entonces ahí sí se agudizó el tema de violencia, mucho maltrato, muchas cosas…Y nosotros ahí, creo que ahí empezamos a trabajar con escuela de ciudadanía, ahí nos sumamos a un colectivo.… (Nelly Borquez, CMRC).

La crisis de 2001 produjo en estos sectores una nueva configuración familiar, que ubicó al varón desocupado en el ámbito doméstico y a la mujer llevando dinero al hogar gracias a algunas “changas” (limpieza, cuidado de personas). Esta situación, al poner en cuestionamiento los roles tradicionales de género, recrudeció la violencia al interior de los hogares. Borquez refiere que fue a partir de ahí que comenzaron a trabajar con la escuela de ciudadanía. Esto implica el corrimiento de pensar el problema de la violencia desde las relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres y no como problemas personales de las mujeres, para lo cual se dieron como estrategia sumarse a un colectivo. En esa época, La Red marcó una fuerte presencia en el interior del país a partir de la participación en diferentes acciones y seminarios sobre género y ciudadanía: Escuela de Formación de Formadores de la Red Puna – Jujuy, Primer Congreso de Mujeres de la misma Red, encuentros de mujeres pobladoras, Escuela de Ciudadanía, encuentros nacionales de mujeres, seminarios de formación teológica (La Red, 2011). Como refiere Di Marco (2011, 2003), en ese momento histórico del país se produjo la consolidación de un feminismo popular y de una alianza de mujeres de diferentes sectores sociales, urbanos y rurales a partir de la participación de un gran número de mujeres de los movimientos sociales que empezaron a entablar articulaciones con las feministas y, desde sus necesidades e intereses, trazaron sus prioridades, que podían o no coincidir con las de aquellas.

5.3.4 De regreso al territorio

Con la crisis de 2001, dentro de ese contexto de país y como paliativo para las consecuencias negativas de la aplicación de las recetas de ajuste neoliberal que produjeron pobreza y desempleo en la Argentina, aparecieron diferentes programas financiados por organismos internacionales, especialmente del BID y el Banco Mundial. Este último otorgó a la Argentina un préstamo de US$ 5 millones con el fin de promover la equidad de género y el desarrollo integral de la familia por medio del Proyecto de Fortalecimiento de la Familia y Promoción del Capital Social (PROFAM), que fue administrado por el CNM. Si bien este refería incluir un componente de género (Banco Mundial, 2008), ya desde su nombre se deja entrever la idea de la familia como unidad social primaria. Como plantea Lopreite (2013), históricamente en Argentina, según el modelo de la familia tradicional, la mujer ha sido la responsable del cuidado y bienestar de sus miembros; este es un enfoque familiarista, mediante el cual se trata de incluir a las personas en la centralidad de la familia, sin intentar liberar a las mujeres de la responsabilidad exclusiva de sus tradicionales funciones reproductivas y de cuidado.

En el año 2003, La Red presentó ante el CNM el proyecto PROFAM para la creación de una Red Zonal de Centros de Prevención y Asistencia a la violencia “Construyendo Ciudadanía” (La Red, 2011).

Si bien el PROFAM tuvo como principal actividad el fortalecimiento de las capacidades de las familias para participar activamente en sus comunidades, el Proyecto del Banco Mundial tuvo un componente que buscó promover el trabajo asociativo entre organizaciones de la sociedad civil, el gobierno local y las propias familias, y el fortalecimiento de las capacidades locales de gestión para la formulación y ejecución de proyectos a través de redes asociativas (Banco Mundial, 2008). Y es justamente con este componente con el que La Red de Mujeres se fortaleció:

(…) Entonces digo “hay que multiplicar la experiencia”, y ¿cómo se multiplica la experiencia? Sembrando centros, porque en esto que yo siempre digo que la idea mía era que yo quería plantar árboles, yo quería sembrar árboles y no quería dedicarme a cultivar bonsáis. Porque bonsáis viste son chicos, vos los contenés y los tenés. La idea mía era armar árboles, tener árboles pensando que cada centro podía ser un árbol, puede cobijar mujeres y puede multiplicarse. O sea, con raíces propias, que tengan sus raíces profundas que seríamos los referentes barriales, que se podría formar el tronco que sería… yo te lo pongo así como una figura, ¿viste?, que el tronco sería como un equipo profesional idóneo y bueno, la sombra tiene que ver los frutos, que haya jornadas, talleres, seminarios, la atención en violencia, la promoción… esta es la idea (Nelly Borquez, CMRC).

En el año 2004 se implementó la red, que ese mismo año creó la Escuela de Ciudadanía “Martha Pelloni”, en la que se incorporaba la mirada desde la ciudadanía y los derechos vulnerados. Se reconoce así un nuevo mapa de actores conformado por organizaciones / instituciones / movimientos sociales y el Estado.

A partir de esta necesidad de multiplicar la experiencia, y en concordancia con la implementación del PROFAM, la Red de Mujeres consiguió

(…) un dinero para formación y capacitación y el resultado fue el armado de los centros, pero ahí trabajamos para armar centros. Fueron tres años duros. Dividimos La Matanza en tres y trabajamos con instituciones nomás. La idea era que por cada barrio por ahí se junten tres instituciones y pongan su esfuerzo en armar un centro. Lo logramos porque los centros son fruto de fusión de instituciones. Que la gente quiere trabajar en violencia. Y bueno, así logramos cosas. Creo que el PROFAM nos dio por ahí un salto cualitativo y cuantitativo a nosotros (Nelly Borquez, CMRC).

La idea era que tres organizaciones se juntaran para armar un centro, no que cada una armara uno. Pero lo que más le interesaba a Borquez era que se capacitaran en cómo rendir el dinero, el talón de Aquiles de las organizaciones de base.

El Estado se presentaba como una instancia capaz de promover la igualdad mediante la articulación con las organizaciones de la sociedad civil a partir del PROFAM, ya que no solo les permitió cumplir el sueño de multiplicar la experiencia y crear nuevos centros, sino que

con el PROFAM para nosotros fue el principio de la consolidación nuestra, siendo comunitarias poder ser también una organización no nos gusta que nos digan ONG porque somos chicos siempre…−, pero poder multiplicar la experiencia, pero desde una seriedad y una formación en capacitación política y social. Entonces desde ahí empezamos la multiplicación de la experiencia, como base perspectiva de género y educación popular (Nelly Borquez, CMRC).

El resultado final del proyecto fue la conformación de cinco centros nuevos en un año. El primero fue el “Centro Nazareno”, en el km 44 de Virrey del Pino; luego siguieron “Había una vez”, en Villa Dorrego; “Centro Rueda de Mujeres”, en el Barrio San Alberto; “Aparecida 1” en el Barrio 22 de Enero de Ciudad Evita; y “Mujeres por Más”, en Villa Luzuriaga.

Mapa Nº 11: Conformación de centros de la Red de Mujeres. Año 2004

ttps://lh5.googleusercontent.com/REac1n441fONYtazIjsKO8hn6-ljy8a0ir8xZKPEFu7gsFMOGCzDA_U0MueSnTJcQrPYeGI

Fuente: CMRC

5.3.5 Conformación de una Red Zonal

Todo surgió cuando desde el Estado les propusieron gerenciar un refugio para mujeres, pero ellas, en cambio, elevaron una contrapropuesta: la de aumentar la cantidad de centros y financiar el trabajo de los que ya estaban conformados. Así, en lugar de aceptar lo que se les proponía el municipio, ellas pudieron hacer valer sus propios intereses y necesidades.

En articulación también con UNIFEM, se propusieron desarrollar un programa integral de asistencia a mujeres víctimas de violencia familiar en el municipio de La Matanza, desde la perspectiva de gestión asociada y de género. Para ello se construyó la Red Local Multisectorial de Atención Asistencial a Mujeres Víctimas de Violencia Familiar. Nació así la Red Zonal de Centros de Asistencia a la Violencia hacia las Mujeres “Construyendo Ciudadanía” (Red Zonal).

A la Red de Centros de Asistencia a la Víctima de Violencia, le pusimos “Construyendo Ciudadanía”, porque nosotros consideramos que la ciudadanía hay que construirla, que no es algo dado. Lo coordinamos nosotros y esta coordinación de centros por ahí son organizaciones que están en el Estado, que algunos no reciben subsidios de parte de lo que nosotros conveniamos con el Estado, pero son organizaciones que ideológicamente están desde la misma mirada (Nelly Borquez, CMRC).

Para lograr estos objetivos, se articularon tres actores fundamentales:

  • un organismo internacional comprometido con el avance de los derechos de las mujeres como es UNIFEM, quien les financió el proyecto para armar los centros;
  • el Estado, a través del Municipio de La Matanza, quien les dio dinero en forma parcial para financiar los sueldos; y
  • Organizaciones sociales: la Red de Mujeres de La Matanza, que trabaja territorialmente con la problemática de la violencia hacia las mujeres en sus barrios.

En el año 2006 se produjo la articulación y se realizó un acuerdo de cooperación económica a partir de la firma del Convenio Municipal con la Secretaría de Desarrollo Social de La Matanza. El municipio firmó con la Red de Mujeres, encargada de la coordinación y el rendimiento de los gastos. El resultado fue este nuevo mapa de actores:

Mapa Nº 12: Centros que conforman la Red Zonal. Año 2006

ttps://lh5.googleusercontent.com/S12jxF6ljt8ohll-DjUgt7DptYRts8XieS5pfj8aGiLDI2mm6Vg2I1G6rG-nOA0HfuNOJU0

Fuente: CMRC

Siguiendo a Svampa (2003), se puede pensar que en el paso de la creación de la red zonal se pone de manifiesto la capacidad de sellar solidaridades políticas duraderas (tanto externas como internas) por parte de la red de mujeres al suscitar adhesiones y aliados importantes por fuera de las organizaciones de base. Otro punto a resaltar es la visión de la importancia de la sustentabilidad del proyecto, al proponerse como objetivo que fuera la propia comunidad la que se apropiase y capitalizase la experiencia:

todos los centros, para trabajar, tienen que ser interdisciplinarios, tienen que tener como mínimo, indispensable para que pueda estar trabajando con nosotros tienen que tener un psicólogo, un trabajador social y un operador. O sea, podemos prescindir de la disciplina de abogacía, pero un psicólogo y un trabajador social tiene que estar. Puede haber un psicólogo social, todo lo que vos quieras, más los operadores, y no queremos sacar el modelo de esto que nos pasó a nosotros. Si la comunidad no se hace cargo del problema, los profesionales se van… Apuntamos a formar y a profesionalizar a la comunidad y a los emergentes, que serían los operadores, y sobre todo el operador es el que la institución arma el centro y cuando vos tenés dinero uno puede contratar al profesional, si no tenés dinero no lo contratás. Y el operador, aunque no tengas dinero, hace la militancia gratis. Eso lo que tienen que ver, la base de la educación popular, ¿viste? (Nelly Borquez, CMRC).

De este modo se intenta garantizar que la comunidad se haga cargo de sus problemas, ya que los/as agentes comunitarios/as que brindan la atención pertenecen al mismo contexto, al mismo barrio. “Y si el profesional está y se tiene que ir, lo que nunca se va es la comunidad”. Esta es la manera de poder sostener la continuidad en las prácticas. Nelly señala que se basan en el modelo de la educación popular de Paulo Freire, que sostiene que son las/as oprimidas/os quienes deben tomar conciencia de su realidad y comprometerse en acciones para su transformación y liberación.

Esta modalidad puede ser asumida como la continuidad del trabajo de consolidación territorial por medio de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, quienes, en vez de encapsularse en el trabajo de base en los barrios, pudieron hacer escuchar sus reclamos en el ámbito gubernamental.

Una de las cuestiones que se remarcaron fue que, a pesar de las demoras en que incurría el municipio a la hora de pagar los subsidios para el personal, este continuaba trabajando. Esta situación da cuenta de la precariedad con la que se sostienen las acciones desde el Estado. Mabel (Centro Aparecida) refiere “el contrato se renueva año a año y tenemos la dificultad que empezábamos a cobrar en mayo… pero teníamos que presentar facturas de todo desde enero”.

En cuanto al tema estadístico, al principio los centros no tenían computadoras, por lo se fueron organizando diferentes estrategias tendientes a registrar la información. A medida que fueron adquiriendo insumos, realizaron una capacitación en informática, ya que la mayoría del personal estaba conformado por operadoras barriales que no tenían acceso a las computadoras. Poseían una planilla donde se tomaban todos los datos y se contaba la historia de cada persona que era atendida. Ahí se consignaban “las mujeres que vienen al grupo, las asistencias psicológicas, los llamados, las entrevistas individuales” (Mabel, Centro Aparecida). Luego, los datos estadísticos de atenciones que confeccionaba cada centro eran utilizados como una manera de negociar y presionar para la renovación de los contratos. Mabel refiere al respecto: “todos esos datos es lo que se presenta al municipio como propuesta de trabajo… la negociación para que el contrato se renueve”. Si bien es una herramienta que ellas tienen a la hora de presionar y hacer valer la cantidad y calidad de atención a las mujeres, también es una situación que las agobia:

nosotras para rendir al municipio tenemos una rendición exhaustiva… todo tiene que ser comprado en el mes, dentro de La Matanza, todas tenemos que tener monotributo… es complicado, porque los números no dan para tener un monotributo propio… y todo eso es trabajo extra, y la rendición también (Mabel, Centro Aparecida).

5.3.6 Consolidación de la Red Zonal

Desde sus comienzos, la conformación de la red fue variando; algunos de los centros que participaban en sus inicios ya no están, y otros se han sumado a partir de las sucesivas renovaciones del convenio. Borquez refiere que, para que un centro se incorpore a la Red de Centros, los requisitos son: haber estado trabajando en violencia dos años, tener incorporadas la perspectiva de género y la de la educación popular. Tienen que ser interdisciplinarios; y contar con un/a psicólogo/a, un/a trabajador/a social como mínimo y operadores/as comunitarios formados en violencia hacia las mujeres.

En el año 2014 el municipio creó el Centro Asistencial para la Mujer (CAM) “25 de Noviembre”, el cual es el primer refugio municipal de La Matanza. La coordinadora del CAM era la fundadora y titular, hasta el momento de su inauguración, del Centro Nazareno de la Red. Hasta la creación del CAM, lo que funcionaban eran convenios municipales con otras instituciones, muchas de las cuales no estaban preparadas para recibir a mujeres en situación de violencia:

Acordaron (el municipio) con algunos Hogares de acá que frente a estas situaciones las mujeres podían ir. Nosotras tuvimos que enfrentar esto a fin de año y cuando llamamos a estos lugares nos dicen “no, lo que pasa es que son casas de atención a problemas de adicciones… granjas… y entonces como hicimos un acuerdo con el municipio, le damos un lugarcito a la mujer que quiera venir.” ¡Te imaginás! Después hablábamos con otra compañera de otro centro y nos dijo que había una mujer ahí porque no tenía donde ir y estaba desesperada, en realidad iba allá… no tenían acompañamiento, nada de nada, y parece que lo que le ofrecían era un techo, un lugar donde le iban a dar la comida y por un tiempo…. (Mabel, Centro Aparecida).

También contaban con el servicio de emergencia, el fondo de Atención a Víctimas de Violencia de la Provincia de Buenos Aires (AVM). Son fondos renovables que les sirven a las mujeres solo para las 72 horas siguientes después de haber salido de sus hogares. Pero si se gasta para una o dos mujeres, hay que esperar al próximo mes para renovarlo, trámite que se realiza en la localidad de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires y sede central de muchos organismos públicos). Situación esta que provoca muchos inconvenientes a la hora de desplegar estrategias de intervención eficaces:

Nosotras tenemos un fondo de dinero renovable, que se da desde la provincia, para los centros… para las emergencias. Para una mujer que sale y necesita alquilar… pasar la noche en un hotel o para pagar los pasajes si es que se puede ir a algún lado… para comprarse ropa. Son $1000 pesos que tienen que estar en una caja chica y hay que presentar factura, una rendición para que te lo vuelvan a dar… pero hay que ir a La Plata (Leonor, Centro Aparecida).

Pedimos ese fondo, pero como es de emergencia, por ejemplo, si viene una mujer con riesgo de vida, si tiene todo, hechas las causas, lo que podemos hacer con este dinero es darle a una persona en una casa con una habitación, con comida que la mujer puede estar dos días, tres días, o si no, un boleto para que se pueda ir. Pero nada más (Borquez, CMRC).

En relación con el caso de una mujer, Leonor refiere que

como se había gastado y no se podía renovar (el fondo) hasta febrero, recurrimos a la solidaridad de la gente que nos conoce trabajando como centro y como Fundación. Y aparecieron colaboradores anónimos que nos ayudaron a poderle alquilar una piecita por el verano y a darle una ayuda en mercadería con el municipio que también la metió en un subsidio en una bolsa de trabajo (Leonor, Centro Aparecida).

En tal sentido, la apertura del CAM vendría a llenar un vacío en la atención de la emergencia en La Matanza. Habría que investigar sus prácticas y los modelos de intervención a los efectos de constatarlas con los principios de La Red, ya que la CMRC y el Centro Aparecida refirieron estar en contra de los refugios concebidos tradicionalmente, como instituciones de puertas cerradas, e ideológicamente están más cerca de las casas de medio camino (el tema se desarrolla en el apartado 5.4.3 de este capítulo).

En el año 2017, el municipio de La Matanza renovó el convenio de cooperación que contempla profesionales para que cada sede disponga de equipos interdisciplinarios y especializados.

Los centros son:

  1. Centro Caminos de Esperanza: Isidro Casanova- Barrio San Carlos
  2. Centro Las Mirabal: Iglesia Lujan – San Justo
  3. Centro Nazareno: Virrey del Pino Kilometro: 44 – Barrio: las Mercedes
  4. Casa de la Mujer Rosa Chazarreta: Isidro casanova – Barrio: San Pedro
  5. Casa de la Mujer Roxana Gilardenghi: Gregorio de Laferrere
  6. Centro Aparecida: Hospital Balestrini – Ciudad Evita.
  7. Centro Popular de la Mujer: Virrey del Pino – Barrio: Nicol
  8. Asunta Machetti: Rafael Castillo
  9. Milagros: González Catán
  10. Dominga: Villa Luzuriaga.
  11. Muchis: Zona de influencia en La Tablada
  12. Enred-Ando: Villa Madero
  13. Violeta Parra: Laferrere Sur

Asimismo, aunque el crecimiento en cantidad de centros fue importante en relación con los ya existentes, aún resta mucho para llegar a una relación más equitativa entre cantidad de centros y tamaño de la población.

5.3.7 Reflexiones

Esta experiencia pone de manifiesto muchas de las fortalezas de la articulación entre Estado y organizaciones de base como una manera de visibilizar y demostrar que las alianzas son posibles y ayudan al avance de los derechos de las mujeres. Pero también es importante remarcar aquellos puntos que no quedan del todo claros o que se muestran como grandes debilidades a la hora de implementar políticas públicas de género.

Ante la falta de respuesta del Estado, ha habido mucho voluntarismo por parte de las organizaciones de mujeres, especialmente en lo relativo al tema salarial de los y las profesionales intervinientes. Las organizaciones priorizan capacitar a operadores/as u agentes sociales, ya que estas personas, por su compromiso con el barrio y con la temática, son garantes de la continuidad del trabajo, mientras que el equipo profesional −a la hora de verse afectado en sus salarios− es más vulnerable y difícil de retener. Lo que esto demuestra es que la violencia hacia las mujeres sigue siendo un tema de segunda categoría para las políticas públicas, y que se deja todo puesto del lado de lo asistencial. Sin la asignación de los recursos necesarios, difícilmente se puedan pensar políticas de género extendibles, eficaces y sustentables.

Por otro lado, habría que indagar hasta qué punto todas las organizaciones que integran la Red Zonal realmente tienen incorporada la perspectiva de género en su accionar y cuáles serían sus dificultades conceptuales y los abordajes con los que trabajan.

Si bien la articulación con los juzgados fue algo remarcado por Nelly a lo largo de las entrevistas, el OVG (s/f) identifica obstáculos en el acceso a la justicia de las mujeres “en relación a las gestiones judiciales que deben sobrellevar en el marco de lo que prescribe el plexo normativo vigente, como en el recorrido de otras instancias que hacen al abordaje integral de los casos” (OVG, s.f.: 27). Aunque no es asunto de la CMRC ni de la red resolver estos problemas, sí pueden incluirlos en la agenda de la mesa local para que se elabore y/o mejore −de manera articulada y consensuada, especialmente en lo que refiere al acceso al patrocinio jurídico gratuito− la atención de las mujeres en situación de violencia. Así como se logró el primer Protocolo de Salud Para Víctimas de Violencia de Género en el país, en el año 2013 (ordenanza municipal Nº 23.328) −que se debe implementar en las guardias de los hospitales municipales y centros de salud en articulación con hospitales provinciales−, se pueden implementar políticas para solucionar los obstáculos que las mujeres tienen a la hora de acceder a la justicia.

Como ya se mencionó, las decisiones y todas las acciones que se definen en la mesa local, en conjunto con la intersectorial, son parte de las decisiones políticas que se tomen en relación con la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas; de ahí su importancia.

Un interrogante que surge, y que tiene relación con lo amplio y poblado del territorio, es ¿en qué grado es posible la integralidad en las políticas públicas de género? ¿Qué tan dispersas siguen estando, a pesar de las diferentes mesas y articulaciones, tanto formales como informales, que se implementaron a lo largo de estos años? Los/as integrantes de las mesas ¿poseen marcos teóricos comunes en lo que a la violencia hacia las mujeres concierne? ¿Cómo lograrlos, para no seguir reclamándole al Estado más de lo mismo e incorporar el carácter político de las violencias hacia las mujeres? ¿Existe una articulación al interior de las propias dependencias estatales? Sería importante que estas coordinaran esfuerzos y trabajasen juntas, a los efectos de lograr una mayor coordinación institucional.

Se afirma que los movimientos feministas y las organizaciones de mujeres en general ayudan a disminuir el problema de las violencias hacia las mujeres al fomentar y vigilar la aplicación de políticas públicas. Un análisis en profundidad en relación con la autonomía de las organizaciones que integran La Red Zonal es un tema pendiente, que excede los límites del presente trabajo. Al ser consultada sobre el tema, así lo expresó Borquez:

A ver, que el trabajo con el convenio del municipio sí nos trajo costos. Nos trajo desacuerdos… ¿Perdimos autonomía? No. ¿Perdimos poder de decisión? No. Pero para los imaginarios populares, sí. Porque todo el mundo como el municipio entre los acuerdos, entre las fotos que hace, hace uso y dice “tenemos una Red de Centros”, “tenemos un Programa en Violencia”, entonces todo el trabajo, diríamos que la visibilización, como que lo aprovecha el municipio. Tal vez esos sean los costos que tengamos por el hecho de tener un convenio. Por lo menos en lo institucional de la Red de Mujeres no nos molesta a nosotros, igual nos sacamos la foto, igual la gente sabe que el trabajo es nuestro, que estamos articulados. Bueno, algo se tienen que llevar y bueno… se llevarán las fotos, se llevarán los logros que políticamente les sirven. Está bien, pero nosotros, ¿qué logramos? El trabajo en asistencia a la mujer, para nosotros lo importante es que todas las mujeres, no todas, ojalá logremos que todas… pero que podamos llegar a lo máximo posible de las mujeres que tengan un centro en el barrio. ¿Cuándo se va a cambiar? Cuando en este país haya presupuesto y políticas públicas para la violencia. Hasta ahora, nadie le da bolilla. No nos vamos a enojar con nuestro municipio porque en ninguna parte del país hay. Capital tiene pero… así están también… (risas)… Te digo, son acuerdos, cintura, son movimientos…

Nelly reconoce al Estado, en este caso representado por el municipio, como el interlocutor válido y necesario con el cual sentarse a negociar para luchar por el reconocimiento e implementación de políticas públicas desde un enfoque de derechos. Sabe y asume los costos que tuvieron que pagar (y seguirán pagando) por controlar a ese mismo Estado que no cumple con su función de garantizar los derechos, pero no le importa, ya que entiende que por medio de la lucha articulada entre las organizaciones de base, de mujeres y feministas, han logrado no solo incorporar sus demandas en la agenda política, sino acciones concretas y efectivas para acercar cada vez más a las mujeres a una vida libre de violencia para ellas, sus hijas e hijos.

A modo de síntesis, se remarcan las estrategias que se dieron desde la CMRC (tanto antes de su creación como cuando comenzó a formar parte de las diferentes redes) para articular e implementar políticas públicas de género:

Cuadro N° 12: Estrategias implementadas por la Red de Mujeres de La Matanza. Período 1990-2017

Período

Estrategias

1990-
Actualidad

Jornadas de reflexión −en casas, capillas, asentamientos− relacionadas con temas como sexualidad, trabajo doméstico, trabajo, violencia, salud.

1991

Surge la idea de conformar una organización.

1992-
Actualidad

Nace la Red de Mujeres de La Matanza.

Trabajo con Juzgado Nº 2 de Menores de La Matanza en relación con la problemática de la violencia hacia las mujeres; niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia: primera articulación con el Estado.

19931995

Obtienen la personería jurídica y domicilio legal en Isidro Casanova. 

Coordinan grupos de ayuda mutua para mujeres en situación de violencia en el Hospital Provincial Diego Paroissien y en el Patronato Español de Isidro Casanova.

Compra, refacción e inauguración de la CMRC (Proyecto PROSOL). A partir de ese momento, el programa de violencia (aún sin nombre) con los grupos de autoayuda se centraliza en la CMRC.

1996-1998

Se dedican a consolidar la CMRC y a que el programa sea reconocido a niveles municipal, provincial y nacional. En este momento, era el único espacio de asistencia para todo el municipio. Realizaban charlas, jornadas, seminarios en las escuelas de la zona, dirigidas sobre todo a alumnos de octavo y noveno grados del EGB, con la participación de padres, maestros y profesores.

1999

Crisis institucional debido a que muchas compañeras se fueron, por lo que resolvieron el cambio de la metodología de trabajo y la conformación de equipos interdisciplinarios (hasta ese momento, el trabajo era realizado solo con operadores/as comunitarios especializados/as en violencia).

2000-2002

Presentación oficial del Programa Prevención y asistencia a la violencia familiar “Cristina Prieto” en articulación con los Juzgados de La Matanza y de Morón y con la Defensoría Descentralizada de La Matanza, “Casa de la Justicia” (continúa en la actualidad).

Consolidación de un equipo interdisciplinario.

A partir de la crisis del país, incorporan nuevos temas y paradigmas para comprender la realidad: conceptos articulados de ciudadanía y violencia, ética del cuidado.

Fuerte presencia en el interior del país, con reuniones y seminarios en la temática de género y ciudadanía (Escuela de Formación de Formadores de la Red Puna – Jujuy, 1° Congreso de Mujeres de la misma Red. ENM, Escuela de ciudadanía, Seminarios de formación teológica).

Miembro integrante de la Mesa de Mujeres de Confluencia.

2003-2005 
(Actualidad)

Participación del Proyecto Nacional de Escuelas de Ciudadanía articulado con organizaciones y movimientos sociales del interior del país. Participación en FOR/FOR (Formación de Formadores) en Córdoba, y del equipo promotor GENECI –GÉNERO Y CIUDADANÍA− Coordinación de la Escuela de ciudadanía “Martha Pelloni” Implementación del proyecto Red Zonal de Centros de Prevención y Asistencia a la violencia “Construyendo Ciudadanía”.

Presentación de la Red Zonal de Centros de Prevención y Asistencia a la violencia “Construyendo Ciudadanía”. Creación de los centros de prevención y asistencia a la violencia familiar: Centro “De Pie” − Ciudad Evita; Centro “Había una vez” – Villa Dorrego; Centro “Nazareno” – Virrey del Pino, y centro “Mujeres por más” – San Justo. 

2006-
Actualidad

Convenio de cooperación económica entre la Red y la Municipalidad de La Matanza, el cual se renueva cada año y genera puestos de trabajo.

2009-
Actualidad

Se continúan desarrollando los programas anteriores y se suman nuevos proyectos (algunos con tiempo de duración determinada) con financiamiento de UNIFEM, ex CNM, AECID, entre otros.

2017

Convenio con el municipio para el funcionamiento de 13 centros de atención y el financiamiento de los sueldos de las trabajadoras sociales, psicólogas y operadoras especializadas.

Fuente: Blog de la Red de Mujeres, entrevistas personales a Nelly Borquez, y en Borquez, Leguizamón y Soares (2009)

5.4 El caso de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (DGM)

En el Capítulo 3 se explicitó el funcionamiento de la DGM, como así también se contextualizó su ubicación en la estructura organizacional del GCBA, ya que “los aspectos institucionales, atañen directamente a las capacidades básicas del Estado; los mismos refieren a la estructura de los organismos de género, su presupuesto y personal, así como de sus atribuciones y responsabilidades específicas” (Rodríguez Gustá 2008: 57).

El 8 de julio de 1989, por decreto 11/89 (BO N° 18.582 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires) se creaba la Subsecretaría de la Mujer y Solidaridad Social, dependiente de la Secretaría de Calidad de Vida.

De acuerdo con la ONU (1995), en la evolución histórica de las políticas de igualdad pueden distinguirse cuatro etapas. En la primera de ellas (1945-1962), el interés se centró en señalar las desigualdades y en determinar los obstáculos en el camino del logro de la igualdad (Creación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, Adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos): las acciones estaban básicamente enfocadas en lograr la igualdad jurídica. La segunda etapa (1963-1975) se caracteriza por las primeras respuestas por parte de los Estados a demandas de igualdad jurídica (Aprobación de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Celebración de la Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, en México). Tuvieron lugar los primeros ensayos sobre la formulación de políticas dirigidas a las mujeres. La tercera fase (1976-1985) correspondió a la denominada Primera Década de ONU hacia la Mujer, marcada por un importante cambio en la conciencia internacional acerca del impacto que tiene la situación de la mujer en el desarrollo (Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer, II y III Conferencias Mundiales) y por la implementación de programas dirigidos a mujeres de sectores en desventaja para fortalecer sus capacidades económico-productivas y elevar capacidades sociales básicas. La cuarta (1986-1995) se focaliza en la evaluación de los impactos de los esfuerzos realizados, la relevancia del tema de la violencia y la aparición del enfoque de género y de políticas públicas sectoriales con atención a los asuntos de mujeres (IV Conferencia Mundial en Beijing, Conferencias Mundiales sobre Ambiente, Derechos Humanos, del Niño y la Niña, Población, Asentamientos Humanos; Cumbre Social). Dentro de esta etapa podría ubicarse la creación de la que fuera la Subsecretaría de la Mujer y Solidaridad Social (actual DGM) (García Prince, 2008).

Si bien en su momento la creación de dicha subsecretaría significó un importantísimo avance como MAM –pues puso en marcha un mecanismo de institucionalización de género dentro de las agendas ya existentes−, en su contenido se observa que lejos se estaba de lo que en esa etapa se planteaba como desafío: “la irrupción del enfoque de género, como referencia esencial para entender, significar y proponer cambios que eliminen los factores estructurantes de la exclusión y de la subordinación de las mujeres” (García Prince, 2008: 10).

En el año 1992, y en el marco de un recorte de la estructura de gestión en el gobierno del intendente Saúl Bouer, dicha subsecretaría fue disuelta, y se creó el Consejo de la Mujer, como ente autárquico con rango de subsecretaría enmarcado en la entonces Secretaría de Gobierno. Finalmente, luego de otro cambio de gestión, con el entonces intendente Jorge Domínguez, en el año 1994 se constituyó la actual Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del MDS, el cual −a partir de la modificación de la ley de ministerios en diciembre de 2015 (Ley 5460)− pasó a ser reemplazado por el MDHyH.

Estos cambios descendentes en la jerarquía dentro del organigrama del GCBA producen, como alega Nieves Rico, un “mayor impacto sobre la estabilidad institucional, y la continuidad de la misión y de la agenda política de los mecanismos de género que sobre otras entidades del poder ejecutivo” (2008: 6).

Las diferentes denominaciones que tuvo a lo largo de su historia la DGM; o las secretarías, subsecretarías y/o ministerios de los cuales dependió (Subsecretaría de la Mujer y Solidaridad Social, Consejo Municipal de la Mujer, Dirección General de la Mujer, Promoción Social, Desarrollo Comunitario, Desarrollo Humano y Hábitat) invitan a pensar acerca de cuál es el “marco interpretativo” sobre el origen de las desigualdades y las estructuras que las sostienen; es decir, cuáles son las representaciones que los y las actores políticos/as tienen sobre las desigualdades de género y las soluciones que proponen al respecto (García Prince, 2008). Al hablar de la “mujer” (modelo único), en vez de “las mujeres”, y asociarla a valores como solidaridad, acción social, trabajo comunitario, entre otros, se refuerza la naturalización esencialista de las desigualdades de género. Estas nominaciones refieren a signos y símbolos culturales, constructos colectivos que conforman las imágenes sobre las/os posibles beneficiarias/os de políticas sociales que, según Ana Laura Rodríguez Gustá (2010: 1), conforman “regímenes discursivos de género”. 

5.4.1 Historia institucional

La formación de las instituciones responde a un porqué, a un cómo y a un dónde. Analizar la historia como una herramienta permite comprender el proyecto organizacional, su estructura y objetivos, así como también la dinámica de funcionamiento interna, los conflictos, las diferencias y acuerdos, los malestares y los pactos implícitos y explícitos sobre los que la institución se funda.

No se puede entender la realidad de la DGM si no se la enmarca en el contexto político-institucional en el que se desarrolla. Muchas de las dificultades que los dispositivos atraviesan están ligadas a la historia de profundas transformaciones institucionales. Como se señaló, en sus comienzos, la DGM fue creada como subsecretaría que luego fue bajando de estatus hasta llegar a ser lo que es hoy: una dirección general. Esto ha afectado su partida presupuestaria, su autonomía y parte de su capacidad de decisión sobre temas que antes eran de su competencia. Los sucesivos gobiernos −sin importar su signo político− fueron devaluando el rol de la DGM como órgano rector de las políticas de género, lo cual debilitó profundamente su estructura e hizo que su figura quedara cada vez más desdibujada en el organigrama oficial. Esta importante pérdida de poder −a la que se sumó en los últimos diez años (2007-2017) un gobierno neoliberal en la CABA− ha relegado de la agenda de las políticas públicas las problemáticas referidas a las mujeres, al quitarles espacio tanto dentro de la estructura gubernamental como al momento de la asignación presupuestaria. En esta línea, desde el mes de abril de 2016, trabajadoras de la DGM comenzaron un proceso de denuncias ante la Legislatura de la CABA y la Defensoría de la Ciudad; asistieron a las reuniones del #NiUnaMenos, realizaron manifestaciones públicas y transmitieron comunicados en los que alertaban acerca de la situación crítica a la que había llegado el organismo por la reducción de la plantilla de trabajadoras; denunciaban la desaparición de la Línea PAP y del Programa Mujer y Trabajo, situación que significó la cesión de espacios propios de la DGM a otras áreas del Gobierno de la Ciudad. También denunciaron problemas de infraestructura y mantenimiento de CIM y hogares, y la “tercerización” de los servicios por medio de subsidios a organizaciones civiles en detrimento del presupuesto anual, junto con el consecuente desfinanciamiento del organismo. Por ello exigieron la jerarquización y visibilización de la DGM, que se recibiera y ejecutara un presupuesto que permitiese diseñar e implementar políticas públicas de calidad como una obligación indelegable del Estado, la mejora de los contratos de trabajo y de las condiciones y el mantenimiento edilicio, entre otras. En cuanto a las condiciones del refugio en particular, las trabajadoras denunciaron ambientes inhabitables por problemas de humedad, filtraciones, falta de calefacción, baños rotos, la falta de insumos básicos −como ser computadoras, sillas para bebés, lavarropas y artículos de limpieza, entre otros−. A esto se le sumaba una falta de tradición del Estado en planificar las acciones destinadas a revertir la violencia de género partiendo de una definición de esta como la vulnerabilización de los derechos de las mujeres. (Ana María Fernández, asesoría 2006). Asimismo, Penchansky et al. (2018) refieren que no todos los CIM cuentan con equipo interdisciplinario de atención, como es el caso de los CIM Calvo, Malharro, Rawson y Gallego.

Un punto que este estudio considera importante −aunque no es su objetivo central− es comprender el cómo y el porqué se llegó a la situación crítica denunciada por las/os trabajadores/as en el año 2016 y vislumbrar algunas de estas falencias/ obstáculos/ problemas en las casas de medio camino y en los CIM.

Las primeras oficinas de la DGM (año 1989) funcionaban en el edificio de la ex Secretaría de Acción Social (Av. Pavón y Entre Ríos). Allí se ubicaba en ese entonces una oficina de asesoramiento legal y patrocinio jurídico gratuito, donde también se contenía y orientaba a las mujeres que consultaban por violencia en temas psicosociales[8]. Ese mismo año la institución decidió la creación de centros especializados en el tema, que serían denominados Centro Integral de la Mujer (CIM). El primero de ellos fue creado el 25 de noviembre de 1989; se trata del actual CIM Elvira Rawson, que contaba con un plantel de psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas que trabajaban en dos turnos en el horario de 9 a 16, para brindar servicios de contención, orientación, asistencia psicosocial y legal a las mujeres que atravesaban situaciones de violencia.

El 1º de noviembre de 1990 fue creado el Servicio de Atención Telefónica a Víctimas de Violencia Familiar, primera línea telefónica gratuita y anónima para informar, orientar, contener y asesorar en aquellas temáticas relacionadas con la violencia contra las mujeres en el ámbito de sus relaciones interpersonales. Funciona durante las 24 horas, los 365 días del año. Este servicio telefónico fue pionero en la temática y en el abordaje específico de la violencia contra las mujeres en Latinoamérica (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2010). Por lo general, recibía tres tipos de llamadas: a) de contención y derivación (por lo general, a centros de asistencia especializados a nivel psicológico y legal); b) de emergencias (existía una línea directa con el Comando de la Policía Federal para utilizar en caso de ser necesario enviar un patrullero al domicilio); c) de información (en el caso de personas que la solicitaran, se contaba con una guía de recursos institucionales de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de algunas de las principales ciudades del país para derivar o dar información acerca de servicios especializados).

Cuando se hizo visible que niños, niñas y adolescentes también padecen y/o son testigos de violencia, se incorporó la asistencia al maltrato y abuso infanto-juvenil, en el mes de mayo de 1993, como un servicio específico en el CIM Elvira Rawson, y luego, el 1º de marzo de 1994, como línea telefónica especializada: Línea Te Ayudo para niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, el 24 de marzo de 1998 −ya como Dirección General y por medio de un convenio con el Ministerio de Salud del GCBA− se creó una línea telefónica para la prevención del cáncer génito-mamario, en la cual se ofrecían en ese entonces turnos para atención médica en seis hospitales de la ciudad (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2010). Cada una de las líneas tenía un número diferente; fue recién el 7 de agosto de 2000 cuando se creó la Central de Llamadas, donde convergen las tres líneas en una central única de acceso gratuito desde teléfonos fijos (0800) de atención especializada en las problemáticas mencionadas (actual Línea 144). En el año 2007 se incorporó la línea “Delitos contra la integridad sexual de las mujeres”.

En 1991 y 1993, respectivamente, se crearon el Hogar para jóvenes embarazadas o con niños/as pequeños/as “María Eva Duarte” y la Casa Refugio “Mariquita Sánchez”, que en sus orígenes compartía el predio con un CIM (actual CIM Arminda Aberastury) y la Administración Central. Ya en el tercer milenio fueron creadas las casas de medio camino Julieta Lanteri (2003) y la Unidad Convivencial (2004), entre otros dispositivos de intervención. Estas últimas tenían una capacidad total de 50 plazas (entre las dos casas, tanto para mujeres como para sus hijos e hijas). En 2010 se produjo una fusión, y se creó una única casa de medio camino, denominada Juana Manso; mientras que la Unidad Convivencial pasó a ser el Refugio Tita Merello para mujeres, niñas/os en situación de trata con fines de explotación sexual y laboral. En el año 2016, se inauguró la Casa de Medio Camino Margarita Barrientos, ubicada en el barrio Los Piletones, de gestión asociada con la ONG del mismo nombre.

En síntesis, en la actualidad existen entre los dispositivos de alojamiento −además de las mencionadas casas de medio camino− el Hogar María Eva Duarte; dos refugios de resguardo ante situaciones de alto riesgo: Mariquita Sánchez y Tita Merello. En cuanto a la capacidad de dar albergue, la Casa de Medio Camino Juana Manso cuenta con 50 plazas y 21 trabajadoras (profesionales, facilitadoras/operadoras y coordinadoras). Según Penchansky et al. (2018), la escasez de personal hace que en varias ocasiones las guardias dependan de una sola trabajadora, quien debe estar a cargo de más de 40 personas. El mismo estudio refiere que la casa Margarita Barrientos tiene unas treinta plazas. El Refugio Mariquita Sánchez puede albergar entre 35/40 personas (entre mujeres e hijos/as), sin embargo, se ve permanentemente desbordado debido a sus precarias condiciones edilicias (poca cantidad de baños, falta de mesas, sillas, espacios de recreación) (Penchansky et al., 2018: 314).

5.4.2 Los Centros Integrales de la Mujer (CIM)

En 1989, la Dirección General de la Mujer decidió la creación de centros especializados en el tema, con la denominación de Centros Integrales de la Mujer (CIM), con el propósito de descentralizar la atención en diferentes barrios de la ciudad[9].

En relación con sus orígenes, en una entrevista, la entonces coordinadora del “servicio de asistencia integral a la violencia doméstica” de la DGM, refería que estos:

fueron surgiendo como una manera de descentralizar (…) aunque… estaba limitado por una cuestión de carácter económico… por eso es que los centros se fueron abriendo poco a poco. Cada centro implicaba más personal pero también recursos edilicios… antes del 89, no existía ningún centro especializado en el tema de violencia (Castelnuovo Biraben, 2005: 66).

Son dispositivos de primer nivel (realizan entrevistas de orientación y admisión, brindan grupos de ayuda mutua y asistencia legal) y de segundo nivel de atención (ofrecen tratamiento psicológico, patrocinio legal e intervención social), enmarcados en el Programa de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual.

En los CIM se realizan las entrevistas de admisión, paso fundamental y estratégico para la atención de las mujeres, ya que por lo general, luego de un largo período de violencia se produce un pasaje desde una situación que hasta ese momento era considerada del ámbito privado, a otro que supone la búsqueda de ayuda pública, por lo que ese primer contacto con la institución es central. La profesional interviniente realiza una evaluación del caso y del riesgo de vida de la mujer; le brinda contención emocional y orientación; registra los datos en una ficha institucional confeccionada para tales fines y evalúa también posibles derivaciones (internas o externas) según la gravedad del caso: grupos de ayuda mutua, asesoramiento legal y psicosocial, casas de albergue, patrocinio jurídico gratuito, tratamiento psicológico individual y consulta médica, entre otras.

En el año 2005 se sancionó la Ley 1688/05 en la CABA, que tiene como objetivo “la prevención de la violencia familiar y doméstica, y la definición de acciones para la asistencia integral de sus víctimas, sean estas mujeres, varones, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o personas con necesidades especiales” (Art. 2). Si bien los CIM ya funcionaban desde el año 1989, el capítulo ii art. 8 de esta ley diferencia dos modalidades de atención: los “centros de atención inmediata” y los “centros integrales de atención”. En relación con los primeros, el art. 9 refiere que estos “funcionarán en los hospitales públicos de la ciudad, durante las veinticuatro (24) horas del día y tendrán como función la atención médica, psicológica, jurídica y social de la víctima durante las primeras veinticuatro (24) horas desde el momento de su presentación” (inc.b); “desde una perspectiva interdisciplinaria, integrando los actuales servicios de salud mental especializados en la problemática de la violencia familiar y doméstica y complementando las funciones de los centros de información y asesoramiento de acuerdo al art. 1° del decreto n° 235/96 de reglamentación de la ley n° 24.417” (inc. a); “A partir de allí tramitarán la derivación de las víctimas a los centros integrales de atención, donde se continuarán las acciones iniciadas” (inc. b).

En relación con los centros integrales de atención, la ley establece que estos funcionarán en los CIM de la DGM que trabajan en la problemática. En el art. 15 se hace referencia a su lugar de funcionamiento “Centros integrales de atención: a) Los centros integrales de atención funcionarán en los centros integrales de la mujer que se encuentren actualmente trabajando en la temática de violencia familiar, ampliando la estructura de acuerdo a la demanda, u otros centros que en el futuro se creen”; y señala que deberán contar con: atención psicológica y tratamiento especializado en mujeres, niños/as y adolescentes, asesoramiento jurídico gratuito y asistencia social. Indica la necesidad de facilitar el acceso de las mujeres y sus hijos e hijas a albergues y a los beneficios de programas de empleo y vivienda existentes en caso de ser necesario, quienes tendrán preferencia para la adjudicación de viviendas públicas y empleo, como así también servicio de asistencia psicológica y tratamiento para los/as agresores/as, en días y horarios diferentes, de manera de evitar el contacto con las mujeres, hijas e hijos (artículo 16). Los CIM “se ocuparán de la atención, el seguimiento y la recuperación de la víctima, ofreciendo un espacio de seguridad y un tratamiento integral sobre los orígenes de la violencia sufrida y la reparación de los daños que la violencia les hubiere generado” (art. 15).

A pocos meses de las dos manifestaciones del Ni Una Menos, en diciembre de 2015, se modificó el artículo 15º de la Ley 1688/05 mediante la Ley 5466, para que se garantizara al menos un CIM por comuna hasta cumplimentar el máximo de uno por cada cincuenta mil mujeres por comuna. Recién en 2017 se crearon cuatro nuevos CIM, y en lo que va del 2018, uno. Actualmente, la cifra total es de 12 en toda la ciudad. Cabe destacar que a partir del año 2016 los nuevos dispositivos fueron creados con la modalidad de gestión asociada entre un organismo gubernamental y alguna ONG. La zona de cobertura deja aún muchos barrios sin accesibilidad a los espacios de atención que el servicio ofrece.

A lo largo de la historia de la DGM se fueron creando (y fueron desapareciendo) CIM. Enumerados por año de creación:

  1. CIM Elvira Rawson (1989). Barrio de Almagro[10];
  2. CIM Alicia Moreau (1991). Funcionó hasta el año 2018 en el 1º piso del CeSAC Nº 5 en el barrio de San Telmo, año en que fue relocalizado a la sede comunal 2 del barrio de la Recoleta;
  3. CIM Arminda Aberastury (1994) Barrio de Balvanera. Originariamente funcionaba en el barrio de Barracas. En junio de 1996 se mudó a la actual ubicación. Era un solo CIM con dos entradas, una por la calle Hipólito Yrigoyen y la otra por 24 de Noviembre, que se comunicaban en el interior. En el año 2008, se decidió que cada entrada pasara a ser un CIM independiente, y es así como nació el CIM Malharro.
  4. CIM Lola Mora (funcionó desde 1996 a 2009). Funcionaba por la tarde, ya que por la mañana la DGM le prestaba las instalaciones al Ministerio de Salud para desarrollar el Programa Mujer y Adicciones. Se ubicaba en el barrio de Almagro, cerca del ex Mercado de Abasto[11]. A agosto de 2018, el lugar se encontraba cerrado.
  5. CIM Margarita Malharro (1998). Originariamente funcionaba en el edificio de la ex Secretaría de Acción Social (Av. Pavón y Entre Ríos, donde se ubicaba en ese entonces la sede central de la DGM), pero no como CIM, sino como oficina de asesoramiento legal y patrocinio jurídico. Allí también se contenía y orientaba a las mujeres en temas psicosociales. Esta oficina se fue mudando a la par de los sucesivos y múltiples traslados que experimentó la institución con el correr de los años. Funcionó en el predio del ex Parque de la Ciudad, en la ex Intendencia Municipal, en el edificio de la Procuración y en el ex Mercado del Plata, hasta que en el año 1998 el CIM Aberastury se dividió en dos, lo que dio lugar ya de forma definitiva al actual CIM Malharro, el único que funciona las 24 horas.
  6. CIM María Gallego (1997). El edificio era una sucursal bancaria que el Banco Ciudad le cedió en comodato a la DGM. Barrio de Villa Devoto.
  7. CIM Isabel Calvo (1999). Fue inaugurado en la Plaza Constitución, donde funcionaba debajo del monumento a Alberdi (Brasil y Gral. Hornos). Por tratarse de un lugar insalubre, se mudó a una sede del MDS donde funcionaban diferentes programas ministeriales[12]. En el año 2018 se trasladó a la nueva sede de la comuna 1, en el edificio del ex Padelai, ubicado en San Telmo.
  8. CIM Anita Cosmitz Boccalich (2003-2006). Barrio de La Boca[13].
  9. CIM Minerva Miraval (2003). Antiguamente funcionaba en la sede comunal 8. Su sede actual está junto a la sede del Servicio Social Zonal 8.
  10. CIM Dign@s de Ser (2017).
  11. CIM Lugar de Mujer (2017).
  12. CIM Trayectoria por una Vida Sin Violencia (2017).
  13. CIM Pepa Gaitán (2017).
  14. CIM Macacha Güemes (2018)[14].

Es posible observar entonces los múltiples traslados, relocalizaciones y la desaparición de tres CIM ubicados en San Telmo Almagro y La Boca. Actualmente existen 12 CIM, distribuidos en los siguientes barrios de la Ciudad: uno en Almagro, uno en Recoleta, dos en Balvanera, uno en Villa Devoto, uno en San Telmo, uno en Villa Lugano, uno en Flores, uno en Parque Patricios, uno en Saavedra, uno en Belgrano y uno en Caballito. Cabe destacar que durante el año 2016 se inauguró una casa de medio camino; entre el año 2017 y lo que va del 2018 fueron creados cinco CIM, con una modalidad inédita dentro de historia de la DGM: la gestión asociada entre un organismo gubernamental y ONG (este punto se desarrolla en el inciso 5.5 de este capítulo).

Es decir que, en casi 30 años, la institución creó 14 CIM para la atención de mujeres, sus hijos e hijas en situación de violencia, de los cuales, 12 están en funcionamiento. Se pone de manifiesto la falta de una construcción política más o menos sostenida respecto de la problemática −más allá de las gestiones de turno−, que sirva de marco para la acción política e institucionalización del problema. Por ello se produce una subordinación de lo estratégico a lo inmediato, que supone “salir en la foto” con el/la funcionario de turno inaugurando un nuevo CIM, aunque este se ubique en un lugar insalubre o sin recursos. Además, los últimos cinco CIM −de gestión asociada− se inauguraron en menos de dos años para dar respuesta de modo apresurado al cumplimiento a la legislación vigente. Dentro de este contexto, se produjeron dos mudanzas de CIM, el Moreau de San Telmo a Recoleta y el Calvo de Constitución a La Boca, como si se tratase de un “cambio de figuritas”, ya que no se tienen en cuenta la inserción territorial ni los vínculos con la comunidad. ¿O será que nunca fueron desarrollados ni pensados como una prioridad? Asimismo, se le quita un CIM a un barrio (pobre, como es el de Constitución), para dárselo a otro (rico, como es el de Recoleta), para poder decir que se está cumpliendo con el mínimo que impone la ley (un CIM por comuna), en lugar de priorizar el cumplimiento de la normativa, que indica un máximo de un CIM cada 50 mil mujeres, que es el objetivo final de la ley.

Como se observa en el mapa 13, la zona de cobertura deja aún muchos barrios sin accesibilidad a los espacios de atención que el servicio ofrece.

Mapa 13: Distribución territorial de los CIM. Julio 2018

Captura de pantalla 2020-01-14 a las 15.55.20

Fuente: Página Web DGM

A continuación se detalla la distribución de los CIM en función de la población de mujeres de CABA, según los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC 2010).

Cuadro 13: CIM por población total, comunas, % de mujeres. Ciudad de Buenos Aires. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC 2010)

Captura de pantalla 2020-01-14 a las 16.26.40

Fuente: DGEyC del GCBA

El objetivo de alcanzar un CIM cada 50 mil mujeres solo se estaría cumpliendo en la comuna 3 (dos CIM para 101.936 mujeres), aunque de una manera bastante desigual al interior de la comuna, ya que los dos CIM se encuentran en Balvanera, en el mismo edificio −con dos entradas independientes pero conectadas al interior−. La idea de la cantidad de CIM por mujeres y por comuna referiría a dar la mayor cobertura posible en términos de accesibilidad. Si los CIM se ubican uno al lado/a la vuelta/en el piso superior del otro, en la misma vereda, etc., no se estaría respetando el espíritu de la ley. Si bien el porcentaje por sexo es bastante homogéneo en la CABA, las mujeres atraviesan diferentes situaciones, las cuales se señalarán a continuación. 

Desde una perspectiva geográfica y socioeconómica se observa que existe desigualdad en la distribución de los 12 CIM, que refleja lo mismo que sucede en la propia CABA. Según el Informe Sociodemográfico de la CABA del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLEC, 2016), y como se señaló en el capítulo 4, la ciudad posee una distribución notoriamente desigual según la ubicación geográfica: norte o sur de la ciudad. Las comunas 4 (La Boca, Parque Patricios, Barracas y Pompeya) y 8 (Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo), correspondientes al sur de la ciudad, presentan indicadores marcadamente desfavorables, situación que se observa en el Cuadro 16, que muestra la distribución porcentual de población por relación Ingresos – Canasta Total de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2016, según comuna.

En la zona sur existen dos CIM para atender a las 212.771 mujeres que viven allí. Uno está ubicado en la comuna 8 y el otro en la comuna 4, cuya población tiene el porcentaje más alto de ingresos menores a la canasta total de la CABA, con un 48%, y el segundo índice de mortalidad infantil más alto de la ciudad. Asimismo, esta comuna registra los índices más altos de población que cuenta únicamente con la cobertura médica brindada por el sistema público (sin obra social ni prepaga), lo que da una estimación de la gran precariedad laboral o falta de empleo (36,1% para la comuna 4 y 49,9% para la comuna 8, siendo el promedio de la ciudad un 20%). En la segunda mitad del año 2017 y la primera del 2018 se crearon dos CIM y se trasladó uno, en la Zona Norte (Comunas 12, 13, 14 y 2, las cuales poseen ingresos mayores o iguales a la Canasta Total) para atender a 450.367 mujeres, las cuales representan casi el 30% del total de las mujeres de la CABA. En la zona Centro existen tres CIM, uno para la comuna 5, uno para las comunas 6 y otro en la comuna 7, pero ninguno para la 15. En la zona Oeste, existe uno en la comuna 11 y ninguno para la 10 ni para la 9 (donde el 36,4% de la población posee ingresos menores a la canasta total).

Cuadro 14: Distribución porcentual de población por relación de ingresos- Canasta total de la Ciudad de Buenos Aires, según comuna. Año 2016

Captura de pantalla 2020-01-01 a las 20.05.43

Fuente: DGEyC del GCBA. EAH 2016 e IPCBA

Nota: Se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos que no declaran su monto.

Este panorama confirma lo que se señalaba anteriormente respecto de la distribución de CIM por comunas, es decir, lo lejana que está de ser efectiva la reglamentación de la Ley Nº 5466/15, especialmente si se tiene en cuenta que dos de cada diez mujeres han vivido situaciones de violencia física y que los hechos de violencia física y sexual han afectado a una de cada cuatro mujeres residentes en la ciudad (ELA, 2016). Asimismo, en las comunas más pobres, el acceso a bienes y servicios puede resultar más complejo (falta de dinero para transportarse si el lugar queda lejos de sus hogares, por ejemplo).

A continuación se analizan algunos datos de la DGM, obtenidos de la DGEyC del GCBA. Se seleccionaron, en los casos en que estaban disponibles, aquellos cuadros que incluyen el periodo 2002/2016, y en el caso de no existir el período completo (2002/2016), se priorizó el último año disponible. Según estos datos, durante el año 2016, se atendieron en los CIM 3004 mujeres en situación de violencia. En el cuadro N° 15 se detalla la cantidad de mujeres que concurrieron a los diferentes servicios durante el período 2002/2016. Según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA, 2016), solo tres de cada diez mujeres que atravesaron situaciones de violencia lo comparten con alguien alguna vez en sus vidas y, cuando lo hacen, es con una persona cercana, y solo una de cada diez acude a una institución pública.

El período de tiempo en el Cuadro 15 comienza con el año 2002, cuando se vieron las consecuencias de la eclosión de la crisis social y económica de la segunda parte de la década del 90: crecimiento del desempleo, del trabajo precarizado y caída del poder adquisitivo −en aquellos sectores que tenían trabajo (Wortman, 2007)−. En el año 2002, las mujeres que realizaban trabajos rentados que asistieron a los CIM representaban el 45,5% del total, mientras que en los últimos años los porcentajes están en torno de 58,59%, lo cual no podría atribuirse solamente a una mejora laboral de las mujeres, sino a que la violencia no está asociada a la pobreza o al desempleo, sino que atraviesa los diferentes estratos sociales.

Cuadro Nº 15: Mujeres víctimas de violencia familiar asistidas e los Centros Integrales de la Mujer y distribución porcentual por nacionalidad, por condición laboral y por lugar de residencia. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002/2016

Captura de pantalla 2020-01-01 a las 20.19.03

Fuente: DGEyC del GCBA sobre la base de datos del MDS. DGM

Se observa que la cantidad de atenciones en los CIM ha ido decreciendo en el periodo 2002-2016 (y que se explicará con mayor detalle en el cuadro 19).

En un estudio sobre los casos atendidos en la línea telefónica de violencia familiar de la DGM, Horacio Chitarroni et. al (2001) refieren que la vinculación entre trabajo remunerado y denuncias de violencia se puede leer desde diferentes interpretaciones concurrentes: por un lado, según estos datos, se podría cuestionar que la inserción laboral de las mujeres sea un factor que previene la violencia; por otro, pueden interpretarse como que el trabajo remunerado es un factor que favorece romper el aislamiento y pedir algún apoyo en el ámbito público; y finalmente, dejarían ver que la disminución de la dependencia económica por parte de las mujeres puede generar un impacto negativo para los varones, lo cual sería un factor desencadenante de la violencia hacia las mujeres. Por su parte, Vivian Rodríguez del Toro y Milagros Colón Castillo (2012) refieren que las mujeres de clase alta no concurren a este tipo de servicios para solicitar algún tipo de ayuda, porque la imagen social es muy importante y hacer pública su situación podría afectarlas tanto a ellas como a sus hijos e hijas, ya que viven en círculos sociales muy cerrados. Además, se cuestionaría la credibilidad de los hechos, ya que los perpetradores suelen ser varones muy poderosos con alta imagen social. Por lo que estas mujeres recurren a servicios del ámbito privado y no es posible obtener estadísticas al respecto.

Por su parte, Elena Larrauri (2007) critica el hecho de que solo se considere la desigualdad de género como la única causa de las violencias contra las mujeres, esto es, que sea condición necesaria y suficiente para explicarlas. La autora señala que no todas las mujeres corren el mismo peligro de sufrir maltratos ya que existen factores de riesgo, como por ejemplo la marginación social, que incrementa las probabilidades de que una mujer sea maltratada. Por ello propone desanudar los hilos que encierran el mito repetido por el feminismo “oficial” de que las violencias contra las mujeres no tienen fronteras ni clases sociales. Larrauri refiere que esta afirmación es una parte de la verdad, no toda. Para la autora, ser mujer no es el único factor de riesgo, sino que el hecho de ser mujeres pobres, excluidas socialmente o pertenecientes a minorías étnicas las ubica en un lugar de mayor vulnerabilidad y riesgo. Si se deconstruye la idea de que “todas las mujeres sufren el mismo grado de violencia o que todas tenemos las mismas posibilidades de ser víctimas de la violencia” (2007: 33), se estarían negando las diferencias entre las mismas mujeres, lo cual afectaría además en el diseño de políticas públicas concretas. Por ello es importante visibilizar estas diferencias y romper con la idea de que como la violencia hacia las mujeres está presente en todas las clases sociales, la misma política es pasible de ser implementada de manera uniforme, ya que muchas de estas mujeres enfrentan obstáculos relacionados con su condición particular, como un insuficiente acceso a los servicios y/o el desconocimiento de sus derechos, entre otros.

En el cuadro 15 se observa también que se mantiene la prevalencia de mujeres atendidas de nacionalidad argentina con residencia en la CABA, y que se ha ido incrementando, levemente, la atención en los CIM a la población extranjera (salvo en el año 2011, cuando se reflejó un porcentaje del 34,3).

Cuadro Nº 16: Mujeres víctimas de violencia familiar asistidas en los Centros Integrales de la Mujer y distribución porcentual por nivel de instrucción según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2016

CUADRO-Nº-16

Fuente: DGEyC del GCBA sobre la base de datos del MDHyH. DGM

Nota: Excluye 149 casos de los cuales no se registra información para el presente cruce. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

El nivel de instrucción en función de los grupos de edad muestra, por un lado, que la categoría secundario completo comparte una representación muy pareja en todos los grupos de edad, con un 24% promedio (siendo levemente inferior −3%− para la franja de 35-44 años). El nivel secundario incompleto es el segundo en cantidad, y refleja grandes diferencias entre los diferentes grupos etáreos (el 35,6% para las más jóvenes, entre 15 y 24 años, muchas de las cuales aún se encuentran cursando los estudios secundarios; y con casi menos de la mitad, 15,6%, para las mujeres comprendidas entre los 15 y los 44 años).

Es decir que el nivel de instrucción de las mujeres es parejo, se reparten básicamente en el nivel medio (45% han empezado o finalizado la escuela media); mientras que un nivel de instrucción superior (estudios terciarios y universitarios iniciados o completos) está representado por el 37,6% de las mujeres. Contrariamente, se observan unos pocos casos de analfabetismo de mujeres en comprendidas entre 25 y 34 años, 0,2%; y entre 45 y 54 años, un 0,4%.

Cuadro Nº 17: Atenciones brindadas a mujeres en los Centros Integrales de la Mujer por tipo de atención. Ciudad de Buenos Aires. Años 2002/2016 

Captura de pantalla 2020-01-14 a las 16.37.27

(1) Incluye entrevistas sociales y psicodiagnósticos.

Fuente: DGEyC del GCBA sobre la base de datos del MDHyH. DGM

Como señalaba más arriba, el número de atenciones en los CIM ha ido decreciendo en el periodo 2002-2016, con una marcada disminución en los últimos años y se advierte una tendencia a su disminución en los últimos años, que tal vez responda, entre otros factores, a la paulatina reducción de personal calificado (entre los años 2007-2016 pasó de tener 500 a 280 trabajadoras), y a la limitada difusión de todos sus servicios y programas, en especial del 0800 66 Mujer.

Un dato muy llamativo que presenta el Cuadro 17 es la disminución de la asistencia grupal a mujeres (de ayuda mutua o de otro tipo) a lo largo del período. En los años comprendidos entre el 2013 al 2016 ha sufrido altibajos que van de 1109 atenciones grupales, bajando a 689 en el siguiente año 2014, volviendo a subir a 1940, para llegar al nivel más bajo del período, en el año 2016, con apenas 386 atenciones grupales, lo cual hace pensar en un dispositivo que sufre vaivenes según la gestión de turno, o en problemas de registro. Luego de la intervención convocada por la institución en el año 2006 a la Cátedra de Teoría y Técnica de Grupos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de Ana María Fernández, para realizar una asesoría institucional del “servicio público asistencia integral a la violencia doméstica y sexual” de la DGM, al año siguiente los casos de atención grupal subieron considerablemente. El informe de la asesoría señala que los dispositivos que se implementan en el servicio público dan cuenta de los modos de concebir la problemática de la violencia hacia las mujeres y subraya la insistencia de un modo psicologizado de entender dicha problemática, a partir del cual la atención de las consultantes se focaliza especialmente en los abordajes psicológicos clínicos.

Esta misma cátedra había realizado casi diez años antes (1994-1996) una consultoría en la que fue la propia institución, a pedido de las trabajadoras, la que solicitó la capacitación en dinámica de grupos para las profesionales de dos de los CIM (Rawson y Moreau), con objeto de poder así brindar un servicio integral (Borakievich, 2001). La intervención grupal con mujeres que atraviesan situaciones de violencia constituye una herramienta de intervención y prevención de gran importancia en el abordaje y tratamiento de la violencia, ya que en el espacio grupal, las mujeres se sostienen y apoyan unas a otras y pueden tomar conciencia de que su problema es compartido por muchas otras: “el problema vivido como individual privado y vergonzante se reinstala en su dimensión social y pública (…) el testimonio de cada una es relevante y ‘acreditado’ por las demás” (Fernández et al., 2006: 38). Asimismo, el informe de la asesoría resalta que, a lo largo del tiempo, la modalidad psicologizada erigió verdaderos protocolos implícitos en el trabajo cotidiano y que, en la medida en que las políticas de las sucesivas direcciones no sigan siendo claras en ese sentido, el imaginario profesional –mayoritariamente “psi”– gana terreno e impide comprender la dimensión público-estatal del problema (Fernández et al., 2006: 5).

Cuadro Nº 18: Mujeres víctimas de violencia familiar asistidas en los Centros Integrales de la Mujer por grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2016

cuadro-18

Fuente: DGEyC del GCBA sobre la base de datos del MDHyH. DGM

En cuanto al asesoramiento legal, se observa una constante de atenciones en todo el período, a excepción del año 2015, cuando solamente hubo 379. Patrocinio letrado y asistencia psicológica son atenciones que mantienen una cierta regularidad en el período, al igual que los talleres y cursos. Tal como lo expresa el Cuadro 17, el Cuadro 18 muestra una progresiva disminución de la cantidad de mujeres que concurrieron a los CIM en los últimos años. Asimismo, se registra en todos los años una mayor prevalencia de las consultantes en las edades reproductivas de 25 a 44 años, siendo casi la mitad de la población total; mientras que el número de mujeres mayores de 55 que concurrieron a los CIM durante el período 2010/2016 siempre es el más bajo. Las mujeres más jóvenes, de 15 a 24 años, y las más mayores, de 55 y más, han tenido un bajo acercamiento a los CIM en relación con las demás franjas etáreas.

5.4.3 Las casas de medio camino de la DGM Julieta Lanteri y Unidad Convivencial (UC)

Las casas de medio camino han sido pensadas como el último eslabón del proceso, cuyo objetivo final, es el desarrollo de estrategias de intervención a largo plazo, que les permitan a las mujeres superar la situación de violencia y lograr más autonomía y control sobre sus vidas. No obstante, para que las mujeres y sus hijos/as salgan de las situaciones de violencia que están atravesando, es necesario que se les brinden oportunidades reales que satisfagan, además de las necesidades básicas (alimentación, salud, educación, vestuario, transporte y servicios legales, psicológicos, médicos y sociales), sus derechos relacionados con temas laborales y de vivienda digna para facilitar el futuro egreso (Ávila Jacome, 2012).

Para optimizar la asistencia a las mujeres en situación de la violencia, la DGM creó las casas de medio camino: Julieta Lanteri y Unidad Convivencial (UC). Como se mencionó con anterioridad, estas surgieron en los años 2003 y 2004 respectivamente, y en el año 2010 se fusionaron en una sola: la Casa de Medio Camino Juana Manso. Según la información obtenida, surgieron como parte de los dispositivos que la DGM incluye en el Programa Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual.

Este tipo de albergues tiene como objetivo final que las mujeres superen la situación inicial de violencia y logren mayor autonomía y control sobre sus vidas. Son dispositivos de puertas abiertas; esto es, las mujeres y sus hijos (hasta los 11 años) e hijas (sin límite de edad) pueden entrar y salir de aquellos para ir a trabajar, a la escuela, a actividades y/o reuniones sociales, etc. Son derivadas allí las que fueron evaluadas como de riesgo de nivel medio.

No se puede entender la realidad de las casas Julieta Lanteri y Unidad Convivencial si no se las enmarca en el contexto político-institucional en el que se desarrollaron. Es preciso analizar sus historias como una herramienta para comprender el proyecto organizacional, su estructura y objetivos, así como también la dinámica de funcionamiento interna, los conflictos, las diferencias y acuerdos, los malestares, pactos implícitos y explícitos sobre los que la institución se funda. Muchas de las dificultades que estas dos casas atravesaron estuvieron ligadas a las transformaciones institucionales, pues cada cambio de gestión implicaba “barajar y dar de nuevo”, ya que al no haber normas estandarizadas de actuación en ese momento −por ejemplo, protocolos−, las intervenciones quedaban libradas al buen criterio (o no) del personal interviniente, sumado esto a la paupérrima asignación presupuestaria que históricamente tuvo la DGM, la falta de personal y de capacitaciones específicas y regulares en la problemática, punto ya desarrollado en el capítulo 3.

No se encontraron registros escritos que den cuenta de los orígenes, fundamentos, objetivos de la creación de las casas, ni sobre la finalidad, el organigrama, las funciones y responsabilidades del personal; por lo cual se recurrió a relatos orales que pudieran dar cuenta de esta parte de la historia. Estas falencias en el registro de la propia historia institucional hacen que se distorsione el “qué”, “cómo” y el “para qué” que direccionen las prácticas de quienes trabajaban en la institución (Tallarico, Parola, Rabendo, Sanz y Sisini, 2009). Seguramente por ello, en las entrevistas se observaron algunas discrepancias en torno a los objetivos y la finalidad de las casas. Con respecto a los objetivos, una de las trabajadoras de Lanteri refiere que esta casa había sido pensada como una continuación del refugio:

yo fui a Medio Camino a mediados del 2003, eso ya estaba aceitado para ser una continuación de lo que era el Refugio en su momento (…). Sería un espacio intermedio, en este caso la prioridad la tiene siempre el refugio, porque las mujeres están por una determinada cuestión y sabés que ahí no pueden salir. Entonces después sería Medio Camino… es mucho más abierto (…) Los chicos van a una escuela ya directamente fuera de lo que es el refugio, es abierto, pueden retomar sus trabajos si los tienen, que lo tenían suspendido en ese momento, o no. Pero siempre es para víctimas de violencia (Eva, 62 años, 2 hijos/as).

El énfasis está puesto en la modalidad que adquieren estas instituciones, es decir, que son espacios abiertos, intermedios; poco dijo la entrevistada sobre cómo era el proceso y de qué manera se trabajaba la adquisición de la autonomía y reinserción de las mujeres y sus hijos e hijas.

Por su parte, una trabajadora de la UC sostuvo que “la finalidad es que la mujer pueda levantar su autoestima, autovalerse (…) y posicionarse en otro lugar respecto de sus hijos y del resto (…). Una cosa que tratamos de generar es esto: la independencia” (Griselda, 43 años, 3 hijos/as). La independencia sería el punto de llegada al que apuntaba la intervención institucional.

Es decir, por un lado se ubicaba a este dispositivo como el último eslabón en la cadena de recuperación de la mujer, pero por otro, se lo situaba como una instancia intermedia donde se pudieran desarrollar estrategias de intervención a largo plazo, que permitiesen a las mujeres “reinsertarse socialmente”, una vez que el peligro inminente haya cesado (Tallarico et al., 2009).

Más adelante, Eva (Lanteri) refiere

cuando yo fui había solo dos personas, todavía no tenía un funcionamiento ni con cargo ni con gente, en este caso, dos personas, tampoco estaba habilitado para tal fin. Nosotros hicimos el protocolo, el reglamento interno, para que pudiese funcionar, en ese momento en el cual yo me hago cargo del lugar, ahí empecé a hacer un trabajo con las organizaciones, con otros medios del Gobierno de la Ciudad, en ese momento y no sólo que las derivaciones fuesen del refugio, llegué a tener veintiocho mujeres, el espacio lo permitía, no estaba en buenas condiciones edilicias pero sí era mucho más amplio.

La institución se ocupaba primero de conseguir el lugar, ni siquiera habilitado para el fin que tendría −en vez de diseñar una política específica− para luego dejar libradas a la buena voluntad del personal cuestiones relativas al funcionamiento, procedimientos y acciones a desarrollar con las mujeres que alojaría. Hay una falta de contenido y corrimiento de la función como institución pública. Esto también se ve reflejado en las palabras una de las trabajadoras del equipo itinerante de las casas:

Cuando a mí me mandan a la Unidad Convivencial, cuando yo llegué, en el año 2006, no se estaba trabajando; yo tenía que hacer dos trabajos, no uno sólo. Yo tenía que trabajar con las mujeres, en lo que eran las reuniones convivenciales y el proyecto de salida de externación de las mujeres que estaban ahí para su reorientación sociolaboral, y por el otro lado, tenía que acompañar al equipo técnico en ese momento, porque tenían muchos problemas entre ellas. Así que bueno, no era sencilla la tarea, porque era un sola persona, la misma para cumplir dos roles diferentes (…) Yo trabajo en violencia desde el año 90, con lo cual que soy militante de derechos humanos desde esa época. Yo estaba haciendo algo que hacía antes y no me pagaban un centavo porque lo hacía por convicción política ideológica. En ese sentido, mi único objetivo era trabajar para las mujeres que sigue siendo este mi único objetivo, lo que pasa que hay gestiones que facilitan y otras que por ahí no le es tan importante en este caso, pero bueno, mi objetivo es ese (…) Una de las cosas que yo vi es que… la sensación que yo sentí cuando empecé a trabajar, primero no entendía nada cuál era mi línea de trabajo acá dentro de la Dirección (Cristina, 49 años, sin hijos/as).

Cristina, quien se definió como militante de los derechos de las mujeres, refiere acerca de la superposición de tareas que tenía en la casa por ser la única persona que cumplía tanto el acompañamiento a las mujeres para su externación, como al equipo técnico en la resolución de sus problemas internos. Asimismo, se puso de manifiesto la falta de lineamientos técnico-profesionales de la institución al personal que se incorporaba para realizar un trabajo, pues no se tenía muy claro qué se esperaba de ellas. Su trabajo se sostenía en su compromiso y buena voluntad, sin ningún tipo de contención, protocolos o lineamientos. La profesional parecía estar trabajando en su consultorio privado más que en una institución pública.

Esta falta de consenso en las prácticas de intervención trae como consecuencias el aislamiento y la fragmentación en el hacer cotidiano. El modo de funcionamiento se reproduce en diferentes espacios institucionales (más allá de las buenas intenciones con que el personal intentaba realizar cotidianamente sus tareas), sin advertir que, en muchos casos, justamente la apelación al “buen criterio” individual o del equipo local desaloja la dimensión institucional que podría legitimar y resguardar estas acciones (Fernández, 2006).

La historia institucional habla de cómo se plasma la política pública. La forma en que cada una de las actoras la narra tiene poco anclaje en un proyecto común, que es lo que permite darle la especificidad de lo público. Es decir, no se piensa lo público como un espacio de inscripción colectiva, sino que funciona desde la puesta en práctica de acciones individuales aisladas.

Por su parte, Susana Vázquez (2012) alude a la importancia del trabajo en equipo en violencia y refiere que, para que este funcione, no basta con el agrupamiento de profesionales de diferentes disciplinas o de distintas orientaciones, sino que se tienen que determinar diversas metas entre todas las personas que lo integran. Entre estas, señala: un objetivo común, una forma de organización, un funcionamiento grupal, proyectos de trabajo y una guía de recursos.

Esto apunta a una institucionalización precaria que se observa, como se verá más adelante, en la poca formalización de las reglas, objetivos, procedimientos y normativas organizacionales.

5.4.3.1 La casa de medio camino Julieta Lanteri

Esta casa funcionó hasta el año 2009. Como el edificio no era propiedad de la DGM sino del ex MDS, cuando se fusionaron en el año 2010 las dos casas en la actual Casa de Medio Camino Juana Manso, el edificio volvió a la órbita del ministerio para ser destinado a otros programas.[15]

La casa, ubicada en el barrio de Constitución, era un PH al cual se accedía por una entrada independiente. Estaba situada al lado de un parador para mujeres en situación de calle del GCBA, con capacidad para catorce camas y dos cunas. Contaba con tres pisos: los dos primeros, con tres habitaciones cada uno y un baño compartido. El último piso era una terraza amplia −sin protección ni redes de seguridad para los niños/as−, con un lavadero techado. Poseía personal femenino de seguridad las 24 horas.

Existían pocos espacios de uso común para la totalidad de la población alojada, por lo que los pisos adquirían un valor fundamental a la hora de la organización interna de la casa. La planta baja se utilizaba como oficina para el personal, donde con frecuencia se reunían la coordinadora y las operadoras ya que no había un lugar específico para estos fines. Cuando este espacio no se usaba, se cerraba bajo llave, la cual quedaba a disposición del personal de seguridad.

La organización de la casa estaba distribuida por pisos; se acordaba entre compañeras la realización de las siguientes tareas: limpieza, uso de los espacios, repartición de los alimentos −ya que estos eran provistos por una empresa externa en forma de viandas−. Cada piso disponía de un espacio en común utilizado como comedor, con una mesa, sillas y una heladera. Muchas veces, los niños/as utilizaban este pequeño espacio para hacer los deberes de la escuela.

5.4.3.2 La Unidad Convivencial (UC) 

En año 2004, la Dirección General de Administración de Bienes le transfirió un inmueble a la DGM, en el cual se instaló la Unidad Convivencial (UC)[16]. Se estableció que esta iba a cumplir la función de hogar de tránsito para las mujeres y sus hijos/as en situaciones de violencia que contaran con las medidas cautelares correspondientes.

La UC se encontraba ubicada en una casa antigua que daba a la calle, y constaba de una planta baja, un primer piso y una terraza[17]. Contaba con personal femenino de seguridad las 24 horas y tenía capacidad para 14 personas. En la planta baja estaban la oficina del personal, el comedor, una cocina, dos habitaciones con ventilación hacia la calle, tres baños, un lavadero, dos depósitos (uno para muebles y otro para alimentos) y el garaje. En el primer piso había cinco habitaciones con camas marineras y un baño compartido.

En esta casa, a diferencia de la anterior, las mujeres tenían que elaborar su propia comida con mercadería que proveía el GCBA. La DGM planteaba que su organización se basaba en una lógica autogestionada como forma de favorecer mecanismos que permitieran aumentar los márgenes de autonomía de las mujeres. Si esto es así, no se entiende por qué en la otra casa no se trabajaba con esta modalidad, situación que está relacionada con la concepción de autonomía que subyace en la institución (este punto se desarrollará en el apartado 5.4.3.5 de este capítulo)

El edificio pertenece a la DGM, por lo cual cuando la UC dejó de funcionar en el año 2009 como casa de medio camino, se transformó en el Refugio Tita Merello para mujeres en riesgo, rescatadas de redes de trata de personas con fines de explotación sexual y/o laboral.

5.4.3.3 Del ingreso y egreso

Diversas investigaciones muestran que muchas mujeres, por diferentes obstáculos, tanto subjetivos como materiales, no realizan la denuncia por violencia o que, si llegan a hacerla, luego la retiran (Birgin y Gherardi, 2008; Pautassi, 2014). En el caso de realizarla, las mujeres inician un camino complejo, en el que no es menor la dificultad para comprender el lenguaje judicial, ya que en la mayoría de los casos no están habituadas a los trámites legales. Además, las respuestas que se brindan en los tribunales, por lo general, no son las que esperan puesto que, muchas veces, ellas pretenden que el agresor vaya preso (ELA, 2011).

En la mayoría de los casos, las mujeres ingresaban a las casas de medio camino a través del refugio y, en menor medida, mediante derivaciones realizadas por el Hogar Eva Duarte, los CIM, juzgados, defensorías, el servicio social, por consulta directa en los del 0-800-Mujer (actual línea 144), la OVD o por denuncia en la comisaría más cercana (aunque allí, por lo general, no existía personal especializado en el tema). Una vez realizado este primer acercamiento, se las asesoraba, y en los casos en que no hubieran acudido directamente, se las derivaba para su atención en los CIM. Para hacer la derivación, el equipo de profesionales evaluaba la situación de riesgo en la que se encontraban las mujeres, sus hijos e hijas.

Más que un único camino, por lo general las mujeres transitan por múltiples itinerarios antes de encontrar soluciones definitivas a sus problemas, si es que las encuentran (OPS, 2000). Además, es necesario tener en cuenta que, para cada una de ellas, atravesar por esta situación implica volver a relatar la historia de violencia padecida. Se suma que muchas veces no son informadas acerca del lugar o las estrategias que la institución prevé para ellas; ambas situaciones configuran una revictimización por parte del sistema.

Al ingresar a los sistemas de protección, se relevaban los datos sociodemográficos a través de la administración del RUM, mencionado con anterioridad. En el presente estudio, no se pudo elaborar un perfil sociodemográfico que diera cuenta de manera exhaustiva de las características de las mujeres allí alojadas, ya que la mayoría de las fichas del RUM no contaban, en ese momento, con toda la información solicitada. Según los datos recabados, las mujeres que ingresaban carecían, por lo general, de redes familiares y/o sociales, estaban desempleadas o padecían condiciones laborales precarias. Eran, en su mayoría, migrantes internas y externas (en gran medida de países limítrofes, en especial de Bolivia y Paraguay), con un nivel de escolaridad bajo y, dada su vulnerabilidad social y económica, con necesidades tales como las básicas de vivienda, trabajo, alimentos y medicamentos, entre otras (Tallarico et al., 2009). La violencia padecida, sumada a la situación de vulnerabilidad social, las ubicaba en un lugar de fragilidad sobre el cual la institución debía contribuir para modificarlo. En algunos casos recibían, al momento del estudio, algún tipo de subsidio por parte del gobierno, como por ejemplo, el Plan Jefes/Jefas de Hogar y Ciudadanía Porteña.

5.4.3.4 Reglas y normas

Si bien la ley Nº 1688/05, en su artículo 13, refiere que “deberán definirse protocolos para la intervención en todas las dependencias mencionadas en el artículo 11” (entre las cuales figura la Dirección General de la Mujer y la línea 0800-MUJER −actual Línea 144−), como una forma de evitar la revictimización, esperas o traslados innecesarios, fue recién en el año 2010 cuando la institución elaboró los protocolos; y en el año 2011, cuando comenzó a implementarlos. En el año 2013 se estableció el procedimiento de derivación y atención de Víctimas de Violencia Doméstica entre los organismos competentes de la Ciudad de Buenos Aires (“Protocolo de articulación integral de la red de atención a las víctimas de violencia doméstica” (Resolución F.G Nº 106/13), para garantizar un “abordaje interdisciplinario efectivo, su asistencia integral y protección”. Con la denominación utilizada, el protocolo inscribe la problemática de la violencia contra las mujeres desde un enfoque de reparación en el cual subyacen conceptos capaces tanto de crear subjetividades como posiciones de sujetos: las mujeres como víctimas sustancialmente pasivas y vulnerables.

Al momento de la investigación, las casas contaban con un reglamento interno que pautaba las normas de funcionamiento, entre las que se incluían: las condiciones y compromiso de permanencia de las mujeres asistidas en las unidades, las obligaciones (horarios y actividades), las condiciones y motivos para el egreso, las responsabilidades de las mujeres, como así también las prohibiciones expresas. El tiempo estipulado de permanencia era de entre seis meses y un año, siendo este límite muy flexible de acuerdo con la situación de cada mujer. De hecho, ha habido casos en que algunas de ellas permanecieron por tiempos muy extensos en la institución. Acerca de ello, las mujeres refirieron “Carolina hace un montón de tiempo que está acá en el hogar, no sé cuánto tiempo hace que me dijeron que está, pero hace un montón de tiempo” (Lorena, 34 años, mellizos/as, Lanteri). “Sí, hace un montón de tiempo que está, se colgó sin fin” (Viviana, 47 años, dos hijos, Lanteri). Marcela (23 años un hijo, Lanteri) y Carolina (3 hijas, Lanteri) son las mujeres que excedieron el tiempo límite de permanencia en las casas, ya que estuvieron allí dos y más de cuatro años, respectivamente. Al respecto, Celina Penchansky et al. (2018) refieren que las mujeres permanecen en las casas de medio camino de la DGM entre uno y dos años, no solo debido a la complejidad de las situaciones por las que atraviesan (laborales, de seguridad personal, vinculares, entre otras), sino además “por la falta de integralidad de políticas públicas que le permitan a las mujeres tener herramientas para desarrollar una vida autónoma: políticas habitacionales, políticas de empleo, disponibilidad de los servicios de cuidado de menores y adultos/as a cargo, por ejemplo” (Penchansky et al., 2018: 313).

Cuando las mujeres ingresaban, firmaban su consentimiento y se comprometían a cumplir lo que estipulaba el reglamento. Estaba establecida la distribución de tareas entre ellas: semanalmente, cada una tenía asignado un día en que debía ocuparse del aseo de la casa y de la elaboración de la comida. Algunas reglas destinadas a ordenar el funcionamiento cotidiano en la vida de las mujeres eran percibidas por ellas como invasivas o como una forma de control innecesaria. Por ejemplo, en ambas casas estaba prohibido cerrar las habitaciones con llave (situación que derivaba en conflictos cuando faltaban pertenencias de sus cuartos); también, en un momento, se implementó un cuaderno donde se debían firmar las entradas y salidas de las casas −que no era parte del reglamento que habían firmado−. En una entrevista grupal en Lanteri, las mujeres refirieron “hay un cuaderno donde firmás las entradas y las salidas. A me jode soberanamente las pelotas… (Carolina)”, “tenés que dejar asentado que vas a tal lado y llegas a tal hora. ¿Para qué estás en una casa?… lo sentís como la cárcel (Marina, 29 años, dos hijos/as, Lanteri). Cuando se les preguntó si sabían cuál era el objetivo del cuaderno, coincidieron en decir que cumplía una función de control, pero que desde la institución “hasta ahora no me dieron explicaciones del por qué… no sé cuál es el criterio” (Lorena, Lanteri).

Estábamos hablando con Lea (operadora de la casa) y dice “este es un nuevo reglamento igual que el de la UC y hay que cumplirlo a rajatabla. Ahora el horario de entrada es la 9 y no la diez y cada una va a cagar fuego” (…) Yo cuando entré no me habían dicho lo del cuaderno. No me lo dijeron. Yo cuando tenía que salir, pum al cuaderno, si vas al chino, si… A qué hora, cuándo volvés. Todo… Dentro de poco vas a tener que pedir permiso para ir a cagar (Marina).

El hecho de tener que anotar cada cosa que hacían, sumado a que se les restó una hora para volver a las casas, sin ningún tipo de explicación, las hacía sentir infantilizadas en el ejercicio de su autonomía. El cuaderno aparecía más como un castigo por no haber acatado las normas que como una solución consensuada frente a los conflictos. En cambio, en la UC, solo las operadoras hicieron referencia acerca del cuaderno, las mujeres alojadas no lo mencionaron, por lo que probablemente no constituyera un tema preocupante para ellas.

Este tipo de modalidad −la de castigar a las mujeres por sus conductas inadecuadas− también se reflejó en el caso de una mujer que no cumplió con lo pautado en el reglamento (limpiar), y la sanción perjudicó a sus hijos/as en la salida del fin de semana. En diferentes entrevistas, las mujeres refirieron que ellas son mujeres grandes, que saben lo que hacen y que no necesitan que “les anden atrás”. Una de ellas comentó “esto es así desde hace un tiempo. Antes no era igual, podíamos bajar y tomar mate todas juntas mientras los chicos dormían” (Carolina). Ese era el momento en que compartían y podían charlar de sus cosas; otra agregó que ahora “es una prisión” o refirieron acerca de un episodio cuando se cortaron los suministros de la luz, agua y gas por problemas relacionados con las refacciones que se estaban llevando a cabo en la UC y estuvieron un fin de semana privadas de esos suministros. Luego de lo sucedido, y a pesar de los vanos intentos por comunicarse con el personal a cargo de la institución, al mantener una charla el día lunes dijo “que ella no iba a ir, primero porque no podía y segundo porque ellas no habían hecho la tarea” (Yiyi)[18]. Entonces se ve que existe dentro de las casas una manera arbitraria, no formal, de aplicación de premios y castigos para las mujeres por parte del personal, según se adecuen o no a las normas de funcionamiento, sintetizado en el “Ahora (…) cada una va a cagar fuego.”

En el hacer cotidiano de las instituciones públicas de este tipo, las fronteras entre lo público y lo privado muchas veces se entremezclan y se diluyen. No sin contradicciones, las casas −como instituciones públicas− intentan reproducir el ámbito privado para estas familias. Una de las trabajadoras refirió “que sea lo más parecido a un hogar pero no se les olvide que no deja de ser una institución” (Eva); otra de ellas menciona “ahora se empezó a cumplir el reglamento como es, cumplí los horarios, la limpieza, todas las cosas. Para que ellas tomen conciencia que están acá y no hacen lo que quieren” (Juana, 39 años, trabajadora UC). Esto da cuenta de que las agentes en la institución no se limitaban a regular las conductas de sus miembros bajo un reglamento pautado, sino que además, hacían uso de prácticas disciplinarias encubiertas (Tallarico et al., 2009). La disciplina es una manera específica de castigar (Foucault, 1992, 2006). Aunque de una manera sutil, este tipo de castigos promueve cuerpos dóciles, obedientes y sumisos a los efectos de enderezar conductas (Foucault, 1992: 140). También Foucault (2006: 67) afirma que “la función esencial de la disciplina es impedir todo, aún y en particular, el detalle”.

Para sostener tal ordenamiento, las instituciones combinan y alternan dispositivos y estrategias (violencia represiva y violencia simbólica), por medio de los cuales logran su eficacia en el disciplinamiento social y, por lo tanto, en la legitimación y el orden de las instituciones que involucran (Fernández, 1994). Pero cuando estas violencias provienen de instituciones públicas, cuyo objetivo es la promoción de los derechos de las mujeres, sus hijos e hijas, el daño es aún mayor, ya que se trastoca el rol del Estado.

El tema del cumplimiento o no de ciertas normas incidía en la percepción que tenían las mujeres respecto de su estadía en las casas. Se producía una laguna entre las expectativas que ellas tenían de que se cumpliera o no el reglamento, con la realidad de la institución.

Acá tenemos turnos para cocinar, una vez cada una para todos, otra mamá cocina y no hay carne, se sirven de más y yo no entiendo, cuando yo cocino siempre sobra carne, entonces es un quilombo y lo planteamos y no hay solución, lo que habla Griselda (por la coordinadora) es en vano. No hacen caso y la Griselda está cansada, ella dice: qué voy hacer(Rosmary, 35 años, 3 hijos/as UC).

Acá hay muchas cosas que no se respetan, esas es una de las cosas que yo crítico de la institución, los horarios de dormir (…) A la una de la mañana, a las dos, gritan abajo. Inclusive las chicas de seguridad se ponen hablar ahí abajo (…) Yo así como respeto me gustaría que me respeten a mí también. Todas las cosas que yo expuse alguna vez no me resolvieron nada… de la convivencia estoy hablando yo. Dentro de las habitaciones se fuma, se fuma por todos lados, sabiendo que hay chicos que tienen problemas bronquial, que los míos tienen problemas de vías respiratorias. Ellas andan siempre con el pucho por aquí y por allá. En el segundo piso todo el mundo fuma. Faltan límites, por ejemplo, yo lo que veo (Viviana 47 años. Casa Lanteri).

Las mujeres percibían un cierto agotamiento del personal, como si estuvieran desbordadas ante las situaciones que cotidianamente se les iban presentando. Tal vez por eso se llegaba a medidas extremas de castigo, como respuesta a la impotencia de las agentes para lidiar con los pocos recursos con que contaban (materiales y personales) para responder a las múltiples demandas de las mujeres, sus hijos e hijas ahí alojados/as.

Si bien las mujeres en este tipo de dispositivos tienen la posibilidad de salir durante los fines de semana, los factores económicos y emocionales limitaban dicha posibilidad: “No, no salimos, tengo miedo, además siempre quieren algo y no puedo darles, entonces como no tengo dinero, nos quedamos aquí” (Rosmary, UC). Nuevamente, la institución muestra sus incapacidades, en este caso, para facilitarles salidas a las mujeres con sus hijas e hijos a realizar actividades culturales, recreativas, deportivas y/u ociosas como espacios favorables, más personales, donde puedan disfrutar de la promoción de nuevas formas de vida[19].

Asimismo, como se señaló anteriormente, en pos de proteger a quienes se alojan en las casas, este tipo de dispositivos tiene como pauta, entre otras, la imposibilidad de que entren personas ajenas a la institución (con excepción de algunos familiares), situación que produce dificultades para entablar vínculos sociales y/o, muchas veces, es una fuente de generación de angustia importante (los niños y niñas no pueden festejar sus cumpleaños en las casas con sus amigos/as de la escuela, ni invitarlos/as a jugar). En este sentido, es llamativo escuchar a una de las trabajadoras decir que “quienes son sus amigos y compañeros son los otros niños de acá” (Eva, Lanteri); es decir que el mundo social del niño es básicamente la institución y todo lo que la rodea (Tallarico, et al. 2009). Sin embargo, la UC planteaba una modalidad más flexible al respecto; sus trabajadoras manifestaron que no podían ser tan frías, por lo que se permitía, cuando el evento o festejo correspondía a un niño o niña, el ingreso solo de pares (compañeritos/as de la escuela, por ejemplo). Por esa razón, resaltaban la necesidad de hacer una concesión que permitiera atenuar el efecto que generaba en los/as niño/as vivir en una institución de este tipo. Esta imposibilidad de que ingresen personas ajenas a la institución era considerada por parte del personal como un factor que reforzaba la estigmatización de los niños y niñas en los ámbitos por los que circulaban cotidianamente (la escuela, barrio, amigos/as, familiares, etc.) (Tallarico et al., 2009).

Asimismo, dentro de las casas se reproducían relaciones informales y afectivas que se traducían, en el accionar cotidiano, en prácticas diversas que muchas veces no respondían a un criterio unificado y consensuado institucionalmente respecto de cuáles eran los límites de la intervención y cómo determinarlos. Esta falta de lineamiento institucional dejaba a la operadora a su libre criterio de intervención; sus propios sentimientos se manifestaban en función de lo que cada situación puntual le provocaba. Al respecto, una trabajadora comenta: “uno de los problemas que yo vi es que pierden la distancia (…) entonces muchas veces ven en las otras, películas que son propias, las proyectan…” (Cristina, equipo itinerante de las casas de medio camino). Una de las mujeres alojadas, al referirse a los aspectos positivos en las casas se refirió a su vínculo con una de las operadoras: “vamos a la iglesia, yo la quiero mucho como persona, es una segunda mamá, la aprecio, se preocupa, vamos a la iglesia o a visitar otra, porque no lo hace por interés, veo una buena persona, desde que llegué, con lo mal que estaba, me ayudó mucho” (Paula, 22 años, una hija, UC). En este comentario se ve que las acciones, nuevamente, quedan del lado de los intereses, valores, morales, (pre)juicios, estereotipos personales más que de los lineamientos institucionales fundados en estrategias de intervención. Este tipo de modalidad −basada en una suerte de amistad entre la trabajadora y la mujer como una manera de suplir la ausencia de dispositivos institucionales− también era fuente de conflictos. En Lanteri, se escucharon quejas en relación con la existencia de favoritismos; como que a los hijos e hijas de unas u otras no los cuidaban; que eran “discriminadas” y que se peleaban por “celos con las operadoras”, por lo que se potenciaban las malas relaciones entre las mujeres o entre las mujeres y las trabajadoras de las casas.

5.4.3.5 Funcionamiento y dispositivos

Cada casa contaba con una coordinadora y algunas operadoras de forma permanente. Debido a la escasez de personal, no todos los horarios estaban cubiertos. Al respecto, algunas mujeres refirieron:

Yo digo que haiga de noche una operadora, porque de noche parecen las dueñas y compartimos el baño y la cocina y siempre hay problemas, quilombos que tengo con el nene y empiezan a pelear y su mamá me mira, insulta, y me llevo a mi nene si no peleamos, yo evito. Aunque me vence la rabia y quiero evitar hacer algo sin querer (Rosmary, UC).

Acá es un problema que no hay gente a la noche, me siento muy sola (…) yo me acostumbré al otro hogar (Verónica, UC, 22 años, un hijo; provenía del Hogar Eva Duarte).

El personal de cada casa desconocía la dinámica y organización de la otra. No había reuniones entre las coordinadoras, ni entre los equipos de trabajo; cada una mantenía su lógica individual, más allá de que ambas persiguieran el mismo objetivo con mujeres y niños/as de similares características y pertenecieran a la misma institución. Esto imposibilitaba el desarrollo de proyectos en común, el intercambio de experiencias y aprendizaje mutuo, tanto para el personal como para las mujeres y sus hijos e hijas. Desde la Coordinación General del Área de Violencia, se trabajaba paralelamente con cada casa por separado y no se fomentaban encuentros frecuentes.

Una vez por semana concurría a la Casa Lanteri personal externo del equipo itinerante conformado por tres integrantes: una estudiante del último año de trabajo social, una psicopedagoga y una psicóloga. Este equipo estaba a cargo de la coordinación de las reuniones convivenciales.

Dentro de los dispositivos internos de atención en las casas, las trabajadoras entrevistadas daban cuenta del carácter obligatorio de la terapia individual y de las reuniones convivenciales (cuando el reglamento solo hacía referencia a la obligatoriedad de estas últimas). Estas eran pensadas como un espacio grupal para dirimir los conflictos cotidianos y mejorar la dinámica interna entre la población alojada. La coordinación de las reuniones variaba en cada caso. Por ejemplo, en la casa Lanteri, las reuniones estaban a cargo del equipo itinerante; mientras que en la otra, eran conducidas por la coordinadora general de la casa.

En cuanto a los horarios en que se implementaban las reuniones convivenciales, existían diferencias entre ambas casas. En Lanteri −como la presencia era obligatoria− se realizaban en un horario que no interfiriera con la actividad laboral de las mujeres. En cambio, en la UC, el horario de estas reuniones era a las 14, lo que dificultaba una plena participación. También se observaron diferencias en cuanto a los temas que se abordaban en una casa y en la otra. En una de ellas se inclinaban a abordar únicamente cuestiones referentes a la convivencia. En la otra, las profesionales intervinientes mencionaron que se incorporaban otras temáticas más amplias, enfocadas desde una perspectiva de género, como por ejemplo, cuestiones relativas a la sexualidad o a las relaciones de pareja, “para correrlas del rol de madres” (integrante del Equipo Itinerante). Si bien esto último es mencionado por las profesionales, no se detectó una correspondencia directa con los discursos de las mujeres entrevistadas. Algunas mujeres, al preguntarles acerca de los temas que se abordaban en las reuniones convivenciales, manifestaron que

se charla las cosas así del piso, alguna cosas que no se hace. A veces de nosotras mismas, ¿cómo nos sentimos como mujer?, ¿qué compartimos con las otras? (Carolina, Lanteri).

Solo sirven para las quejas, yo llegué tranquila y quise hacer amistades, pero como empezó “le dijo que me dijo”, entonces yo ya me alejé porque no quiero problemas, porque si no, me desespero y como cuando mi esposo me atormentaba, entonces si empiezan las discusiones a no me gustan, en las reuniones, de algo pequeñito lo hacen gigantesco y yo trato de apartarme, porque no soporto, parezco fuerte pero no soy tanto (Paula, UC).

llevan y traen (…) lo que una dice de la otra (…) no tengo paciencia para nada, yo voy y lo saco, lo saco mal, me ponen nerviosa y soy capaz de hacer cualquier cosa (Verónica, UC).

No sirven, se hablan temas de convivencia y no temas de mujeres. Se charla lo de la limpieza, de lo que nos parece bien, lo que nos parece mal (…) Yo hay cosas de mi vida personal que no quiero contar a nadie que no sea a Viviana… con la única con la que puedo hablar es con la directora, es con la que me siento cómoda para hablar lo que le pasó a Marcelo (su hijo) (Alejandra, 24 años, un hijo, Lanteri).

Un rasgo muy significativo que se observó en las entrevistas con el personal era la insistencia en que la institución no debía generar una dependencia de las mujeres, sino que “la madre encuentre la solución, si no le estás dando todo para resolverle el problema(Ana, equipo itinerante). Esto da cuenta de una creencia subyacente de que la autonomía era algo que las mujeres podían asumir por sí mismas, sin tener en cuenta que revertir esta situación, por lo general, lleva mucho tiempo y forma parte de un proceso profundo que les permita ir construyéndola progresivamente.

Según refirieron quienes trabajaban en las casas, el hecho de ser de puertas abiertas era un factor muy importante para que las mujeres alcanzaran la independencia, que valoraban positivamente. Varias trabajadoras entrevistadas consideraban −con una visión sin matices críticos de lo que puede ser un hogar− que estas les parecían, por ser, a su entender, sitios de contención y afecto, donde se cubrían las necesidades de alimentación y se brindaba cuidado a las mujeres en situación de violencia. Lo paradójico es que las casas adquirían una valoración positiva por parte de las trabajadoras en tanto perdían su carácter institucional y se asemejaban a un hogar (idealizado). Para las mujeres alojadas, la institución representaba en forma más realista un espacio de protección y una salida habitacional a su problema. Valoraban que la cobertura de las necesidades básicas de alimentación, seguridad y vivienda les facilitara muchísimo su situación. Algunas de ellas mencionaron que “lo bueno es tener un techo (…) pero falta calor de hogar” (Amanda, 35 años). Muchas de estas mujeres sabían que, de no haber accedido a las casas de medio camino, la única opción era la calle (Tallarico et al., 2009).

Acerca de los conflictos existentes entre las mujeres alojadas, la modalidad de la convivencia en sus aspectos negativos por su carga de violencia y agresividad” fue uno de los temas más mencionados en ambas casas, expresada en frases como “se tiran patadas una a la otra” (Sandra, UC); “lo que me fastidia es que la persona no sea sincera” (Lorena, Lanteri); “como vengo del campo y no hablo bien como ellas, me encierro en mi cuarto y como sola con mis hijos” (Rosmary, UC) o “acá es todo individual. Es River-Boca” (Alejandra, Lanteri); las mujeres expresaban la falta de solidaridad y/o sinceridad entre las propias compañeras sentido por las mujeres. Sin embargo, otras realizaron alianzas entre ellas, como una manera de dirimir los conflictos; en una de las casas se agruparon por piso como una manera de enfrentar al individualismo que ellas también reconocían:

Pero en el segundo piso nos llevamos muy bien todas. Tratamos de que las diferencias y las peleas no se llegue a más, nos sentamos lo conversamos entre las tres y sacamos una idea como para que estemos conformes las tres, siempre nos damos una mano (Alejandra, Lanteri).

Nosotras, las del segundo piso, siempre tomamos mate después de comer (Marina, Lanteri)

En la reunión grupal realizada con mujeres de la UC se aludió también a este tipo de relaciones de convivencia y a las diferencias traducidas en falta de solidaridad: “cada uno se cuida su culo”. Otra abrió el debate acerca de lo injusto que era que solo una de sus compañeras, por ser la de mayor antigüedad, tuviera su propia TV en su cuarto. Todas se sumaron, y señalaron que la coordinación debería cumplir la regla con todas por igual. En la UC, gran parte de las mujeres sostenían que en las reuniones convivenciales se generaban aún más conflictos de los que ya existían; las hacían opinar sobre conflictos de terceras y se terminaban involucrando en situaciones con las que no tenían nada que ver. Así se ponen de manifiesto las dificultades institucionales que aparecían para una intervención que promoviera una apropiación de ese espacio por parte de las mujeres como un lugar de encuentro, capaz de brindarles una escucha y herramientas que las fortalecieran y/o que les fueran útiles para generar vínculos entre ellas; por el contrario, al salir de ahí, se sentían peor que antes. También, en la reunión grupal, una de las mujeres mencionó que iba obligada y que preferiría no estar, entonces se quedaba callada, pero la agredían porque no hablaba. Otra −alojada hacía más tiempo− mencionó que antes era distinto, porque la anterior coordinadora del espacio tenía un rol más fuerte, buen manejo de grupo, permitía que cada una descargara lo que necesitaba y sabía darle un cierre a la reunión. Con su comentario buscó complicidad entre sus compañeras, a lo que dos adhirieron. Además, resaltó que también había logrado que participara una de ellas, que nunca se sumaba a las reuniones. Finalmente, valoró de forma positiva el espacio en sí de las reuniones convivenciales, pero señaló que fallaba la conducción.

Más allá de los estilos diferenciados que podían ejercer quienes llevaban a cabo la coordinación de estos espacios en cada una de las casas, lo que se percibe es la dificultad que había para establecer canales de comunicación aceitados que sirvieran para intercambiar experiencias y pensar criterios unificados a la hora de planificar acciones institucionales. En este sentido, faltaba promover la pertenencia a un colectivo de trabajo, lo cual supone tener que responder a reglas comunes. Estas reglas colectivas de trabajo son elementos esenciales para establecer una buena comunicación y coordinación entre los miembros de una institución (Dejours, 1990).

Estas dificultades en la convivencia parecen ser un tema recurrente en este tipo de dispositivo, tal como lo señalan Rebollo Sánchez y Bravo Campanón, quienes sostienen que lo más destacable entre las mujeres alojadas en las casas de medio camino o casas de acogida son “las dificultades de interrelación personal que presentan, lo que supone problemas de convivencia en el día a día y falta de conciencia de sus especiales dificultades (…) las tareas comunes, la normativa básica necesaria para la convivencia, todos estos aspectos de la vida cotidiana, son casi siempre origen de muchos desencuentros” (2005: 327). La escasa participación en las reuniones convivenciales y en las psicoterapias individuales hacía más dificultosa la resolución de los conflictos en ambas casas.

En función de estas diferencias y dificultades planteadas podría implementarse, además, un espacio paralelo para poder llevar a cabo discusiones de temáticas específicas de género, imprescindibles en una atención integral teniendo en cuenta las situaciones de violencia vividas. Una separación de los espacios y sus finalidades evita confusiones, ya que cada dispositivo requiere de una planificación diferenciada y consensuada por todo el personal que interviene en la institución. Sin embargo, la inclusión de la perspectiva de género es una herramienta transversal que debe estar incluida en todas las prácticas, más allá de los diferentes espacios de intervención.

El de la provisión de alimentos fue un tema planeado entre las mujeres alojadas en la UC. Algunas refirieron que la comida era escasa, muy racionada y poco variada, y que a veces la dejaban pudrirse. Si bien sabían que no era algo que dependiera de la coordinadora −porque la comida llegaba a través de un programa del gobierno (Grupos Comunitarios)−, consideraban que sí se hubiera podido hacer algo con la mujer de seguridad, quien, cada vez que se quedaban sin alimentos, se negaba a abrir la despensa; o solucionar el tema de que la comida se pudría. La provisión de alimentos estaba pensada para el desayuno y una comida, cuando muchas de las mujeres allí alojadas no trabajaban y permanecían gran parte del día la UC, y no contaban con dinero como para afrontar ese gasto diario: “aquí nunca hay nada, por ahí acá no hacen de comer [y si tiene plata, que coma], si no, no come” (Yiyi, 38 años, tres hijos/as adultos/as y una hija discapacitada que se encontraba alojada con ella en la UC). Una vez más, la institución implementaba acciones que no eran acordes con la realidad de las mujeres, al pensar que por el solo hecho de ser una casa de puertas abiertas ya estaban insertas en el mercado laboral, por lo que sólo era necesario proveerles la cena[20].

El rol deficiente del personal de seguridad era un factor común que remarcaron las mujeres alojadas en la UC. Comentaron que ante cualquier urgencia no había acceso a un teléfono de línea, porque el aparato se encontraba en la oficina del personal y esta permanecía cerrada cuando se retiraban las operadoras. Además, refirieron que, a partir de los conflictos entre las madres, ella (el personal de seguridad) tenía actitudes diferenciadas, se metía en los conflictos, daba su opinión y llevaba información a la coordinación.

En cuanto a otros recursos institucionales, hubo posturas opuestas en relación a la satisfacción de estos. Una de las mujeres, procedente del Hogar Eva Duarte, mencionó que antes contaba con su trabajadora social y su psicóloga, pero que en esta casa no tenía esos recursos. Refirió que trataba de estar lo menos posible en la casa, salía temprano y volvía a la tardecita, comía y se iba a dormir, “esto no es vida, si yo tuviera un lugar a donde irme, me iría de acá” (Verónica). Otra de ellas dijo que se sentía sola, que cuando estaba mal, la única que se daba cuenta y le brindaba apoyo (mandándole mensajes, charlando) era una de sus compañeras. En cambio, otras mujeres comentaron: “podemos contar con Griselda” (en referencia a una de las trabajadoras), y la que había hecho el comentario de que se sentía sola aclaró, “bueno no es que siempre es así, en algunas cosas, además, yo vengo del hogar, donde estaban más encima nuestro y esto es diferente porque este es un hogar para adultos”. Otras refirieron sentir apoyo del personal, específicamente de una de las operadoras, y que la coordinadora también las ayudaba: “me ayuda bastante Griselda, siempre me ha dado apoyo, pero me siento sola (llora). Las compañeras me vienen a ver, Griselda me levanta el ánimo, recién me recuperé de dos días que estuve en la cama, me duele mucho de mis dos nenes que están en Bolivia (…) casi no puedo acostumbrarme yo aquí” (Rosmary, UC).

Las mujeres realizaban psicoterapia individual a cargo de una psicóloga de la DGM, aunque en el caso de Rosmary (UC), por ser una mujer rescatada junto a sus hijos/as de una red de trata de personas, concurría a una psicóloga del Centro de Atención a la Víctima (Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, GCBA), a la cual valoraba muy positivamente: “me hace reaccionar, hablo con ella y vengo alegre. Cada martes voy, este no fui porque estaba mal, de golpe me apago (Rosmary, UC).

Como se mencionó con anterioridad, aunque en una de las casas la terapia era de carácter obligatorio, la concurrencia era baja y las mujeres la adjudicaban a la dificultad en los horarios y cuestiones de índole personal. Asimismo, en la reunión grupal realizada en la UC, algunas de las mujeres dijeron que desconocían la existencia de la psicóloga o que no la conocían, y otras decían conocerla, pero que el horario de atención coincidía con sus horarios laborales.

En relación con las experiencias con las psicólogas, las respuestas de las mujeres fueron dispares. Mientras que algunas se negaban a conocer a quien sería la encargada de llevar adelante su tratamiento psicológico, otras se mostraron disconformes con el mismo, y otras refirieron estar muy satisfechas con las profesionales intervinientes.

En una de las casas, las mujeres concurrían al CIM para ser atendidas por la psicóloga, mientras que en la otra, era la profesional del CIM quien se dirigía allí. Si bien desde la institución refirieron acerca de la importancia de que las mujeres cambiaran de ámbito para hacer terapia −como una forma de independizarse y asumir cierta responsabilidad y compromiso con su recuperación−, la realidad era que, en su mayoría, no contaban con los recursos económicos necesarios para su traslado, con lo cual el personal terminaba cubriendo muchas veces con dinero propio el gasto de los viáticos. Para solucionar esta situación, se decidió que la psicóloga concurriera a las casas en tanto no se contara con una caja chica para cubrir este tipo de gastos.

Finalmente, al momento de la investigación se desarrollaba dentro de las casas otro dispositivo, denominado “Autocuidado: Empoderándonos como Mujeres”. El objetivo era el aprendizaje de técnicas de relajación y respiración que les permitieran a las mujeres afrontar tensiones corporales, emocionales y situaciones de estrés. Esta actividad era muy relevante en el refugio, y a partir del año 2008, en ambas casas de medio camino. Se daba en forma quincenal, y estaba sostenida por una sola persona −en calidad de voluntaria, situación que podía dificultar su continuidad− en horario variable, y participaban en ella tres mujeres aproximadamente en cada una de las casas. Lo que subyace con la implementación de este tipo de dispositivos es la banalización el concepto empoderamiento, que le quita su sentido emancipador. Lejos se está de preguntar de qué maneras concretas revertir la compleja relación de las mujeres con el poder, ya sea en el plano institucional como en el cultural y simbólico. Magdalena León (2013) considera que el concepto “se instrumentaliza y se usa de una manera retórica, acartonada y despolitizada” (2013: 1). Para esta autora, el empoderamiento incluye no solo un cambio individual, sino también la acción colectiva (proceso personal y político) para modificar los procesos y estructuras que reproducen la subordinación de las mujeres. Según Di Marco (2005), si se concibe al poder y al empoderamiento de una manera simplista, se homogenizan las diferentes categorías sociales, se invisibilizan las diferencias internas de poder y de los conflictos de intereses, por lo tanto, se desconoce la problemática del paso del poder individual al colectivo, ya que se asume la solidaridad entre los oprimidos sin tener en cuenta que esta no siempre existe. La autora refiere que, al menos, existen dos problemas en el uso del concepto de empoderamiento: el que se refiere a las relaciones de poder y el que alude a la noción de comunidad. Hablar de empoderamiento implica referirse al poder y a la desigualdad. Si se tiene en cuenta el carácter relacional del poder, una perspectiva que se centra en su ejercicio por parte de los grupos subordinados tiene que dar cuenta de este tanto como de la resistencia, de formas conflictivas −tanto positivas como negativas− de producción del poder (2005:150). Las estrategias para que las mujeres puedan ejercitar más poder en sus relaciones deben dirigirse a revisar los valores, reglas, normas y prácticas sociales que desempeñan un papel crucial; y a visibilizar la dominación masculina en pos de aumentar sus capacidades para controlar recursos y tomar decisiones.

En cambio, este dispositivo estaba pensado para prácticas llevadas a cabo por las propias mujeres como una forma de aliviarse de las tensiones producto de las situaciones de estrés, sin nombrar siquiera las consecuencias de las situaciones y hechos de violencia vividos por ellas. Se designa así con la palabra empoderamiento cualquier cosa que las toma en cuenta, ya que se la ha convertido en una palabra de moda (León, 2013). En este caso, consideraban que este se lograba cuando las mujeres liberaban las tensiones gracias a las técnicas de respiración y relajación aprendidas. Este dispositivo era más una clase de relajación que una herramienta de cambio para que las corriera del lugar de subordinación, para que pudieran reconocerse como sujetos de derechos plausibles de promover transformaciones sociales. Se desprende entonces que, a nivel institucional, no había una política clara para propiciar la autonomía de las mujeres.

5.4.3.6 Acerca de las intervenciones con los niños y niñas

En cuanto a los niños/as, solo una de las casas contaba con un recurso destinado específicamente para ellos/as, que consistía en actividades recreativas organizadas por el Programa de Voluntariado del MDGyH del GCBA. En una entrevista informal con el personal del programa, se hizo referencia a la falta de una capacitación específica para trabajar con esta población y de una articulación entre sus actividades y los objetivos que perseguía la institución. No se abordaban aspectos vinculados a derechos y ciudadanía ni otros temas que refieran directamente a sus trayectorias de vida. En la entrevista, relataron la carga de angustia con las que a veces salían luego de realizar algunas actividades con los/as niños y niñas en la casa: “no sabemos cómo manejar las peleas”, “el viernes pasado nos fuimos angustiadas” (Carmen, 53 años). Al no direccionar la intervención, las voluntarias se encontraban a merced de los emergentes y las dificultades de los niños/as, sin las herramientas apropiadas para encauzar las situaciones problemáticas. Su tarea no recibía ningún tipo de supervisión desde la DGM ni se elevaban informes. Durante las entrevistas, tanto el personal como las mujeres manifestaron una escasa satisfacción con el desempeño del Programa de Voluntariado: muchas veces los niños y niñas se aburrían, y quienes eran catalogados como “los desobedientes” no eran invitados/as a participar y se los/as excluía de la actividad en vez de trabajar aspectos relacionados con las vivencias y angustias que presentaban por las situaciones de violencia vivida, la convivencia y vida en el hogar, entre otros (Tallarico et al., 2009).

Las mujeres alojadas visualizaban la necesidad de un espacio psicoterapéutico para sus hijos/as, en función de trabajar vínculos y relaciones, así como otros aspectos fundamentales para su bienestar, como por ejemplo, la contención. En cambio, sobre este punto, si bien el personal de las casas coincidía en que la institución carecía de espacios recreativos para los niños y niñas, lo paradójico es que no se visualizaban otros aspectos fundamentales, como ser algún tipo de tratamiento psicológico: “en los chicos muy chiquitos todavía no hemos palpado que lo necesiten… en los otros chicos no hubo un detonante de que tuvieran que ir a terapia (Noelia, 42 años, operadora UC). La idea subyacente era que la atención debía focalizarse en la madre para fortalecerla, para que luego fuera ella la encargada de atender su bienestar. Existía una dificultad en el reconocimiento de que estos niños y niñas habían sido, cuanto menos, testigos de violencia y por lo tanto, tenían la necesidad de una atención diferenciada (Tallarico et al., 2009). Lo paradójico es que las operadoras eran también testigos de violencia −a través de las narraciones de las mujeres que asistían− y por lo tanto también estaban expuestas a riesgos en su salud. Algunas de las mujeres relataron diversas situaciones, como que cuando los/as niños/as querían exponer algo, las operadoras no los dejaban hablar y decían “No quiero escuchar nada” (Lorena, Lanteri) o si había peleas entre hermanos/as y la madre no estaba, generalmente no intervenían para separarlos. Además, las mujeres alojadas comentaron que los juegos y peleas se convertían en fuente de conflictos entre ellas. La institución no propiciaba espacios específicos para los/as niños/as, de diálogo y comunicación..

En cuanto a la UC, las entrevistadas no revelaron información que diera cuenta de los motivos por los cuales el Programa de Voluntariado no se implementó allí al igual que en Lanteri. Cuando el personal fue consultado, señalaron que era debido a que la mayoría de los niños y niñas concurrían a escuelas de jornada completa. En esta casa se realizaban talleres aislados, como por ejemplo, uno de elaboración de chocolates; o charlas de nutrición que organizaba el equipo de Política Alimentaria perteneciente al MDS. El fomento de un espacio de estas características, donde pudieran participar tanto los/as niños/as como sus madres, es de gran utilidad para poder afianzar los vínculos entre madre-hijo/a, mejorar la relación entre pares y trazar lazos de solidaridad y cooperación. Señalaron la necesidad de que la casa contara con dispositivos propios, como podría ser una juegoteca. En el caso de Rosmary, como era atendida por el equipo profesional del Centro de Atención a la Víctima, recibía otros recursos, como por ejemplo, tenía asignada una psicóloga y una trabajadora social para su acompañamiento y recuperación, juguetes para sus hijos/as, entre otros, que muchas veces se los sacaban los otros chicos de la UC y luego era muy difícil volver a recuperarlos.

Asimismo, en el análisis de las entrevistas a las trabajadoras se visualizó la predominancia de apreciaciones personales por parte de las operadoras en la construcción de un “modelo de ser madre”, “había que explicarle como mamá porque ella nunca supo ser mamá (…) que les canten canciones, que les lean cuentos, ya que esa es la forma que aquí se cría a los niños” (Juana, operadora UC, acerca de una mujer boliviana). La intervención se basaba en transmitir su creencia o la única forma, socialmente valorada, para ejercer la maternidad. La institución tampoco fomentaba en ese momento prácticas que integraran la diversidad cultural ni cuestiones relativas al cuidado desde una perspectiva de género, si bien existía en la DGM el “Programa Todas por la Integración” (Tallarico et al., 2009).

En el siguiente cuadro comparativo se pueden observar las principales diferencias entre las casas, lo que sugiere que la DGM no fijaba criterios de funcionamiento consensuados que propiciaran conocimientos y prácticas y comunes, es decir, lineamientos que organizaran las estrategias institucionales:

Cuadro N° 19: Diferencias entre las casas Julieta Lanteri y Unidad Convivencial (DGM-GCBA)

caracteristicas casas-page0001

Fuente: Elaboración propia

5.4.3.7 ¿Y las políticas de cuidado?

Otros de los temas recurrentes entre las mujeres alojadas eran la cuestión laboral no resuelta y la falta de respuesta de la institución al respecto. Las mujeres de la UC refirieron que todas las que consiguieron trabajo lo habían conseguido por sus propios medios (salvo una) y que “faltaría una bolsa de trabajo”, ya que para la institución era “arreglátelas”. En Lanteri, un grupo de mujeres expresaron que, gracias a la solidaridad entre las mujeres que vivían en un mismo piso, habían conseguido trabajo o cuidaban los hijos e hijas de sus compañeras, lo que les permitía ahorrar algo de dinero para un futuro egreso. En relación con este punto, al momento de la investigación, la DGM desarrollaba el Programa Economía Solidaria, que se implementaba una vez por semana dentro de las casas, en horario laboral de las mujeres. De las entrevistas realizadas con el equipo interviniente, se desprendió que el objetivo era trabajar habilidades y la historia particular de cada mujer en pos de articular una salida laboral, por lo cual organizaban cursos de capacitación con empresas (por ejemplo, Metro Gas) para aquellas mujeres a las que les interesase formarse en diferentes áreas (atención al cliente, marketing personal, computación, entre otras). Asimismo, se brindaban datos útiles para la búsqueda laboral. Comentaron que la participación de las mujeres en este programa se dio de manera paulatina e inconstante, y que era muy baja, lo que podía obedecer a la carencia institucional de un espacio o personal que cuidara a los hijos/as de las mujeres mientras ellas realizaban el curso. Nuevamente se ponen de manifiesto carencias de políticas integrales, y en especial en lo relativo a políticas de cuidado que garanticen el acceso a los diferentes recursos que necesitan las mujeres en estas situaciones, como ser el empleo o la alfabetización, como se comenta más adelante.

La institución realizaba capacitaciones con empresas como una herramienta de salida laboral de las mujeres, aunque sin tener en cuenta el cuidado de los/as otros/as, en este caso, de sus hijos e hijas, históricamente realizado por las mujeres por la división sexual del trabajo y los roles de género tradicionales, lo cual no hace más que acrecentar e invisibilizar aún más las desigualdades propias del ámbito privado (tema abordado en el capítulo 2). Se pone de manifiesto que el Estado no promovía políticas y servicios de cuidado para las mujeres en situación de violencia, lo que generaba un círculo vicioso un tanto paradójico y cínico, ya que al no tener a quién/es delegar la tarea del cuidado, las mujeres no podían acceder a los cursos, los cuales supuestamente eran una herramienta para su futura inserción laboral y autonomía económica. Pautassi (2007) refiere al respecto que “la problemática del cuidado y quien lo ejerce (para sí o para otros) remite a un problema de ejercicio de derechos” (2007: 13). Acerca de esto, más elocuente fue el comentario de Rosmary (UC), quien, al señalar que sus compañeras la criticaban por no saber leer ni escribir contó

no tengo con quién dejar al más chiquito, ese es el problema que tengo, cuando el chiquito vaya al jardín voy a poder ir a aprender a leer y escribir… No hay nadie que pueda cuidarlo, no me llevo bien con las compañeras, perro y gato.

Al no reconocer el cuidado (de les más pequeñes, en este caso) como un derecho de otros/as y de quienes lo ejercen también, el GCBA no implementaba mecanismos para su ejercicio, y lo dejaba librado a la capacidad de las mujeres de armar redes, justamente en algo tan trascendental como es para la vida de cualquier ser humano su alfabetización. Se debe considerar además que se trata de mujeres que tienen como una de sus mayores debilidades la carencia de redes y vínculos, generalmente rotos por parejas violentas, con el agregado de la prohibición de generar nuevos, como una manera de ejercer poder y control sobre ellas.

Lo anteriormente descripto en relación con los dispositivos de intervención señala que para que el grupo de trabajo funcione no basta con el cumplimiento de la tarea, “sino que se deben proponer diversas metas que se determinen entre todas las personas que lo integren” (Velázquez, 2012: 111). En este caso, no existía articulación entre las actividades y tareas que realizaban las profesiones de las diferentes disciplinas, con los programas de prevención, capacitación, con las escuelas, juzgados u hospitales, con ONG que trabajaban temas de violencia, etc. No había en las casas una trabajadora social que articulara con las distintas redes de la zona que asistían casos de violencia o temáticas afines. En relación con este punto, Penchansky et al. (2018) refieren que el tema de la ausencia de trabajadoras sociales también se da en los CIM, ya que no todos disponen de uno/a. Por lo anteriormente expuesto tampoco se estaría dando cumplimiento al art. 16 de la ley 1688 anteriormente mencionada (refiere que los CIM deberán contar con “Atención psicológica y tratamiento para la víctima, especializada en mujeres, niños/as y adolescentes; Asesoramiento jurídico gratuito y Asistencia social), entre otros”. Asimismo, Lorena (Lanteri) refiere, respecto de la búsqueda de vacantes para sus hijos/as, que cuando salió del refugio tuvo que ir a las escuelas explicando su situación para conseguir una plaza de jornada completa que le permitiera trabajar. Al respecto, personal del equipo itinerante mencionó las dificultades que se presentaban a partir de la fragmentación que produce la falta de criterios unificados por las diferentes áreas gubernamentales: “cada área se ocupa de una cosa, se parte a la persona en veinte pedazos (…) la criatura se fragmenta igual que la madre”. Penchansky et al. (2018) manifiestan que la falencia más notable es “la falta de integralidad a la hora de elaborar las políticas públicas” (2018: 316), que va más allá de la articulación entre las diferentes dependencias públicas y que implica incorporar la perspectiva de género al interior del Estado.

5.4.3.8 Cuando las prácticas revictimizan…

En este apartado se relatan algunas situaciones que −ya sea por negligencias, por omisión, o activamente por parte de agentes del Estado− ponen en evidencia la violencia estatal en las prácticas institucionales. En estas narraciones, las mujeres no solo se ven despojadas de sus derechos, sino también revictimizadas y culpabilizadas por algunas de sus decisiones y/o por su accionar. Lo paradójico es que una institución como la DGM −responsable de implementar políticas para que las mujeres vivan una vida libre de violencias− reproduzca y refuerce el orden heteropatriarcal vigente.

Las cuestiones legales eran llevadas adelante por las abogadas de los CIM.

Después, en la parte legal, penosamente me atendió una doctora que yo le digo Frankenstein… Bueno, voy, le expongo la situación “mire, yo me quiero ir”. Y cada vez que le llamaba por teléfono me decía “no, no pasa nada”. Hasta que un día me cansé de esa situación, porque pasaban los meses y yo no tenía respuesta de nada. En ese ínterin me visita mi hermano y yo le explico la situación. Mi hermano tenía un amigo que estaba trabajando con Macri. Él me dice “dejame que yo hable con este señor a ver si te puede dar una mano”. Cuando este señor se contacta conmigo, me presenta una abogada privada que atiende en la calle Viamonte, pero fue sin ningún costo. Y cuando ella verifica la causa, la causa estaba cerrada porque nadie la continuó. La abogada (del refugio) permitió que se cerrara. Esto fue en enero. Yo me angustié tanto… Me dice la abogada privada “Usted quédese tranquila, nosotras lo vamos a mover de nuevo y yo creo que para julio está el tema resuelto”. Te imaginás, después de que me mintieron tanto ¿qué voy a creer? Reabre el caso en marzo porque había feria. Bueno… reinicia todo, presenta todo de nuevo, bla bla bla… en el mismo juzgado abre el expediente. Me consigue la audiencia para junio. Me dieron la audiencia, con los chicos tenía que ir. Los chicos declararon. Resultado final: tuvieron que declarar de nuevo, tuvieron que ver al padre de nuevo, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasó? La jueza me da la tenencia definitiva de los chicos y el permiso para viajar definitivamente y radicarme en Formosa, pero con la única condición que terminen el año los chicos, el año escolar (Lorena, Lanteri).

A Lorena, en lugar de resolverle su situación, le generaron un daño adicional al que ya traía consigo, lo que se denomina victimización secundaria o revictimización, Esta mala intervención que sucede durante el largo y duro transitar de las mujeres por instancias policiales, judiciales, sociales, de salud o en esta casa de la propia institución que el Estado tiene destinada a la atención de mujeres que atraviesan situaciones de violencia, conlleva daños psicológicos, sociales, judiciales y/o económicos tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas. Todos/as ellos/as, además, tienen que volver a declarar una y otra vez y volver a explicar los hechos, reviviendo las situaciones violentas sufridas. Este volver a contar información emocionalmente dolorosa, que su expediente se haya “cerrado”, produce en Lorena nuevamente una grave vulneración de sus derechos, pero esta vez perpetrado por instituciones y agentes del Estado, los que recurren al ámbito privado (consultorio de la abogada amiga del funcionario de turno) para solucionar el problema. Es decir que en ningún momento el Estado fue capaz de resolverlo.

Tampoco el tema del aborto como un derecho humano de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo, cuándo, cómo y con quién tener hijos/as, se vio reflejado en las intervenciones de las trabajadoras ante el descubrimiento del embarazo de Carolina, quien, por miedo a ser echada, lo había mantenido en secreto.

Me dice “¿cómo no te cuidaste?”. Empezó a gritarme. “Vos sos loca, vos sabés que tenés que cuidarte, tenés los chicos y qué sé yo”, empezó con el sermón. Me dice “¿ahora qué pensás hacer?”. Yo no sabía dónde meterme, agachaba mi cara y lloraba. Le digo “abortaré”. Me dice: “Carolina, ¿te volviste loca?”. Le digo “tengo dos que cuidar y son dos (hasta ese momento pensaba que eran dos embriones). El padre no está conmigo porque el padre está casado”. “¡Encima casado!”. Le digo: “Es un error que se comete en la vida”. “Sí, error tras error, seguís cometiendo errores. No podés cometer tantos errores”. “No, no, vos sí que estás remal”, me dice. Me acuerdo que fue la primera vez que me puteó (…) y me dice “sos inimputable y si vos te vas de acá y abortás, yo te dejo en la mitad de la calle. No se puede abortar un chico. Estamos trabajando en la no violencia, en no matar gente y vos querés matar un chico”. Le digo “pero hay que ver también en qué circunstancia vino este chico, porque yo no estoy en condiciones de tener un chico”. “Eso tenías que pensarlo antes”.

La trataron de loca, la insultaron y la consideraron inimputable. Discursos moralizadores, violentos y culpabilizadores se pusieron de manifiesto al enterarse de la noticia. Si bien es cierto que el aborto no es aún legal en Argentina, las agentes estatales podrían haber acompañado y contenido a Carolina en su proceso de decisión. Además, la amenazaron con dejarla en la calle si no hacía lo que ellas consideraban un deber ser, más que el derecho de Carolina de decidir sobre su propio cuerpo.

La prohibición del aborto, al igual que la violencia hacia las mujeres, son obstáculos para una plena participación, ya que “cuerpo y voz son las dos notas distintivas sobre las cuales se puede pensar la ciudadanía”, pero “el policiamiento de los cuerpos femeninos (…) hace a las mujeres portadoras de una ciudadanía incompleta, ya que no pueden decidir plenamente sobre algo que es lo primero: el propio cuerpo” (Di Marco, 2012: 214), como tampoco pueden “hablar desde la propia voz, para enunciar un discurso de derechos” (2012: 215). La autora refiere que la constitución de la noción de ciudadanía se vincula con las relaciones de poder y con la formación de significados sociales; es decir que si estas relaciones asimétricas no se modifican, grandes sectores quedan excluidos para el pleno ejercicio de la ciudadanía.

El accionar de la trabajadora no se enmarca dentro de la defensa de los de los derechos sexuales, lo cual implica reclamar acerca del control del propio cuerpo, de la seguridad, de la elección e identidad sexual, del placer, derechos que a Carolina no le fueron reconocidos ni respetados. Por el contrario, fue juzgada por haber elegido a un hombre casado como objeto de placer, e insultada por ello, tratada de “inimputable”, y presionada a tomar una decisión que ella aún no puede tomar, ya sea continuar o interrumpir su embarazo, con el riesgo, en caso de elegir esto último, como ya se señaló, de quedar en la calle.

5.4.3.9 El sufrimiento al interior de las casas

Hay mucha descalificación hacia las mujeres, te pueden decir “estas negras de mierda”, o “mirá la población que tenemos”, o “de estas qué podés esperar”, y las mujeres también lo escuchan. Esto es una autocrítica a la institución a la que yo pertenezco (Cristina, Equipo itinerante).

En el trato cotidiano entre el personal y la población se entremezclaban discursos morales y nociones culturalmente construidas acerca de un “deber ser” que recaían sobre la población alojada, con un efecto estigmatizador. Algunas mujeres eran consideradas por el personal como “las problemáticas”, “la de pensamiento primario”, “la rapidita”, “la negra de mierda”; y sus hijos/as, como “el chico problemático” entre otros. Se emitían juicios de valor basados en los propios ideales de las trabajadoras que revictimizaban a quienes asistían. Esto se debe a los mitos, ideologías y creencias que se transmiten a lo largo del tiempo y a los estereotipos de género en cuyo desmantelamiento, indudablemente, la institución no estaba trabajando. Al contrario, las casas eran el “depósito” de trabajadoras con problemas vinculares que no “encajaban” o andaban “pululando” por la institución, la cual encontraba en esa modalidad la resolución del problema, y terminaban exponiendo así a las mujeres a las que se supone que debían proteger. Cristina, miembro del equipo itinerante, concurría a ambas instituciones, y era la que tenía una visión más crítica del accionar institucional:

A veces no saben dónde van a poner a una trabajadora que anda pululando, te la meten en la unidad convivencial como operadora, gente que tiene problemas de relación con sus compañeros, gente que viene con conflictos de violencia o que fueron sacadas de lugar por situaciones violencia y te la meten en la unidad convivencial con mujeres que están ahí adentro con los chicos y ahí se reproducen situaciones carcelarias, realmente de mucha violencia, con mucho de siniestro, donde la mujer no sabe en quién confiar (Cristina, equipo itinerante).

Asimismo, la DGM respondía como una típica institución patriarcal que, con sus prácticas cotidianas y concretas, reproducía el abuso de poder al vulnerar aún más y negar los derechos de las mujeres que se alojaban en las casas.

Yo no entendía cómo una institución del Gobierno de la Ciudad que trabajaba en violencia podía reproducir situaciones de violencia (…) estaban como naturalizadas. No me cabía en mi cabeza, no lo podía entender. Por supuesto que hay autores que desde lo institucional te dicen que muchas veces las instituciones reproducen los síntomas que dicen combatir y esto estaba tal cual (Cristina, equipo itinerante).

Fernando Ulloa (1995) introduce el concepto de “síndrome de violentación institucional” (SVI) para dar cuenta de los efectos que produce el sufrimiento derivado del conjunto de maltrato, frustración y coerción que ejercen las instituciones sobre los sujetos que las habitan. Las personas afectadas por el SVI verán resentida notablemente la modalidad y el sentido de su trabajo; se intoxican en el nivel de producción de pensamiento, y esto altera la posibilidad de encontrar soluciones. El autor señala, además, que las instituciones tienen un amplio valor normativo en el sentido de generar normas espontáneas en su comunidad, por lo que hay en ellas situaciones que se expresan en formas caracteropáticas según las cuales las personas han incorporado los síntomas culturales como comportamientos “normalizados”. En este sentido, es común escuchar frases tales como “aquí somos así”, “las cosas siempre fueron así”. En estas situaciones, prevalece un clima de hostilidad más o menos encubierto, “no tanto porque quede oculto al observador foráneo sino porque los ‘nativos’ han llegado a ‘normalizar’ la mortificación y toleran el sufrimiento” (1995: 182-183). A esto, Ulloa (1995) lo llama la cultura de la mortificación” que, como parte de la disfuncionalidad institucional, tiende a la reproducción de situaciones de violencia que están naturalizadas; es decir, se repite aquello que se intenta combatir.

El mundo −tanto el subjetivo como el social−, el conjunto de valores y representaciones sociales que se entrecruzan en la individualidad de cada sujeto, tienen un significado particular para quienes conviven diariamente y construyen, junto con sus prácticas, la realidad institucional desde distintas posiciones. La falta de una interacción continua entre los y las trabajadores/as dificultaba la construcción de una identidad grupal alrededor del trabajo con la problemática de la violencia hacia las mujeres.

Como se verá a continuación, la excesiva carga de tareas y responsabilidades del personal producía un desdibujamiento de sus funciones específicas, y entorpecía, en muchos casos, el desarrollo de proyectos a nivel individual o colectivo destinados a mejorar la calidad de vida de las mujeres alojadas.

5.4.4 Situación de las trabajadoras de la DGM

En cuanto a la situación laboral del personal, las condiciones en que desarrollaban sus tareas eran inequitativas por las diferentes modalidades de contratación existentes en el GCBA (contrato de empleo público permanente o transitorio y contratos de locación de servicios). La mayor parte de las trabajadoras eran contratadas. En general, en los hogares, según un informe de la Defensoría del Pueblo (2015), existía precarización laboral. Por ejemplo, trabajaban 69 personas bajo la modalidad de contrato de locación y 25 en planta permanente. En el caso del refugio Mariquita Sánchez, sobre un total de 30 empleados/as, 22 trabajaban bajo contratos. Esta modalidad de contratación laboral continúa vigente (tal como se señaló al desarrollar el PIO) e implica una rotación profesional constante, lo que afecta la calidad de atención de quienes, además, deben asistir a personas con una problemática tan compleja como lo es la violencia machista. Asimismo, el tipo de contrato de locación de servicio expone a las trabajadoras a situaciones de mayor precariedad laboral e inequidad salarial que las pertenecientes a la planta permanente.

Al momento de la investigación, la casa Lanteri no contaba con personal profesional interno, sino que sus funciones se cubrían con profesionales externos del equipo itinerante. Ante la falta de profesionales en el equipo estable, la coordinadora de esta casa se desdoblaba entre tareas administrativas, la contención a las mujeres y la coordinación de las asambleas convivenciales. La cantidad de personal no era acorde con la complejidad del trabajo, y tampoco estaban delimitadas las áreas específicas de cada trabajadora. En cuanto a la otra casa, si bien contaba en la coordinación general con una profesional, no era suficiente para desarrollar la multiplicidad de tareas que una institución de estas características requiere. 

El personal que trabajaba en las casas refirió mantener una muy buena relación y compañerismo entre sí. Mencionaban con énfasis la pertenencia a un equipo de trabajo y la sensación de que “todos tiran para el mismo lado”, “que son sumamente versátiles, se adecuan y salen a la palestra… que tiene la camiseta puesta”. Se enfatizaba la pertenencia a un equipo de trabajo en una casa, más que a una institución gubernamental. Ese equipo era el lugar de referencia y de apoyo fundamental para contener los efectos que puede provocar el trabajo con mujeres, niñas y niños expuestos a situaciones de violencia. El hincapié puesto en la importancia de su trabajo grupal y la capacidad de sortear obstáculos reflejan la idea que tenían las trabajadoras de que gracias a ellas era posible el sostenimiento de las casas, más allá de la DGM.

Con otra frase: “somos multifunción”, dieron cuenta de la multiplicidad de tareas que llevaban a cabo (acompañar a las mujeres, ser contenedoras y a veces mediadoras en conflictos; además de encargarse del orden general de la casa, completar los registros, recibir y distribuir los alimentos, atender cuestiones relativas al mantenimiento de las casas y ayudar en la realización de algunos trámites a las mujeres). Las trabajadoras remarcaban que muchas de las actividades que realizaban no correspondían a su función, por eso consideraban que “no hay roles estancos” en su tarea, ya que se veían obligadas a hacerlas porque no había nadie que las hiciera. Esta multiplicidad de tareas que debían cumplir, sumada a la escasez de profesionales en las casas, generaba en las trabajadoras incertidumbre y sensación de inestabilidad, relacionadas con la fragilidad y la desprotección característicos de sus puestos de trabajo. Velázquez (2012) señala la necesidad de dividir las funciones entre los distintos miembros del equipo, lo cual debe estar acompañado por la institucionalización de las reuniones grupales, instancia en la que se determinará cómo llevarlas adelante y para abordar las dificultades que se presenten, como así también para reflexionar sobre los efectos movilizadores que el trabajo en violencia tiene para la subjetividad de las trabajadoras. Asimismo, alude al hecho de que ser testigos de narraciones de hechos violentos y de sus consecuencias en quienes asisten somete a las trabajadoras a estar expuestas, en ocasiones, a situaciones de tensión sostenida que pueden producir angustia o temores de diversos tipos. En relación con este punto, se observó la falta de canales de supervisión para compartir y reflexionar conjuntamente sobre la práctica y sus efectos; sobre cómo los mitos, las ideologías y las creencias personales intervienen en la tarea; y propiciar un pensamiento crítico en relación con ella y con los sentimientos que se ponen en juego al momento de llevarla adelante.

Tampoco se les ofrecía a las trabajadoras la posibilidad de capacitarse de manera permanente y específica como un acompañamiento de la responsabilidad que demandaba su tarea. La falta de herramientas conceptuales se plasmaba en profundas dificultades para poder abordar las problemáticas sociales que afrontaban las personas a quienes asistían. Sobre este punto, una de las operadoras hizo hincapié en que “no todas tienen la misma mirada hacia la violencia pero sería necesario tenerlas y tener más compromiso con la tarea (Juana, 39 años, operadora UC). Por ello es que resulta imprescindible brindar una capacitación específica y propender al cuestionamiento permanente de las nociones culturalmente construidas acerca de las violencias hacia las mujeres, en función de cumplir con los objetivos planteados por la institución.

Para Velázquez (2012), es fundamental la relación que las trabajadoras tienen con la violencia de género, la capacitación y la experiencia, como así también con la práctica cotidiana, para garantizar no solo los aspectos gratificantes que brinda el trabajo en relación con los conocimientos específicos adquiridos para desempeñarse de una manera adecuada, sino también las formas de intervención que se habrán de implementar.

La falta de recursos humanos y materiales, el deterioro institucional padecido a lo largo de los años, la incapacidad para dar respuestas adecuadas y satisfactorias a las mujeres que recurren a la DGM; el malestar y la incertidumbre en las trabajadoras, provocaron la movilización en el año 2016 para mejorar sus condiciones de trabajo, como así también de las mujeres que asisten. Salieron a la calle y ellas mismas desarrollaron “un presupuesto alternativo para explicar en todos los espacios adonde acudían, qué era lo que necesitaban para atender a las mujeres víctimas de violencia de género sin ser ellas mismas víctimas de un sistema que las oprimía” (Diario Página/12, 05/12/16). La campaña refleja que muchos de los problemas que sucedían en las excasas de medio camino aún seguían vigentes. Reclamaron por:

  • Aumentar el plantel de trabajadoras, profesionales y no profesionales, ya que existen programas que tienen coordinadora pero no personal a cargo para llevar adelante las acciones, como el caso del Programa Noviazgos Violentos o el CIM Miraval, donde había una sola abogada para asesorar y patrocinar a las mujeres. Faltaban operadoras en la central de llamadas, por lo que mientras una trabajadora está atendiendo una llamada, ve cómo pierde dos o tres a las que no puede responder.
  • Incrementar la partida de bienes de uso (heladeras, lavarropas, mesas, entre otros bienes básicos).Aumentar la partida de mantenimiento edilicio.

Recorrieron los despachos de los/as diputados/as de la legislatura porteña, se acercaron a la Defensoría del Pueblo de la CABA, la cual hizo un pedido de informe institucional en consonancia con la denuncia de “vaciamiento” de las trabajadoras y salieron a las calles junto con el movimiento de mujeres y del colectivo #NiUnaMenos. En la conmemoración del Día Internacional por la No Violencia se manifestaron con pancartas que decían: “No a la tercerización de la DGM”, “Mayor presupuesto para atender a mujeres víctimas de violencia”, “Más recursos humanos”, entre otros (Página/12, 05/12/16).

Si bien las trabajadoras de la DGM año a año reclamaban por sus derechos, este reclamo no salía del ámbito interno. Al igual que sucedía con las mujeres a las que ellas atendían, era necesario romper las barreras y salir al espacio público. Al salir del ámbito privado (la institución) y poder hablar sobre lo que les pasaba, al tomar las calles para defender sus derechos y los de las mujeres atendidas allí, lograron modificar el presupuesto para el año 2017 con un aumento en la asignación de la partida −15% para personal y 10% para bienes−. No obstante esto, durante el primer trimestre, el Ejecutivo redujo en un 7% el presupuesto asignando a la DGM (Página|12 y Tiempo Argentino, 25/05/17), como si solo se hubiese tratado de cumplir ante las exigencias de la Legislatura. Por lo que una vez más queda de manifiesto la brecha mencionada entre la retórica y la práctica, lo que se dice y lo que se hace: aunque el jefe de gobierno se saque una foto sosteniendo el cartel del Ni Una Menos, lejos está el GCBA de tener entre sus prioridades reales las políticas de género, ya que es imposible implementar políticas de calidad sin una asignación presupuestaria acorde con sus objetivos. A partir de ello, las trabajadoras lanzaron la campaña: “¿Dónde está el presupuesto? El Estado es responsable”. Resta esperar el desarrollo e impacto de estas acciones y que, además de reclamarle al Estado más presupuesto, se exija un cambio en el modelo de entender a la violencia; es decir, que se pase de pensar en términos de víctimas y victimarios a una cuestión estructural de la violencia hacia las mujeres, para que las intervenciones se realicen desde el paradigma de los derechos humanos.

5.4.5 Reflexiones

A pesar de que la problemática de la violencia contra las mujeres es denominada en distintas instancias como una prioridad para el Estado, aún no se canalizan los recursos económicos y humanos suficientes para que se la entienda como política pública y se la atienda desde un sistema integral de abordaje, que brinde una atención de calidad a los distintos actores: mujeres, niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de violencia.

El análisis de las casas hace que se comprenda con mayor profundidad el proceso de deterioro de la DGM, que hizo que se llegara a una situación crítica en el año 2016, que fue denunciada por las trabajadoras, quienes exigieron su jerarquización, visibilización y un presupuesto que permitiera diseñar e implementar políticas públicas de calidad como una obligación indelegable del Estado, entre otros reclamos.

Las sucesivas gestiones en la ciudad se comprometieron a implementar políticas transversales de género, pero lo que se observa en la realidad es un déficit en las capacidades institucionales necesarias para que dicha transversalización de la perspectiva de género y la implementación de acciones al respecto se hagan en verdad efectivas. Dichas políticas no han sido una prioridad para el GCBA, más allá de la creación de la institución mujer per se. Esta situación refleja una falta de voluntad política para integrar al enfoque de género en los procesos de decisión y gestión gubernamental, ya que no se tienen en cuenta los derechos de las mujeres y los temas de género en la planificación y ejecución de las políticas, planes y programas (De la Cruz, 2009). La desjerarquización y el desfinanciamiento hacen que, por un lado, la DGM carezca de las capacidades suficientes para llevar adelante sus acciones de ampliación de derechos de las mujeres y de prevención y atención en temas de violencia; y por otro, que no pueda incidir en todas las políticas públicas del resto del gobierno. De acuerdo con los resultados de la investigación, se sintetiza lo siguiente:

  • Aunque las casas de medio camino constituyen un tipo de dispositivo que puede ser adecuado y acotado a situaciones de emergencia −ya que sirven de resguardo, refugio, protección de la vida de las mujeres, sus hijos e hijas−, se observa, en el caso de la DGM, una informalización de las reglas, objetivos, procedimientos y normativas organizacionales; como así también el desdibujamiento de lo que implica propiciar una verdadera promoción de la autonomía de las mujeres allí alojadas.
  • Si bien existían instrumentos para registrar y sistematizar la información estadística, no todos los efectores los cumplimentaban, lo que traía aparejadas dificultades para conocer a la población destinataria de las políticas; para determinar y diseñar planes, programas y servicios prioritarios; como así también para evaluar y medir impactos mediante indicadores adecuados.
  • No se fomentaban ni brindaban capacitaciones continuas y específicas al personal, lo cual traía como consecuencia que muchas intervenciones aparecieran sesgadas con prejuicios y preconceptos patriarcales, que no hacen más que reproducir y profundizar las desigualdades de género existentes.
  • En cuanto a los dispositivos de intervención, no se detectó correspondencia entre los discursos de las profesionales −quienes refirieron trabajar en algunas acciones puntuales desde la perspectiva género− con los discursos de las mujeres entrevistadas. Muchas de las intervenciones y dispositivos implementados son respuestas con contenidos anclados en los discursos patriarcales que reproducen la situación de subordinación en la que se encuentran las mujeres que se asisten. La inclusión de la perspectiva de género es una herramienta transversal imprescindible, que debe estar incluida en todas las prácticas, más allá de los diferentes espacios de intervención.
  • El análisis de las intervenciones denotó una concepción familiarista, que en realidad lo que hace es intentar fortalecer a las familias, sin analizar las relaciones de poder dentro de ellas, lo cual genera la reproducción de la idea de la familia nuclear, patriarcal, varón proveedor, mujer cuidadora, al considerar que estas son funciones privativas de las familias y de las mujeres (Di Marco et al., 2015). Por lo que si bien, como se remarcó anteriormente, estas casas sirven de refugio, resguardo, protección de la vida de las mujeres en situaciones de violencia, poco se hace para propiciar una verdadera promoción de su autonomía.
  • Los recursos humanos son escasos y existe inequidad salarial entre el personal.
  • La ausencia de protocolos de intervención en el momento de realizar esta investigación ponen de manifiesto la necesidad de realizar un nuevo estudio para comparar cómo y de qué manera eso influyó en el actual funcionamiento de los dispositivos institucionales. Analizar si se ha logrado promover la pertenencia a un colectivo de trabajo, si se ponen en funcionamiento lineamientos técnico-profesionales claros hacia el personal que se incorpora a realizar un trabajo, si existe consenso en las prácticas de intervención, si el hacer cotidiano pudo superar al aislamiento y fragmentación por años enquistados en la institución, si se han podido establecer canales de comunicación aceitados que sirvan para intercambiar experiencias y pensar criterios unificados a la hora de planificar acciones institucionales.

O bien las políticas públicas arbitran medios para dar seguridad a nuestros derechos y libertades fundamentales, o son expresión vacía o, peor aún, valedora de poderes fácticos que esterilizan y vulneran nuestros derechos humanos (Tamayo León, 2010: 32).

5.5 La gestión ¿asociada?

La idea de gestión asociada −junto con la concepción de la planificación participativa− supone una forma de entender la formulación de políticas como una manera de transformar la realidad. Implica la toma de decisiones asociadas entre el Estado y sociedad (cogestión), “dando lugar a acuerdos, negociaciones o concertaciones y al diseño de propuestas, integrando visiones e intereses diferentes y hasta contrapuestos” (Poggiese, Redín y Alí, 1999) y no el mero mejoramiento de las prácticas ya existentes en la comunidad. En la gestión asociada y en la planificación participativa, las decisiones se toman en forma conjunta. Para ello, es imprescindible que los/as diferentes representantes de la sociedad −tales como políticos, técnicos, miembros comunitarios, académicos/as, entes gubernamentales y ONG, entre otros− trabajen en conjunto sobre los problemas existentes para poder así planificar políticas y planes de acción concretos. “La gestión forma parte de la acción planificada y la acción planificada forma parte de la gestión” (Poggiese s.f.; 3). Esta propuesta implica la formulación de un proyecto que será asociado en sus estrategias.

La gestión asociada como método incluye la puesta en marcha de plenarios y grupos de trabajo que se reúnen periódicamente, en los que se discuten y consensúan aspectos tales como la planificación global, el monitoreo de las estrategias, la circulación de la información, el apoyo a los grupos intrarred, la articulación de las relaciones extrarred y el registro del documento técnico conceptual del proyecto (Poggiese et al., 1999).

Como se mencionó, las movilizaciones multitudinarias del Ni Una Menos fueron sumando y movilizando a mujeres de todo tipo de sectores de la sociedad, patriarcales o feministas, muchas provenientes de diversos colectivos y experiencias de militancia social, política, mixta y de derechos humanos. Miles de mujeres en las calles manifestándose en diferentes puntos del país, primero, y del mundo, después, tuvieron la fuerza de la transformación y de poner sobre la mesa la discusión contra la violencia de género y los femicidios, por el aborto legal, contra la justicia machista, contra la desocupación y la pobreza que afectan una y otra vez a las mujeres, especialmente a las más jóvenes, como una manera de discutir las políticas públicas vigentes, de elevar propuestas y de exigir respuestas precisas. Estas movilizaciones son una forma concreta de opinar en democracia, de reclamar y exigirles a aquellos/as que fueron electos/as la puesta en marcha de planes y acciones en materia de derechos humanos para las mujeres, tal como sucedió con la modificación del artículo 15º de la Ley 1688/05 mediante la Ley 5466 (CIM por Comuna). A partir de esa instancia, los nuevos dispositivos que se implementaron a partir del año 2016 son, tal como los define el propio GCBA “de gestión asociada” (en bibliografía, apartado sitios web consultados) −con excepción del “trasplante” del CIM Moreau del barrio de San Telmo al de Recoleta comentado en el apartado 5.4.2 del presente capítulo.

Los nuevos CIM de la DGM, más que contar con una gestión asociada, se basan en convenios realizados con diferentes ONG porteñas, “a fin de brindarles apoyo, asistencia técnica y otorgamiento de subsidios para el desarrollo de proyectos institucionales, en aquellos casos en que sus actividades estén orientadas a la protección integral de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad social” (IF-2017-05137862-DGM Cláusula primera). Lejos está de la idea de una ampliación del proceso de democratización y de participación popular. Por lo que se plantea aquí el siguiente interrogante: ¿desde qué lógicas se están pensando las políticas?, ¿desde una empresarial o desde una de articulación de recursos y estrategias compartidas?

En estos casos, las ONG presentan un “Proyecto Institucional (…) destinado a brindar atención integral a mujeres que atraviesen situaciones de violencia de género a través de la apertura −en gestión asociada con el GCABA− de un Centro Integral de la Mujer (…) en concordancia con los lineamientos de abordaje en materia de políticas públicas, el cual ha sido oportunamente evaluado por el GCABA” (IF-2017-05137862-DGM Cláusula segunda). Asimismo, se designa al MDHyH del GCBA, como el responsable en realizar la supervisión respecto del cumplimiento de las cláusulas del convenio (IF-2017-05137862-DGM Cláusula sexta) y además el personal que las ONG designan para llevar adelante los CIM no tienen ningún tipo de relación con el GCBA, ni hay solidaridad alguna entre las partes (IF-2017-05137862-DGM Cláusula séptima).

De las cláusulas mencionadas anteriormente, se desprende que no existen ni han existido en la apertura de los nuevos CIM un proceso de la planificación-gestión participativa, sino que se repiten los mecanismos tradicionales de clientelismo y lobby con los que el sistema político acostumbra a operar y tratar con los sectores populares y/u ONG. No se plantea una construcción común de conocimientos, ya que no parece existir la voluntad de superar las limitaciones de la sectorialidad y los entornos tecnocrácticos típicos de las maneras tradicionales de hacer política (Poggiese, s.f.) Más bien se perpetúan las relaciones desiguales de poder entre sociedad civil y Estado en vez de posibilitar la toma de decisiones conjunta, la elaboración, construcción y vinculación de conocimientos y saberes por parte cada uno/a de los/as representantes; lo que daría como resultado un proceso de intercambio enriquecido que incluya, supere y transforme los saberes particulares.

Diferente fue el proceso seguido en los casos analizados en La Matanza, la participación comunitaria fue fundamental para la conformación de las respectivas organizaciones. En la CMRC, el tejido de redes no solo las fortaleció como organización de base de mujeres, sino que también facilitó la articulación con el Estado. Pudieron rechazar la solicitud del municipio de crear un refugio, y además realizaron una contrapropuesta superadora: la conformación de una nueva red, La Red Zonal, como “una estrategia válida y necesaria para las mujeres de la Matanza. “Tener un lugar cercano, esto de la remoción de barreras… Un obstáculo menos sabiendo que no necesita dinero para el boleto o que puede ir y venir sin demasiadas dificultades” (Leonor, Centro Aparecida). Si bien la creación de esta red no se dio a partir de un proceso de planificación-gestión participativa, sí se convocó a los centros que desde la Red de Mujeres estaban llevando adelante acciones en la problemática de la violencia contra las mujeres, sus hijos e hijas. Las/os referentes de cada organización se reúnen mensualmente y participan de la Mesa Local, espacio donde se discuten y consensúan las acciones a desarrollar. De algún modo, estas acciones permitieron reconstruir un tejido social que estaba resquebrajado.

En el caso de ACP, a pesar de estar en el mismo territorio, este no pertenece a La Red ni ha realizado acciones articuladas con el Estado, más allá de ser las mujeres que a él acuden beneficiarias de planes sociales. En relación con esto, Borquez refiere que debido a que La Red lleva adelante la coordinación general de la Red Zonal, cada centro tiene a su referente especialista en el tema, que es alguien comprometido/a con la erradicación de la violencia hacia las mujeres y no un/a referente político solamente. Es incompatible para ella que el líder de la CCC −en este caso específico− esté sentado en la mesa como referente en temas de violencia con las demás organizaciones que integran la Red Zonal, ya que la problemática de la violencia contra las mujeres no es su especialidad. Aclara que en la Red Zonal existen centros que pertenecen al movimiento piquetero (como el 26 de Julio), pero que no son sus referentes políticos quienes integran la mesa, sino otras personas con mayor profesionalidad en el tema y que no dejan que las cuestiones de sus partidos y/o movimientos interfieran en la coordinación del centro, “por ejemplo, tenés que tener muy claro que si vas a hacer una manifestación al Estado no te vayas como que es del Centro. Los centros son para trabajar en violencia, nada más”.

Al respecto, un tema a considerar es el de los vínculos políticos entre las líderes comunitarias de ACP y de la CMRC con el gobierno. En las entrevistas, Roldán se mostraba muy crítica con el gobierno kirchnerista de ese momento. En cambio, Borquez refirió “tenemos una Matanza que está cambiando, antes las cosas nunca llegaban”, y que por primera vez en años el barrio iba a tener acceso a cloacas y agua corriente. Más allá de estos servicios puntuales, lo que más rescataba Borquez de ese momento político es que las organizaciones empezaron a poder ver otro Estado, otro Estado municipal, el más territorial, y empezaron a “poder reconstruir unos lazos que estaban muy quebrados con nuestro municipio porque estaban deteriorados, y por primera vez estuvo alineado Nación-Provincia-Municipio”. Poggiese refiere que la participación ciudadana depende de muchas cosas, pero sobre todo de la construcción de la voluntad política, que la cuestión decisional sea puesta en debate con la sociedad. La sociedad quiere participar, pero el poder político tiene que estar de acuerdo en esa participación, si no, lo único que se logra es la subordinación de las organizaciones sociales, las cuales terminan siendo utilizadas para los fines partidarios de turno, con la complicidad de muchas organizaciones oportunistas de base.

La experiencia previa en el territorio, sumada a la afinidad política con el gobierno y la continuidad del gobierno a nivel municipal −a pesar del recambio presidencial y en la gobernación de la provincia por un gobierno neoliberal en el año 2015− son factores a considerar que influyeron positivamente en la sustentabilidad y fortalecimiento de la Red Zonal. Como se mencionó en el apartado 5.3.7, el tema de la autonomía no es un punto a ser analizado en la presente investigación; sin embargo es importante volver a decir que Nelly reconoce al Estado como el interlocutor válido y necesario con el cual sentarse a negociar para “que todas las mujeres, (…) tengan un centro en el barrio” y asume los costos que tuvieron que pagar (y seguirán pagando) por ello. Pero no le importa, ya que se ha logrado no solo incorporar sus demandas en la agenda política, sino acciones concretas y efectivas para acercar cada vez más a las mujeres a una vida libre de violencia para ellas, sus hijas e hijos. Mucho falta aún para que se constituya en una verdadera gestión asociada, pero tal vez la Mesa Local de Violencia sea uno de los espacios privilegiados que la propicie.

En síntesis, en los casos analizados de La Matanza, al entender al Estado de maneras diferentes, también sus prácticas se ubican como consecuencia de ellas. La ACP misma −tal como se analizó en el apartado 5.2.2− parece desconocer la función del Estado, o existe en su perspectiva un cierto desdibujamiento de este, ya que lo consideran solamente como un órgano al cual reclamarle planes, recursos y más de lo mismo. Para la CMRC y las demás organizaciones que integran la Red Zonal, el Estado es un interlocutor válido con el cual sentarse a negociar y consensuar acciones y políticas para lograr que las mujeres vivan una vida libre de violencias, no obstante lo cual, también le reclaman más recursos y más presupuesto para sus centros. En ambos casos, faltaría una mirada crítica del Estado como una institución patriarcal reproductora de desigualdades y de la opresión de género, tal como se analizó en el apartado 3.4.2.1.

Mientras que, en el caso de la CABA, la gestión asociada queda solo como una cuestión declamativa, sin contenido ni intención de ampliar la democracia, ya que no se promueve la participación real entre actores/as autónomos/as que pueden decidir las prácticas de una manera consensuada sino, por el contrario, se perpetúan las subordinaciones entre ellos/as. Resta aún que las organizaciones sociales de mujeres interpelen el proceso tradicional de toma de decisiones, para promover la construcción de ciudadanías activas en el ejercicio y defensa de sus derechos. #NiUnaMenos es un buen ejemplo de cómo las mujeres se organizaron para demandar derechos que el Estado finalmente incorporó mediante diferentes leyes y planes de acción en políticas de igualdad. Queda pendiente el desafío de poder lograr que el Estado −en los diferentes niveles− articule con los distintos actores sociales y promueva la participación de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de género; de lo contrario, se estarían perpetuando y reproduciendo los valores patriarcales, al ubicar a las organizaciones de mujeres en un plano de inferioridad como una forma de dominación y de control de la participación.


  1. Entrevista realizada por Adriana Rofman y Anabella Zamora (s/f) para el Observatorio del Conurbano.
  2. En el sentido que le otorga Gayatri Spivak (2003) al término, como perteneciente a un grupo oprimido que ha sido privado de la palabra y no puede hablar; no porque literalmente no pueda, sino porque su voz no es escuchada; en este caso, como mujeres pobres del conurbano bonaerense.
  3. Gladys pertenece al movimiento de desocupados (también denominado piquetero) de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). La CCC es una agrupación política y sindical argentina impulsada por el Partido Comunista Revolucionario (PCR), encabezada por Carlos “el Perro” Santillán −militante del PCR y exsecretario general del Sindicato de Empleados y Obreros municipales –SEOM− de Jujuy, constituida formalmente como organización de lucha por los desocupados en el año 1994, aunque sus orígenes se remontan a las agrupaciones clasistas de la década del 60 que venían trabajando sindicalmente en los gremios. Juan Carlos Alderete es el referente de La Matanza (Blog de la CCC).
  4. El “Envión” es un Programa de Responsabilidad Social Compartida del MSD de la Provincia de Buenos Aires destinado a chicos de entre 12 y 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, para mejorar la reinserción educativa de los/as adolescentes y favorecer la inserción laboral de los/as jóvenes.
  5. Sí trabajaban articuladamente con el equipo profesional de la sala de salud del barrio, en especial con el psicólogo y con dos abogadas.
  6. Al momento de la investigación, ACP tenía diez comedores en La Matanza y dos en CABA.
  7. En honor a una mujer militante cristiana que vivió situaciones de violencia y crio sola a sus dos hijos. Se murió en los noventa de tuberculosis, enfermedad que debería haber estado erradicada. Decidieron ponerle este nombre como una forma de contar su historia, una historia como la de muchas otras mujeres de los barrios, de las que nadie cuenta sus historias (Artola, 2009).
  8. Se puede pensar ese espacio como el primer CIM de la DGM que priorizó el aspecto jurídico de la atención.
  9. El PNA los denomina centros de atención espontánea y hace la aclaración de que cambian de denominación según la provincia donde se encuentren: “se denominan centros integrales de la mujer en CABA, Áreas Mujer en la Provincia de Buenos Aires, Centros de Atención a Mujeres en otras provincias del país como Jujuy y Santa Cruz” (PNA: 25).
  10. En este CIM, funcionan dos programas. Por la mañana, el Programa de Asistencia al Maltrato Infanto Juvenil; y por la tarde, el Programa de Asistencia a la Mujer Víctima de Violencia Familiar.
  11. Luego funcionó allí el Centro de documentación e información de la DGM Zita Montes de OCA de la DGM, el cual estaba ubicado en las oficinas centrales de la institución. Este Centro no existe más como tal desde el año 2018 y la biblioteca se mudó al barrio 31 la cual es administrada por la Dirección de Bibliotecas del GCBA.
  12. Donde funcionaba el CIM actualmente está emplazado el Centro Integral Especializado en Niñez y Adolescencia (CIENA) Feliciana Manuela, de gestión asociada, dedicado a la asistencia del maltrato y abuso infanto-juvenil.
  13. Según el Informe final de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (2008), “El Centro Ana Bocalich funcionaba en las instalaciones del Centro Comunitario Nº 1 del barrio de la Boca. El mismo tenía serios problemas de estructura, motivo por el cual el programa de violencia de la DGMUJ dejó de funcionar en el lugar hasta tanto se realizaran las reparaciones necesarias. A la fecha del relevamiento realizado el centro comunitario ya había sido reparado, pero el programa de violencia no retomó su asistencia en el lugar” (2008: 18).
  14. Los CIM 10, 11, 12, 13 y 14 se han inaugurado con la modalidad de gestión asociada entre el Estado y una organización de la sociedad civil.
  15. Por ejemplo, el Programa de Externación Asistida (PREASIS) para pacientes psiquiátricos externados de un efector del Ministerio de Salud del GCBA.
  16. No existe documentación que acredite qué era lo que allí funcionaba con anterioridad al efectuarse el traspaso del inmueble. Trabajadoras entrevistadas refirieron que allí funcionaba un hogar denominado “Nuestra Señora de las Nieves” para mujeres y niños/as que habían transitado diversas problemáticas (situación de calle, por ejemplo, pero no estaba circunscrito a la problemática de la violencia contra las mujeres), pero no tenían más información que esa.
  17. Por razones de seguridad, ya que actualmente en este lugar se encuentra ubicado un refugio, no se puede brindar más información acerca de su localización.
  18. Las mujeres refirieron que la situación fue otra a partir del recambio de personal, que afectó a la profesional que coordinaba las reuniones convivenciales.
  19. En España, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Leonesa Simone De Beauvoir, entre otras organizaciones, tienen entre sus prioridades la realización de este tipo de acciones.
  20. Muchas de ellas no tenían trabajo, o eran “volanteras”, con la precariedad que eso conlleva. Tampoco la institución promovía acciones concretas de inserción laboral, como ya fue mencionado con anterioridad.


Deja un comentario