La metáfora del desierto imaginado como desterritorialización del salvaje, un desierto virtual que debería ser reocupado por las fuerzas del “progreso”, se transformó en desierto real
(Trinchero, 2000: 148, d/p)
En este capítulo, nos detenemos en la caracterización del proceso de reconfiguración territorial y productiva que tuvo lugar en nuestra región de interés a partir de la década de 1970. Es la velocidad, la falta de planificación, regulación y control, así como la envergadura que cobró el proceso de deforestación a nivel nacional y regional (en consonancia con el veloz avance de la frontera agropecuaria e hidrocarburífera sobre territorios criollos e indígenas) lo que nos lleva a caracterizarlo como “desorden”. En definitiva, lo que se trató de “ordenar” a partir del plan de OTBN fue aquello que las políticas de desarrollo económico, agroindustrial y productivo habían “desordenado” en las décadas anteriores.[1]
Transformaciones territoriales en el agro argentino desde fines de siglo XX
Las penas y las vaquitas se van par la misma senda.
Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas(“El Arriero”, Atahualpa Yupanqui)
Para comenzar, nos situamos en la descripción de las transformaciones territoriales de las que fue sede el sector agropecuario a nivel nacional desde las últimas décadas del siglo XX. En particular, apuntamos a la consolidación y progresiva profundización de un modelo de desarrollo extractivo y con alto impacto sobre la naturaleza y los territorios que han sido sede de los emprendimientos productivos.
Agriculturización y sojización
Mi tierra te están cambiando,
o te han disfrasa’o que es pior
amalaya que se ruempa
pa’ siempre mi corazón.Cruz del sur márcame un rumbo
donde esconder mi dolor
dame un árbol solitario
de la pampa en un rincón(“Mi tierra te están cambiando”, Atahualpa Yupanqui)
Los cambios en la estructura productiva de la región latinoamericana no deben dejar de ser enmarcados en el contexto de la reconfiguración del patrón de poder mundial y el nuevo régimen de acumulación flexible que se evidenció tras la crisis internacional del modelo económico de posguerra a partir del año 1973. Siguiendo a Harvey (2007, 2003), fueron tiempos de profundización de los procesos de “acumulación por desposesión” sobre los recursos naturales y los bienes estatales como modo de afrontar la crisis crónica de sobreacumulación capitalista, que llevaron a la búsqueda incesante de nuevos territorios que no hubieran sido aún incorporados directamente al proceso de valorización capitalista.
En América Latina, primero bajo el ala de las dictaduras militares a partir de los años 1970 y con más ahínco a partir de la década de 1990 –signada por el neoliberalismo y los preceptos del “Consenso de Washington”– se emprendieron políticas de reforma y desregulación estatal, reducción de la inversión pública, flexibilización y precarización de las relaciones laborales, privatización de empresas estatales y “recursos naturales”. El nuevo régimen de acumulación sustentado en la liberalización financiera tomó forma acabada en Argentina durante las dos presidencias de Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999), a partir de la implementación de un paquete de políticas de estabilización a nivel macroeconómico y reformas estructurales por medio de la introducción de modificaciones en el ámbito institucional y legislativo.[2]
En el sector rural, esto se tradujo en la supresión de las barreras impositivas y la apertura indiscriminada a exportaciones e importaciones, así como en la entrada masiva de capitales extranjeros y el retraimiento del Estado en su papel de regulador y formulador de políticas agrícolas. Esto fue vehiculizado a partir de la eliminación de entes nacionales de control y regulación, la supresión de impuestos a exportaciones y el desmantelamiento y restructuración de institutos de apoyo al agro (Gras y Hernández, 2009; Teubal y Rodríguez, 2001).
En Argentina, hacia 1970 comenzó la introducción en la región pampeana de nuevas variedades de cereales y oleaginosas, lo que permitió la implementación de sistemas de doble cultivo anual (en particular, trigo-soja), en detrimento de la histórica alternancia entre agricultura y ganadería. El proceso de sojización se vio potenciado a partir del año 1996, cuando a través de la Resolución N° 167 de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación se autorizó la producción y comercialización de la semilla y productos derivados provenientes de la soja RR, tolerante al herbicida glifosato “Roundup Ready” comercializado por la multinacional Monsanto.[3]
Este “paquete tecnológico”, asociado a la siembra directa, permitió fortalecer el profundo proceso de agriculturización de la tierra que venía gestándose en los años previos.[4] El mismo comenzó asentándose en la región pampeana y avanzando por sobre otras tierras productivas por medio del desplazamiento y/o reemplazo de otras actividades agropecuarias (como la cría e invernada de ganado) y de ciertos cultivos tradicionales (algodón, frutales etc.). Al mismo tiempo, la introducción de nuevas tecnologías permitió el incremento en los niveles de productividad, a partir del logro de mayores rendimientos por hectárea.
Según estimaciones del Ministerio de Agroindustria de la Nación (MAI) para el total del país (Gráfico Nº 1), en la campaña 1970/71 se sembraron 37.700 has de soja, en 1980/81 la cifra se acercó a 2.000.000 has, para en 1990/91 avanzar hacia las 5.000.000 has. Las series muestran el impulso de la producción sojera hacia fines de la década de 1990, en consonancia con la introducción de la soja RR. Ya hacia la campaña 2000/01, la superficie se duplica y supera las 10.000.000 has destinadas a este cultivo, y continúa en ascenso, promediando las 20.000.000 has a partir de la campaña 2012/13 (más de la mitad del área agrícola). La misma evolución ascendente puede señalarse para el caso de los volúmenes de producción, que actualmente supera las 40.000.000 tn anuales.
Gráfico Nº 1. Total país. Superficie de BN (has) y Superficie implantada, cosechada (has) y producción (tn) de soja. Campañas 1969/70 a 2010/11
Fuente: Elaboración propia en base a MAI y SAyDS-UMSEF (2007a)
El proceso de expansión de la soja en el país no fue un caso aislado: a nivel mundial, el área implantada se duplicó en los últimos treinta años, superando las 80.000.000 has, de las cuales el 70% están ubicadas en Estados Unidos, Brasil y Argentina. Cabe destacarse además que Argentina es actualmente el primer exportador mundial de aceite y harina de soja, y el tercer productor mundial de soja (en su mayoría transgénica), después de Estados Unidos y Brasil, siendo China el principal destino de sus exportaciones. Así las cosas, el “boom sojero” no es privilegio sólo argentino: presenta similares características y consecuencias (sustitución o desplazamiento de otros cultivos o actividades y reemplazo de bosques u otros hábitats naturales por soja) en países vecinos como Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En su conjunto, América del Sur es la región que registra el crecimiento más acelerado de la producción de soja a nivel mundial en las últimas décadas: el área sembrada con esta oleaginosa aumentó de poco más de 1.000.000 has en 1970 a 42.750.000 has en el año 2009 (el 44% de la superficie sembrada a nivel mundial, de los cuales el 90% se concentra en Brasil y Argentina) (Catagora-Vargas et al, 2012; Dros, 2004; Ortega, 2010).
Entre los destinos de la soja y sus derivados, cabe mencionar el actual impulso de la producción de biocombustibles (bioetanol, biodiesel y biogás, producidos a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos). Esto se vio impulsado a partir de la Ley Nacional N° 26.093 de Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles[5] del año 2006 que alienta su uso y su producción a partir de incentivos a la inversión. También en el ámbito internacional han sido sancionadas normativas similares (por ejemplo, en los países de la Unión Europea), por lo que países como Argentina se convierten en sus proveedores principales: ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial de productores de biodiesel (elaborado a partir de aceite de soja), luego de la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil, y el primer lugar en las exportaciones mundiales. Esto se constituye en una nueva amenaza para la biodiversidad en el país y también para la soberanía alimentaria, ya que la producción para energía entra en competencia con la producción de alimentos y tiene como efecto el aumento del precio de los mismos.[6]
Cambios en la estructura agraria y avance de los desmontes
La tierra me daba todo
le daba todo a la tierra
me he quedao sin a quien darle
mi esperanza y mi tristeza.
Nido por el suelo
pajarito vuela
diablo del desmonte
uy uy que no vuelva(“Desmonte”, Dúo Coplanacu)
Algunos de los efectos en la estructura agraria nacional que son deudores de la consolidación de este modelo productivo pueden señalarse a partir de los resultados del Censo Nacional Agropecuario (CNA). Entre el relevamiento realizado en el año 1988 y el del año 2002, se redujo el número total de Explotaciones Agropecuarias (EAPs) en un 20,8% (de 421.221 a 333.533 has) y aumentó la superficie media en un 24,9% (de 470 a 587 has). La disminución en el número de unidades afecta a las EAPs de menor tamaño (hasta 500 has), ampliándose la importancia relativa de las unidades mayores (más de 1000 has), las cuales controlan mayores superficies de tierra. También debe señalarse el cambio en el régimen de tenencia y formas de acceso a la tierra, en tanto se registra en el período intercensal un aumento de las superficies bajo arrendamiento: se incrementó el número de EAPs con toda su tierra en arrendamiento y también aquellas que combinan propiedad y arrendamiento (Gras y Hernández, 2009; Slutzky, 2008; Teubal, Domínguez y Sabatino, 2005).
En este contexto, el ritmo y cantidad de desmontes se aceleró en las últimas décadas del siglo XX, en comparación con los registros previos.[7]Hacia el año 1998 –ya iniciada la expansión de la frontera agropecuaria a impulsos de la habilitación de tierras para el cultivo de soja–, el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, elaborado por la por entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), arrojó como resultado que su superficie era de 31.443.873 has (incluye tierras forestales y bosques rurales) (SAyDS, 2005).[8] En 2002 la cifra descendía a 30.073.385 has, demostrando una constante pérdida de superficie de BN y la existencia de una aceleración del proceso en las últimas décadas (la deforestación anual, de 180.000 has/año en el período 1987-1998, se incrementó a 230.000 has/año en 1998-2002), en tanto las estimaciones para el año 2006 (realizadas en base a la tasa de deforestación preliminar de cinco provincias entre 2002-2006, con un promedio de 267.000 has/año) mostraban su reducción a 29.069.185 has (SAyDS-UMSEF, 2007a) (Gráfico N° 1).
En suma, la “nueva agricultura” (Reboratti, 2007) o “nueva ruralidad” (Teubal, 2001) de fines de siglo XX, signada por la consolidación de un modelo extractivo comandado por el agronegocio (Giarraca y Teubal, 2010b), pasó a estar caracterizada por una serie de rasgos generales, a saber: la tendencia a la concentración y centralización de los procesos y decisiones productivas (no sólo de las tierras); el fortalecimiento del vínculo entre producción agropecuaria y centros financieros internacionales; la introducción de nuevos insumos, maquinarias y tecnologías desarrollados e impulsados por grandes empresas multinacionales semilleras y de agroquímicos (Monsanto, Novartis, Cargill, por ejemplo); la subordinación del agro respecto de la producción industrial por medio de procesos de integración vertical; el avance de la extranjerización de empresas en el sistema agroalimentario nacional; la pérdida de importancia relativa de las producciones regionales; la producción de commodities para exportación en desmedro de la producción de alimentos para el mercado interno; y las nuevas modalidades de organización de la producción (pools de siembra y fondos de inversión). Todo esto ha coadyuvado a la pérdida de soberanía alimentaria; la creciente dependencia y merma de autonomía por parte de los medianos y pequeños productores con respecto a los insumos y tecnologías y en su capacidad de negociación y decisión en el proceso productivo; la reducción del empleo rural y el aumento de la migración hacia zonas urbanas y periurbanas; la pérdida de biodiversidad, degradación de suelos e incorporación de nuevas tierras a fuerza de desmontes y desalojos; la proliferación de problemas de salud como consecuencia de la utilización masiva de pesticidas y fertilizantes; la emergencia de nuevos actores y la expulsión o desaparición de otros: una “agricultura sin agricultores” (Gras y Hernández, 2009; Reboratti, 2010, 2007; Teubal y Rodríguez, 2001; Teubal, Domínguez y Sabatino, 2005).
Todo esto ha asumido características diferenciales en la región chaqueña, en tierras antes consideradas como marginales para el modelo agroindustrial pampeano, acarreando consecuencias tales como el avance sobre los BN, el arrinconamiento de población originaria y de pequeños productores y las crecientes disputas en torno al control de la tierra y el cuidado del ambiente. En adelante, exploraremos esto.
Avance de la frontera agropecuaria (¿civilizatoria?) En el este salteño: de “desierto verde” a desierto verde
Ahora, si la soja es la octava maravilla del mundo hoy para este país y es el milagro argentino que todos dicen y que los agricultores se levantan mirando el mercado de Chicago donde se la cotiza parece ser que es malo!, que no hay que expandir desde estas bancas la frontera productiva de esa legumbre! Ahora vayan a preguntarles a los agricultores!
(Palabras del diputado salteño Godoy durante el debate legislativo para la desafectación de la Reserva General Pizarro en Salta, 17/03/2004, d/p)
Como fuera descripto, en una primera etapa, la reestructuración del sector agrario operó sobre la región pampeana. Con el correr de los años, comenzó a avanzar hacia el norte del país, en particular sobre tierras que fueron “abiertas a la producción” por medio de la deforestación masiva. En este apartado, nos proponemos caracterizar las transformaciones que la expansión de la frontera agropecuaria supuso en la región chaqueña en general y en la provincia de Salta en particular.
Pampeanización del chaco o la nueva pampa húmeda
El Norte Grande tiene un gran potencial, para convertir a esta Región en una nueva “Pampa Húmeda”, con inversiones en irrigación para el desarrollo agrícola, ganadero y forestal, de manera de producir alimentos a un costo razonable y para que la actividad forestal sustentable sea una fuente de ingreso enorme y una gran reserva para el futuro
(Discurso del gobernador Romero en el V Encuentro de la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano, 14/06/2002, d/p)
El proceso de valorización territorial impulsado por el desarrollo capitalista en el este salteño se vertebró principalmente en torno a los ingenios azucareros, la producción hidrocarburífera y la extracción forestal de tipo “minera”, y gran parte del territorio permaneció relativamente ajeno al desembarco directo de las lógicas de acumulación, siendo usufructuado por grupos indígenas y criollos. Sobre este contexto económico-ambiental, encontrándose el bosque fuertemente degradado por el sobrepastoreo ganadero, la explotación forestal irracional y la producción de hidrocarburos, hacia fines del siglo XX vino a sumarse el frente agropecuario.
La conjunción de avances tecnológicos y nuevas variedades en los cultivos resistentes a suelos áridos, el bajo costo de las tierras y del desmonte y su potencial productividad para la agricultura, favorecido por un ciclo húmedo (el corrimiento hacia el oeste de las isohietas de precipitación media anual) y por el alto precio de algunos commodities, fue permitiendo el movimiento progresivo del límite de los cultivos de secano hacia la región conocida como el “Umbral al Chaco”. Se trata de una franja de unos 40 km de ancho que se extiende de norte a sur entre la frontera con Bolivia y el límite norte de Catamarca (a lo largo del eje de las rutas N° 34 y 5) y se conforma como una zona de transición (ecotono) entre las Yungas y el Chaco (Audero y León, 1996; Cafferata, 1988; León, Prudkin y Reboratti, 1986; Paruelo et al, 2004; Prudkin, 1997; Reboratti, 1996a; Slutzky, 2005).
El Gran Chaco Americano es el tercer territorio biogeográfico y morfoestructural de América Latina (luego del Amazonas y el Sistema Sabánico Sudamericano), la segunda área boscosa del continente (luego del Amazonas) y la primera en fisonomías forestales de madera dura y muy dura. Ocupa una superficie aproximada de 1.000.000 km2 y comprende porciones de Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina, la cual representa el 58% de su superficie total (600.000 km2). El Chaco argentino (conocido también como región chaqueña, llanura chaqueña y/o parque chaqueño) comprende la totalidad de las provincias de Formosa, Chaco y Santiago del Estero, norte de Santa Fe y San Luis, este de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, San Juan y La Rioja, y noroeste de Córdoba y Corrientes. Ocupa el 22% de la superficie continental del país (es su región forestal más extensa y la tercera en riqueza biótica después de las Yungas y la Selva paranaense), abarcando una superficie total de 67.641.108 has, de las cuales 21.705.506 has son BN (el 69% del total nacional) (SAyDS, 2005).[9]
Por su parte, la región de la Selva Tucumano Boliviana o Yungas se extiende en Argentina desde el límite con Bolivia, y cubre partes de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. Constituye una franja discontinua a lo largo de la Cordillera Oriental, Sierras Subandinas o Sierras Pampeanas, sobre las laderas orientales de las mismas. Ocupa en Argentina una superficie de 5.476.394 has, de las cuales 3.732.985 has corresponden a BN (11,8% del total nacional) (SAyDS, 2005).[10]
Se trata de las regiones que más afectadas se han visto por los cambios en el uso de la tierra ligados a la habilitación de superficies para la producción agrícola y ganadera.[11]En el período 1977-2010, las áreas transformadas para la totalidad de la región chaqueña crecieron del 7,6% al 22,6%, alcanzando las 11.476.357 has bajo producción agrícola (Adámoli, Ginzburg y Torrela, 2011). En conjunto, las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero sextuplicaron su producción de cereales y oleaginosas entre las campañas 1990/91 y 2006/07, pasando de 1.200.000 tn a 7.700.000 tn. Al igual que en el resto del país, la soja tuvo un papel preponderante, pasando de representar el 35% de la producción total hasta llegar al 77% (Adámoli, Torrela y Ginzburg, 2008). De acuerdo a Paruelo y Oesterheld (2004), en la ecorregión chaqueña de Argentina la superficie agrícola aumentó un 70% entre los años 1988 y 2002 (de 2.500.000 has a 4.300.000 has), cifra que representa la incorporación a la agricultura de casi 120.000 has por año. Entre los cuatro polos agrícolas principales en los que se concentró este cambio en el uso del suelo, dos corresponden a la provincia de Salta: el noreste (Tartagal) y el sudeste (Las Lajitas).
Slutzky (2005) señala que en Salta se combinaron un desarrollo agrícola intensivo y extensivo en simultáneo. Se trata de la expansión de una frontera de nuevo tipo, impulsada por la gran empresa agropecuaria, con basamento en la siguiente ecuación: tierras baratas (en relación a su rentabilidad potencial), tecnología agresiva, recursos ambientales inestables y altos precios de los productos. Esto redundó en una rápida capitalización y amortización de los costos, pero también en una fuerte destrucción de la base natural productiva (Reboratti, 1996a, 1992). El proceso de incorporación de tierras chaqueñas a la producción agropecuaria ha sido denominado como la “pampeanización del Chaco”: la importación del sistema de manejo pampeano (de capitalización creciente, ahorrativo en mano de obra e intensivo en insumos, maquinaria e infraestructura, dinamizada por grandes productores) sobre regiones subtropicales que tienen otras funciones productivas y otras características ecológicas y sociodemográficas. Se trata de un modelo exitoso y rentable en el corto plazo, en perjuicio de las externalidades en el largo plazo: pérdidas de rendimiento y fertilidad de los suelos, aumento en los procesos de degradación y erosión, pérdida de biodiversidad y contaminación, entre otras consecuencias (Morello y Pengue, 2007; Pengue, 2009; Prudkin, 1997; Reboratti, 1996b; Slutzky, 2005; Trinchero, 2000, 2007).
Este ciclo expansivo de la frontera agropecuaria hacia el este provincial fue impulsado por la producción de poroto promediando la década de 1960, proveniente de los departamentos del sur de Salta (Rosario de la Frontera, Metan y La Candelaria).[12]La llegada de inversiones fue favorecida por la promulgación de la Ley Nacional N° 22.211 de Promoción Agropecuaria en Tierras Rurales de Baja Productividad sancionada en el año 1980, a través de la cual se otorgaron ventajas impositivas y crediticias. En las décadas posteriores, la expansión agrícola se fue extendiendo hacia los departamentos de Anta y San Martín. En un primer momento, fue comandada por capitales locales o regionales (con o sin tradición agrícola) atraídos por las posibilidades de alta rentabilidad, para luego hacer aparición los grandes productores e inversores extra regionales y empresas extranjeras, en tierras propias y/o arrendadas (León, Prudkin y Reboratti, 1986; Prudkin, 1997; Reboratti, 1996a; Slutzky, 2005).[13]
Específicamente, la soja había comenzado su expansión hacia el norte en la provincia de Tucumán en la década de 1960. En Salta, su cultivo presenta un fuerte incremento desde la década de 1990, impulsado por los precios internacionales y la introducción de variedades transgénicas unidas a las ventajas iniciales asociadas al sistema de siembra directa: disminución del riesgo climático, recuperación de los suelos, simplificación del proceso productivo, abaratamiento de los costos, etc. (Van Dam, 2003).
Previo al análisis de la definitiva introducción de la soja en Salta en la última década, los registros de los CNA nos permitirán dar cuenta de la evolución en el uso del suelo en la provincia, ampliamente liderado por esta oleaginosa (Cuadro Nº 1).[14]
Cuadro Nº 1. Provincia de Salta y departamentos de Anta, San Martín y Rivadavia. Evolución del uso del suelo (has). Años 1988 y 2002
CNA |
Total provincia |
Anta |
San Martín |
Rivadavia |
|
Superficie implantada* |
1988 |
449.486,00 |
119.539,40 |
45.623,50 |
25,1 |
2002 |
637.397,00 |
302.595,50 |
90.500,40 |
427,5 |
|
v% 88-02 |
41,8 |
153,1 |
98,4 |
1.603,20 |
|
Superficie implantada Cultivos anuales |
1988 |
329.738,00 |
96.165,80 |
39.898,80 |
1,5 |
2002 |
481.773,50 |
236.139,70 |
78.107,60 |
– |
|
v% 88-02 |
46,1 |
145,6 |
95,8 |
-100 |
|
Superficie implantada Oleaginosas |
1988 |
98.691,80 |
56.764,50 |
10.934,10 |
– |
2002 |
233.743,90 |
129.298,70 |
30.378,90 |
– |
|
v% 88-02 |
136,8 |
127,8 |
177,8 |
– |
|
Superficie implantada Soja |
1988 |
94.192,00 |
54.362,00 |
9.819,00 |
– |
2002 |
210.035,10 |
109.795,10 |
26.417,00 |
– |
|
v% 88-02 |
123 |
102 |
169 |
– |
|
Superficie implantada Cereales para grano |
1988 |
70.445,90 |
14.550,80 |
3.166,20 |
1,5 |
2002 |
126.643,50 |
91.892,90 |
3.736,30 |
– |
|
v% 88-02 |
79,8 |
531,5 |
18 |
– |
|
Superficie implantada Trigo |
1988 |
3.203,50 |
1.970,00 |
– |
– |
2002 |
70.891,60 |
63.114,70 |
100 |
||
v% 88-02 |
2.112,90 |
3.103,80 |
– |
– |
|
Superficie implantada Maíz |
1988 |
55.483,90 |
9.610,80 |
3.014,20 |
1,5 |
2002 |
52.684,60 |
28.001,20 |
2.965,80 |
– |
|
v% 88-02 |
-5 |
191,4 |
-1,6 |
-100 |
|
Superficie implantada Legumbres |
1988 |
146.656,70 |
24.475,50 |
25.798,50 |
– |
2002 |
105.414,50 |
9.643,10 |
47.954,30 |
– |
|
v% 88-02 |
-28,1 |
-60,6 |
85,9 |
– |
|
Superficie implantada Forrajeras perennes |
1988 |
37.596,00 |
15.813,00 |
2.830,00 |
20 |
2002 |
102.445,50 |
58.322,70 |
5.773,50 |
405,5 |
|
v% 88-02 |
172,5 |
268,8 |
104 |
1.927,50 |
|
Superficie implantada Gatton panic |
1988 |
11.520,50 |
7.383,50 |
2.815,00 |
– |
2002 |
73.556,20 |
50.250,70 |
5.445,50 |
264 |
|
v% 88-02 |
538,5 |
580,6 |
93,4 |
– |
|
Superficie Bosques y/o montes |
1988 |
3.718.943,30 |
984.533,70 |
559.558,00 |
83.087,90 |
2002 |
2.190.922,20 |
650.691,10 |
372.956,60 |
191.879,50 |
|
v% 88-02 |
-41,1 |
-33,9 |
-33,3 |
130,9 |
|
Superficie Apta no utilizada |
1988 |
114.110,50 |
17.798,90 |
15.447,60 |
3.139,00 |
2002 |
135.465,00 |
10.518,70 |
6.049,80 |
– |
|
v% 88-02 |
18,7 |
-40,9 |
-60,8 |
-100 |
|
* En todos los casos, se toma el dato de superficie implantada en 1ra ocupación. | |||||
Fuente: Elaboración propia en base a CNA 1988 y 2002
Para el año 2002, la superficie implantada en el total provincial alcanzó un total de 637.397 has, de las cuales los cultivos anuales y las forrajeras perennes representan el 91,7% (75,6% y 16,1% respectivamente). Entre los cultivos anuales, las oleaginosas presentan un aumento del 136,8%, siendo la superficie implantada con soja el 89,8% de esa superficie (210.035,1 has por sobre 233.743,9 has). Se evidencia asimismo un incremento en la superficie implantada con cereales para grano (especialmente impulsada por el cultivo de trigo, con una incorporación de 61.144,7 has en Anta) y un fuerte aumento de las forrajeras perennes, lideradas por el gatton panic, que presenta incrementos superiores al 500% en el total provincial y en Anta para el período considerado. La expansión en las superficies forrajeras está estrechamente vinculada al avance de la actividad ganadera en la región, como resultado de su desplazamiento desde las áreas ganaderas tradicionales de la región pampeana.
El departamento de Anta (principal polo sojero provincial), representa para el año 2002 cerca del 50% de la superficie implantada en el total provincial, con similares proporciones en el caso de los cultivos anuales, oleaginosas y soja. El trigo y el gatton panic implantados en suelo anteño representan el 89% y el 68,3 respectivamente de la superficie destinada a estos usos en Salta. El departamento de San Martín presenta aumentos en las superficies implantadas para todos los cultivos (excepto el maíz), lo que es indicativo del proceso de transformación en el uso del suelo a partir de su incorporación a la producción agropecuaria. Por su parte, el departamento de Rivadavia en el año 2002 comienza una incipiente incorporación de su superficie implantada, sustentada en su mayoría en el cultivo de forrajes, lo cual es un indicio del avance de los sistemas ganaderos hacia el este provincial.
Estas tendencias en las transformaciones de la producción agropecuaria a nivel provincial y departamental se agudizarían en los años siguientes (Gráfico Nº 2). Con respecto a la soja, la superficie destinada a este cultivo se presenta en franco aumento en los años posteriores a 2002. A comienzos de la década de 1990, esta oleaginosa rondaba las 100.000 has, y en la campaña 1998/99 alcanzó al poroto (principal cultivo provincial hasta ese momento). A partir de entonces, la soja pasó a ser el principal cultivo en la provincia y presenta un permanente ascenso en las superficies implantadas y cosechadas (en la campaña 2010/11 asciende a 599.515 has), mientras que el poroto se estabiliza y mantiene la superficie.
Desde el año 2005, las forrajeras desplazaron al poroto como segundo cultivo y se acercan cada vez más a la soja –cuya superficie comienza a estabilizarse y a verse restringida su expansión hacia nuevos suelos con menores aptitudes agronómicas, si bien la introducción de nuevas variedades en cultivos transgénicos resistentes al stress hídrico podrían implicar la ampliación de la frontera agrícola hacia estas tierras–, convirtiéndose en el actual dinamizador del avance de la frontera agropecuaria hacia las zonas más áridas del este provincial (Adámoli, Ginzburg y Torrela, 2011).
Gráfico Nº 2. Provincia de Salta. Stock de ganado bovino (cabezas) y Superficie cosechada con maíz, poroto seco, soja y trigo (has). Campañas 1969/70 a 2010/11
Fuente: Elaboración propia en base a MAI y Audero y León (1996)
Como consecuencia, podemos señalar una doble presión sobre el ambiente del Chaco semiárido: por un lado, el avance de los desmontes para agricultura en las zonas con registros hídricos y suelos más favorables; y por el otro, el avance de la ganadería empresarial sobre las zonas aún consideradas marginales para la agricultura (Colina et al, 2008). De acuerdo con Azcuy Ameghino y Ortega (2010), no consiste en un mero traslado de animales y modalidades productivas desde la pampa húmeda, sino que implica el desarrollo de una “nueva ganadería”, asentada sobre la combinación de una genética adaptada a los distintos escenarios agroecológicos con la implantación de pasturas artificiales, lo cual implica el desplazamiento de la tradicional ganadería extensiva realizada por los productores criollos.
Evolución de las habilitaciones productivas (desmontes) y los aprovechamientos forestales
El árbol fue una mano cazadora de nubes
vanamente tendida contra el día lejano;
te andaban por los dedos lagartos minuciosos
buscando entre las hojas un oscuro recuerdo.
Lo tiraron con hachas y le abrieron el pecho
con ganchos y canciones y saliva en las manos;
la copa descansaba con la oreja en el suelo
envuelta en su llovizna de sapitos morados.
Fue el pino, fue el ombú, fue el violeta eucalipto,
el álamo de leche y el dolorido sauce.
Los pasaban de noche por la sierra y el hacha
para burlar las aves y el recuento del bosque.
(En el hueco del aire restaban mariposas
buscando infatigables el lugar de las hojas;
cuántos días anduvo dolido el saltamontes
y anidaron los pájaros en la imagen ausente.)
(Salvo el crepúsculo, “Tala”, Julio Cortázar)
Como corolario de estas transformaciones en el uso del suelo, Salta arroja tasas de deforestación anual en aumento, acompañando la tendencia a nivel país. No olvidemos que es la provincia con mayor superficie remanente de BN en Argentina –un total de 6.200.000 has a diciembre de 2009 (el 24,6% del total nacional)–, a la vez que es la segunda provincia, luego de Santiago del Estero, en pérdida de recursos forestales nativos (más de 600.000 has) en el período 1998-2006 (Somma et al, 2011; SAyDS-UMSEF, 2007a).
De acuerdo con información generada por la Estación Experimental Agropecuaria Salta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en los últimos treinta años se desmontaron en la provincia el 26% del total de bosques existentes a fines de los años 1970: de las 5.960.000 has registradas en 1977, en 2008 restaban 4.409.400 has. Se distinguen tres etapas: los primeros veinte años (hasta 1997) muestran un desmonte que avanzó de manera constante a una tasa cercana al 0,45% anual. A partir de ese momento (ya autorizada la soja RR) comienza a sufrir variaciones erráticas hasta fines de 2001. Con la devaluación de la moneda nacional en el año 2002, se impulsa la actividad agropecuaria y se acelera el proceso de desmonte. Entre 2001 y 2007 la deforestación se concentró en cuatro departamentos que acumulan el 88% del total registrado en ese período: Anta (296.000 has), San Martín (116.200 has), Rivadavia (67.650 has) y Orán (45.500 has). A fines de 2007 se registra el valor más alto, con una tasa de desmonte de 2,1% anual (Paruelo et al, 2009).
En el año 1998 la provincia contaba con una superficie de BN de 7.156.168 has, y en 2002 ésta había descendido a 6.931.705 has (4.660.629 has de Parque Chaqueño y 2.271.076 has de Yungas). En Salta, la tasa de deforestación anual del Parque Chaqueño asciende de valores de -0,6 en el período 1984-1991, hasta valores de -1,17 en el período 1997-2001. En la región de Selva Tucumano Boliviana, la tasa pasa de -1,62 en el período 1984-1991 hacia valores próximos a -3 en los períodos 1991-1997 y 1997-2001. En el lapso 2002-2006, en la provincia se deforestaron 414.934 has: la desaparición de masa boscosa fue un 113,45% mayor que en el período 1998-2002, y la tasa de deforestación aumentó a un ritmo de -1,54% has por año, alcanzando la provincia una superficie de 6.516.771 has de BN (SAyDS-UMSEF, 2007ayb, 2004a,byc).
En consonancia con la tendencia señalada, los últimos años se ha experimentado una aceleración de las solicitudes y autorizaciones de desmontes. Tomando en consideración las gestiones realizadas ante la por entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta (SEMADES) en el período septiembre 2004-diciembre 2007, los departamentos de Anta, Orán, Rivadavia y San Martín contabilizaron el 91,6% (740.716 has) de las solicitudes, en manos de un reducido grupo de grandes proponentes (Leake y de Ecónomo, 2008). Los pedidos de habilitaciones productivas con fines ganaderos son los que toman cada vez mayor relevancia –la superficie autorizada para el total provincial aumenta de 6.224 has en el año 2002 a 285.983,3 has en 2007–, lo cual estaría dando cuenta del progresivo corrimiento de la frontera agropecuaria hacia el este, hacia las tierras de menor vocación agrícola pero que se presentan aptas para el desarrollo de emprendimientos ganaderos (o mixtos).
Esto puede ejemplificarse a partir de las solicitudes efectuadas en el período 2004-2007 en los departamentos de referencia (Gráfico Nº 3): tanto en Anta como en San Martín aumentan los planteos mixtos y ganaderos, al tiempo que las habilitaciones con fines agrícolas se mantienen y/o disminuyen progresivamente. Por su parte, el departamento Rivadavia comienza una escalada en las solicitudes de habilitaciones para actividades ganaderas.
Gráfico Nº 3. Departamentos de Rivadavia, San Martín y Anta. Habilitación de desmontes para actividades productivas (has), según tipo de solicitud. Años 2004-2007
Fuente: Elaboración propia en base a SPA-MAyDSS
A pesar de que la expansión de tierras con destino agrícola y/o ganadero es la principal causa de deforestación, no debemos desconocer además la degradación de las masas forestales remanentes, sobre la cual se argumentan y justifican los desmontes. Una de las causas de esta degradación (además del accionar del ganado vacuno) se vincula con las décadas de desmanejo forestal que pesan sobre estos bosques, y que han llevado a que la gran mayoría de las superficies de bosques remanentes se encuentren empobrecidas. Aunque ha perdido su auge inicial, en la actualidad sigue existiendo actividad forestal en la zona, evidenciándose una nueva campaña extractiva ligada al avance de los desmontes: por un lado, la degradación en la que se encuentran los bosques es un factor que legitima la propuesta de desmontar para fines agropecuarios, y por el otro, la progresiva eliminación del bosque lleva a una explotación intensificada de los recursos remanentes (Leake, 2008).
En Salta, hay aproximadamente entre 10.000 y 15.000 has dedicadas a planes de aprovechamiento forestal por año, y los departamentos de Orán y San Martín concentran casi la totalidad de la actividad provincial. Se extraen maderas de más de cincuenta especies nativas (cebil, cedro, lapacho, quebracho blanco y colorado, quina, palo blanco y amarillo, palo santo y urundel, entre las principales) y de cuatro especies cultivadas (en especial, pino y eucaliptus). La actividad está caracterizada en su gran mayoría por su atraso tecnológico, carácter selectivo en función de la demanda y de su abundancia, baja productividad, escaso valor agregado a sus productos y no aplicación de planes de manejo a largo plazo: “una explotación sin criterios técnicos silvícolas o manejo forestal es prácticamente lo mismo que decir sobrexplotación o tala indiscriminada” (Minetti, 2010: 12). Si bien es una superficie minoritaria en relación a las tierras con destino agropecuario y el valor del producto bruto forestal es muy inferior en comparación con la renta generada por la producción hidrocarburífera y agropecuaria, cabe resaltarse una diferencia respecto de estas actividades: a pesar de su informalidad, precariedad y del carácter estacional de la actividad (la cosecha de maderas se realiza en el período seco o sin lluvias, desde mayo hasta noviembre), obedece mayoritariamente a intereses regionales y contribuye a la dinámica socioeconómica local.
De modo complementario, los desmontes llevados a cabo por las empresas agropecuarias –si bien atentan contra la existencia del recurso– se han convertido en una de las principales fuentes de materia prima en el contexto de escasez y baja oferta maderera. También la infraestructura caminera generada por el simultaneo despliegue de la actividad hidrocarburífera (desde picadas de exploración hasta caminos consolidados de excelente calidad) contribuyen al acceso y movimiento de los madereros dentro del bosque (Minetti, 2010), a partir delo cual el cuadro regional se ve complejizado.
La frontera hidrocarburífera también avanza
Milagro en la jungla amazónica: en el año 1967, un gran chorro de petróleo brotó del Lago Agrio.
A partir de entonces, la empresa Texaco se sentó a la mesa, servilleta al cuello y tenedor en mano, se hartó de engullir petróleo y gas durante un cuarto de siglo, y cagó sobre la selva ecuatoriana setenta y siete mil millones de litros de veneno.
Los indígenas no conocían la palabra contaminación. La aprendieron cuando los peces morían panza arriba en los ríos, las lagunas se volvían saladas, se secaban los arboles de las orillas, los animales huían, la tierra ya no daba frutos y la gente nacía enferma.
Varios presidentes de Ecuador, todos ellos a salvo de cualquier sospecha, colaboraron en la tarea, que fue desinteresadamente aplaudida por los publicistas que la exaltaron, los periodistas que la decoraron, los abogados que la defendieron, los expertos que la justificaron y los científicos que la absolvieron
(Los hijos de los días, “Marzo 29: Aquí hubo una selva”, Eduardo Galeano)
La explotación de hidrocarburos tuvo un acto aparte a partir de la privatización de la petrolera estatal. El proceso de reestructuración, reorganización laboral y privatización de YPF fue implementado desde comienzos de la década de 1990 (en 1992 la Ley N° 24.145 estableció la federalización de los hidrocarburos e instituyó los pasos a seguir para la privatización de YPF) y finalizado en 1999: ese año, la empresa Repsol compró el 98,2% de las acciones, posicionándose como una de las empresas de hidrocarburos más importantes en cuanto a presencia regional en América Latina. Desde entonces, sobrevino la desarticulación de la “territorialidad ypefiana”, con consecuencias devastadoras para la población y la economía local, que derivaron en una alta conflictividad social.[15]
La actividad pasó a estar dirigida casi en su totalidad por empresas transnacionales (Refinor, Pluspetrol, Tecpetrol, Petrobras y Pan American Energy, entre otras) y supuso un aumento en los niveles de inversión, la incorporación de reservas, la construcción de nuevas plantas y complejos hidrocarburíferos, y el ascenso en los niveles de producción y las regalías de gas y petróleo (si bien en gran medida financiado por las inversiones y exploraciones que se habían realizado en tiempos de YPF). El destino de la producción fue reorientado: de cubrir el mercado interno pasando por procesos que le agregaban valor, pasó a ser una producción prácticamente primaria y con destino exportador (Trinchero y Leguizamón, 2004; Wahren, 2011).
Se observan una gran cantidad de emprendimientos energéticos (gasoductos, oleoductos, permisos de exploración, concesiones y lotes de explotación, yacimientos, pozos y venteos de gas) ligados a la producción hidrocarburífera que se emplazan en los departamentos de interés. Salta es la segunda provincia productora de gas (además de ser la puerta de entrada del gas boliviano y la proveedora de la región norte de Chile) y la octava de crudo en el país. Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación para el año 2009, la Cuenca Noroeste (que incluye yacimientos en las provincias de Formosa y Jujuy), tiene reservas comprobadas por 7.290 Mm3 de petróleo y 61.845 Mmm3 de gas, de las cuales 6.224 Mm3 de petróleo y 61.594 Mmm3 de gas corresponden a Salta, siendo ésta la principal provincia productora de hidrocarburos del norte argentino.
A partir de la sanción de la Ley Nacional Nº 26.197 en el año 2006, la provincia dio impulso a la expansión de la industria hidrocarburífera más allá del departamento de San Martín (donde históricamente se había desarrollado la actividad) a través de un proceso paulatino de licitación de áreas. En la primera ronda licitatoria, llevada a cabo ese mismo año, estaban contempladas seis áreas (Tartagal Oriental, Hickmann, Chirete, Morillo, La Unión y Malvalay) para exploración y eventual explotación. En 2007, una segunda ronda licitatoria incluyó once áreas (Río Colorado, Rivadavia, Joaquín V. González, Güemes, Metán, Rosario de la Frontera, Valle de Lerma, Valles Calchaquíes, Cobres, Arizaro y La Unión, esta última sin adjudicatarios en la primera ronda). Hacia fines de 2009, fue concesionada el área de Orán, frontera con Bolivia, en una tercera ronda. Al año 2010, habían sido adjudicadas 28 nuevas áreas dentro de tierras indígenas y criollas.[16]
En suma, la exploración y explotación de hidrocarburos es una fuente simultánea de alteración y degradación ambiental, a través de los desmontes provocados por la apertura de picadas y locaciones (superficies de 300 a 350 m2 que son limpiadas de vegetación y niveladas para la posterior perforación de pozos de exploración o producción), que se suman a la infraestructura propia del desenvolvimiento de la actividad (tanques de almacenamiento, gasoductos, oleoductos, líneas de conducción, etc.). La expansión de la producción hidrocarburífera no se limita a la apertura de nuevas áreas de exploración y explotación, sino que también supone otros avances sobre los territorios.
Esto nos remite, por ejemplo, al tendido de gasoductos (un total de once en todo el país desde fines de la década de 1990): en Salta, en 1999 se inauguró el gasoducto de Atacama y en 2000 el gasoducto Norandino. En años recientes, los nuevos gasoductos tienen como objetivo el abastecimiento de las industrias locales que producen para el mercado externo (agroindustrias y minería, principalmente): en el año 2007 inició sus actividades el gasoducto de la Puna (“minero”) como resultado de la prolongación del Atacama, y en 2009 se inauguró el gasoducto de Anta (“tabacalero”). Estos ductos atraviesan comunidades indígenas y puestos criollos (que no acceden a la red, dado que tiene otros destinatarios), y surcan también áreas ambientalmente críticas, con todo lo que ello implica en términos de riesgos de contaminación de tierra y agua, posibilidad de explosiones y derrames, etc. Tampoco se traducen en puestos laborales estables para la población local, en tanto requieren de mano de obra calificada, por lo que sólo suponen contrataciones temporales para tareas de apertura de picadas y desmontes) (Di Risio y Scandizzo, 2012).
Proyectos de infraestructura e integración regional
Fíjese en el caño aquel, es el famoso oleoducto por donde se van los frutos, como quien dice a granel. Le costará comprender por qué este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos y el subproducto después vuelve a su tierra otra vez, sabe Dios por qué manejos.
Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más, con variadas propiedades, que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá.
Y los parques nacionales parecieran extranjeros porque ahí somos forasteros los nativos y locales y en sus bosques colosales, sucede que en ocasiones se convierten en tizones los leños que nadie saca y andan con bosta de vaca, en los ranchos los fogones(“El Embudo”, León Gieco)
Los cambios en el uso del suelo y la escalada en las superficies sujetas a desmontes llevadas adelante por emprendimientos productivos con impulso exportador encuentran también un correlato en las fuertes inversiones en proyectos de infraestructura e integración regional que han tenido lugar en las últimas décadas en este espacio geográfico. La expansión de la producción agropecuaria e hidrocarburífera (y las potencialidades productivas de la región a futuro) ha sido acompañada por la llegada de inversiones en infraestructura, mejoramiento de vías de comunicación y alternativas de colocación de productos en mercados, en particular a partir de procesos de integración regional y comercial como el Mercosur (Gordillo y Leguizamón, 2002; Trinchero, 2000).
En los últimos años, gran parte de estos proyectos se encuentran comprendidos bajo la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales surgido en el año 2000 bajo el amparo del proyecto neoliberal hegemónico en esos años.Uno de los “Ejes de Integración y Desarrollo” principales (junto con el Amazonas) es el de Capricornio: representa un mercado de más de 50.000.000 de habitantes y abarca una superficie aproximada de 2.700.000 km2 a lo largo y ancho de cinco países (Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Chile), tiene en sus extremos importantes instalaciones portuarias tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico e incluye yacimientos metálicos (cobre, hierro y plata), de gas y petróleo; zonas industrializadas y zonas agrícolas de gran aptitud productiva; amplia capacidad hidroeléctrica y reservorios de agua dulce subterránea. Al año 2010, un total de 72 proyectos se desarrollaban a su interior, con una inversión estimada de U$S 9.421.000.000,4 (IIRSA, 2011).[17]
Entre los principales proyectos de inversión que involucran a la provincia de Salta, cobra especial atención la rehabilitación operativa del trazado del ferrocarril Belgrano Cargas: desactivado durante el auge privatizador, su puesta en valor es defendida por los funcionarios y productores salteños para el abaratamiento de los costos de flete y por las posibilidades de conexión comercial con el puerto de Barranqueras en Chaco y la salida hacia el océano Pacífico por Antofagasta (Chile).[18]
Otra iniciativa de integración regional está constituida por la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (ZICOSUR), nacida en 1997 como un proyecto de complementación económica, comercial y cultural, y de cooperación intergubernamental y empresarial entre las regiones aledañas al Trópico de Capricornio. En estas y otras iniciativas, se enfatiza en el rol protagónico de la agricultura salteña y su potencialidad para convertirse en una “nueva Pampa Húmeda”.
En su conjunto, estos planes de desarrollo e integración regional (impulsados por agencias internacionales, gobiernos nacionales y/o provinciales), al estar pensados a partir de la demanda internacional de materias primas, tienen un diseño centrífugo, de carácter extractivo, orientado hacia la expulsión de las riquezas naturales (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007). De este modo, estaríamos frente a otro proyecto que, como mencionan Trinchero y Leguizamón (2009) de modo general para los programas de desarrollo en el Chaco central, no ha previsto en sus intervenciones la incorporación de las dinámicas productivas y reproductivas de las economías domésticas de la población indígena y criolla, y su instrumentación se ha ajustado preferentemente a modelos abstractos de desarrollo orientados a generar condiciones propicias para el avance capitalista tradicional, entrando en contradicción con los objetivos vinculados al mejoramiento de la calidad de vida y a la sustentabilidad social y ambiental.
Esto nos conecta con el análisis de los impactos a nivel socio-económico y sanitario que tienen estos procesos de valorización territorial e integración regional sobre las poblaciones locales.
La valorización del capital y sus impactos socio-económicos y sanitarios: migraciones, mercado laboral y salud de las poblaciones
Trabajo, quiero trabajo
Porque esto no puede ser.
No quiero que nadie pase
Las penas que yo pasé(“Trabajo, quiero trabajo”, Atahualpa Yupanqui)
No obstante el avance en los guarismos relativos a superficies implantadas y rendimientos por hectárea, es preciso señalar que el modelo de desarrollo agropecuario descripto no se ha traducido en un aumento en los niveles de empleo y en mejores condiciones de vida para pequeños productores e indígenas sino que más bien ha repercutido negativamente. Del mismo modo, se trata de un esquema productivo que conlleva profundos impactos en la salud de las poblaciones, entre otras causas, por el contacto directo con las fumigaciones con agroquímicos que se realizan tanto por vía aérea como terrestre.
En primer lugar, un indicador de interés está dado por el crecimiento de la población urbana con respecto a la rural. En el período intercensal 1991-2010 (Gráfico N° 4), la provincia acusó un aumento de la población urbana de un 54,6% (que se eleva al 97,3% en Anta y al 273,8% en Rivadavia), en tanto que en el ámbito rural experimentó un descenso del 14% (-55,2% en Orán, y si bien el saldo en Rivadavia para el período es positivo y en San Martín sólo es del -3,7%, esto responde a que en los períodos intermedios se detectan aumentos en la población rural, que para el año 2010 vuelven a disminuir). En el período 1991-2001, los datos desagregados muestran un aumento de la población rural agrupada y una disminución de la población rural dispersa, números que estarían indicando un movimiento de la población asentada en puestos o a campo abierto hacia localidades de mayor tamaño, probablemente en búsqueda de oportunidades laborales y/o expulsada de sus zonas de origen.[19]
Gráfico Nº 4. Provincia de Salta y departamentos de Anta, San Martín, Orán y Rivadavia. Variación intercensal 1991-2010 (%) de la población urbana y rural
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC-CNPyV 1991 y CNPHyV 2010
No podemos dejar de hacer referencia aquí a Meillasoux (1979) en su señalamiento de dos de los principales modos de transferencia de valor desde las economías domésticas hacia el sector de producción capitalista: el éxodo rural (la emigración “sin retorno” de campesinos e indígenas hacia las ciudades) y las migraciones laborales temporarias (que suponen la preservación de las economías domésticas para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo). En nuestro caso particular, nos preguntamos qué sucede cuando esa fuerza de trabajo es cada vez más prescindida por parte de los emprendimientos agropecuarios “modernos” y sus prácticas de producción y reproducción son cada vez más sistemáticamente degradadas y devastadas (a partir de su expulsión y arrinconamiento como consecuencia de la incorporación directa de sus territorios de referencia a la lógica de acumulación del capital).
En este sentido, cabe destacar el relativo impacto sobre el mercado laboral local que generan los emprendimientos agrícola-ganaderos de gran escala. Esto se contrapone al argumento de los sectores empresariales que refieren a la generación de empleo y al “derrame” del desarrollo en la región a partir de la instalación de proyectos agropecuarios (Colina et al, 2008), como veremos. Ya Reboratti señalaba que las empresas que comandaron el avance de esta frontera agraria “no tienen nada que ver con el viejo ideal de la colonización: en el campo sólo hay tractores y cultivos, pero no hay gente” (1992: 31): los campos son manejados por técnicos, el trabajo es temporario, la riqueza se concentra y no es retenida en la región. En definitiva, se trata de “una frontera que al avanzar, en vez de poblar despuebla” (1992: 31). También Cafferata apuntaba al significado social relativamente restringido del avance de la actividad agrícola moderna, “que si bien puede tener un primer efecto relevante en el mercado de trabajo debido a las intensas tareas iniciales de desmonte, sistematización de tierras, incorporación de diversas instalaciones, luego se desenvuelve con una intensidad relativa de fuerza de trabajo reducida” (1988: 36).
De acuerdo con Slutzky (2005), entre los años 1988 y 2002 la población ocupada en forma permanente en las EAPs salteñas aumentó 4.000 puestos (un 24%) mientras que la superficie cultivada casi se duplicó. Señala además que es posible que el empleo temporal tampoco haya aumentado de modo considerable, dadas las características del cultivo de la soja, que se encuentra altamente mecanizada. Por su parte, Van Dam (2003) afirma que el reemplazo del poroto por la soja, junto con la introducción del paquete tecnológico asociado, ha sido devastador en términos de empleo en el departamento de Anta, al calcular que los requerimientos de mano de obra han disminuido de 2,5 jornales/ha a 0,5 jornales/ha. A ello se suma que el perfil de la mano de obra empleada ha cambiado: en general, se requiere mano de obra relativamente calificada (que en muchos casos proviene de fuera de la región) para poder operar la costosa y compleja maquinaria agrícola utilizada en la siembra y la cosecha (a nivel local, se absorbe mano de obra en tareas de baja capacitación ligadas al desmonte: acordonado, deschampe y destronque). En similar tono, Pais (2008) señala para el cultivo de soja en Salta que la combinación entre labranza mínima, semillas transgénicas y agroquímicos, hace que con una persona se puedan manejar hasta 500 has por año.
Con relación a los impactos sanitarios, las poblaciones indígenas o criollas del Chaco salteño (más allá de las diferencias existentes), históricamente posicionadas en una situación de injusticia ambiental y social, privadas de la tenencia de las tierras que habitan y del acceso y usufructo de los bienes de la naturaleza, han quedado prácticamente arrinconadas en pequeños parches de monte entre grandes extensiones productivas y no se encuentran amparados por las normativas y/o regulaciones existentes.[20] Cabe recordar que en la determinación de los volúmenes y frecuencia de las fumigaciones, la temperatura y humedad son factores de importancia. En una región como el Chaco salteño, esto se traduce en dosis de agroquímicos más altas con respecto a las dosis por hectáreas aplicadas en otras provincias.
Las zonas más afectadas por los procesos mencionados corresponden al área de influencia de las localidades emplazadas a lo largo de la ruta 34 en el departamento de San Martín (Tartagal, General Mosconi, Coronel Cornejo, General Ballivián, Embarcación, entre las principales). De acuerdo a una investigación llevada adelante en una serie de comunidades indígenas en el municipio de Ballivián, y si bien no se cuenta con datos oficiales o registros que permitan cuantificar los efectos nocivos sobre la salud asimilables a los efectos de los agroquímicos, a través de consultas a profesionales del área de salud se han reconstruido las principales afecciones que en los últimos años se han incrementado: problemas de piel, enfermedades respiratorias, cáncer y nacimiento de niños con labio leporino y cardiopatías congénitas. De modo complementario, se denuncian las condiciones de inaccesibilidad a fuentes de agua (como resultado de los alambrados que privan del acceso a las fuentes tradicionales de agua) y contaminación de las mismas (tanto para consumo humano como animal, en virtud del escurrimiento del agua desde los campos de cultivo en donde se aplican agroquímicos) (Naharro y Álvarez, 2011).[21]
Otro hecho que refleja las consecuencias de estos procesos en materia de salud pública es el caso de las muertes y situaciones de desnutrición en niños indígenas, todo lo cual apunta a señalar que la salud indígena en el Chaco salteño continúa siendo un tema postergado en los ámbitos de gestión donde se diseñan las políticas sanitarias (Lorenzetti, 2014). A modo de ejemplo, indicadores socio-sanitarios del “Operativo para la Vida 2013” realizado por UNICEF y el Ministerio de Salud provincial señalaban entre las principales causas de mortalidad infantil: en primer lugar, las diarreas combinadas con un estado de desnutrición; en segundo término, las afecciones respiratorias, y en tercer lugar las malformaciones congénitas. En términos generales, estos datos sanitarios indican una alta correspondencia entre las zonas que se han visto afectadas por los procesos de deforestación y el avance del modelo agropecuario dependiente de agroquímicos.
En suma, la provincia de Salta no fue ajena a los procesos de reestructuración estatal y agropecuaria que tuvieron lugar en el país desde fines de siglo XX. La reforma estatal neoliberal fue asumida como propia por Juan Carlos Romero desde su asunción como gobernador (por el Partido Justicialista) en el año 1995, y continuada a lo largo sus tres períodos consecutivos de gestión (1995-1999, 1999-2003 y 2003-2007).[22] De este modo, el Estado provincial fue un actor fundamental en la liberalización y desregulación económica y el incentivo a la instalación del capital ávido de ganancias extraordinarias, y desinteresado por las consecuencias –en términos de impactos sociales, económicos y ambientales y de profundización de los procesos de desposesión, explotación y dominación– de tal modelo de desarrollo en el largo plazo.
En oposición a aquellos análisis que postulan la “desaparición del Estado” en detrimento de las fuerzas del mercado neoliberal, Harvey (2003) señala que en el desarrollo y la forma de despliegue del capitalismo actual, los Estados (nacionales y provinciales) juegan un rol primordial. Así, han oficiado como garantes de la inserción de emprendimientos económicos extralocales y de la “acumulación por desposesión” de los bienes naturales y culturales, a través de la mercantilización de la tierra, la naturaleza y la cultura; la expulsión de poblaciones indígenas y campesinas; la privatización de la propiedad comunitaria o estatal de los recursos. En términos de Pais,
En esta desigual disputa el Estado no juega un papel neutral, por el contrario trata de despejar el camino para que el desarrollo llegue a todos los rincones de la provincia impregnando de una nueva estética al campo salteño. Enormes campos alambrados con prolijos cultivos de soja, poroto o maíz o gigantes haciendas ganaderas alimentadas con pasturas tropicales y abrevadas con aguas que surgen de la profundidad del ardiente chaco. La estética de lo moderno parece imponerse sobre la imagen de lo salvaje representada por el bosque espinoso del Chaco o la húmeda espesura de la selva, donde habitan, en ambos casos, campesinos e indígenas “con atrasadas formas de producción” (2009: 7, d/o).
Hasta aquí, trazamos un panorama de las transformaciones productivas y territoriales de las cuales el este salteño fue epicentro hacia fines del siglo XX y en los albores del XXI: el pasaje del “desierto verde” –modo en que se hacía referencia a estas regiones en tiempos de consolidación de la territorialidad estatal– al desierto verde, en virtud de la monocromía y vacío que supone el avance de las topadoras con miras a la producción agropecuaria a gran escala. Avance que, como en aquellos tiempos, fue entendido por sus hacedores como la entrada del “frente civilizador” por sobre el este salteño, históricamente asociado a la población indígena y criolla y ligado a imágenes de subsistencia y marginalidad. Se trata del (des)orden que buscó ordenarse a partir de la “ley de bosques” y el plan de OTBN en Salta, problemática específica en la que nos detendremos en los próximos capítulos.
El conflicto por la tierra en los albores del siglo XXI
Es como si el capitalismo sólo promoviera el desarrollo y la lucha por la tierra solo motivase el conflicto. De un lado, la apología al agronegocio. De otro, la criminalización de la lucha por la tierra
(Mançano Fernandes, 2004: s/d)
El problema de la tierra (la lucha por el acceso y la tenencia) en América Latina tiene sus orígenes en el “descubrimiento” europeo, cuando extensos territorios fueron apropiados y saqueados por el impulso conquistador y sus numerosas poblaciones fueron despojadas del acceso a sus bienes naturales. En Argentina, la apropiación (y titulación a nombre del Estado o de privados) de tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos originarios no es un fenómeno nuevo, sino que es una problemática deudora de épocas en que el Estado y actores privados avanzaron por sobre territorios “vacíos”. En este apartado, hacemos foco en este problema histórico y a la vez de gran actualidad sobre el que se sustentaron y sustentan gran parte de los debates en torno al ambiente y el territorio en la provincia de Salta.
Extranjerización, concentración y tenencia precaria
Qué lejos está mi tierra
Y, sin embargo, qué cerca
o es que existe un territorio
donde las sangres se mezclan.Tanta distancia y camino,
tan diferentes banderas
y la pobreza es la misma
los mismos hombres esperan.Yo quiero romper mi mapa,
formar el mapa de todos,
mestizos, negros y blancos,
trazarlo codo con codo(“Milonga de andar lejos”, Daniel Viglietti)
En la región chaqueña, el conflicto por la tierra tiene larga data: tras un período de reducciones, misiones y relativa autonomía territorial durante la colonia, sobrevino la apropiación de los territorios “desiertos” por parte del Estado nacional hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX. Grandes superficies quedaron bajo el rótulo de tierras fiscales, y otras fueron tituladas a manos de propietarios ausentes, convirtiendo a las comunidades indígenas en “ocupantes de hecho” en sus propios territorios.
En las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, esta dinámica se ha reactivado, evidenciando la continuidad de los conflictos por la tierra en el contexto de ocupación y revalorización territorial deudor del avance del modelo agroindustrial ya reseñado. La distribución, tenencia y tipo de uso de la tierra son temas de creciente interés en Argentina debido a la notoriedad que han adquirido su dinámica, la concentración de tierras en manos de grandes empresas, la compra de grandes extensiones de tierra por inversores urbanos y externos, el desalojo de pequeños productores y los nuevos modelos de gestión agrícola en los que predomina la figura del arrendamiento como mecanismo de aumento de escalas productivas. En este proceso, distinguen dos etapas: en primer lugar, entre los años 1991 y 2001, en la que se evidencia un cambio de escalas, la emergencia de nuevos actores y el cambio en el uso del suelo; y en segundo lugar, desde el año 2002 hasta la actualidad. En este último período, se exacerban las tendencias anteriores: amplificación de la frontera agropecuaria hacia el norte, de los procesos de ocupación y valorización de nuevas tierras, aumento generalizado en los precios de las tierras, intensificación del arrendamiento para uso agrícola, “reocupación” y venta de tierras por parte de titulares registrales ausentes, entre sus principales características (Sili y Soumolou, 2011).
Entonces, estamos ante la persistencia y vigencia del problema de la tierra (a pesar de su relativa invisibilidad) y de su aparición y/o reactualización a través de otros problemas complementarios, como los conflictos ambientales o territoriales: “en el contexto de la reconfiguración de los usos del espacio operada por las políticas neoliberales en Latinoamérica, la disputa por la tierra se ha resignificado inscribiéndose en luchas más generales y complejas por la apropiación del territorio” (Domínguez, 2009: 16).
Un fenómeno que se ha dado de modo simultáneo al proceso de concentración de tierras está relacionado con su extranjerización. Según datos preliminares del Registro Nacional de Tierras Rurales (creado en el año 2011 por medio de la Ley Nacional N° 26.737 de “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”) a octubre de 2012, en base a un total de 7.696 declaraciones juradas de personas físicas y jurídicas, al menos 7.490.265 has se encuentran en manos de extranjeros en el país. La provincia de Salta ocupa el primer lugar entre las jurisdicciones donde hay más tierras en esta situación, con un total de 1.114.648 has.
La información de los CNA de los años 1998 y 2002 nos permite tener una visión de la distribución y formas de tenencia de la tierra agraria en Salta y de los cambios ocurridos en el período intercensal. Los resultados del año 2002 contabilizan un total de 10.297 EAPs para la provincia de Salta, de las cuales un 54,1% corresponde a unidades con límites definidos (cubriendo una superficie de 4.269.499,2 has) y el restante 45,9% son explotaciones sin límites definidos (en contraposición al 4,1% de EAPs sin límites definidos a nivel nacional).[23]
Este último dato es un primer indicador de la “irregularidad”[24] de las situaciones de tenencia de la tierra, ya que se trata de unidades que tienen límites imprecisos o carecen de ellos, que no tienen títulos de propiedad donde consten las demarcaciones del campo o parcela, y que casi alcanzan la mitad de las EAPs salteñas. Asimismo, el CNA 2002 arroja una superficie total de 55.264,6 has de tierras fiscales (1,3%) frente a un 98,7% de tierras privadas. No obstante, las mismas constituyen una mínima porción de las algo más de 3.000.000 has de tierras fiscales existentes en la provincia, ubicadas en su mayoría en los departamentos de Los Andes (2.500.000 has) y Rivadavia (700.000 has) (Frere, 2004).
Los datos censales también permiten dar cuenta de la distribución desigual de la tierra (Gráfico Nº 5): un 1,3% de las EAPs (de más de 10.000 has) concentra el 46,9% de la superficie, mientras que las explotaciones de menor tamaño (hasta 5 has) tan sólo acceden al 0,1% de las tierras. Los porcentajes se incrementan si se agrupan por escalas de extensión: tomando en consideración las EAPs de hasta 200 has, estas suman un 74% del total y detentan un 2,4% de la superficie, en tanto que el 87,8% de las unidades productivas está en propiedad del 11,6% de las explotaciones de más de 1.000 has. Esto último se ve exacerbado en departamentos como Anta y San Martín, en donde las unidades mayores a 1.000 has tienen el 93,5% y el 92,9% de la superficie respectivamente.
Gráfico Nº 5. Provincia de Salta. Distribución de la cantidad y superficie del total de EAPs (%), por escala de extensión. Año 2002
Fuente: Elaboración propia en base a CNA 2002
Otro dato que nos habla de la irregularidad del vínculo con la tierra (además de la gran proporción de EAPs sin límites definidos) está dado por el régimen de tenencia. Recordemos que, en términos de titulación, pueden distinguirse tres formas diferenciales de relación jurídica del productor con la tierra: la propiedad (cuando hay un título de dominio perfecto o se ejerce la plena posesión), los contratos agrarios (arrendamiento, aparcería y contrato accidental) y las situaciones irregulares (ocupación con permiso o de hecho, en tierras privadas y/o fiscales). No sólo la ocupación supone un uso de la tierra con carácter precario, sino también algunas formas de contratos agrarios (como por ejemplo la aparcería y los contratos accidentales) pueden esconder situaciones vulnerables en la relación de los productores con la tierra (Slutzky, 2008; Van Dam, 2008).[25]
La propiedad es la forma de tenencia más difundida en Salta: el 63,5% de las EAPs se encuentran bajo esa modalidad para el CNA 2002, ocupando el 90,4% de la superficie. En tanto, un 17,9% de las EAPs están bajo algún tipo de contrato agrario y el restante 18,6% se trata de ocupantes de hecho o con permiso, ocupando un 3,2% de la superficie (un total de 917 unidades, a las que habría que sumar las situaciones de ocupación existentes en las EAPs sin límites definidos) (Gráfico Nº 6). Otro dato a destacar para el período 1988-2002, y que sigue las tendencias nacionales, es el incremento en las situaciones de arrendamiento (excepto en el departamento de Rivadavia), así como también el aumento de las explotaciones que combinan tierras en propiedad con tierras arrendadas.
Gráfico Nº 6. Provincia de Salta. Cantidad y superficie de las EAPs con límites definidos (%), por régimen de tenencia de la tierra. Año 2002
Fuente: Elaboración propia en base a CNA 2002
Con respecto a las “situaciones irregulares”, en Salta el 99,7% de la superficie en situación de ocupación en tierras fiscales (en su mayoría pequeños productores criollos y pueblos indígenas) se concentra en tres departamentos: Anta (40,5%), Rivadavia (33,5%) y San Martín (25,7%). A su vez, junto con Santiago del Estero, son las dos provincias con mayor cantidad de ocupantes de tierras privadas (Frere, 2006).
Ahora bien, las situaciones problemáticas de tenencia de la tierra no se circunscriben solamente a la ausencia de titularidad o a la precariedad en la tenencia, en tanto la existencia de títulos no siempre exime a sus poseedores de situaciones conflictivas. Aquí es ilustrativo delinear de modo sucinto las particularidades que asume el vínculo con la tierra tanto para el caso de los pueblos indígenas como de los pequeños productores.
Conflictos por la tierra que afectan a indígenas y criollos
No nos contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cultura, al progreso, al amor y al cielo. Comenzamos por reivindicar, categóricamente, su derecho a la tierra
(Mariátegui, 2005 [1928]: 39)
En relación con las características de la tenencia de la tierra por parte de los pueblos indígenas en Salta, podemos destacar que, en términos generales, hay una gran mayoría de comunidades sin título de propiedad y cuya titularidad está en manos de privados, iglesias y/o del Estado, mientras que otras se encuentran en posesión de sus títulos (individuales y/o comunitarios). Esto último no es garantía de seguridad en la tenencia: en muchos casos, las comunidades acceden a la titulación de parcelas pequeñas, aisladas y alejadas de los territorios originarios, que no son aptas ni suficientes (en calidad y cantidad), se encuentran arrinconadas por emprendimientos productivos que las cercan y les provocan una progresiva restricción al uso y acceso a los recursos, además de situaciones de contaminación y otros impactos. Asimismo, gran parte de las comunidades se encuentran emplazadas en áreas urbanas o peri-urbanas (no sólo por expulsión actual sino también en relación al proceso histórico de conformación de los núcleos urbanos asociados a la demanda de mano de obra indígena), y las tierras de las que disponen son sólo para viviendas, encontrándose rodeadas por otros barrios y/o fincas privadas. Así las cosas, se les ve dificultado el acceso a los bienes naturales que se constituyen en parte central de sus actividades económicas.
De acuerdo a un relevamiento realizado en comunidades indígenas del departamento de San Martín, se evidencia una situación comprometida en cuanto al acceso y uso de las tierras: sobre un total de 110 comunidades, sólo el 16,3% poseen el título de las tierras que habitan, en tanto que el restante 83,7% carece de títulos formales (en el 56,3% de los casos los títulos están a manos de privados, el 4,6% de iglesias y el 22,7% son tierras fiscales) (Buliubasich y González, 2009). Según información disponible para la población wichí, chorote, chulupí y toba de los departamentos de San Martín, Rivadavia, Anta y Metán (un total de 204 comunidades), el 17% posee sus tierras tituladas (una superficie de 44.168 has, el 0,6% de la superficie total de los departamentos de referencia). Por su parte, se estiman unas 417.670 has (en manos del Estado o privados) que ya han sido asignadas pero aún no tituladas a manos de las comunidades (Leake, 2008).
Por su parte, el caso de los pequeños productores criollos también enfrenta diversos escenarios: se encuentran productores en situación de tenencia precaria establecidos en tierras fiscales (bajo la figura de ocupante o adjudicatario); mientras que otros poseen los títulos formales de propiedad (en estos casos, la tierra ha sido adquirida en el mercado, heredada, es producto de alguna entrega de tierras fiscales por parte del gobierno o de algún otro mecanismo de acceso a la tierra); y hay quienes están establecidos desde generaciones pasadas en tierras que son actualmente demandadas por privados poseedores de los títulos formales de propiedad. Estos últimos casos son los que presentan mayor conflictividad, en virtud de que el enfrentamiento entre los poseedores sin título y los titulares de dominio puede encontrar diversas vías de solución y/o acuerdo, y que en última instancia derivan en intimidaciones, violencia y desalojos (Sili y Soumolou, 2011).
La escalada en los conflictos por el uso, la tenencia y la propiedad de la tierra que enfrenta tanto a pueblos originarios como a familias criollas, está cimentada en la dinamización del mercado inmobiliario como consecuencia directa de la posibilidad de incorporar estas tierras a la producción agropecuaria.[26] Esta revalorización del mercado inmobiliario puede verse reflejada a través de los precios de los campos a lo largo de los últimos años: según datos de la Compañía Argentina de Tierras para el período 1995-2011, en el noroeste argentino se puede apreciar una evolución ascendente del valor por hectárea para todas las zonas productivas (Cuadro Nº 2), tomando un mayor impulso a partir del año 2001.
Cuadro Nº 2. Precio de la tierra en la provincia de Salta, valores orientativos según zonas productivas. Julio de 2011
Zonas productivas* |
Caracterización y aptitud |
Cultivos |
Localidades de referencia |
U$S/ ha |
1 |
Suelos de buena a muy buena aptitud agrícola. En gran proporción ya han sido desmontados. El monte que resta es de escaso valor, puesto que la mejor madera ya fue extraída. Algunos tienen agua disponible de ríos y/o perforaciones. |
En Secano: soja, poroto, cártamo, maíz, algodón. |
Valle de Lerma, Tartagal, Lajitas, Metán, R. de la Frontera, Orán, Río del Valle, Mollinedo. |
Sin monte: 4.000 a 6.500 |
2 |
Suelos de buena aptitud agrícola, mayormente cubiertos de monte. Menor disponibilidad de agua. Lluvias: 550 a 750 mm/año. Escasamente suficientes. |
En secano: poroto, soja, cártamo, sorgo. |
Tonono, Corralito, Macapillo, J.V. González, La Candelaria, Güemes. |
Sin monte: 3.000-4.000 |
3 |
Mayormente cubiertas por monte. Dificultad para conseguir aguas de napa. |
Ganadería Extensiva. Agricultura eventual en secano. |
Dragones, El Mistol, Santo Domingo, Tolloche. |
Sin Monte: 1.500-1.800 |
4 |
De menor calidad. |
Ganadería Extensiva Extracción de madera y carbón de leña. |
Santa Victoria, Rivadavia, Los Blancos. |
Sin Monte: 1.200-1.500 |
*No se incluyen las zonas 5 y 6 ya que exceden en área de estudio del presente trabajo. | ||||
**En zonas aptas para desmonte, de acuerdo al OTBN. | ||||
Fuente: Elaboración propia en base a Compañía Argentina de Tierras
Las zonas productivas de mayor valor (1 y 2) parten de montos entre 1.000 y 2.000 U$S/ha al comienzo del período, para ascender a valores superiores a los 3.000 U$S/ha, llegando a alcanzar cifras de 8.000 U$S/ha. En las zonas de menor valor (3, 4, 5 y 6) también se presenta un aumento en los precios de la tierra, a una menor escala: partiendo de valores inferiores a los 100 U$S/ha en el año 1995, se asciende a valores de entre 200 y 600 U$S/ha hacia el final del período considerado. Es de notar el gran salto que experimentan las tierras sin monte en las zonas 3 y 4, que son aquellas que toman especial interés en este trabajo: las mismas superan los 1.000 U$S/ha en el año 2010 (debido al importante avance de los desmontes ocurrido en los últimos años en ambas zonas, se determinó desdoblar los valores de la tierra, en campos “con” y “sin” monte a partir de ese año).[27]
Ahora bien, el incremento de la lucha por la titulación de la propiedad de la tierra en el contexto de la reactivación del mercado inmobiliario por ampliación de la frontera agropecuaria, encuentra su contracara en el reconocimiento de derechos territoriales a los pueblos originarios que se dio de modo simultáneo (Naharro, Álvarez y Flores Klarik, 2010). Esto nos conduce a señalar las diferencias en el corpus legal para el acceso a la tierra que encuentran los pueblos indígenas y los pequeños productores campesinos.
En el ámbito internacional, entre los hitos más salientes están la aprobación del Convenio N° 169 sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1989 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU aprobada en el año 2007. En Argentina, en el año 1985, fue sancionada la Ley Nacional Nº 23.302 de “Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes” (reglamentada en 1989) y en 1992 la Ley Nacional N° 24.071 adoptó el Convenio N° 169 (ratificado ocho años después, entró en vigencia el 3 de julio de 2001). En el año 1994, la reforma de la Constitución Nacional introdujo el artículo N° 75 inciso 17, a través del cual se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas.
En el año 2006 se dio sanción a la Ley Nacional N° 26.160 de “Emergencia de la Propiedad Indígena”, a través de la cual se declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por comunidades indígenas. La norma suspendió por cuatro años la ejecución de sentencias de actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por comunidades indígenas y estableció la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de su situación dominial durante los tres primeros años. Fue reglamentada en agosto de 2007 por el Decreto N° 1.122, siendo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la autoridad de aplicación. Dado el vencimiento del plazo previsto y los escasos avances en los relevamientos, esta norma ha sido dos veces prorrogada.[28]
A nivel provincial, también en Salta se han sancionado instrumentos legales en este sentido, en los cuales nos detendremos en el capítulo 6. Por su parte, los pequeños productores no poseen tal aparato legal específico, por lo que en su calidad de “poseedores” encuentran en el Código Civil las únicas herramientas jurídicas para defender su derecho a la propiedad ante los intentos de desalojo, a través de los juicios de usucapión o prescripción veinteañal.[29]Cabe destacarse además que en Salta, en el año 2010 se sancionó la Ley N° 7.658, tras fuertes movilizaciones por parte de las asociaciones de pequeños productores ganaderos de la región chaqueña. La misma crea el “Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales” y suspende por el plazo de dieciocho meses la ejecución de sentencias cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en las situaciones previstas en los artículos N° 3.999 o 4.015 del Código Civil (en junio de 2010 este plazo fue prorrogado por 48 meses más). No obstante la existencia de este marco normativo, se han dado reiteradas situaciones de intentos de desalojo en territorios criollos.[30]
Para la provincia de Salta, en Domínguez puede encontrarse una periodización de la “geografía de la conflictualidad por la tierra” (2009: 187) desde 1980 hasta la actualidad –la cualse ha ido montando sobre sucesivas oleadas de despojo a las poblaciones originarias y rurales–: una primera fase (1983/85-1993/94) que abarca el período entre la reconstrucción de las organizaciones campesinas e indígenas luego de la dictadura militar hasta a la promulgación de la Ley Nacional Nº 23.302; un segundo período (1994/96-2002) caracterizado en su inicio por la consolidación a nivel nacional e internacional de la batería de dispositivos jurídicos de reconocimiento hacia los pueblos originarios y que finaliza con la devaluación de la moneda nacional y el definitivo afianzamiento del modelo agroexportador, que imprimen una renovada presión sobre la tierra y una intensificación en la explotación de los “recursos naturales”. En tercer lugar, desde el año 2002 en adelante, una fase que aún está abierta y se caracteriza por la multiplicación de los conflictos de tierras y por algunos resultados favorables a las poblaciones rurales, en un marco de mayor capacidad organizativa, mayor violencia por parte de las fuerzas de seguridad, y la puesta de manifiesto de la disputa territorial que se está dirimiendo en la provincia, entendida en términos de incompatibilidad entre las territorialidades de las comunidades y del agronegocio.[31]
Recapitulando, los conflictos por la tierra en el este salteño no son nuevos ni están solamente vinculados al avance de la frontera agropecuaria, sino que también provienen del accionar de la producción hidrocarburífera (apertura de picadas, excavaciones y remociones de tierra durante las tareas de construcción de gasoductos y prospección petrolera, etc.) y de la ampliación de la infraestructura vial regional, afectando directamente las zonas de uso indígenas y criollas. En muchos casos, estos emprendimientos se han llevado adelante sin estudios de impacto ambiental preliminares y prescindiendo de la consulta previa a los pobladores afectados.
Habiendo esbozado un panorama de las situaciones en las que se encuentran gran parte de las comunidades indígenas y los criollos ganaderos en el Chaco salteño en el contexto del avance de la “frontera productiva” por sobre sus territorios, nos detendremos en la caracterización de una serie de casos que han sido “paradigmáticos” en la provincia: el proceso de regularización de los lotes fiscales 55 y 14 en el departamento de Rivadavia; la desafectación de la reserva General Pizarro y el caso de Salta Forestal, ambos en el departamento de Anta.
Lotes Fiscales 55 y 14
Cuando una charata canta, todas las charatas hacen coro. Como una sola comunidad pedimos a nuestro Gobierno, un solo título para toda la tierra que precisamos
(“Nuestro pedido”, presentado al gobierno salteño el 28/07/1991)
En primer lugar, un histórico reclamo territorial: el proceso de regularización dominial que hace más de treinta años tiene sede en los lotes fiscales 55 y 14.[32]Las tierras en conflicto (un total de 643.000 has) se encuentran al norte del departamento Rivadavia, en la frontera con Bolivia y Paraguay. Por un lado, involucra a más de cincuenta comunidades indígenas agrupadas en la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (“Nuestra tierra”) desde el año 1992. Por otro, comprende a más de cuatrocientas familias criollas –en su mayoría nucleadas en la Organización de Familias Criollas (OFC), la Junta Vecinal Real Frontera y la Cooperativa Pilcomayo–, llegadas a la zona a comienzos del siglo XX, sin títulos de propiedad.[33]
Tras infructuosos intentos de regularización, los primeros reclamos comenzaron hacia el año 1984 al compás del retorno democrático, cuando un grupo de representantes indígenas dirigieron al gobierno de Roberto Romero una “Declaración conjunta” reclamando una reserva de tierra fiscal. En el año 1987 se sancionó la Ley Nº 6.469 de “Regularización de la Situación Ocupacional del Lote Fiscal Nº 55” y en 1991, tras un trabajo de mapeo comunitario realizado con apoyo de ONGs internacionales, se presentó un documento suscripto por 27 comunidades (“Nuestro pedido”), en el que se solicitó al gobierno una superficie de tierra unificada y bajo un solo título para todas las comunidades, en oposición a la propuesta estatal que pretendía la entrega de títulos individuales. A fines del mismo año, se firmó un acta acuerdo ratificada por el Decreto Nº 2.609, por medio del cual el gobierno de Hernán Cornejo (1987-1991) se comprometió a adjudicar una superficie sin subdivisiones mediante un Título Único de Propiedad a las comunidades originarias. El mismo no fue ejecutado por el gobierno entrante, en manos del Partido Renovador, y en el año 1993 el gobernador Roberto Ulloa[34] creó una Comisión Asesora Honoraria encargada de elaborar una propuesta de adjudicación de las tierras para indígenas y criollos.
En el año 1996, en virtud de las dilaciones en el proceso, se produjo la toma durante veintitrés días del puente internacional Misión La Paz (Argentina)-Pozo Hondo (Paraguay) que estaba en construcción.[35] La medida de fuerza llegó a su fin cuando el gobierno provincial (ya a cargo de Juan Carlos Romero) se comprometió a publicar en el plazo de treinta días un decreto para la entrega definitiva de las tierras, acuerdo que no fue cumplido. Ante la persistente falta de respuesta del Estado (nacional y provincial), las comunidades indígenas radicaron en el año 1998 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Desde el año 2000 se dio inicio a un “proceso de solución amistosa” bajo la supervisión de esta Comisión, en la cual se incorporó a la OFC. Este proceso fue finalizado unilateralmente en 2005 por parte del gobierno, quien convocó a un Referéndum vinculante (Ley Nº 7.352) a la población departamental para decidir si era su voluntad se entreguen las tierras a sus actuales ocupantes. El plebiscito se vio signado por irregularidades, resultando una amplia mayoría para el “sí” (nadie estaba en contra de la entrega de las tierras, más bien el conflicto giraba en torno al cómo efectivizar la entrega). Un nuevo decreto del mismo año (Nº 2.406) declaró objetivo prioritario de la política del gobierno salteño el programa del Poder ejecutivo para la transferencia de las tierras a aborígenes y criollos, al tiempo que se promovió la creación de una Unidad Ejecutora Provincial.
En el año 2007, el saliente gobernador Romero aprobó un Acta celebrada entre la provincia de Salta, la Asociación Lhaka Honhat y la OFC (Decreto Nº 2.786), por medio de la cual se distribuye la superficie de los lotes en una proporción de 400.000 has para las comunidades indígenas (62%) y 243.000 has para las familias criollas (38%) que acrediten derecho. Hasta entonces, indígenas y criollos tenían posiciones encontradas y sus pretensiones de propiedad territorial se solapaban, agudizadas por la incompatibilidad en las formas de uso del ambiente (en un territorio signado por la degradación ambiental, vinculada al sobrepastoreo de ganado y la extracción ilegal de madera), que fuera calificada en términos de “exclusión competitiva” (Rodríguez y Buliubasich, 1994: 373).
La norma fue ratificada en 2008 por el gobierno de Juan Manuel Urtubey, mediante el Decreto Nº 4.705. Desde entonces, se ha conformado una nueva Unidad Ejecutora y se ha avanzado en reuniones, en la recepción y análisis de solicitudes de los pobladores criollos para acreditar antecedentes de ocupación veinteañal, en la discusión en torno a los criterios de distribución de las tierras para pobladores criollos[36], en los acuerdos entre partes por zonas (primero acuerdos entre indígenas y criollos y luego entre criollos para la ubicación definitiva de las parcelas correspondientes), y en las gestiones necesarias para las relocalizaciones de las familias criollas (en su mayor parte hacia el lote 14, en zonas no afectadas por el reclamo indígena) y para la provisión de infraestructura y programas de desarrollo para ambas poblaciones.
En 2012, la CIDH emitió el Informe de Fondo 2/12 donde advirtió al Estado sobre la violación a los derechos territoriales de las comunidades, y en 2014 el gobierno provincial transfirió la titularidad de 400.000 has a Lhaka Honhat y de 243.000 has a familias criollas (Decreto Nº 1.498). A pesar de esto, los conflictos han tenido continuidad y el proceso de regularización no ha finalizado.[37]
Salta Forestal
En Salta Forestal no había ningún tipo de desarrollo, existía un desorden, donde todos sacaban lo que querían como los árboles, el carbón, la madera. Hoy existe un orden: la zona está dividida en dos partes, una empresa tiene una parte de la concesión, la otra parte tiene la otra. En lo que respecta a la concesión que tiene mi padre, hay unas quince o veinte mil hectáreas que se cultivan, pero cuando se entregó a Salta Forestal no había ninguna. El precio del canon está estipulado así porque realmente en Salta Forestal no había nada, entonces es fácil decir hoy que el canon tiene que cambiar… claro porque está todo hecho, alguien puso el capital de trabajo, alguien puso las horas de trabajo y alguien ordenó esta situación. Lo que es muy curioso de Salta Forestal, es que en estos momentos Salta Forestal está siendo estudiada por gente de la Universidad de Harvard como Desarrollo Auto sustentable, es un ejemplo en la región, en el país y en el mundo
(Entrevista a Alfredo Olmedo en El Intransigente, 02/11/2009, d/p)
Otro caso emblemático es el de Salta Forestal. Se trata de una superficie de 345.000 has que en el año 1974 fue transformada en empresa del Estado en asociación entre la provincia y la Dirección General de Fabricaciones Militares (Ley N° 4.981), con el objetivo de hacer un aprovechamiento integral de los bosques de los lotes fiscales 35 y 36. En el año 1982, por medio de la Ley N° 5.949 el Estado provincial adquirió la totalidad del capital accionario y se constituyó la Sociedad del Estado Salta Forestal SA.
Once años más tarde, la Ley Nº 6.727 declaró a Salta Forestal SA “sujeta a privatización”. Se inició entonces un proceso licitatorio para entregar las tierras a manos privadas, al cual sólo se presentó una empresa: la firma Ecodesarrollo S.A, constituida por Olmedo Agropecuaria SA[38] y por Agropecuaria Cervera SA (hoy Agropecuaria Anta SA, subsidiaria de CRESUD SAIFyA).[39]El contrato, firmado en el año 2000, concedió la explotación por el término de 64 años: en primer lugar, la concesión entregó 219.000 has a 35 años con opción a 15 años más, y después las 120.000 has restantes por 35 años con opción a 29 años más. Ecodesarrollo SA estaría eximida del pago de canon alguno hasta cumplidos los veinte años de usufructo de las tierras, y a partir de ese momento (año 2021) pagaría un valor anual irrisorio. En 2003, la empresa se dividió: Agropecuaria Cervera SA se quedó con 132.000 has, en tanto que a Olmedo Agropecuaria le correspondió la superficie restante.
Siguiendo a Colina et al (2008), el caso de Salta Forestal es el más notorio por su magnitud y por lo irregular de la concesión. La situación de acorralamiento y expulsión de los productores ganaderos que vivían y producían en esas tierras desde antes de que se constituyera Salta Forestal, se agrava a medida que avanza el frente de desmonte: viven en una constante presión por parte de las empresas, han sufrido la pérdida de fuentes de trabajo y la expulsión de sus tierras, la migración hacia los centros urbanos cercanos y hacia otras zonas en búsqueda de trabajo. A pesar de esto, la experiencia ha sido calificada en términos positivos en materia de impactos ambientales y sociales por sus impulsores, por lograr hacer frente al impacto del “pastoralismo arcaico” (entiéndase: ganadería criolla) y la explotación forestal incontrolada y exhaustiva de los bosques del Chaco salteño. De este modo, es señalada como un modelo único en el país llevado adelante por empresas privadas en tierras estatales, “con una alta consideración técnica ambientalista y una profunda responsabilidad social empresaria” (Saravia Toledo, 2009: 45).
De acuerdo a las últimas informaciones disponibles, en el año 2010, por medio de la Ley N° 7.628 la legislatura provincial autorizó al Poder ejecutivo a realizar las medidas necesarias para la reconducción de la empresa. Al siguiente año, se aprobó una modificación de las cláusulas contractuales de la concesión, a partir de lo que Olmedo Agropecuaria y CRESUD deberán pagar un canon del 10% de su producción anual (de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 7.623).[40] Acto seguido, el Decreto N° 2.478 del mismo año consideró “lesivo” a los intereses del Estado al contrato de concesión de tierras de Salta Forestal a la empresa Ecodesarrollo SA, por lo que fue solicitada su nulidad.
Caso Pizarro: la reserva “de papel”
Bienvenidos a Salta, la provincia con mayor superficie protegida en el país
(Palabras del gobernador Romero en las 3ras Jornadas Latinoamericanas sobre Medio Ambiente realizadas en Salta el 17/08/2006)
Por último, otro caso destacado es el de la Reserva de General Pizarro en los lotes fiscales 32 y 33: un total de 25.536 has que fueron declaradas como “Área Natural Provincial Protegida” en el año 1995 por medio del Decreto N° 3.397. No obstante esto, desde su creación el gobierno salteño no cumplió con la Ley Nº 7.107 de Áreas Protegidas, que contempla la presentación de un plan operativo de manejo integral participativo de las áreas de reserva, por lo cual ha sido caracterizada como una reserva “de papel”.[41]
En el año 2004, luego de que un informe encargado por el gobierno de Romero diera cuenta de la situación de deterioro ambiental de la reserva(Chalukian et al, 2002), la misma fue desafectada en su carácter de área protegida por medio de la Ley N° 7.274, para ser loteada y vendida a manos privadas.[42] Con los recursos obtenidos (un total de $9.615.000 según la licitación), se proponía mejorar las rutas Nº 30 y 5, esta última conocida como la “ruta de la soja” (el monto obtenido representaría solo un 12% del costo de las obras de infraestructura vial, estimado en $75.000.000).
El conflicto involucró a población indígena y criolla. Por un lado, la comunidad indígena Eben Ezer, unas 18 familias que no son originarias del lugar sino que llegaron hacia fines de la década de 1990 (provenientes de El Traslado, un paraje a 170 km de Tartagal y 350 km de Pizarro) traídos por contratistas para trabajar como mano de obra en fincas locales y que hacia 2001, al finalizar el contrato, la municipalidad de Pizarro les ofreció instalarse en el lote. Por el otro, 35 familias criollas que en su mayoría practicaban la ganadería de monte (junto con el cultivo para autoconsumo, caza y recolección) y que se encontraban en condiciones de acceder a la posesión veinteañal de las tierras.
Fueron presentadas acciones judiciales y amparos ante la justicia provincial y nacional contra la desafectación y venta de los lotes, tanto por parte de la comunidad indígena, la población criolla, ONGs y la UNSa. En las distintas presentaciones se abogó por la inconstitucionalidad de la medida, se rechazó el impacto ambiental de la desafectación, la modalidad de convocatoria y realización de las audiencias públicas para desmontes y la venta de tierras ocupadas por población originaria, entre tantos otros cuestionamientos. En el proceso, las empresas que inicialmente habían adquirido los lotes en licitación pública (MSU SA, Miguel Ragone SA y Miguel Courel SA) desistieron de la compra, y los lotes fueron finalmente titularizados a nombre de las empresas Initium Aferro SA y Everest SA (propiedad de dos de las familias más tradicionales de la provincia: Usandivaras y Cornejo respectivamente).[43]
El conflicto llegó a instancias del gobierno nacional a través del accionar de Greenpeace y otras ONGs, diversos organismos del gobierno nacional y un amplio apoyo de figuras del espectáculo y el deporte nacional, con su punto máxime en el día 29 de septiembre de 2005, cuando el cacique wichí se sentó en el sillón de Rivadavia durante una reunión con el presidente Néstor Kirchner.[44] De este modo, en el contexto de campañas mediáticas, movilizaciones y protestas llevadas adelante en el ámbito nacional y provincial, se vehiculizó una solución a través de un acta acuerdo suscripta entre la provincia y la Nación, en la cual se proponía la creación de un área protegida de jurisdicción nacional a cargo de la Administración de Parques Nacionales (APN). A fines del año 2010 la provincia de Salta aprobó por medio de la Ley Nº 7.654 la cesión de la jurisdicción a la Nación, viabilizando la entrega definitiva a la comunidad wichí de un total de 800 has y la compra de 7.837 has para la creación de la reserva.[45]
Como saldo, debemos destacar que el proceso de solución tuvo desigual desenlace para las dos poblaciones involucradas: por un lado, se hizo evidente el rol estratégico de los pueblos indígenas (en tanto sujetos de derecho consagrado en la legislación internacional, nacional y provincial) para el posicionamiento del reclamo en términos ambientales e identitarios, para lograr llevar el debate a escala nacional y generar un amplio espectro de adhesiones, por lo que se constituyeron en el foco de los reclamos y de los acuerdos alcanzados. Por el contrario, las familias criollas se vieron mayormente perjudicadas: fueron relocalizadas, se les asignó una superficie de tierra insuficiente para el desarrollo de la ganadería extensiva y no han logrado resolver la situación de tenencia de la tierra.
Este fue el antecedente más directo al comienzo de las discusiones en torno a la “ley de bosques”, y gran parte de los actores aquí involucrados fueron los impulsores del debate a nivel nacional, denunciando la “emergencia forestal” en la que se encontraba el país. Tras el conflicto en Pizarro, la provincia de Salta se encontró en el tapete como anti-ejemplo del avance deforestador, siendo señalado como un “caso emblemático” (Hufty, 2008: 146) que se volvió objeto de estudio a nivel internacional en ocasión de los debates en torno a la conservación y el desarrollo sustentable.
Palabras de cierre
La selva, la naturaleza, en fin, son cosas que deben ser suprimidas, derribadas, por la (agri)cultura. De este modo, tal como en el caso del “vacío demográfico”, también existe una “tala epistemológica” que, anticipadamente autoriza la tala real. Y como la selva no es un vacío demográfico, talar siempre se acompaña de matar, términos asociados en toda la historia de nuestra formación geográfica y territorial
(Porto Gonçalves, 2001: 269-270)
Los procesos de acumulación y reproducción capitalista son movimientos contradictorios y han encontrado históricamente su contracara en la movilización social en los territorios en los cuales los emprendimientos productivos (públicos y/o privados) han avanzado por sobre la naturaleza, apostando a su mercantilización y a la consolidación de un modelo de desarrollo de carácter extractivo.
La narración de casos realizada en el acápite previo no implica desconocer o dejar de lado a tantos otros conflictos que han tenido y tienen lugar en estas latitudes: el caso de las comunidades wichí de la cuenca del rio Itiyuro en el departamento de San Martín; la comunidad guaraní de Caraparí que desde el año 2004 se opone al trazado de un gasoducto de la empresa Refinor SA; los pueblos kollas de Finca Santiago y Finca San Andrés y su histórica lucha por las tierras altas y bajas del departamento de Orán; el litigio entre la comunidad guaraní de La Loma y el ingenio San Martín de Tabacal para la recuperación de sus territorios; las organizaciones indígenas y de familias criollas de la zona de la ruta N° 81 y las constantes intimidaciones, amenazas de desalojos, acciones violentas y cercamientos que sufren a manos de empresarios, políticos y jueces locales, por citar algunos casos de renombre.
Más bien, la selección responde (con perdón de la abundancia en fechas, actos legislativos y nombres propios) a que en los sucesos relatados pueden verse sintetizados una serie de puntos que fueron sugeridos a lo largo del capítulo y cuyo análisis será de especial interés de aquí en adelante, a saber:
- La consolidación a nivel nacional de un modelo de desarrollo agropecuario con carácter exportador, signado por la agriculturización y la sojización y comandado por grandes empresas concentradas en desmedro de los medianos y pequeños actores rurales, y que a nivel regional-provincial se tradujo en la “pampeanización” del Chaco (otro modo de hacer alusión a su desertización a raíz de la deforestación y degradación de BN);
- La velocidad y falta de regulación en las habilitaciones de desmontes con fines agrícolas y/o ganaderos sobre territorios demandados por población indígena y criolla, dando cuenta de la histórica y persistente connivencia entre el Estado provincial y los sectores productivos (al menos de las fracciones hegemónicas, en la perpetuación de esos espacios de poder político y económico y en la permanencia de ciertos proyectos hacia los territorios y las poblaciones chaquenses);
- La puesta en evidencia de modelos de desarrollo contrapuestos para un mismo espacio geográfico, que pueden verse condensados en la tensión (que aparece presentada en términos irreductibles) entre desarrollo y producción versus conservación del ambiente y la naturaleza;
- La trama de relaciones existente entre los múltiples actores de la arena política salteña –Estado, pueblos originarios, pequeños productores criollos, grandes productores agropecuarios y forestales, ONGs y organizaciones de apoyo, Universidades, entre tantos otros– y sus alianzas y desiguales condiciones (legales, institucionales, económicas, etc.) para la apropiación y dominación territorial;
- La relación tensionada entre el Estado nacional y los Estados provinciales en torno a la gestión de los “recursos naturales”, teñida de acusaciones de intromisión y avasallamiento de la Nación por sobre las potestades –y potencialidades de desarrollo– locales;
- La emergencia de las luchas por la tierra en clave territorial-ambiental e identitaria, tomando especial interés las discusiones respecto del rol que los pueblos indígenas y familias campesinas (en asociación con otros movimientos sociales, ambientales, ONGs, etc.) tienen para lograr la visibilización de los conflictos en la arena nacional y proponer modos alternativos de uso y vínculo con la naturaleza y el territorio;
- La puesta en agenda de la cuestión ambiental en Argentina, en este caso ligada a la deforestación masiva y sus consecuencias ambientales y sociales, que por detrás esconde problemáticas históricas no resueltas, como el acceso y titularización de las tierras.
El fin último del recorrido propuesto fue trazar un panorama del (des)orden territorial en que se encontraba Salta hacia el año 2008, cuando el plan de OTBN comenzó a ser delineado. Muchos de los actores, procesos e instituciones que aquí fueron caracterizados serán piezas principales en el debate acerca de cómo y para qué ordenar el territorio salteño. La cita a continuación, una nota Editorial del diario El Tribuno (transcurridos cuatro años del comienzo del OTBN) deja en relieve, con el trasfondo del capítulo 4, gran parte de las discusiones que serán abordadas en los apartados venideros:
Salta es una de las provincias con mayor potencial de desarrollo agroindustrial. Junto con las que integran el NOA y el NEA, conforma una reserva extraordinaria para la producción de agroalimentos, que se suman a los yacimientos de hidrocarburos, hoy subaprovechados. Depende de la voluntad colectiva que todo ese potencial se materialice.
Los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia ofrecen las mayores posibilidades de expansión productiva en Salta. Si el país y la provincia asumieran el rol de la Argentina en un mundo con demanda creciente de alimentos, esos tres departamentos cobrarían relieve internacional, ya que una explotación racional y sustentable de sus suelos permitiría multiplicar varias veces sus variadas riquezas. Hay millones de hectáreas donde se podría avanzar con desarrollos tecnológicos que aprovechen los recursos naturales y se los combine con ganadería y agricultura.
Los expertos consideran que solo en la franja que se extiende desde Tartagal hasta Formosa podrían instalarse no menos de veinte establecimientos aptos para la producción de ganado, oleaginosas, cereales y legumbres, destinados al consumo local y a la exportación, preservando el monte nativo y frenando la progresiva degradación del suelo, provocada hoy por el pastoreo sin manejo y la extracción no controlada de madera. Asimismo, existen amplias zonas que, provistas de agua, podrían incorporarse al sistema productivo o aumentar y diversificar su actividad. […]
Pero el punto de partida de la decisión política consiste en eliminar medidas desafortunadas como el ordenamiento territorial y su secuela de imposiciones burocráticas que perjudican al productor, terminan dañando al ambiente y arrojan sombras sobre la transparencia de quienes las ejecutan.
El norte salteño podría ser una región próspera, con pleno empleo y mucho valor agregado. Hoy es pobre y con índices de desempleo alarmantes, disfrazados con subsidios. De nada sirve seguir añorando los tiempos en que YPF desparramaba fondos, cuando está en condiciones de generar exportaciones y empleo genuino sin ningún tipo de ayudas. Lo único que necesitan esos departamentos es voluntad política y vocación de progreso (25/03/2012, d/p).
- Algunos de los apartados que componen este capítulo han sido publicados en Petz y Schmidt (2014) y Schmidt (2014d, 2012).↵
- Las mismas quedaron simbolizadas en la aprobación de las Leyes Nacionales N° 23.697 de Emergencia Económica (1989), N° 23.696 de Reforma del Estado (1991) y N° 23.928 de Convertibilidad (1991). Por medio del Decreto N° 2.284 de Desregulación Económica (1991), se disolvió a las instituciones que habían regulado la actividad agropecuaria en el país (entre ellos: la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes y el Instituto Forestal Nacional), bajo la premisa de que “una vez eliminadas las intervenciones y regulaciones del comercio exterior e interior no se justifica la existencia de numerosos organismos públicos, creados a partir de la crisis mundial de la década de 1930, que no resultan aptos para la Argentina de los umbrales del Siglo XXI”.↵
- Para un análisis de las consecuencias de la difusión de la soja genéticamente modificada en Argentina, ver Rodríguez (2005). ↵
- Sistema de siembra que consiste en la ausencia de labranzas (“labranza cero”) y en la presencia de una cobertura permanente del suelo, vía cultivos y rastrojos de cultivos anteriores. Al reducir el número de remociones, se conserva la humedad residual y la actividad biológica en el subsuelo, lo cual implica una mayor dependencia del uso de herbicidas y pesticidas (Reboratti, 2007). Actualmente hay 90.000.000 has a nivel mundial trabajadas con éste y otros métodos de agricultura que tienen algún laboreo. De ese total, 45.000.000 has se encuentran en América del Sur, la mitad está distribuida entre Brasil, Paraguay y Uruguay, y la otra mitad en Argentina. En Argentina, se incorpora definitivamente desde mediados de la década de 1990, con una rápida evolución: de menos de 10.000.000 has en la campaña 1999/00 llegó a superar las 25.000.000 has en la campaña 2007/08 (de las cuales 15.000.000 has corresponden al cultivo de soja), representando un 75% del total de la superficie agrícola (http://www.aapresid.org.ar/).↵
- Entre otras cosas, exige que desde el 1 de enero de 2010 todas las naftas y gas oil comercializados en el país deben contener un 5% de biocombustibles (etanol o bioetanol en las naftas y biodiesel en el gas oil). La provincia de Salta adhirió a la misma por medio de la Ley Nº 7.675 (2011).↵
- Para una descripción pormenorizada de la producción de biocombustibles en Argentina, ver Schvarzer y Tavosnanska (2007) y Goldstein y Gutman (2010). Véase Toledo López (2017, 2016) para un análisis de las transformaciones territoriales y narrativas del desarrollo asociadas al caso de la producción de biodiesel en la provincia de Santiago del Estero.↵
- Se estima que hacia el siglo XIX había en el territorio que hoy es Argentina alrededor de 160.000.000 has de bosques, selvas y montes (el 30% de su superficie continental) (Zarrilli, 2008b). Una de las primeras informaciones existentes acerca de la superficie forestal en el país y para cada provincia había sido consignada en un proyecto de ley forestal presentado en la Cámara de Diputados en 1915: 1.067.700 km2 (106.888.400 has) con vocación forestal (sobre una superficie total de 2.949.300 km2, el 38,6% del territorio argentino). Las provincias y/o territorios con mayor proporción de bosques eran Córdoba, Salta, Santiago del Estero, la Rioja, Chaco y Misiones (todas por encima del 80%). Ya se estimaba que en treinta años quedaría reducida a 508.400 km2 (50.840.000 has), al ser sustituidas por el avance de la agricultura y ganadería, por la explotación intensiva de los bosques y afectada por incendios (Devoto, 1935). El CNA del año 1937 ofreció el primer antecedente sobre la superficie efectiva de bosques en Argentina: 37.535.308 has (cerca de un tercio de la superficie estimada un siglo antes).↵
- El Inventario se inició en el año 1997 como un objetivo del Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas de la SAyDS. Para más información, ver: http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=43↵
- Se subdivide en: Chaco Húmedo, Semiárido, Árido y Serrano. En Salta, la porción chaqueña corresponde a la subregión del Chaco Semiárido, la cual cubre la totalidad de los departamentos de Metán, Rosario de la Frontera, Anta y Rivadavia, además de abarcar porciones de los departamentos de San Martín, Orán y La Candelaria.↵
- Se divide en tres subregiones: Selva Pedemontana o de Transición, Selva Montana y Bosque Montano. La primera de ellas corresponde a la zona del “umbral”, epicentro del avance de la frontera agropecuaria en Salta.↵
- Estas transformaciones productivas no son privativas de la porción del Chaco y Yungas pertenecientes a la Argentina, sino que similares procesos se encuentran en Bolivia, Paraguay y Brasil.↵
- El poroto se siembra prácticamente su totalidad en esta región. Se observa una progresiva expansión en el área sembrada hasta fines de la década de 1990, donde alcanza su máximo nivel con 432.000 has a nivel país, correspondiéndole 287.000 has a las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy.↵
- Para un análisis de la producción porotera y los mecanismos de explotación de las economías domésticas, ver Trinchero (2000). Para una caracterización de los productores del núcleo sojero de Anta (origen del capital, trayectorias, estilo de administración, estrategias financiero-productivas), ver Van Dam (2003).↵
- Si bien la información de los CNA 1988 y 2002 se torna desactualizada para dar cuenta de las características productivas de la provincia y los departamentos de referencia (siendo que es en los años recientes cuando las transformaciones se profundizaron), son los datos disponibles y nos permiten señalar las tendencias. Es oportuno apuntar que el CNA 2002 presenta un subregistro de 1.800.000 has con respecto al CNA 1988, de las cuales 500.000 has corresponden al departamento de Oran (Slutzky, 2005). Otro de los problemas del mencionado censo fue el subregistro de los grandes productores: la menor superficie con respecto al año 1988 se explica en un 91% por la menor superficie censada en el estrato de productores de más de 10.000 has, que pasan a tener 1.600.000 has menos en 2002 que en 1988 (Van Dam, 2008). Los datos del CNA 2008 aún no están disponibles en su totalidad y el relevamiento ha sido foco de serias objeciones. Según datos preliminares, la superficie implantada total en primera ocupación para la provincia de Salta sería de 829.334 has (de las cuales 142.342 has corresponden a cereales para granos y 288.083 has a oleaginosas).↵
- En la región, los devastadores impactos derivados de las políticas de ajuste neoliberal tuvieron su máxima expresión en la privatización de YPF y en la movilización y conflictividad social derivados. Sobre las puebladas y cortes de ruta en el norte salteño (años 1997, 1999, 2000 y 2001) y el surgimiento de la UTD de General Mosconi, sugerimos consultar Barbetta y Lapegna (2001), Petz (2010), Svampa y Pereyra (2003) y Wahren (2011). Sobre la masividad y extensión de la protesta social como contracara de la profundidad del proceso de reconversión de las relaciones entre capital y trabajo, sus vínculos con los reclamos indígenas por la tierra y la criminalización, clientelización política y estigmatización social operadas en este contexto por el gobierno salteño, ver Trinchero y Leguizamón (2004).↵
- En marzo de 2012 el gobierno provincial convocó a Licitación pública nacional e internacional para el otorgamiento de permisos de exploración y eventual concesión de explotación de hidrocarburos en distintas áreas “libres” en los departamentos de Rivadavia, Orán, Anta y San Martín. Este proceso licitatorio se realiza en el marco del Plan Energía 2012-2013, en el que se prevé un incremento de la producción energética provincial del 15%. Otra situación a seguir de cerca en el ámbito energético es el impacto en Salta de la Ley Nacional N° 26.741 sancionada en mayo de 2012, a través de la cual se declaró de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF SA y Repsol YPF Gas SA.↵
- http://www.iirsa.org/ En el marco de la conformación de la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR) se establecieron una serie de consejos sectoriales de nivel ministerial que trabajan en diferentes áreas, siendo uno de ellos el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), creado en 2009. En 2011, la IIRSA fue incorporada al mismo como su Foro Técnico, para apoyarlo en la planificación de infraestructura de conectividad regional.↵
- Es la red ferroviaria más extensa del país, con un tendido que abarca catorce provincias y brinda conexiones con Chile y Bolivia.↵
- Se considera población urbana a la que habita en localidades de 2.000 y más habitantes, y población rural a la que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes y a la que se encuentra dispersa en campo abierto.↵
- En Salta, la regulación del uso de agroquímicos está contenida en las Leyes Nº 7.070 de Protección del Medio Ambiente y Nº 7.812 de Protección de la Salud Humana, Regulación, fiscalización, educación e implementación de las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura.↵
- En años recientes, también la población de General Mosconi comenzó a manifestar su preocupación en torno al uso de agroquímicos (Pañuelos en Rebeldía, 2006). Ante los numerosos casos de niños nacidos con malformaciones, han solicitado al hospital zonal una investigación que diera cuenta de la posible conexión con las fumigaciones en los campos de poroto y soja que circundan la ciudad. Ver http://www.copenoa.com.ar/Gral-Mosconi-Piden-investigacion.html↵
- Hijo de Roberto Romero, figura principal del justicialismo salteño, y que fue gobernador de la provincia tras el retorno democrático (1983-1987) y fundador del diario El Tribuno, uno de los principales medios gráficos del norte argentino (Salta, Jujuy y Tucumán).↵
- En oposición a la tendencia nacional y en la mayoría de las provincias, en Salta aumentan las EAPs (con y sin límites definidos) y disminuye su superficie media entre 1988 y 2002. Según datos preliminares, en el CNA 2008 la superficie de las EAPs con límites definidos sería de 4.946.103 has para el total provincial (según estimaciones, la superficie agropecuaria total ascendería a 5.437.760 has). Las EAPs serían un total de 9.645 (6.155 con límites definidos y 3.490 sin límites definidos), disminuyendo en un 6,3% respecto al año 2002.↵
- Si bien la distinción entre tenencia regular e irregular se basa en criterios jurídicos relativos a la posesión o no de títulos o contratos, permitámonos dudar acerca de quiénes o mediante qué mecanismos se ha dilatado o impedido el acceso a la regularización de tierras a población indígena y criolla, y cuáles fueron los procesos históricos que llevaron a tal situación de irregularidad con respecto a la tierra (y que siguen operando en la actualidad a favor de los titulares).↵
- Las “situaciones problemáticas” pueden resumirse como sigue: ocupación de tierras fiscales; ocupación de tierras privadas; campos comuneros; aparcerías precarias; comunidades indígenas; sucesiones indivisas y divisiones condominiales fácticas, y otros casos especiales (productores pobres en áreas naturales protegidas). Para Salta, son especialmente importantes la ocupación de tierras fiscales, la ocupación sin permiso de tierras privadas; las aparcerías precarias; las comunidades indígenas y las sucesiones indivisas (Slutzky, 2008; Van Dam, 2008).↵
- Álvarez y Naharro (2011) realizan un estudio de la reactivación del mercado inmobiliario en el municipio de Ballivián (departamento de San Martín), a través del relevamiento de 62 matrículas catastrales (125.874 has). Concluyen que aproximadamente el 60% ha cambiado de titular desde el año 2005 hasta principios del 2011, al compás del aumento en la superficie para el cultivo de soja. Señalan además que muchas de las transacciones fueron registradas por escribanías del área pampeana, que el 31,8% está titulado a nombre de empresas, que aparecen como Sociedades Anónimas, y que el resto de los titulares son personas físicas (en muchos casos portan el mismo apellido, pudiéndose inferir que son parientes, por lo que se trataría de grupos familiares que tienen unificado el emprendimiento productivo, por más que los títulos de la tierra estén subdivididos).↵
- Van Dam (2003) señala para el caso de Anta que, aunque es difícil conocer los diferentes precios para áreas relativamente homogéneas en calidad, aparentemente a lo largo del primer pulso de expansión agropecuaria (1970 a inicios de 1990) se mantuvieron relativamente estables: hacia 1975, la hectárea de monte costaba entre U$S 100-120, mientras que desmontar una hectárea costaba unos U$S 250 adicionales. Hacia 1978-1980, la tierra con monte llegó a costar entre U$S 200-300/ha, pero en 1983, con el regreso de la democracia, volvió a caer a U$S 130-150/ha. Con la introducción de la siembra directa y la recuperación de los suelos, volvió a tomar auge hacia los años 1997 y 1998, cuando una tierra con monte costaba U$S 600/ha y un campo desmontado entre U$S 1.300-1.500. En años más recientes, Colina et al (2008) señalan que como consecuencia de la alta renta diferencial actual y la demanda existente, el precio ronda las 4.500 U$S/ha en Las Lajitas.↵
- Según información actualizada al año 2016, son 1532 las comunidades indígenas identificadas. Sólo la mitad ha iniciado el proceso de relevamiento (759 comunidades) y sólo 459 comunidades cuentan “con resolución”, que el INAI identifica como relevamientos “culminados” (si bien esto no implica haber accedido a la titularización de las tierras). En noviembre de 2017 vence la prórroga de la norma, cuya nueva extensión está a la espera de ser tratada en el Congreso Nacional tras sucesivas postergaciones.↵
- El Código Civil establece una diferenciación entre “dominio”, “tenencia” y “posesión”. Se es propietario cuando se dispone de un título de la tierra mediante escritura pública de domino, se está inscripto en el registro de propiedad y existe posesión real y efectiva sobre la tierra. Se es tenedor cuando se vive y trabaja en ella pero se reconoce a un tercero como propietario (cuando no hay ánimo de dueño, la tierra es arrendada o se tiene en comodato). Por último, se es poseedor cuando hay ánimo de dueño y se realizan actos posesorios. A pesar de carecer de título de propiedad, tiene derechos de posesión: de autodefensa, de reclamo y de adquisición de las tierras como dueño legítimo mediante juicio de usucapión o prescripción veinteañal (Domínguez, 2009). En los casos de prescripción veinteñal, el usucapiente (el interesado) es quien debe probar en el juicio que ha detentado durante veinte años la posesión continua, ininterrumpida, pacífica y pública del inmueble con ánimo de dueño. Este es el único mecanismo legal para que los pequeños productores puedan acceder a los títulos de propiedad de la tierra que ocupan históricamente, si bien encuentra una serie de obstáculos: es necesario un conocimiento por parte de los productores de los derechos que les otorga la posesión y requiere de capacidad organizativa y económica para poder llevar adelante el proceso legal que esto implica (Sili y Soumolou, 2011).↵
- Un ejemplo en este sentido ha sido el accionar del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tartagal, desde donde en reiteradas oportunidades se han rechazado pedidos de suspensión de órdenes de desalojo contra familias criollas. De acuerdo a un comunicado de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco salteño (APPCHS) de mayo de 2011, su jueza a cargo “no se ha caracterizado en los últimos años por impartir justicia en forma objetiva y ecuánime, todo lo contrario siempre ha mostrado cierto grado de animosidad hacia las familias campesinas y comunidades indígenas, nos llama la atención que ninguno de sus fallos le haya dado la razón a las familias campesinas y a reconocer sus derechos, no por el contrario todos sus fallos siempre fueron a favor de los representantes de las empresas que llegaron a nuestra región a realizar negocios especulativos con nuestras tierras”.↵
- De acuerdo a un informe de la REDAF (2012b), en la región chaqueña se relevaron para el período noviembre 2007-agosto 2011, 248 casos de conflictos sobre tenencia de la tierra y medioambientales (sobre un total de 386 casos identificados) que vulneran los derechos de los pueblos indígenas y/o campesinos. Hay más de 1.500.000 personas afectadas por algún tipo de conflicto y al menos 11.824.660 has involucradas en los mismos. Para profundizar en los aspectos jurídicos e institucionales
del acceso a la tierra en Salta, ver Mioni, Godoy Garraza y Alcoba (2013).↵ - Para ampliar, ver Carrasco (2009), Carrasco y Briones (1996), Gordillo y Leguizamón (2002), Rodríguez y Buliubasich (1994) y Trinchero (2007, 2000). ↵
- Al trazarse el límite entre Salta y Formosa en el año 1909, parte de la colonia Buenaventura quedó situada del lado salteño y los criollos perdieron la validez de la titularidad de sus tierras que les había otorgado el gobierno formoseño, quedando en situación de ocupantes de tierras fiscales (igual condición que los indígenas).↵
- Capitán de navío retirado que gobernó la provincia de Salta durante la dictadura militar (1977-1983) y fue electo en democracia para el período 1991-1995, a través del Partido Renovador por él fundado.↵
- El puente –denominado como un puente “en medio de ningún lugar” (Gordillo y Leguizamón, 2002: 86)– forma parte del proyecto de integración regional conocido como “corredor bioceánico”, que tiene el objetivo de atravesar el Chaco y comunicar con los puertos del Pacífico en Chile y los centros industriales y puertos en el Atlántico. El proyecto se encuentra en la agenda del IIRSA y recién en 2013 comenzaron a ejecutarse las obras de pavimentación y enripiado para la ruta provincial N° 54 con recursos provenientes de la Ley N° 7.691 a través de la cual se creó en 2011 el “Fondo de Reparación Histórica del Norte de la Provincia de Salta”. En referencia a estas obras, el senador salteño Mashur Lapad se mostró optimista acerca de la posibilidad de convertir esa inmensidad de tierras en la “gran huerta del país y de Latinoamérica” (Nuevo Diario, 02/11/2011).↵
- De acuerdo a las tres propuestas presentadas por las tres organizaciones criollas de la zona. El criterio definitivo se aprobó en 8 has/EV (equivalente vaca) con un máximo de 900 has para aquellas familias que superan los 100 EV y un mínimo de 20 has para aquellas familias que no poseen ganado.↵
- En agosto de 2017, la CIDH concedió una nueva prórroga al Estado (hasta el 1 de noviembre) para el cumplimiento del informe (delimitación, demarcación y titulación colectiva del área de las comunidades indígenas y realización de obras para trasladar a las familias criollas, entre las principales obligaciones). En caso de incumplimiento, podría radicarse una denuncia ante la Corte Interamericana.↵
- La empresa es propiedad de Alfredo P. Olmedo, padre de Alfredo H. Olmedo, actual senador nacional por la provincia de Salta. Olmedo Agropecuaria posee 98.000 has en los departamentos de Anta, Metán y Rosario de la Frontera (Salta), Santiago del Estero y Formosa, y arrienda cerca de 10.000 has más en su zona de influencia. Destina la mayor proporción de superficie a la siembra de soja, datos que lo convierten en el mayor productor de soja individual con tierra propia en Argentina.↵
- CRESUD Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (propiedad del holding inmobiliario IRSA) es una de las compañías agropecuarias argentinas líderes en la producción de bienes agropecuarios básicos (producción de granos, carne y leche), con presencia en Brasil y otros países latinoamericanos. En Salta, la empresa posee dos campos: Los Pozos (campo propio de 240.858 has, donde se destinan 50.000 has para ganadería con pasturas tropicales y 6.222 has para agricultura) y Agropecuaria Anta (campo concesionado de 132.000 has: 10.401 has tienen destino agrícola y 11.314 has se arriendan a terceros).↵
- Sancionada en 2010, la norma tiene por fin establecer las condiciones económicas para la explotación de inmuebles rurales de propiedad del Estado Provincial, Entidades Autárquicas o Descentralizadas, Sociedades del Estado, etc. En su artículo Nº 3 señala que la contraprestación a percibir por la provincia no podrá ser inferior al 10% del valor de la producción anual que se obtenga del predio en explotación.↵
- Para una cronología y análisis, ver López et al (2010) y Hufty (2008).↵
- En el informe se sugieren dos alternativas: Recategorización como Reserva de Uso Múltiple (para lo cual deberían implementarse planes de recuperación y manejo de manera urgente, con presencia constante de la SEMADES, así como también sería necesario la gestión y disposición de fondos especiales) o Desafectación de los lotes 32 y 33 de la categoría de Área Protegida, con excepción de la parte Oeste(la mayor parte de esta área se encuentra en la provincia de Jujuy, en litigio por problemas limítrofes).↵
- La empresa Everest comenzó rápidamente a gestionar las solicitudes de desmonte por una superficie de 6.218 has, convocando a una audiencia pública en mayo de 2005.↵
- Aquí es central tener en consideración la tensión entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Recordemos que en el año 2003, asumió Néstor Kirchner a la presidencia con el voto de apenas poco más de un 20% del electorado, luego de haber ganado la contienda electoral –por abandono en la instancia de ballotage– a la fórmula Menem-Romero.↵
- En diciembre de 2014, el Congreso Nacional dio sanción a la Ley Nº 27.093 que crea la Reserva Nacional Pizarro. ↵
