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2 Territorio(s), desarrollo (in)sustentable y naturaleza colonizada, mercantilizada y ambientalizada

El mapamundi que nos enseñaron otorga dos tercios al norte y un tercio al sur. Europa es, en el mapa, más extensa que América latina, aunque en realidad América latina duplica la superficie de Europa. La India parece más pequeña que Escandinavia, aunque es tres veces mayor. Estados Unidos y Canadá ocupan, en el mapa, más espacio que África, y en la realidad apenas llegan a las dos terceras partes del territorio africano.

El mapa miente. La geografía tradicional roba el espacio, como la economía imperial roba la riqueza, la historia oficial roba la memoria y la cultura formal roba la palabra

(Patas Arriba. La escuela del mundo al revés, “Mapamundi”, Eduardo Galeano)

Las disputas por el territorio, por los distintos modelos de desarrollo posibles y en torno a los diversos modos de valorización de la naturaleza y el ambiente se han convertido en puntos nodales del debate político y académico latinoamericano de las últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI. La definitiva incursión –en nombre del “desarrollo”– de emprendimientos de carácter extractivo con respecto a los bienes naturales (suelo, agua, bosques) en territorios antes “marginales” (o marginados por las lógicas hegemónicas de producción y reproducción del capital), ha desencadenado una serie de luchas y reivindicaciones por parte de las poblaciones locales afectadas, en la búsqueda por descolonizar las ideas hegemónicas en torno a estas categorías y dar lugar a otros modos de producir territorios, a modelos alternativos de desarrollo y a formas distintas de relacionarse con la naturaleza.

En lo que respecta a nuestro caso de interés, en ocasión del diseño e implementación del OTBN en la provincia de Salta se han puesto en entredicho las distintas formas en que los actores involucrados entienden la problemática territorial, la cuestión del desarrollo y el cuidado y/o conservación de la naturaleza (en particular, los bosques). En este apartado, nos introducimos en los principales debates conceptuales en torno a estas categorías que serán abono para el análisis ulterior.[1]

Territorios y relaciones de poder

el espacio es lo que estaba muerto, fijado, no dialéctico, inmóvil. Por el contrario, el tiempo era rico, fecundo, vivo, dialéctico. […] No comprendían que, en la percepción de las implantaciones, del perfilamiento de los objetos, de los gráficos, de las organizaciones de los dominios, lo que se hacía aflorar eran los procesos –por supuesto históricos- del poder. La descripción espacializante de los hechos del discurso desemboca en el análisis de los efectos de poder que están ligados a ellos

(Foucault, 1991: 117-118. Destacados propios[2])

Dimensión espacial y análisis social: del espacio como escenario a la realización espacial de las contradicciones socio-políticas

En la historia de las ciencias sociales, el lugar de lo espacial ha ido en detrimento del privilegio otorgado a la dimensión temporal de análisis. Así, la mayoría de las veces el espacio ha oficiado como escenario, al ser pensado en su relación inmediata con el medio físico: un sustrato morfológico en el cual se asientan las culturas o sociedades (Haesbaert, 2004; Harvey, 1998; Porto Gonçalves, 2001). Agnew (1993) apunta que las ciencias sociales están llenas de suposiciones y presunciones sobre el espacio, a pesar de su aparente “no espacialidad” y de la tendencia a ver el espacio como un tablero a través del cual se “mueven” los procesos sociales. En similar tono, Gupta y Ferguson (1997) ofrecen una exploración crítica al señalar que los términos “sociedad” y “cultura” son anexados de modo rutinario a los Estados nacionales, y que el espacio se vuelve una cuadrícula neutral en la que diferencia cultural, memoria histórica y organización social se inscriben.

También Harvey (2007) señala que la tendencia predominante de la teoría social ha sido la exclusión de la espacialidad o su tratamiento como un contenedor simple e inmutable dentro del cual ocurren los procesos sociales. No obstante, advierte que en años recientes muchos geógrafos, apoyados en los argumentos de Lefebvre, han visto la espacialidad como producida activamente dentro del proceso social. Porto Gonçalves (2002) señala que Foucault tuvo el mérito de recobrar el significado del espacio, estableciendo una relación íntima entre espacio y poder. 

La dupla espacio-poder fue especialmente abordada por Lefebvre (1991), precursor en señalar el vínculo entre capitalismo y espacio, en su búsqueda por demostrar el rol activo del espacio en el modo de producción capitalista. Recuperemos una de sus preguntas iniciales: “¿Es concebible que el ejercicio de la hegemonía pueda dejar al espacio intacto? ¿Puede el espacio ser nada más que el lugar pasivo para las relaciones sociales, el medio en donde sus combinaciones toman cuerpo?” (1991: 11, t/p). En su búsqueda por dar respuesta a estas preguntas, su obra subraya la producción (social) del espacio (social). Esta proposición nos invita a pensar que cada sociedad produce su propio espacio y que debemos poder dar cuenta del proceso de producción, la “historia del espacio” (1991: 116).

Ahora bien, Lefebvre nos advierte que el espacio social no es un producto entre tantos otros, y que no se trata de un único espacio sino de una multiplicidad y entrelazamiento de espacios sociales que se interpenetran y sobreponen unos a otros. Es al mismo tiempo resultado y causa, producto y productor. Se opone a pensar al espacio como algo neutral, objetivo, fijo, transparente, inocente o indiferente y, de este modo, se enfrenta a la tendencia dominante que hace un análisis fragmentado del mismo. Más aún, es en el espacio que las contradicciones socio-políticas se realizan: “las contradicciones espaciales “expresan” conflictos entre intereses y fuerzas socio-políticas; es sólo en el espacio que tales conflictos entran efectivamente en juego, y al hacerlo se convierten en contradicciones de espacio” (1991: 365, t/p, d/o).

Siguiendo esta línea de análisis, Harvey (2009, 1998) nos recuerda que hay evidencia histórica y geográfica suficiente de que diferentes sociedades han “producido” ideas radical y cualitativamente diferentes acerca del espacio y el tiempo, reforzando la certeza de que son construcciones sociales. Más allá, nos invita a investigar acerca del modo en que las relaciones de poder están siempre implicadas en prácticas espaciales y temporales, las cuales nunca son neutrales sino más bien constituyen el núcleo de intensas luchas sociales: siendo que la acumulación de capital constantemente reconstruye el poder social mediante la re-configuración de sus bases geográficas, “cualquier lucha por reconstituir relaciones de poder es una lucha por reorganizar sus bases espaciales” (1998: 264, d/p).

Para finalizar, recuperemos también a Bourdieu (1999, 1988) en su preocupación por los vínculos entre el espacio social y el poder simbólico: el espacio es uno de los lugares en donde se afirma y se ejerce el poder, de modo sutil, a través de la violencia simbólica. Afirma así que la estructura del espacio se manifiesta en la forma de oposiciones espaciales, en las que el espacio habitado (o apropiado) funciona a modo de simbolización del espacio social, y que la capacidad de dominar el espacio depende del capital poseído, en sus diversas formas:

El espacio social se retraduce en el espacio físico, pero siempre de manera más o menos turbia: el poder sobre el espacio que da la posesión del capital en sus diversas especies se manifiesta en el espacio físico apropiado en la forma de determinada relación entre la estructura espacial de la distribución de los agentes y la estructura espacial de la distribución de los bienes o servicios, privados o públicos (1999: 120, d/o).

Todo antedicho nos estimula a introducir la categoría de territorio, concepto que en los últimos tiempos ha condensado las discusiones en ocasión del vínculo entre espacio y poder.

El territorio como espacio de la dominación estatal

Comencemos por puntear la diferencia entre espacio y territorio. Tal como señala Raffestin,

El espacio es anterior al territorio. El territorio se forma a partir del espacio, es el resultado de una acción conducida por un actor sintagmático (actor que realiza un programa) en cualquier nivel. Al apropiarse de un espacio, concreta o abstractamente (por ejemplo, por la representación), el actor “territorializa” el espacio […]. El espacio es la “prisión original”, el territorio es la prisión que los hombres construyen para sí (1993: 143-144, t/p, d/p).

Se trata entonces de un espacio apropiado y dominado por cierta relación de poder (no hay conformación de un territorio sin tal ejercicio del poder). La historia del concepto nos muestra que el análisis en clave territorial surgió en el seno de la Geografía Política a fines de siglo XIX, en consonancia con los procesos de formación y consolidación de los Estados nacionales. Un autor clásico que sentó las bases para la asociación sinonímica entre territorio y Estado fue Ratzel, quien a partir de analogías organicistas propuso la categoría de “espacio vital”. En estos abordajes, el Estado es entendido como la única fuente de poder y el territorio –categoría ontológica, realidad objetiva– era su soporte material, asociado de modo directo a la porción de superficie sobre la cual ejercía su soberanía.[3]

De este modo, el territorio se volvió un eslabón fundamental en la definición de la soberanía estatal, y la proyección de poder social sobre el espacio ha sido tradicionalmente ligada a la territorialidad estatal: la “fetichización del espacio al servicio del Estado” (Lefebvre, 1991: 21). Desde la perspectiva “moderna”, el territorio fue considerado un espacio a administrar, sobre el cual se ejerce el control y gestión de la población y sus recursos. Se acerca así a la definición clásica y de tipo fisicalista: un recurso (tierra) o sustrato material (suelo) a ser administrado, controlado y gestionado, y que desconoce (oculta) las relaciones de poder que le son inherentes.

En tiempos recientes, han surgido alternativas analíticas que han puesto en cuestión tal ligazón naturalizada. Desde finales de siglo XX, abundan las referencias a la “desterritorialización” –de relaciones sociales, identidades, capitales–, a la desaparición de las fronteras estatales a partir de la globalización y al debilitamiento de la soberanía territorial de los Estados nacionales. Haesbaert (2004) afirma que el argumento de la desterritorialización y el proyecto neoliberal caminan juntos: se trata de un discurso eurocéntrico o “primermundista”, más vinculado a la realidad de las elites efectivamente globalizadas y ajeno a la ebullición de la diversidad de experiencias y reconstrucciones del espacio. Refiere así al mito del “fin de los territorios”, y por el contrario, afirma que el dilema de este inicio de milenio es la multiterritorialidad: la exacerbación de la posibilidad (que siempre existió) de experimentar diferentes territorios al mismo tiempo, reconstruyendo constantemente el propio. Estas y otras contribuciones, han llamado la atención sobre la necesidad de abrir el abanico analítico hacia otros actores, poderes y territorios.

Multiplicidad de territorios y territorialidades: de territorios hegemónicos y territorios subaltern(izad)os

Perdido el impulso inicial que había tomado el concepto asociado a la matriz estatal, éste comenzó a ser recuperado a partir de la década de 1960, y desde 1980 tomó un nuevo impulso en el seno de la Geografía Crítica.[4] Este proceso de revisión conceptual supuso un cambio en la concepción de poder, la apertura hacia teorías críticas, la mirada interdisciplinar y una nueva conceptualización del territorio, en el marco de una redefinición de la concepción del espacio en tanto construcción social e histórica (Benedetti, 2011).

El “retorno del territorio” (Santos, 2005) en el contexto del “mito de la desterritorialización” (Haesbaert, 2004) se tradujo en la incorporación de la variable territorial por parte de las más variadas disciplinas, y se apartó de la relación sinonímica con el Estado para albergar el análisis de los más variados objetos y sujetos. Como consecuencia, se evidencia una “moda territorial” (Corboz, 2001), que es deudora de la amplia difusión del concepto en las disciplinas sociales, en la formulación de políticas estatales y en las planificaciones impulsadas por organismos internacionales. Ahora bien, en esta proliferación en su uso –convertido en un “fetiche de las ciencias sociales” (Benedetti, 2011: s/d)– el territorio las más de las veces ha sido incorporado de modo irreflexivo, perdiendo así su potencial heurístico.[5]

Parafraseando a Escobar (2005b), se trata de hacer una defensa política y epistemológica (no romántica, nostálgica o reificada) del territorio. Como señalara Porto Gonçalves, “hay una batalla por la descolonización del pensamiento a la que la recuperación del concepto de territorio puede contribuir” (2006: 161, t/p). Hablar de territorio implica enfrentarse con un concepto polisémico y de gran amplitud semántica, de ahí tantas disputas en torno a su significado y modalidades de delimitación y apropiación.

Uno de los primeros geógrafos en desmarcarse de la concepción unidimensional del poder fue Raffestin, oponiendo una “geografía de los poderes” a la “Geografía del Poder” (Schneider y Tartaruga, 2006). Habrá, por tanto, tantos territorios como actores (poderes) en juego:

Del Estado al individuo, pasando por todas las organización pequeñas o grandes, se encuentran actores sintagmáticos que “producen” el territorio. (…) En grados diversos, en momentos diferentes y en lugares variados, somos todos actores sintagmáticos que producen “territorios” (Raffestin, 1993: 152, t/p).

Tal como nos recuerda la cita, el territorio es una producción. No es un dato fijo, previo o exterior (a pesar de su aparente inmutabilidad) sino que se lo debe analizar en su carácter relacional: como una construcción, un producto conflictivo y contradictorio. Tampoco se trata de sustancias ahistóricas, son siempre inventados –pero no por ser invenciones se trata de arbitrariedades o falsedades: por el contrario, generan profundos efectos de verdad–.

Recuperando a Mançano Fernandes (2005), el territorio es el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder: al mismo tiempo, una convención y una confrontación. Las relaciones sociales son productoras de espacios fragmentados, parciales y dicotomizados, por lo que promueven desigualdad y exclusión, como resultado de sus intencionalidades. Señala el autor que la intencionalidad es una lectura parcial, una forma de comprensión unidimensional del espacio a través de la cual un grupo, nación, clase o individuo logra materializarse en el espacio. El territorio es así comprendido y promovido a través de la intencionalidad (restringida) que lo creó.

En tanto no existen a no ser por las relaciones sociales y de poder que los conforman, más que de la reificación o idealización a priori de cualquier territorialidad, de lo que se trata es de verificar las relaciones que los constituyen. El debate acerca de los territorios quizás sea la mejor expresión de la naturalización de las relaciones sociales y de poder que el territorio comporta (Porto Gonçalves, 2009a, 2006). En suma, se trata de

un espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder. La cuestión primordial, aquí, no es, en realidad, cuáles son las características geoecológicas y los recursos naturales de una cierta área, o qué se produce o quién produce en un espacio dado, o cuáles son las ligazones afectivas y de identidad entre un grupo social y su espacio. Estos aspectos pueden ser de crucial importancia para la comprensión de la génesis de un territorio o de los intereses por tomarlo o mantenerlo […], más el verdadero Leitmotiv es el siguiente: ¿quién domina o influye y cómo domina o influye ese espacio? (Lopes de Souza, 1995: 78-79, t/p, d/o).

Esto nos lleva a introducir un señalamiento respecto de su apropiación y dominación. Lefebvre indicó la distinción entre apropiación y dominación del espacio: la primera remite al vínculo simbólico y la segunda al vínculo material. Se trata de conceptos que son considerados en términos de oposición y a la vez de inseparabilidad. Lo que interesa destacar, es la importancia de considerarlas de modo simultáneo: tal como apunta Porto Gonçalves (2006, 2002, 2001), toda apropiación material es al mismo tiempo simbólica. La relación que vincula a un grupo social y a cierta porción de la superficie terrestre no es sólo de naturaleza física y/o material, sino que en la misma entran en juego además intenciones de tipo míticas y políticas (Corboz, 2001). También Haesbaert apuesta a una perspectiva integradora que conjugue, de modo indisociable, una dimensión simbólica-cultural y una dimensión material-concreta, como resultado de la interacción entre las múltiples dimensiones del poder:

El territorio, en tanto relación de dominación y apropiación sociedad-espacio, se despliega a lo largo de un continuum que va de la dominación político-económica más “concreta” y “funcional” a la apropiación más subjetiva y/o “cultural-simbólica”. Aunque sea completamente equivocado separar estas esferas, cada grupo social, clase o institución puede “territorializarse” a través de procesos de carácter más funcional (económico-político) o más simbólico (político-cultural) en la relación que desenvuelven con “sus” espacios, dependiendo de la dinámica de poder y de las estrategias que están en juego. No es preciso decir que son muchos los potenciales conflictos a desarrollarse dentro de ese juego de territorialidades (2004: 95-96, t/p, d/o).

En este punto del recorrido, es pertinente introducir una categoría asociada, que es la de territorialidad. De acuerdo con Sack, ésta es definida como una estrategia, como el “intento por parte de un individuo o grupo (x) por influenciar, afectar o controlar objetos, personas y relaciones (y) a través de la delimitación y afirmación del control sobre un área geográfica” (1983: 56, t/p). En esta definición, están presentes tres elementos que son recurrentes en las sucesivas definiciones de territorio: un actor (individual o colectivo) con intención de ejercer el control sobre un área definida (y sus recursos), una acción (a través de la cual un agente determinado localiza y demarca un área, la controla y se apropia de ella, sus recursos y sus relaciones) y una porción de superficie terrestre (que puede asumir múltiples modalidades y escalas). Las maneras de delimitar y asegurar tal control –no sólo entendido en términos de violencia directa– pueden ser múltiples, y tan concretas como simbólicas.

La noción de territorialidad apunta asimismo a la temporalidad, movilidad y flexibilidad de los territorios, contribuyendo a la crítica a los territorios estáticos y dotándolos de historicidad. En definitiva, se trata de un recurso estratégico que podrá ser movilizado por diversos actores en particulares contextos históricos y geográficos (Haesbaert, 2004). Este tipo de abordaje permite albergar una multiplicidad y superposición de territorios y territorialidades diversas y contradictorias entre sí, en oposición a la idea de mosaicos espaciales. La relación con el territorio está entonces signada por la interacción con aquellos otros actores que también producen sus territorios (antagónicos, superpuestos, complementarios) en los mismos espacios. Ahora bien: en esta “tensión de territorialidades” (Porto Gonçalves, 2002, 2001), no todos los actores parten de similares condiciones y capacidades –organizativas y de acceso a recursos, simbólicos o materiales– en lo que a relaciones de poder se refiere.

De modo simultáneo a la organización colonial del mundo se operó la constitución colonial de los saberes, lenguajes, memorias e imaginarios, tras una gran narrativa universal en la que las diferencias culturales se articularon en jerarquías cronológicas. Se trató de una doble operación epistémica, consistente en la colonización del tiempo (a través de una historia lineal y universal) y del espacio (a partir de la centralidad otorgada al continente europeo con respecto a América, África y Asia). En este movimiento, fue emergiendo una nueva geografía del poder, a partir de la cual ciertos territorios y territorialidades (no sólo culturas y pueblos) fueron subalternizados e inferiorizados.[6]

Siguiendo a de Souza Santos (2009), el modelo de racionalidad hegemónica que subyace al conocimiento filosófico y científico producido en occidente en los últimos dos siglos, supuso un “desperdicio de la experiencia social” a partir de la reducción de la multiplicidad de mundos y tiempos. Haciendo un parafraseo de su “ecología de las temporalidades” en términos de “ecología de las territorialidades”, podríamos afirmar que:

Las experiencias son consideradas residuales, porque son contemporáneas en modos que la temporalidad [territorialidad] dominante, el tiempo lineal [territorio unidimensional], es incapaz de reconocer. Son descalificadas, suprimidas o hechas ininteligibles por ser regidas por temporalidades [territorialidades] que no se encuentran incluidas en el canon temporal [territorial] de la modernidad capitalista occidental (2009: 118, agregados propios[7]).

De allí la necesidad de desustancializar y desnaturalizar el concepto de territorio y de percibir que los actores sociales tendrán desiguales condiciones y capacidades para tornar hegemónica su particular producción del territorio, en relación a sus historias y trayectorias de despojo y subalternización. En definitiva, es la lucha por la afirmación de un lugar propio, tanto geográfico como epistémico.

A modo de cierre, destaquemos que el territorio se ha constituido en una de las creaciones privilegiadas del Estado y el capitalismo “modernos”, a través de la negación de las otras territorialidades y temporalidades posibles. De este modo, hay territorios –y poblaciones, ya que de lo que aquí se trata es de la clasificación (y por qué no, calificación) de la gente, el tiempo y el espacio– que se tornaron hegemónicos y se insertaron en la lógica del “desarrollo”, en tanto que otros quedaron con magras posibilidades de subir al “tren del progreso” prometido por la modernidad. Ciertos saberes y prácticas territoriales fueron sometidos y descalificados a lo largo de la historia en detrimento de otros saberes hegemónicos que se tornaron incuestionables. Ahora bien, no se tratará de discernir cuál es el verdadero, sino de vislumbrar las tensiones y solapamientos, sus resignificaciones y rearticulaciones.

El desarrollo como invención moderna (colonial)

Oigo la tempestad. Me hablan de progreso, de “realizaciones”, de enfermedades curadas, de niveles de vida por encima de ellos mismos.

Yo, yo hablo de sociedades vaciadas de ellas mismas, de culturas pisoteadas, de instituciones minadas, de tierras confiscadas, de religiones asesinadas, de magnificencias artísticas aniquiladas, de extraordinarias posibilidades suprimidas.

Me refutan con hechos, estadísticas, kilómetros de carreteras, de canales, de vías férreas.

[…] Hablo de millones de hombres desarraigados de sus dioses, de su tierra, de sus costumbres, de su vida, de la vida, de la danza, de la sabiduría.

Yo hablo de millones de hombres a quienes sabiamente se les ha inculcado el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, el ponerse de rodillas, la desesperación, el servilismo.

Me obnubilan con toneladas exportadas de algodón o cacao, con hectáreas plantadas de olivos o de viñas.

Yo, yo hablo de economías naturales, armoniosas y viables, economías a la medida del nativo, desorganizadas; hablo de huertas destruidas, de subalimentación instalada, de desarrollo agrícola orientado en función del único beneficio de las metrópolis, de saqueos de productos, de saqueos de materias primas

(Cesaire, 2006[1950]: 20, d/o)

El desarrollo como sinónimo de progreso lineal

El discurso y la estrategia del desarrollo tienen su nacimiento en el contexto de postguerra y de descolonización por parte de los pueblos africanos y asiáticos de mediados de siglo XX. La “era del desarrollo” es señalada como el período histórico que comenzó el 20 de enero de 1949, cuando el presidente estadounidense Harry Truman se refirió a las “áreas subdesarrolladas” del mundo. Desde entonces, el desarrollo entró en agenda de organismos internacionales y políticas de Estados nacionales, en un proceso dirigido (bajo los parámetros de occidente y sustentado en una progresiva profesionalización e institucionalización) a conducir a los pueblos de Asia, África y América Latina hacia la redención de sus “carencias” (Escobar, 2007, 2005b, 1999; Esteva, 2009, 1996; Sachs, 1997, 1996).

No obstante, puede rastrearse la idea de desarrollo como una “idea colonial” (Porto Gonçalves, 2009b), deudora de las políticas y estrategias que históricamente fueron dirigidas hacia quienes –si bien calificados y clasificados bajo otras nominaciones: bárbaros, salvajes, infieles– fueron objeto de intervenciones en pos de su integración y/o asimilación a la senda de la civilización. En esta línea argumentativa, el desarrollo puede ser entendido como la ideología/utopía central del mundo moderno, heredera incuestionable de la idea de progreso (Lins Ribeiro, 1992) y, como tal, forma parte del mito originario de la modernidad/colonialidad. Este se funda en una serie de premisas que distinguen a la “civilización moderna” como la más desarrollada, en virtud de cuya superioridad se ve obligada (en términos de exigencia moral) a “desarrollar” a las sociedades más primitivas a partir de un proceso educativo que debe seguir los pasos dados por Europa (Dussel, 2005). Tal como apuntara Wolf (1993) en su historia de “la gente sin historia”: se trata de una pauta de desarrollo engañosa, que convierte a la historia en un relato de éxito moral, un relato sobre el desarrollo de la virtud.

La metáfora del desarrollo supuso dotar de hegemonía global a una genealogía de la historia puramente occidental, privando a los pueblos de culturas diferentes de la oportunidad de definir las formas de su vida social (Esteva, 1996). En este camino teleológico, quedaron silenciados, subsumidos y homogeneizados quienes no conjugaban con los ideales de modernización imperantes. Recordemos a de Souza Santos (2009), quien destacara a la monocultura del tiempo lineal como uno de los modos de producción de la “no existencia”. La misma declara como atrasado a todo aquello que sea juzgado en términos asimétricos con respecto a lo que se considera avanzado y lo codifica bajo la forma de residualización de lo otro: primitivo, tradicional, premoderno, subdesarrollado, irracional, inferior.

Fueron y son múltiples las discusiones acerca de la naturaleza y las características del desarrollo, así como también se han dado lugar posiciones críticas. Ha sido definido como un “termino gelatinoso” (Esteva, 2009), un “concepto amebiano, sin forma pero inerradicable” (Sachs, 1996). Lins Ribeiro (1992) lo califica como una de las nociones más inclusivas y abarcativas existentes en el sentido común y la literatura especializada, lo que permite un gran número de apropiaciones y lecturas divergentes, al punto de parecer estar frente a una “caja negra” o una “noción vacía”.[8]

Su fuerza radica en que se asocia a efectos positivos o benéficos, a una evolución hacia una situación superadora: provee un “rótulo neutro” para referirse al proceso de acumulación capitalista a escala global (Lins Ribeiro, 1992). Al tiempo que dota de sentido a la existencia de pueblos o regiones en posiciones desiguales, les garantiza la posibilidad –la promesa– de una salida a esa situación “rezagada”. Por tanto, se ha propuesto tratarlo como un “molde mental particular”, como mucho más que un mero esfuerzo socioeconómico y/o técnico: es una percepción que moldea la realidad (Sachs, 1996). Tan es así que el modelo de desarrollo hegemónico, en su núcleo duro, pocas veces ha sido cuestionado y su bandera ha sido levantada por los más heterogéneos actores y en ocasión de las más variadas causas. Se trata de una idea-fuerza que goza de gran eficacia y vigencia, en virtud de lo cual llegó a convertirse en una certeza en el imaginario social (Escobar, 2007, 1999).

No obstante su fortaleza, se han dado cita fuertes críticas al concepto, tanto en el seno de las ciencias sociales como desde los propios movimientos y organizaciones sociales, anunciando la crisis de la “era del desarrollo”. En esta empresa, han surgido apuestas por cartografiar su “invención” (Escobar, 2007, 1999), situándolo como una experiencia histórica particular, ni natural, ni inevitable. Comienza de este modo la deconstrucción del discurso del desarrollo y la re-construcción o re-invención de otros modos posibles de entenderlo. Se plantea en este contexto el nacimiento de la “era del postdesarrollo”, abogando por el derecho de los pueblos a la propia identidad y autonomía, anteponiéndose el “buen vivir” al “vivir mejor” (Escobar, 2005a, 1999; Esteva, 2009; Porto Gonçalves, 2009b; Sachs, 1996).

El desarrollo adjetivado

Como respuesta a las críticas recibidas, el discurso del desarrollo ha sido objeto de sucesivas resignificaciones. Ahora bien, estas numerosas adjetivaciones siguen sin proponer una problematización de fondo con respecto al sustantivo adjetivado, por lo cual la acepción hegemónica del término no es puesta en debate. En términos de Escobar,

Desde sus inicios, se ha considerado que “el desarrollo” existía en la realidad, “por sí mismo”, de un modo sólido y material. El desarrollo se ha considerado un instrumento válido para describir la realidad, un lenguaje neutral que puede emplearse inofensivamente y utilizarse para distintos fines según la orientación política y epistemológica que le den sus usuarios. Tanto en ciencia política como en sociología, tanto en economía como en economía política, se ha hablado del desarrollo sin cuestionar su estatus ontológico. Habiéndose identificado como teoría de la modernización o incluso con conceptos como dependencia o mundialización, y habiéndosele calificado desde “desarrollo de mercado no intrusivo”, hasta autodirigido, sostenible, o ecológico, los sinónimos y calificativos del término desarrollo se han multiplicado sin que el sustantivo en sí se haya considerado básicamente problemático (1999: 109).

Es en este marco que deben situarse las condiciones de emergencia histórica de las propuestas de “desarrollo sustentable” que tomaron fuerza a partir de la década de 1970. En el año 1972, el informe del Club de Roma “Los límites del crecimiento” había apuntado sus reparos respecto a la situación ambiental en caso de continuidad del crecimiento económico de modo ilimitado. Como destaca Harvey (2009), la apelación a los “límites naturales del crecimiento” supuso un modo atractivo para explicar la crisis que el capitalismo atravesaba en esos años y desligarla de las contradicciones internas propias de ese modelo de acumulación.

La Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972) supuso por vez primera el debate en torno al “ambiente” en tanto “asunto global”. A través de la nueva estrategia se buscó conciliar progreso y crecimiento económico con conservación del ambiente y los “recursos naturales”, así como también se fue dando lugar a una “nueva sensibilidad” a partir de la incorporación de factores sociales y culturales en su diseño e implementación (Escobar, 1999). En este contexto se conformó la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, que emitió el informe Brundtland (“Nuestro futuro común”) en el año 1987. Allí se encuentra la primera referencia formal al “desarrollo sostenible”, como aquel que satisface “las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (1988: s/d). Este documento supuso el maridaje entre desarrollo y ambiente, creando al desarrollo sustentable como “el techo conceptual para la violación y la curación del medio ambiente” (Sachs, 1996: 119). Se introdujo una reinterpretación de la contradicción entre conservación y crecimiento: la conservación del ambiente, que antes se entendía como un obstáculo insalvable para el crecimiento ilimitado, pasó a ser un requisito más del progreso económico y el desarrollo (Gudynas, 2004). En esta línea argumentativa, se trataría de un maquillaje retórico del término, con el objetivo de “sostener el desarrollo”. Señala Sachs que “la lógica de esta operación conceptual es suficientemente obvia: la idea de desarrollo no fue abandonada sino que, en realidad, se amplió su campo de aplicación” (1997: s/d).[9]

En su pregunta acerca de si es posible un capitalismo sostenible, O´Connor nos invita a explorar la ambigüedad de este término en virtud de que la palabra “sostenibilidad” puede ser utilizada para significar una multiplicidad de cosas (de allí su atractivo y la proliferación de su uso en ámbitos gubernamentales, académicos, periodísticos y/o empresariales): “¿Existe acaso alguien en su sano juicio que pueda oponerse a la “sostenibilidad”?” (2002: 27). De acuerdo con el autor, estamos en presencia de una lucha a escala mundial por determinar cómo serán definidos el desarrollo o el capitalismo sostenibles, lo cual indica que la “sostenibilidad” es una cuestión ideológica y política, antes que un problema ecológico y económico.

No debemos dejar de destacar que estos “giros ambientales” fueron contemporáneos a las reformas estatales de signo neoliberal de fines del siglo XX, las cuales actuaron en gran medida en sentido opuesto al cuidado del ambiente a pesar de los avances legales e institucionales. En este sentido, la incorporación “desde arriba” del discurso del desarrollo sustentable, por parte de los Estados y organismos internacionales, puede ser pensada como un esfuerzo por encauzar las demandas y discursos subalternos –silenciándolos y cooptándolos– vaciándolos de sus contenidos políticos reivindicativos y de las relaciones de poder implicadas.

Entre las adjetivaciones y reformulaciones a las que ha sido sometido el desarrollo en la era de la sustentabilidad, merecen especial atención aquellas que han buscado establecer un vínculo de mutuo reforzamiento entre el desarrollo (sustentable) y el territorio.

Territorios del desarrollo, desarrollo del territorio

En virtud de lo expuesto, podemos destacar una serie de conexiones entre los conceptos de territorio y desarrollo. En un juego de palabras a partir de la palabra desarrollo en idioma portugués (desenvolvimento), Porto Gonçalves señala que

“desenvolvimento” es también “des-envolvimento” en el sentido preciso de romper el “envolvimento” (enviroment, del inglés), de privar a aquellos que son de lo local, a quienes son de una determinada región o de un determinado territorio, el poder de definir su propio destino, de concebir su propio ambiente. En ese sentido, “des-envolver” es también desterritorializar (2009b: 12, d/o).

Lopes de Souza (1995) nos puntea también la relación de proximidad entre ambas categorías al denunciar que, del mismo modo que la idea de territorio permaneció prisionera de un cierto “estadocentrismo” en el discurso científico, la idea de desarrollo ha sido condenada por las más diversas disciplinas a respaldar el modelo civilizatorio occidental capitalista en tanto paradigma universal. En esto, no debe soslayarse el rol de los organismos internacionales, las agencias estatales y las ciencias sociales. En tal sentido, el autor enfatiza en que la reflexión teórica (y estratégica) sobre el desarrollo es simultáneamente una de las áreas donde se muestra con mayor nitidez la contribución del concepto de territorio para la ciencia social.

Las políticas públicas que han vinculado territorio y desarrollo en América Latina pueden ser reenviadas a dos etapas históricas: entre 1950-1975, durante el período desarrollista, y a partir de los años 1990, en relación a la ortodoxia neoliberal y sus propuestas de desarrollo “endógeno” y/o “local” (a partir de mecanismos tales como la descentralización, participación y/o empoderamiento) (Manzanal, 2010). En estas últimas, se apunta a la identificación y valorización de territorios en sus cualidades positivas y potencialidades para hacerlos competitivos y atractivos a las inversiones capitalistas. Entre las más destacadas, se encuentran las propuestas de “desarrollo territorial rural”, definido como “un proceso de transformación productiva e institucional de un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural” (Schejtman y Berdegué, 2004: 31). Ahora bien, esta concertación social en torno a los proyectos de desarrollo asociados a un territorio –el territorio como motor del desarrollo–, dista de ser armónica. Manzanal (2010) advierte que en el diseño de políticas públicas de este tipo se ocultan las relaciones desiguales de poder entre los actores intervinientes:

Esto significa en realidad “ocultar” –más que desconocer– que dicha relación entre territorio y desarrollo opera dentro de un modo de dominación institucionalizado y en el cual existe, asimismo, la posibilidad de conflicto entre los actores respectivos.

Desconocer que el territorio es un ámbito de imbricación de las múltiples expresiones del poder conlleva a una determinada definición del “desarrollo”: a aquella asociada con la continuidad y permanencia de la dominación existente (2010: 20-21, d/o).

Esta utilización de la perspectiva territorial en las políticas de desarrollo diseñadas e implementadas por organismos internacionales y nacionales, nos remite más bien a un uso instrumental del concepto, perdiendo el territorio su especificidad explicativa y conceptual: deviene en una unidad de referencia, un espacio concreto sobre el que se despliega la acción de desarrollo (Benedetti, 2011). En similar tono, Mançano Fernandes (2004) critica a las propuestas de desarrollo territorial rural que no incorporan al conflicto como una de sus dimensiones, y por el contrario, afirma que conflicto agrario y desarrollo son procesos que ocurren (paradójicamente) de modo simultáneo y que son inherentes al funcionamiento contradictorio y desigual del capitalismo.

De este modo, se promueve una “idea domesticada de territorio” (Montenegro Gómez, 2008), que queda así reducido a ser un instrumento técnico de planificación y sustituye las históricas y continuas conflictividades en una pretendida comunión de intereses:

Protagonismo del territorio como factor de producción decisivo, integrador de actividades económicas diversas, aglutinador de las voluntades de sus habitantes, base para una preocupación con el medio ambiente más organizada y empresarial, fulcro de las políticas públicas de escalas e instancias diversas, el territorio del desarrollo territorial rural se convierte en factótum de la nueva propuesta. Un territorio, sin embargo, no conflictivo. Un territorio de la cooperación, la solidaridad y la articulación de intereses. El territorio del consenso emerge, de esta forma, como figura privilegiada para pensar soluciones para el medio rural latinoamericano, como si ese consenso fuese neutro, como si los intereses y dominaciones atávicas y recientes, de repente, desapareciesen (Montenegro Gómez, 2008: 252-253).

En suma, la crisis y los cuestionamientos en torno a la idea de desarrollo en su acepción “moderna” acompaña al surgimiento de los debates en torno al territorio y las territorialidades, y a las luchas por la “reapropiación social de la naturaleza” (Leff, 2002). Esta revitalización del debate en torno a otros territorios y desarrollos posibles, traen consigo una resignificación de la naturaleza: se pone en cuestión su dominio técnico-racional-instrumental, y se hace evidente su carácter colonial y constitutivo del modo de acumulación capitalista.

La naturaleza colonizada, mercantilizada y ambientalizada

La naturaleza hostil, reacia, profundamente rebelde está representada efectivamente en las colonias por la selva, los mosquitos, los indígenas y las fiebres. La colonización tiene éxito cuando toda esa naturaleza indócil es por fin domeñada. Ferrocarriles a través de la selva, desecación de los pantanos, inexistencia política y económica de la población autóctona son en realidad una y la misma cosa

(Fanon, 2007 [1961]: 229)

La naturaleza como recurso (tierra) para ser dominado y explotado

Al igual que para el caso de las categorías de territorio y desarrollo, son variados los significados que se asocian a la idea de naturaleza –“es tal vez la palabra más compleja del idioma” (Williams, 2003: 233)–, así como también son diferentes sus sentidos de acuerdo a los distintos tiempos históricos y actores sociales considerados. De acuerdo con Arnold (2001), podemos encontrar un amplio abanico de ideas sobre la naturaleza a lo largo de la historia, y a pesar de los cambios de interpretación, pueden vislumbrarse una serie de rasgos comunes y recurrentes. Entre ellos, el modo en que ha contribuido para establecer la “otredad”:

Las ideas ambientalistas han servido en varias épocas para explicar las diferencias percibidas entre pueblos supuestamente civilizados y salvajes […] ha servido, así, para articular no sólo la clase de relación construida histórica y culturalmente entre la humanidad y la naturaleza, que ha sido objeto de tanta historia ambiental, sino también una relación de poder real o incipiente entre la autoridad de un conjunto de seres humanos y otro (2001: 18-19).

Los factores climáticos y de ubicación geográfica se convirtieron en un modo plausible de explicar las diferencias entre pueblos “civilizados” y “salvajes”, distinguiendo aquellas sociedades más cercanas al “estado de naturaleza”. Durante el siglo XIX, el determinismo geográfico se vio asociado al pensamiento racial y evolucionista de la época, evaluando en términos de superioridad moral y mental a la Europa occidental y blanca. La concepción de naturaleza que tomó fuerza desde el siglo XVIII en el marco del pensamiento hegemónico moderno postuló la separación sociedad-naturaleza (sustentada en el dualismo cartesiano cuerpo-mente), fundamentando su dominio y apropiación. A la primacía del tiempo sobre el espacio a la que hicimos referencia, debemos añadir el predominio de la cultura por sobre la naturaleza, que es “dada por sentada” (Coronil, 2002: 25) y de este modo asociada a la idea de pasividad, a ser un escenario material donde se despliegan las fuerzas del progreso social.

Al historizar las concepciones del tiempo y el espacio desde el proyecto de la Ilustración, Harvey (1998) introduce la idea del dominio de la naturaleza por el hombre como condición necesaria para su emancipación. Esto supuso concebir al espacio como un universal abstracto y homogéneo, como algo utilizable, susceptible de ser dominado por la acción humana. En última (pero principal) instancia, supuso la consolidación de la propiedad privada de la tierra: la compra y venta del espacio como mercancía. La transformación de la naturaleza en “tierra” fue apuntada por Polanyi (1989) al destacar que en un sistema de mercado, es preciso que el hombre (bajo el nombre de trabajo) y la naturaleza (bajo el nombre de tierra) sean sometidos a la oferta y a la demanda y tratados como mercancías, sujetos a la compra y venta. Ahora bien, señala que esa “ficción” de la mercancía im­plicaba el olvido de que abandonar el destino del suelo y de los hombres a las leyes del mercado equivalía a aniquilarlos.

En el proceso de expansión de la racionalidad económica por sobre otras racionalidades posibles, la naturaleza fue “desnaturalizada” para ser convertida en un “recurso” a ser explotado, explorado, dominado y clasificado, y de este modo insertado en el proceso productivo: “la naturaleza ha sido cosificada, desnaturalizada de su complejidad ecológica y convertida en materia prima de un proceso económico” (Leff et al, 2006: 65). En esta tarea, colaboró el saber científico: “la poca atención prestada a la naturaleza por la teoría social contemporánea, quizás muestre hasta qué grado la apropiación masiva de los recursos naturales de la cual depende el mundo moderno ha llegado a asumirse como un hecho natural” (Coronil, 2002: 23). De acuerdo con Leff, la teoría sociológica –presa de la modernidad y de los dualismos en que se forjó la ciencia moderna–desconsideró las condiciones ecológicas en las que se desenvuelve la sociedad. Ahora bien: no es que las ciencias no se ocuparan de la naturaleza –en tanto la modernidad se construyó sobre la base de su conocimiento cien­tífico– sino que este conocimiento “objetivó a la naturaleza, al tiempo que la externalizó de su campo de estudio, desconociendo los condicionamientos, determinaciones y efectos de los procesos naturales sobre los procesos sociales” (2011: 11, d/o).

La idea moderna y productivista del desarrollo establece una relación de sinonimia entre el desarrollo y el “salir de la naturaleza”, por medio de su dominio con ayuda de la ciencia y la técnica modernas. Esta reducción en términos de recurso no sólo ha pesado sobre la naturaleza sino también sobre los hombres, en tanto “recursos humanos”. No podemos dejar de mencionar, junto con de Souza Santos (2009), que la naturaleza es uno de los grandes descubrimientos del segundo milenio, en estrecha correlación con el descubrimiento del salvaje. Este último es el lugar por excelencia de la inferioridad, en tanto que a la naturaleza le cabe el lugar de la exterioridad y, al igual que el salvaje, se constituye de modo simultáneo en una amenaza y un recurso. De acuerdo con Porto Gonçalves,

El pensamiento moderno europeo poco a poco va a construir una geografía imaginaria en donde las diferentes cualidades de los diferentes pueblos y culturas, que 1492 puso en relación asimétrica, serán dispuestas en un continuum lineal que va desde la naturaleza a la cultura, o mejor dicho, de América y de África, dónde están los pueblos primitivos más próximos a la naturaleza, a Europa, donde la cultura, la civilización. […] Se ve, por lo tanto, que la invención del europeo civilizado es, al mismo tiempo, la invención del salvaje y, así, la invención de la modernidad es inseparable de la invención de la colonialidad (2002: 218, t/p).

Esto nos conduce a reflexionar en torno al lugar de la naturaleza en la modernidad y a hacer referencia a su “lado oscuro”, la colonialidad, que fue sostén inicial para el despliegue del modo de producción capitalista, y cuya violencia y despojo se han perpetuado bajo diversas modalidades hasta la actualidad.

El lugar (colonial) de la naturaleza en el capitalismo: de la violencia originaria al despojo continuado

A partir de la Ilustración, la construcción de la naturaleza por parte del capitalismo ha ido tornándose en la visión legítima, en detrimento de otros modos de entenderla (que son desprestigiados por no ser ni objetivos ni racionales).[10]

Al respecto, Escobar (2003) señala que el régimen de naturaleza capitalista ha subalternizado todas las otras articulaciones posibles entre biología-historia y naturaleza-sociedad, y más aún, todos aquellos modelos y prácticas locales que representan una continuidad entre los mundos humanos, naturales y sobrenaturales. Estos modelos y prácticas locales, agrega, son la base de las actuales luchas ambientales por la defensa de la diferencia cultural, ecológica y económica. Walsh (2007b) nos propone hablar de la “colonialidad de la naturaleza”, como una cuarta dimensión que se articularía a las colonialidades del poder, del saber y del ser. Con esto, hace alusión a la división binaria entre naturaleza y sociedad, la cual descarta los otros modos de relacionamiento posibles con el mundo natural. La relación sociedad-naturaleza se encuentra así “mitoizada”, convertida en leyenda, tradición, folklore, y de este modo, postulada como no racional.

Detengámonos entonces en el lugar de la naturaleza en la dinámica de acumulación capitalista. Coronil (2005, 2002) apunta al colonialismo como el lado oscuro (y a la vez constitutivo) del capitalismo europeo, remarcando que la “acumulación primitiva” fue un elemento indispensable de su dinámica interna. Señala que reconocer el papel de la naturaleza –que fuera desatendido en desmedro de la atención prestada al trabajo como principal generador de valor– expande y modifica los referentes temporales y geográficos que enmarcan las narrativas dominantes de la modernidad.

Fue Lefebvre (1991) quien llamó la atención acerca de la importancia de considerar el factor tierra en la aparición del capitalismo europeo. Estas propuestas han buscado modificar la comprensión convencional de la dinámica y la historia del capitalismo, al ofrecer un mayor conocimiento del papel de la naturaleza en el proceso de formación de riqueza y ampliar los agentes del capitalismo más allá de las fronteras de Europa. Así, la inclusión de la tierra en la dialéctica capital-trabajo permite percibir a la naturaleza como fuerza generadora de riqueza y de modernidad (no sólo reducida a ser un mero factor de producción): el capitalismo implica, a la vez, una explotación social y una explotación natural (Coronil, 2005). De acuerdo con Porto Gonçalves (2002), la preeminencia en la relación capital-trabajo llevó a subestimar el significado de la naturaleza –dejada de lado por las ciencias sociales, y dividida y disecada por las ciencias naturales al servicio del capital– y la importancia de los pueblos que construyen su relación “con” y no “contra” la naturaleza.[11]

En América Latina, la emergencia de la ideología extractivista en las relaciones entre naturaleza y sociedad ha sido remitida al tiempo de la conquista: el afán de lucro y la aspiración de rápido enriquecimiento que llevó a la explotación desmedida de las poblaciones (dóciles) y las tierras (fértiles) (Faletto, 2009). En esta línea, Alimonda (2011) denuncia que la cuestión clave para pensar la problemática de la colonialidad del ambiente de las sociedades latinoamericanas reside en el “trauma original” derivado de la conquista y colonización. Ahora bien, no se trata de fenómenos pasados sino de problemáticas de vital actualidad: la naturaleza continúa constituyéndose en una ventaja comparativa por excelencia para los países y/o regiones “en desarrollo”. La naturaleza latinoamericana:

Aparece ante el pensamiento hegemónico global y ante las elites dominantes de la región como un espacio subalterno, que puede ser explotado, arrasado, reconfigurado, según las necesidades de los regímenes de acumulación vigentes. A lo largo de cinco siglos, ecosistemas enteros fueron arrasados por la implantación de monocultivos de exportación. Fauna, flora, humanos, fueron víctimas de invasiones biológicas de competidores europeos o de enfermedades. Hoy es el turno de la hiperminería a cielo abierto, de los monocultivos de soja y agrocombustibles con insumos químicos que arrasan ambientes enteros –inclusive a los humanos–, de los grandes proyectos hidroeléctricos o de las vías de comunicación en la Amazonia, como infraestructura de nuevos ciclos exportadores (Alimonda: 2011: 22).

En este punto, no debemos soslayar los aportes de Harvey (2007, 2003) en relación a los procesos de “acumulación por desposesión”. A través de este concepto, el autor se propone ampliar el horizonte de análisis en torno a la “acumulación originaria” que había sido descripta por Marx al apuntar hacia la violencia y la expropiación –oponiéndose a los “métodos idílicos” que proclamaba la economía política de la época– que estuvieron en el origen del régimen capitalista de producción (su “pecado original”). Ya Meillasoux había destacado que la noción de acumulación originaria no lograba explicar el proceso real de crecimiento y expansión capitalista: “fenómeno al que se debe considerar no sólo como inicial y transitorio sino como inherente” (1979: 150, d/o).

Como consecuencia, se reivindica el carácter continuo y persistente –ya no “originario” y “primitivo”– de las prácticas depredatorias de la acumulación capitalista: desplazamiento de poblaciones campesinas, privatización y mercantilización de bienes de propiedad comunitaria (tierra, agua, bosques, etc.), desaparición de formas de producción y consumo alternativas, entre otras, son procesos que, lejos de haber finalizado, se han exacerbado y reinventado a partir de las últimas décadas del siglo XX. En este marco, América Latina se ha visto reconvertida en oferente de territorios para la extracción de hidrocarburos, minerales, biodiversidad y alimentos bajo la clásica fórmula de la división internacional del trabajo (de la naturaleza), enunciada oficialmente como el aprovechamiento de las oportunidades en base a las ventajas comparativas (Galafassi, 2009). Es en nombre del “desarrollo” que estos emprendimientos productivos son instalados y justificados, a pesar de los profundos impactos sociales y ambientales que conllevan, los cuales han comenzado a ser denunciados y resistidos: la avanzada en la expropiación y explotación de bienes naturales y culturales acusa la proliferación y emergencia de luchas y movimientos sociales novedosos respecto a los clásicos sujetos que encarnaron la protesta social en décadas anteriores del siglo XX.[12]

Ambientalización de la naturaleza, conflictos de distribución ecológica y lenguajes de valoración

El “ambientalismo” emergió en paralelo al desarrollo sustentable, en tiempos en que las ideas encolumnadas tras la abundancia de los “recursos naturales” inagotables contrastaron con las externalidades negativas que comenzaron a hacerse evidentes a partir de mediados del siglo XX. Escobar entiende al desarrollo sustentable como “la muerte de la naturaleza y el nacimiento del medioambiente” (2007: 323), y advierte que

Es indudable que la “naturaleza” ha cesado de ser un actor social importante en gran parte de la discusión sobre el desarrollo sustentable. Si revisáramos la mayoría de los textos al respecto, probablemente encontraríamos que la palabra “naturaleza” rara vez se menciona. Se mencionan recursos naturales, ambiente, diversidad biológica, etc., pero no la aparentemente anticuada noción de naturaleza. La desaparición de la naturaleza es un resultado inevitable del desarrollo de la sociedad industrial, la cual ha afectado la transformación de la naturaleza en “ambiente”. Para aquellos dados a una visión de la naturaleza como recurso, el ambiente se convierte en un concepto indispensable (1999: 83-84).

Lo cierto es que la “cuestión ambiental” se volvió un tópico preponderante desde fines del siglo XX, involucrando a un amplio abanico de actores e intereses, además de convertirse en un tema de agenda pública, atraer nuevas formas de participación política y movilización social, y dar lugar al desarrollo de novedosos marcos jurídicos e institucionales. Esto supuso un crecimiento de la institucionalidad ambiental: creación o reconfiguración de organismos específicos, reformas constitucionales o sanción de leyes ambientales y profesionalización de equipos, todo lo cual fue dotando de una mayor jerarquía en la estructura estatal a las políticas relativas al cuidado del ambiente (Gudynas, 2004; Hajer, 2000; Reboratti, 2000).

Como señalara Lins Ribeiro (1992), el ambientalismo cobró una gran centralidad en el universo de significados, ideologías y utopías asociadas al desarrollo, argumentando que esto podría deberse a que suele ser percibido o divulgado como una ideología ciega a las contradicciones de clase, pasible de ser apropiada de manera más neutra que otras. Azuela (2006) apunta a la emergencia del “campo ambiental” a principios de la década de 1970, señalando que, a su interior, lo que está en juego no es otra cosa que la definición misma del problema ambiental: allí es donde se elaboran (procesan) y seleccionan tales definiciones, que nunca son definitivas, sino que es motivo continuo de conflicto y reflexión. El surgimiento de la idea de “desarrollo sustentable” ha supuesto un marco común de referencia que ha fortalecido al campo ambiental, y ha acercado posiciones entre actores:

No es difícil atribuir a esa idea una función de estabilización del campo, en la medida en que proporciona un espacio semántico en el que pueden convivir posiciones que en el origen eran antagónicas; en particular, la expansión de la economía y la protección de la naturaleza. Es verdad que muchas de esas tensiones subsisten y el mejor indicador de ello es que, cuando alguien menciona la frase desarrollo sustentable, se apresura a aclarar que el concepto tiene demasiadas acepciones y que no está dispuesto a aceptar como válida cualquiera de ellas (2006: 87).

Por tanto, debemos destacar la amplitud y variedad en las versiones del discurso ambientalista y de los actores y movimientos sociales a él asociados, en tanto que el espectro de alianzas se extiende desde las grandes corporaciones multinacionales hasta los movimientos campesinos e indígenas. Martínez Alier (2006) distingue tres corrientes principales a su interior: el “culto de la vida silvestre”, el “credo (o evangelio) de la ecoeficiencia” y la “justicia ambiental” y el “ecologismo de los pobres”. Si bien se trata de corrientes con espacios y tiempos de emergencia diferenciados, estas dos últimas surgieron de protestas contra la apropiación estatal y/o privada de los recursos ambientales comunitarios y las cargas desproporcionadas de la contaminación, llamando la atención acerca de las asimetrías (geográficas, sociales) en el acceso y uso de los recursos. No se trata de una reverencia sagrada a la naturaleza sino de un interés material por el medio ambiente como fuente y condición para el sustento. También denominada “ecologismo popular” (Alimonda, 2011), busca identificar que, así como existen movimientos ambientales “de ricos”, hay también movimientos populares que se movilizan por razones ambientales, aunque no den ese nombre a sus luchas.

Como vemos, la ecología política es un ámbito desde donde se ha indagado críticamente a las racionalidades hegemónicas en torno a la naturaleza que se circunscriben a un modo de significación, valoración y apropiación en términos económicos. Así las cosas, en los “conflictos de distribución ecológica” (y no sólo de distribución económica) los diferentes actores implicados son portadores de diversos “lenguajes de valoración”, a veces intraducibles e inconmensurables (Martínez Alier, 2006). Los conflictos ambientales no son sólo conflictos de intereses, sino también de valores: los actores implicados, con sus diferentes dotaciones de derechos y poder, ponen en duda y desafían las reivindicaciones de los otros apelando a distintos lenguajes dentro de su amplio repertorio cultural. En este sentido, el enfrentamiento entre crecimiento económico y degradación ambiental debe ser analizado en términos de relaciones de poder. Escobar (2011) propone ampliar la definición para señalar la estrecha interrelación entre los conflictos de distribución cultural, ecológica y económica. Por su parte, Alimonda (2011) añade que por detrás de los actuales “conflictos de distribución”, subyacen historias que supusieron genocidio físico y cultural, mecanismos de expropiación y exclusión de los recursos naturales, así como la destrucción o subalternización racista de identidades, por lo que propone hablar de “conflictos de apropiación”.

A modo de cierre, destaquemos que la naturaleza también es una producción histórica y su significado está sujeto a cambiantes definiciones y contrastantes sistemas de valoración. Ha sido apropiada (de modo desigual) y transformada (en recurso) como parte del proceso de expansión y valorización territorial emprendido con el despliegue del modo de producción capitalista, y cuyas lógicas e impactos se extienden hasta nuestros días. No obstante, no debemos dejar de prestar atención a quienes construyen, designan, experimentan y/o usan la naturaleza de modos muy diferentes a las formas modernas dominantes.

Recapitulación conceptual y anticipaciones hipotéticas: disputas por el territorio, modelos de desarrollo y mercantilización de la naturaleza

En la medida en que se deja afuera a la naturaleza en la caracterización teórica de la producción y del desarrollo del capitalismo y la sociedad moderna, se está igualmente dejando al espacio fuera de la mira de la teoría. Al hacer abstracción de la naturaleza, de los recursos, del espacio, y de los territorios, el desarrollo histórico de la sociedad moderna y del capitalismo aparece como un proceso interno, autogenerado, de la sociedad europea, que posteriormente se expande hacia regiones “atrasadas”. En esta construcción eurocéntrica, desaparece del campo de visión el colonialismo como dimensión constitutiva de estas experiencias históricas. Están ausentes las relaciones de subordinación de territorios, recursos y poblaciones del espacio no europeo. Desaparece así del campo de visibilidad la presencia del mundo periférico y sus recursos en la constitución del capitalismo, con lo cual se reafirma la idea de Europa como único sujeto histórico

(Lander, 2005: 35)

Territorio, desarrollo y naturaleza son categorías que han sido apropiadas por la matriz moderna/colonial: el territorio, como sustrato de los Estados y­/o escenario para el despliegue del capital; el desarrollo, como evolución unilineal, igualado a progreso y en el mejor de los casos adjetivado como sustentable para dar continuidad a las lógicas de acumulación capitalistas; y la naturaleza, cosificada, mercantilizada y vuelta “recurso” para ser apropiado y explotado.

En particular, el territorio debe ser entendido como una producción (contradictoria, histórica, transitoria) indisolublemente ligada a las relaciones de poder que diversos actores despliegan –en desiguales condiciones y con acceso a distintos recursos (institucionales, legales, económicos, simbólicos, políticos, organizacionales)– para imponer sus propios proyectos sobre un espacio geográfico determinado. Esto nos conduce a pensar en las múltiples territorialidades superpuestas, resaltando los conflictos por la valoración diferencial de los bienes naturales allí existentes, así a como a poner de manifiesto los diferentes modelos de desarrollo en tensión. Asimismo, nos invita a indagar en cómo ciertas territorialidades hegemónicas (en especial, las estatales y del capital) históricamente han subalternizado y producido como “no existentes” a otros modos de vincularse con el territorio, que no toman a la naturaleza como recurso para la explotación productiva en términos capitalistas y que son reenviados hacia las antípodas del camino evolutivo, necesario y unívoco hacia el desarrollo, el progreso y la modernización.

Definir y/o delimitar un territorio implica a su vez caracterizar y/o hacer inteligible a la población que le está asociada. Del mismo modo, todo proyecto de desarrollo supone una idea acerca del territorio y de la población que son objeto de la intervención. La evidencia histórica y actual indica que cuando se trata de población indígena o campesina, a los territorios se los ha considerado “desiertos”, “marginales” o “improductivos” (en oposición a los territorios “eficientes” y “productivos”), y adjetivos acordes con estas calificaciones han sido trasladados a estas poblaciones. El desarrollo ha sido predominantemente entendido como un proceso lineal, una promesa de evolución hacia una situación siempre superadora (la mayor de las veces, asimilada a crecimiento económico). A pesar de las críticas, reformulaciones y reiteradas adjetivaciones, permanece vinculado a ciertos territorios y poblaciones “modernos” que ofician de guía y modelo a seguir. El resto, se ha convertido en objeto de planes y políticas orientadas hacia la superación de su condición de atraso y marginalidad. Los proyectos de desarrollo (a pesar de sus modalidades participativas) se diseñan de acuerdo con lógicas que parten de la premisa de la concertación y posibilidad de acuerdo entre los actores y del territorio como simple escenario, y las más de las veces desconocen –ocultan– los conflictos inscriptos en los territorios (en muchos casos, irreductibles entre sí).

Por último, la naturaleza ha sido uno de los “recursos” principales (tanto las tierras como los hombres) de los que se sirvieron las territorialidades hegemónicas para “desarrollarse”. No sólo en los inicios de la acumulación capitalista, sino que esta situación se recrea constantemente –evidenciando la continuidad y profundización del despojo– y la “desposesión” avanza hasta abarcar territorios y poblaciones antes impensados (en nombre de su desarrollo). En definitiva, la naturaleza ha sido colonizada, mercantilizada, folklorizada y ambientalizada, y junto con ella, han sido colonizadas, mercantilizadas, folklorizadas y ambientalizadas las poblaciones asociadas a ella.

Hasta aquí, un racconto de los principales conceptos y perspectivas de análisis sobre los cuales apoyaremos nuestros argumentos. En los capítulos siguientes, nos adentramos en el abordaje de los procesos de valorización y reconfiguración territorial que en las últimas décadas del siglo XX han afectado al este salteño, en la política de OTBN que fue diseñada e implementada como contrapartida al avance deforestador –a partir de los distintos proyectos territoriales a cargo de los múltiples actores en juego–, y en los imaginarios territoriales que históricamente han operado sobre estos territorios y poblaciones, que fueron revitalizados en el contexto de los debates en torno al OTBN.


  1. Este capítulo fue publicado en Schmidt (2014b).
  2. En adelante, d/p.
  3. Más allá del descrédito académico en que el pensamiento geopolítico clásico cayó luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial (pero que en Argentina perduró en el contexto dictatorial de la década de 1970), el uso de la categoría de territorio deudora de esta tradición ha perdurado en ciertos ámbitos disciplinares.
  4. Funda sus raíces en el materialismo histórico y la dialéctica en procura de romper, por un lado, con la geografía tradicional (1870-1950) y, por el otro, con la geografía teórico-cuantitativa (1950-1970) (Lobato Correa, 1995).
  5. En su crítica a la idea de desterritorialización, Haesbaert (2004) señala una paradoja: pareciera ser que la dimensión geográfica o espacial de la sociedad hubiera sido descubierta por las ciencias sociales no tanto para demostrar la relevancia del territorio sino para afirmar su debilidad o diagnosticar su desaparición.
  6. Al respecto, ver las compilaciones de Castro Gómez y Grosfoguel (2007), Lander (2005) y Mignolo (2001).
  7. En adelante, a/p.
  8. Acerca de los avances, retrocesos y resistencias en torno a los debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina, ver Gudynas (2011).
  9. Dos décadas más tarde, la búsqueda por compatibilizar desarrollo y conservación seguía sin ser resuelta. Según Leff (2011), la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) supuso un punto de inflexión en la “geopolítica ambiental global”: desde ese momento, se ha promovido y puesto en operación un nuevo marco legal internacional, basado en un conjunto de acuerdos multilaterales ambientales, que incluyen una serie de instrumentos jurídicos que buscan establecer normas a los agentes económicos y sociales para limitar y revertir los impactos de los procesos económicos y tecnológicos sobre el ambiente. Diez años después, la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) fue testigo más bien de un estancamiento o retroceso de aquel impulso (Guimaraes, 2006). Un último capítulo está signado por la Conferencia sobre Desarrollo Sustentable (Cumbre de la Tierra Río+20) llevada a cabo en 2012, cuyo documento final –“El futuro que queremos”– ha sido fuertemente criticado y frente a la cual, en paralelo, se desarrolló la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental contra la mercantilización de la vida y en defensa de los bienes comunes, lo que estaría indicando la imposibilidad de llegar a acuerdos y/o soluciones –más allá de declaraciones de intenciones expresadas en los documentos rubricados– desde estos marcos institucionales internacionales.
  10. Azuela afirma que en los códigos de las sociedades modernas existen rasgos que predisponen en favor de las causas ambientales y que a pesar de los rasgos novedosos traídos por las movilizaciones ambientales de las últimas décadas del siglo XX, la cultura ambiental se construye sobre un sustrato preexistente vinculado a la existencia de percepciones y sensibilidades respetuosas hacia la naturaleza desde el siglo XVIII. Se opone así tanto al “mito de la toma de conciencia” (2006: 52) ambiental o de la “iluminación ecologista” (2006: 42), y a los análisis que sólo ven en términos negativos, instrumentales y de sometimiento a la relación entre la modernidad y la naturaleza. Aquí lo que nos importa es hacer hincapié en la visión que se tornó hegemónica, más allá de las otras valoraciones posibles.
  11. O´Connor (2002) propone hablar de una “segunda” contradicción del capitalismo, vinculada con la reducción de las “ganancias marginales” generada por la contradicción entre el capital y la naturaleza y que estaría asociada a los efectos económicos adversos para el capital que surgen del ambientalismo y otros movimientos sociales.
  12. Para profundizar, ver Galafassi (2012, 2009), Giarraca y Teubal (2010), Merlinsky (2016, 2013 ayb), Seoane, Taddei y Algranati (2013), Svampa y Viale (2014) y Zibechi (2003), entre otros.


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