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7 A modo de conclusiones provisionales

Acerca de los posibles re-(des)ordenamientos territoriales

Este libro termina aqu铆. Ha nacido

de la ira como una brasa, como los territorios

de bosques incendiados, y deseo

que contin煤e como un 谩rbol rojo

propagando su larga quemadura.

Pero no s贸lo c贸lera en sus ramas

encontraste: no s贸lo sus ra铆ces

buscaron el dolor, sino la fuerza,

y fuerza soy de piedra pensativa,

alegr铆a de manos congregadas

(Canto general, 鈥淭ermino aqu铆鈥, Pablo Neruda)

Este cap铆tulo final, en el que nos proponemos una revisi贸n de los principales debates y abordajes delineados, se divide en dos partes bien diferenciadas.[1]

En primer lugar, nos detenemos en una serie de consideraciones espec铆ficas sobre las perspectivas m谩s inmediatas del OTBN. En particular, avanzamos en torno a los posibles re-(des)ordenamientos que puedan ocurrir en virtud de una serie de escenarios que se perfilan a futuro: los avances en el relevamiento territorial de comunidades ind铆genas, la revisi贸n del OTBN y sus posibles recategorizaciones y el desenvolvimiento de la causa presentada ante la CSJN. Todo esto, en el contexto de la continuidad de los desmontes clandestinos y extracciones ilegales de madera en los BN del este salte帽o.

En un segundo momento, recuperamos las principales hip贸tesis de trabajo e interrogantes que orientaron la organizaci贸n de la investigaci贸n y volvemos sobre los distintos cap铆tulos, con la pretensi贸n de establecer sus aportes espec铆ficos en el campo de estudios de las ciencias sociales, integrar el proceso analizado y proponer una serie de reflexiones finales (siempre abiertas y provisionales).

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Salta: perspectivas a futuro

Ser铆a muy bueno para nuestras regiones del norte de Salta que inici谩ramos un nuevo a帽o pensando en encontrar caminos para retomar el desarrollo de la agricultura, la ganader铆a y la explotaci贸n forestal. Tenemos tierras f茅rtiles y aptitud productiva, necesitamos trabajo y agregado de valor: es imprescindible sacar al departamento San Mart铆n del p谩lido amarillo en el que se encuentra y te帽irlo de un fuerte verde productivo. Lograr este cambio de colores es una tarea que no admite m谩s p茅rdida de tiempo y en la que deber铆amos trabajar todos

(Ignacio Racchi de la empresa Desdelsur SA en El Tribuno, 19/12/2010, d/p)

Al momento de dar contenido acabado a este apartado final para la publicaci贸n de la tesis en formato libro, est谩n por cumplirse diez a帽os de la sanci贸n de la 鈥渓ey de bosques鈥 y nueve de la aprobaci贸n del OTBN salte帽o. Se hace oportuno entonces un balance, recuperando las reflexiones y/o evaluaciones en torno a la implementaci贸n y cumplimiento de sus objetivos iniciales que desde diferentes frentes han circulado. En adelante, esbozamos algunas de ellas en base a la informaci贸n y evidencias disponibles, a la vez que trazamos algunas perspectivas a futuro. Si bien la pol铆tica de OTBN en Salta qued贸 plasmada en la ley y el decreto reglamentario, esto no implica un statu quo o el t茅rmino de las disputas en torno al destino de los BN salte帽os: 鈥渓os territorios se pintaron, pero no van a quedar as铆鈥 (TN1). M谩s bien, se trata de un nuevo comienzo de los debates en torno al territorio, el desarrollo y la naturaleza.

鈥淓l problema del amarillo social鈥

En primer lugar, hay que considerar lo que ocurra en relaci贸n con los resultados del relevamiento previsto en la Ley Nacional N掳 26.160 de 鈥淓mergencia de la Propiedad Ind铆gena鈥. El Decreto N掳 2.789 sancionado a la par de la reglamentaci贸n del OTBN establece que una vez realizado el mismo se decidir谩, con participaci贸n de las comunidades afectadas, la delimitaci贸n definitiva y categorizaci贸n final del 谩rea (no olvidemos que la superficie bajo categor铆a II es el 65% de la zonificaci贸n de BN provincial). Por tanto, la din谩mica y resultados que tome dicho relevamiento est谩n en estrecha vinculaci贸n con el OTBN, en tanto es posible que el mapa cambie 鈥減ara peor鈥 (APIFC1).

M谩s all谩 de la indiscutible importancia de una legislaci贸n de estas caracter铆sticas en el conflictivo marco territorial actual, para hacer frente a la escalada de desalojos en territorios reclamados por ind铆genas, es posible se帽alar una serie de previsiones en torno a su formulaci贸n e implementaci贸n. En particular, porque como requisito para la suspensi贸n del desalojo, se dispone que la posesi贸n debe ser actual, tradicional, p煤blica y fehacientemente acreditada, quedando de este modo excluidas aquellas comunidades que por diversas causas fueron desplazadas y/o desalojadas y han perdido ya sus tierras 鈥渢radicionales鈥 (Buliubasich y Gonz谩lez, 2009). Tambi茅n estar铆an en desventaja las comunidades ind铆genas que no tienen personer铆a jur铆dica, requisito para realizar el reclamo formal.

La provincia de Salta figur贸 entre las primeras en celebrar un acuerdo con el INAI para la ejecuci贸n del relevamiento de la situaci贸n dominial de las tierras habitadas por pueblos ind铆genas. En abril de 2008, se firm贸 un convenio con el IPPIS (en ese momento intervenido, fue designado como organismo ejecutor) y se asign贸 un presupuesto para las tareas, que involucrar铆an a nueve pueblos ind铆genas y m谩s de trescientas comunidades. El d铆a 22 de diciembre de 2008 fue fijado como la fecha de inicio y se acord贸 un plazo de ejecuci贸n de veinticuatro meses (contados a partir de la efectiva transferencia de los fondos correspondientes a la primera cuota). Vencido el plazo de ejecuci贸n estipulado y habi茅ndose encontrado una serie de irregularidades en el desarrollo de las tareas por parte del organismo provincial, se procedi贸 a su disoluci贸n. Se trata de una realidad que se ha repetido en otras jurisdicciones: la mayor铆a de los convenios firmados con los organismos provinciales abocados a la tem谩tica ind铆gena han ido a caducidad o se han reformulado. En agosto de 2011, se firm贸 un nuevo convenio entre el INAI y el Ministerio de Derechos Humanos de Salta, esta vez a trav茅s de la Secretar铆a de Pueblos Originarios y no del IPPIS. En la actualidad, el relevamiento territorial recae en el Ministerio de Asuntos Ind铆genas y Desarrollo Comunitario, las actividades se encuentran suspendidas en virtud de la falta de env铆o de fondos por parte del organismo nacional y peligra su continuidad dado que es inminente el vencimiento de la Ley N掳 26.160.[2]

En suma, no termina de quedar en claro cu谩ndo concluir谩 el relevamiento (en vistas de que la ley nacional vence a fines de 2017 y peligra su pr贸rroga) ni c贸mo o bajo qu茅 mecanismos participativos se decidir谩 la categorizaci贸n final del OTBN. Pero hay una certeza: 鈥渉ay zonas amarillas que sin la capa social van a quedar verdes鈥 (FP4). En este sentido, los reclamos para que el relevamiento sea concretado y su informaci贸n publicada no s贸lo provienen de los actores ind铆genas, sino tambi茅n del sector agropecuario 鈥搒i bien burlonamente se帽alan que 鈥渓os pueblos ind铆genas van con el GPS en colectivo鈥 (OPA3)鈥. Seg煤n declaraciones recuperadas en las entrevistas con miembros de organizaciones de productores, 鈥渦n comprador de buena fe de un campo quiere comprar un campo, no un problema鈥, ante lo cual el atraso en el relevamiento implica desconocer la existencia de comunidades ind铆genas localizadas en su interior 鈥揳 pesar de que 鈥渆s dif铆cil encontrar un productor que si tiene un ocupante no quiera negociar鈥 (OPA1)鈥. Afirman que los tienen 鈥渃autivos de esa informaci贸n鈥 y que necesitan datos concretos: cu谩ntos son, donde est谩n, qui茅nes son, 鈥渃omo hacen con nosotros鈥 鈥渓o mismo que se dice de mi鈥 (OPA1) que se diga de ellos.

En el caso de Salta, la persistente conflictividad se refleja en el informe producido por la Defensor铆a del Pueblo de la Naci贸n en el a帽o 2012, que llev贸 a que el titular de ese organismo dirigiera una carta al gobernador denunciando la vulneraci贸n a los derechos territoriales, sociales y de acceso a la justicia de pobladores criollos e ind铆genas de distintas localidades del departamento de San Mart铆n. En el documento se hace referencia a disputas en torno a la situaci贸n de tenencia de la tierra (y dilaci贸n en los relevamientos territoriales dispuestos en la Ley N掳 26.160), la tala indiscriminada, obras de deslindes o cerramientos internos, desmontes irregulares y desarrollo de emprendimientos productivos por parte de particulares y/o empresas dentro de sus territorios.

Por su parte, la Auditor铆a General de la Naci贸n (2014), en su Informe de Auditor铆a en la SAyDS sobre la implementaci贸n de la Ley N掳 26.331 para el per铆odo 2007-2013, se帽ala en sus conclusiones la necesidad de la imprescindible articulaci贸n de este organismo con el INAI (organismo a cargo de la Ley N掳 26.160) para garantizar efectivamente los derechos de las comunidades ind铆genas y campesinas al momento de implementar la 鈥渓ey de bosques鈥, en virtud de que su conservaci贸n y aprovechamiento est谩n estrechamente vinculados a los conflictos por la tenencia de la tierra.[3] Tal como lo demuestra el modelo de conflictos de tenencia de la tierra realizado por investigadores de la UNSa (Venencia et al, 2012), el 95% del territorio del Chaco salte帽o se encuentra bajo alg煤n tipo de conflicto (con distintos grados de intensidad), y el mapa del OTBN aprobado no ha tenido en cuenta de manera suficiente esta conflictividad preexistente.

Mientras persisten las dilaciones, marchas y contramarchas en la ejecuci贸n del relevamiento, no han dejado de existir denuncias por intentos de desalojos y episodios de violencia rural. Al mismo tiempo, y si bien la delimitaci贸n del 鈥渁marillo social鈥 se sustent贸 en los conflictos por tierras que involucran a pueblos ind铆genas, aqu铆 no fue contemplada la situaci贸n de la poblaci贸n criolla, que soporta similares condiciones y con menor estructura legal para su defensa.

鈥淔lexibilizar el amarillo鈥 o 鈥渁lg煤n d铆a lo van a hacer verde鈥

Si bien la zonificaci贸n propuesta por el decreto reglamentario del OTBN habilit贸 una superficie de tierras para actividades productivas menor en relaci贸n a lo que potencialmente podr铆a haber autorizado, las casi 1.600.000 has coloreadas de verde habilitaban la continuidad de las actividades de deforestaci贸n de los BN por m谩s de una d茅cada, al mismo ritmo promedio de los 煤ltimos a帽os. Vale recordar que lo que volvi贸 m谩s amarillo y rojo al OTBN fue el decreto reglamentario (y la presi贸n del fallo de la CSJN), en tanto que el articulado de la Ley N掳 7.543 sigue habilitando por su contenido que un nueva reglamentaci贸n (en el contexto de un nuevo gobierno y de renovadas correlaciones de fuerzas pol铆ticas y econ贸micas) modifique las superficies zonificadas para cada una de las categor铆as de conservaci贸n, tal como se preve铆a en el primer momento tras su sanci贸n.

En la legislaci贸n, el mapa es definido como un 鈥渋nstrumento de orientaci贸n y referencia鈥, lo que introduce un alto nivel de ambig眉edad, creando condiciones que permiten que su aplicaci贸n tienda a favorecer la producci贸n agr铆cola y ganadera de gran escala en desmedro de un aprovechamiento integral del bosque y la conservaci贸n (REDAF, 2012a). Tal como nos lo describiera un t茅cnico de la UE-OTBN, 鈥渆l mapa no es infalible鈥 (TP4), sino que es tentativo e indicativo. Ahora bien, la estrategia de no cristalizar la zonificaci贸n por ley para permitir reajustes y modificaciones, en virtud de los intereses econ贸micos y las relaciones de poder existentes, puede volverse en contra de las iniciales intenciones.

As铆 las cosas, ciertos OTBN, que inicialmente parecieron otorgar a las poblaciones rurales un resguardo ante el avance de la deforestaci贸n (sea expl铆citamente, en el caso de los que tomaron en consideraci贸n los territorios ind铆genas, sea de manera subsidiaria, al impedir la deforestaci贸n en zonas potencialmente litigiosas) se han revelado relativamente fr谩giles ante las presiones de los sectores empresarios, que han buscado su modificaci贸n y/o la admisi贸n m谩s o menos solapada de pr谩cticas dif铆cilmente compatibles con los objetivos de la 鈥渓ey de bosques鈥. En los a帽os transcurridos, se han podido detectar una serie de mecanismos legales e institucionales por medio de los cuales las provincias han dado lugar a cierta flexibilizaci贸n de las categor铆as de conservaci贸n previstas en los OTBN, cuando no a su reversi贸n (si bien el principio de 鈥渘o regresividad鈥 consagrado en la Ley de Ambiente no permitir铆a cambios de estas caracter铆sticas).[4]

El caso de Salta es ejemplar al respecto. En mayo de 2010 se aprob贸 el Decreto N掳 2.211, donde se prev茅 el Procedimiento para el An谩lisis de Proyectos a Escala Predial, a trav茅s del cual se permiti贸 la revisi贸n de las categor铆as de conservaci贸n del OTBN en base a un an谩lisis a mayor detalle. Si bien destinado a la definici贸n m谩s precisa de la forma de realizaci贸n de las actividades permitidas al interior de cada categor铆a del OTBN (o al ajuste de ciertos errores cometidos en la zonificaci贸n a gran escala), en la pr谩ctica se ha dejado abierta la posibilidad de que una finca ubicada en una zona roja o amarilla pueda ser recategorizada como verde: como nos se帽alara un productor forestal, 鈥渕e ten茅s parado dos a帽os, me fund铆s, 隆y ahora me dec铆s que puedo desmontar!鈥 (OPF1).

Los productores cuyos emprendimientos hab铆an quedado zonificados bajo las categor铆as rojo o amarillo formularon r谩pidamente sus presentaciones para solicitar la revisi贸n del mapeo inicial: la b煤squeda por recuperar el (des)orden previo. Ahora bien, para este tr谩mite no se ha requerido de un proceso participativo, atentando contra lo establecido en la ley nacional acerca de que los OTBN provinciales deb铆an incluir participaci贸n de las poblaciones afectadas, mientras que el procedimiento definido para modificarlo prescinde del llamado a consulta. Como resultado, tierras originalmente categorizadas como zona roja o amarilla han podido ser modificadas a verde, fundament谩ndose en la ausencia de reclamos sociales y en la aptitud agr铆cola de los suelos (Leake, 2012; REDAF, 2012a). Seg煤n el documento 鈥淪alta debe respetar la Ley Nacional de Bosques鈥 presentado en julio de 2014 por una amplia gama de ONGs, fundaciones y organizaciones ante el COFEMA y la SAyDS, a esa fecha en Salta se hab铆an recategorizado m谩s de 125.000 has de BN. Finalmente y en el marco de estas denuncias, el mecanismo fue derogado en el a帽o 2014 por medio del Decreto N掳 3.749.[5]

Otro punto importante de destacar es que la reglamentaci贸n del OTBN indica que 茅ste deber谩 actualizarse cada cinco a帽os. La revisi贸n podr铆a modificar la superficie de tierras destinadas a cada categor铆a de conservaci贸n, llevando a 鈥渇lexibilizar el amarillo y darle una vuelta productiva鈥 (AMB2). En palabras de nuestros entrevistados, 鈥渃ada gobierno de turno puede hacer y deshacer鈥 (TP2) a su antojo, 鈥渢odos van a volver a la carga鈥 (APIFC2), 鈥渧an a dibujar algo participativo y lo van a sacar鈥 (TN6).

La provincia de Salta ha avanzado en su proceso de actualizaci贸n en los 煤ltimos a帽os, si bien la informaci贸n disponible indica que en esta oportunidad no se estar铆a contemplando un proceso participativo como el ensayado en 2008.[6] En 2014 fue creado bajo la 贸rbita y coordinaci贸n del MAyPS el Consejo Asesor de Revisi贸n del OTBN, integrado por aquellas organizaciones y/o asociaciones 鈥渧inculadas al ambiente鈥 que manifestaran de manera formal su voluntad de hacerlo. De acuerdo con el Resumen Ejecutivo para la Actualizacion y Fortalecimiento del OTBN elaborado por la Secretaria de Ambiente provincial (MAyPS, 2016), las l铆neas de acci贸n para el nuevo per铆odo estar谩n enfocadas en 鈥渁rmonizar el desarrollo productivo con la preservaci贸n efectiva de los bosques nativos de la provincia鈥.[7] En ning煤n caso parece discutirse una reorientaci贸n general del modo en que la aplicaci贸n del OTBN contempla la situaci贸n de ind铆genas y criollos y sus derechos territoriales, sino que las modificaciones ser铆an de 铆ndole m谩s bien t茅cnica (por ejemplo, a trav茅s de la introducci贸n de conceptos vinculados a Paisajes Sustentables, 脕reas de Valor de Conservaci贸n y Corredores Ecol贸gicos).

En agosto de 2017, se present贸 una nota al ministro Javier Montero desde las principales ONGs y fundaciones que han llevado adelante la causa de los BN y de los conflictos por la tierra (Greenpeace, TEPEYAC, FUNDAPAZ, UNSa, Foro Salte帽o por la Tierra, ASOCIANA, entre otros), a los efectos de hacerle llegar la preocupaci贸n sobre la revisi贸n del OTBN. Se denuncia que el MAyPS est谩 dando por finalizada la actualizaci贸n sin haber cumplido con el proceso de consulta (reduciendo la participaci贸n a un car谩cter limitado en t茅rminos de organizaciones representadas, fragmentado en el tiempo y de poco valor en los aportes efectivos de los participantes). Se acusa asimismo que de modo concomitante a estos procesos se dio creaci贸n en agosto de 2016 al Comit茅 Asesor Provincial de Manejo de Bosques con Ganader铆a Integrada, lo cual ha desviado el foco de discusi贸n respecto del futuro de las 谩reas en categor铆a II.

As铆 las cosas, transcurridos los primeros a帽os de la sanci贸n y reglamentaci贸n del OTBN en Salta, los debates pasaron a estar liderados por los actores empresariales y su puja por recuperar el orden perdido y dejar atr谩s el 鈥渁marillo patito, amarillo social鈥濃搕al como nos lo describieran burlonamente nuestros entrevistados鈥 para volver a te帽ir al territorio salte帽o color 鈥渧erde botella鈥 (OPF2). Tambi茅n la cita que antecede este ac谩pite va en este sentido, al enfatizar en la necesidad de tornar el 鈥減谩lido amarillo鈥 en 鈥渇uerte verde productivo鈥. Al d铆a de hoy, los intereses de los sectores productivos que buscan torcer el rumbo del OTBN (convertir las poco m谩s de 5.000.000 has amarillas en 谩reas de producci贸n) cobran renovada fortaleza, m谩s aun en el nuevo contexto pol铆tico. Como muestra, un fragmento de una nota de opini贸n en el Diario El Tribuno titulada 鈥淏asta de chaco pintado de amarillo鈥 en la cual se apunta que el OTBN en Salta 鈥渘o contribuye a mejorar la calidad de vida ni a preservar el ambiente鈥, sino que m谩s bien el legado de la 煤ltima d茅cada nos confronta con:

un Chaco argentino con veinte millones de hect谩reas -hablemos por ahora de nuestras seis millones en el Chaco salte帽o- sin ning煤n proyecto coherente para desarrollar, salvo la iniquidad de la Ley Bonasso, lo arbitrario del ordenamiento territorial que traba con distintos esquemas de involuci贸n la puesta en marcha para el desarrollo ganadero y, en otros casos, tambi茅n agr铆colas.

Conocemos la firme voluntad que el actual Gobierno nacional estrena para engrandecer el pa铆s con medidas de una econom铆a sana y libre, haciendo caso omiso de veleidades de las que tanto abundan, para escarnio del empresario laborioso. En consecuencia, decidimos ponernos de pie con vigor y total voluntad, solicitando al Gobierno nacional que derogue de manera total la zona amarilla, lampar贸n vergonzoso que frena todo conato de inversi贸n, y se declare al Chaco argentino, comenzando por Salta, como zona potencialmente favorable en el segmento ganadero (El Tribuno, 22/06/2016, d/p).

Pero m谩s all谩 de las categorizaciones vigentes o recategorizaciones posibles, lo cierto es que las denuncias por extracciones ilegales de madera y por la existencia de desmontes encubiertos continuaron a lo largo de todo el proceso rese帽ado hasta aqu铆 鈥撯渢odas las denuncias a la provincia caen en saco roto鈥 (AMB1)鈥, a pesar de la moratoria prevista en la ley nacional, la zonificaci贸n establecida en el OTBN y el amparo de la CSJN.

鈥淓l amparo logr贸 frenar los desmontes, entre comillas鈥

Un punto a tener en consideraci贸n entonces es el devenir de la 鈥淐ausa Salas鈥, por medio de la cual la CSJN hab铆a ordenado a fines de 2008 la paralizaci贸n de las actividades de desmonte en los departamentos de San Mart铆n, Oran, Rivadavia y Santa Victoria. El 23 de diciembre de 2009, a un a帽o de emitida la primera sentencia, las partes demandantes hicieron una presentaci贸n ante el tribunal denunciando el incumplimiento de la medida cautelar, alegando que:

Nuestras posibilidades de supervivencia y, fundamentalmente, nuestra identidad cultural dependen de la existencia de montes, animales y frutos, entre otros elementos, y del respeto a la tierra con la que tenemos una profunda relaci贸n espiritual. Los desmontes suponen su eliminaci贸n absoluta y constituyen un da帽o ambiental general que afecta a la sociedad en su conjunto (d/p).

Durante el per铆odo de vigencia de la suspensi贸n, no deber铆an haberse registrado desmontes en los departamentos mencionados. Si bien la acci贸n de la CSJN (en conjunto con el OTBN) se tradujo en una baja en las cifras de desmonte, entre los a帽os 2009 y 2011 los departamentos contemplados en la acci贸n de amparo perdieron un total de 53.202 has de BN. Asimismo, a medida que fue perdiendo estado p煤blico el caso (principalmente en la escala nacional, pero tambi茅n en el 谩mbito provincial), la cantidad de desmontes irregulares se fue incrementando: del total de la superficie desmontada en el per铆odo, 26.363 has fueron ejecutadas durante el a帽o 2011 (REDAF, 2012a).

El 13 de diciembre de 2011, la CSJN resolvi贸 levantar la medida, se帽alando que los titulares de los permisos otorgados por las autoridades locales con anterioridad a la vigencia de la ley de OTBN y que se encontraban alcanzados por la misma, deber铆an adecuarse a las prohibiciones y limitaciones emergentes de esa norma, de acuerdo a la categor铆a de conservaci贸n que le corresponda a la zona en la que se encuentren emplazados. All铆 tambi茅n se declar贸 que la causa no es de la competencia originaria de la CSJN, se desafect贸 a la SAyDS del caso y se remiti贸 las actuaciones a la Corte de Justicia de la provincia de Salta. En suma, el conflicto qued贸 desligado del nivel nacional y su resoluci贸n pas贸 a depender del nivel provincial, en torno a lo cual cabe una precauci贸n con respecto a la connivencia de la justicia local y los sectores productivos hegem贸nicos para la no resoluci贸n favorable hacia la poblaci贸n ind铆gena y criolla demandante.

En una nota de opini贸n, el ex gobernador Romero hizo referencia a la decisi贸n tomada por la CSJN, cuyas autoridades en marzo de 2009 hab铆an cedido 鈥渁 la tentaci贸n de usar sus lapiceras y el poder de los sitiales que ocupan, para ganar puntos y para hacer m茅rito de adelantados del progresismo ambientalista鈥:

Esa era la Resoluci贸n no solo l贸gica, sino la habitual en ese tipo de casos, que tendr铆a por efecto mandar a los interesados a peticionar ante los magistrados competentes. Esa, y no otra, era la decisi贸n que cab铆a esperar en marzo de 2009. Pero la Corte Suprema de Justicia hizo otra cosa: prohibi贸 el corte hasta de las ramas de los 谩rboles, en los departamentos de Or谩n, San Mart铆n y Rivadavia, que los m谩s humildes pobladores del chaco salte帽o usan para cocinar o calentarse en invierno. Los afectados primarios no fueron voraces terratenientes 谩vidos de lucrar con los recursos naturales. No; las v铆ctimas fueron los m谩s pobres abor铆genes impedidos de cortar cualquier 谩rbol, chico o grande, de las reducidas parcelas donde est谩n asentados. Los que se quedaron sin trabajo no fueron ejecutivos de la City porte帽a o 鈥淐EOs鈥 de empresas multinacionales, sino los m谩s humildes hacheros que cuentan con lo que pueden apilar cada d铆a para comer algo, ellos y su familia.

El 谩rea afectada no fue ninguno de los lugares donde residen los se帽ores Jueces de la Corte (ni tampoco los te贸ricos y abogados del ambientalismo, cuyo progresismo no aparece en pugna con el lujo y elegancia de los barrios m谩s caros de Buenos Aires), sino una de las zonas m谩s pobres, no ya de la Provincia de Salta, sino de todo el pa铆s, sometida al flagelo del hambre, la desnutrici贸n infantil, las enfermedades end茅micas y la desocupaci贸n. Mientras esa poblaci贸n sufr铆a, la Corte montaba una aparatosa audiencia p煤blica que procuraba trasmitir la imagen de unos cruzados que, lanza en ristre, intentaban defender los ya diezmados y sobrepastoreados bosques de la avidez de los sojeros (El Tribuno, 19/12/2011, d/p).

As铆 las cosas, en los primeros tiempos la provincia hizo 鈥渂uena letra鈥 (AMB2): reg铆a el amparo y los ojos del poder judicial nacional estaban posados sobre el accionar provincial en esta materia 鈥搉o olvidemos que la reglamentaci贸n, que otorg贸 menos verde de lo previsto, fue sancionada luego de la medida cautelar鈥. Ahora bien, desde que el 24 de mayo de 2012 la Corte Suprema provincial firm贸 un fallo en el que asume la competencia, no han habido avances en torno a este caso. De acuerdo con una declaraci贸n de la Mesa de Tierras:

Hoy los n煤meros reales que corresponden a cada categor铆a se encuentran en permanente cambio, por lo que es imposible para el pueblo de Salta y en especial para quienes dependemos de la existencia del bosque para nuestra supervivencia conocer concretamente cuales son las 谩reas reales a ser conservadas y menos a煤n tener injerencia en las decisiones que se toman respecto a nuestros lugares de vida transformando en una falsedad el decreto correspondiente violando la resoluci贸n de la Corte.

Solicitamos que el Estado garantice los derechos constitucionales reconocidos tanto para ind铆genas como criollos, en relaci贸n a la tierra y a los bienes naturales y advertimos que el incumplimiento de nuestros derechos afecta nuestra subsistencia, da帽an el Medio Ambiente, el futuro de las generaciones venideras y generan hoy conflictos sociales y ambientales (23/04/2012, d/p).

Entretanto, la deforestaci贸n prosigue.

鈥淎c谩 no hay Ordenamiento Territorial que valga鈥

Por 煤ltimo, cabe reparar en la continuidad de los desmontes. Si bien en un primer momento el avance de la deforestaci贸n se atenu贸 con el 鈥渂ombo鈥 de la ley nacional y el OTBN provincial, a los pocos meses 鈥渧olvieron las topadoras y los desmontes鈥 (FC2).Ya en el a帽o 2008, la SAyDS hab铆a advertido la existencia de desmontes luego de la sanci贸n de la Ley N掳 26.331 en las regiones del Parque Chaque帽o y la Selva Tucumano Boliviana. Los resultados evidenciaban que, si bien hab铆a disminuido la intensidad de la deforestaci贸n con respecto a los per铆odos anteriores, se corroboraba la continuidad de los desmontes (136.000 has) a pesar de la moratoria prevista en la legislaci贸n nacional (SAyDS-UMSEF, 2008).

De acuerdo con un informe de la REDAF (2012a), en el per铆odo 1976-septiembre 2012 la provincia de Salta registra la p茅rdida de un total de 2.074.210 has de BN. Como vi茅ramos en el cap铆tulo 4, el 45% de la superficie desmontada en la provincia se produjo desde el a帽o 2000 a la fecha (primero a impulso sojero, luego ganadero), y del total hist贸rico de desmontes por departamento, en Rivadavia el 84% ocurrieron en este per铆odo (88.630 has), en Anta el 53% (438.536 has) y en San Mart铆n el 49% (190.518 has). La 鈥渓ey de bosques鈥 no tuvo un impacto significativo en la disminuci贸n de la tasa de desmontes en Salta en los a帽os inmediatamente posteriores: recordemos que la misma prohib铆a el otorgamiento de nuevas autorizaciones de desmontes, pero no la ejecuci贸n de los permisos aprobados previamente 鈥揺ntre ellos, las m谩s de 435.000 has autorizadas solamente en el a帽o 2007鈥. Entre el a帽o 2008 y septiembre de 2012 se desmontaron en Salta un total aproximado de 330.504 has, que han afectado principalmente a los departamentos de Anta (134.635 has), San Mart铆n (69.088 has) y Or谩n (48.710 has), y han reca铆do en 谩reas asignadas a todas las categor铆as de conservaci贸n del OTBN: incluso en zonas amarillas (79.441 has) y rojas (19.454 has).[8]

Tambi茅n desde Greenpeace se han generado documentos de difusi贸n que dan cuenta de la continuidad de la deforestaci贸n: un total de 2.400.000 has para el total del pa铆s desde la sanci贸n de la Ley N潞 26.331 hasta fines del a帽o 2016, de las cuales m谩s de 750.000 has eran BN protegidos. Si bien en los 煤ltimos a帽os las tasas se han desacelerado, los datos indican que una proporci贸n importante de los desmontes siguen ocurriendo en 谩reas conservadas por ley. En los primeros seis meses del a帽o 2017 la superficie desmontada en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue de 45.470 has (el 42% se produjo en bosques protegidos). Para ese per铆odo, en Salta fueron desmontadas 7.009 has, de las cuales casi un 10% (678 has) corresponde a zonas de conservaci贸n (Greenpeace, 2017ayb).

A esta informaci贸n, producida y difundida por diversas ONGs y centros universitarios, cabe a帽adir las investigaciones generadas y publicadas por el organismo ambiental nacional. Seg煤n informes con resultados del monitoreo de la p茅rdida de BN entre 2006 y 2016 en las principales regiones boscosas de Argentina, se confirma la continuidad de los desmontes, tanto entre la sanci贸n de la ley nacional y la aprobaci贸n de los OTBN provinciales, como entre esa fecha y la actualidad. En la regi贸n chaque帽a, la deforestaci贸n represent贸 en t茅rminos absolutos un total de 626.820 has en el a帽o 2007, 1.065.997 has entre los a帽os 2008-2011, 648.572 has en 2012-2013 y 432.218 has para el per铆odo 2014-2016. Se aprecia una disminuci贸n de la tasa de deforestaci贸n que, no obstante, permanece por arriba del 0,4% anual (superando a las dem谩s regiones y a la tasa total, que promedia el 0,3%) (MAyDS-UMSEF, 2017; MAyDS 2016; SAyDS-UMSEF, 2016).

Estos guarismos no indican por s铆 mismos que la normativa haya resultado ineficaz, toda vez que en ella se prev茅 que parte de la cobertura boscosa existente sea declarada de 鈥渂ajo valor de conservaci贸n鈥 y pueda ser deforestada (las provincias clasificaron en total m谩s de 11.000.000 has en la categor铆a III, un 21% del total de BN declarados). No obstante, casi el 43% de la superficie desmontada en el a帽o 2016 para el total de las jurisdicciones se registra en BN pertenecientes a las categor铆as roja (2,7%) y amarilla (39,9%), en los que est谩 prohibida la deforestaci贸n (MAyDS-UMSEF, 2017), cifras que en proporciones similares pueden encontrarse en per铆odos anteriores. Es evidente, por tanto, que la categorizaci贸n de un 谩rea boscosa como de mediano o alto valor de conservaci贸n de ning煤n modo garantiza que ella no sea deforestada. La deforestaci贸n en zonas correspondientes a las categor铆as I y II incluye desmontes ilegales, pero tambi茅n abarca los casos amparados en procedimientos administrativos que permiten excepciones a lo dispuesto en los OTBN, as铆 como pr谩cticas toleradas por algunas provincias para la categor铆a II a t铆tulo de 鈥渟istemas silvopastoriles鈥, presuntamente sustentables, aunque en las im谩genes satelitales y en sus efectos ecol贸gicos y sociales no se distingan de los desmontes agr铆colas.

Para el caso salte帽o, la tasa de deforestaci贸n anual tambi茅n sigui贸 siendo alta, si bien tuvo una merma desde la sanci贸n del OTBN. La proporci贸n de bosque perdido en funci贸n de la superficie de BN hab铆a sido de -1,54 para el per铆odo 2002-2006, aumentando a -1,99 entre el a帽o 2006 y la sanci贸n de la 鈥渓ey de bosques鈥 (la 鈥渂icicleta ambiental鈥), mostrando una disminuci贸n hacia tasas de inferiores a un d铆gito desde el a帽o 2014 hasta la actualidad. Al igual que lo se帽alado para el nivel nacional y regional, la provincia a煤n registra p茅rdida de bosques en 谩reas protegidas por el OTBN (el 27,2% para el a帽o 2016) (MAyDS-UMSEF, 2017; SAyDS-UMSEF, 2012). A la vez, se ha evidenciado para el per铆odo 2008-2014 que las superficies transformadas anualmente de modo ilegal superan a las transformadas de manera legal: 257.828 has para los cambios de uso del suelo sin la correspondiente habilitaci贸n y 200.523 has con las habilitaciones pertinentes. Al ser desagregado por departamentos, las situaciones de ilegalidad se vuelven regla en San Martin y Oran (85% en ambos casos) en tanto que en Anta y Rivadavia la ecuaci贸n se invierte (64% y 87% legales respectivamente) (MAyPS, 2016).

La continuidad o no de las actividades de desmonte y tala ilegal, y la violaci贸n o cumplimiento de la zonificaci贸n establecida en el OTBN, est谩n en gran medida sujetas a la capacidad de control y monitoreo efectiva que la autoridad de aplicaci贸n ambiental provincial pueda ejercer respecto de las autorizaciones otorgadas y de aquellas impugnadas. No olvidemos que hasta la sanci贸n de la ley, las administraciones provinciales ten铆an una 鈥渧isi贸n del bosque absolutamente pasiva鈥 (FN1), predominantemente vinculada a la entrega de gu铆as forestales y permisos de deforestaci贸n. Como advertimos, las provincias carecen de capacidad instalada y de recursos humanos y monetarios suficientes para afrontar la aplicaci贸n de la ley. Tampoco existe la capacitaci贸n e infraestructura necesaria en el organismo ambiental nacional 鈥揺n la DB de la SAyDS hay 鈥渃uatro tipos鈥 (FN1)鈥, por lo que se hace necesario un crecimiento institucional tanto en el 谩mbito ambiental nacional y provincial, a la vez de una concertaci贸n con y entre las provincias (que por derecho constitucional son due帽as de los 鈥渞ecursos naturales鈥).

En Salta, las tareas de fiscalizaci贸n de las infracciones al OTBN se encuentran con que los operativos de paralizaci贸n de desmontes y extracci贸n ilegal de madera no son permanentes ni suficientes y que la relaci贸n entre equipamiento, personal, recursos y superficie no arroja un saldo positivo 鈥搕al como nos se帽alara un t茅cnico de la SPA: 鈥溌縮i no podes inspeccionar diez expedientes en una semana, c贸mo vas a ordenar toda la provincia en seis meses?鈥 (TP6)鈥. Entretanto, el organismo ambiental no se encuentra lo suficientemente descentralizado: 鈥渆n Salta, el Estado est谩 a 400 km de los bosques鈥 y 鈥渓a polic铆a ambiental est谩 cuidando el cerro San Bernardo鈥 (OPF4) (en alusi贸n al cerro de la ciudad capital).

Asimismo, y frente a todas estas limitaciones en la aplicaci贸n de la Ley N潞 26.331, cabe preguntarse si la disminuci贸n de la deforestaci贸n en los 煤ltimos per铆odos analizados se debe al impacto de la norma o debe explicarse por otros factores, tales como la baja en el precio de los commodities agr铆colas o el relativo agotamiento del stock de tierras con potencial de rentabilidad agr铆cola (adem谩s del sostenido y leg铆timo reclamo social, que no debe ser soslayado), que se traducir铆an en una menor presi贸n de deforestaci贸n.

Hasta aqu铆, sugerimos las perspectivas a futuro en vistas de los posibles re-(des)ordenamientos territoriales. Como intentamos se帽alar, el OTBN no es algo que ya ha quedado cristalizado o fijado de una vez para siempre sobre una superficie cartogr谩fica homog茅nea, ahist贸rica y libre de conflictos sociales. Por el contrario, se trata de una definici贸n y redefinici贸n cotidiana y desigual, 鈥渦na cuesti贸n viva y dial茅ctica鈥 (INV2).

Palabras finales

驴Por cu谩nto tiempo el lugar descubierto mantiene el estatuto de descubierto? 驴Por cu谩nto tiempo el lugar descubierto permanece en el lugar del descubrimiento? 驴Cu谩l es el impacto del descubierto sobre el descubridor? 驴Puede ser descubierto el descubridor? 驴Puede el descubridor descubrirse? 驴Son posibles los redescubrimientos?

(de Souza Santos, 2009: 223, a/p)

Al comenzar esta investigaci贸n nos propusimos reflexionar en torno a los diversos modos de 鈥渙rdenar un territorio鈥, los modelos de desarrollo y las formas diferenciales de apropiaci贸n y valorizaci贸n de la naturaleza que se ponen en tensi贸n durante el proceso de demanda, dise帽o, formulaci贸n e implementaci贸n de pol铆ticas de OTBN en contextos de expansi贸n de la frontera agropecuaria en las 煤ltimas d茅cadas del siglo XX y comienzos del XXI.

Nos interrogamos acerca de un territorio determinado: el este de la provincia de Salta, hist贸ricamente habitado por pueblos ind铆genas y peque帽os productores criollos, y que en las 煤ltimas d茅cadas se ha tornado una de las regiones m谩s din谩micas para la acumulaci贸n capitalista a partir de la inserci贸n directa de proyectos de infraestructura regional y de producci贸n agropecuaria e hidrocarbur铆fera. La concomitante evoluci贸n en las tasas de deforestaci贸n y degradaci贸n de los BN, los crecientes procesos de expulsi贸n, arrinconamiento y/o desalojo de las poblaciones locales de los territorios que hist贸ricamente habitaron, en conjunci贸n con la puesta en valor de la cuesti贸n ambiental y la emergencia de las luchas territoriales ind铆genas y campesinas fue dando lugar a crecientes disputas en torno a los distintos modos de apropiaci贸n y valorizaci贸n del territorio y al uso y aprovechamiento de los 鈥渞ecursos naturales鈥 all铆 disponibles, como modo de propender al 鈥渄efinitivo desarrollo鈥 de estas regiones y poblaciones rezagadas (espacial y temporalmente).

Con ese fin, recuperamos los aportes conceptuales de investigaciones provenientes de la sociolog铆a rural y ambiental, la antropolog铆a econ贸mica, la ecolog铆a pol铆tica, la geograf铆a cr铆tica, el proyecto modernidad/ colonialidad y los an谩lisis cr铆ticos sobre el desarrollo. Nos propusimos una lectura distanciada con respecto a los abordajes que desde diversas perspectivas y disciplinas han recurrido a la categor铆a de territorio sin una mayor problematizaci贸n con respecto a sus posibles usos y consecuencias (como escenario, desligado de las relaciones de poder que construyen y deconstruyen territorios; como espacio unilateralmente vinculado al Estado; como construcci贸n simb贸lica-identitaria 煤nica y aut茅ntica de los pueblos ind铆genas y campesinos, por ejemplo). Nos hicimos eco de la cr铆tica al desarrollo como sin贸nimo de un progreso y una modernizaci贸n un铆vocos, y de la sustentabilidad como una de sus tantas adjetivaciones que no ha logrado saldar las tensiones entre la conservaci贸n ambiental y el crecimiento econ贸mico. Tambi茅n nos embarcamos en un recuento del rol de la naturaleza en la modernidad y en la acumulaci贸n capitalista (desde sus or铆genes y en la continuidad del despojo hasta nuestros d铆as), signado por su comprensi贸n como 鈥渞ecurso鈥 a ser dominado y explotado. En esta l铆nea, apuntamos hacia la emergencia de la 鈥渃uesti贸n ambiental鈥 y hacia los distintos lenguajes de valoraci贸n que se ponen en entredicho en el marco de los conflictos por la apropiaci贸n y dominaci贸n de la naturaleza.

Para entender el (des)ordenamiento actual del territorio considerado y las m煤ltiples propuestas y proyectos que se dieron lugar en el contexto del OTBN, entendimos que no pod铆amos soslayar los hist贸ricos y sucesivos 鈥搚 tambi茅n simult谩neos鈥 (des)ordenamientos territoriales previos. De ah铆 la propuesta por sumergirnos en un abordaje hist贸rico que nos condujo hasta el per铆odo colonial y los primeros tiempos de la formaci贸n del Estado nacional y provincial. All铆 avanzamos en los seculares imaginarios que hicieron inteligible al Chaco como 鈥渢erritorio ind铆gena鈥 y como 鈥渄esierto verde鈥, constituy茅ndolo como una frontera a la vez pol铆tica, econ贸mica y cultural de las administraciones coloniales o estatales. Vimos c贸mo su poblaci贸n ind铆gena fue caracterizada como 鈥渟alvaje鈥 y 鈥渙ciosa鈥 en estrecha asociaci贸n con las condiciones geogr谩fico-ambientales de la regi贸n, a la vez que fue incorporada (en connivencia con el frente civilizatorio comandado por la violencia estatal y militar) como mano de obra indispensable e insustituible en los emprendimientos productivos que progresivamente fueron avanzando sobre estos territorios, haciendo uso tanto de sus recursos 鈥渉umanos鈥 como 鈥渘aturales鈥.

M谩s cerca en el tiempo, nos detuvimos en el an谩lisis y descripci贸n del (des)orden inmediato al OTBN, hacia fines del siglo XX y comienzos del XXI, signado por la embestida definitiva de los procesos de acumulaci贸n capitalista comandada por la producci贸n agropecuaria por sobre los 煤ltimos reductos de BN existentes en el pa铆s. Territorios 茅stos que se hab铆an constituido durante d茅cadas en el 鈥渞efugio parcial鈥 de la poblaci贸n originaria tras el acorralamiento, expulsi贸n y reducci贸n de los que fueron objeto en tiempos previos. En un contexto pol铆tico, econ贸mico y ambiental favorable, en Argentina tuvo lugar un aumento in茅dito de las superficies destinadas a la producci贸n granaria, hecho que en las provincias del norte se tradujo en la conversi贸n de los suelos boscosos (baratos y disponibles) en suelos agr铆colas. Como resultado, se potenciaron los hist贸ricos conflictos irresueltos 鈥搇os (des)贸rdenes previos鈥 en torno a las tierras habitadas por ind铆genas y criollos, y se reactivaron las disputas en torno al desarrollo de estos territorios y poblaciones.

Este recorrido temporal, espacial y conceptual fue el terreno f茅rtil en donde abonamos la propuesta de exploraci贸n en torno al OTBN en la provincia de Salta. Al poner de relieve la producci贸n del espacio, Lefebvre se cuestionaba: 鈥溌縌ui茅n produce? 驴Qu茅? 驴C贸mo? 驴Por qu茅 y para qui茅n?鈥 (1991: 69). Similares preguntas encontramos en Gupta y Ferguson, al recordarnos que la experiencia del espacio siempre se construye socialmente, pero de lo que se trata es de politizar tal afirmaci贸n: 鈥溌緾贸mo se establecen los significados espaciales? 驴Qui茅n tiene el poder de hacer de los lugares espacios? 驴Qui茅n contesta esto? 驴Qu茅 est谩 en juego?鈥 (1997: 9). Recuperamos esos interrogantes para interrogarnos en nuestro caso particular: 驴Qui茅n ordena el territorio? 驴Qu茅 ordena? 驴C贸mo lo ordena? 驴Por qu茅 y para qui茅n lo ordena? Partimos entonces de la necesidad de problematizar ambos t茅rminos, indagando en las distintas formas de concebir un ordenamiento, as铆 como tambi茅n, aquello a ser ordenado, es decir, un territorio.

La pregunta por el 鈥渙rden鈥 social fue una de las problem谩ticas centrales de la sociolog铆a desde sus or铆genes. En la segunda mitad del siglo XIX europeo, las transformaciones societales posteriores a la revoluci贸n industrial y los cambios en los lazos sociales tradicionales como resultado del avance de los procesos de acumulaci贸n capitalista, llevaron a los referentes cl谩sicos de la disciplina a elaborar proposiciones en torno a la b煤squeda de un mejor funcionamiento del orden constituido 鈥揺ntendido como natural, normal y leg铆timo, ante lo cual todo lo dem谩s fue se帽alado como desviaci贸n y/o anomia鈥搚 a la reconstituci贸n de sus bases perdidas. Si bien estas primeras conceptualizaciones han sido revisadas y reformuladas, perduran en el 鈥渟entido com煤n鈥 con gran eficacia pr谩ctica, y por tanto debemos tener precauci贸n con respecto a qui茅nes son los actores que tienen la capacidad hegem贸nica de proponer un estado de cosas dado, y de presentarlo como el orden natural, justo y necesario de las cosas.

A modo de anticipaciones de sentido, arriesgamos que los fines 煤ltimos y el resultado de un ordenamiento ser铆an dis铆miles de acuerdo a qui茅nes tuvieran la potestad de ordenar o de imponer su proyecto a tal fin. Ordenar un territorio entendido como mero sustrato o recurso a ser explotado, o gestionar un espacio 鈥渧ac铆o鈥 de relaciones sociales, no hac铆a m谩s que reducir al territorio a un uso econ贸mico. Se invisibilizan as铆 las relaciones de poder involucradas y su car谩cter espec铆ficamente pol铆tico: el territorio pasa a ser una variable, un recept谩culo o planicie uniforme y homog茅nea, sobre la cual se puede operar de acuerdo a criterios t茅cnicos y objetivos. Por tanto, sostuvimos la precauci贸n de no tomar al territorio como un escenario sobre el cual se desarrollan las relaciones entre actores sino que buscamos contribuir a un abordaje relacional, que tomara en consideraci贸n las relaciones de poder que construyen y de-construyen territorios (y al hacerlo, tambi茅n construyen y de-construyen a las poblaciones que se les asocian, en tanto la definici贸n conceptual de territorio supone relaciones sociales y de poder inscriptas en el espacio). Nos interes贸 rastrear las contradicciones, historicidad y dinamismo en la producci贸n de territorios, lo cual cobr贸 especial inter茅s en ocasi贸n del an谩lisis de las pol铆ticas de OTBN, en las cuales se ponen en juego m煤ltiples poderes y actores, con propuestas diversas acerca del mejor modo de 鈥渙rdenar鈥 los territorios implicados y sus poblaciones de referencia.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Espa帽ola, se define ordenamiento como 鈥渓a acci贸n y efecto de ordenar鈥, y a la ordenaci贸n como la 鈥渁cci贸n y efecto de ordenar u ordenarse鈥, la 鈥渃olocaci贸n de las cosas en el lugar que les corresponde鈥, y la 鈥渂uena disposici贸n de las cosas鈥. El infinitivo ordenar es definido como 鈥渃olocar de acuerdo con un plan o de modo conveniente鈥, y el orden como la 鈥渃olocaci贸n de las cosas en el lugar que les corresponde鈥. Nos preguntamos entonces, en el marco de un OTBN, cu谩l ser谩 el 鈥渓ugar que le corresponde鈥 a cada 鈥渃osa鈥 para estar 鈥渂ien dispuesta鈥, o qui茅nes son aquellos que tienen capacidad de proponer o dise帽ar el 鈥渕odo conveniente鈥 que tomar谩 cada ordenamiento.

Partimos de la premisa de que siempre hay una propuesta, expl铆cita o impl铆cita, de ordenamiento (social y territorial) y un ordenamiento dado (lo que no anula su dinamismo y conflictividad), haya sido planificado o no. No dejamos de remarcar que no se ordena una superficie vac铆a 鈥揳hist贸rica, asocial鈥, sino que cualquiera sea el territorio a ordenar, se tratar谩 de un espacio geogr谩fico en el cual se han sedimentado historias, luchas y conflictos previos. De este modo, intentamos vislumbrar qui茅nes fueron los principales ordenadores y qui茅nes los principales ordenados por cada ordenamiento hegem贸nico.

Tal como apunt谩ramos al inicio del recorrido, los territorios deben ser vistos como una suerte de 鈥減alimpsesto鈥. En este sentido, se trata m谩s bien de hacer foco en los re-(des)ordenamientos actuales sobre la base de re-(des)ordenamientos pol铆ticos, econ贸micos, territoriales y sociales anteriores. Si toda reorganizaci贸n del espacio es siempre una reorganizaci贸n del marco a trav茅s del cual se expresa el poder social (Harvey, 1998), todo cambio en un ordenamiento territorial conlleva la redistribuci贸n de las relaciones de poder que lo sustentaban. Entonces, todo OTBN supone un consecuente reordenamiento de las relaciones de poder que sustentaban el (des)ordenamiento anterior. Ahora bien, no se trataba s贸lo de re-ordenar lo desordenado, sino tambi茅n y principalmente de la potencialidad de dar lugar y visibilidad a otras formas de ordenar, de tomar en cuenta a actores hist贸ricamente subalternizados y relegados de la posibilidad de proponer un orden distinto al 鈥渘atural鈥 y 鈥渘ecesario鈥. De ah铆 las disputas intestinas por la continuidad y/o subversi贸n de las relaciones de poder hegem贸nicas que de modo hist贸rico se han configurado en el territorio y la sociedad salte帽os.

Esto nos llev贸 a poner de manifiesto los proyectos de OTBN en pugna y a analizar m谩s detenidamente los planes que fueron propuestos para 鈥渙rdenar鈥 鈥揺n definitiva, desarrollar鈥 el 鈥渄esorden鈥 del territorio y la poblaci贸n involucrados. De modo simult谩neo, nos condujo a pensar en los modelos de desarrollo en tensi贸n, signados por la oposici贸n de los t茅rminos producci贸n-conservaci贸n y progreso-atraso (profundizando las dicotom铆as provenientes de la matriz moderna-occidental de pensamiento). Recordemos que uno de los supuestos dominantes que ha estructurado el imaginario desarrollista moderno se sustenta en la premisa de que el desarrollo 鈥搚 su contraparte, el subdesarrollo鈥 han sido mayormente asimilados a regiones y/o pa铆ses, y no as铆 al patr贸n de poder mundial del cual se nutren. Entonces, as铆 como a escala mundial la dicotom铆a norte-sur u occidente-oriente supuso dar cuenta de grados evolutivos alcanzados por las sociedades, tambi茅n al interior de los continentes y de los pa铆ses se han ido configurando hist贸ricamente regiones m谩s o menos alejadas de los c谩nones del desarrollo imperante. A partir de tal diagn贸stico, se ha buscado identificar los 鈥渙bst谩culos鈥 al desarrollo (las m谩s de las veces, reenviados a cuestiones culturales y sociales) y, una vez detectados, dise帽ar e implementar las medidas necesarias para hacerles frente.

La 鈥渋nvenci贸n del desarrollo鈥 supuso tambi茅n la invenci贸n de los pueblos y los territorios que ser铆an objeto de las intervenciones desarrollistas. Los territorios ind铆genas y campesinos han sido objeto por excelencia de las estrategias y discursos desplegados tanto por organismos internacionales, gobiernos nacionales y provinciales, ONGs y otras instituciones abocadas al dise帽o e implementaci贸n de programas de desarrollo. El Chaco salte帽o no ha quedado exento de estas incursiones, muy por el contrario, ha sido una de sus sedes privilegiadas.

Si la definici贸n de un territorio implica en s铆 misma la definici贸n de una poblaci贸n, 鈥渙rdenar territorios鈥 supone al mismo tiempo (e irremediablemente) 鈥渙rdenar poblaciones鈥. Nos interes贸 indagar, en este sentido, lo sucedido cuando los territorios a ser ordenados (desarrollados) eran los territorios del este salte帽o, cuya representaci贸n gen茅rica y tradicional hasta la actualidad es la de un 鈥渆spacio marginal鈥. Concomitantemente, esto nos interrog贸 acerca de las poblaciones a ser ordenadas (desarrolladas): pueblos originarios hist贸ricamente estigmatizados y cuyas estrategias de producci贸n y reproducci贸n de la vida han sido reenviadas a tiempos pret茅ritos y calificadas de atrasadas, junto a familias criollas, tambi茅n designadas como marginales, en oposici贸n a las promesas de reproducci贸n del capital en ciernes.

El inter茅s de esta b煤squeda estuvo apuntado a que nos permitiera, en retrospectiva, abordar la posible resignificaci贸n, pervivencia y/o reactualizaci贸n de estos imaginarios territoriales en la actualidad. A fines del siglo XIX y principios del XX, los actores hegem贸nicos de la estatalidad moderna trataron de imponer un 鈥渙rden鈥 sobre aquellos territorios 鈥渄esiertos鈥 para luego llevar all铆 el 鈥減rogreso鈥. Un siglo m谩s tarde, en las postrimer铆as del siglo XX y comienzos del XXI, si bien bajo otros contextos econ贸micos, pol铆ticos, culturales y sociales, y matizados tras discursos interculturales, participativos y sustentables, las intencionalidades de los actores hegem贸nicos no han sido tan dis铆miles.

El escenario, tal como est谩 planteado, supone la existencia de ind铆genas 鈥揷aracterizados como 鈥渆ternos鈥 cazadores-recolectores鈥, habitando tierras 鈥渧ac铆as de actividad econ贸mica鈥 (pero colmadas de potencialidad productiva). Esto fortalece la representaci贸n imaginaria de estas tierras como ociosas e improductivas, estigmatizando el significado y uso que de las mismas hacen los pueblos originarios, cuyas pr谩cticas de supervivencia no han cesado de degradar el ambiente 鈥搖na constante en el discurso de las asociaciones de productores interesadas en desplegar sus proyectos territoriales en esos horizontes鈥, frente a las posibilidades econ贸micas y productivas que supone el desarrollo de la producci贸n agropecuaria para la provincia. Reaparecen de este modo los binarismos de anta帽o 鈥搎ue siguen siendo presentados como opciones dicot贸micas o antag贸nicas鈥, que obligan a los salte帽os a decidir entre el 鈥渁traso鈥 o el 鈥減rogreso鈥, el 鈥渄esarrollo鈥 o el 鈥渆stancamiento鈥, la 鈥減roducci贸n鈥 o la 鈥渃onservaci贸n鈥. Los pueblos originarios 鈥渂elicosos鈥 y 鈥渆nemigos de la civilizaci贸n鈥 ubicados en un espacio 鈥渧ac铆o鈥 y 鈥渙cioso鈥, caracterizaci贸n predominante en las etapas de incorporaci贸n de la provincia de Salta a la 鈥渕odernidad鈥 y progreso del naciente pa铆s, retornan de manera contradictoria y solapada en los relatos de la Salta de fines del siglo XX y albores del XXI.

Como subrayamos en el cap铆tulo 3, en la regi贸n chaque帽a la idea de una naturaleza inexplorada e inconmensurable 鈥搎ue de modo contradictorio, fue signada como 鈥渄esierto鈥濃 fue traducida en el entendimiento de sus habitantes como salvajes, lo que implicaba la obligaci贸n moral de arrancarlos de su 鈥渆stado de naturaleza鈥 (sea por la v铆a laboral, religiosa o educativa). En la actualidad, la sinonimia entre los pueblos ind铆genas y la naturaleza conlleva una serie de connotaciones derivadas: permite reafirmar tanto su 鈥渁utenticidad鈥 y calidad de 鈥渂uen salvaje鈥 protector del ambiente a partir de las posturas m谩s conservacionistas, esencialistas y rom谩nticas; como acusar el car谩cter 鈥渄epredatorio鈥 de las pr谩cticas de subsistencia de 鈥渓os naturales鈥. En todo caso, persiste su asociaci贸n a aquella naturaleza de la cual la sociedad occidental progresivamente se ha separado. Y as铆, siguen siendo susceptibles 鈥搒eg煤n el caso鈥 de ser evangelizados, educados, asimilados y/o integrados, abonando las propuestas por 鈥渄esarrollar鈥 a aquellas sociedades que 鈥渁煤n鈥 viven en condiciones naturales y salvajes.

En su 鈥渟ociolog铆a de las ausencias鈥, de Souza Santos nos propone una investigaci贸n en torno a los modos de producci贸n activa de lo no existente: 鈥渉ay producci贸n de no existencia siempre que una entidad dada es descalificada y tornada invisible, ininteligible o descartable de un modo reversible鈥 (2009: 109). En esta empresa, distingue cinco l贸gicas de producci贸n de no existencia: lo cient铆fico versus lo ignorante (que antepone la ciencia moderna como 煤nico criterio de verdad); lo avanzado versus lo residual (que concibe a la historia con sentido y direcci贸n 煤nica, entendida en t茅rminos de progreso, modernizaci贸n, desarrollo y globalizaci贸n); lo superior versus lo inferior (que lleva a la naturalizaci贸n de las diferencias sociales, principalmente en torno a raza y sexo); lo global versus lo local (que apunta a la primac铆a de lo universal y lo global por sobre lo particular y lo local); y lo productivo versus lo improductivo (que se asienta en la monocultura de los criterios de productividad capitalista).

Estos dualismos permean los proyectos territoriales, las propuestas de desarrollo y la valoraci贸n de la naturaleza hegem贸nicos en el este salte帽o a lo largo de la historia y perduran de diversos modos en la actualidad. En especial, esto puede entreverse en el desprestigio hacia los saberes locales ind铆genas y/o campesinos respecto al territorio y sus modos de vincularse con la naturaleza, frente al saber hegem贸nico de la ciencia encarnado en las empresas multinacionales, fundaciones privadas, t茅cnicos y expertos en ingenier铆a agron贸mica y ambiental. Tambi茅n en la valoraci贸n positiva de los emprendimientos modernos, altamente productivos, con incorporaci贸n de tecnolog铆a y posibilidades de inserci贸n en mercados nacionales y extranjeros, en detrimento de modalidades productivas ind铆genas y criollas residuales, valoradas de modo negativo. Ahora bien, la idea de desarrollo no debe ser s贸lo asociada al crecimiento econ贸mico, y sobre un territorio dado pueden encontrarse diversas visiones posibles: en este punto, recordemos a la l贸gica productivista, que entiende al crecimiento econ贸mico como un objetivo racional incuestionable, y que deriva en la aplicaci贸n de la noci贸n de productividad tanto a la naturaleza como al trabajo humano, que son calificados como 鈥渋mproductivos鈥 en caso de no amoldarse a esta l贸gica predominante.

La sustituci贸n de esta monocultura por una 鈥渆colog铆a de las productividades鈥 (de Souza Santos, 2009: 123) supone la recuperaci贸n y valorizaci贸n de sistemas productivos de producci贸n ocultados o desacreditados por la ortodoxia productivista capitalista. Se trata seg煤n el autor de uno de los campos m谩s controvertidos, en tanto pone en cuesti贸n el paradigma del desarrollo y del crecimiento econ贸mico infinito y la l贸gica de la primac铆a de los objetivos de acumulaci贸n por sobre los de distribuci贸n. Siguiendo a Porto Gon莽alves (2009), la crisis del desarrollo es paralela al debate acerca del territorio y las territorialidades, en el sentido de luchas por el ambiente y por la reapropiaci贸n social de la naturaleza. Podemos remarcar entonces el papel fundamental que aqu铆 tendr谩n los pueblos originarios, campesinos y criollos, en la lucha por que los hist贸ricos objetos de programas y pol铆ticas se vuelvan sujetos de su propio desarrollo.

La regi贸n chaque帽a ha sido se帽alada como un caso paradigm谩tico del potencial de usos m煤ltiples de la naturaleza: ganader铆a de monte (bovina, caprina y porcina), silvicultura combinada (rollizos, postes, le帽a, carb贸n), recursos no madereros, aprovechamiento de fauna silvestre, turismo, agricultura familiar, apicultura, se cuentan entre las variadas ofertas productivas (muchas de las cuales podr铆an recuperar y revalorizar los saberes y pr谩cticas campesinos e ind铆genas). No obstante, la racionalidad hegem贸nica, productivista y modernizadora 鈥損ero bajo criterios ambientales y de sustentabilidad鈥, parece encuadrar todo bajo la dicotom铆a 鈥減roducci贸n鈥 (a gran escala, con introducci贸n de tecnolog铆a y bajo las demandas del mercado internacional) o 鈥渁traso鈥 (la pobreza y continuidad del subdesarrollo provincial). Si bien desde los sectores productivos y el Estado provincial se propone la superaci贸n del antagonismo entre lo ambiental y lo productivo (el 鈥渇also dilema鈥 entre la conservaci贸n de la naturaleza y el crecimiento econ贸mico), las soluciones propuestas en su mayor铆a no han cesado en dar continuidad a esa disociaci贸n: se propone, por un lado, una producci贸n intensiva (sustentable a partir de rotaci贸n de cultivos, t茅cnicas de conservaci贸n de suelos, etc.) y, por el otro, una conservaci贸n intensiva (a cambio de la cual, se ofrecen magros recursos que no logran compensar las ganancias perdidas).

Deteng谩monos en una serie de narrativas dominantes en torno del avance de la frontera agropecuaria en las que hemos reparado a lo largo del libro, y que se han vuelto 鈥渧erdades irrefutables鈥. Por ejemplo, la asociaci贸n entre la actividad agr铆cola y/o ganadera moderna y la generaci贸n de puestos de trabajo, que se traduce en un c铆rculo virtuoso que elevar铆a las condiciones de vida de la poblaci贸n local (sin embargo, advertimos que se trata de actividades m谩s capital-intensivas que trabajo-intensivas). En esta misma l铆nea, podemos encontrar el elogio de los emprendimientos agropecuarios como motor del crecimiento econ贸mico y del desarrollo provincial y/o regional: como hemos visto, estos emprendimientos compiten por el agua, la tierra, arrasan los BN, producen fuertes procesos de reconfiguraci贸n productiva y territorial que han impactado de modo directo sobre poblaciones ind铆genas y campesinas y sobre otras formas productivas 鈥渘o modernas鈥, a la vez que se trata de actividades con fuerte orientaci贸n exportadora.

Tal como argumentamos en el cap铆tulo 3, desde fines del siglo XIX, los pueblos originarios del este salte帽o se constituyeron en mano de obra estacional para los emprendimientos productivos regionales, y el retorno a sus territorios de origen 鈥揹onde hab铆an sido 鈥渁rrinconados鈥濃 le garantizaba al capital agroindustrial la reproducci贸n de la fuerza de trabajo. Ahora bien, actualmente, el avance del capitalismo agropecuario en la zona requiere cada vez menos de esta mano de obra y necesita cada vez m谩s de sus tierras 鈥搎ue tiempo atr谩s eran consideradas marginales e improductivas鈥 para su incorporaci贸n a la producci贸n agr铆cola o ganadera (adem谩s, hay que considerar que las tierras que antes aseguraban el sustento a la poblaci贸n local ahora se han visto fuertemente reducidas en superficie y sus recursos degradados).

Para continuar, interesa se帽alar que nuestro atractivo por dar lugar a la comprensi贸n del OTBN salte帽o no s贸lo radicaba en la b煤squeda por describir y analizar el entramado de relaciones entre actores en el contexto de un proceso de planificaci贸n y ordenamiento de un territorio particular. M谩s bien, arraigaba en las potencialidades que ten铆a como disparador, para permitirnos abordar una serie de t贸picos de gran significancia para la coyuntura nacional y regional, y que trascienden as铆 las fronteras del caso espec铆fico. El caso de Salta no es un ejemplo aislado: similares conflictos y controversias鈥搉o s贸lo asociados a la deforestaci贸n y degradaci贸n de bosques a manos de la producci贸n agropecuaria o forestal, sino tambi茅n en relaci贸n con otros emprendimientos de car谩cter extractivo como la miner铆a a cielo abierto o la producci贸n de hidrocarburos鈥 pueden encontrarse en otros territorios y afectando a otras poblaciones a lo largo y ancho de Am茅rica Latina.

Los debates abiertos a partir de la 鈥渓ey de bosques鈥 y del OTBN en Salta han revitalizado conflictos hist贸ricos e irresueltos, mucho m谩s profundos que las discusiones t茅cnicas en torno al manejo y conservaci贸n de los BN en s铆 mismos: 鈥渁lgo m谩s鈥 que una disputa ambiental (Azuela y Musseta, 2005), si bien fue en gran medida codificada en esos t茅rminos. Como se帽ala Merlinsky (2013b), estos conflictos en clave ambiental reactualizan otros referidos a la tenencia de la tierra o el uso del suelo, al reparto de poder entre las jurisdicciones, a las disputas econ贸micas por la apropiaci贸n de la renta y la discusi贸n sobre qui茅n asume los costos ambientales, entre otros. As铆 como en un primer momento el contexto pol铆tico confluy贸 para la puesta en visibilidad del problema de la deforestaci贸n y esto logr贸 colocarlo en la agenda p煤blica, con el correr de los a帽os esta centralidad se ha ido diluyendo.

La 鈥渃uesti贸n ambiental鈥 actual es un s铆ntoma del problema irresuelto de la propiedad y distribuci贸n de la tierra en Argentina. Seghezzo et al (2011) lo se帽alan, al aseverar que la 鈥渓ey de bosques鈥 revel贸 conflictos profundos que iban detr谩s del manejo de los bosques, como la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad. No debemos dejar de mencionar aqu铆 el riesgo de que quedara planteado estrictamente como un problema ambiental, de conservaci贸n y exclusivamente de 鈥渆cologistas鈥: as铆 las cosas, se restar铆a importancia u ocultar铆an reivindicaciones tan o m谩s importantes que est谩n por detr谩s de este conflicto, como la lucha por el derecho al trabajo, la salud y la educaci贸n, por ejemplo.

Otro desaf铆o (intelectual y pol铆tico) vinculado remite al rol del Estado, y en especial, a los debates acerca de las nuevas y/o renovadas formas de extractivismo en el contexto actual. Esto implica discutir hasta qu茅 punto la aplicaci贸n de la 鈥渓ey de bosques鈥 supone una revisi贸n del modelo agropecuario productor de commodities y generador de divisas que empuj贸 el avance de la deforestaci贸n en las 煤ltimas d茅cadas (revisi贸n que actualmente aparece lejana), as铆 como tambi茅n pensar si la pol铆tica ambiental puede operar como medida correctiva en estos contextos, orientando el proceso productivo hacia formas m谩s 鈥渁migables鈥 con el ambiente y m谩s compatibles con los modos de vida de las poblaciones ind铆genas y campesinas, sin cuestionarlo fundamentalmente. Del mismo modo, permite insertarnos en las tensiones entre el desarrollo econ贸mico y la conservaci贸n de la naturaleza, a la vez que en la problematizaci贸n de la implementaci贸n de normas nacionales de presupuestos m铆nimos de protecci贸n ambiental a escala provincial, con todo lo que ello supone en t茅rminos de apertura a nuevos arreglos institucionales y rearticulaci贸n de actores y relaciones de fuerza en los espacios locales.[9]

En Argentina, el 鈥渃onsenso neoliberal鈥 y sus efectos regresivos por sobre la estructura social, econ贸mica y pol铆tica eclosionaron en diciembre de 2001. En la recuperaci贸n econ贸mica posterior, el sector agropecuario tuvo un rol destacado, en virtud de la finalizaci贸n del r茅gimen de convertibilidad y sus repercusiones en la transformaci贸n de la estructura de precios relativos y la revalorizaci贸n de la producci贸n agropecuaria en su participaci贸n en el PBI. De este modo, la estructura agraria delineada en la d茅cada de 1990 fue profundizada a partir de una expansi贸n agr铆cola sin precedentes en un contexto de elevada rentabilidad. Este patr贸n de crecimiento no se tradujo en una modificaci贸n de la estructura exportadora, que sigue sustent谩ndose en productos de bajo valor agregado, y no logr贸 constituirse en motor del desarrollo econ贸mico, evidenciando su incapacidad de liderar un proceso de desarrollo sustentable en el largo plazo (Arceo, 2011).

Las altas tasas de crecimiento econ贸mico y el super谩vit fiscal se debieron en gran parte a la expansi贸n del modelo extractivo-exportador y al nuevo modelo agrario consolidado en la 煤ltima d茅cada del siglo XX, que encontr贸 una alta rentabilidad en las exportaciones de ciertos cultivos tanto por la devaluaci贸n como por los altos precios internacionales (Gras y Hern谩ndez, 2009; Svampa y Viale, 2014; Teubal, 2006).Son esas actividades productivas las que, a la vez que significaron la entrada de divisas siendo motor de la reactivaci贸n econ贸mica nacional, incentivaron la apertura indiscriminada de tierras al mercado a trav茅s de desalojos, expulsiones y deforestaciones masivas 鈥搉o olvidemos que el ritmo y cantidad de desmontes se aceler贸 en esta d茅cada, en comparaci贸n con los a帽os 1990鈥, abonando la revitalizaci贸n de luchas por el territorio, la biodiversidad y el ambiente. En suma, se trata de un modelo con profundos efectos en t茅rminos ambientales, sociales, econ贸micos y territoriales, y que ha dado lugar a cr铆ticas por su orientaci贸n exportadora basada en un monocultivo, los impactos ambientales y sobre la salud provenientes de la aplicaci贸n masiva de agroqu铆micos, la erosi贸n y degradaci贸n de suelos, el car谩cter expulsivo de una producci贸n que prescinde cada vez m谩s de mano de obra, entre otras.

Impulsada y concebida para frenar los desmontes, cuidar los BN y proteger los derechos de las poblaciones ind铆genas y campesinas, la Ley N潞 26.331 en su aplicaci贸n, tanto a nivel provincial como a trav茅s del progresivo vaciamiento del FNECBN por el Estado nacional, termina en los hechos pleg谩ndose silenciosamente a las exigencias de la matriz extractivista (Langbehn y Schmidt, 2017). Vale mencionar en este sentido que una de las Metas 2020 del 鈥淧lan Estrat茅gico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal鈥 elaborado durante el anterior gobierno era ampliar la superficie cultivada con granos en un 27% con respecto al a帽o 2010 (alcanzando las 42.000.000 has), proyectando un aumento de la superficie sembrada con soja del 20%. Ello implicaba necesariamente la continuidad del proceso de deforestaci贸n. De manera similar, el 鈥淧lan Belgrano鈥 anunciado por el actual presidente Macri, augura una bater铆a de pol铆ticas e inversiones en infraestructura y servicios para dar competitividad a las postergadas provincias del norte, con el prop贸sito central de desarrollar los transportes que permitan una movilizaci贸n m谩s eficiente de los productos hacia los puertos de exportaci贸n, acentuando el car谩cter extractivo del modelo de desarrollo. Sin un esfuerzo decidido y consecuente para proteger los BN, estos proyectos territoriales tender谩n claramente a reforzar el impulso a la deforestaci贸n y a la disrupci贸n de los sistemas de vida de las poblaciones rurales.

Se trata de la 鈥減aradoja鈥 entre un marco legislativo que reconoce derechos territoriales, ambientales y sociales; y la promoci贸n, desde el Estado nacional y los Estados provinciales seg煤n el caso, de proyectos econ贸micos que han afectado y afectan a las comunidades locales en cuesti贸n. Emprendimientos productivos que son presentados como motores del desarrollo econ贸mico regional y generadores de empleo, mientras los r茅ditos econ贸micos obtenidos no permanecen, ni son reinvertidos en la regi贸n. Nos preguntamos cu谩l es la legitimidad del marco normativo vigente, si las pol铆ticas impulsadas en estos territorios son de negaci贸n y avasallamiento de otras formas ser, de estar y de relacionarse con el territorio. Esto lleva a pensar tambi茅n en el papel de las instituciones estatales en su permisividad y complicidad (por acci贸n u omisi贸n), al otorgar exenciones a las empresas, judicializar la protesta ind铆gena, demorar la aprobaci贸n de leyes y a la vez permitir desmontes apresurados sin consentimiento de las poblaciones involucradas.

As铆 las cosas, una mirada retrospectiva hacia las primeras d茅cadas del siglo XXI nos muestra que, si bien se han alcanzado logros y avances fundamentales, a煤n perduran problem谩ticas de fondo que no han sido debidamente abordadas y matrices de desarrollo que no han sido problematizadas y cuestionadas. Podemos mencionar aqu铆 la hist贸rica y recurrente falta de soluci贸n de la 鈥渃uesti贸n ind铆gena鈥 en todas sus aristas 鈥搈谩s all谩 de f贸rmulas y ret贸ricas declamatorias de derechos鈥; as铆 como tambi茅n la situaci贸n de tenencia precaria, concentraci贸n y extranjerizaci贸n de las tierras y la necesidad de una definitiva apuesta por otras alternativas productivas vinculadas al aprovechamiento de las masas boscosas existentes a partir de la incorporaci贸n de las poblaciones locales y sus proyectos, saberes e intereses.

Esto, por cierto, no quita que la norma haya generado diversos efectos y que no puedan y deban reconocerse una serie de transformaciones ocurridas a nivel jur铆dico, pol铆tico-institucional, territorial y social, lo cual nos remite a dar cuenta de las 鈥減roductividades鈥 y resultados provisorios del conflicto (Azuela y Mussetta, 2005; Mel茅, 2014; Merlinsky, 2013ab) en torno a los BN.

En t茅rminos institucionales, los organismos ambientales de la Naci贸n y de las provincias se han ido fortaleciendo con la incorporaci贸n de personal especializado y la estructuraci贸n de sistemas de informaci贸n que ofrecen en la actualidad posibilidades para la gesti贸n de los BN que en 2007, al sancionarse la ley, se encontraban muy lejanas. Esto conduce a dar cuenta de la creaci贸n de nuevos organismos y equipos responsables de la gesti贸n e implementaci贸n de la pol铆tica ambiental a nivel nacional y provincial, del reparto de poderes y puja de competencias entre las diferentes instancias y niveles de gobierno en la toma de decisiones (de all铆 los desajustes interjurisdiccionales y la tensi贸n entre las provincias que por mandato constitucional ejercen el dominio originario de los 鈥渞ecursos naturales鈥 existentes en sus territorios y el Estado nacional que cuenta con la potestad de dictar normas de presupuestos m铆nimos), y de la apertura (si bien deficitaria) a mecanismos de participaci贸n social.

En lo que a efectos jur铆dicos respecta, se ha logrado la creaci贸n de legislaci贸n espec铆fica para abordar la problem谩tica de la deforestaci贸n de BN. Asimismo, toda una serie de normativas, resoluciones y regulaciones ambientales han comenzado a pesar sobre estos territorios. Los actores y organizaciones locales involucradas demuestran un aprendizaje respecto de las posibilidades jur铆dicas a su alcance para posicionar a la problem谩tica ambiental de la deforestaci贸n de BN como asunto de p煤blico inter茅s. Esto ha vehiculizado la articulaci贸n de las demandas con otras experiencias de lucha y la generaci贸n de alianzas con actores estrat茅gicos (en particular, ONGs y ciertos organismos estatales) que han impulsado acciones legales, institucionales y de comunicaci贸n en pro del posicionamiento de las problem谩ticas ambientales de referencia. Del mismo modo, en torno a la sanci贸n y la aplicaci贸n de la normativa se ha dinamizado la generaci贸n de conocimiento sobre los BN y su uso, sobre el proceso de deforestaci贸n y sobre sistemas productivos menos agresivos para con el ambiente, que permiten hoy enfrentar con mejores herramientas los desaf铆os que implica su conservaci贸n.

En t茅rminos territoriales, progresivamente se ha ido dando lugar a una valorizaci贸n de los territorios de referencia, se los fue dotando de una historia y de significados simb贸licos, hist贸ricos e identitarios. Este movimiento permiti贸 identificar y visibilizar los territorios en disputa, asignarle unas causas a su estado actual y designar responsables para su recomposici贸n y conservaci贸n, volverlos un 谩mbito de enunciaci贸n y de pol铆tica p煤blica. Tambi茅n trajo consigo toda una serie de cambios en las formas concretas de control territorial previas, por ejemplo, en torno a los derechos de propiedad de los privados y a su posible accionar sobre las tierras. La Ley N掳 26.331 ha ofrecido un lenguaje m谩s en el que los hist贸ricos conflictos por la tierra han podido ser formulados y procesados por parte de los actores subalternos, que pueden movilizar los instrumentos brindados por ella como un argumento m谩s en sus resistencias. De esta manera, m谩s que garantizar un resultado favorable a los campesinos e ind铆genas en los conflictos por tierras, la normativa ambiental ha permitido trasladar esos conflictos a otro lenguaje y a otro contexto jur铆dico-institucional, habilitando la articulaci贸n de nuevas alianzas y el involucramiento de nuevos actores.

El Estado, en tanto 鈥渙rdenador por excelencia鈥, tiene la potestad para instrumentar pol铆ticas en sentido reparatorio y precautorio con relaci贸n al uso y aprovechamiento del ambiente, territorio, naturaleza y con respecto a las poblaciones directa e indirectamente afectadas. En este sentido, se hace necesario despojarse definitivamente de antiguos ropajes heredados de la modernidad y su vertiente neoliberal y enfrentarse con agendas y problem谩ticas pendientes. En particular, en Salta, el mandato nacional de dar lugar al OTBN llev贸 a estado p煤blico las numerosas propuestas de desarrollo existentes para el este salte帽o y su poblaci贸n, as铆 como tambi茅n los diagn贸sticos y soluciones arriesgados a tal fin. Las tensiones esbozadas a lo largo del libro a煤n siguen vigentes e involucran a una multiplicidad de actores (con sus particularidades y contradicciones internas), demostrando las dificultades y obst谩culos para la construcci贸n de un modelo de desarrollo verdaderamente inclusivo e intercultural.

En definitiva, todo ordenamiento territorial supone una relaci贸n de poder, desigual y conflictiva, pero es tambi茅n una relaci贸n din谩mica. Todo re-ordenamiento territorial supone un re-ordenamiento social, pol铆tico y econ贸mico, con la potencialidad que esto tiene para subvertir los anteriores ordenamientos hegem贸nicos. Para finalizar, sugerimos leer la cita que da inicio a este ac谩pite final intercambiando en cada caso 鈥渄escubrimiento鈥 por 鈥渙rdenamiento鈥:

驴Por cu谩nto tiempo el lugar ordenado mantiene el estatuto de ordenado? 驴Por cu谩nto tiempo el lugar ordenado permanece en el lugar del ordenamiento? 驴Cu谩l es el impacto del ordenado sobre el ordenador? 驴Puede ser ordenado el ordenador? 驴Puede el ordenador ordenarse? 驴Son posibles los reordenamientos? (de Souza Santos, 2009: 223, d/p, a/p).


  1. Algunas secciones de este cap铆tulo final han sido publicadas en Schmidt (2014a).
  2. Ya en 2011 un informe del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen advert铆a sobre la inejecuci贸n de ambas leyes (N掳 26.160 y 26.554) y se apuntaba a las irregularidades en la ejecuci贸n del relevamiento y las numerosas denuncias por la continuidad de desalojos en Salta (ENDEPA, 2011).
  3. Puede mencionarse el caso de las comunidades del curso inferior del r铆o Itiyuro (El Traslado, Zopota y El Escrito), cuyo territorio abarca una superficie de aproximadamente 118.000 has. Tras un recurso de amparo presentado en 2006 en ocasi贸n de la aprobaci贸n de nuevas autorizaciones de desmonte por parte del gobierno provincial, en febrero de 2011 la C谩mara Federal de Apelaciones de Salta resolvi贸, en un fallo in茅dito, hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por estas comunidades ordenando al Estado nacional se inicie de inmediato la demarcaci贸n y delimitaci贸n de las tierras que tradicionalmente ocupan conforme a los usos y pautas culturales reconocidas en la legislaci贸n vigente, debi茅ndose completar dicho proceso en el plazo de noventa d铆as. Sin embargo, esa manda a煤n no ha sido cumplimentada, al tiempo que contin煤an los desmontes ilegales y la extracci贸n furtiva de madera.
  4. Ejemplo de esto es la aceptaci贸n, en casi todas las provincias, de planes 鈥渟ilvopastoriles鈥, convalidados como modo de aprovechamiento sustentable del bosque (y, como tales, admitidos en la categor铆a II del OTBN) aunque en la pr谩ctica se trata en la mayor铆a de los casos de desmontes casi completos, dejando en pie unos pocos 谩rboles adultos, pero sin asegurar en modo alguno la regeneraci贸n del bosque, condici贸n primera de su sustentabilidad.
  5. Para ampliar sobre los principales casos de recategorizaciones, as铆 como en el rol empresario y gubernamental en la violaci贸n de la Ley N掳 26.331 y del OTBN provincial, ver Greenpeace (2016ab).
  6. Por medio de la Resolucion N掳 236/2012, el COFEMA aprob贸 el documente 鈥淧autas metodol贸gicas para las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de los Bosques Nativos鈥. All铆 se deja asentado que deber谩n realizarse en el marco de procesos participativos y manejar un criterio coherente con el principio de no regresividad en materia ambiental.
  7. Entre sus objetivos se encuentran: incorporar al OTBN provincial los planes de ordenamiento predial aprobados (un total de 32 fincas con recategorizaciones prediales), efectuar el an谩lisis detallado de los cambios de uso del suelo en la provincia, incorporar las observaciones efectuadas por la Autoridad Nacional de Aplicaci贸n al OTBN, desafectar de la superficie boscosa a r铆os principales, embalses, plantaciones forestales y 谩reas urbanas, e identificar 谩reas de valor de conservaci贸n, corredores ecol贸gicos y paisajes sustentables.
  8. El monitoreo de desmontes en la regi贸n chaque帽a es el resultado de la articulaci贸n de esfuerzos y capacidades entre el Laboratorio de An谩lisis Regional y Teledetecci贸n (LART) de la Facultad de Agronom铆a de la UBA, el INTA y la REDAF. http://monitoreodesmonte.com.ar/
  9. Un primer an谩lisis en este sentido, poniendo el foco enlos procesos de sanci贸n e implementaci贸n de la la Ley N掳 26.331, la Ley N掳 26.639 鈥渄e Glaciares鈥 (2010) y la Ley 鈥渄e Humedales鈥 (proyecto con media sanci贸n en 2016), puede encontrarse en Langbehn, Schmidt y Pereira (2017).


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