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4 El (des)orden previo al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en la provincia de Salta

La met谩fora del desierto imaginado como desterritorializaci贸n del salvaje, un desierto virtual que deber铆a ser reocupado por las fuerzas del 鈥減rogreso鈥, se transform贸 en desierto real

(Trinchero, 2000: 148, d/p)

En este cap铆tulo, nos detenemos en la caracterizaci贸n del proceso de reconfiguraci贸n territorial y productiva que tuvo lugar en nuestra regi贸n de inter茅s a partir de la d茅cada de 1970. Es la velocidad, la falta de planificaci贸n, regulaci贸n y control, as铆 como la envergadura que cobr贸 el proceso de deforestaci贸n a nivel nacional y regional (en consonancia con el veloz avance de la frontera agropecuaria e hidrocarbur铆fera sobre territorios criollos e ind铆genas) lo que nos lleva a caracterizarlo como 鈥渄esorden鈥. En definitiva, lo que se trat贸 de 鈥渙rdenar鈥 a partir del plan de OTBN fue aquello que las pol铆ticas de desarrollo econ贸mico, agroindustrial y productivo hab铆an 鈥渄esordenado鈥 en las d茅cadas anteriores.[1]

Transformaciones territoriales en el agro argentino desde fines de siglo XX

Las penas y las vaquitas se van par la misma senda.
Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas

(鈥淓l Arriero鈥, Atahualpa Yupanqui)

Para comenzar, nos situamos en la descripci贸n de las transformaciones territoriales de las que fue sede el sector agropecuario a nivel nacional desde las 煤ltimas d茅cadas del siglo XX. En particular, apuntamos a la consolidaci贸n y progresiva profundizaci贸n de un modelo de desarrollo extractivo y con alto impacto sobre la naturaleza y los territorios que han sido sede de los emprendimientos productivos.

Agriculturizaci贸n y sojizaci贸n

Mi tierra te est谩n cambiando,
o te han disfrasa’o que es pior
amalaya que se ruempa
pa’ siempre mi coraz贸n.

Cruz del sur m谩rcame un rumbo
donde esconder mi dolor
dame un 谩rbol solitario
de la pampa en un rinc贸n

(鈥淢i tierra te est谩n cambiando鈥, Atahualpa Yupanqui)

Los cambios en la estructura productiva de la regi贸n latinoamericana no deben dejar de ser enmarcados en el contexto de la reconfiguraci贸n del patr贸n de poder mundial y el nuevo r茅gimen de acumulaci贸n flexible que se evidenci贸 tras la crisis internacional del modelo econ贸mico de posguerra a partir del a帽o 1973. Siguiendo a Harvey (2007, 2003), fueron tiempos de profundizaci贸n de los procesos de 鈥渁cumulaci贸n por desposesi贸n鈥 sobre los recursos naturales y los bienes estatales como modo de afrontar la crisis cr贸nica de sobreacumulaci贸n capitalista, que llevaron a la b煤squeda incesante de nuevos territorios que no hubieran sido a煤n incorporados directamente al proceso de valorizaci贸n capitalista.

En Am茅rica Latina, primero bajo el ala de las dictaduras militares a partir de los a帽os 1970 y con m谩s ah铆nco a partir de la d茅cada de 1990 鈥搒ignada por el neoliberalismo y los preceptos del 鈥淐onsenso de Washington鈥濃 se emprendieron pol铆ticas de reforma y desregulaci贸n estatal, reducci贸n de la inversi贸n p煤blica, flexibilizaci贸n y precarizaci贸n de las relaciones laborales, privatizaci贸n de empresas estatales y 鈥渞ecursos naturales鈥. El nuevo r茅gimen de acumulaci贸n sustentado en la liberalizaci贸n financiera tom贸 forma acabada en Argentina durante las dos presidencias de Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999), a partir de la implementaci贸n de un paquete de pol铆ticas de estabilizaci贸n a nivel macroecon贸mico y reformas estructurales por medio de la introducci贸n de modificaciones en el 谩mbito institucional y legislativo.[2]

En el sector rural, esto se tradujo en la supresi贸n de las barreras impositivas y la apertura indiscriminada a exportaciones e importaciones, as铆 como en la entrada masiva de capitales extranjeros y el retraimiento del Estado en su papel de regulador y formulador de pol铆ticas agr铆colas. Esto fue vehiculizado a partir de la eliminaci贸n de entes nacionales de control y regulaci贸n, la supresi贸n de impuestos a exportaciones y el desmantelamiento y restructuraci贸n de institutos de apoyo al agro (Gras y Hern谩ndez, 2009; Teubal y Rodr铆guez, 2001).

En Argentina, hacia 1970 comenz贸 la introducci贸n en la regi贸n pampeana de nuevas variedades de cereales y oleaginosas, lo que permiti贸 la implementaci贸n de sistemas de doble cultivo anual (en particular, trigo-soja), en detrimento de la hist贸rica alternancia entre agricultura y ganader铆a. El proceso de sojizaci贸n se vio potenciado a partir del a帽o 1996, cuando a trav茅s de la Resoluci贸n N掳 167 de la Secretar铆a de Agricultura, Pesca y Alimentaci贸n se autoriz贸 la producci贸n y comercializaci贸n de la semilla y productos derivados provenientes de la soja RR, tolerante al herbicida glifosato 鈥淩oundup Ready鈥 comercializado por la multinacional Monsanto.[3]

Este 鈥減aquete tecnol贸gico鈥, asociado a la siembra directa, permiti贸 fortalecer el profundo proceso de agriculturizaci贸n de la tierra que ven铆a gest谩ndose en los a帽os previos.[4] El mismo comenz贸 asent谩ndose en la regi贸n pampeana y avanzando por sobre otras tierras productivas por medio del desplazamiento y/o reemplazo de otras actividades agropecuarias (como la cr铆a e invernada de ganado) y de ciertos cultivos tradicionales (algod贸n, frutales etc.). Al mismo tiempo, la introducci贸n de nuevas tecnolog铆as permiti贸 el incremento en los niveles de productividad, a partir del logro de mayores rendimientos por hect谩rea.

Seg煤n estimaciones del Ministerio de Agroindustria de la Naci贸n (MAI) para el total del pa铆s (Gr谩fico N潞 1), en la campa帽a 1970/71 se sembraron 37.700 has de soja, en 1980/81 la cifra se acerc贸 a 2.000.000 has, para en 1990/91 avanzar hacia las 5.000.000 has. Las series muestran el impulso de la producci贸n sojera hacia fines de la d茅cada de 1990, en consonancia con la introducci贸n de la soja RR. Ya hacia la campa帽a 2000/01, la superficie se duplica y supera las 10.000.000 has destinadas a este cultivo, y contin煤a en ascenso, promediando las 20.000.000 has a partir de la campa帽a 2012/13 (m谩s de la mitad del 谩rea agr铆cola). La misma evoluci贸n ascendente puede se帽alarse para el caso de los vol煤menes de producci贸n, que actualmente supera las 40.000.000 tn anuales.

Gr谩fico N潞 1. Total pa铆s. Superficie de BN (has) y Superficie implantada, cosechada (has) y producci贸n (tn) de soja. Campa帽as 1969/70 a 2010/11

Fuente: Elaboraci贸n propia en base a MAI y SAyDS-UMSEF (2007a)

El proceso de expansi贸n de la soja en el pa铆s no fue un caso aislado: a nivel mundial, el 谩rea implantada se duplic贸 en los 煤ltimos treinta a帽os, superando las 80.000.000 has, de las cuales el 70% est谩n ubicadas en Estados Unidos, Brasil y Argentina. Cabe destacarse adem谩s que Argentina es actualmente el primer exportador mundial de aceite y harina de soja, y el tercer productor mundial de soja (en su mayor铆a transg茅nica), despu茅s de Estados Unidos y Brasil, siendo China el principal destino de sus exportaciones. As铆 las cosas, el 鈥渂oom sojero鈥 no es privilegio s贸lo argentino: presenta similares caracter铆sticas y consecuencias (sustituci贸n o desplazamiento de otros cultivos o actividades y reemplazo de bosques u otros h谩bitats naturales por soja) en pa铆ses vecinos como Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En su conjunto, Am茅rica del Sur es la regi贸n que registra el crecimiento m谩s acelerado de la producci贸n de soja a nivel mundial en las 煤ltimas d茅cadas: el 谩rea sembrada con esta oleaginosa aument贸 de poco m谩s de 1.000.000 has en 1970 a 42.750.000 has en el a帽o 2009 (el 44% de la superficie sembrada a nivel mundial, de los cuales el 90% se concentra en Brasil y Argentina) (Catagora-Vargas et al, 2012; Dros, 2004; Ortega, 2010).

Entre los destinos de la soja y sus derivados, cabe mencionar el actual impulso de la producci贸n de biocombustibles (bioetanol, biodiesel y biog谩s, producidos a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos org谩nicos). Esto se vio impulsado a partir de la Ley Nacional N掳 26.093 de R茅gimen de Regulaci贸n y Promoci贸n para la Producci贸n y Uso Sustentable de Biocombustibles[5] del a帽o 2006 que alienta su uso y su producci贸n a partir de incentivos a la inversi贸n. Tambi茅n en el 谩mbito internacional han sido sancionadas normativas similares (por ejemplo, en los pa铆ses de la Uni贸n Europea), por lo que pa铆ses como Argentina se convierten en sus proveedores principales: ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial de productores de biodiesel (elaborado a partir de aceite de soja), luego de la Uni贸n Europea, Estados Unidos y Brasil, y el primer lugar en las exportaciones mundiales. Esto se constituye en una nueva amenaza para la biodiversidad en el pa铆s y tambi茅n para la soberan铆a alimentaria, ya que la producci贸n para energ铆a entra en competencia con la producci贸n de alimentos y tiene como efecto el aumento del precio de los mismos.[6]

Cambios en la estructura agraria y avance de los desmontes

La tierra me daba todo
le daba todo a la tierra
me he quedao sin a quien darle
mi esperanza y mi tristeza.
Nido por el suelo
pajarito vuela
diablo del desmonte
uy uy que no vuelva

(鈥淒esmonte鈥, D煤o Coplanacu)

Algunos de los efectos en la estructura agraria nacional que son deudores de la consolidaci贸n de este modelo productivo pueden se帽alarse a partir de los resultados del Censo Nacional Agropecuario (CNA). Entre el relevamiento realizado en el a帽o 1988 y el del a帽o 2002, se redujo el n煤mero total de Explotaciones Agropecuarias (EAPs) en un 20,8% (de 421.221 a 333.533 has) y aument贸 la superficie media en un 24,9% (de 470 a 587 has). La disminuci贸n en el n煤mero de unidades afecta a las EAPs de menor tama帽o (hasta 500 has), ampli谩ndose la importancia relativa de las unidades mayores (m谩s de 1000 has), las cuales controlan mayores superficies de tierra. Tambi茅n debe se帽alarse el cambio en el r茅gimen de tenencia y formas de acceso a la tierra, en tanto se registra en el per铆odo intercensal un aumento de las superficies bajo arrendamiento: se increment贸 el n煤mero de EAPs con toda su tierra en arrendamiento y tambi茅n aquellas que combinan propiedad y arrendamiento (Gras y Hern谩ndez, 2009; Slutzky, 2008; Teubal, Dom铆nguez y Sabatino, 2005).

En este contexto, el ritmo y cantidad de desmontes se aceler贸 en las 煤ltimas d茅cadas del siglo XX, en comparaci贸n con los registros previos.[7]Hacia el a帽o 1998 鈥搚a iniciada la expansi贸n de la frontera agropecuaria a impulsos de la habilitaci贸n de tierras para el cultivo de soja鈥, el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, elaborado por la por entonces Secretar铆a de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Naci贸n (SAyDS), arroj贸 como resultado que su superficie era de 31.443.873 has (incluye tierras forestales y bosques rurales) (SAyDS, 2005).[8] En 2002 la cifra descend铆a a 30.073.385 has, demostrando una constante p茅rdida de superficie de BN y la existencia de una aceleraci贸n del proceso en las 煤ltimas d茅cadas (la deforestaci贸n anual, de 180.000 has/a帽o en el per铆odo 1987-1998, se increment贸 a 230.000 has/a帽o en 1998-2002), en tanto las estimaciones para el a帽o 2006 (realizadas en base a la tasa de deforestaci贸n preliminar de cinco provincias entre 2002-2006, con un promedio de 267.000 has/a帽o) mostraban su reducci贸n a 29.069.185 has (SAyDS-UMSEF, 2007a) (Gr谩fico N掳 1).

En suma, la 鈥渘ueva agricultura鈥 (Reboratti, 2007) o 鈥渘ueva ruralidad鈥 (Teubal, 2001) de fines de siglo XX, signada por la consolidaci贸n de un modelo extractivo comandado por el agronegocio (Giarraca y Teubal, 2010b), pas贸 a estar caracterizada por una serie de rasgos generales, a saber: la tendencia a la concentraci贸n y centralizaci贸n de los procesos y decisiones productivas (no s贸lo de las tierras); el fortalecimiento del v铆nculo entre producci贸n agropecuaria y centros financieros internacionales; la introducci贸n de nuevos insumos, maquinarias y tecnolog铆as desarrollados e impulsados por grandes empresas multinacionales semilleras y de agroqu铆micos (Monsanto, Novartis, Cargill, por ejemplo); la subordinaci贸n del agro respecto de la producci贸n industrial por medio de procesos de integraci贸n vertical; el avance de la extranjerizaci贸n de empresas en el sistema agroalimentario nacional; la p茅rdida de importancia relativa de las producciones regionales; la producci贸n de commodities para exportaci贸n en desmedro de la producci贸n de alimentos para el mercado interno; y las nuevas modalidades de organizaci贸n de la producci贸n (pools de siembra y fondos de inversi贸n). Todo esto ha coadyuvado a la p茅rdida de soberan铆a alimentaria; la creciente dependencia y merma de autonom铆a por parte de los medianos y peque帽os productores con respecto a los insumos y tecnolog铆as y en su capacidad de negociaci贸n y decisi贸n en el proceso productivo; la reducci贸n del empleo rural y el aumento de la migraci贸n hacia zonas urbanas y periurbanas; la p茅rdida de biodiversidad, degradaci贸n de suelos e incorporaci贸n de nuevas tierras a fuerza de desmontes y desalojos; la proliferaci贸n de problemas de salud como consecuencia de la utilizaci贸n masiva de pesticidas y fertilizantes; la emergencia de nuevos actores y la expulsi贸n o desaparici贸n de otros: una 鈥渁gricultura sin agricultores鈥 (Gras y Hern谩ndez, 2009; Reboratti, 2010, 2007; Teubal y Rodr铆guez, 2001; Teubal, Dom铆nguez y Sabatino, 2005).

Todo esto ha asumido caracter铆sticas diferenciales en la regi贸n chaque帽a, en tierras antes consideradas como marginales para el modelo agroindustrial pampeano, acarreando consecuencias tales como el avance sobre los BN, el arrinconamiento de poblaci贸n originaria y de peque帽os productores y las crecientes disputas en torno al control de la tierra y el cuidado del ambiente. En adelante, exploraremos esto.

Avance de la frontera agropecuaria (驴civilizatoria?) En el este salte帽o: de 鈥渄esierto verde鈥 a desierto verde

Ahora, si la soja es la octava maravilla del mundo hoy para este pa铆s y es el milagro argentino que todos dicen y que los agricultores se levantan mirando el mercado de Chicago donde se la cotiza parece ser que es malo!, que no hay que expandir desde estas bancas la frontera productiva de esa legumbre! Ahora vayan a preguntarles a los agricultores!

(Palabras del diputado salte帽o Godoy durante el debate legislativo para la desafectaci贸n de la Reserva General Pizarro en Salta, 17/03/2004, d/p)

Como fuera descripto, en una primera etapa, la reestructuraci贸n del sector agrario oper贸 sobre la regi贸n pampeana. Con el correr de los a帽os, comenz贸 a avanzar hacia el norte del pa铆s, en particular sobre tierras que fueron 鈥渁biertas a la producci贸n鈥 por medio de la deforestaci贸n masiva. En este apartado, nos proponemos caracterizar las transformaciones que la expansi贸n de la frontera agropecuaria supuso en la regi贸n chaque帽a en general y en la provincia de Salta en particular.

Pampeanizaci贸n del chaco o la nueva pampa h煤meda

El Norte Grande tiene un gran potencial, para convertir a esta Regi贸n en una nueva 鈥淧ampa H煤meda鈥, con inversiones en irrigaci贸n para el desarrollo agr铆cola, ganadero y forestal, de manera de producir alimentos a un costo razonable y para que la actividad forestal sustentable sea una fuente de ingreso enorme y una gran reserva para el futuro

(Discurso del gobernador Romero en el V Encuentro de la Zona de Integraci贸n del Centro Oeste Sudamericano, 14/06/2002, d/p)

El proceso de valorizaci贸n territorial impulsado por el desarrollo capitalista en el este salte帽o se vertebr贸 principalmente en torno a los ingenios azucareros, la producci贸n hidrocarbur铆fera y la extracci贸n forestal de tipo 鈥渕inera鈥, y gran parte del territorio permaneci贸 relativamente ajeno al desembarco directo de las l贸gicas de acumulaci贸n, siendo usufructuado por grupos ind铆genas y criollos. Sobre este contexto econ贸mico-ambiental, encontr谩ndose el bosque fuertemente degradado por el sobrepastoreo ganadero, la explotaci贸n forestal irracional y la producci贸n de hidrocarburos, hacia fines del siglo XX vino a sumarse el frente agropecuario.

La conjunci贸n de avances tecnol贸gicos y nuevas variedades en los cultivos resistentes a suelos 谩ridos, el bajo costo de las tierras y del desmonte y su potencial productividad para la agricultura, favorecido por un ciclo h煤medo (el corrimiento hacia el oeste de las isohietas de precipitaci贸n media anual) y por el alto precio de algunos commodities, fue permitiendo el movimiento progresivo del l铆mite de los cultivos de secano hacia la regi贸n conocida como el 鈥淯mbral al Chaco鈥. Se trata de una franja de unos 40 km de ancho que se extiende de norte a sur entre la frontera con Bolivia y el l铆mite norte de Catamarca (a lo largo del eje de las rutas N掳 34 y 5) y se conforma como una zona de transici贸n (ecotono) entre las Yungas y el Chaco (Audero y Le贸n, 1996; Cafferata, 1988; Le贸n, Prudkin y Reboratti, 1986; Paruelo et al, 2004; Prudkin, 1997; Reboratti, 1996a; Slutzky, 2005).

El Gran Chaco Americano es el tercer territorio biogeogr谩fico y morfoestructural de Am茅rica Latina (luego del Amazonas y el Sistema Sab谩nico Sudamericano), la segunda 谩rea boscosa del continente (luego del Amazonas) y la primera en fisonom铆as forestales de madera dura y muy dura. Ocupa una superficie aproximada de 1.000.000 km2 y comprende porciones de Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina, la cual representa el 58% de su superficie total (600.000 km2). El Chaco argentino (conocido tambi茅n como regi贸n chaque帽a, llanura chaque帽a y/o parque chaque帽o) comprende la totalidad de las provincias de Formosa, Chaco y Santiago del Estero, norte de Santa Fe y San Luis, este de Salta, Jujuy, Tucum谩n, Catamarca, San Juan y La Rioja, y noroeste de C贸rdoba y Corrientes. Ocupa el 22% de la superficie continental del pa铆s (es su regi贸n forestal m谩s extensa y la tercera en riqueza bi贸tica despu茅s de las Yungas y la Selva paranaense), abarcando una superficie total de 67.641.108 has, de las cuales 21.705.506 has son BN (el 69% del total nacional) (SAyDS, 2005).[9]

Por su parte, la regi贸n de la Selva Tucumano Boliviana o Yungas se extiende en Argentina desde el l铆mite con Bolivia, y cubre partes de las provincias de Salta, Jujuy, Tucum谩n y Catamarca. Constituye una franja discontinua a lo largo de la Cordillera Oriental, Sierras Subandinas o Sierras Pampeanas, sobre las laderas orientales de las mismas. Ocupa en Argentina una superficie de 5.476.394 has, de las cuales 3.732.985 has corresponden a BN (11,8% del total nacional) (SAyDS, 2005).[10]

Se trata de las regiones que m谩s afectadas se han visto por los cambios en el uso de la tierra ligados a la habilitaci贸n de superficies para la producci贸n agr铆cola y ganadera.[11]En el per铆odo 1977-2010, las 谩reas transformadas para la totalidad de la regi贸n chaque帽a crecieron del 7,6% al 22,6%, alcanzando las 11.476.357 has bajo producci贸n agr铆cola (Ad谩moli, Ginzburg y Torrela, 2011). En conjunto, las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero sextuplicaron su producci贸n de cereales y oleaginosas entre las campa帽as 1990/91 y 2006/07, pasando de 1.200.000 tn a 7.700.000 tn. Al igual que en el resto del pa铆s, la soja tuvo un papel preponderante, pasando de representar el 35% de la producci贸n total hasta llegar al 77% (Ad谩moli, Torrela y Ginzburg, 2008). De acuerdo a Paruelo y Oesterheld (2004), en la ecorregi贸n chaque帽a de Argentina la superficie agr铆cola aument贸 un 70% entre los a帽os 1988 y 2002 (de 2.500.000 has a 4.300.000 has), cifra que representa la incorporaci贸n a la agricultura de casi 120.000 has por a帽o. Entre los cuatro polos agr铆colas principales en los que se concentr贸 este cambio en el uso del suelo, dos corresponden a la provincia de Salta: el noreste (Tartagal) y el sudeste (Las Lajitas).

Slutzky (2005) se帽ala que en Salta se combinaron un desarrollo agr铆cola intensivo y extensivo en simult谩neo. Se trata de la expansi贸n de una frontera de nuevo tipo, impulsada por la gran empresa agropecuaria, con basamento en la siguiente ecuaci贸n: tierras baratas (en relaci贸n a su rentabilidad potencial), tecnolog铆a agresiva, recursos ambientales inestables y altos precios de los productos. Esto redund贸 en una r谩pida capitalizaci贸n y amortizaci贸n de los costos, pero tambi茅n en una fuerte destrucci贸n de la base natural productiva (Reboratti, 1996a, 1992). El proceso de incorporaci贸n de tierras chaque帽as a la producci贸n agropecuaria ha sido denominado como la 鈥減ampeanizaci贸n del Chaco鈥: la importaci贸n del sistema de manejo pampeano (de capitalizaci贸n creciente, ahorrativo en mano de obra e intensivo en insumos, maquinaria e infraestructura, dinamizada por grandes productores) sobre regiones subtropicales que tienen otras funciones productivas y otras caracter铆sticas ecol贸gicas y sociodemogr谩ficas. Se trata de un modelo exitoso y rentable en el corto plazo, en perjuicio de las externalidades en el largo plazo: p茅rdidas de rendimiento y fertilidad de los suelos, aumento en los procesos de degradaci贸n y erosi贸n, p茅rdida de biodiversidad y contaminaci贸n, entre otras consecuencias (Morello y Pengue, 2007; Pengue, 2009; Prudkin, 1997; Reboratti, 1996b; Slutzky, 2005; Trinchero, 2000, 2007).

Este ciclo expansivo de la frontera agropecuaria hacia el este provincial fue impulsado por la producci贸n de poroto promediando la d茅cada de 1960, proveniente de los departamentos del sur de Salta (Rosario de la Frontera, Metan y La Candelaria).[12]La llegada de inversiones fue favorecida por la promulgaci贸n de la Ley Nacional N掳 22.211 de Promoci贸n Agropecuaria en Tierras Rurales de Baja Productividad sancionada en el a帽o 1980, a trav茅s de la cual se otorgaron ventajas impositivas y crediticias. En las d茅cadas posteriores, la expansi贸n agr铆cola se fue extendiendo hacia los departamentos de Anta y San Mart铆n. En un primer momento, fue comandada por capitales locales o regionales (con o sin tradici贸n agr铆cola) atra铆dos por las posibilidades de alta rentabilidad, para luego hacer aparici贸n los grandes productores e inversores extra regionales y empresas extranjeras, en tierras propias y/o arrendadas (Le贸n, Prudkin y Reboratti, 1986; Prudkin, 1997; Reboratti, 1996a; Slutzky, 2005).[13]

Espec铆ficamente, la soja hab铆a comenzado su expansi贸n hacia el norte en la provincia de Tucum谩n en la d茅cada de 1960. En Salta, su cultivo presenta un fuerte incremento desde la d茅cada de 1990, impulsado por los precios internacionales y la introducci贸n de variedades transg茅nicas unidas a las ventajas iniciales asociadas al sistema de siembra directa: disminuci贸n del riesgo clim谩tico, recuperaci贸n de los suelos, simplificaci贸n del proceso productivo, abaratamiento de los costos, etc. (Van Dam, 2003).

Previo al an谩lisis de la definitiva introducci贸n de la soja en Salta en la 煤ltima d茅cada, los registros de los CNA nos permitir谩n dar cuenta de la evoluci贸n en el uso del suelo en la provincia, ampliamente liderado por esta oleaginosa (Cuadro N潞 1).[14]

Cuadro N潞 1. Provincia de Salta y departamentos de Anta, San Mart铆n y Rivadavia. Evoluci贸n del uso del suelo (has). A帽os 1988 y 2002

CNA

Total provincia

Anta

San Mart铆n

Rivadavia

Superficie implantada*

1988

449.486,00

119.539,40

45.623,50

25,1

2002

637.397,00

302.595,50

90.500,40

427,5

v% 88-02

41,8

153,1

98,4

1.603,20

Superficie implantada Cultivos anuales

1988

329.738,00

96.165,80

39.898,80

1,5

2002

481.773,50

236.139,70

78.107,60

v% 88-02

46,1

145,6

95,8

-100

Superficie implantada Oleaginosas

1988

98.691,80

56.764,50

10.934,10

2002

233.743,90

129.298,70

30.378,90

v% 88-02

136,8

127,8

177,8

Superficie implantada Soja

1988

94.192,00

54.362,00

9.819,00

2002

210.035,10

109.795,10

26.417,00

v% 88-02

123

102

169

Superficie implantada Cereales para grano

1988

70.445,90

14.550,80

3.166,20

1,5

2002

126.643,50

91.892,90

3.736,30

v% 88-02

79,8

531,5

18

Superficie implantada Trigo

1988

3.203,50

1.970,00

2002

70.891,60

63.114,70

100

v% 88-02

2.112,90

3.103,80

Superficie implantada Ma铆z

1988

55.483,90

9.610,80

3.014,20

1,5

2002

52.684,60

28.001,20

2.965,80

v% 88-02

-5

191,4

-1,6

-100

Superficie implantada Legumbres

1988

146.656,70

24.475,50

25.798,50

2002

105.414,50

9.643,10

47.954,30

v% 88-02

-28,1

-60,6

85,9

Superficie implantada Forrajeras perennes

1988

37.596,00

15.813,00

2.830,00

20

2002

102.445,50

58.322,70

5.773,50

405,5

v% 88-02

172,5

268,8

104

1.927,50

Superficie implantada Gatton panic

1988

11.520,50

7.383,50

2.815,00

2002

73.556,20

50.250,70

5.445,50

264

v% 88-02

538,5

580,6

93,4

Superficie Bosques y/o montes

1988

3.718.943,30

984.533,70

559.558,00

83.087,90

2002

2.190.922,20

650.691,10

372.956,60

191.879,50

v% 88-02

-41,1

-33,9

-33,3

130,9

Superficie Apta no utilizada

1988

114.110,50

17.798,90

15.447,60

3.139,00

2002

135.465,00

10.518,70

6.049,80

v% 88-02

18,7

-40,9

-60,8

-100

* En todos los casos, se toma el dato de superficie implantada en 1ra ocupaci贸n.

Fuente: Elaboraci贸n propia en base a CNA 1988 y 2002

Para el a帽o 2002, la superficie implantada en el total provincial alcanz贸 un total de 637.397 has, de las cuales los cultivos anuales y las forrajeras perennes representan el 91,7% (75,6% y 16,1% respectivamente). Entre los cultivos anuales, las oleaginosas presentan un aumento del 136,8%, siendo la superficie implantada con soja el 89,8% de esa superficie (210.035,1 has por sobre 233.743,9 has). Se evidencia asimismo un incremento en la superficie implantada con cereales para grano (especialmente impulsada por el cultivo de trigo, con una incorporaci贸n de 61.144,7 has en Anta) y un fuerte aumento de las forrajeras perennes, lideradas por el gatton panic, que presenta incrementos superiores al 500% en el total provincial y en Anta para el per铆odo considerado. La expansi贸n en las superficies forrajeras est谩 estrechamente vinculada al avance de la actividad ganadera en la regi贸n, como resultado de su desplazamiento desde las 谩reas ganaderas tradicionales de la regi贸n pampeana.

El departamento de Anta (principal polo sojero provincial), representa para el a帽o 2002 cerca del 50% de la superficie implantada en el total provincial, con similares proporciones en el caso de los cultivos anuales, oleaginosas y soja. El trigo y el gatton panic implantados en suelo ante帽o representan el 89% y el 68,3 respectivamente de la superficie destinada a estos usos en Salta. El departamento de San Mart铆n presenta aumentos en las superficies implantadas para todos los cultivos (excepto el ma铆z), lo que es indicativo del proceso de transformaci贸n en el uso del suelo a partir de su incorporaci贸n a la producci贸n agropecuaria. Por su parte, el departamento de Rivadavia en el a帽o 2002 comienza una incipiente incorporaci贸n de su superficie implantada, sustentada en su mayor铆a en el cultivo de forrajes, lo cual es un indicio del avance de los sistemas ganaderos hacia el este provincial.

Estas tendencias en las transformaciones de la producci贸n agropecuaria a nivel provincial y departamental se agudizar铆an en los a帽os siguientes (Gr谩fico N潞 2). Con respecto a la soja, la superficie destinada a este cultivo se presenta en franco aumento en los a帽os posteriores a 2002. A comienzos de la d茅cada de 1990, esta oleaginosa rondaba las 100.000 has, y en la campa帽a 1998/99 alcanz贸 al poroto (principal cultivo provincial hasta ese momento). A partir de entonces, la soja pas贸 a ser el principal cultivo en la provincia y presenta un permanente ascenso en las superficies implantadas y cosechadas (en la campa帽a 2010/11 asciende a 599.515 has), mientras que el poroto se estabiliza y mantiene la superficie.

Desde el a帽o 2005, las forrajeras desplazaron al poroto como segundo cultivo y se acercan cada vez m谩s a la soja 鈥揷uya superficie comienza a estabilizarse y a verse restringida su expansi贸n hacia nuevos suelos con menores aptitudes agron贸micas, si bien la introducci贸n de nuevas variedades en cultivos transg茅nicos resistentes al stress h铆drico podr铆an implicar la ampliaci贸n de la frontera agr铆cola hacia estas tierras鈥, convirti茅ndose en el actual dinamizador del avance de la frontera agropecuaria hacia las zonas m谩s 谩ridas del este provincial (Ad谩moli, Ginzburg y Torrela, 2011).

Gr谩fico N潞 2. Provincia de Salta. Stock de ganado bovino (cabezas) y Superficie cosechada con ma铆z, poroto seco, soja y trigo (has). Campa帽as 1969/70 a 2010/11

Fuente: Elaboraci贸n propia en base a MAI y Audero y Le贸n (1996)

Como consecuencia, podemos se帽alar una doble presi贸n sobre el ambiente del Chaco semi谩rido: por un lado, el avance de los desmontes para agricultura en las zonas con registros h铆dricos y suelos m谩s favorables; y por el otro, el avance de la ganader铆a empresarial sobre las zonas a煤n consideradas marginales para la agricultura (Colina et al, 2008). De acuerdo con Azcuy Ameghino y Ortega (2010), no consiste en un mero traslado de animales y modalidades productivas desde la pampa h煤meda, sino que implica el desarrollo de una 鈥渘ueva ganader铆a鈥, asentada sobre la combinaci贸n de una gen茅tica adaptada a los distintos escenarios agroecol贸gicos con la implantaci贸n de pasturas artificiales, lo cual implica el desplazamiento de la tradicional ganader铆a extensiva realizada por los productores criollos.

Evoluci贸n de las habilitaciones productivas (desmontes) y los aprovechamientos forestales

El 谩rbol fue una mano cazadora de nubes

vanamente tendida contra el d铆a lejano;

te andaban por los dedos lagartos minuciosos

buscando entre las hojas un oscuro recuerdo.

Lo tiraron con hachas y le abrieron el pecho

con ganchos y canciones y saliva en las manos;

la copa descansaba con la oreja en el suelo

envuelta en su llovizna de sapitos morados.

Fue el pino, fue el omb煤, fue el violeta eucalipto,

el 谩lamo de leche y el dolorido sauce.

Los pasaban de noche por la sierra y el hacha

para burlar las aves y el recuento del bosque.

(En el hueco del aire restaban mariposas

buscando infatigables el lugar de las hojas;

cu谩ntos d铆as anduvo dolido el saltamontes

y anidaron los p谩jaros en la imagen ausente.)

(Salvo el crep煤sculo, 鈥淭ala鈥, Julio Cort谩zar)

Como corolario de estas transformaciones en el uso del suelo, Salta arroja tasas de deforestaci贸n anual en aumento, acompa帽ando la tendencia a nivel pa铆s. No olvidemos que es la provincia con mayor superficie remanente de BN en Argentina 鈥搖n total de 6.200.000 has a diciembre de 2009 (el 24,6% del total nacional)鈥, a la vez que es la segunda provincia, luego de Santiago del Estero, en p茅rdida de recursos forestales nativos (m谩s de 600.000 has) en el per铆odo 1998-2006 (Somma et al, 2011; SAyDS-UMSEF, 2007a).

De acuerdo聽con informaci贸n generada por la Estaci贸n Experimental Agropecuaria Salta del Instituto Nacional de Tecnolog铆a Agropecuaria (INTA), en los 煤ltimos treinta a帽os se desmontaron en la provincia el 26% del total de bosques existentes a fines de los a帽os 1970: de las 5.960.000 has registradas en 1977, en 2008 restaban 4.409.400 has. Se distinguen tres etapas: los primeros veinte a帽os (hasta 1997) muestran un desmonte que avanz贸 de manera constante a una tasa cercana al 0,45% anual. A partir de ese momento (ya autorizada la soja RR) comienza a sufrir variaciones err谩ticas hasta fines de 2001. Con la devaluaci贸n de la moneda nacional en el a帽o 2002, se impulsa la actividad agropecuaria y se acelera el proceso de desmonte. Entre 2001 y 2007 la deforestaci贸n se concentr贸 en cuatro departamentos que acumulan el 88% del total registrado en ese per铆odo: Anta (296.000 has), San Mart铆n (116.200 has), Rivadavia (67.650 has) y Or谩n (45.500 has). A fines de 2007 se registra el valor m谩s alto, con una tasa de desmonte de 2,1% anual (Paruelo et al, 2009).

En el a帽o 1998 la provincia contaba con una superficie de BN de 7.156.168 has, y en 2002 茅sta hab铆a descendido a 6.931.705 has (4.660.629 has de Parque Chaque帽o y 2.271.076 has de Yungas). En Salta, la tasa de deforestaci贸n anual del Parque Chaque帽o asciende de valores de -0,6 en el per铆odo 1984-1991, hasta valores de -1,17 en el per铆odo 1997-2001. En la regi贸n de Selva Tucumano Boliviana, la tasa pasa de -1,62 en el per铆odo 1984-1991 hacia valores pr贸ximos a -3 en los per铆odos 1991-1997 y 1997-2001. En el lapso 2002-2006, en la provincia se deforestaron 414.934 has: la desaparici贸n de masa boscosa fue un 113,45% mayor que en el per铆odo 1998-2002, y la tasa de deforestaci贸n aument贸 a un ritmo de -1,54% has por a帽o, alcanzando la provincia una superficie de 6.516.771 has de BN (SAyDS-UMSEF, 2007ayb, 2004a,byc).

En consonancia con la tendencia se帽alada, los 煤ltimos a帽os se ha experimentado una aceleraci贸n de las solicitudes y autorizaciones de desmontes. Tomando en consideraci贸n las gestiones realizadas ante la por entonces Secretar铆a de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta (SEMADES) en el per铆odo septiembre 2004-diciembre 2007, los departamentos de Anta, Or谩n, Rivadavia y San Mart铆n contabilizaron el 91,6% (740.716 has) de las solicitudes, en manos de un reducido grupo de grandes proponentes (Leake y de Ec贸nomo, 2008). Los pedidos de habilitaciones productivas con fines ganaderos son los que toman cada vez mayor relevancia 鈥搇a superficie autorizada para el total provincial aumenta de 6.224 has en el a帽o 2002 a 285.983,3 has en 2007鈥, lo cual estar铆a dando cuenta del progresivo corrimiento de la frontera agropecuaria hacia el este, hacia las tierras de menor vocaci贸n agr铆cola pero que se presentan aptas para el desarrollo de emprendimientos ganaderos (o mixtos).

Esto puede ejemplificarse a partir de las solicitudes efectuadas en el per铆odo 2004-2007 en los departamentos de referencia (Gr谩fico N潞 3): tanto en Anta como en San Mart铆n aumentan los planteos mixtos y ganaderos, al tiempo que las habilitaciones con fines agr铆colas se mantienen y/o disminuyen progresivamente. Por su parte, el departamento Rivadavia comienza una escalada en las solicitudes de habilitaciones para actividades ganaderas.

Gr谩fico N潞 3. Departamentos de Rivadavia, San Mart铆n y Anta. Habilitaci贸n de desmontes para actividades productivas (has), seg煤n tipo de solicitud. A帽os 2004-2007

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Fuente: Elaboraci贸n propia en base a SPA-MAyDSS

A pesar de que la expansi贸n de tierras con destino agr铆cola y/o ganadero es la principal causa de deforestaci贸n, no debemos desconocer adem谩s la degradaci贸n de las masas forestales remanentes, sobre la cual se argumentan y justifican los desmontes. Una de las causas de esta degradaci贸n (adem谩s del accionar del ganado vacuno) se vincula con las d茅cadas de desmanejo forestal que pesan sobre estos bosques, y que han llevado a que la gran mayor铆a de las superficies de bosques remanentes se encuentren empobrecidas. Aunque ha perdido su auge inicial, en la actualidad sigue existiendo actividad forestal en la zona, evidenci谩ndose una nueva campa帽a extractiva ligada al avance de los desmontes: por un lado, la degradaci贸n en la que se encuentran los bosques es un factor que legitima la propuesta de desmontar para fines agropecuarios, y por el otro, la progresiva eliminaci贸n del bosque lleva a una explotaci贸n intensificada de los recursos remanentes (Leake, 2008).

En Salta, hay aproximadamente entre 10.000 y 15.000 has dedicadas a planes de aprovechamiento forestal por a帽o, y los departamentos de Or谩n y San Mart铆n concentran casi la totalidad de la actividad provincial. Se extraen maderas de m谩s de cincuenta especies nativas (cebil, cedro, lapacho, quebracho blanco y colorado, quina, palo blanco y amarillo, palo santo y urundel, entre las principales) y de cuatro especies cultivadas (en especial, pino y eucaliptus). La actividad est谩 caracterizada en su gran mayor铆a por su atraso tecnol贸gico, car谩cter selectivo en funci贸n de la demanda y de su abundancia, baja productividad, escaso valor agregado a sus productos y no aplicaci贸n de planes de manejo a largo plazo: 鈥渦na explotaci贸n sin criterios t茅cnicos silv铆colas o manejo forestal es pr谩cticamente lo mismo que decir sobrexplotaci贸n o tala indiscriminada鈥 (Minetti, 2010: 12). Si bien es una superficie minoritaria en relaci贸n a las tierras con destino agropecuario y el valor del producto bruto forestal es muy inferior en comparaci贸n con la renta generada por la producci贸n hidrocarbur铆fera y agropecuaria, cabe resaltarse una diferencia respecto de estas actividades: a pesar de su informalidad, precariedad y del car谩cter estacional de la actividad (la cosecha de maderas se realiza en el per铆odo seco o sin lluvias, desde mayo hasta noviembre), obedece mayoritariamente a intereses regionales y contribuye a la din谩mica socioecon贸mica local.

De modo complementario, los desmontes llevados a cabo por las empresas agropecuarias 鈥搒i bien atentan contra la existencia del recurso鈥 se han convertido en una de las principales fuentes de materia prima en el contexto de escasez y baja oferta maderera. Tambi茅n la infraestructura caminera generada por el simultaneo despliegue de la actividad hidrocarbur铆fera (desde picadas de exploraci贸n hasta caminos consolidados de excelente calidad) contribuyen al acceso y movimiento de los madereros dentro del bosque (Minetti, 2010), a partir delo cual el cuadro regional se ve complejizado.

La frontera hidrocarbur铆fera tambi茅n avanza

Milagro en la jungla amaz贸nica: en el a帽o 1967, un gran chorro de petr贸leo brot贸 del Lago Agrio.

A partir de entonces, la empresa Texaco se sent贸 a la mesa, servilleta al cuello y tenedor en mano, se hart贸 de engullir petr贸leo y gas durante un cuarto de siglo, y cag贸 sobre la selva ecuatoriana setenta y siete mil millones de litros de veneno.

Los ind铆genas no conoc铆an la palabra contaminaci贸n. La aprendieron cuando los peces mor铆an panza arriba en los r铆os, las lagunas se volv铆an saladas, se secaban los arboles de las orillas, los animales hu铆an, la tierra ya no daba frutos y la gente nac铆a enferma.

Varios presidentes de Ecuador, todos ellos a salvo de cualquier sospecha, colaboraron en la tarea, que fue desinteresadamente aplaudida por los publicistas que la exaltaron, los periodistas que la decoraron, los abogados que la defendieron, los expertos que la justificaron y los cient铆ficos que la absolvieron

(Los hijos de los d铆as, 鈥淢arzo 29: Aqu铆 hubo una selva鈥, Eduardo Galeano)

La explotaci贸n de hidrocarburos tuvo un acto aparte a partir de la privatizaci贸n de la petrolera estatal. El proceso de reestructuraci贸n, reorganizaci贸n laboral y privatizaci贸n de YPF fue implementado desde comienzos de la d茅cada de 1990 (en 1992 la Ley N掳 24.145 estableci贸 la federalizaci贸n de los hidrocarburos e instituy贸 los pasos a seguir para la privatizaci贸n de YPF) y finalizado en 1999: ese a帽o, la empresa Repsol compr贸 el 98,2% de las acciones, posicion谩ndose como una de las empresas de hidrocarburos m谩s importantes en cuanto a presencia regional en Am茅rica Latina. Desde entonces, sobrevino la desarticulaci贸n de la 鈥渢erritorialidad ypefiana鈥, con consecuencias devastadoras para la poblaci贸n y la econom铆a local, que derivaron en una alta conflictividad social.[15]

La actividad pas贸 a estar dirigida casi en su totalidad por empresas transnacionales (Refinor, Pluspetrol, Tecpetrol, Petrobras y Pan American Energy, entre otras) y supuso un aumento en los niveles de inversi贸n, la incorporaci贸n de reservas, la construcci贸n de nuevas plantas y complejos hidrocarbur铆feros, y el ascenso en los niveles de producci贸n y las regal铆as de gas y petr贸leo (si bien en gran medida financiado por las inversiones y exploraciones que se hab铆an realizado en tiempos de YPF). El destino de la producci贸n fue reorientado: de cubrir el mercado interno pasando por procesos que le agregaban valor, pas贸 a ser una producci贸n pr谩cticamente primaria y con destino exportador (Trinchero y Leguizam贸n, 2004; Wahren, 2011).

Se observan una gran cantidad de emprendimientos energ茅ticos (gasoductos, oleoductos, permisos de exploraci贸n, concesiones y lotes de explotaci贸n, yacimientos, pozos y venteos de gas) ligados a la producci贸n hidrocarbur铆fera que se emplazan en los departamentos de inter茅s. Salta es la segunda provincia productora de gas (adem谩s de ser la puerta de entrada del gas boliviano y la proveedora de la regi贸n norte de Chile) y la octava de crudo en el pa铆s. Seg煤n datos de la Secretar铆a de Energ铆a de la Naci贸n para el a帽o 2009, la Cuenca Noroeste (que incluye yacimientos en las provincias de Formosa y Jujuy), tiene reservas comprobadas por 7.290 Mm3 de petr贸leo y 61.845 Mmm3 de gas, de las cuales 6.224 Mm3 de petr贸leo y 61.594 Mmm3 de gas corresponden a Salta, siendo 茅sta la principal provincia productora de hidrocarburos del norte argentino.

A partir de la sanci贸n de la Ley Nacional N潞 26.197 en el a帽o 2006, la provincia dio impulso a la expansi贸n de la industria hidrocarbur铆fera m谩s all谩 del departamento de San Mart铆n (donde hist贸ricamente se hab铆a desarrollado la actividad) a trav茅s de un proceso paulatino de licitaci贸n de 谩reas. En la primera ronda licitatoria, llevada a cabo ese mismo a帽o, estaban contempladas seis 谩reas (Tartagal Oriental, Hickmann, Chirete, Morillo, La Uni贸n y Malvalay) para exploraci贸n y eventual explotaci贸n. En 2007, una segunda ronda licitatoria incluy贸 once 谩reas (R铆o Colorado, Rivadavia, Joaqu铆n V. Gonz谩lez, G眉emes, Met谩n, Rosario de la Frontera, Valle de Lerma, Valles Calchaqu铆es, Cobres, Arizaro y La Uni贸n, esta 煤ltima sin adjudicatarios en la primera ronda). Hacia fines de 2009, fue concesionada el 谩rea de Or谩n, frontera con Bolivia, en una tercera ronda. Al a帽o 2010, hab铆an sido adjudicadas 28 nuevas 谩reas dentro de tierras ind铆genas y criollas.[16]

En suma, la exploraci贸n y explotaci贸n de hidrocarburos es una fuente simult谩nea de alteraci贸n y degradaci贸n ambiental, a trav茅s de los desmontes provocados por la apertura de picadas y locaciones (superficies de 300 a 350 m2 que son limpiadas de vegetaci贸n y niveladas para la posterior perforaci贸n de pozos de exploraci贸n o producci贸n), que se suman a la infraestructura propia del desenvolvimiento de la actividad (tanques de almacenamiento, gasoductos, oleoductos, l铆neas de conducci贸n, etc.). La expansi贸n de la producci贸n hidrocarbur铆fera no se limita a la apertura de nuevas 谩reas de exploraci贸n y explotaci贸n, sino que tambi茅n supone otros avances sobre los territorios.

Esto nos remite, por ejemplo, al tendido de gasoductos (un total de once en todo el pa铆s desde fines de la d茅cada de 1990): en Salta, en 1999 se inaugur贸 el gasoducto de Atacama y en 2000 el gasoducto Norandino. En a帽os recientes, los nuevos gasoductos tienen como objetivo el abastecimiento de las industrias locales que producen para el mercado externo (agroindustrias y miner铆a, principalmente): en el a帽o 2007 inici贸 sus actividades el gasoducto de la Puna (鈥渕inero鈥) como resultado de la prolongaci贸n del Atacama, y en 2009 se inaugur贸 el gasoducto de Anta (鈥渢abacalero鈥). Estos ductos atraviesan comunidades ind铆genas y puestos criollos (que no acceden a la red, dado que tiene otros destinatarios), y surcan tambi茅n 谩reas ambientalmente cr铆ticas, con todo lo que ello implica en t茅rminos de riesgos de contaminaci贸n de tierra y agua, posibilidad de explosiones y derrames, etc. Tampoco se traducen en puestos laborales estables para la poblaci贸n local, en tanto requieren de mano de obra calificada, por lo que s贸lo suponen contrataciones temporales para tareas de apertura de picadas y desmontes) (Di Risio y Scandizzo, 2012).

Proyectos de infraestructura e integraci贸n regional

F铆jese en el ca帽o aquel, es el famoso oleoducto por donde se van los frutos, como quien dice a granel. Le costar谩聽comprender por qu茅 este petr贸leo nuestro lo industrializan tan lejos y el subproducto despu茅s vuelve a su tierra聽otra vez, sabe Dios por qu茅 manejos.
Nuestro gas es entubado en ca帽os de alta presi贸n que llevan calefacci贸n para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas m谩s, con variadas propiedades, que enriquecen otros lares y empobrecen los de ac谩.
Y los parques nacionales parecieran extranjeros porque ah铆 somos forasteros los nativos y locales y en sus bosques colosales, sucede que en ocasiones se convierten en tizones los le帽os que nadie saca y andan con bosta de vaca, en los ranchos los fogones

(鈥淓l Embudo鈥, Le贸n Gieco)

Los cambios en el uso del suelo y la escalada en las superficies sujetas a desmontes llevadas adelante por emprendimientos productivos con impulso exportador encuentran tambi茅n un correlato en las fuertes inversiones en proyectos de infraestructura e integraci贸n regional que han tenido lugar en las 煤ltimas d茅cadas en este espacio geogr谩fico. La expansi贸n de la producci贸n agropecuaria e hidrocarbur铆fera (y las potencialidades productivas de la regi贸n a futuro) ha sido acompa帽ada por la llegada de inversiones en infraestructura, mejoramiento de v铆as de comunicaci贸n y alternativas de colocaci贸n de productos en mercados, en particular a partir de procesos de integraci贸n regional y comercial como el Mercosur (Gordillo y Leguizam贸n, 2002; Trinchero, 2000).

En los 煤ltimos a帽os, gran parte de estos proyectos se encuentran comprendidos bajo la Iniciativa de Integraci贸n de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un mecanismo institucional de coordinaci贸n de acciones intergubernamentales surgido en el a帽o 2000 bajo el amparo del proyecto neoliberal hegem贸nico en esos a帽os.Uno de los 鈥淓jes de Integraci贸n y Desarrollo鈥 principales (junto con el Amazonas) es el de Capricornio: representa un mercado de m谩s de 50.000.000 de habitantes y abarca una superficie aproximada de 2.700.000 km2 a lo largo y ancho de cinco pa铆ses (Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Chile), tiene en sus extremos importantes instalaciones portuarias tanto en el oc茅ano Pac铆fico como en el Atl谩ntico e incluye yacimientos met谩licos (cobre, hierro y plata), de gas y petr贸leo; zonas industrializadas y zonas agr铆colas de gran aptitud productiva; amplia capacidad hidroel茅ctrica y reservorios de agua dulce subterr谩nea. Al a帽o 2010, un total de 72 proyectos se desarrollaban a su interior, con una inversi贸n estimada de U$S 9.421.000.000,4 (IIRSA, 2011).[17]

Entre los principales proyectos de inversi贸n que involucran a la provincia de Salta, cobra especial atenci贸n la rehabilitaci贸n operativa del trazado del ferrocarril Belgrano Cargas: desactivado durante el auge privatizador, su puesta en valor es defendida por los funcionarios y productores salte帽os para el abaratamiento de los costos de flete y por las posibilidades de conexi贸n comercial con el puerto de Barranqueras en Chaco y la salida hacia el oc茅ano Pac铆fico por Antofagasta (Chile).[18]

Otra iniciativa de integraci贸n regional est谩 constituida por la Zona de Integraci贸n del Centro Oeste de Am茅rica del Sur (ZICOSUR), nacida en 1997 como un proyecto de complementaci贸n econ贸mica, comercial y cultural, y de cooperaci贸n intergubernamental y empresarial entre las regiones aleda帽as al Tr贸pico de Capricornio. En estas y otras iniciativas, se enfatiza en el rol protag贸nico de la agricultura salte帽a y su potencialidad para convertirse en una 鈥渘ueva Pampa H煤meda鈥.

En su conjunto, estos planes de desarrollo e integraci贸n regional (impulsados por agencias internacionales, gobiernos nacionales y/o provinciales), al estar pensados a partir de la demanda internacional de materias primas, tienen un dise帽o centr铆fugo, de car谩cter extractivo, orientado hacia la expulsi贸n de las riquezas naturales (Cece帽a, Aguilar y Motto, 2007). De este modo, estar铆amos frente a otro proyecto que, como mencionan Trinchero y Leguizam贸n (2009) de modo general para los programas de desarrollo en el Chaco central, no ha previsto en sus intervenciones la incorporaci贸n de las din谩micas productivas y reproductivas de las econom铆as dom茅sticas de la poblaci贸n ind铆gena y criolla, y su instrumentaci贸n se ha ajustado preferentemente a modelos abstractos de desarrollo orientados a generar condiciones propicias para el avance capitalista tradicional, entrando en contradicci贸n con los objetivos vinculados al mejoramiento de la calidad de vida y a la sustentabilidad social y ambiental.

Esto nos conecta con el an谩lisis de los impactos a nivel socio-econ贸mico y sanitario que tienen estos procesos de valorizaci贸n territorial e integraci贸n regional sobre las poblaciones locales.

La valorizaci贸n del capital y sus impactos socio-econ贸micos y sanitarios: migraciones, mercado laboral y salud de las poblaciones

Trabajo, quiero trabajo
Porque esto no puede ser.
No quiero que nadie pase
Las penas que yo pas茅

(鈥淭rabajo, quiero trabajo鈥, Atahualpa Yupanqui)

No obstante el avance en los guarismos relativos a superficies implantadas y rendimientos por hect谩rea, es preciso se帽alar que el modelo de desarrollo agropecuario descripto no se ha traducido en un aumento en los niveles de empleo y en mejores condiciones de vida para peque帽os productores e ind铆genas sino que m谩s bien ha repercutido negativamente. Del mismo modo, se trata de un esquema productivo que conlleva profundos impactos en la salud de las poblaciones, entre otras causas, por el contacto directo con las fumigaciones con agroqu铆micos que se realizan tanto por v铆a a茅rea como terrestre.

En primer lugar, un indicador de inter茅s est谩 dado por el crecimiento de la poblaci贸n urbana con respecto a la rural. En el per铆odo intercensal 1991-2010 (Gr谩fico N掳 4), la provincia acus贸 un aumento de la poblaci贸n urbana de un 54,6% (que se eleva al 97,3% en Anta y al 273,8% en Rivadavia), en tanto que en el 谩mbito rural experiment贸 un descenso del 14% (-55,2% en Or谩n, y si bien el saldo en Rivadavia para el per铆odo es positivo y en San Mart铆n s贸lo es del -3,7%, esto responde a que en los per铆odos intermedios se detectan aumentos en la poblaci贸n rural, que para el a帽o 2010 vuelven a disminuir). En el per铆odo 1991-2001, los datos desagregados muestran un aumento de la poblaci贸n rural agrupada y una disminuci贸n de la poblaci贸n rural dispersa, n煤meros que estar铆an indicando un movimiento de la poblaci贸n asentada en puestos o a campo abierto hacia localidades de mayor tama帽o, probablemente en b煤squeda de oportunidades laborales y/o expulsada de sus zonas de origen.[19]

Gr谩fico N潞 4. Provincia de Salta y departamentos de Anta, San Mart铆n, Or谩n y Rivadavia. Variaci贸n intercensal 1991-2010 (%) de la poblaci贸n urbana y rural

Fuente: Elaboraci贸n propia en base a INDEC-CNPyV 1991 y CNPHyV 2010

No podemos dejar de hacer referencia aqu铆 a Meillasoux (1979) en su se帽alamiento de dos de los principales modos de transferencia de valor desde las econom铆as dom茅sticas hacia el sector de producci贸n capitalista: el 茅xodo rural (la emigraci贸n 鈥渟in retorno鈥 de campesinos e ind铆genas hacia las ciudades) y las migraciones laborales temporarias (que suponen la preservaci贸n de las econom铆as dom茅sticas para garantizar la reproducci贸n de la fuerza de trabajo). En nuestro caso particular, nos preguntamos qu茅 sucede cuando esa fuerza de trabajo es cada vez m谩s prescindida por parte de los emprendimientos agropecuarios 鈥渕odernos鈥 y sus pr谩cticas de producci贸n y reproducci贸n son cada vez m谩s sistem谩ticamente degradadas y devastadas (a partir de su expulsi贸n y arrinconamiento como consecuencia de la incorporaci贸n directa de sus territorios de referencia a la l贸gica de acumulaci贸n del capital).

En este sentido, cabe destacar el relativo impacto sobre el mercado laboral local que generan los emprendimientos agr铆cola-ganaderos de gran escala. Esto se contrapone al argumento de los sectores empresariales que refieren a la generaci贸n de empleo y al 鈥渄errame鈥 del desarrollo en la regi贸n a partir de la instalaci贸n de proyectos agropecuarios (Colina et al, 2008), como veremos. Ya Reboratti se帽alaba que las empresas que comandaron el avance de esta frontera agraria 鈥渘o tienen nada que ver con el viejo ideal de la colonizaci贸n: en el campo s贸lo hay tractores y cultivos, pero no hay gente鈥 (1992: 31): los campos son manejados por t茅cnicos, el trabajo es temporario, la riqueza se concentra y no es retenida en la regi贸n. En definitiva, se trata de 鈥渦na frontera que al avanzar, en vez de poblar despuebla鈥 (1992: 31). Tambi茅n Cafferata apuntaba al significado social relativamente restringido del avance de la actividad agr铆cola moderna, 鈥渜ue si bien puede tener un primer efecto relevante en el mercado de trabajo debido a las intensas tareas iniciales de desmonte, sistematizaci贸n de tierras, incorporaci贸n de diversas instalaciones, luego se desenvuelve con una intensidad relativa de fuerza de trabajo reducida鈥 (1988: 36).

De acuerdo con Slutzky (2005), entre los a帽os 1988 y 2002 la poblaci贸n ocupada en forma permanente en las EAPs salte帽as aument贸 4.000 puestos (un 24%) mientras que la superficie cultivada casi se duplic贸. Se帽ala adem谩s que es posible que el empleo temporal tampoco haya aumentado de modo considerable, dadas las caracter铆sticas del cultivo de la soja, que se encuentra altamente mecanizada. Por su parte, Van Dam (2003) afirma que el reemplazo del poroto por la soja, junto con la introducci贸n del paquete tecnol贸gico asociado, ha sido devastador en t茅rminos de empleo en el departamento de Anta, al calcular que los requerimientos de mano de obra han disminuido de 2,5 jornales/ha a 0,5 jornales/ha. A ello se suma que el perfil de la mano de obra empleada ha cambiado: en general, se requiere mano de obra relativamente calificada (que en muchos casos proviene de fuera de la regi贸n) para poder operar la costosa y compleja maquinaria agr铆cola utilizada en la siembra y la cosecha (a nivel local, se absorbe mano de obra en tareas de baja capacitaci贸n ligadas al desmonte: acordonado, deschampe y destronque). En similar tono, Pais (2008) se帽ala para el cultivo de soja en Salta que la combinaci贸n entre labranza m铆nima, semillas transg茅nicas y agroqu铆micos, hace que con una persona se puedan manejar hasta 500 has por a帽o.

Con relaci贸n a los impactos sanitarios, las poblaciones ind铆genas o criollas del Chaco salte帽o (m谩s all谩 de las diferencias existentes), hist贸ricamente posicionadas en una situaci贸n de injusticia ambiental y social, privadas de la tenencia de las tierras que habitan y del acceso y usufructo de los bienes de la naturaleza, han quedado pr谩cticamente arrinconadas en peque帽os parches de monte entre grandes extensiones productivas y no se encuentran amparados por las normativas y/o regulaciones existentes.[20] Cabe recordar que en la determinaci贸n de los vol煤menes y frecuencia de las fumigaciones, la temperatura y humedad son factores de importancia. En una regi贸n como el Chaco salte帽o, esto se traduce en dosis de agroqu铆micos m谩s altas con respecto a las dosis por hect谩reas aplicadas en otras provincias.

Las zonas m谩s afectadas por los procesos mencionados corresponden al 谩rea de influencia de las localidades emplazadas a lo largo de la ruta 34 en el departamento de San Mart铆n (Tartagal, General Mosconi, Coronel Cornejo, General Ballivi谩n, Embarcaci贸n, entre las principales). De acuerdo a una investigaci贸n llevada adelante en una serie de comunidades ind铆genas en el municipio de Ballivi谩n, y si bien no se cuenta con datos oficiales o registros que permitan cuantificar los efectos nocivos sobre la salud asimilables a los efectos de los agroqu铆micos, a trav茅s de consultas a profesionales del 谩rea de salud se han reconstruido las principales afecciones que en los 煤ltimos a帽os se han incrementado: problemas de piel, enfermedades respiratorias, c谩ncer y nacimiento de ni帽os con labio leporino y cardiopat铆as cong茅nitas. De modo complementario, se denuncian las condiciones de inaccesibilidad a fuentes de agua (como resultado de los alambrados que privan del acceso a las fuentes tradicionales de agua) y contaminaci贸n de las mismas (tanto para consumo humano como animal, en virtud del escurrimiento del agua desde los campos de cultivo en donde se aplican agroqu铆micos) (Naharro y 脕lvarez, 2011).[21]

Otro hecho que refleja las consecuencias de estos procesos en materia de salud p煤blica es el caso de las muertes y situaciones de desnutrici贸n en ni帽os ind铆genas, todo lo cual apunta a se帽alar que la salud ind铆gena en el Chaco salte帽o contin煤a siendo un tema postergado en los 谩mbitos de gesti贸n donde se dise帽an las pol铆ticas sanitarias (Lorenzetti, 2014). A modo de ejemplo, indicadores socio-sanitarios del 鈥淥perativo para la Vida 2013鈥 realizado por UNICEF y el Ministerio de Salud provincial se帽alaban entre las principales causas de mortalidad infantil: en primer lugar, las diarreas combinadas con un estado de desnutrici贸n; en segundo t茅rmino, las afecciones respiratorias, y en tercer lugar las malformaciones cong茅nitas. En t茅rminos generales, estos datos sanitarios indican una alta correspondencia entre las zonas que se han visto afectadas por los procesos de deforestaci贸n y el avance del modelo agropecuario dependiente de agroqu铆micos.

En suma, la provincia de Salta no fue ajena a los procesos de reestructuraci贸n estatal y agropecuaria que tuvieron lugar en el pa铆s desde fines de siglo XX. La reforma estatal neoliberal fue asumida como propia por Juan Carlos Romero desde su asunci贸n como gobernador (por el Partido Justicialista) en el a帽o 1995, y continuada a lo largo sus tres per铆odos consecutivos de gesti贸n (1995-1999, 1999-2003 y 2003-2007).[22] De este modo, el Estado provincial fue un actor fundamental en la liberalizaci贸n y desregulaci贸n econ贸mica y el incentivo a la instalaci贸n del capital 谩vido de ganancias extraordinarias, y desinteresado por las consecuencias 鈥揺n t茅rminos de impactos sociales, econ贸micos y ambientales y de profundizaci贸n de los procesos de desposesi贸n, explotaci贸n y dominaci贸n鈥 de tal modelo de desarrollo en el largo plazo.

En oposici贸n a aquellos an谩lisis que postulan la 鈥渄esaparici贸n del Estado鈥 en detrimento de las fuerzas del mercado neoliberal, Harvey (2003) se帽ala que en el desarrollo y la forma de despliegue del capitalismo actual, los Estados (nacionales y provinciales) juegan un rol primordial. As铆, han oficiado como garantes de la inserci贸n de emprendimientos econ贸micos extralocales y de la 鈥渁cumulaci贸n por desposesi贸n鈥 de los bienes naturales y culturales, a trav茅s de la mercantilizaci贸n de la tierra, la naturaleza y la cultura; la expulsi贸n de poblaciones ind铆genas y campesinas; la privatizaci贸n de la propiedad comunitaria o estatal de los recursos. En t茅rminos de Pais,

En esta desigual disputa el Estado no juega un papel neutral, por el contrario trata de despejar el camino para que el desarrollo llegue a todos los rincones de la provincia impregnando de una nueva est茅tica al campo salte帽o. Enormes campos alambrados con prolijos cultivos de soja, poroto o ma铆z o gigantes haciendas ganaderas alimentadas con pasturas tropicales y abrevadas con aguas que surgen de la profundidad del ardiente chaco. La est茅tica de lo moderno parece imponerse sobre la imagen de lo salvaje representada por el bosque espinoso del Chaco o la h煤meda espesura de la selva, donde habitan, en ambos casos, campesinos e ind铆genas 鈥渃on atrasadas formas de producci贸n鈥 (2009: 7, d/o).

Hasta aqu铆, trazamos un panorama de las transformaciones productivas y territoriales de las cuales el este salte帽o fue epicentro hacia fines del siglo XX y en los albores del XXI: el pasaje del 鈥渄esierto verde鈥 鈥搈odo en que se hac铆a referencia a estas regiones en tiempos de consolidaci贸n de la territorialidad estatal鈥 al desierto verde, en virtud de la monocrom铆a y vac铆o que supone el avance de las topadoras con miras a la producci贸n agropecuaria a gran escala. Avance que, como en aquellos tiempos, fue entendido por sus hacedores como la entrada del 鈥渇rente civilizador鈥 por sobre el este salte帽o, hist贸ricamente asociado a la poblaci贸n ind铆gena y criolla y ligado a im谩genes de subsistencia y marginalidad. Se trata del (des)orden que busc贸 ordenarse a partir de la 鈥渓ey de bosques鈥 y el plan de OTBN en Salta, problem谩tica espec铆fica en la que nos detendremos en los pr贸ximos cap铆tulos.

El conflicto por la tierra en los albores del siglo XXI

Es como si el capitalismo s贸lo promoviera el desarrollo y la lucha por la tierra solo motivase el conflicto. De un lado, la apolog铆a al agronegocio. De otro, la criminalizaci贸n de la lucha por la tierra

(Man莽ano Fernandes, 2004: s/d)

El problema de la tierra (la lucha por el acceso y la tenencia) en Am茅rica Latina tiene sus or铆genes en el 鈥渄escubrimiento鈥 europeo, cuando extensos territorios fueron apropiados y saqueados por el impulso conquistador y sus numerosas poblaciones fueron despojadas del acceso a sus bienes naturales. En Argentina, la apropiaci贸n (y titulaci贸n a nombre del Estado o de privados) de tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos originarios no es un fen贸meno nuevo, sino que es una problem谩tica deudora de 茅pocas en que el Estado y actores privados avanzaron por sobre territorios 鈥渧ac铆os鈥. En este apartado, hacemos foco en este problema hist贸rico y a la vez de gran actualidad sobre el que se sustentaron y sustentan gran parte de los debates en torno al ambiente y el territorio en la provincia de Salta.

Extranjerizaci贸n, concentraci贸n y tenencia precaria

Qu茅 lejos est谩 mi tierra
Y, sin embargo, qu茅 cerca
o es que existe un territorio
donde las sangres se mezclan.

Tanta distancia y camino,
tan diferentes banderas
y la pobreza es la misma
los mismos hombres esperan.

Yo quiero romper mi mapa,
formar el mapa de todos,
mestizos, negros y blancos,
trazarlo codo con codo

(鈥淢ilonga de andar lejos鈥, Daniel Viglietti)

En la regi贸n chaque帽a, el conflicto por la tierra tiene larga data: tras un per铆odo de reducciones, misiones y relativa autonom铆a territorial durante la colonia, sobrevino la apropiaci贸n de los territorios 鈥渄esiertos鈥 por parte del Estado nacional hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX. Grandes superficies quedaron bajo el r贸tulo de tierras fiscales, y otras fueron tituladas a manos de propietarios ausentes, convirtiendo a las comunidades ind铆genas en 鈥渙cupantes de hecho鈥 en sus propios territorios.

En las 煤ltimas d茅cadas del siglo XX y principios del XXI, esta din谩mica se ha reactivado, evidenciando la continuidad de los conflictos por la tierra en el contexto de ocupaci贸n y revalorizaci贸n territorial deudor del avance del modelo agroindustrial ya rese帽ado. La distribuci贸n, tenencia y tipo de uso de la tierra son temas de creciente inter茅s en Argentina debido a la notoriedad que han adquirido su din谩mica, la concentraci贸n de tierras en manos de grandes empresas, la compra de grandes extensiones de tierra por inversores urbanos y externos, el desalojo de peque帽os productores y los nuevos modelos de gesti贸n agr铆cola en los que predomina la figura del arrendamiento como mecanismo de aumento de escalas productivas. En este proceso, distinguen dos etapas: en primer lugar, entre los a帽os 1991 y 2001, en la que se evidencia un cambio de escalas, la emergencia de nuevos actores y el cambio en el uso del suelo; y en segundo lugar, desde el a帽o 2002 hasta la actualidad. En este 煤ltimo per铆odo, se exacerban las tendencias anteriores: amplificaci贸n de la frontera agropecuaria hacia el norte, de los procesos de ocupaci贸n y valorizaci贸n de nuevas tierras, aumento generalizado en los precios de las tierras, intensificaci贸n del arrendamiento para uso agr铆cola, 鈥渞eocupaci贸n鈥 y venta de tierras por parte de titulares registrales ausentes, entre sus principales caracter铆sticas (Sili y Soumolou, 2011).

Entonces, estamos ante la persistencia y vigencia del problema de la tierra (a pesar de su relativa invisibilidad) y de su aparici贸n y/o reactualizaci贸n a trav茅s de otros problemas complementarios, como los conflictos ambientales o territoriales: 鈥渆n el contexto de la reconfiguraci贸n de los usos del espacio operada por las pol铆ticas neoliberales en Latinoam茅rica, la disputa por la tierra se ha resignificado inscribi茅ndose en luchas m谩s generales y complejas por la apropiaci贸n del territorio鈥 (Dom铆nguez, 2009: 16).

Un fen贸meno que se ha dado de modo simult谩neo al proceso de concentraci贸n de tierras est谩 relacionado con su extranjerizaci贸n. Seg煤n datos preliminares del Registro Nacional de Tierras Rurales (creado en el a帽o 2011 por medio de la Ley Nacional N掳 26.737 de 鈥淩茅gimen de Protecci贸n al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesi贸n o Tenencia de las Tierras Rurales鈥) a octubre de 2012, en base a un total de 7.696 declaraciones juradas de personas f铆sicas y jur铆dicas, al menos 7.490.265 has se encuentran en manos de extranjeros en el pa铆s. La provincia de Salta ocupa el primer lugar entre las jurisdicciones donde hay m谩s tierras en esta situaci贸n, con un total de 1.114.648 has.

La informaci贸n de los CNA de los a帽os 1998 y 2002 nos permite tener una visi贸n de la distribuci贸n y formas de tenencia de la tierra agraria en Salta y de los cambios ocurridos en el per铆odo intercensal. Los resultados del a帽o 2002 contabilizan un total de 10.297 EAPs para la provincia de Salta, de las cuales un 54,1% corresponde a unidades con l铆mites definidos (cubriendo una superficie de 4.269.499,2 has) y el restante 45,9% son explotaciones sin l铆mites definidos (en contraposici贸n al 4,1% de EAPs sin l铆mites definidos a nivel nacional).[23]

Este 煤ltimo dato es un primer indicador de la 鈥渋rregularidad鈥[24] de las situaciones de tenencia de la tierra, ya que se trata de unidades que tienen l铆mites imprecisos o carecen de ellos, que no tienen t铆tulos de propiedad donde consten las demarcaciones del campo o parcela, y que casi alcanzan la mitad de las EAPs salte帽as. Asimismo, el CNA 2002 arroja una superficie total de 55.264,6 has de tierras fiscales (1,3%) frente a un 98,7% de tierras privadas. No obstante, las mismas constituyen una m铆nima porci贸n de las algo m谩s de 3.000.000 has de tierras fiscales existentes en la provincia, ubicadas en su mayor铆a en los departamentos de Los Andes (2.500.000 has) y Rivadavia (700.000 has) (Frere, 2004).

Los datos censales tambi茅n permiten dar cuenta de la distribuci贸n desigual de la tierra (Gr谩fico N潞 5): un 1,3% de las EAPs (de m谩s de 10.000 has) concentra el 46,9% de la superficie, mientras que las explotaciones de menor tama帽o (hasta 5 has) tan s贸lo acceden al 0,1% de las tierras. Los porcentajes se incrementan si se agrupan por escalas de extensi贸n: tomando en consideraci贸n las EAPs de hasta 200 has, estas suman un 74% del total y detentan un 2,4% de la superficie, en tanto que el 87,8% de las unidades productivas est谩 en propiedad del 11,6% de las explotaciones de m谩s de 1.000 has. Esto 煤ltimo se ve exacerbado en departamentos como Anta y San Mart铆n, en donde las unidades mayores a 1.000 has tienen el 93,5% y el 92,9% de la superficie respectivamente.

Gr谩fico N潞 5. Provincia de Salta. Distribuci贸n de la cantidad y superficie del total de EAPs (%), por escala de extensi贸n. A帽o 2002

Fuente: Elaboraci贸n propia en base a CNA 2002

Otro dato que nos habla de la irregularidad del v铆nculo con la tierra (adem谩s de la gran proporci贸n de EAPs sin l铆mites definidos) est谩 dado por el r茅gimen de tenencia. Recordemos que, en t茅rminos de titulaci贸n, pueden distinguirse tres formas diferenciales de relaci贸n jur铆dica del productor con la tierra: la propiedad (cuando hay un t铆tulo de dominio perfecto o se ejerce la plena posesi贸n), los contratos agrarios (arrendamiento, aparcer铆a y contrato accidental) y las situaciones irregulares (ocupaci贸n con permiso o de hecho, en tierras privadas y/o fiscales). No s贸lo la ocupaci贸n supone un uso de la tierra con car谩cter precario, sino tambi茅n algunas formas de contratos agrarios (como por ejemplo la aparcer铆a y los contratos accidentales) pueden esconder situaciones vulnerables en la relaci贸n de los productores con la tierra (Slutzky, 2008; Van Dam, 2008).[25]

La propiedad es la forma de tenencia m谩s difundida en Salta: el 63,5% de las EAPs se encuentran bajo esa modalidad para el CNA 2002, ocupando el 90,4% de la superficie. En tanto, un 17,9% de las EAPs est谩n bajo alg煤n tipo de contrato agrario y el restante 18,6% se trata de ocupantes de hecho o con permiso, ocupando un 3,2% de la superficie (un total de 917 unidades, a las que habr铆a que sumar las situaciones de ocupaci贸n existentes en las EAPs sin l铆mites definidos) (Gr谩fico N潞 6). Otro dato a destacar para el per铆odo 1988-2002, y que sigue las tendencias nacionales, es el incremento en las situaciones de arrendamiento (excepto en el departamento de Rivadavia), as铆 como tambi茅n el aumento de las explotaciones que combinan tierras en propiedad con tierras arrendadas.

Gr谩fico N潞 6. Provincia de Salta. Cantidad y superficie de las EAPs con l铆mites definidos (%), por r茅gimen de tenencia de la tierra. A帽o 2002

Fuente: Elaboraci贸n propia en base a CNA 2002

Con respecto a las 鈥渟ituaciones irregulares鈥, en Salta el 99,7% de la superficie en situaci贸n de ocupaci贸n en tierras fiscales (en su mayor铆a peque帽os productores criollos y pueblos ind铆genas) se concentra en tres departamentos: Anta (40,5%), Rivadavia (33,5%) y San Mart铆n (25,7%). A su vez, junto con Santiago del Estero, son las dos provincias con mayor cantidad de ocupantes de tierras privadas (Frere, 2006).

Ahora bien, las situaciones problem谩ticas de tenencia de la tierra no se circunscriben solamente a la ausencia de titularidad o a la precariedad en la tenencia, en tanto la existencia de t铆tulos no siempre exime a sus poseedores de situaciones conflictivas. Aqu铆 es ilustrativo delinear de modo sucinto las particularidades que asume el v铆nculo con la tierra tanto para el caso de los pueblos ind铆genas como de los peque帽os productores.

Conflictos por la tierra que afectan a ind铆genas y criollos

No nos contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educaci贸n, a la cultura, al progreso, al amor y al cielo. Comenzamos por reivindicar, categ贸ricamente, su derecho a la tierra

(Mari谩tegui, 2005 [1928]: 39)

En relaci贸n con las caracter铆sticas de la tenencia de la tierra por parte de los pueblos ind铆genas en Salta, podemos destacar que, en t茅rminos generales, hay una gran mayor铆a de comunidades sin t铆tulo de propiedad y cuya titularidad est谩 en manos de privados, iglesias y/o del Estado, mientras que otras se encuentran en posesi贸n de sus t铆tulos (individuales y/o comunitarios). Esto 煤ltimo no es garant铆a de seguridad en la tenencia: en muchos casos, las comunidades acceden a la titulaci贸n de parcelas peque帽as, aisladas y alejadas de los territorios originarios, que no son aptas ni suficientes (en calidad y cantidad), se encuentran arrinconadas por emprendimientos productivos que las cercan y les provocan una progresiva restricci贸n al uso y acceso a los recursos, adem谩s de situaciones de contaminaci贸n y otros impactos. Asimismo, gran parte de las comunidades se encuentran emplazadas en 谩reas urbanas o peri-urbanas (no s贸lo por expulsi贸n actual sino tambi茅n en relaci贸n al proceso hist贸rico de conformaci贸n de los n煤cleos urbanos asociados a la demanda de mano de obra ind铆gena), y las tierras de las que disponen son s贸lo para viviendas, encontr谩ndose rodeadas por otros barrios y/o fincas privadas. As铆 las cosas, se les ve dificultado el acceso a los bienes naturales que se constituyen en parte central de sus actividades econ贸micas.

De acuerdo a un relevamiento realizado en comunidades ind铆genas del departamento de San Mart铆n, se evidencia una situaci贸n comprometida en cuanto al acceso y uso de las tierras: sobre un total de 110 comunidades, s贸lo el 16,3% poseen el t铆tulo de las tierras que habitan, en tanto que el restante 83,7% carece de t铆tulos formales (en el 56,3% de los casos los t铆tulos est谩n a manos de privados, el 4,6% de iglesias y el 22,7% son tierras fiscales) (Buliubasich y Gonz谩lez, 2009). Seg煤n informaci贸n disponible para la poblaci贸n wich铆, chorote, chulup铆 y toba de los departamentos de San Mart铆n, Rivadavia, Anta y Met谩n (un total de 204 comunidades), el 17% posee sus tierras tituladas (una superficie de 44.168 has, el 0,6% de la superficie total de los departamentos de referencia). Por su parte, se estiman unas 417.670 has (en manos del Estado o privados) que ya han sido asignadas pero a煤n no tituladas a manos de las comunidades (Leake, 2008).

Por su parte, el caso de los peque帽os productores criollos tambi茅n enfrenta diversos escenarios: se encuentran productores en situaci贸n de tenencia precaria establecidos en tierras fiscales (bajo la figura de ocupante o adjudicatario); mientras que otros poseen los t铆tulos formales de propiedad (en estos casos, la tierra ha sido adquirida en el mercado, heredada, es producto de alguna entrega de tierras fiscales por parte del gobierno o de alg煤n otro mecanismo de acceso a la tierra); y hay quienes est谩n establecidos desde generaciones pasadas en tierras que son actualmente demandadas por privados poseedores de los t铆tulos formales de propiedad. Estos 煤ltimos casos son los que presentan mayor conflictividad, en virtud de que el enfrentamiento entre los poseedores sin t铆tulo y los titulares de dominio puede encontrar diversas v铆as de soluci贸n y/o acuerdo, y que en 煤ltima instancia derivan en intimidaciones, violencia y desalojos (Sili y Soumolou, 2011).

La escalada en los conflictos por el uso, la tenencia y la propiedad de la tierra que enfrenta tanto a pueblos originarios como a familias criollas, est谩 cimentada en la dinamizaci贸n del mercado inmobiliario como consecuencia directa de la posibilidad de incorporar estas tierras a la producci贸n agropecuaria.[26] Esta revalorizaci贸n del mercado inmobiliario puede verse reflejada a trav茅s de los precios de los campos a lo largo de los 煤ltimos a帽os: seg煤n datos de la Compa帽铆a Argentina de Tierras para el per铆odo 1995-2011, en el noroeste argentino se puede apreciar una evoluci贸n ascendente del valor por hect谩rea para todas las zonas productivas (Cuadro N潞 2), tomando un mayor impulso a partir del a帽o 2001.

Cuadro N潞 2. Precio de la tierra en la provincia de Salta, valores orientativos seg煤n zonas productivas. Julio de 2011

Zonas productivas*

Caracterizaci贸n y aptitud

Cultivos

Localidades de referencia

U$S/ ha

1

Tierras planas a semiplanas

Suelos de buena a muy buena aptitud agr铆cola. En gran proporci贸n ya han sido desmontados. El monte que resta es de escaso valor, puesto que la mejor madera ya fue extra铆da. Algunos tienen agua disponible de r铆os y/o perforaciones.
Lluvias: 700 A 1.000 mm/a帽o

En Secano: soja, poroto, c谩rtamo, ma铆z, algod贸n.
Con riego: tabaco, ca帽a de az煤car, algod贸n, citrus, hortalizas, poroto, soja, ma铆z.

Valle de Lerma, Tartagal, Lajitas, Met谩n, R. de la Frontera, Or谩n, R铆o del Valle, Mollinedo.

Sin monte: 4.000 a 6.500

Sin monte y con riego: 5.500-7.500

Con monte: 1.500 a 2.500**

2

Tierras planas

Suelos de buena aptitud agr铆cola, mayormente cubiertos de monte. Menor disponibilidad de agua. Lluvias: 550 a 750 mm/a帽o. Escasamente suficientes.

En secano: poroto, soja, c谩rtamo, sorgo.
Cuenca del rio Juramento, con riego: algod贸n, trigo, poroto, soja y ma铆z.

Tonono, Corralito, Macapillo, J.V. Gonz谩lez, La Candelaria, G眉emes.

Sin monte: 3.000-4.000

Con monte: 600-800**

Con riego: 3.500-5.000

3

Tierras planas

Mayormente cubiertas por monte. Dificultad para conseguir aguas de napa.
Agricultura eventual en secano, previo desmonte, de alto riego por inseguridad de lluvias.
Lluvias: 500 a 600 mm/a帽o.

Ganader铆a Extensiva. Agricultura eventual en secano.

Dragones, El Mistol, Santo Domingo, Tolloche.

Sin Monte: 1.500-1.800

Con Monte: 500-700**

4

Tierras planas marginales

De menor calidad.
Lluvias: del orden de los 500 mm/a帽o.

Ganader铆a Extensiva Extracci贸n de madera y carb贸n de le帽a.

Santa Victoria, Rivadavia, Los Blancos.

Sin Monte: 1.200-1.500

Con Monte: 250-350**

*No se incluyen las zonas 5 y 6 ya que exceden en 谩rea de estudio del presente trabajo.

**En zonas aptas para desmonte, de acuerdo al OTBN.

Fuente: Elaboraci贸n propia en base a Compa帽铆a Argentina de Tierras

Las zonas productivas de mayor valor (1 y 2) parten de montos entre 1.000 y 2.000 U$S/ha al comienzo del per铆odo, para ascender a valores superiores a los 3.000 U$S/ha, llegando a alcanzar cifras de 8.000 U$S/ha. En las zonas de menor valor (3, 4, 5 y 6) tambi茅n se presenta un aumento en los precios de la tierra, a una menor escala: partiendo de valores inferiores a los 100 U$S/ha en el a帽o 1995, se asciende a valores de entre 200 y 600 U$S/ha hacia el final del per铆odo considerado. Es de notar el gran salto que experimentan las tierras sin monte en las zonas 3 y 4, que son aquellas que toman especial inter茅s en este trabajo: las mismas superan los 1.000 U$S/ha en el a帽o 2010 (debido al importante avance de los desmontes ocurrido en los 煤ltimos a帽os en ambas zonas, se determin贸 desdoblar los valores de la tierra, en campos 鈥渃on鈥 y 鈥渟in鈥 monte a partir de ese a帽o).[27]

Ahora bien, el incremento de la lucha por la titulaci贸n de la propiedad de la tierra en el contexto de la reactivaci贸n del mercado inmobiliario por ampliaci贸n de la frontera agropecuaria, encuentra su contracara en el reconocimiento de derechos territoriales a los pueblos originarios que se dio de modo simult谩neo (Naharro, 脕lvarez y Flores Klarik, 2010). Esto nos conduce a se帽alar las diferencias en el corpus legal para el acceso a la tierra que encuentran los pueblos ind铆genas y los peque帽os productores campesinos.

En el 谩mbito internacional, entre los hitos m谩s salientes est谩n la aprobaci贸n del Convenio N掳 169 sobre 鈥淧ueblos Ind铆genas y Tribales en Pa铆ses Independientes鈥 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT) en el a帽o 1989 y la Declaraci贸n Universal de los Derechos de los Pueblos Ind铆genas de la ONU aprobada en el a帽o 2007. En Argentina, en el a帽o 1985, fue sancionada la Ley Nacional N潞 23.302 de 鈥淧ol铆tica Ind铆gena y Apoyo a las Comunidades Abor铆genes鈥 (reglamentada en 1989) y en 1992 la Ley Nacional N掳 24.071 adopt贸 el Convenio N掳 169 (ratificado ocho a帽os despu茅s, entr贸 en vigencia el 3 de julio de 2001). En el a帽o 1994, la reforma de la Constituci贸n Nacional introdujo el art铆culo N掳 75 inciso 17, a trav茅s del cual se reconoce la preexistencia 茅tnica y cultural de los pueblos ind铆genas.

En el a帽o 2006 se dio sanci贸n a la Ley Nacional N掳 26.160 de 鈥淓mergencia de la Propiedad Ind铆gena鈥, a trav茅s de la cual se declar贸 la emergencia en materia de posesi贸n y propiedad de las tierras ocupadas por comunidades ind铆genas. La norma suspendi贸 por cuatro a帽os la ejecuci贸n de sentencias de actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupaci贸n de las tierras ocupadas por comunidades ind铆genas y estableci贸 la realizaci贸n de un relevamiento t茅cnico-jur铆dico-catastral de su situaci贸n dominial durante los tres primeros a帽os. Fue reglamentada en agosto de 2007 por el Decreto N掳 1.122, siendo el Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas (INAI) la autoridad de aplicaci贸n. Dado el vencimiento del plazo previsto y los escasos avances en los relevamientos, esta norma ha sido dos veces prorrogada.[28]

A nivel provincial, tambi茅n en Salta se han sancionado instrumentos legales en este sentido, en los cuales nos detendremos en el cap铆tulo 6. Por su parte, los peque帽os productores no poseen tal aparato legal espec铆fico, por lo que en su calidad de 鈥減oseedores鈥 encuentran en el C贸digo Civil las 煤nicas herramientas jur铆dicas para defender su derecho a la propiedad ante los intentos de desalojo, a trav茅s de los juicios de usucapi贸n o prescripci贸n veintea帽al.[29]Cabe destacarse adem谩s que en Salta, en el a帽o 2010 se sancion贸 la Ley N掳 7.658, tras fuertes movilizaciones por parte de las asociaciones de peque帽os productores ganaderos de la regi贸n chaque帽a. La misma crea el 鈥淧rograma de Regularizaci贸n Dominial y Asistencia para Peque帽os Productores Agropecuarios y Familias Rurales鈥 y suspende por el plazo de dieciocho meses la ejecuci贸n de sentencias cuyo objeto sea el desalojo o desocupaci贸n de tierras pose铆das por familias rurales y peque帽os productores agropecuarios que se encuentren en las situaciones previstas en los art铆culos N掳 3.999 o 4.015 del C贸digo Civil (en junio de 2010 este plazo fue prorrogado por 48 meses m谩s). No obstante la existencia de este marco normativo, se han dado reiteradas situaciones de intentos de desalojo en territorios criollos.[30]

Para la provincia de Salta, en Dom铆nguez puede encontrarse una periodizaci贸n de la 鈥済eograf铆a de la conflictualidad por la tierra鈥 (2009: 187) desde 1980 hasta la actualidad 鈥搇a cualse ha ido montando sobre sucesivas oleadas de despojo a las poblaciones originarias y rurales鈥: una primera fase (1983/85-1993/94) que abarca el per铆odo entre la reconstrucci贸n de las organizaciones campesinas e ind铆genas luego de la dictadura militar hasta a la promulgaci贸n de la Ley Nacional N潞 23.302; un segundo per铆odo (1994/96-2002) caracterizado en su inicio por la consolidaci贸n a nivel nacional e internacional de la bater铆a de dispositivos jur铆dicos de reconocimiento hacia los pueblos originarios y que finaliza con la devaluaci贸n de la moneda nacional y el definitivo afianzamiento del modelo agroexportador, que imprimen una renovada presi贸n sobre la tierra y una intensificaci贸n en la explotaci贸n de los 鈥渞ecursos naturales鈥. En tercer lugar, desde el a帽o 2002 en adelante, una fase que a煤n est谩 abierta y se caracteriza por la multiplicaci贸n de los conflictos de tierras y por algunos resultados favorables a las poblaciones rurales, en un marco de mayor capacidad organizativa, mayor violencia por parte de las fuerzas de seguridad, y la puesta de manifiesto de la disputa territorial que se est谩 dirimiendo en la provincia, entendida en t茅rminos de incompatibilidad entre las territorialidades de las comunidades y del agronegocio.[31]

Recapitulando, los conflictos por la tierra en el este salte帽o no son nuevos ni est谩n solamente vinculados al avance de la frontera agropecuaria, sino que tambi茅n provienen del accionar de la producci贸n hidrocarbur铆fera (apertura de picadas, excavaciones y remociones de tierra durante las tareas de construcci贸n de gasoductos y prospecci贸n petrolera, etc.) y de la ampliaci贸n de la infraestructura vial regional, afectando directamente las zonas de uso ind铆genas y criollas. En muchos casos, estos emprendimientos se han llevado adelante sin estudios de impacto ambiental preliminares y prescindiendo de la consulta previa a los pobladores afectados.

Habiendo esbozado un panorama de las situaciones en las que se encuentran gran parte de las comunidades ind铆genas y los criollos ganaderos en el Chaco salte帽o en el contexto del avance de la 鈥渇rontera productiva鈥 por sobre sus territorios, nos detendremos en la caracterizaci贸n de una serie de casos que han sido 鈥減aradigm谩ticos鈥 en la provincia: el proceso de regularizaci贸n de los lotes fiscales 55 y 14 en el departamento de Rivadavia; la desafectaci贸n de la reserva General Pizarro y el caso de Salta Forestal, ambos en el departamento de Anta.

Lotes Fiscales 55 y 14

Cuando una charata canta, todas las charatas hacen coro. Como una sola comunidad pedimos a nuestro Gobierno, un solo t铆tulo para toda la tierra que precisamos

(鈥淣uestro pedido鈥, presentado al gobierno salte帽o el 28/07/1991)

En primer lugar, un hist贸rico reclamo territorial: el proceso de regularizaci贸n dominial que hace m谩s de treinta a帽os tiene sede en los lotes fiscales 55 y 14.[32]Las tierras en conflicto (un total de 643.000 has) se encuentran al norte del departamento Rivadavia, en la frontera con Bolivia y Paraguay. Por un lado, involucra a m谩s de cincuenta comunidades ind铆genas agrupadas en la Asociaci贸n de Comunidades Abor铆genes Lhaka Honhat (鈥淣uestra tierra鈥) desde el a帽o 1992. Por otro, comprende a m谩s de cuatrocientas familias criollas 鈥揺n su mayor铆a nucleadas en la Organizaci贸n de Familias Criollas (OFC), la Junta Vecinal Real Frontera y la Cooperativa Pilcomayo鈥, llegadas a la zona a comienzos del siglo XX, sin t铆tulos de propiedad.[33]

Tras infructuosos intentos de regularizaci贸n, los primeros reclamos comenzaron hacia el a帽o 1984 al comp谩s del retorno democr谩tico, cuando un grupo de representantes ind铆genas dirigieron al gobierno de Roberto Romero una 鈥淒eclaraci贸n conjunta鈥 reclamando una reserva de tierra fiscal. En el a帽o 1987 se sancion贸 la Ley N潞 6.469 de 鈥淩egularizaci贸n de la Situaci贸n Ocupacional del Lote Fiscal N潞 55鈥 y en 1991, tras un trabajo de mapeo comunitario realizado con apoyo de ONGs internacionales, se present贸 un documento suscripto por 27 comunidades (鈥淣uestro pedido鈥), en el que se solicit贸 al gobierno una superficie de tierra unificada y bajo un solo t铆tulo para todas las comunidades, en oposici贸n a la propuesta estatal que pretend铆a la entrega de t铆tulos individuales. A fines del mismo a帽o, se firm贸 un acta acuerdo ratificada por el Decreto N潞 2.609, por medio del cual el gobierno de Hern谩n Cornejo (1987-1991) se comprometi贸 a adjudicar una superficie sin subdivisiones mediante un T铆tulo 脷nico de Propiedad a las comunidades originarias. El mismo no fue ejecutado por el gobierno entrante, en manos del Partido Renovador, y en el a帽o 1993 el gobernador Roberto Ulloa[34] cre贸 una Comisi贸n Asesora Honoraria encargada de elaborar una propuesta de adjudicaci贸n de las tierras para ind铆genas y criollos.

En el a帽o 1996, en virtud de las dilaciones en el proceso, se produjo la toma durante veintitr茅s d铆as del puente internacional Misi贸n La Paz (Argentina)-Pozo Hondo (Paraguay) que estaba en construcci贸n.[35] La medida de fuerza lleg贸 a su fin cuando el gobierno provincial (ya a cargo de Juan Carlos Romero) se comprometi贸 a publicar en el plazo de treinta d铆as un decreto para la entrega definitiva de las tierras, acuerdo que no fue cumplido. Ante la persistente falta de respuesta del Estado (nacional y provincial), las comunidades ind铆genas radicaron en el a帽o 1998 una denuncia ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la representaci贸n del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Desde el a帽o 2000 se dio inicio a un 鈥減roceso de soluci贸n amistosa鈥 bajo la supervisi贸n de esta Comisi贸n, en la cual se incorpor贸 a la OFC. Este proceso fue finalizado unilateralmente en 2005 por parte del gobierno, quien convoc贸 a un Refer茅ndum vinculante (Ley N潞 7.352) a la poblaci贸n departamental para decidir si era su voluntad se entreguen las tierras a sus actuales ocupantes. El plebiscito se vio signado por irregularidades, resultando una amplia mayor铆a para el 鈥渟铆鈥 (nadie estaba en contra de la entrega de las tierras, m谩s bien el conflicto giraba en torno al c贸mo efectivizar la entrega). Un nuevo decreto del mismo a帽o (N潞 2.406) declar贸 objetivo prioritario de la pol铆tica del gobierno salte帽o el programa del Poder ejecutivo para la transferencia de las tierras a abor铆genes y criollos, al tiempo que se promovi贸 la creaci贸n de una Unidad Ejecutora Provincial.

En el a帽o 2007, el saliente gobernador Romero aprob贸 un Acta celebrada entre la provincia de Salta, la Asociaci贸n Lhaka Honhat y la OFC (Decreto N潞 2.786), por medio de la cual se distribuye la superficie de los lotes en una proporci贸n de 400.000 has para las comunidades ind铆genas (62%) y 243.000 has para las familias criollas (38%) que acrediten derecho. Hasta entonces, ind铆genas y criollos ten铆an posiciones encontradas y sus pretensiones de propiedad territorial se solapaban, agudizadas por la incompatibilidad en las formas de uso del ambiente (en un territorio signado por la degradaci贸n ambiental, vinculada al sobrepastoreo de ganado y la extracci贸n ilegal de madera), que fuera calificada en t茅rminos de 鈥渆xclusi贸n competitiva鈥 (Rodr铆guez y Buliubasich, 1994: 373).

La norma fue ratificada en 2008 por el gobierno de Juan Manuel Urtubey, mediante el Decreto N潞 4.705. Desde entonces, se ha conformado una nueva Unidad Ejecutora y se ha avanzado en reuniones, en la recepci贸n y an谩lisis de solicitudes de los pobladores criollos para acreditar antecedentes de ocupaci贸n veintea帽al, en la discusi贸n en torno a los criterios de distribuci贸n de las tierras para pobladores criollos[36], en los acuerdos entre partes por zonas (primero acuerdos entre ind铆genas y criollos y luego entre criollos para la ubicaci贸n definitiva de las parcelas correspondientes), y en las gestiones necesarias para las relocalizaciones de las familias criollas (en su mayor parte hacia el lote 14, en zonas no afectadas por el reclamo ind铆gena) y para la provisi贸n de infraestructura y programas de desarrollo para ambas poblaciones.

En 2012, la CIDH emiti贸 el Informe de Fondo 2/12 donde advirti贸 al Estado sobre la violaci贸n a los derechos territoriales de las comunidades, y en 2014 el gobierno provincial transfiri贸 la titularidad de 400.000 has a Lhaka Honhat y de 243.000 has a familias criollas (Decreto N潞 1.498). A pesar de esto, los conflictos han tenido continuidad y el proceso de regularizaci贸n no ha finalizado.[37]

Salta Forestal

En Salta Forestal聽no hab铆a ning煤n tipo de desarrollo, exist铆a un desorden, donde todos sacaban lo que quer铆an como los 谩rboles, el carb贸n, la madera. Hoy existe un orden: la zona est谩 dividida en dos partes, una empresa tiene una parte de la concesi贸n, la otra parte tiene la otra. En lo que respecta a la concesi贸n que tiene mi padre, hay unas quince o veinte mil hect谩reas que se cultivan, pero cuando se entreg贸 a Salta聽Forestal no hab铆a ninguna. El precio del canon est谩 estipulado as铆 porque realmente en Salta聽Forestal no hab铆a nada, entonces es f谩cil decir hoy que el canon tiene que cambiar鈥 claro porque est谩 todo hecho, alguien puso el capital de trabajo, alguien puso las horas de trabajo y alguien orden贸 esta situaci贸n. Lo que es muy curioso de Salta聽Forestal, es que en estos momentos Salta聽Forestal聽est谩 siendo estudiada por gente de la Universidad de Harvard como Desarrollo Auto sustentable, es un ejemplo en la regi贸n, en el pa铆s y en el mundo

(Entrevista a Alfredo Olmedo en El Intransigente, 02/11/2009, d/p)

Otro caso emblem谩tico es el de Salta Forestal. Se trata de una superficie de 345.000 has que en el a帽o 1974 fue transformada en empresa del Estado en asociaci贸n entre la provincia y la Direcci贸n General de Fabricaciones Militares (Ley N掳 4.981), con el objetivo de hacer un aprovechamiento integral de los bosques de los lotes fiscales 35 y 36. En el a帽o 1982, por medio de la Ley N掳 5.949 el Estado provincial adquiri贸 la totalidad del capital accionario y se constituy贸 la Sociedad del Estado Salta Forestal SA.

Once a帽os m谩s tarde, la Ley N潞 6.727 declar贸 a Salta Forestal SA 鈥渟ujeta a privatizaci贸n鈥. Se inici贸 entonces un proceso licitatorio para entregar las tierras a manos privadas, al cual s贸lo se present贸 una empresa: la firma Ecodesarrollo S.A, constituida por Olmedo Agropecuaria SA[38] y por Agropecuaria Cervera SA (hoy Agropecuaria Anta SA, subsidiaria de CRESUD SAIFyA).[39]El contrato, firmado en el a帽o 2000, concedi贸 la explotaci贸n por el t茅rmino de 64 a帽os: en primer lugar, la concesi贸n entreg贸 219.000 has a 35 a帽os con opci贸n a 15 a帽os m谩s, y despu茅s las 120.000 has restantes por 35 a帽os con opci贸n a 29 a帽os m谩s. Ecodesarrollo SA estar铆a eximida del pago de canon alguno hasta cumplidos los veinte a帽os de usufructo de las tierras, y a partir de ese momento (a帽o 2021) pagar铆a un valor anual irrisorio. En 2003, la empresa se dividi贸: Agropecuaria Cervera SA se qued贸 con 132.000 has, en tanto que a Olmedo Agropecuaria le correspondi贸 la superficie restante.

Siguiendo a Colina et al (2008), el caso de Salta Forestal es el m谩s notorio por su magnitud y por lo irregular de la concesi贸n. La situaci贸n de acorralamiento y expulsi贸n de los productores ganaderos que viv铆an y produc铆an en esas tierras desde antes de que se constituyera Salta Forestal, se agrava a medida que avanza el frente de desmonte: viven en una constante presi贸n por parte de las empresas, han sufrido la p茅rdida de fuentes de trabajo y la expulsi贸n de sus tierras, la migraci贸n hacia los centros urbanos cercanos y hacia otras zonas en b煤squeda de trabajo. A pesar de esto, la experiencia ha sido calificada en t茅rminos positivos en materia de impactos ambientales y sociales por sus impulsores, por lograr hacer frente al impacto del 鈥減astoralismo arcaico鈥 (enti茅ndase: ganader铆a criolla) y la explotaci贸n forestal incontrolada y exhaustiva de los bosques del Chaco salte帽o. De este modo, es se帽alada como un modelo 煤nico en el pa铆s llevado adelante por empresas privadas en tierras estatales, 鈥渃on una alta consideraci贸n t茅cnica ambientalista y una profunda responsabilidad social empresaria鈥 (Saravia Toledo, 2009: 45).

De acuerdo a las 煤ltimas informaciones disponibles, en el a帽o 2010, por medio de la Ley N掳 7.628 la legislatura provincial autoriz贸 al Poder ejecutivo a realizar las medidas necesarias para la reconducci贸n de la empresa. Al siguiente a帽o, se aprob贸 una modificaci贸n de las cl谩usulas contractuales de la concesi贸n, a partir de lo que Olmedo Agropecuaria y CRESUD deber谩n pagar un canon del 10% de su producci贸n anual (de acuerdo a lo establecido por la Ley N掳 7.623).[40] Acto seguido, el Decreto N掳 2.478 del mismo a帽o consider贸 鈥渓esivo鈥 a los intereses del Estado al contrato de concesi贸n de tierras de Salta Forestal a la empresa Ecodesarrollo SA, por lo que fue solicitada su nulidad.

Caso Pizarro: la reserva 鈥渄e papel鈥

Bienvenidos a Salta, la provincia con mayor superficie protegida en el pa铆s

(Palabras del gobernador Romero en las 3ras Jornadas Latinoamericanas sobre Medio Ambiente realizadas en Salta el 17/08/2006)

Por 煤ltimo, otro caso destacado es el de la Reserva de General Pizarro en los lotes fiscales 32 y 33: un total de 25.536 has que fueron declaradas como 鈥溍乺ea Natural Provincial Protegida鈥 en el a帽o 1995 por medio del Decreto N掳 3.397. No obstante esto, desde su creaci贸n el gobierno salte帽o no cumpli贸 con la Ley N潞 7.107 de 脕reas Protegidas, que contempla la presentaci贸n de un plan operativo de manejo integral participativo de las 谩reas de reserva, por lo cual ha sido caracterizada como una reserva 鈥渄e papel鈥.[41]

En el a帽o 2004, luego de que un informe encargado por el gobierno de Romero diera cuenta de la situaci贸n de deterioro ambiental de la reserva(Chalukian et al, 2002), la misma fue desafectada en su car谩cter de 谩rea protegida por medio de la Ley N掳 7.274, para ser loteada y vendida a manos privadas.[42] Con los recursos obtenidos (un total de $9.615.000 seg煤n la licitaci贸n), se propon铆a mejorar las rutas N潞 30 y 5, esta 煤ltima conocida como la 鈥渞uta de la soja鈥 (el monto obtenido representar铆a solo un 12% del costo de las obras de infraestructura vial, estimado en $75.000.000).

El conflicto involucr贸 a poblaci贸n ind铆gena y criolla. Por un lado, la comunidad ind铆gena Eben Ezer, unas 18 familias que no son originarias del lugar sino que llegaron hacia fines de la d茅cada de 1990 (provenientes de El Traslado, un paraje a 170 km de Tartagal y 350 km de Pizarro) tra铆dos por contratistas para trabajar como mano de obra en fincas locales y que hacia 2001, al finalizar el contrato, la municipalidad de Pizarro les ofreci贸 instalarse en el lote. Por el otro, 35 familias criollas que en su mayor铆a practicaban la ganader铆a de monte (junto con el cultivo para autoconsumo, caza y recolecci贸n) y que se encontraban en condiciones de acceder a la posesi贸n veintea帽al de las tierras.

Fueron presentadas acciones judiciales y amparos ante la justicia provincial y nacional contra la desafectaci贸n y venta de los lotes, tanto por parte de la comunidad ind铆gena, la poblaci贸n criolla, ONGs y la UNSa. En las distintas presentaciones se abog贸 por la inconstitucionalidad de la medida, se rechaz贸 el impacto ambiental de la desafectaci贸n, la modalidad de convocatoria y realizaci贸n de las audiencias p煤blicas para desmontes y la venta de tierras ocupadas por poblaci贸n originaria, entre tantos otros cuestionamientos. En el proceso, las empresas que inicialmente hab铆an adquirido los lotes en licitaci贸n p煤blica (MSU SA, Miguel Ragone SA y Miguel Courel SA) desistieron de la compra, y los lotes fueron finalmente titularizados a nombre de las empresas Initium Aferro SA y Everest SA (propiedad de dos de las familias m谩s tradicionales de la provincia: Usandivaras y Cornejo respectivamente).[43]

El conflicto lleg贸 a instancias del gobierno nacional a trav茅s del accionar de Greenpeace y otras ONGs, diversos organismos del gobierno nacional y un amplio apoyo de figuras del espect谩culo y el deporte nacional, con su punto m谩xime en el d铆a 29 de septiembre de 2005, cuando el cacique wich铆 se sent贸 en el sill贸n de Rivadavia durante una reuni贸n con el presidente N茅stor Kirchner.[44] De este modo, en el contexto de campa帽as medi谩ticas, movilizaciones y protestas llevadas adelante en el 谩mbito nacional y provincial, se vehiculiz贸 una soluci贸n a trav茅s de un acta acuerdo suscripta entre la provincia y la Naci贸n, en la cual se propon铆a la creaci贸n de un 谩rea protegida de jurisdicci贸n nacional a cargo de la Administraci贸n de Parques Nacionales (APN). A fines del a帽o 2010 la provincia de Salta aprob贸 por medio de la Ley N潞 7.654 la cesi贸n de la jurisdicci贸n a la Naci贸n, viabilizando la entrega definitiva a la comunidad wich铆 de un total de 800 has y la compra de 7.837 has para la creaci贸n de la reserva.[45]

Como saldo, debemos destacar que el proceso de soluci贸n tuvo desigual desenlace para las dos poblaciones involucradas: por un lado, se hizo evidente el rol estrat茅gico de los pueblos ind铆genas (en tanto sujetos de derecho consagrado en la legislaci贸n internacional, nacional y provincial) para el posicionamiento del reclamo en t茅rminos ambientales e identitarios, para lograr llevar el debate a escala nacional y generar un amplio espectro de adhesiones, por lo que se constituyeron en el foco de los reclamos y de los acuerdos alcanzados. Por el contrario, las familias criollas se vieron mayormente perjudicadas: fueron relocalizadas, se les asign贸 una superficie de tierra insuficiente para el desarrollo de la ganader铆a extensiva y no han logrado resolver la situaci贸n de tenencia de la tierra.

Este fue el antecedente m谩s directo al comienzo de las discusiones en torno a la 鈥渓ey de bosques鈥, y gran parte de los actores aqu铆 involucrados fueron los impulsores del debate a nivel nacional, denunciando la 鈥渆mergencia forestal鈥 en la que se encontraba el pa铆s. Tras el conflicto en Pizarro, la provincia de Salta se encontr贸 en el tapete como anti-ejemplo del avance deforestador, siendo se帽alado como un 鈥渃aso emblem谩tico鈥 (Hufty, 2008: 146) que se volvi贸 objeto de estudio a nivel internacional en ocasi贸n de los debates en torno a la conservaci贸n y el desarrollo sustentable.

Palabras de cierre

La selva, la naturaleza, en fin, son cosas que deben ser suprimidas, derribadas, por la (agri)cultura. De este modo, tal como en el caso del 鈥渧ac铆o demogr谩fico鈥, tambi茅n existe una 鈥渢ala epistemol贸gica鈥 que, anticipadamente autoriza la tala real. Y como la selva no es un vac铆o demogr谩fico, talar siempre se acompa帽a de matar, t茅rminos asociados en toda la historia de nuestra formaci贸n geogr谩fica y territorial

(Porto Gon莽alves, 2001: 269-270)

Los procesos de acumulaci贸n y reproducci贸n capitalista son movimientos contradictorios y han encontrado hist贸ricamente su contracara en la movilizaci贸n social en los territorios en los cuales los emprendimientos productivos (p煤blicos y/o privados) han avanzado por sobre la naturaleza, apostando a su mercantilizaci贸n y a la consolidaci贸n de un modelo de desarrollo de car谩cter extractivo.

La narraci贸n de casos realizada en el ac谩pite previo no implica desconocer o dejar de lado a tantos otros conflictos que han tenido y tienen lugar en estas latitudes: el caso de las comunidades wich铆 de la cuenca del rio Itiyuro en el departamento de San Mart铆n; la comunidad guaran铆 de Carapar铆 que desde el a帽o 2004 se opone al trazado de un gasoducto de la empresa Refinor SA; los pueblos kollas de Finca Santiago y Finca San Andr茅s y su hist贸rica lucha por las tierras altas y bajas del departamento de Or谩n; el litigio entre la comunidad guaran铆 de La Loma y el ingenio San Mart铆n de Tabacal para la recuperaci贸n de sus territorios; las organizaciones ind铆genas y de familias criollas de la zona de la ruta N掳 81 y las constantes intimidaciones, amenazas de desalojos, acciones violentas y cercamientos que sufren a manos de empresarios, pol铆ticos y jueces locales, por citar algunos casos de renombre.

M谩s bien, la selecci贸n responde (con perd贸n de la abundancia en fechas, actos legislativos y nombres propios) a que en los sucesos relatados pueden verse sintetizados una serie de puntos que fueron sugeridos a lo largo del cap铆tulo y cuyo an谩lisis ser谩 de especial inter茅s de aqu铆 en adelante, a saber:

  • La consolidaci贸n a nivel nacional de un modelo de desarrollo agropecuario con car谩cter exportador, signado por la agriculturizaci贸n y la sojizaci贸n y comandado por grandes empresas concentradas en desmedro de los medianos y peque帽os actores rurales, y que a nivel regional-provincial se tradujo en la 鈥減ampeanizaci贸n鈥 del Chaco (otro modo de hacer alusi贸n a su desertizaci贸n a ra铆z de la deforestaci贸n y degradaci贸n de BN);
  • La velocidad y falta de regulaci贸n en las habilitaciones de desmontes con fines agr铆colas y/o ganaderos sobre territorios demandados por poblaci贸n ind铆gena y criolla, dando cuenta de la hist贸rica y persistente connivencia entre el Estado provincial y los sectores productivos (al menos de las fracciones hegem贸nicas, en la perpetuaci贸n de esos espacios de poder pol铆tico y econ贸mico y en la permanencia de ciertos proyectos hacia los territorios y las poblaciones chaquenses);
  • La puesta en evidencia de modelos de desarrollo contrapuestos para un mismo espacio geogr谩fico, que pueden verse condensados en la tensi贸n (que aparece presentada en t茅rminos irreductibles) entre desarrollo y producci贸n versus conservaci贸n del ambiente y la naturaleza;
  • La trama de relaciones existente entre los m煤ltiples actores de la arena pol铆tica salte帽a 鈥揈stado, pueblos originarios, peque帽os productores criollos, grandes productores agropecuarios y forestales, ONGs y organizaciones de apoyo, Universidades, entre tantos otros鈥 y sus alianzas y desiguales condiciones (legales, institucionales, econ贸micas, etc.) para la apropiaci贸n y dominaci贸n territorial;
  • La relaci贸n tensionada entre el Estado nacional y los Estados provinciales en torno a la gesti贸n de los 鈥渞ecursos naturales鈥, te帽ida de acusaciones de intromisi贸n y avasallamiento de la Naci贸n por sobre las potestades 鈥搚 potencialidades de desarrollo鈥 locales;
  • La emergencia de las luchas por la tierra en clave territorial-ambiental e identitaria, tomando especial inter茅s las discusiones respecto del rol que los pueblos ind铆genas y familias campesinas (en asociaci贸n con otros movimientos sociales, ambientales, ONGs, etc.) tienen para lograr la visibilizaci贸n de los conflictos en la arena nacional y proponer modos alternativos de uso y v铆nculo con la naturaleza y el territorio;
  • La puesta en agenda de la cuesti贸n ambiental en Argentina, en este caso ligada a la deforestaci贸n masiva y sus consecuencias ambientales y sociales, que por detr谩s esconde problem谩ticas hist贸ricas no resueltas, como el acceso y titularizaci贸n de las tierras.

El fin 煤ltimo del recorrido propuesto fue trazar un panorama del (des)orden territorial en que se encontraba Salta hacia el a帽o 2008, cuando el plan de OTBN comenz贸 a ser delineado. Muchos de los actores, procesos e instituciones que aqu铆 fueron caracterizados ser谩n piezas principales en el debate acerca de c贸mo y para qu茅 ordenar el territorio salte帽o. La cita a continuaci贸n, una nota Editorial del diario El Tribuno (transcurridos cuatro a帽os del comienzo del OTBN) deja en relieve, con el trasfondo del cap铆tulo 4, gran parte de las discusiones que ser谩n abordadas en los apartados venideros:

Salta es una de las provincias con mayor potencial de desarrollo agroindustrial. Junto con las que integran el NOA y el NEA, conforma una reserva extraordinaria para la producci贸n de agroalimentos, que se suman a los yacimientos de hidrocarburos, hoy subaprovechados. Depende de la voluntad colectiva que todo ese potencial se materialice.

Los departamentos San Mart铆n, Or谩n y Rivadavia ofrecen las mayores posibilidades de expansi贸n productiva en Salta. Si el pa铆s y la provincia asumieran el rol de la Argentina en un mundo con demanda creciente de alimentos, esos tres departamentos cobrar铆an relieve internacional, ya que una explotaci贸n racional y sustentable de sus suelos permitir铆a multiplicar varias veces sus variadas riquezas. Hay millones de hect谩reas donde se podr铆a avanzar con desarrollos tecnol贸gicos que aprovechen los recursos naturales y se los combine con ganader铆a y agricultura.

Los expertos consideran que solo en la franja que se extiende desde Tartagal hasta Formosa podr铆an instalarse no menos de veinte establecimientos aptos para la producci贸n de ganado, oleaginosas, cereales y legumbres, destinados al consumo local y a la exportaci贸n, preservando el monte nativo y frenando la progresiva degradaci贸n del suelo, provocada hoy por el pastoreo sin manejo y la extracci贸n no controlada de madera. Asimismo, existen amplias zonas que, provistas de agua, podr铆an incorporarse al sistema productivo o aumentar y diversificar su actividad. [鈥

Pero el punto de partida de la decisi贸n pol铆tica consiste en eliminar medidas desafortunadas como el ordenamiento territorial y su secuela de imposiciones burocr谩ticas que perjudican al productor, terminan da帽ando al ambiente y arrojan sombras sobre la transparencia de quienes las ejecutan.

El norte salte帽o podr铆a ser una regi贸n pr贸spera, con pleno empleo y mucho valor agregado. Hoy es pobre y con 铆ndices de desempleo alarmantes, disfrazados con subsidios. De nada sirve seguir a帽orando los tiempos en que YPF desparramaba fondos, cuando est谩 en condiciones de generar exportaciones y empleo genuino sin ning煤n tipo de ayudas. Lo 煤nico que necesitan esos departamentos es voluntad pol铆tica y vocaci贸n de progreso (25/03/2012, d/p).


  1. Algunos de los apartados que componen este cap铆tulo han sido publicados en Petz y Schmidt (2014) y Schmidt (2014d, 2012).
  2. Las mismas quedaron simbolizadas en la aprobaci贸n de las Leyes Nacionales N掳 23.697 de Emergencia Econ贸mica (1989), N掳 23.696 de Reforma del Estado (1991) y N掳 23.928 de Convertibilidad (1991). Por medio del Decreto N掳 2.284 de Desregulaci贸n Econ贸mica (1991), se disolvi贸 a las instituciones que hab铆an regulado la actividad agropecuaria en el pa铆s (entre ellos: la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes y el Instituto Forestal Nacional), bajo la premisa de que 鈥渦na vez eliminadas las intervenciones y regulaciones del comercio exterior e interior no se justifica la existencia de numerosos organismos p煤blicos, creados a partir de la crisis mundial de la d茅cada de 1930, que no resultan aptos para la Argentina de los umbrales del Siglo XXI鈥.
  3. Para un an谩lisis de las consecuencias de la difusi贸n de la soja gen茅ticamente modificada en Argentina, ver Rodr铆guez (2005).
  4. Sistema de siembra que consiste en la ausencia de labranzas (鈥渓abranza cero鈥) y en la presencia de una cobertura permanente del suelo, v铆a cultivos y rastrojos de cultivos anteriores. Al reducir el n煤mero de remociones, se conserva la humedad residual y la actividad biol贸gica en el subsuelo, lo cual implica una mayor dependencia del uso de herbicidas y pesticidas (Reboratti, 2007). Actualmente hay 90.000.000 has a nivel mundial trabajadas con 茅ste y otros m茅todos de agricultura que tienen alg煤n laboreo. De ese total, 45.000.000 has se encuentran en Am茅rica del Sur, la mitad est谩 distribuida entre Brasil, Paraguay y Uruguay, y la otra mitad en Argentina. En Argentina, se incorpora definitivamente desde mediados de la d茅cada de 1990, con una r谩pida evoluci贸n: de menos de 10.000.000 has en la campa帽a 1999/00 lleg贸 a superar las 25.000.000 has en la campa帽a 2007/08 (de las cuales 15.000.000 has corresponden al cultivo de soja), representando un 75% del total de la superficie agr铆cola聽(http://www.aapresid.org.ar/).
  5. Entre otras cosas, exige que desde el 1 de enero de 2010 todas las naftas y gas oil comercializados en el pa铆s deben contener un 5% de biocombustibles (etanol o bioetanol en las naftas y biodiesel en el gas oil). La provincia de Salta adhiri贸 a la misma por medio de la Ley N潞 7.675 (2011).
  6. Para una descripci贸n pormenorizada de la producci贸n de biocombustibles en Argentina, ver Schvarzer y Tavosnanska (2007) y Goldstein y Gutman (2010). V茅ase Toledo L贸pez (2017, 2016) para un an谩lisis de las transformaciones territoriales y narrativas del desarrollo asociadas al caso de la producci贸n de biodiesel en la provincia de Santiago del Estero.
  7. Se estima que hacia el siglo XIX hab铆a en el territorio que hoy es Argentina alrededor de 160.000.000 has de bosques, selvas y montes (el 30% de su superficie continental) (Zarrilli, 2008b). Una de las primeras informaciones existentes acerca de la superficie forestal en el pa铆s y para cada provincia hab铆a sido consignada en un proyecto de ley forestal presentado en la C谩mara de Diputados en 1915: 1.067.700 km2 (106.888.400 has) con vocaci贸n forestal (sobre una superficie total de 2.949.300 km2, el 38,6% del territorio argentino). Las provincias y/o territorios con mayor proporci贸n de bosques eran C贸rdoba, Salta, Santiago del Estero, la Rioja, Chaco y Misiones (todas por encima del 80%). Ya se estimaba que en treinta a帽os quedar铆a reducida a 508.400 km2 (50.840.000 has), al ser sustituidas por el avance de la agricultura y ganader铆a, por la explotaci贸n intensiva de los bosques y afectada por incendios (Devoto, 1935). El CNA del a帽o 1937 ofreci贸 el primer antecedente sobre la superficie efectiva de bosques en Argentina: 37.535.308 has (cerca de un tercio de la superficie estimada un siglo antes).
  8. El Inventario se inici贸 en el a帽o 1997 como un objetivo del Proyecto Bosques Nativos y 脕reas Protegidas de la SAyDS. Para m谩s informaci贸n, ver: http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=43
  9. Se subdivide en: Chaco H煤medo, Semi谩rido, 脕rido y Serrano. En Salta, la porci贸n chaque帽a corresponde a la subregi贸n del Chaco Semi谩rido, la cual cubre la totalidad de los departamentos de Met谩n, Rosario de la Frontera, Anta y Rivadavia, adem谩s de abarcar porciones de los departamentos de San Mart铆n, Or谩n y La Candelaria.
  10. Se divide en tres subregiones: Selva Pedemontana o de Transici贸n, Selva Montana y Bosque Montano. La primera de ellas corresponde a la zona del 鈥渦mbral鈥, epicentro del avance de la frontera agropecuaria en Salta.
  11. Estas transformaciones productivas no son privativas de la porci贸n del Chaco y Yungas pertenecientes a la Argentina, sino que similares procesos se encuentran en Bolivia, Paraguay y Brasil.
  12. El poroto se siembra pr谩cticamente su totalidad en esta regi贸n. Se observa una progresiva expansi贸n en el 谩rea sembrada hasta fines de la d茅cada de 1990, donde alcanza su m谩ximo nivel con 432.000 has a nivel pa铆s, correspondi茅ndole 287.000 has a las provincias de Salta, Tucum谩n y Jujuy.
  13. Para un an谩lisis de la producci贸n porotera y los mecanismos de explotaci贸n de las econom铆as dom茅sticas, ver Trinchero (2000). Para una caracterizaci贸n de los productores del n煤cleo sojero de Anta (origen del capital, trayectorias, estilo de administraci贸n, estrategias financiero-productivas), ver Van Dam (2003).
  14. Si bien la informaci贸n de los CNA 1988 y 2002 se torna desactualizada para dar cuenta de las caracter铆sticas productivas de la provincia y los departamentos de referencia (siendo que es en los a帽os recientes cuando las transformaciones se profundizaron), son los datos disponibles y nos permiten se帽alar las tendencias. Es oportuno apuntar que el CNA 2002 presenta un subregistro de 1.800.000 has con respecto al CNA 1988, de las cuales 500.000 has corresponden al departamento de Oran (Slutzky, 2005). Otro de los problemas del mencionado censo fue el subregistro de los grandes productores: la menor superficie con respecto al a帽o 1988 se explica en un 91% por la menor superficie censada en el estrato de productores de m谩s de 10.000 has, que pasan a tener 1.600.000 has menos en 2002 que en 1988 (Van Dam, 2008). Los datos del CNA 2008 a煤n no est谩n disponibles en su totalidad y el relevamiento ha sido foco de serias objeciones. Seg煤n datos preliminares, la superficie implantada total en primera ocupaci贸n para la provincia de Salta ser铆a de 829.334 has (de las cuales 142.342 has corresponden a cereales para granos y 288.083 has a oleaginosas).
  15. En la regi贸n, los devastadores impactos derivados de las pol铆ticas de ajuste neoliberal tuvieron su m谩xima expresi贸n en la privatizaci贸n de YPF y en la movilizaci贸n y conflictividad social derivados. Sobre las puebladas y cortes de ruta en el norte salte帽o (a帽os 1997, 1999, 2000 y 2001) y el surgimiento de la UTD de General Mosconi, sugerimos consultar Barbetta y Lapegna (2001), Petz (2010), Svampa y Pereyra (2003) y Wahren (2011). Sobre la masividad y extensi贸n de la protesta social como contracara de la profundidad del proceso de reconversi贸n de las relaciones entre capital y trabajo, sus v铆nculos con los reclamos ind铆genas por la tierra y la criminalizaci贸n, clientelizaci贸n pol铆tica y estigmatizaci贸n social operadas en este contexto por el gobierno salte帽o, ver Trinchero y Leguizam贸n (2004).
  16. En marzo de 2012 el gobierno provincial convoc贸 a Licitaci贸n p煤blica nacional e internacional para el otorgamiento de permisos de exploraci贸n y eventual concesi贸n de explotaci贸n de hidrocarburos en distintas 谩reas 鈥渓ibres鈥 en los departamentos de Rivadavia, Or谩n, Anta y San Mart铆n. Este proceso licitatorio se realiza en el marco del Plan Energ铆a 2012-2013, en el que se prev茅 un incremento de la producci贸n energ茅tica provincial del 15%. Otra situaci贸n a seguir de cerca en el 谩mbito energ茅tico es el impacto en Salta de la Ley Nacional N掳 26.741 sancionada en mayo de 2012, a trav茅s de la cual se declar贸 de inter茅s p煤blico nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y de utilidad p煤blica y sujeto a expropiaci贸n el 51% del patrimonio de YPF SA y Repsol YPF Gas SA.
  17. http://www.iirsa.org/ En el marco de la conformaci贸n de la Uni贸n de Naciones Suramericana (UNASUR) se establecieron una serie de consejos sectoriales de nivel ministerial que trabajan en diferentes 谩reas, siendo uno de ellos el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), creado en 2009. En 2011, la IIRSA fue incorporada al mismo como su Foro T茅cnico, para apoyarlo en la planificaci贸n de infraestructura de conectividad regional.
  18. Es la red ferroviaria m谩s extensa del pa铆s, con un tendido que abarca catorce provincias y brinda conexiones con Chile y Bolivia.
  19. Se considera poblaci贸n urbana a la que habita en localidades de 2.000 y m谩s habitantes, y poblaci贸n rural a la que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes y a la que se encuentra dispersa en campo abierto.
  20. En Salta, la regulaci贸n del uso de agroqu铆micos est谩 contenida en las Leyes N潞 7.070 de Protecci贸n del Medio Ambiente y N潞 7.812 de Protecci贸n de la Salud Humana, Regulaci贸n, fiscalizaci贸n, educaci贸n e implementaci贸n de las buenas pr谩cticas agr铆colas y buenas pr谩cticas de manufactura.
  21. En a帽os recientes, tambi茅n la poblaci贸n de General Mosconi comenz贸 a manifestar su preocupaci贸n en torno al uso de agroqu铆micos (Pa帽uelos en Rebeld铆a, 2006). Ante los numerosos casos de ni帽os nacidos con malformaciones, han solicitado al hospital zonal una investigaci贸n que diera cuenta de la posible conexi贸n con las fumigaciones en los campos de poroto y soja que circundan la ciudad. Ver http://www.copenoa.com.ar/Gral-Mosconi-Piden-investigacion.html
  22. Hijo de Roberto Romero, figura principal del justicialismo salte帽o, y que fue gobernador de la provincia tras el retorno democr谩tico (1983-1987) y fundador del diario El Tribuno, uno de los principales medios gr谩ficos del norte argentino (Salta, Jujuy y Tucum谩n).
  23. En oposici贸n a la tendencia nacional y en la mayor铆a de las provincias, en Salta aumentan las EAPs (con y sin l铆mites definidos) y disminuye su superficie media entre 1988 y 2002. Seg煤n datos preliminares, en el CNA 2008 la superficie de las EAPs con l铆mites definidos ser铆a de 4.946.103 has para el total provincial (seg煤n estimaciones, la superficie agropecuaria total ascender铆a a 5.437.760 has). Las EAPs ser铆an un total de 9.645 (6.155 con l铆mites definidos y 3.490 sin l铆mites definidos), disminuyendo en un 6,3% respecto al a帽o 2002.
  24. Si bien la distinci贸n entre tenencia regular e irregular se basa en criterios jur铆dicos relativos a la posesi贸n o no de t铆tulos o contratos, permit谩monos dudar acerca de qui茅nes o mediante qu茅 mecanismos se ha dilatado o impedido el acceso a la regularizaci贸n de tierras a poblaci贸n ind铆gena y criolla, y cu谩les fueron los procesos hist贸ricos que llevaron a tal situaci贸n de irregularidad con respecto a la tierra (y que siguen operando en la actualidad a favor de los titulares).
  25. Las 鈥渟ituaciones problem谩ticas鈥 pueden resumirse como sigue: ocupaci贸n de tierras fiscales; ocupaci贸n de tierras privadas; campos comuneros; aparcer铆as precarias; comunidades ind铆genas; sucesiones indivisas y divisiones condominiales f谩cticas, y otros casos especiales (productores pobres en 谩reas naturales protegidas). Para Salta, son especialmente importantes la ocupaci贸n de tierras fiscales, la ocupaci贸n sin permiso de tierras privadas; las aparcer铆as precarias; las comunidades ind铆genas y las sucesiones indivisas (Slutzky, 2008; Van Dam, 2008).
  26. 脕lvarez y Naharro (2011) realizan un estudio de la reactivaci贸n del mercado inmobiliario en el municipio de Ballivi谩n (departamento de San Mart铆n), a trav茅s del relevamiento de 62 matr铆culas catastrales (125.874 has). Concluyen que aproximadamente el 60% ha cambiado de titular desde el a帽o 2005 hasta principios del 2011, al comp谩s del aumento en la superficie para el cultivo de soja. Se帽alan adem谩s que muchas de las transacciones fueron registradas por escriban铆as del 谩rea pampeana, que el 31,8% est谩 titulado a nombre de empresas, que aparecen como Sociedades An贸nimas, y que el resto de los titulares son personas f铆sicas (en muchos casos portan el mismo apellido, pudi茅ndose inferir que son parientes, por lo que se tratar铆a de grupos familiares que tienen unificado el emprendimiento productivo, por m谩s que los t铆tulos de la tierra est茅n subdivididos).
  27. Van Dam (2003) se帽ala para el caso de Anta que, aunque es dif铆cil conocer los diferentes precios para 谩reas relativamente homog茅neas en calidad, aparentemente a lo largo del primer pulso de expansi贸n agropecuaria (1970 a inicios de 1990) se mantuvieron relativamente estables: hacia 1975, la hect谩rea de monte costaba entre U$S 100-120, mientras que desmontar una hect谩rea costaba unos U$S 250 adicionales. Hacia 1978-1980, la tierra con monte lleg贸 a costar entre U$S 200-300/ha, pero en 1983, con el regreso de la democracia, volvi贸 a caer a U$S 130-150/ha. Con la introducci贸n de la siembra directa y la recuperaci贸n de los suelos, volvi贸 a tomar auge hacia los a帽os 1997 y 1998, cuando una tierra con monte costaba U$S 600/ha y un campo desmontado entre U$S 1.300-1.500. En a帽os m谩s recientes, Colina et al (2008) se帽alan que como consecuencia de la alta renta diferencial actual y la demanda existente, el precio ronda las 4.500 U$S/ha en Las Lajitas.
  28. Seg煤n informaci贸n actualizada al a帽o 2016, son 1532 las comunidades ind铆genas identificadas. S贸lo la mitad ha iniciado el proceso de relevamiento (759 comunidades) y s贸lo 459 comunidades cuentan 鈥渃on resoluci贸n鈥, que el INAI identifica como relevamientos 鈥渃ulminados鈥 (si bien esto no implica haber accedido a la titularizaci贸n de las tierras). En noviembre de 2017 vence la pr贸rroga de la norma, cuya nueva extensi贸n est谩 a la espera de ser tratada en el Congreso Nacional tras sucesivas postergaciones.
  29. El C贸digo Civil establece una diferenciaci贸n entre 鈥渄ominio鈥, 鈥渢enencia鈥 y 鈥減osesi贸n鈥. Se es propietario cuando se dispone de un t铆tulo de la tierra mediante escritura p煤blica de domino, se est谩 inscripto en el registro de propiedad y existe posesi贸n real y efectiva sobre la tierra. Se es tenedor cuando se vive y trabaja en ella pero se reconoce a un tercero como propietario (cuando no hay 谩nimo de due帽o, la tierra es arrendada o se tiene en comodato). Por 煤ltimo, se es poseedor cuando hay 谩nimo de due帽o y se realizan actos posesorios. A pesar de carecer de t铆tulo de propiedad, tiene derechos de posesi贸n: de autodefensa, de reclamo y de adquisici贸n de las tierras como due帽o leg铆timo mediante juicio de usucapi贸n o prescripci贸n veintea帽al (Dom铆nguez, 2009). En los casos de prescripci贸n veinte帽al, el usucapiente (el interesado) es quien debe probar en el juicio que ha detentado durante veinte a帽os la posesi贸n continua, ininterrumpida, pac铆fica y p煤blica del inmueble con 谩nimo de due帽o. Este es el 煤nico mecanismo legal para que los peque帽os productores puedan acceder a los t铆tulos de propiedad de la tierra que ocupan hist贸ricamente, si bien encuentra una serie de obst谩culos: es necesario un conocimiento por parte de los productores de los derechos que les otorga la posesi贸n y requiere de capacidad organizativa y econ贸mica para poder llevar adelante el proceso legal que esto implica (Sili y Soumolou, 2011).
  30. Un ejemplo en este sentido ha sido el accionar del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tartagal, desde donde en reiteradas oportunidades se han rechazado pedidos de suspensi贸n de 贸rdenes de desalojo contra familias criollas. De acuerdo a un comunicado de la Asociaci贸n de Peque帽os Productores del Chaco salte帽o (APPCHS) de mayo de 2011, su jueza a cargo 鈥渘o se ha caracterizado en los 煤ltimos a帽os por impartir justicia en forma objetiva y ecu谩nime, todo lo contrario siempre ha mostrado cierto grado de animosidad hacia las familias campesinas聽聽y comunidades ind铆genas, nos llama la atenci贸n que ninguno de sus fallos le haya dado la raz贸n a las familias campesinas y a reconocer sus derechos, no por el contrario todos sus fallos siempre fueron a favor de los representantes de las empresas que llegaron a nuestra regi贸n a realizar negocios especulativos con nuestras tierras鈥.
  31. De acuerdo a un informe de la REDAF (2012b), en la regi贸n chaque帽a se relevaron para el per铆odo noviembre 2007-agosto 2011, 248 casos de conflictos sobre tenencia de la tierra y medioambientales (sobre un total de 386 casos identificados) que vulneran los derechos de los pueblos ind铆genas y/o campesinos. Hay m谩s de 1.500.000 personas afectadas por alg煤n tipo de conflicto y al menos 11.824.660 has involucradas en los mismos. Para profundizar en los aspectos jur铆dicos e institucionales
    del acceso a la tierra en Salta, ver Mioni, Godoy Garraza y Alcoba (2013).
  32. Para ampliar, ver Carrasco (2009), Carrasco y Briones (1996), Gordillo y Leguizam贸n (2002), Rodr铆guez y Buliubasich (1994) y Trinchero (2007, 2000).
  33. Al trazarse el l铆mite entre Salta y Formosa en el a帽o 1909, parte de la colonia Buenaventura qued贸 situada del lado salte帽o y los criollos perdieron la validez de la titularidad de sus tierras que les hab铆a otorgado el gobierno formose帽o, quedando en situaci贸n de ocupantes de tierras fiscales (igual condici贸n que los ind铆genas).
  34. Capit谩n de nav铆o retirado que gobern贸 la provincia de Salta durante la dictadura militar (1977-1983) y fue electo en democracia para el per铆odo 1991-1995, a trav茅s del Partido Renovador por 茅l fundado.
  35. El puente 鈥揹enominado como un puente 鈥渆n medio de ning煤n lugar鈥 (Gordillo y Leguizam贸n, 2002: 86)鈥 forma parte del proyecto de integraci贸n regional conocido como 鈥渃orredor bioce谩nico鈥, que tiene el objetivo de atravesar el Chaco y comunicar con los puertos del Pac铆fico en Chile y los centros industriales y puertos en el Atl谩ntico. El proyecto se encuentra en la agenda del IIRSA y reci茅n en 2013 comenzaron a ejecutarse las obras de pavimentaci贸n y enripiado para la ruta provincial N掳 54 con recursos provenientes de la Ley N掳 7.691 a trav茅s de la cual se cre贸 en 2011 el 鈥淔ondo de Reparaci贸n Hist贸rica del Norte de la Provincia de Salta鈥. En referencia a estas obras, el senador salte帽o Mashur Lapad se mostr贸 optimista acerca de la posibilidad de convertir esa inmensidad de tierras en la 鈥済ran huerta del pa铆s y de Latinoam茅rica鈥 (Nuevo Diario, 02/11/2011).
  36. De acuerdo a las tres propuestas presentadas por las tres organizaciones criollas de la zona. El criterio definitivo se aprob贸 en 8 has/EV (equivalente vaca) con un m谩ximo de 900 has para aquellas familias que superan los 100 EV y un m铆nimo de 20 has para aquellas familias que no poseen ganado.
  37. En agosto de 2017, la CIDH concedi贸 una nueva pr贸rroga al Estado (hasta el 1 de noviembre) para el cumplimiento del informe (delimitaci贸n, demarcaci贸n y titulaci贸n colectiva del 谩rea de las comunidades ind铆genas y realizaci贸n de obras para trasladar a las familias criollas, entre las principales obligaciones). En caso de incumplimiento, podr铆a radicarse una denuncia ante la Corte Interamericana.
  38. La empresa es propiedad de Alfredo P. Olmedo, padre de Alfredo H. Olmedo, actual senador nacional por la provincia de Salta. Olmedo Agropecuaria posee 98.000 has en los departamentos de Anta, Met谩n y Rosario de la Frontera (Salta), Santiago del Estero y Formosa, y arrienda cerca de 10.000 has m谩s en su zona de influencia. Destina la mayor proporci贸n de superficie a la siembra de soja, datos que lo convierten en el mayor productor de soja individual con tierra propia en Argentina.
  39. CRESUD Sociedad An贸nima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (propiedad del holding inmobiliario IRSA) es una de las compa帽铆as agropecuarias argentinas l铆deres en la producci贸n de bienes agropecuarios b谩sicos (producci贸n de granos, carne y leche), con presencia en Brasil y otros pa铆ses latinoamericanos. En Salta, la empresa posee dos campos: Los Pozos (campo propio de 240.858 has, donde se destinan 50.000 has para ganader铆a con pasturas tropicales y 6.222 has para agricultura) y Agropecuaria Anta (campo concesionado de 132.000 has: 10.401 has tienen destino agr铆cola y 11.314 has se arriendan a terceros).
  40. Sancionada en 2010, la norma tiene por fin establecer las condiciones econ贸micas para la explotaci贸n de inmuebles rurales de propiedad del Estado Provincial, Entidades Aut谩rquicas o Descentralizadas, Sociedades del Estado, etc. En su art铆culo N潞 3 se帽ala que la contraprestaci贸n a percibir por la provincia no podr谩 ser inferior al 10% del valor de la producci贸n anual que se obtenga del predio en explotaci贸n.
  41. Para una cronolog铆a y an谩lisis, ver L贸pez et al (2010) y Hufty (2008).
  42. En el informe se sugieren dos alternativas: Recategorizaci贸n como Reserva de Uso M煤ltiple (para lo cual deber铆an implementarse planes de recuperaci贸n y manejo de manera urgente, con presencia constante de la SEMADES, as铆 como tambi茅n ser铆a necesario la gesti贸n y disposici贸n de fondos especiales) o Desafectaci贸n de los lotes 32 y 33 de la categor铆a de 脕rea Protegida, con excepci贸n de la parte Oeste(la mayor parte de esta 谩rea se encuentra en la provincia de Jujuy, en litigio por problemas lim铆trofes).
  43. La empresa Everest comenz贸 r谩pidamente a gestionar las solicitudes de desmonte por una superficie de 6.218 has, convocando a una audiencia p煤blica en mayo de 2005.
  44. Aqu铆 es central tener en consideraci贸n la tensi贸n entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Recordemos que en el a帽o 2003, asumi贸 N茅stor Kirchner a la presidencia con el voto de apenas poco m谩s de un 20% del electorado, luego de haber ganado la contienda electoral 鈥損or abandono en la instancia de ballotage鈥 a la f贸rmula Menem-Romero.
  45. En diciembre de 2014, el Congreso Nacional dio sanci贸n a la Ley N潞聽27.093 que crea la Reserva Nacional Pizarro.


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