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5 Modalidades de control de la venta callejera y criminalización de inmigrantes en Buenos Aires[1]

Brenda Canelo[2]

Cuadro de situación y propuesta analítica

La criminalización de los inmigrantes en Argentina hunde sus raíces en matrices sociopolíticas de larga data que comenzaron a explicitarse ante el arribo masivo de europeos y, concretamente, durante la discusión y sanción de las leyes de Residencia (1902) y de Defensa Social (1910),[3] y continuaron permeando el tratamiento estatal de la cuestión migratoria en las décadas subsiguientes. Pero mientras que a principios del siglo XX la supuesta peligrosidad de los inmigrantes era vinculada con su potencial politicidad, posteriormente las agencias estatales la fueron asociando con la ilegalidad en que muchos de ellos se encontraban, y que era producida por las propias normas estatales que dificultaban su regularización. El carácter amenazante de los inmigrantes para la seguridad nacional fue explicitado con plenitud en la Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración N° 22.439 de 1981 (conocida como “Ley Videla”), que denegaba distintos derechos y obligaba a los empleados y funcionarios públicos a denunciar ante la autoridad migratoria a aquellos inmigrantes que se encontraran en situación irregular. La criminalización de esta población aparecerá con particular fuerza en la esfera pública en la década de 1990, decaerá bajo la retórica de inclusión prevaleciente en instancias oficiales durante los años 2000 (Domenech, 2012), y volverá a cobrar protagonismo desde fines del año 2010.

En efecto, los hechos acontecidos a partir de la ocupación del Parque Indoamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)[4] conformaron un punto de quiebre en el tratamiento estatal de la cuestión migratoria (Canelo 2016 y 2017; Monclús Masó y García, 2012), y una suerte de retorno a las prácticas xenófobas y persecutorias de los inmigrantes, similares a las imperantes en los años noventa.[5] El entonces Jefe de Gobierno de la CABA, Mauricio Macri, responsabilizó a los inmigrantes por esa ocupación y los vinculó con prácticas delictivas. Así, en conferencia de prensa, manifestó:

No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance a la delincuencia. […] La Argentina vive expuesta a una política inmigratoria descontrolada, donde el Estado no se ha hecho cargo de su rol. […] Todos los días llegan cien, doscientas personas a Buenos Aires y no sabemos quiénes son porque llegan de manera irregular. Insisto, de la mano del narcotráfico, la delincuencia […] (Todo Noticias, 9 de diciembre de 2010).

Como señalamos en otro lugar (Canelo, Gavazzo y Nejamkis, 2018), estas expresiones disruptivas de la retórica de inclusión de inmigrantes que había caracterizado a la década de 2000, habilitaron otras similares emitidas pocos años después por altos funcionarios nacionales de signo político contrario al que gobernaba la CABA. Entre ellos se destacan el ex secretario de seguridad de la Nación Sergio Berni y el senador nacional Miguel Ángel Pichetto, ambos del Frente para la Victoria, quienes en 2012 (Todo Noticias, 13 de septiembre de 2012) y 2014 (Diafar TV, 9 de noviembre de 2014), respectivamente, vincularon el delito con la inmigración y propusieron la implementación de políticas más duras contra los inmigrantes. Dos años después, tras la derrota electoral del partido que había gobernado el país por doce años (Frente para la Victoria) y la asunción de Mauricio Macri (Alianza Cambiemos) como presidente a la Nación, Pichetto volvió a criminalizar a los inmigrantes enfatizando la existencia de “perfiles delictivos” por nacionalidad: “colombianos que rompen puertas […] y tienen la especialidad del narcotráfico, peruanos que hacen el tráfico de drogas en las villas, y paraguayos que ingresan marihuana” (Todo Noticias, 4 de noviembre de 2016).

Los dichos de Pichetto fueron inmediatamente respaldados por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien afirmó que la Argentina necesitaba “controles migratorios más firmes” y destacó que “en los últimos años, por responsabilidad de las autoridades anteriores, no se realizaron los controles que marca la ley” (Infobae, 6 de noviembre de 2016). Posteriormente, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, culpó públicamente a peruanos, paraguayos y bolivianos por el narcotráfico y expresó que el gobierno nacional iba a endurecer los controles para el ingreso de extranjeros con antecedentes penales, y a acelerar los mecanismos para expulsarlos del país (Perfil, 24 de enero de 2017).[6] Las declaraciones de la ministra ocurrieron en la misma semana en que el Poder Ejecutivo Nacional presentó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017, que modificó aspectos sustanciales de la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871 y de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía N° 346.

Dicho decreto liga inmigración con criminalidad organizada y narcotráfico a partir de datos utilizados de forma engañosa.[7] Esta norma también confunde criminalidad (un delito) con irregularidad migratoria (un problema administrativo), permite impedir el ingreso y/o la permanencia y cancelar la residencia por causas judiciales en Argentina o en el exterior (aún si ellas carecen de sentencia firme) en tiempos sumarísimos –suspendiendo así la presunción de inocencia–, y habilita deportaciones como meras gestiones administrativas, de forma independiente a los años de residencia en Argentina y al riesgo de fragmentación familiar, entre otros aspectos (Poder Ejecutivo de la Nación Argentina, 2017).[8]

Ahora bien, estos discursos y normas anti inmigrantes constituyen una de las vías para conocer el tratamiento estatal de la temática; pero no son la única. En efecto, distintas acciones y omisiones estatales pueden no tomar a la cuestión migratoria como objeto explícito de actuación, pero de todos modos incidir en ella profundamente (Canelo, 2016). Entre tales intervenciones estatales, las concernientes a los usos de los espacios públicos por inmigrantes conforman una entrada analítica particularmente reveladora. En este sentido, en otro trabajo (Canelo, 2018) he señalado que tras años de relativo sosiego, desde 2011 los Ministerios de Seguridad y de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, y el Ministerio de Seguridad de la Nación comenzaron a efectuar enormes operativos de control ante la conmemoración del Día de los Difuntos que la colectividad boliviana realiza cada 2 de noviembre en el Cementerio de Flores de la CABA desde 1996.[9] El impresionante despliegue de personal policial y de Gendarmería Nacional ante una actividad ceremonial que nunca provocó mayores incidentes constituyó un indicio etnográfico resultante de mi investigación de que el tratamiento estatal de la cuestión migratoria en la CABA estaba cambiando, en sintonía con lo sucedido meses antes en el Parque Indoamericano.

Esta sospecha comenzó a afianzarse cuando tomé conocimiento de una escalada en la persecución estatal hacia los vendedores callejeros de la CABA, quienes en gran parte son de origen extranjero.[10] Como veremos, distintos estudios académicos, notas periodísticas, y testimonios de referentes de organizaciones de inmigrantes y organismos de derechos humanos afirman que a partir del año 2009 se fue registrando una progresiva intensificación en los allanamientos y secuestros de mercadería a los vendedores callejeros del Área Metropolitana de Buenos Aires.[11] Pero los informes y las estadísticas públicas disponibles para indagar lo acontecido con la población de origen extranjero y la administración estatal de la conflictividad social en la CABA son escasos, fragmentarios, poco sistemáticos y de difícil acceso (Fernández y Patallo, 2016). Ante este escenario, una de las pocas fuentes oficiales y públicas disponibles para indagar la mencionada sospecha son los Informes de Conflictividad Social elaborados por el Ministerio Público Fiscal de la CABA para el período comprendido entre 2010[12] y 2016,[13] donde se brinda información estadística acerca de las contravenciones que contaron con la intervención de las unidades fiscales del Poder Judicial de la Ciudad, incluyendo datos acerca de la nacionalidad de los contraventores. No obstante, como veremos, las características de los hechos relevados por estas fuentes requieren una indagación a la luz de información cualitativa, sin la cual llegaríamos a conclusiones erróneas. En efecto, esa información permite analizar los datos estadísticos considerando cambios en las estrategias de control de la venta callejera a partir de la aparición de actores estatales novedosos: el Cuerpo de Inspectores (Ministerio de Ambiente y Espacio Público), la Policía Metropolitana (Ministerio de Justicia y Seguridad) y la Unidad de Coordinación de Investigaciones Complejas (Ministerio Público Fiscal).

El propósito de este trabajo radica en indagar si desde 2010 se registra un incremento en el control y hostilidad estatal hacia la venta callejera en general, y hacia los inmigrantes que realizan esta actividad en particular.

La venta ambulante: entre los “arreglos” y el “crimen organizado”

Una de las estrategias de supervivencia desarrolladas por los inmigrantes residentes en Argentina es la venta callejera. Al igual que para sectores nativos empobrecidos, pero especialmente entre quienes se encuentran en situación irregular, desconocen el idioma o carecen de redes para acceder a un empleo formal, los inmigrantes encuentran en la venta informal una alternativa para sobrevivir. En la CABA dicha actividad está sancionada por la Ley 1472/04, que establece el carácter contravencional de las “actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público” (Arts. 83 y 84), y por la Ley 451/00, que instituye como “falta” a la “venta en la vía pública sin autorización” (Sección 4, Capítulo 1), fijando multas y el decomiso de la mercadería. El procedimiento formal contemplado ante esta actividad es sencillo: la policía debe actuar como agente preventor labrando actas para derivar a la Justicia Contravencional, donde luego se debate mediante pruebas y declaraciones si la acción detectada constituye o no una contravención (Pita, 2013). No obstante, en la práctica se constatan “fronteras porosas e inciertas entre lo legal y lo ilegal” (Telles e Hirata, 2007), que establecen una “zona donde la misma legalidad es mercancía” (Misse 2007, en Pita 2013). Allí las contravenciones devienen “ilegalismos tolerados”, esto es actividades que se encuentran legalmente prohibidas pero sobre las cuales se trazan límites de tolerancia, lo cual habilita “la administración y regulación abusiva y discrecional por parte de agencias del Estado” (Pita, 2013: 207). En su extensa investigación sobre los “territorios sociales y morales de control policial”, Pita encuentra la conformación de espacios políticos con reglas y acuerdos que ponen en duda la idea de una distribución igualitaria de la legalidad, en los cuales algunos grupos sociales tendrían más dificultades que otros para entablar acuerdos con las fuerzas policiales (en su análisis, la Policía Federal) (Pita, 2013). En tal sentido, la investigadora afirma que:

distintos grupos (y por consiguiente los individuos que forman parte de ellos) encuentran, en virtud de su mayor o menor vulnerabilidad y status jurídico, de sus conocimientos locales e ingenio, de su habilidad adquirida en el trato con diferentes agencias e instituciones, y también de sus competencias lingüísticas, posibilidades de mayor o menor éxito en esa negociación (Pita, 2012: 119).

Por ello, las estadísticas contravencionales, más que dar cuenta de la frecuencia de los procedimientos sobre los distintos grupos poblacionales, informan la capacidad de estos últimos para negociar el labrado de las actas (Pita, 2013). Y lo que muestran las estadísticas es que entre los años 2010 y 2013 hubo una alta presencia de extranjeros entre las personas imputadas por contravenciones (con un guarismo superior al 27%, mientras que los extranjeros residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires representan al 8,9 % de su población según el último censo nacional), y una marcada reducción de las actas contravencionales a extranjeros desde 2014 (ver Gráfico 1). Siguiendo la hipótesis de Pita, por tanto, entre 2010 y 2013 los extranjeros habrían tenido escasa capacidad de negociar con los agentes policiales el labrado de actas contravencionales.

Gráfico 1. Proporción de extranjeros entre personas imputadas por contravenciones en CABA. En porcentaje. Años 2010 a 2016

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Conflictividad del Ministerio Público Fiscal (2011-2017).

Vemos así que la participación de extranjeros entre las personas a quienes se les labraron contravenciones declina en casi veinte puntos porcentuales entre 2010 y 2014 (Gráfico 1). A este dato se suma una reducción drástica de las contravenciones por “uso de espacio público sin autorización para actividades lucrativas”, tanto en el año 2011 como (especialmente) en 2013 (Ministerio Público Fiscal, 2011 a 2017) (Gráfico 2).

Gráfico 2. Cantidad anual de contravenciones por uso de espacio público sin autorización para actividades lucrativas en CABA. Valores absolutos. Años 2007 a 2016

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Conflictividad del Ministerio Público Fiscal (2011-2017).

Ahora bien, ¿cuál puede ser la causa de la reducción en cerca de un 63% de las contravenciones por uso de espacio público para actividades lucrativas, entre 2010 y 2013 (cuando pasaron de 9.999 a 3.740)? Siendo que en ese período la venta callejera no disminuyó drásticamente (como informaba cualquier recorrido por la CABA), la causa se puede vincular con un incremento de los arreglos con el personal policial para evitar dicha sanción, o bien con un cambio en la modalidad estatal de control de esta actividad. En cualquier caso las estadísticas citadas deben ser interpretadas bajo la luz provista por otras fuentes.

Podemos comenzar a despejar la disyuntiva planteada al considerar que durante ese período nuevos actores estatales fueron aumentando su protagonismo en el control del espacio público porteño: el Cuerpo de Inspectores del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (creado en 2008 mediante el decreto N° 111) y la Policía Metropolitana (también creada en 2008 por la ley N° 2894, pero con entrada en funciones en febrero de 2010). Lo que se observa desde entonces es que tanto el labrado de actas contravencionales como los acuerdos (desiguales) para evitarlas fueron perdiendo protagonismo frente al mero uso de la violencia (Pita, 2013). En efecto, según distintos académicos, activistas de derechos humanos y vendedores, desde el año 2009 comienza una escalada de violencia policial y crecientes allanamientos y secuestros de mercadería ofrecida en la vía pública (Pacecca, Canelo y Belcic, 2017; Pita, 2012 y 2013).[14] Otros referentes de organismos de defensa de los derechos humanos sitúan al año 2011 como el momento en que se modifican las formas en que desde el Estado de la CABA se administra la venta callejera. Ello habría sido provocado por la sanción de la Ley N° 4121/11 que quitó la salvedad establecida en la Ley N° 1472 por la cual la venta de mera subsistencia no constituía contravención. Con la norma sancionada en 2011, pues, el Poder Legislativo habilitó la expulsión de los trabajadores de la vía pública que se desempeñasen fuera de las ferias autorizadas, instituyéndolos en invasores que transgreden la anterior tolerancia a su posesión precaria del espacio público (Pires, 2017). Como explica Lenin Pires, esto muestra que lo “precario no es el carácter de la autorización/concesión, sino el propio sujeto en su derecho a reproducirse socialmente a través del acceso igualitario a la utilización del espacio público” (2017: 351, traducción mía).

Sea 2009 o 2011 el punto de quiebre, lo acontecido en estos años no puede desvincularse de la paulatina entrada en funciones de la Policía Metropolitana y del Cuerpo de Inspectores del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y que ocurrió hacia la misma época en que el Ministerio Público Fiscal de la CABA crea la Unidad de Coordinación de Investigaciones Complejas (cuyo primer coordinador fue designado en 2010 por la Res. N° 376, y que fue incorporando personal en los años subsiguientes). Dicha Unidad comienza a impulsar investigaciones sobre los vendedores callejeros bajo el supuesto de su participación en delitos o contravenciones complejos, entendidos como aquellos que requieren un abordaje diferenciado, son ejecutados por estructuras delictivas, involucran a una gran cantidad de imputados, requieren analizar documentación compleja o precisan la coordinación entre varios organismos, entre otros criterios (Ministerio Público Fiscal, 2013). Los operativos en la vía pública registrados desde entonces darían cuenta de una “articulación funcional” (Pita, 2013) entre dicho ministerio (que cuenta con autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial), la Policía Metropolitana y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público (dependientes del Poder Ejecutivo) (Pacecca, Canelo y Belcic, 2017). Vale decir que, aunque no haya un acuerdo formal de esta articulación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, en la práctica funcionarios de la Justicia Contravencional suelen requerir la realización de allanamientos en presuntos depósitos de mercadería y tareas de inteligencia policial sobre los vendedores bajo el supuesto de que participan de una red de delitos complejos, casi al mismo tiempo que el Cuerpo de Inspectores (Ministerio de Ambiente y Espacio Público) y agentes de la Policía Metropolitana (Ministerio de Justicia y Seguridad) efectúan violentos desalojos de la vía pública aledaña y confiscan la mercadería remanente. Todo ello respaldado por el Poder Legislativo vía la Ley N° 4121 anteriormente mencionada, y por altos funcionarios del Poder Ejecutivo que vinculan públicamente a la venta callejera con mafias organizadas.

Volviendo a la pregunta anterior, la reducción de las actas contravencionales labradas desde 2013 (Gráfico 2) indicaría, por tanto, un cambio en la modalidad de control estatal de la venta ambulante, por el cual el labrado de contravenciones y las presiones para acordar evitarlas fue perdiendo peso frente a grandes y violentos operativos efectuados de forma coordinada por distintos poderes públicos, y /o legitimados por ellos.

A modo de cierre

Las expresiones emitidas en 2010 por el Jefe de Gobierno de la CABA ante el conflicto del Parque Indoamericano conformaron un punto de quiebre en el tratamiento estatal de la cuestión migratoria en Argentina. Ellas habilitaron posicionamientos públicos xenófobos de funcionarios de distinto signo político, que durante la década anterior habían optado por mantenerse bajo la retórica de inclusión de inmigrantes impulsada por el gobierno nacional, en sintonía con una política exterior que priorizaba consolidar vínculos fraternos con otros países de la región. El progresivo retorno a discursos públicos que criminalizan y estigmatizan a los inmigrantes registrado desde entonces ha sorprendido profundamente a quienes trabajamos en torno a la temática. Pero los cambios ocurridos desde entonces no fueron sólo discursivos. Antes bien, se desarrollaron y afianzaron nuevas formas de regulación de la conflictividad social en la CABA tendientes a la expulsión física y simbólica de sujetos no deseados en el proyecto urbano estatal, entre ellos, los inmigrantes. En este sentido, los cambios en torno a la cuestión migratoria que estaban ocurriendo en los posicionamientos públicos de altos funcionarios también se expresaban en diferentes modalidades de intervención estatal ante apropiaciones espaciales efectuadas en gran parte por inmigrantes, como la venta callejera, tal como muestra el análisis de estadísticas enriquecido por materiales etnográficos y fuentes secundarias.

A lo largo de este trabajo hemos visto que el análisis de las contravenciones labradas desde 2010 constituye una vía para indagar eventuales modificaciones en la administración estatal de la venta callejera en general, y en el trato hacia los inmigrantes que realizan esta actividad, en particular. Un dato significativo destacado en estas páginas es que las contravenciones (incluyendo aquellas por “uso de espacio público sin autorización para actividades lucrativas”) labradas a extranjeros declinó en casi veinte puntos porcentuales entre 2010 y 2014. La mencionada reducción también se observó en las contravenciones por venta de la vía pública, que disminuyeron en cerca de un 63% entre 2010 y 2013. El análisis de material etnográfico y fuentes secundarias me ha permitido afirmar que estos valores, lejos de indicar una reducción del control estatal, muestran un cambio en las estrategias de administración de la actividad. Dichas estrategias pasan del labrado de actas (y de arreglos para evitarlas) a grandes y violentos operativos efectuados de forma coordinada por distintos poderes públicos, con el propósito de limpiar de vendedores a la vía pública de la CABA.

Dicho proyecto higienizador, el consiguiente impedimento de una de las pocas estrategias de reproducción social disponible para sectores sociales empobrecidos, y su exclusión de la ciudad son, de por sí, preocupantes. Pero además, como afirmamos en otro lugar:

la construcción del problema manteros como un delito complejo que debe abordarse con técnicas investigativas y judiciales equivalentes a las que se usan para desbaratar grandes organizaciones mafiosas abre el camino a una doble intervención violenta. Por un lado, la que habilita judicialmente el brutal y desmedido accionar policial hacia quienes no están siendo investigados por delitos sino por contravenciones. Por el otro, la construcción mediática/discursiva que erosiona matices y diferencias, de modo que no sea posible pensar a ningún mantero por fuera del crimen organizado, y que apunta a justificar el ostensivo y costoso despliegue punitivo (Pacecca, Canelo y Belcic, 2017: 216).

Si bien la población destinataria de dicha política persecutoria y criminalizadora no es la de inmigrantes en tanto tales sino la de trabajadores de la vía pública en general, ella opera con particular fuerza sobre los primeros. Esto ocurre debido a que la venta callejera constituye una de sus principales estrategias de supervivencia, pero fundamentalmente debido a que dichas modalidades de control de nivel local se articulan con matrices xenófobas de larga data en Argentina, así como con políticas nacionales que habilitan la expulsión del país de aquellos extranjeros que resisten dichos hostigamientos. En efecto, la victoria electoral lograda por Mauricio Macri en 2015 y que lo llevó a la presidencia de Argentina, permitió que las tendencias en el tratamiento de la cuestión migratoria desarrolladas bajo su gestión a nivel de la CABA se hayan profundizado y ampliado a escala nacional. Logro que terminó de plasmarse con la sanción del DNU N° 70 en enero de 2017, que modificó aspectos sustanciales de la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871 y de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía N° 346, impulsando la creciente estigmatización y persecución de las personas migrantes. Dicho decreto permite, entre otras cosas, expulsar del país en tiempos sumarísimos a los extranjeros procesados por cualquier delito, incluso los que contemplan penas de entre un mes y tres años, como “atentado y resistencia a la autoridad”.

De este modo, la vigencia del DNU 70/2017 a nivel nacional, su articulación con estrategias locales de control de la conflictividad social combinadas entre distintos poderes públicos que encuadran a la venta callejera como un delito complejo, y la posibilidad de que casi cualquier conducta realizada en la vía pública derive en una causa por resistencia a la autoridad, generan una situación de particular vulnerabilidad y precariedad para los extranjeros. Me refiero a la posibilidad concreta y a la amenaza latente de ser expulsados del país y de que se les prohíba el reingreso por las mismas acciones por las cuales un argentino ni siquiera iría preso. Ante este escenario, los temores, abusos y sanciones se combinan produciendo modalidades novedosas y preocupantes de control de la venta callejera y de criminalización de los inmigrantes que habitan la CABA.

Referencias bibliográficas

AAVV. (2011). El Parque Indoamericano en diciembre de 2010: otras tramas, otras miradas. Dossier especial. Revista Temas de Antropología y Migración, 1. Recuperado de: https://goo.gl/6nJ1aB

AAVV. (2017). Cientistas sociales convocan al Poder Legislativo a rechazar el DNU 70/2017 que modifica las Leyes de Migraciones (Nº 25.871) y de Nacionalidad y Ciudadanía (Nº 346). Pescado fresco. Recuperado de: https://goo.gl/UCDeSn

Álvarez Leguizamón, S., Aguilar, M. Á. y Perelman, M. (2012). Desigualdad urbana, pobreza y racismo: las recientes tomas de tierra en Argentina. En Carlos Fidel y Enrique Valencia Lomelí (eds.), (Des)encuentros entre reformas sociales, salud, pobreza y desigualdad en América Latina (Tomo I) (pp. 195-231). Buenos Aires / Bernal: CLACSO, UNQUI.

Canelo, B. (2016). Migración y políticas públicas desde el margen. Acciones y omisiones estatales en un parque de la Ciudad de Buenos Aires. Migraciones Internacionales, 8 (3), 125-153.

Canelo, B. (2017). La comparación nativa como problema de investigación antropológica. En F. Balbi (comp.), La comparación en Antropología Social: problemas y perspectivas (pp. 143-163). Buenos Aires: Editorial Antropofagia.

Canelo, B. (2018). La producción espacial de fronteras nosotros / otros. Sobre migrantes, agentes estatales y legitimidad pública en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 31, 3-24.

Canelo, B., Gavazzo, N. y Nejamkis, L. (2018). Nuevas (viejas) políticas migratorias en la Argentina del cambio. Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos, 18, 1, 150-182.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2017). Argentina: Cambios normativa migratoria. Audiencia Pública del 161 Período de Sesiones de la CIDH. Recuperado de: https://goo.gl/xUN567

Cravino, M. C. (Comp.) (2014). Derecho a la ciudad y conflictos urbanos. La ocupación del Parque Indoamericano. Buenos Aires: UNGS.

Diafar TV (2014). Senador Nacional Miguel A. Pichetto. Dichos sobre los senegaleses (entrevista en el programa GETAP, Radio Vorterix, 8 de mayo de 2014). Recuperado de: https://goo.gl/VxtuRe

Domenech, E. (2012). Estado, escuela e inmigración boliviana en la Argentina contemporánea. (Tesis de doctorado no publicada). Salamanca: Universidad de Salamanca.

Fernández y Patallo, M. (2016). Migración y estadísticas de criminalidad en la Ciudad de Buenos Aires. Análisis de la producción de información de las fuerzas de seguridad y del poder judicial. La situación de las personas migrantes regionales en la Ciudad de Buenos Aires (pp. 55-92). Buenos Aires: INADI – IPPDH.

Infobae (2016). Claudio Avruj: “Estamos de acuerdo con las declaraciones de Pichetto sobre la inmigración”. Recuperado de: https://goo.gl/7wrQHn

Meccia, E. (2017). No me discuta. Migración reciente en Argentina y medios de comunicación desde el análisis sociológico-lingüístico del discurso. Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, 7, 1. Recuperado de: https://goo.gl/cQvEkW

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013). Resolución N° 77/2013. Buenos Aires: MPF.

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2011 a 2017). “Informes de conflictividad” (Tercero a Noveno inclusive). Buenos Aires: MPF.

Monclús Masó, M. y García, M. B. (2012). El impacto de las migraciones en la criminalidad en la Argentina: mitos y realidades. Cuadernos Migratorios N° 2: El impacto de las migraciones en Argentina, 323-369.

Pacecca, M. I. (2011). Personas extranjeras en cárceles federales. Vulnerabilidad y discriminación. En C. Courtis y M. I. Pacecca (coords), Discriminaciones étnicas y nacionales. Un diagnóstico participativo (pp. 127-143). Buenos Aires: Editores del Puerto y ADC.

Pacecca, M. I., Canelo, B. y Belcic, S. (2017). Culpar a los negros y a los pobres. Los “manteros” senegaleses ante los allanamientos en el barrio de Once. En M. V. Pita y M. I. Pacecca (eds. y comps.), Territorios de control policial. Gestión de ilegalismos en la Ciudad de Buenos Aires (pp. 199-219). Buenos Aires: FFyL, UBA.

Perfil. (2017). Bullrich apuntó contra “peruanos, paraguayos y bolivianos” por el narcotráfico. Diario Perfil. Recuperado de: https://goo.gl/P7m1DZ

Pires, L. (2017). Precários e Perigosos possíveis relações entre formalidade e informalidade em processos de administração de conflitos no Rio de Janeiro. En J. Gledhill, M. G. Hita y M. Perelman (orgs.) Disputas em torno do espaçio urbano. Processos de produção/construção e apropiação das cidades (pp. 337-354). Salvador: EDUFBA.

Pita, M. V. (2012). Poder de polícia e gestao de territórios: o caso dos ambulantes senegaleses na Cidade Autonoma de Buenos Aires. En Christian Azaïs, Gabriel Kessler y Vera Da Silva Telles. Ilegalismos, Cidade e Política, (pp. 109-140). San Pablo: Fino Traço.

Pita, M. V. (2013). Mitologías porteñas en torno al poder policial. Policía, contravenciones y gestión de ilegalismos en la Ciudad de Buenos Aires. Revista La Biblioteca, Biblioteca Nacional, 12, 182-209.

Poder Ejecutivo de la Nación Argentina. (2017). Decreto Nº 70. Modificación de la Ley 25.871. Buenos Aires: PEN.

Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires (2000). Ley N° 451. Régimen de Faltas. Buenos Aires: Legislatura de la CABA.

Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires (2004). Ley N° 1472. Código contravencional: Buenos Aires: Legislatura de la CABA.

Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires (2011). Ley N° 4121. Actividades feriales. Buenos Aires: Legislatura de la CABA.

Rodríguez, C. (2013). Diagnóstico socio-habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: CTA.

Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena. (2017). Informe sobre personas extranjeras privadas de la libertad en Establecimientos de Ejecución de la Pena dependientes de Servicios Penitenciarios Nacionales y Provinciales. Buenos Aires: Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.

Telles, V. da Silva y Hirata, D. (2007). Cidade e práticas urbanas: nas fronteiras incertas entre o ilegal, o informal e o ilícito. Revista Estudos Avançados, 21 (61), 173-191.

Todo Noticias (2010). Mauricio Macri: hay una inmigración descontrolada. Recuperado de: https://youtu.be/__sUAktmCZA

Todo Noticias (2012). Berni vinculó el delito y la inseguridad con la inmigración. Recuperado de: https://goo.gl/FQ1fz1

Todo Noticias (2016). Pichetto polémico: Al Hospital Rivadavia lo ocupan los paraguayos. Recuperado de: https://goo.gl/2a2VvC


  1. Agradezco los comentarios y sugerencias que el Dr. Mariano Perelman realizara a una versión previa de este trabajo.
  2. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) / Universidad de Buenos Aires (UBA).
  3. Ambas normativas buscaban expulsar del cuerpo nacional a inmigrantes con afiliaciones anarquistas, comunistas y socialistas, o que promovieran la organización obrera, en tanto los entendían como una amenaza para la seguridad nacional. La Ley de Residencia fue derogada recién en 1958, pero las atribuciones que otorgó al Poder Ejecutivo quedaron recogidas en decretos posteriores que delegaban el control y la expulsión de extranjeros en instancias meramente administrativas (Pacecca, 2011).
  4. El Parque Indoamericano es un predio de cerca de 130 hectáreas ubicado en el suroeste de la ciudad, zona con la mayor proporción de población residente en villas de emergencia de la ciudad, cuyo 11% de hogares registra necesidades básicas insatisfechas (Rodríguez, 2013). En diciembre de 2010, el predio fue ocupado por cerca de 6000 personas que demandaban soluciones habitacionales a las autoridades. Dicho conflicto tuvo una escalada represiva requerida por las autoridades locales que desembocó en el asesinato de tres personas (todas ellas inmigrantes) en circunstancias aún no esclarecidas. Finalmente, los ocupantes desalojaron el lugar, bajo la promesa de las autoridades nacionales y locales de créditos blandos para viviendas. Dicho compromiso no fue cumplido hasta el momento. Para más información al respecto, ver AAVV, 2011 y Cravino, 2014.
  5. El caso fue considerado un evento crítico paradigmático de los procesos que vinculan desigualdad urbana y racismo, ya que durante él se activaron prácticas y discursos que pusieron en duda la condición humana de los indios internos y externos responsabilizados por lo acontecido. Dicha deshumanización implicó “un proceso de invisibilización, desconocimiento de alguien con el cual existe algún tipo de lazo, vínculo o relación y en general esa relación coloca al otro, o el otro está colocado, en una situación no sólo de desigualdad sino de inferioridad” (Álvarez Leguizamón, Aguilar y Perelman, 2012: 209).
  6. Los medios hegemónicos replicaron y reforzaron esta perspectiva. Para un análisis acerca del tratamiento mediático de la cuestión migratoria en 2016, ver Meccia, 2017.
  7. Así por ejemplo, en sus considerandos alude a un incremento en la cantidad de personas extranjeras detenidas en el Sistema Penitenciario Federal, omitiendo los valores considerablemente más bajos existentes en los Sistemas Penitenciarios Provinciales. Asimismo, dicho incremento se mantiene en una tendencia histórica sin mayores alteraciones y de modo acorde al aumento en las estadísticas de criminalidad, que incluyen también a los nativos. Para información detallada, ver Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, 2017.
  8. Más información respecto de los supuestos y riesgos de esta normativa pueden verse en AAVV, 2017 y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2017. Pocos meses antes de la publicación de este texto, en marzo de 2018, el DNU 70 fue declarado inconstitucional por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, decisión que fue apelada por el Poder Ejecutivo Nacional pocos días después. En este marco, quien deberá expedirse respecto de la legalidad de la norma es la Corte Suprema, momento hasta el cual el DNU continúa vigente.
  9. Dichos operativos incluyen el despliegue de más de una centena de agentes de la Policía Metropolitana que controlan los ingresos y circulan por el cementerio (realizando, por ejemplo, tests de alcoholemia e inspecciones de cochecitos de bebé), la presencia de personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que recorre el lugar tras eventuales contravenciones, y de personal de Gendarmería Nacional que corta el tránsito vehicular en torno al Cementerio, entre otros aspectos que marcan el carácter anómalo de la jornada y de sus protagonistas.
  10. Hasta el momento no he encontrado datos oficiales ni privados que den cuenta de la cantidad de inmigrantes entre los vendedores callejeros, pero quienes trabajan con esta población coinciden en que gran parte de ella está conformada por personas de origen extranjero.
  11. Comprende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y veinticuatro municipios lindantes de la Provincia de Buenos Aires.
  12. Si bien a los fines de este trabajo sería importante conocer la cantidad de contravenciones realizadas a extranjeros con antelación a 2010, las estadísticas publicadas por el Ministerio Público Fiscal brindan este dato recién desde el Tercer Informe de Conflictividad, correspondiente a 2010. Las contravenciones realizadas a extranjeros antes de esa fecha se publican junto con los delitos penales (usurpación, amenazas, daños, etc), para los cuales el procedimiento es diferente.
  13. Corresponde al Noveno y último Informe de Conflictividad disponible a la fecha de elaboración de este trabajo (mayo de 2018).
  14. Entre los casos de resonancia pública puede mencionarse el hostigamiento y maltrato a vendedores de origen africano en el barrio de Constitución, que comenzó a conocerse en el verano de 2009 y derivó en una denuncia del accionar institucional efectuada por vendedores senegaleses ante la Justicia Contravencional (Pita, 2012); el desalojo violento de la calle Florida del microcentro entre la primavera de 2011 y el verano de 2012, tras el cual se impulsaron causas contravencionales y penales contra los vendedores, y que fueron acompañados de una campaña de desprestigio y criminalización de los trabajadores (Pita, 2013); una violenta serie de allanamientos y operativos en la vía pública en el barrio de Once a principios de 2014, con inusitados despliegues de personal policial y del cuerpo de inspectores del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (Pacecca, Canelo y Belcic, 2017), entre otros. Las acciones violentas para expulsar a los vendedores callejeros continuaron profundizándose desde entonces y hasta la escritura de este texto (mayo de 2018) en distintos barrios de la Ciudad.


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