¿Cómo entender un bosque? Algunos dirán que es un conjunto de árboles. Otros agregarán que no son solamente árboles, porque también se encuentran helechos, orquídeas, arbustos y muchas otras especies vegetales. Algunos dirán que los animales, sean pequeños como escarabajos o sapos, o grandes, como tapires o jaguares, también son parte de ese ambiente, y que sin ellos no estamos frente a un verdadero bosque. De esta manera un bosque se entiende, e incluso se siente, a partir de la vida que éste cobija. El bosque es ese conjunto de elementos, pero también es más que un simple agregado, e incluso habrá quienes afirmarán que puede expresar sus humores, enojándose o aquietándose. Bajo esta mirada, el bosque tiene atributos propios, que son independientemente de la utilidad o de las opiniones que nosotros, humanos, pudiéramos tener

(Gudynas, 2012: 7)

Este capítulo profundiza en una serie de tópicos que se consideran centrales para una más cabal comprensión de los diversos y contradictorios proyectos territoriales en disputa. Se espera, en complemento a lo desarrollado previamente, poder ahondar en la complejidad y multiplicidad de voces en pugna en torno al qué, cómo, para qué y para quiénes ordenar el(los) territorio(s) salteño(s), a partir de una descripción más precisa de los actores implicados en el OTBN.

En particular, nos detenemos en la figura de los pueblos indígenas, la cual ocupó el centro de la contienda –tanto por el reclamo y movilización directa de algunas organizaciones o comunidades originarias como por el hecho de que todos los actores involucrados se pronunciaron acerca de la “cuestión indígena”–. Si bien en un primer momento fueron fundantes los debates en torno al rol y destino de los indígenas y a la necesidad de conservación y manejo sustentable de los BN, estos asuntos fueron perdiendo centralidad en detrimento de los reclamos por la asignación de recursos al Estado nacional. De este modo, proponemos pensar cómo la protección de los “recursos naturales” se volvió una disputa por los “recursos federales”.^[1]

Ordenadores y ordenados

Si territorializarse envuelve siempre una relación de poder, al mismo tiempo concreta y simbólica, y una relación mediada por el espacio, o sea, un control del espacio y, a través de este control, un control de procesos sociales, es evidente que, como toda relación de poder, la territorialización este desigualmente distribuida entre sus sujetos y/o clases sociales y, como tal, habrá siempre, lado a lado, ganadores y perdedores, controladores y controlados, [ordenadores y ordenados], territorializados que desterritorializan por una reterritorialización bajo su comando y desterritorializados en busca de otra reterritorialización, de resistencia y, por tanto, distinta de aquella impuesta por sus desterritorializadores

(Haesbaert, 2004: 259, t/p, a/p)

A continuación, ofrecemos un análisis más pormenorizado de las territorialidades en tensión en el contexto del OTBN, con el objeto de intentar dilucidar el mapa de relaciones, poderes e intereses en juego, así como también los argumentos esgrimidos en cada caso y las alianzas tejidas. Los actores en los cuales nos detendremos (grandes empresarios agropecuarios, productores forestales, Estado nacional y provincial, ONGs y fundaciones, pueblos indígenas y familias criollas) no son los únicos –pero sí los más relevantes– ni debemos considerarlos como entidades homogéneas a su interior, pero permiten delinear las principales posiciones hegemónicas y subalternas en el campo de la disputa por el destino de los territorios y las poblaciones del este salteño.

“Éramos los malos de la película”

Para comenzar, entre los actores con mayor poder político y económico en la provincia se destacan los grandes productores agropecuarios, desde cuyas asociaciones y emprendimientos productivos particulares se ha impulsado y acompañado la producción agrícola y ganadera con niveles sin precedentes para la región.

Estos grandes productores se encuentran agrupados en una serie de entidades mayores, algunas con alcance nacional y/o regional. Una de las principales es la ya mencionada SRS, asociación provincial que forma parte de la Sociedad Rural Argentina –fundada a fines del siglo XIX bajo el lema “Cultivar el suelo es servir a la patria”– y que está conformada por productores ganaderos salteños de tradicional renombre. Se presenta a sí misma como quien “ha asumido la responsabilidad de ser un actor social y económico, protagonista del crecimiento que está teniendo la región”, trabajando “para que el crecimiento ganadero se  trasforme en desarrollo, no sólo del sector sino de toda la sociedad”.^[2]

Otra de las asociaciones de productores más importantes a nivel regional es la también aludida PROGRANO, fundada en 2002 y que nuclea a más de doscientos productores de Salta y Jujuy. De acuerdo a su portal en internet, “nació con el propósito de promover el bien común de los productores y defender los derechos del sector agropecuario”, “principiando políticas de Estado que permitan el desarrollo sustentable de la actividad, en un marco de equidad y competitividad, respetando la ley y preservando el medio ambiente”.^[3] La Cámara Regional de la Producción de Salta (CRPS)^[4] y la APLNOA completan el mapa de las asociaciones con mayor incidencia en los debates y toma de decisiones en torno al OTBN.

En su mayoría –al menos en lo que respecta a quienes más presencia y lobby ejercieron–, son productores de procedencia regional y/o local, y no sólo productores extranjeros y/o absentistas –si bien la extranjerización de las tierras ha sido un fenómeno extendido en Salta y parte de los conflictos por tierras provienen de propietarios ausentes que en el contexto de revalorización territorial y productiva se hicieron presentes y reclamaron las tierras escrituradas a su nombre–. Así las cosas, se trata de grupos empresarios a quienes pueden rastreárseles diversos vínculos (históricos y/o actuales) con sectores del gobierno de la provincia de Salta: productores de familias tradicionales de la sociedad salteña y con amplia inserción en la trama del poder político y económico provincial (Cha, Usandivaras, Fortuny, Saravia, Uriburu, Patrón, de los Ríos, por citar algunos apellidos de renombre), que en algunos casos participan o han participado en las Comisiones directivas de varias de estas entidades a la vez.

En su conjunto, han instado al gobierno provincial a proseguir con el modelo de desarrollo emprendido en las últimas décadas del siglo XX, según ellos, único camino para enfrentar el estancamiento social y económico de la región, en las zonas y poblaciones donde “todavía no había llegado el desarrollo” (OPA1). Estos productores sostienen que Salta es una de las provincias con mayor potencial agroindustrial, y que la expansión de la frontera agropecuaria hacia el norte argentino la coloca en una posición altamente competitiva y con perspectivas de crecimiento para satisfacer la demanda de alimentos a nivel local, regional y mundial. Remarquemos que no se trata sólo de producción de soja: si bien la sojización fue el proceso dinamizador de la producción agropecuaria provincial, como vimos, este cultivo está cerca de alcanzar su límite bajo las actuales condiciones tecnológicas, climáticas y de suelos. En este sentido, estos emprendimientos han diversificado sus inversiones productivas, a través de la combinación de esta oleaginosa con ganadería y otros cultivos.^[5]

En el caso de la producción ganadera, en los últimos años comenzó en Salta un proceso creciente de puesta en producción de campos con gestión empresarial, basados en la intensificación productiva, la habilitación de nuevas áreas –a partir del desmonte– con siembra de pasturas subtropicales, la implementación de tecnologías de manejo reproductivo del rodeo y la selección genética de razas. Estos planteos productivos “modernos” e intensivos se sitúan en clara oposición con respecto a la actividad económica de los productores criollos, actividad de carácter extensiva y con baja capitalización. En este contexto, la justificación para la incorporación de tierras “marginales” e “improductivas” a las lógicas “racionales” encuentra fácil asidero:

Vastas zonas ganaderas de la Provincia se encuentran degradadas, desarraigando al hombre de una forma de vida que dio trabajo y dignidad a nuestra población rural. El uso racional de pastizales naturales, la incorporación de tierras con limpieza del monte natural (degradado por el sobrepastoreo y la extracción de madera en forma indiscriminada) ha permitido la reconversión de zonas marginales e improductivas, con una carga animal equivalente a una unidad ganadera cada 30-40 hectáreas, a campos implantados con pasturas, en los cuales se puede mantener un equivalente por hectárea. La llegada del desarrollo, las inversiones privadas, las políticas implementadas por el Gobierno de la Provincia, las obras de infraestructura, las posibilidades concretas para la incorporación de tierras en forma sustentable, el manejo racional de los recursos ambientales y la incorporación de técnicas de manejo adecuadas, son algunos de los factores que movilizan y reactivan poblaciones enteras que han vivido en la marginalidad, posibilitando su inclusión en el trabajo formal, el acceso a la salud y la educación, revirtiendo el éxodo del campo a las ciudades (página web SRS, d/p).

Enmarcados en un discurso y una práctica que concibe al desarrollo como modernización y crecimiento, la idea rectora es que la producción agropecuaria y sus beneficios se traducirán en progreso para la población toda, en contraposición a las evidencias disponibles de los bosques degradados a causa del mal manejo por parte de la ganadería criolla y la extracción indígena de los recursos madereros. Se afirma así que no se trata de una zona “marginal” para la agricultura o la ganadería, sino una zona “marginalizada” (OPA1), en la cual sus habitantes no han hecho más que vivir en la “miseria”:

Cuando uno recorre el chaco salteño, se ve el deterioro de la calidad de vida de los pobladores, por la forma de ganadería que hacen. Esa forma de hacer ganadería es a monte y condenada a la miseria. Bajo monte es difícil incorporar genética, pasturas que produzcan más y mejor, y es difícil manejar la ganadería bajo monte. La forma de incorporar tecnología sería alguna forma de desbajerado y una siembra de pastura. Si realmente se quiere mejorar la calidad de vida de nuestra gente del interior, tenemos que darle tecnología, enseñarle manejo, y en el monte no se puede hacer nada (Revista Salta Productiva Nº 25, 2009, d/p).

De este modo, se opone un modelo de “territorio eficiente y moderno” –la ganadería empresarial, con mejoras genéticas y desmontes para siembra de pasturas– a un “territorio estéril y atrasado” (y como tal, “sacrificable”) –la ganadería criolla, condenada a la desgracia y el desmanejo–. Ahora bien: tanto en las presentaciones institucionales de las entidades como en las intervenciones de sus miembros en diversas instancias de toma de decisiones, la apuesta por el “desarrollo” es por el “desarrollo sustentable”. PROGRANO lo anuncia en su lema –“Para el desarrollo sustentable de la región”–, y la SRS también lo marca al afirmar que “la provincia dispone de grandes extensiones con aptitud agropecuaria, las cuales son desarrolladas con criterios sustentables y de acuerdo a los conocimientos y experiencias existentes, preservando así, nuestra gente, nuestra flora y nuestra fauna”.

No olvidemos que el discurso de la conservación y sustentabilidad emergido hacia los años 1970 fue incorporado por los grupos empresarios, en particular a través de la figura de la “Responsabilidad Social Empresaria” o de la “ecoeficiencia”. Las asociaciones y fundaciones que nuclean a productores agropecuarios en Salta también fueron haciendo propia la “cuestión ambiental”. A modo ilustrativo, las palabras que el ex presidente de PROGRANO sentenció luego de la reglamentación del OTBN provincial: “No hay mejor ambientalista que el que vive del producido de la tierra” (17/07/2009). En las sucesivas entrevistas que realizamos con referentes de estas asociaciones, apuntaron que “la única forma de conservar es a través de la producción” (OPA3), alegando que a mayor productividad menor es el impacto ambiental y viceversa. Los productores salteños destacan así la responsabilidad de sus empresas –no sólo en términos ambientales sino también sociales–, haciendo énfasis en el rol jugado por el sector productivo para la concreción de un “círculo virtuoso genuino”, una “cadena de solidaridad en un ambiente hostil” (OPA1).^[6]

En este camino, los productores reiteran la necesidad de “desestigmatizar al sector” (OPA1), en virtud del lugar en el que fueron ubicados durante el OTBN: en contra de los campesinos, de los aborígenes, de la sociedad toda. En sus palabras: “te estoy contando una historia, de la posición incómoda en la que estamos”, ya que “no todos los que cultivan en Salta son pools de siembra, ni todos expulsan wichís, ni todos los pedidos de desmonte son para sembrar soja” (OPA1) –esto último, en referencia al porcentaje de pedidos de desmonte para planteos ganaderos empresariales que, como vimos en el capítulo 4, conllevan impactos similares–. De este modo, afirman que “ningún productor quiere comerse sus recursos” (OPA1) y buscan oponerse a los preconceptos difundidos acerca de que “el único que degrada es la topadora” (OPA3), siendo que hay sobrada evidencia de que los bosques vienen siendo devastados desde hace más de un siglo. Apuntan a la búsqueda de consenso para el “desarrollo armónico de Salta” (OPA1) y la atención del reclamo de otros actores: “a mí me interesa desarmar los conflictos, no si se puede o no desmontar” (OPA3).

Ahora bien, ¿a qué tipo de desarrollo y a qué sustentabilidad se están refiriendo estos actores? No está en discusión (al menos para la mayoría, aún para los sectores más productivistas) la necesidad de preservar el ambiente: en palabras de algunos referentes, “todos entendimos la importancia de conservar” (LN1), “aunque hay bandidos en todos lados, hoy todos los productores hablamos de biodiversidad, de corredores biológicos”, “hay una toma de conciencia de parte del sector” (OPA3). La discusión radica más bien en qué se entiende por ambiente, de qué modos diferenciales se valoriza la naturaleza y sus “recursos”, o cuáles son las formas de dar lugar a esa conservación ambiental.

En suma, si bien matizada con un lenguaje ambiental y conciliador, se trata de una concepción de desarrollo que sigue siendo deudora de una lógica productivista, cuya adjetivación como sustentable está en mayor medida asociada a la introducción de mejoras técnicas. Podemos señalar entonces la tensión existente entre una sustentabilidad económica y una (in)sustentabilidad ambiental y/o social: se trata de actividades sustentables en lo económico y en el corto plazo para los grandes productores concentrados, quienes aluden a la sustentabilidad de sus prácticas productivas en virtud de la rotación de cultivos (soja-maíz/trigo, por ejemplo, reduciendo al mínimo la secuencia soja-soja) y la implementación de sistemas de labranza cero. No obstante, estas actividades técnicamente sustentables se han constituido en una amenaza para las comunidades locales, en lo social y ambiental. Como advierte Guimaraes al señalar que prácticamente resulta imposible hoy en día encontrar un solo actor que se exprese en contra del desarrollo sustentable, “hay que plantearse el rol de los actores sociales, para poder así distinguir los actores de la sustentabilidad y los actores cuya orientación de acción o comportamientos concretos contribuye a profundizar la insustentabilidad del actual estilo [de desarrollo]” (2002: 70, d/o).

Bajo este marco interpretativo, toda forma de “politización del ambiente” (OPA1), cuando la discusión rebasa lo meramente técnico-objetivo y se incluyen cuestiones sociales, es criticada y desacreditada por el sector productivo (recordemos que similares argumentos se esgrimieron en ocasión del proceso participativo y la consulta a indígenas y criollos). Tal como nos lo relatara un referente de estas asociaciones, “el ambiente no tiene ideología, no hay ambientes de izquierda, de derecha o de centro” (OPA1). Así las cosas, el ambiente queda definido como algo objetivo, sólo posible de ser analizado e intervenido de modo neutral a través del saber específico brindado por la agronomía y otras ciencias ambientales. Y en lo específicamente atinente al caso de estudio, afirman que no se debe mezclar “bosques” con “repartija de tierras” (OPA1). Esto último implicaría introducir a las poblaciones indígenas y criollas en las decisiones.

“Papá, dejá de cortar árboles”

Entre los representantes del sector productivo también se encuentran las asociaciones vinculadas con la producción forestal, específicamente en los departamentos de San Martín y Orán (la APROFICSA y el CON entre las principales).

La producción maderera en Argentina en general y en el este de Salta en particular ha estado históricamente signada por el desmanejo de las masas boscosas: una visión no renovable de los bosques, caracterizada como “silvicultura minera” o “del descreme” (INV1). Según lo señalado por Minetti (2010) para los productores de la zona de Tartagal, al estar guiados por la idea del recurso maderero como inagotable, en su gran mayoría no invirtieron en la compra de fincas o tierras forestales sino que usufructuaron los recursos existentes los lotes fiscales. Así las cosas, si bien existen dentro del circuito formal productores que son dueños de las tierras y poseen aserraderos, el productor forestal no siempre es propietario de la tierra con bosques, y la figura del arriendo constituye la modalidad más frecuente para este tipo de explotación.^[7]

Para dar inicio a un aprovechamiento forestal, se debe gestionar ante el organismo ambiental competente la presentación de un plan, que es implementado a través del sistema de “guías”. La guía forestal es el único documento con validez legal que ampara la extracción, transporte y/o remoción de maderas provenientes de bosques de propiedad particular o fiscal. En ellas se autorizan volúmenes y especies a extraer: cada guía tiene una validez de 24 horas, siendo equivalente a un viaje (una camionada de madera), por lo que dependerá de la capacidad del vehículo para calcular cantidades y costos (según fuentes consultadas, podía oscilar los $70.000 en el año 2010). Las mismas deben ser rendidas periódicamente ante la autoridad ambiental para el seguimiento de los cupos autorizados de acuerdo con el proyecto presentado.^[8]

A pesar de este sistema, no todos han procedido de modo legal en la actividad, evidenciándose una gran cantidad de situaciones irregulares a lo largo de toda la cadena productiva (desde la obtención de la materia prima hasta su comercialización). Esto se ha avalado a partir de la permisividad estatal y su falta de controles y monitoreos, que actuaron como incentivo para la explotación ilegal de bosques (de acuerdo a información relevada en campo, los talonarios de guías forestales podían comprarse en la sede de la cartera ambiental provincial, sin mediar ningún tipo de proyecto ni inspección). Al respecto, un dicho popular afirma que “el costo de la trabilla de alambrado en Salta se calcula en relación al costo de un café en el bar El Espinillo, en la ciudad de Salta” (TN5). En el cálculo, no se considera el valor del BN y su regeneración: “que vos hagas las cosas bien, no te lo paga nadie” (TN5).

La extracción maderera clandestina se vincula asimismo con el llamado “robo hormiga”: el mismo tiene lugar en los parches de BN en las áreas próximas a los centros urbanos por parte de las poblaciones que están “a tiro de bicicleta” (OPF4) y que cosechan madera de tierras privadas o públicas sin autorización, en algunos casos de modo coordinado con medianos madereros que obtienen así parte de su materia prima en forma ilegal (Minetti, 2010). Es así como los productores que se consideran “culturales”, han buscado oponerse al “esquema oportunista” (TN4) de aquellos que sustentan su actividad en la extracción forestal con guías adulteradas, o en el procesamiento de madera proveniente de desmontes para fines agropecuarios –la “madera de aprovechamiento”, que no debe ser confundida con el “aprovechamiento del bosque nativo” (TN5)– siendo cómplices de la eliminación del recurso boscoso. Tal como nos afirmara un entrevistado, “los madereros no veíamos mal que se ordene, el desmonte va en contra del productor forestal” (OPF1).

Detengámonos en la compra-venta de “guías aborígenes”: los pueblos indígenas en Salta tienen su sistema de guías de extracción forestal específico, otorgadas a través del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). Históricamente la población indígena ha sido mano de obra en esta actividad: “es lo único que saben hacer” (OPA3), son “madereros desde siempre” (OPF3).En palabras de representantes de estas asociaciones, la relación entre el sector maderero y los pueblos originarios puede ser calificada como de “socios naturales” (OPF1) en el uso de los recursos forestales: una relación simbiótica y a la vez conflictiva –“el indio no labura […] y el maderero lo azota para que trabaje” (OPF2)–. Una práctica bastante extendida consta de comprar esas “guías de onda, estirpe y cosmovisión indígena” (OPF4) –tal como nos las describiera irónicamente un entrevistado–y acceder así a permisos de extracción (a razón de $200-300 la guía, según información obtenida por fuentes consultadas en el año 2010). Dejemos el relato a nuestros entrevistados: “el indio habla de los derechos, la ancestralidad, y le dan guías” (OPF4), “como son aborígenes no se les aplica la ley” (OPF1), luego la venden al “busca cordobés”, que de ese modo logra blanquear su actividad ilegal, extrae madera de cualquier lado y la saca hacia su provincia: “el aborigen termina siendo un factor de blanqueo” y “el desmanejo de los bosques termina subsidiando a los aborígenes” (OPF4).^[9]

Así las cosas, la extracción y el transporte ilegal de madera se han convertido en moneda corriente en los lotes fiscales y privados, en los caminos internos y rutas del este salteño. El robo de madera constituye una causa penal (las Contravenciones contra el Ecosistema son reguladas en la Ley Nº 7.135), por lo que su transporte ilegal supone un gran operativo y toda una serie de artilugios: se utiliza un “coche puntero” que hace de “campana” avisando de la existencia de controles en la ruta (en general se hace de noche y sin luces, para evitar ser detectados).^[10]

Como consecuencia, la imagen positiva del productor maderero y del sector forestal ha ido decayendo en el contexto del mal manejo y degradación del bosque y del creciente discurso que en paralelo se fue forjando en torno al cuidado del ambiente, dando surgimiento a la figura del maderero “delincuente”, “depredador”, “corrupto” (OPF1), “oportunista” y “pirata” (TN4). Si bien hay emprendimientos que cumplen los requisitos y garantizan la sustentabilidad de la actividad, todos “están en la misma bolsa” (AMB1) –de ahí la cita que titula este acápite–.

No hay que dejar de diferenciar a los aprovechamientos forestales llevados a cabo a partir de la formulación de planes de manejo a largo plazo (por medio de la cosecha selectiva de ejemplares y que suponen la sustentabilidad en tiempo y forma de las masas boscosas), del impacto de la actividad forestal sin planes de manejo o de los desmontes para la producción agropecuaria, a partir de lo cual no hay posibilidad de recuperación del BN preexistente, ya que de lo que se trata es de “dejar pelado el terreno” (TP1). En palabras de un técnico que formó parte del INTA en Tartagal durante el OTBN, “el mensaje que me llevé” fue la apuesta de los productores por la visión extractivista, a corto plazo, del bosque como “recurso agotable” y de la actividad maderera como una “industria minera”: los forestales le mostraban orgullosos sus campos jactándose –“mire ingeniero, esto lo hice yo”– de que eso que “antes era todo monte” ahora estaba “todo limpito”, “todo despejado” (TN5).

Desde el sector forestal se ha apuntado a promover una actividad integrada con la producción agropecuaria (un sistema agroforestal), para lograr su perdurabilidad en este “modelo desmontador” (INV1) en el cual “hacen lo que pueden los árboles” (TP6). Tal como nos lo destacara un productor, “necesitamos integrar más el árbol a la agricultura” (OPF4). Toda solicitud de cambio en el uso del suelo supone la obligación de dejar cortinas forestales, con el fin de mitigar la erosión hídrica y eólica en los campos agrícolas y de conservar y conectar los remanentes de bosque, constituirse como reserva de flora nativa, corredores de fauna y barreras corta fuegos. No obstante, en la práctica las mismas “están hechas pedazos”, “los productores ven a las cortinas como un estorbo estático”, un “criadero de plagas” (OPF4). Las cortinas se destruyen como consecuencia de la fumigación aérea (con glifosato y otras sustancias), quedando “sacha cortinas” (TP6): “al quebracho colorado le mostrás un remito de glifosato y se muere” (OPF4).

Ahora bien, en el contexto ambiental y económico actual, los madereros han apostado también a las plantaciones (esto implica desmonte total para plantación de especies, sean nativas y/o exóticas). Tal como lo señalara un representante del CON:

Los salteños, sufriendo hoy las consecuencias de la Ley de Bosques sin que aparezca el dinero que ella implicaba, y con cuatro departamentos de futuro indefinido por la medida cautelar de la Corte Suprema, tendremos en algún momento que analizar, de manera realista, si no es mejor transformar una pequeña parte de los bosques degradados que poseemos, en una abundancia creciente, en bosques sosteniblemente productivos de energía y trabajo, en lugar de destinar sólo tierras agrícolas a producir biocombustibles. Ninguna otra provincia está en mejor situación que Salta en ese aspecto (Tribuno, 25/07/2010, d/p).

En cuanto al rol de este sector durante el OTBN, tomaron mayor presencia pública tras la suspensión de los aprovechamientos forestales por parte de la CSJN, reclamando contra la paralización de la actividad y alegando la pérdida de numerosos puestos de trabajo. La medida afectó en mayor grado a los forestales que a la producción agropecuaria que, si bien no pudo seguir ampliando su superficie, sí pudo “seguir produciendo sobre lo desmontado” (OPF1). Por el contrario, la actividad maderera quedó paralizada, no obstante su continuidad en virtud de las demoras por parte del gobierno provincial en emitir las notificaciones pertinentes (Nuevo Diario, 08/05/2009).^[11]

Con respecto a su política de alianzas con otros sectores, pueden destacarse las acciones articuladas con ONGs en el reclamo por los fondos de la ley BN y la connivencia entre agropecuarios y forestales con relación al uso de la madera de desmonte en los aserraderos: “si tu materia prima es de un desmonte, tu producción no es sustentable” (TN5). Por último, y en sintonía con los productores agropecuarios, los forestales han señalado como principal factor de degradación de los bosques al sobrepastoreo de ganado y a la extracción compulsiva e ilegal por parte de los pueblos indígenas –“chantas, sinvergüenzas, hablan de desarrollo sustentable y tienen a los pueblos indígenas trabajando en negro” (TN5)–, eludiendo las propias responsabilidades.

“El Estado y las empresas siempre van de la mano en Salta”

En el concierto del OTBN, el usufructo de las instituciones estatales por parte de los gobiernos provinciales de turno, y cierta ambigüedad de parte del gobierno nacional no deben ser soslayados. Lejos de presentar una posición unívoca, la heterogeneidad del aparato estatal y sus agentes ha permitido que las territorialidades en disputa se reproduzcan a su interior. En efecto, a lo largo de los capítulos precedentes pudimos avizorar tensiones entre los distintos niveles (específicamente, entre el nacional y el provincial: cuando fue dictada la ley de presupuestos mínimos de protección de BN para ser acatados por las administraciones provinciales, o cuando la CSJN paralizó la actividad provincial) y poderes gubernamentales (ejecutivo, legislativo y judicial).

Los procesos de institucionalización de la cuestión ambiental son deudores de la incorporación en la agenda internacional de políticas que promueven la protección de la diversidad cultural, el medio ambiente y el desarrollo sustentable; así como también son resultado de las demandas históricas llevadas adelante por pueblos indígenas, organizaciones campesinas y otros movimientos sociales. El surgimiento de la “cuestión ambiental” en la década de 1970 coincidió con la crisis de la idea de desarrollo como utopía integradora de la modernidad, y con ello, la crisis de las certezas que habían sustentado esa matriz de poder, entre ellas el Estado y su territorialidad en tanto modo fundante de vínculo con el territorio (Porto Gonçalves, 2001). En este contexto, los Estados comenzaron a encontrarse con una agenda ambiental construida tanto desde organismos internacionales como desde ONGs y reclamos de las poblaciones locales.

Entre los organismos nacionales que estuvieron directa o indirectamente involucrados en el proceso de OTBN, algunos cuentan con delegaciones y/o dependencias regionales en la provincia –la APN y el INTA, entre otras– y otros no (la SAyDS). Recordemos que instituciones como el INTA y la APN fueron parte del Comité Asesor de la UE-OTBN, con equipos trabajando directamente para la propuesta de zonificación del gobierno provincial. Este trabajo conjunto, no obstante, llegó a su fin luego del proceso participativo, cuando el mapa propuesto por la UE-OTBN fue descartado y en la legislatura se sancionó la ley sin la zonificación de los BN, y cuyo texto fue abiertamente criticado por los organismos estatales, organizaciones sociales, ambientales y universidades directamente vinculados con la demanda de criollos e indígenas por el fin de los desmontes.

En particular, la SAyDS–hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS)– es la autoridad nacional de aplicación de la “ley de bosques” y la Dirección de Bosques alberga al equipo técnico encargado de todo lo atinente a los OTBN provinciales. Desde allí se brindó asistencia técnica y financiera a las jurisdicciones, se recibe y analiza la documentación correspondiente para la acreditación de los OTBN y se realizan observaciones técnico-legales. Aprobados los OTBN, se encargan de recibir los planes de manejo y conservación presentados por los particulares ante los organismos provinciales para la obtención del FNECBN.^[12]

Por otro lado, los organismos provinciales. En el caso del OTBN, la autoridad de aplicación fue fijada en el MAyDSS y fue a su interior, en la SPA, donde funcionó la UE-OTBN (ya disuelta). El caso del área de ambiente en Salta nos permite un análisis en torno a las tensiones que se despliegan al interior del propio Estado. En los años de gobierno de Urtubey, en este organismo ambiental se han producido una serie de cambios de gestión que dejan entrever los modelos de desarrollo en pugna en el seno del gobierno salteño (a pesar de las continuidades, como veremos). Ya la por entonces designación de la SPA a cargo de una antropóloga y la incorporación de equipos técnicos vinculados al trabajo con población indígena y criolla supuso una división entre los nuevos integrantes y su mirada más social y/o antropológica y los equipos y programas heredados de la SEMADES.

Una situación de entrevista con un técnico ingresado durante el gobierno de Romero es ilustrativa al respecto: no era nuestro primer encuentro –ya habíamos conversado brevemente acerca del “bendito ordenamiento”–, y en esta segunda oportunidad insistió en vernos fuera de la oficina. Allí se explayó acerca de las profundas transformaciones que supuso el cambio de gestión, remarcando el hecho de que en el nombre ahora figurara la palabra “política” (antes se llamaba SEMADES y ahora SPA). Sobre el OTBN, expresó que se ignoró y escatimó información a su área, dio cuenta de las presiones, controles y cambios de personal que estaban teniendo lugar –“están expurgando finito”– y sobre la política de la nueva gestión hacia los pueblos indígenas dijo estar “clarísimo” que se les estaba dando privilegio. En particular, esto lo remontó a los primeros meses del año 2008: por entonces, él entendía que “lo social no puede primar sobre lo económico” y bromeaba acerca de que “a los indios hay que matarlos a todos”, hasta que se dio cuenta de que no estaba siendo bien visto. La semana anterior a nuestra entrevista, había realizado inspecciones en campo, y al regreso había encontrado al “mapa adornando la oficina”. Añadió que desde su área no participaron en nada: “nos engañaron como a niños”, y volvió a remarcar las pujas de poder al interior de la SPA: la “bajeza de la gente”, “lo peor de uno lo vi acá adentro”, dijo, agregando haber llegado a “sentir miedo”. Acerca de su trabajo, señaló que “uno no tiene la decisión, pero estamos siendo los ojos” del Estado, y que “uno no tiene conciencia del poder que tiene en sus manos”. Durante toda la conversación, repitió acerca del OTBN que era “pura política” (TP1). También en otras entrevistas, técnicos que ya trabajaban en el área ambiental al darse inicio el plan de OTBN manifestaron haberse sentido desplazados por la nueva gestión: “nos dijeron este es el mapa, este es el ordenamiento, ahí tienen” (TP6).

Para continuar, recordemos que a poco de iniciado el proceso participativo para el OTBN, la primera secretaria ya había sido “renunciada”, si bien el ministro de ambiente (Julio Nasser) permaneció en su cargo. Un tiempo más adelante, en junio de 2010, Francisco López Sastre –titular de la SEMADES durante el romerismo– asumió al mando del MAyDSS en su lugar, dando un nuevo cariz a la política ambiental provincial: “una visión ambiental, más que socio-ambiental” (FP3). En esa oportunidad, las tensiones intergubernamentales entre conservación del ambiente y desarrollo económico comenzaron a tomar forma definida, ya que el ministro de economía no fue removido de su cargo: “acá analizaremos el impacto ambiental, allá tomarán las decisiones” (TP2). Tal como nos lo describieran integrantes de la UE-OTBN, en esa coyuntura hubo gente que “se dio vuelta”, reclamando que “antes se le daba demasiada importancia a los indígenas” (TP2). Así las cosas, este cambio en la cartera ambiental puede ser entendido como un guiño hacia los sectores de la producción –“un sinceramiento” (LP1)– por parte del gobierno provincial, si bien desde las asociaciones de productores han señalado que desde la SPA “nunca han mostrado la voluntad de cuidar el medioambiente, sí de frenar el desarrollo”: “si sos pobre, podes sacar madera, si sos capitalista, no” (OPA3). En palabras del gobernador, se trataba de “cambiar el paradigma de producción-desarrollo versus ambiente” (Intransigente, 15/06/2010): la etapa de planificación y diseño del OTBN había culminado, comenzaba ahora el momento de gestionar y volver nuevamente a “una provincia verde y productiva” (Periovista, 06/07/2010), según palabras del flamante ministro de ambiente.

Al renovar el plantel para su segundo mandato en diciembre de 2011, el gobierno provincial nuevamente incorporó cambios en el organigrama ambiental: el MAyDSS pasó a ser denominado Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable (MAyPS) –DxP, desarrollo por producción–. Al poco tiempo, López Sastre (que había quedado en el área de ambiente de ese ministerio) y equipo renuncian y asume una nueva secretaria, que también se aparta a los pocos meses. En suma, tres ministros y cinco secretarios pueden ser contabilizados en los primeros cinco años desde el inicio de las discusiones sobre el OTBN: “no hay organigrama que aguante” (AEMP1).^[13]

En este punto, hacemos propio el análisis de Seghezzo et al (2011) al enfocar en los conflictos derivados de las diferentes visiones de desarrollo sostenidas por los actores involucrados en el OTBN. Las ideas de “desarrollo” o “progreso”, entendidas como un proceso de acumulación de bienestar y poder vinculado a la posesión de la tierra y la producción de commodities agrícolas, fue la ideología dominante de las elites políticas y económicas salteñas durante el OTBN –desafiada por la suspensión de desmontes a cargo de la CSJN, si bien como veremos no logró quebrantarla–. Mientras que el discurso “tradicional” del desarrollo es asignado al gobierno de Romero, el discurso del “desarrollo sustentable” es asimilado a la gestión de Urtubey, no obstante permanece influenciado por el paradigma de la modernización ligado a la expansión de la producción agrícola para el mercado mundial. Con la asunción de López Sastre, el discurso gubernamental cambió al de “desarrollo y conservación”, cuyos argumentos son compartidos con los grandes productores agropecuarios y promovidos por las grandes semilleras internacionales y compañías agroquímicas. Bajo esta visión, las actividades de producción y de conservación pasan a estar espacialmente separadas bajo la asunción implícita de que la tierra “productiva” (los “territorios eficientes”) debe ser explotada para fomentar el desarrollo y generar riqueza que será luego derramada para el beneficio de la sociedad toda. Del otro lado, se generan reductos de conservación ambiental, con o sin participación social, destinados a “cuidar los pajaritos” (TP2).

En suma, la presencia de las mismas personas en las máximas posiciones a lo largo de las diferentes administraciones –y teniendo estrechos vínculos con el poder económico– es un indicio de que, a pesar de los cambios discursivos, los proyectos territoriales hegemónicos no se vieron afectados de modo definitivo. No olvidemos que las autoridades del gobierno salteño (actuales y pasadas) están ligadas directa o indirectamente a la actividad hidrocarburífera, agropecuaria y forestal: “si me decís que el gobernador de Formosa o Salta está con el negocio sojero, te digo sí” (FN1), se trata de una provincia con una “fuerte tradición feudal” en la cual “la mayoría de los funcionarios de gobierno son terratenientes” (TP4). De allí la cita que titula este acápite, pronunciada en una entrevista por un indígena cuya comunidad lleva casi una década de lucha contra agentes privados y estatales para frenar la instalación de un gasoducto en sus territorios.

“Más antiproductivistas que ambientalistas”

La región chaqueña y su población han sido destinatarios históricos de intervenciones por parte de diversidad de ONGs y fundaciones del “tercer sector”, en virtud de sus condiciones de pobreza y desigualdad socioeconómica y territorial.

El contexto de emergencia y proliferación de las ONGs y de exaltación de la “sociedad civil” debe ser vinculado con el auge de las políticas neoliberales de fines de siglo XX. En este contexto, y azuzadas por organismos de financiamiento externo, se produjo un incremento de estas organizaciones, que en algunos casos pasaron a cumplir roles que históricamente habían desempeñado los Estados. Sus actividades se fueron insertando así en los espacios relegados por el dispositivo estatal en la asistencia de la población más desfavorecida (en este caso, indígenas y/o campesinos) –en palabras de un productor criollo, “yo les pedía que se sacaran la N, por cómo estaban actuando” (FC2)–. Como resultado, en muchos casos vieron fortalecido su rol político como interlocutores, articuladores y voceros de las comunidades locales ante los Estados nacionales y/o provinciales. No obstante, se han señalado numerosas críticas a ciertas modalidades de intervención planteadas: por tratarse de proyectos “enlatados” diseñados por técnicos y replicados en diversos lugares y heterogéneas poblaciones sin atenerse a las particularidades locales, o por constituirse en planteos verticalistas que no logran adhesión y/o compromiso por parte de la población involucrada y por tanto pierden continuidad una vez finalizados los proyectos (siendo responsabilizada la población beneficiaria del fracaso).

En lo que al caso salteño respecta, se distinguen tres tipos de ONGs que han tenido fuerte intervención en el marco del OTBN: 1) las de cuño ambientalista y ámbito de acción internacional y/o nacional, 2) las de raigambre eclesial e inserción regional y/o local y 3) las ligadas al sector empresarial.

Las ONGs de alcance internacional y/o nacional –“el “núcleo duro” del campo ambiental (Azuela, 2006: 77)– nacidas al calor del movimiento ambientalista iniciado hacia la década de 1970 han participado de modo creciente en la gobernabilidad ambiental internacional, movilizándose contra empresas y políticas estatales, jugando un papel importante en la determinación y definición de la agenda ambiental global. Sus actividades van más allá del cabildeo a los gobiernos, sino que también proceden a movilizar poblaciones, reclutar miembros, recaudar fondos y utilizar el poder de los medios masivos de comunicación (Martínez Alier, 2006).

Una de las ONGs ambientalistas por excelencia es la organización internacional Greenpeace. Tiene sede en Argentina desde el año 1987, y desde hace más de una década la “campaña de Bosques” es considerada prioritaria por sus integrantes. Sus acciones en Salta datan de fines de la década de 1990, cuando junto con otras ONGs locales fue partícipe del reclamo contra la construcción del gasoducto Norandino (a cargo de Techint) en la región de Yungas del departamento de Orán, que amenazaba flora y fauna y cuyo trazado atravesaba territorio de las comunidades kollas de finca San Andrés.^[14]

La “coalición verde” formada por las organizaciones ambientalistas FARN, FVS y Greenpeace (en conjunto con otras ONGs de menor envergadura) movilizó gran cantidad de recursos y desplegó numerosas actividades de difusión, seguimiento y reclamo ante representantes de los diferentes poderes y niveles de gobierno. En definitiva, se generaron acciones de alto impacto mediático y político en la búsqueda de generar adhesiones –simbólicas (¿quién no haría un “click” o firmaría una planilla por la defensa de los bosques?) más que comprometidas en el largo plazo– por parte de la ciudadanía en su conjunto. Para las voces contrarias al OTBN, esta ONG fue el blanco privilegiado de los ataques –recordemos que la propuesta de Greenpeace era el “desmonte cero”– por tratarse de una organización foránea, siendo acusada de eco-imperialismo y de promover campañas sólo con objetivos recaudatorios (la cita que encabeza el apartado, en boca de un productor agropecuario, es ilustrativa al respecto).^[15]

En segundo lugar, se encuentran las ONGs locales y/o regionales que han acompañado –desde sus diversas trayectorias e historias de trabajo en la zona– los reclamos e impugnaciones al accionar estatal y/o privado. A diferencia de las anteriores (con excepción de la Fundación ProYungas, que lleva adelante actividades de gestión para la conservación de la ecorregión de las Yungas en el norte argentino)^[16], no nacieron estrechamente vinculadas a la cuestión ambiental, sino que cuentan con una raigambre religiosa ligada al trabajo con población indígena y/o criolla. Pueden distinguirse dos momentos diferenciados: el primero, vinculado al proceso de evangelización, sedentarización y reclutamiento laboral de principios de siglo XX, y el segundo, comprendido por la continuidad del accionar misional tras su reconversión bajo nuevas formas organizativas a partir de su constitución como ONGs de apoyo, acompañamiento y desarrollo. En este nuevo rol, se han convertido en uno de los canales más efectivos para la visibilización de sus reclamos, el acceso a recursos económicos a través de la presentación y ejecución de proyectos financiados por organismos nacionales, iglesias y/o agencias internacionales de cooperación y desarrollo (Misereor, Brot Fur Die Welt, Agencia Alemana de Cooperación Técnica para el Desarrollo-GTZ, entre otras) y para el asesoramiento y mediación en conflictos territoriales, como por ejemplo los lotes fiscales 55 y 14.^[17]

En el caso de ASOCIANA, fue creada en la década de 1990 por parte de la Iglesia Anglicana y trabaja con comunidades indígenas del Chaco salteño, a través de cuya “mediación” se canalizó la posibilidad de unificación de la población indígena y la construcción de su “visibilidad” como sujeto demandante frente al Estado provincial (Trinchero, 2000: 289). Por su parte, FUNDAPAZ nació en Santa Fe en el año 1973 y tiene como finalidad “la promoción humana y el desarrollo solidario de comunidades rurales de bajos recursos del norte argentino”. En Salta trabajan con comunidades indígenas y familias criollas en proyectos de desarrollo rural y comunitario, de fortalecimiento organizacional, acceso a la tierra y promoción cultural y de derechos.^[18]

En ocasión del OTBN se fueron articulando y confluyendo reclamos históricos por la tierra por parte de pueblos indígenas con demandas de tipo ambiental llevadas adelante por ciertas ONGs como las arriba mencionadas. En este contexto, estas organizaciones de cuño eclesial que desde hace años trabajan en temáticas relativas al conflicto por la tenencia de la tierra con pueblos indígenas, comenzaron a ser “tildadas de organización ambientalista” (APIFC1). De este modo, y a partir de la participación de sus técnicos en audiencias públicas y otras instancias de debate y toma de decisiones, se convirtieron en mediadores y/o representantes de los indígenas en su reclamo por el freno a los desmontes.^[19]

Ahora bien, estas organizaciones no trabajan con toda la población indígena y/o criolla de la región. También podemos apuntar respecto del impacto de su accionar en las relaciones intra e intercomunitarias, repercutiendo en algunos casos en la desarticulación y/o debilitamiento de las organizaciones locales. En suma, este apoyo, tutelaje y acompañamiento hacia las poblaciones indígenas y criollas llevado al extremo podría abonar la inacción y dispersión, al quedar atados a un rol pasivo. Al respecto, cabe una reflexión final en ocasión de la recuperación de las capacidades estatales abandonadas durante la hegemonía neoliberal y la redefinición que esto supone en el rol de estas ONGs. Aquellas poblaciones que en su momento fueron ignoradas e invisibilizadas (si no cooptadas, clientelizadas y/o criminalizadas) por el Estado en sus diversos niveles, hoy comienzan a ser –si bien muy lentamente y con contradicciones– reconocidas con sus particularidades culturales, sociales y económicas. De esta manera, las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas encuentran la potencialidad de dejar de estar mediatizadas por ONGs, para poder redefinir su relación de modo directo con los organismos del Estado, prescindiendo de interlocutores y/o portavoces.

Por último, resta mencionar a las fundaciones de cuño empresarial, en el marco de la alianza entre ciertos sectores empresarios y algunos grupos ambientalistas. Recordemos antes lo señalado por O´Connor sobre el “ambientalismo de las empresas”, al alegar que se trata del problema de rehacer la naturaleza de maneras consistentes con la rentabilidad sostenible y la acumulación de capital. “Rehacer la naturaleza” significa mayor acceso al medio natural, como “fuente” y como “vertedero”, lo cual tiene dimensiones políticas e ideológicas, así como económicas y ecológicas: por ejemplo, el asalto a las formas de vida de los pueblos indígenas (2002: 32).

En particular, FUNDESNOA fue creada en el año 2005 abogando por la responsabilidad social y empresaria en pos del “desarrollo sustentable” en la región, y nuclea a grandes empresas de origen agropecuario entre sus miembros principales, entre las que podemos mencionar a CRESUD SACIFyA, Desdelsur SA, Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL e Ingenio Ledesma SAAI. Estas fundaciones cuentan con expertos en temáticas ambientales y forestales de gran renombre en el ámbito provincial, y con su asesoramiento, los senadores nacionales por la provincia de Salta presentaron un proyecto de ley alternativo durante la discusión legislativa de la ley de bosques.

Los técnicos y profesionales que forman parte de las fundaciones empresariales en pro del desarrollo sustentable regional, actúan asimismo como asesores en las asociaciones de productores o en las empresas agropecuarias (de modo permanente, como responsables de las actividades productivas, o de modo eventual, para la realización de estudios de impacto ambiental). Son críticos del mal manejo de los bosques en Argentina y apuntan hacia la falta de implementación de la legislación existente, y centran las soluciones en la investigación y experimentación con especies nativas o foráneas para la actividad comercial, o en la implementación de experiencias de manejo sustentable llevadas adelante por empresas privadas (por ejemplo, Salta Forestal). A la hora de echar culpas, focalizan (además de en el Estado) en indígenas y criollos como responsables de la degradación.^[20]

Para finalizar, una relectura sobre los tres tipos de organizaciones nos informa que se trata de ONGs con escalas de acción diversas, modalidades de inserción local diferentes y capacidad de lobby empresarial y/o estatal heterogénea. Todas actúan en nombre del desarrollo del territorio y al cuidado del ambiente, y en sus propuestas algunas contemplan a las poblaciones indígenas y criollas y sus prácticas socioeconómicas, en tanto que otras más bien las rechazan o descalifican –y si las incorporan, es de modo subordinado, a condición de insertarse en la lógica moderna del desarrollo sustentable–. En todos los casos, no obstante, no dejan de abonar –en mayor o menor medida, por la positiva o por la negativa– la construcción de los indígenas y criollos como sujetos vulnerables, pasivos y pasibles de ser “desarrollados”.

“Algún día dejaremos de decir campesino-indígena, estamos en la misma”

Un(os) último(s) actor(es) en el debate sobre los modos de ordenar el territorio, los modelos de desarrollo y las formas diferenciales de valorización de la naturaleza ha sido la población indígena y criolla, a través de sus diversas formas de organización y representación política.^[21]

Salta se encuentra entre las provincias con mayor diversidad étnica y lingüística de la Argentina, y los departamentos de referencia albergan población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación de –al menos– ocho pueblos indígenas (wichí, chorote, toba, chané, chulupí, guaraní, tapiete, kolla). Entre ellos, debemos diferenciar a los pueblos de origen amazónico que habitan en los valles pedemontanos –predominantemente agricultores: chane, guaraní–, de los “chaquenses típicos” –cazadores-recolectores: wichí, chorote, chulupí y toba–. Todos estos pueblos pertenecen a las denominadas “tierras bajas”, en tanto que en las “tierras altas” tiene presencia el pueblo kolla en el departamento de Orán.^[22]

Según relevamientos realizados por ONGs y la UNSa entre los años 2000-2003, la región chaqueña comprende en Salta el territorio de ocupación tradicional y actual de más de doscientas comunidades indígenas, integradas por un total estimado de más de 23.000 personas (Leake, 2008). La situación socioeconómica, lingüística y territorial de los pueblos indígenas de la región es muy diversa: comunidades asentadas en zonas urbanas, periurbanas y rurales; presencia de realidades multiétnicas y multilingüísticas; disparidad en la tenencia de la tierra y en el acceso a recursos y zonas de uso tradicionales, son algunas de las diferencias. Esta heterogeneidad es deudora en gran medida de los diversos procesos históricos atravesados por los territorios y la población chaquense: migraciones laborales estacionales hacia ingenios azucareros, obrajes y fincas agrícolas; arrinconamiento y expulsión territorial ligados a la “conquista del Chaco”; sedentarización en misiones a cargo de las iglesias; colonización criolla desde comienzos de siglo XX, entre otros.

Con una secular trayectoria de ocupación y permanencia en el territorio, estas poblaciones satisfacen su reproducción mediante una diversidad de estrategias. Como resultado de las transformaciones productivas y territoriales enunciadas, la economía doméstica indígena ha perdido de modo progresivo el control de las condiciones que garantizan su propia reproducción: “cada desmonte que vas viendo es un lugar menos al que van accediendo” (APIFC1). En la actualidad, combinan las actividades domésticas “tradicionales” (caza, pesca, recolección de leña, frutos y miel) con diversas formas de producción mercantil (artesanías, agricultura, venta de cueros de animales) y el trabajo estacional en distintos establecimientos agropecuarios y/o forestales (tareas de desmonte, cosecha de porotos, venta de productos forestales, etc.). A esto también debe sumarse el acceso a los planes, pensiones y empleos en diversas dependencias estatales (Gordillo, 2006; Trinchero, 2000).

El Chaco salteño constituye asimismo el área donde desarrollan su vida las familias de pequeños productores criollos, que viven en estos territorios desde hace más de un siglo. Estos pequeños productores ganaderos habitan en “puestos” (unidades productivas basadas en una unidad familiar) y su actividad principal es la cría a campo abierto de ganado vacuno en grandes superficies de tierras fiscales o privadas. Se trata de una producción de tipo familiar, de baja capitalización, escasa introducción de tecnología e infraestructura y bajos niveles de productividad, destinada al autoconsumo o al mercado regional y que genera un alto impacto ambiental. La producción ganadera llevada adelante por los puesteros criollos ha entrado de modo progresivo en retroceso, en parte debido a la sobreexplotación de las tierras dado el excesivo pastoreo, la degradación de pasturas naturales, el déficit hídrico y la mala situación sanitaria del ganado (Barbarán y Arias, 2001; Camardelli, 2005; Jaime, 2003; Prudkin, 1997; Teruel, 2005; Trinchero, 2000).

De acuerdo al “Programa ganadero para la región chaqueña (provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Santa Fe)-Propuesta de pequeños productores para una ganadería chaqueña inclusiva” presentado en junio de 2011, se contabilizan un total de 3.000 unidades productivas familiares para los departamentos de San Martín y Rivadavia en una superficie de 2.000.000 has. Si bien se encuentran en gran medida acosados por semejantes problemáticas territoriales y productivas que las poblaciones indígenas con las cuales comparten el territorio –“el lugar donde nacimos, donde vivimos y donde queremos morir” (FC1)–, están posicionados en desiguales condiciones legales para reclamar sus derechos posesorios. Al respecto, es diferente el impacto que las acciones de desmonte a cargo de los “dícese terratenientes” (FC1) y las órdenes de desalojo tienen entre criollos y originarios, en tanto para los primeros “es más directo el golpe, les barren el rancho y listo” (PI4), dado que tienen menos respaldo jurídico e institucional. En palabras de uno de ellos, “si alguno de nosotros muere, ojala sirva de algo, para dejar constancia” (FC1).

En suma, las organizaciones indígenas y de pequeños productores criollos –marginados históricamente de la sociedad salteña y de sus imaginarios hegemónicos de modernidad y progreso: Salta “la linda” y Salta “la otra” (FC2)–, heterogéneamente organizados, ven amenazada su permanencia en sus territorios ante el avance de la frontera agropecuaria e hidrocarburífera, que afecta de modo concreto y cotidiano sus condiciones de producción y reproducción de la vida. En palabras de uno de nuestros entrevistados: “si no es tala masiva, es una picada, sino es desbajeramiento”, “estamos atomizados”, nos tienen “entre la espada y la pared”. Hacen denuncias, pero no hay intervención: “Salta nos da la espalda completamente, empezando por los gobiernos comunales hasta el gobierno” (PI4).

Apelando a los marcos normativos existentes, estos actores han sustentado su organización y reclamo, estableciendo en muchos casos alianzas y/o acciones conjuntas. Ahora bien, pueblos originarios y familias criollas no siempre han estado del mismo lado (y tampoco lo están, en tanto pueden encontrarse diversas situaciones organizacionales y de alianzas a su interior), sino que durante largo tiempo, se han constituido en grupos sociales en disputa por el uso del territorio (Piccinini y Trinchero, 1992; Trinchero, 2000). De acuerdo con Leake (2008), la colonización del Chaco salteño por parte de ganaderos criollos provocó el enfrentamiento de dos formas incompatibles de uso y ocupación de la tierra, tanto desde el punto de vista de las prácticas como de las cosmovisiones. Como resultado, se fue estimulando una competencia, en virtud de los efectos sobre la “oferta ambiental” que la incorporación de ganado ha tenido sobre las pautas de reproducción de las economías domésticas indígenas –uso de aguadas naturales, eliminación de pasturas y frutos, sustitución de especies vegetales, expulsión y/o extinción de animales autóctonos, restricciones a la capacidad de desplazamiento, entre otras– y que ha sido denominado como “exclusión competitiva” (Rodríguez y Buliubasich, 1994), en particular para el caso del conflicto territorial por los lotes fiscales 55 y 14. Más allá de la persistencia o no de estas tensiones, el avance de la deforestación y los desalojos fungieron como una suerte de catalizador que logró unificar sus reclamos ante un enemigo mayor, encarnado en las administraciones provinciales y/o los privados según el caso. En este camino, se han nucleado en organizaciones de segundo grado (Foro Salteño por la Tierra, Mesa de Tierras) junto con ONGs y otros actores, como por ejemplo ciertas dependencias estatales y universidades.^[23]

A modo de cierre de este primer acápite, puede afirmarse que los bosques chaqueños en Salta están disputados en virtud de una serie de valores económicos y materiales, y también simbólicos e identitarios. De un lado, están los “lenguajes de valoración” (Martínez Alier, 2006) asociados con la reivindicación de la identidad cultural tanto de los pueblos originarios como de los productores criollos (en especial los primeros, fundado en su relación ancestral con el monte, no sólo en términos materiales sino también culturales y espirituales). Por otro lado, se encuentran los actores vinculados a la producción agropecuaria y forestal, cuya valoración del territorio y la naturaleza chaquense está en mayor medida codificada en términos económico-productivos y signada por su evaluación en términos rentísticos, y no tanto en virtud de la diversidad de servicios ambientales, recursos y actividades ofrecidas por las masas boscosas (en particular los primeros, al estar su actividad signada por la definitiva e irreparable eliminación de los BN). Y de un lado y del otro –según el caso–, las ONGs en sus distintos frentes y las instituciones estatales y sus agentes en sus distintos niveles, acompañando en algunas ocasiones a criollos e indígenas en sus reclamos contra el avance de la deforestación y promoviendo otros modos de producir territorios; y en otras sustentando y afirmando las posiciones de los actores hegemónicos en su pretensión de contribuir al “desarrollo y progreso salteños”.

Como indica la cita de Haesbaert (2004) que encabeza este apartado, toda territorialización supone una relación de poder, distribuida de modo heterogéneo entre los actores en juego. Así las cosas, habrá siempre “ordenadores” y “ordenados”. Si bien en un primer momento la correlación de fuerzas operó (al menos desde lo simbólico-discursivo) a favor de los modos de vincularse y producir territorio por parte de pueblos originarios y familias criollas, con el correr del tiempo estas posiciones fueron revirtiéndose. Estamos ante una configuración compleja de actores que han jugado papeles cambiantes. Cada una de las distintas etapas del OTBN (diseño, formulación participativa, sanción legislativa, reglamentación, juridificación e implementación) ha producido la reordenación de la compleja constelación de actores, un reacomodo de sus posiciones respecto del futuro de los territorios y poblaciones del este salteño. Ahora bien, todos con discursos a favor del desarrollo y la sustentabilidad del ambiente, pero significando cosas distintas y hasta antagónicas.

Un fragmento de la alocución de un legislador durante la sanción de la ley de OTBN nos anticipa algunas de las cuestiones que abordaremos en adelante:

Lo que no tenemos que plantearnos acá es “blanco o negro”, “el bien contra el mal”, “preservación o devastación”, y hablar de “nosotros, los justos preservadores, versus ustedes, los demoníacos depredadores”. No debemos caer en un falso dilema. No se trata de preservar por preservar, ya que la gente tiene que alimentarse y trabajar y pretende mejores servicios, más tecnología aplicada, mejores rutas, energía eléctrica en su casa y gas natural en la cocina. La gente quiere abrir la canilla y que salga agua potable fría o caliente; sueña con tener automóvil, televisor, lavarropas, etcétera. ¿Se le puede dar todo esto a esa gente que está cuidando esos montes si no los transformamos en guardaparques o guardabosques? No, señor presidente (VT diputado Lovaglio Saravia, 14/03/2007, d/p).

Pueblos indígenas al centro de la escena: ¿guardianes de la naturaleza o depredadores por naturaleza?

En el caso de aquellos que en la naturaleza de sus actividades no se encuentra el hablar, el escribir, su fuerza está fuertemente asociada a su presencia física en el espacio. Es necesario ocupar el espacio, hacerse presente, rigurosamente perturbar el orden, puesto que es ese orden el que no los reconoce, el que no los ve

(Porto Gonçalves, 2001: 214, d/p)

En este apartado, nos concentramos en un actor que cobró gran centralidad durante el proceso de OTBN y en torno del cual todos los demás sentaron posición. Ordenar al territorio chaquense implicaba de modo simultáneo ordenar a su población históricamente asociada: los indígenas. De ahí la importancia de adentrarnos en este análisis, para pensar en la resignificación y/o reactualización de ciertos modos históricos de definir e imaginar al territorio y la población del este salteño en la actualidad, su vigencia y eficacia a la hora de diseñar e implementar políticas en estos contextos.

Emergencia de reivindicaciones territoriales indígenas e interculturalidad a la salteña

En las últimas décadas del siglo XX se configuró un contexto internacional y nacional de apertura hacia el reconocimiento y visibilización de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Los Estados nacionales, que históricamente postularon una sociedad nacional homogénea y monocultural, emprendieron la tarea de legislar y diseñar políticas hacia estas poblaciones históricamente excluidas. Cobraron impulso las luchas y reivindicaciones indígenas en defensa del territorio y el medio ambiente (entre otras demandas), y se constituyeron como sujetos políticos en el reclamo por sus derechos, negados y avasallados durante siglos.Se inauguraba así un ciclo de “emergencia indígena” (Bengoa, 2007), que tuvo al levantamiento indígena en Ecuador en 1990 y el alzamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas (México) en 1994 como los principales hitos.^[24]

La defensa de los territorios indígenas se ha convertido en uno de los núcleos estructurantes de los discursos reivindicativos, que ligan fuertemente los términos identidad y territorio. Cobran visibilidad otras formas de vínculo con los territorios, históricamente negadas o invisibilizadas, en las que se propone una visión ampliada que incluye el suelo y subsuelo, así como también los vínculos socio-culturales (y no sólo económico-extractivos) con el mismo. Estos discursos y prácticas cuestionan la vocación de los Estados como detentores unívocos del territorio (y de las identidades nacionales), suponiendo también una redefinición del concepto de soberanía y del control estatal por sobre los “recursos naturales”, y los identifican no sólo como uno de los principales (aunque no únicos) responsables, sino también como el actor primordial en la resolución de los conflictos y en la promoción de políticas que promuevan la gestión del territorio con la participación de todos los actores.

En lo que respecta a los cambios legislativos e institucionales vinculados al “problema indígena” en la provincia de Salta, allí los pueblos originarios pasaron a ser foco de preocupaciones oficiales a partir de la década de 1980 –las intervenciones hacia los pueblos indígenas durante la última dictadura cívico-militar (1976-83) habían quedado enmarcadas principalmente entre las políticas de control fronterizo–, en consonancia con lo ocurrido a nivel nacional e internacional.

En 1983, el Decreto N° 1.968 declaró de interés provincial el Proyecto “Determinación del grado de aculturación y relevamiento poblacional aborigen” para la realización del primer Censo Aborigen Provincial (en los departamentos de Rivadavia, San Martín, Orán, Anta y Metán). El informe de resultados establece una fuerte asociación entre los pueblos indígenas, la vida comunitaria en ámbitos rurales y la dinámica cazadora-recolectora, entre otras características. Los pueblos indígenas quedan relegados a un modo de vida tradicional, confinados a la vida rural en aldeas y a desarrollar actividades domésticas de subsistencia.

Al comparar los resultados del relevamiento provincial con datos obtenidos en el Censo Indígena Nacional (realizado entre los años 1965 y 1968) en torno a la baja tasa de crecimiento poblacional en el período intercensal, se presagiaba que:

Poseen una dinámica poblacional conducente a la desaparición de los mismos como tales. Esta tendencia creciente de la población obedecería fundamentalmente a dos factores: por un lado la situación socio-económica, con condiciones de vida precarias, y la reducción permanente de su hábitat natural que los conduce a una pérdida paulatina de sus valores y pautas culturales tradicionales. Por otro lado, algunos grupos étnicos que han estado en contacto permanente con poblaciones urbanas, pertenecientes a zonas de desarrollo creciente, donde los indicadores socio-económicos son favorables, han recibido el aporte y la participación directa de instituciones religiosas, gubernamentales y otras que permitieron un proceso aculturativo con características diferentes que los indujo a la participación y adopción de pautas culturales ajenas (Censo Aborigen Provincial, 1984: 79, d/p).

El contacto con la “civilización” remitía aquí a la aculturación indígena y, por lo tanto, a la inminente “desaparición” de estos pueblos. Son así desplazados de la dinámica económica provincial, se desconocen sus vínculos con el mercado capitalista como proveedores de mano de obra estacional y como trabajadores en diversas dependencias estatales. Adviértase la semejanza con la referencia del Segundo Censo nacional citada en el capítulo 3, en la que se vaticinaba la desaparición indígena en virtud del “contacto civilizatorio”.

En el año 1986 se reformó la Constitución Provincial, dando inclusión al reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, al afirmar que:

La provincia protege al aborigen por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración en la vida nacional y provincial, a su radica­ción en la tierra, a su elevación económica, a su educación y a crear la conciencia de sus derechos, deberes, dignidad y posibilidades emergentes de su condición de ciudadano” (artículo N° 15, d/p).

Se trata en gran medida de una postura proteccionista y paternalista respecto del rol a ejercer por parte de la provincia para con estos pueblos “en vías de extinción”. Ese mismo año, se dio sanción a la Ley Nº 6.373 “De Promoción y Desarrollo del Aborigen”. Una nueva reforma constitucional tuvo lugar en el año 1998, instancia en la cual se adaptó su articulado a los derechos enunciados en la Constitución Nacional modificada en 1994, al reconocer “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta”. En el año 2000, la Ley N° 7.121 “De Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Salta” modificó la Ley Nº 6.373. No se perciben modificaciones sustanciales respecto a esta última, sino que se vislumbra la adecuación de las políticas a las reformas constitucionales nacional y provincial y un cambio de terminologías. La búsqueda de la promoción del “desarrollo” e “integración” de los pueblos indígenas a la vida provincial y nacional quedó inalterada.

Como sumario del proceso de “institucionalización de la interculturalidad” (Walsh, 2006) en Salta, pueden enumerarse algunos rasgos salientes: la profusa legislación sancionada, la creación de nuevas dependencias y programas estatales encargados de la “atención” a los pueblos indígenas, la incorporación (incipiente y no exenta de contradicciones y limitaciones) de instancias de participación y consulta, la progresiva intervención de actores no estatales en el diseño e implementación de las políticas indigenistas, y el paulatino protagonismo de los pueblos indígenas en las luchas y reclamos por sus derechos. Sin embargo y a pesar de tales avances, las relaciones entre Estado provincial y pueblos indígenas ha estado signada por la cooptación y el clientelismo político (Trinchero, 2007; 2000).

En la práctica efectiva, se trata en gran medida de concesiones retóricas. A pesar de las acciones legislativas a favor del reconocimiento, la promoción y el desarrollo de los pueblos indígenas, las políticas y prácticas de gobierno han continuado negando la diversidad cultural. Los “giros interculturales” señalados corrieron en paralelo a las reformas estatales de signo neoliberal implementadas en los años 1990, las cuales operaron en un sentido inverso al reconocimiento de los derechos indígenas. Independientemente de las debilidades o fortalezas de las políticas públicas hacia las poblaciones indígenas, la expansión de la frontera agropecuaria, los emprendimientos productivos privados y los planes de desarrollo e integración regionales han avanzado sobre sus territorios.^[25]

De aquí en más nos introducimos, con el trasfondo de los debates que han clasificado a los pueblos indígenas como “guardianes” y/o “depredadores” de la naturaleza –y de allí, la legitimidad de sus demandas–, en el caso específico del diseño y formulación del OTBN.

Pueblos indígenas y Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos: entre la conservación y la depredación

Históricamente los pueblos indígenas del este salteño fueron indisolublemente asociados –en sus diversas variantes temporales e ideológicas– a poblaciones en estado “natural” y/o “salvaje”. Estos imaginarios han perdurado en el tiempo, y han actuado como el terreno fértil para dos modos de percibirlos, con profundas consecuencias prácticas en los modos de diseñar e implementar políticas que los involucran.

Cabe destacar aquí el rol que la etnología fenomenológica argentina –el “asalto etnográfico al Gran Chaco” (Gordillo, 2006: 265)– tuvo en la década de 1970. Sus principales exponentes se abocaron a examinar la “conciencia mítica” de los indígenas chaquenses, en la búsqueda de la esencia cultural de los hechos etnográficos “independientes del espacio y del tiempo”. Esta visión de una “cultura inalterada” contribuyó a la creación de imágenes estigmatizadas respecto de estas poblaciones: su situación de externalidad con respecto al sistema de relaciones socioeconómicas regional y su existencia como supervivencia de un pasado arcaico en vías de extinción, por ejemplo. Esto, en contraposición a su efectiva incorporación (histórica y actual) bajo distintas modalidades a los procesos de expansión capitalista, sin reparar en la experiencia indígena como trabajadores, en la violencia estatal ejercida sobre estas poblaciones y sus territorios, en la expropiación de tierras a manos de actores estatales y privados, y en los procesos de movilización y resistencia llevados adelante por los pueblos originarios (Gordillo, 2006; Trinchero, 2007, 2000).^[26]

La comprensión de la población chaquense también ha sido trasladada de modo sinonímico de las características geográficas y climatológicas de la región. A modo de ejemplo, en la historia de Salta como “Tierra gaucha”, en referencia a la relación entre clima y producción, se apunta a la falta de obras en el Chaco salteño que impiden un “desarrollo progresista”, alegando que “sus habitantes, contagiados por el medio ambiente, permanecen casi inertes, impotentes, para detener el empobrecimiento paulatino del suelo” (Figueroa, 1977: 85, d/p). De aquí al determinismo ambiental que asimila factores climáticos y/o geográficos a sus poblaciones de referencia, y a la justificación de la necesidad de la mano de la modernización para promover el desarrollo, un solo paso.

Estos imaginarios que tienen a los grupos cazadores-recolectores del Gran Chaco como portadores de una alteridad radical han persistido en abordajes antropológicos, en los medios de comunicación y en discursos y prácticas gubernamentales, con diferentes matices a lo largo del tiempo (Gordillo, 2006; Trinchero, 2007, 2000). En la actualidad, esto se condensa en caracterizaciones esencializadas con respecto de estos pueblos y sus costumbres, las cuales son retomadas y exacerbadas desde variadas posiciones discursivas para abonar ciertas explicaciones y/o justificaciones acerca del modo de proceder con respecto de estas poblaciones y sus territorios: de un lado, conducen a ideas románticas acerca de los pueblos originarios en su vínculo con el ambiente que los rodea y constituye, y del otro, exacerban su designación como poblaciones atrasadas y pobres que como tales (y como corolario de su “cultura”) degradan los recursos del ambiente, ante lo cual se hace necesaria una mano occidental que los eduque y extirpe de tal condición.

A través de Ulloa (2005) podemos advertir cómo las representaciones sobre los indígenas pueden oscilar entre estereotipos del “noble salvaje” (cuando protegen el medio ambiente) o del “depredador ambiental” (al consumir o vender sus recursos). La imagen es doble: en una, son conservacionistas y protectores de la naturaleza; en otra, son culpables de su degradación. Veamos como jugaron y se intercalaron estos argumentos en nuestro caso, y cómo operaron de uno u otro modo a la hora de proponer modos de ordenar el territorio salteño.

Uno de los argumentos privilegiados por parte de los sectores productivos se ha basado en la degradación de los bosques chaquenses por parte de indígenas y criollos por efecto del sobrepastoreo de ganado y de sus prácticas recolectoras. Recordemos las palabras de Saravia Toledo en tiempos del debate en torno a la “ley de bosques”:

En el Chaco salteño, el ser humano, a través de sus actividades económicas, ha impactado el ambiente, transformando millones de hectáreas del paisaje desde tiempos prehispánicos. La vegetación, fauna y el suelo son los componentes del paisaje que más se han degradado en los últimos 100 años, generando un grave problema de desertificación. Las actividades económicas que más impactaron en el ambiente chaqueño son: caza-recolección, ganadería pastoril, explotación de bosques, y agricultura para granos y producción de forraje […]

En resumen, las actividades agrícolas para granos y pasturas, si bien significan eliminación del bosque, no se las puede considerar actualmente como impactos totalmente negativos en el medio ambiente; mientras que la ganadería “a campo abierto” y la explotación forestal tradicional, ambas sin manejo, continúan siendo los principales agentes de desertificación en el Chaco salteño en su más amplio significado (El Tribuno, 24/12/2006, d/p).

La idea de los indígenas en su condición de “depredadores” no debe dejar de ser asociada a aquellos discursos que han postulado la relación sinonímica entre pobreza y degradación ambiental –ya el Informe Brundtland afirmaba que “la pobreza reduce la capacidad de las personas para usar los recursos de una manera sostenible; intensifica la presión sobre el medio ambiente” (1988: s/d)–. En su crítica al discurso liberal del desarrollo sustentable, que reivindica la necesidad del crecimiento económico para la erradicación de las condiciones de pobreza, Escobar (1999) apunta que no se discute la dinámica que ha generado la “actividad ecodestructiva” de los pobres, y que radica en que los mismos procesos de desarrollo económico han desplazado a indígenas y campesinos de sus entornos habituales, empujándolos a sitios y ocupaciones donde afectan negativamente al ambiente.

En adición, en el dualismo desarrollado-atrasado con el cual el pensamiento moderno ha codificado territorios y poblaciones, los indígenas han quedado incluidos en el segundo término de la dicotomía, y sus condiciones de pobreza y estancamiento económico han sido atribuidas a sus “características culturales”. De este modo, son autorresponsabilizados de su situación –en virtud de su pasividad, ignorancia y carencia de iniciativa, rasgos característicos de la “subjetividad subdesarrollada” (Escobar, 2007: 28)–, y la solución está dada por la educación de estas poblaciones, para lograr su salida de esa condición de miseria (material y cultural) y su inserción a la sociedad moderna y desarrollada. Así las cosas, desde los sectores de la producción se los señala como los principales responsables de la degradación de los BN –“el hambre de los indios” (OPA2)– y se designa a sus prácticas económicas como una “condena a la miseria” (OPA1). Ante esto, proponen educarlos y capacitarlos en el manejo de los recursos forestales, en definitiva, “crear conciencia de trabajo”, “llevar adelante políticas de concientización y colonización para que el indio deje de tener tradiciones tan originales” (OPA2). En esto, no olvidemos el vínculo histórico que los discursos hegemónicos tejieron entre la situación de pobreza y la holgazanería característica de estas poblaciones, y que en el contexto actual se ve ejemplificado en el traslado de las costumbres cazadoras-recolectoras a la pasividad fomentada por el acceso a planes sociales entregados por el Estado: los pueblos indígenas “cazadores recolectores de planes” (OPF2).

Del otro lado, se encuentran argumentos a favor del “ecologismo” y/o vínculo armónico entre los indígenas y el territorio o la naturaleza. Como vimos, en las demandas en defensa del medio ambiente en virtud del avance estatal y privado sobre sus territorios ancestrales, los pueblos originarios han confluido con otros movimientos sociales y políticos.En este camino, se ha desplegado toda una “industria de la identidad étnica” (Nash, 2006: 52) a partir de la cual las demandas territoriales locales han hecho eco a escala global. En su extremo, en el encuentro con el discurso ambientalista y como parte de una estrategia política y de reafirmación identitaria en la lucha por sus derechos, los pueblos indígenas y campesinos han sido presentados como guardianes por excelencia del territorio, portadores de modelos alternativos de desarrollo, de saberes y vínculos con la naturaleza que han sido perdidos por la sociedad moderna, y enmarcados en la figura del “nativo ecológico” (Ulloa, 2005). Es interesante aquí introducir aquello que Nash (2006) señala como un dilema para la antropología (y para las ciencias sociales en general, agregamos): el reclamo de derechos sobre un territorio puede quedar entrampado en una construcción esencialista de los pueblos indígenas, por fuera de sus formas de vida y modos de representación.

Esto nos conduce a una precaución con respecto a la excesiva esencialización de las poblaciones indígenas, que lleva a exacerbar el vínculo entre identidad, cultura, naturaleza y/o territorio. En su crítica al ecologismo de las poblaciones indígenas como una visión etnocéntrica, Gordillo apunta que es indudable que “mantienen una estrecha relación económica y simbólica con la naturaleza y que no la destruyen sistemáticamente, sin embargo el ecologismo tal como lo define actualmente el conservacionismo es ajeno a su cosmovisión” (1993: 79). En esta línea, el autor también ha buscado problematizar las visiones dominantes sobre la “espacialidad de la indigeneidad” (2010b: 208), alegando que si bien las ideas estereotipadas sobre lo indígena (asociadas a lo racial, lo lingüístico o lo rural) han sido cuestionadas, aún se ha prestado poca atención crítica al supuesto de que un grupo indígena estaría definido por la antigüedad de su presencia en una geografía dada: una “espacialidad estable” (2010b: 209). En virtud de los procesos de desalojos, expulsiones y/o migraciones de los que fueron y son objeto estas poblaciones, esto debería ser problematizado.

Martínez Alier (2006) nos orienta en este camino, al invocar que sería absurdo argumentar que “los pobres” sean siempre y en todas partes “ecologistas”. Más bien, señala que en los conflictos ecológicos distributivos éstos muchas veces son partidarios de la conservación aun cuando no pretendan ser ecologistas. Recordemos que los conflictos ecológicos se expresan en muchos lenguajes, que la valoración económica es sólo uno de ellos, y en general estas poblaciones encuentran mejores posibilidades de defender sus intereses en un terreno no económico, apelando a valores disponibles en sus repertorios culturales, y que son traducidos en el lenguaje de los derechos humanos y de los derechos territoriales indígenas (aunque a veces también usen el lenguaje de la compensación económica).

En el caso salteño, en la defensa de los territorios expoliados por la avanzada del modelo agropecuario, los pueblos indígenas reivindican su raigambre histórica con aquellas tierras, su vínculo tradicional y su relación profunda con la naturaleza –de acuerdo a la carta presentada ante la SPA, “nosotros los aborígenes somos la voz del árbol caído, de los bosques destruidos, de los ríos contaminados” (30/09/2008)–. Como vimos, estas demandas han sido sustentadas y recreadas con el apoyo de las ONGs con actuación en el conflicto.

Detengámonos por un momento en algunas de las posturas que invocan la existencia de una “conciencia ecológica” de los indígenas chaquenses, que está siendo socavada por el contacto con la “sociedad circundante”:

El uso económico de la tierra es sólo una dimensión de la relación que los pueblos indígenas entablan con su entorno físico y ecológico. De esa relación trasciende que la tierra tiene un valor no solamente utilitario, adquirido en función de los recursos naturales que brinda, sino más ampliamente cultural. Es decir que de su relación con la tierra depende no sólo la existencia física de las comunidades indígenas, sino también su identidad étnica. Además, el acervo de conocimientos etnocientíficos de que las culturas indígenas se nutren –conocimientos referidos a las especies faunísticas y florísticas, como también a fenómenos meteorológicos y astronómicos– va de la mano con una conciencia ecológica fundada en el reconocimiento de que el descuido de la tierra y de sus recursos acarrea consecuencias perjudiciales para el grupo en su conjunto.

Hoy en día se observa que esa conciencia ecológica está perdiendo terreno ante el predominio del criterio utilitario promovido por la sociedad circundante, dando lugar a que en muchas partes del Chaco Salteño los indígenas estén enganchados en prácticas que impactan negativamente sobre el equilibrio ecológico (Leake, 2008: 79, d/p).

No está en discusión que la capacidad predatoria de la naturaleza a manos de los pueblos originarios es inconmensurablemente menor al impacto generado por el accionar de las grandes explotaciones agropecuarias. No obstante, caben señalarse una serie de interrogantesrespecto de cómo esa imagen de “buenos salvajes” signados por la sustentabilidad de sus prácticaspuede abonar a la continuidad de las ideas de “primitivismo”, y de este modo, perpetuar la visión que los presenta como grupos homogéneos y deshistorizados y contribuir al reforzamiento de imágenes reificadas y esencialistas sobre los pueblos chaquenses, perdiendo la capacidad de agencia indígenaante un hábitat prístino e inalterado ha sido arrasado ante sus ojos y su actitud pasiva:^[27]

En nombre de los agronegocios, el ecosistema milenario está siendo arrasado y reducido a cenizas. El hábitat biodiverso cuyos recursos los Wichí han cosechado en forma sustentable durante siglos se está convirtiendo en un sembradío industrial saturado de agroquímicos para la producción masiva de cultivos comerciales, como por ejemplo la soja transgénica.

Siendo los Wichí un pueblo de la selva, la deforestación es el fin del mundo que ellos conocen. Según su cosmología, el mundo es una selva circundada de ríos y montañas. Destruir la selva es cercenar la relación que los Wichí mantienen con la tierra. Los deja aislados en un paisaje monótono e irreconocible donde sus propios topónimos ya no tienen sentido, pues las topadoras eliminan los sitios a los que hacen referencia. Sin hablar de que, de allí en más, los Wichí quedan excluidos de esos lugares. Sin los recursos naturales que satisfacen las necesidades de su vida –sus alimentos, sus medicinas y los materiales de uso cultural (leña, horcones, fibras textiles, etc.)– se ve socavada desde las raíces su autonomía ancestral. Para sobrevivir, no les queda otra opción que ceder su labor y los recursos de que aún disponen, convirtiéndose así en cómplices involuntarios de su propio etnocidio (Palmer, 2005: 4, d/p).

En suma, lo “cultural” ha sido recuperado –recreando los esencialismos– en ambos casos: tanto del lado de las posturas que afirman la actitud pasiva y armónica hacia la naturaleza, como desde aquellas que señalan la naturaleza ociosa de estos pueblos y su pobreza estructural como inherente a sus características culturales.

La tensión entre la imagen conservacionista y el uso depredatorio del ambiente encuentra su punto álgido en ocasión de la utilización de los recursos madereros. El rechazo a los desmontes es una demanda común a la mayoría de las comunidades indígenas, en tanto que las divisiones y conflictos surgen en torno al aprovechamiento de los bosques. No olvidemos que históricamente los pueblos originarios han sido proveedores de madera “casi gratis” (FP3) a los empresarios del sector y que el aprovechamiento y venta de derivados forestales (carbón, postes, etc.) es una práctica extendida entre los indígenas. En esta línea, sus reclamos no siempre están ceñidos al conservacionismo de los recursos.

Tampoco se trata de un actor unívoco y homogéneo a su interior: ya vimos que la presentación ante la CSJN fue cursada sólo por algunas agrupaciones y que el fallo los encontró enfrentados entre sí, evocando distintas posturas en torno a la actividad forestal –fuente de trabajo (si bien precarizada y estacional) para muchas comunidades–. Estas tensiones deben ser miradas a la luz de las variables y complejas trayectorias históricas, culturales y socio-económicas de cada uno de los pueblos y comunidades indígenas. La medida cautelar –así como cualquier otra política–puede afectar de modo muy disímil a cada uno de ellos, y por tanto, las respuestas y reacciones serán también diversas.^[28]

Retomando lo anterior, abonar en extremo este tipo de imágenes esencializadas es un arma de doble filo que encuentra fácil asidero para las críticas y las contrapropuestas. En una nota de opinión titulada “Ideología y atraso”, podemos encontrar parte de las explicaciones que son esgrimidas en este sentido:

Los wichis tienen ahora prohibido valerse del monte, que es su única fuente de recursos. En el dilema entre las plantas y las personas, tanto los ideólogos de izquierda que motorizaron la sanción de la ley, como los jueces que, luego, cedieron a la tentación de la demagogia, optaron por las plantas.

[…] La izquierda y los idiotas útiles que funcionan como sus compañeros de ruta, manejan estereotipos extraídos de las láminas escolares, donde los supuestos individuos del neolítico arrojaban jabalinas a los animales salvajes. En este modelo no tienen cabida hombres como el humilde Arnaldo Torres, que quiere educar a sus hijos, tener acceso a la salud y progresar en base al trabajo y al esfuerzo. Como en la Edad de Piedra no se había inventado el hacha, Torres ya no puede buscar leña ni ganar el sustento para sus hijos.

[…] Ahora, Arnaldo Torres, que no pudo contribuir al calentamiento global porque nunca tuvo auto ni calefactor, tampoco podrá prender fuego, porque no lo dejan sacar leña. Y lo peor, es que no tiene a quien quejarse, porque, como Torres no vive en La Matanza, ni vota, al Gobierno Nacional no le interesa; tampoco a los jueces, ellos se conforman con las palabras huecas de unos personeros que reciben sueldo de países extranjeros, y que dicen hablar en nombre de los indígenas, pero cuya legitimidad es tan dudosa como sus escrúpulos (El Tribuno, 03/06/2009, d/p).^[29]

En paralelo a este tipo de argumentaciones, se difunden casos de indígenas desnutridos, faltos de salud, educación y trabajo, que no pueden recurrir a la actividad maderera porque son arrestados por violación al OTBN y a la medida cautelar de la CSJN. Los alegatos que aluden a la pobreza, al déficit sanitario y educativo y el desempleo de la población indígena y campesina, dan como causa –cuando las razones no son asignadas de modo directo a “causas culturales”, es decir, a sus propias culpas y responsabilidades– a la “paralización del desarrollo” como resultado de la “ley de bosques”, el OTBN y el amparo de la CSJN. A través de estas acciones legislativas y judiciales, afirman, “se ha condenado al pueblo a vivir con hambre a la sombra de los quebrachos” (El Tribuno, 15/08/2010, d/p). Ahora bien, estas condiciones de pobreza (reales, por cierto) podrían ser mejor signadas como consecuencias de un modelo de producción agropecuaria caracterizado por la concentración de la tierra y la deforestación masiva de BN, entre otras características.

Como vemos, en el discurso empresarial de la defensa del desarrollo y el progreso salteños se ha apelado también a la figura de los pueblos indígenas. A modo de ejemplo, en la ya mencionada solicitada publicada por las tres entidades regionales (PROGRANO, SRS y APLNOA) luego de la reglamentación del OTBN, se aducía que:

Con la bandera del “medio ambiente” y de “los pueblos originarios”, el acto reglamentario conduce indefectiblemente al efecto contrario porque, sin inversiones productivas y reglas claras, continuará la depredación clandestina del poco bosque que se dice proteger y el sobre pastoreo con ovejas y cabras seguirá siendo la fórmula de supervivencia elemental de “los pueblos originarios” que se dice respetar y que merecen mucho más. Por ese camino y muy pronto, no quedarán bosques ni “aborígenes” de quienes ocuparnos (El Tribuno, 11/07/2009, d/o).

De este modo, el relato de los productores confronta con aquellos a quienes se acusa de querer contener a los pueblos originarios en su “hábitat natural”, alejándolos de la oportunidad de “crecer y perfeccionarse”. En palabras de un productor forestal:

Con el argumento que tienen las ONG o los ambientalistas de distintas instituciones, de mantener lo cultural, se está marginando a gente de carne y hueso que sufre, tiene hambre y todo tipo de necesidades, sólo con la finalidad de tener una reserva antropológica donde poder estudiarlos[…] atribuyen las malas condiciones de vida de las etnias del Chaco a los desmontes, pero no informan que la mayoría de las comunidades aborígenes con los peores índices de desnutrición, alfabetización, indocumentación y sanidad se encuentran en los lugares donde jamás ha pasado una topadora (…) y pretenden echarle la culpa de la situación que viven las comunidades a la siembra de soja, cuando esos terrenos no están preparados para sembrar nada. A lo sumo se puede desarrollar la ganadería, pero una ganadería racional y sustentable (…) la mayoría de los índices económicos y sociales que se publican demuestran que las provincias y departamentos peores posicionados son los que cuentan con mayor cantidad de bosques nativos, por eso el Estado debe desarrollar políticas serias que integren a toda la sociedad, y que evidencien quiénes son los verdaderos enemigos de aborígenes y criollos (El Tribuno, 14/05/2009, d/p).

En esta búsqueda de los “verdaderos enemigos” de la población criolla y originaria, una nota de opinión en El Tribuno conminó a que “Salta debe decidir si acepta convertirse en una enorme reserva natural y cultural, o si se encamina hacia el desarrollo sustentable”. En la misma se afirmaba que:

Los agravios que Greenpeace dedica a los productores rurales salteños invocando los derechos de los pueblos originarios muestran, una vez más, la facilidad con que se utilizan las necesidades de la gente. Ni Greenpeace ni quienes apoyan sus utopías creen posible retrotraer la historia a 1492. Tampoco es creíble que los aborígenes genuinos quieran ser congelados en el tiempo y privados de los beneficios que brindan la tecnología, la educación y la salud pública modernas. La mayoría de los salteños piensa que el desarrollo rural, con criterios ambientales y a través de una acción planificada del Estado, es la única posibilidad para garantizar la preservación del medio y hacer posible la inclusión social y el retroceso de la pobreza (El Tribuno, 21/07/2009, d/p).

En nombre de “la gente” y “sus necesidades” se justifica un desarrollo entendido en términos económicos y productivos. Ambos términos son homogeneizados, lo que presupone una universalidad de necesidades y beneficios modernos a los que los “aborígenes genuinos” (no los oportunistas) quieren acceder. Acerca de esto último, podemos recuperar a Hale (2007) y su análisis acerca de las formas permitidas y no permitidas de ser indígena: el “indio permitido” en oposición al “indio insurrecto”. El primero será aquel que se enmarque dentro de los cánones tradicionales de definición de lo indígena (esencializado y folklorizado, pasible de ser asimilado e integrado sin conflictos, confinado a un modo de vida comunitario y rural), y que será acusada de tendenciosa y deslegitimada como tal al tomar cuerpo en actores que confrontan el estado de cosas vigente reclamando sus derechos. Aún más, si las demandas provienen de indígenas que portan características “civilizadas” (vivir en ciudades o poseer un alto nivel de instrucción), se los acusa de oportunismo político y se descree de su adscripción identitaria. Tal como nos afirmara un productor forestal: “antes eran criollos” (OPF4).

Más allá de las discusiones acerca de si los indígenas son “ecologistas” o “ambientalistas” o de si, por el contrario, con sus actividades de caza, pesca y recolección no hacen más que depredar y degradar los BN, no debe dejar de reconocerse el lugar que el “monte” supone material y simbólicamente para estos pueblos. En el marco del proceso de OTBN, Qullamarka sostuvo en su presentación ante la SPA que el mismo

No es un valor económico, no es un ‘recurso’ a explotar, es nuestro bosque sagrado, nuestra Pachamama también, nuestra madre, donde habitan nuestras plantas deidad (plantas medicinales) que nos curan, al monte no se va por ir nomás, tiene su tiempo de ir, no se recoge una planta medicinal o un palo en cualquier tiempo, así como el monte nos cría, nosotros lo criamos también, hay como en todo y con todo en nuestra cultura una relación de profundo respeto, cariño y reciprocidad (05/11/08, d/p).

De acuerdo con Gordillo (1993), el respeto indígena por la naturaleza debe ser asociado a su constante interacción con el monte, del cual depende gran parte de su subsistencia, a pesar de la degradación y deforestación ya reseñadas. En el contexto actual –signado por el agotamiento, deterioro y/o desaparición del “almacén primitivo de víveres”– los indígenas han debido insertarse cada vez más en diversos procesos de trabajo y de mercantilización de las actividades “tradicionales”, a fin de garantizar su reproducción social.De acuerdo con sus análisis, el monte se ha constituido históricamente para los indígenas chaquenses en un lugar de refugio parcial, abundancia, salud, fortaleza y curación (en contraposición a la explotación laboral, la violencia estatal y las enfermedades) pero también se ha vuelto lugar de escasez, pobreza y privación (Gordillo, 2010a, 2006). Se trata de un dominio espacial y social en cuya defensa “se fusionan su significado como símbolo de la identidad aborigen con su contenido político como lugar de autonomía relativa” (2006: 121): el conocimiento detallado del monte no sólo es un componente intrínseco del habitus de la caza, recolección y pesca, sino también se torna un discurso político-cultural, un hilo conductor que une a “los antiguos” y “los nuevos”, la práctica a través de la cual las nuevas generaciones sustentan sus reivindicaciones territoriales.

En contraposición, los discursos hegemónicos han apostado a la desvalorización del monte y las prácticas indígenas asociadas a éste ámbito. Más allá de la efectiva necesidad de introducción de mejoras y planes de manejo ganadero y forestal, aquí lo que importa es cómo se avanza en el descrédito del monte y de su “gente”, a quienes hay que “enseñarles” a trabajar, a cuidar el ambiente, a progresar: la desvalorización de sus saberes y prácticas, en la búsqueda de imponerles el camino del desarrollo iniciado por los sectores productivos de vanguardia. A modo de ejemplo, en una nota de opinión publicada en el diario La Nación en el año 2004, un productor agropecuario salteño alegaba:

El monte nativo no es algo romántico: por el contrario, es algo siniestro. En él habitan seres humanos que están más cerca de la escala animal que de la humana. No sólo no acceden a la más elemental dieta alimentaria sino que en muchos casos el analfabetismo es tal que se expresan con dificultad. La promiscuidad y las atrocidades morales llevan a casos horrorosos de consanguinidad: este es el cuadro real del monte nativo. Las comunidades indígenas también se debaten en la misma miseria. El desmonte y la implantación de los cultivos agrícolas con tecnología son los que permiten transformar a estos seres que llevan vidas miserables en trabajadores agrícolas calificados, integrados al resto de la sociedad argentina. Se necesita mucha crueldad para querer que no se modifique esta situación. Hoy más que nunca existe tecnología disponible: la siembra directa, los maíces y la soja RR para transformar estos montes que albergan sólo miseria, en una agricultura sustentable y generadora de empleo (21/08/2004, d/p).

En suma, la evocación del Chaco salteño en tanto territorio extenso (a la espera de inversiones y “reglas claras”) donde “aún” quedan pobladores originarios y criollos cuyas prácticas de supervivencia degradan el ambiente, ha sido una constante histórica en el discurso de los interesados en desplegar sus proyectos territoriales en esos horizontes. Como intentamos exponer, los territorios del Chaco salteño y las poblaciones indígenas que los habitan han sido contenido recurrente, a favor y en contra del OTBN. No olvidemos el contexto de sanción de la “ley de bosques”, y que fue en su nombre que se argumentó la necesidad de la paralización del impulso deforestador:

Hoy no sólo hablamos acerca de árboles o de paisajes, sino que aludimos –como de costumbre– a seres humanos; en este caso, comunidades campesinas o pueblos originarios que son expulsados por una nueva oligarquía constituida por sectores concentrados de la producción maderera y sojera, que en todos los medios locales han venido atacando la sanción de este proyecto de ley. Sin ningún lugar a dudas, estos sectores han estado moviéndose en las sombras en contra de la iniciativa en debate. Nosotros, fundamentalmente, hemos tenido en cuenta a los hombres y mujeres humildes que desde hace mucho tiempo habitan los bosques nativos, con los que racionalmente se han llevado muy bien. Digo esto dado que los pueblos originarios tienen una muy buena relación con el cosmos, con la Pachamama, es decir, con la tierra, y guardan un respeto por la preservación de nuestra casa –la Tierra– que muchos sectores civilizados, entre comillas, han perdido (VT diputado Bonasso, 14/03/2007, d/p).

Hasta aquí, no intentamos dar solución a la tensión entre la imagen “conservacionista” y la “depredadora”, sino más bien presentar esta ambigüedad y mostrar cómo cada una de estas representaciones históricas han sido recuperadas en diversas estrategias por distintos actores de acuerdo a sus propósitos y/o proyectos territoriales particulares en el contexto del OTBN.

Pueblos indígenas y Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos: de sujetos a objetos

Para finalizar, nos interesa apuntar una breve reflexión respecto de la referida centralidad indígena durante el OTBN. Si bien en la provincia existen organizaciones de pueblos originarios que largamente han disputado al Estado provincial sus derechos territoriales, la misma no se debió de modo preponderante a un consolidado y unificado repudio frente al modelo agropecuario hegemónico por parte de este actor. Como vimos, la lucha no estuvo dada sólo por iniciativa de organizaciones y líderes indígenas, sino en particular a partir del accionar de otros actores acompañantes del reclamo, como universidades y ONGs, que permitieron colocar en escena pública esta problemática y codificarla como problema ambiental, llevándola del terreno local al ámbito nacional de difusión y discusión.^[30]

Así las cosas, las ONGs de acompañamiento y/o apoyo a indígenas y criollos se “ambientalizaron”, a la vez que las organizaciones de raigambre ambientalista incorporaron de modo estratégico en sus relatos sobre la biodiversidad y la conservación de flora y fauna a los indígenas y criollos en tanto poblaciones en estrecha vinculación con esa naturaleza y capaces de promover su cuidado frente al avance deforestador. También desde las filas estatales se promovió –al menos en un primer momento y/o desde lo discursivo– una apertura hacia la participación de los pueblos originarios en la discusión y delimitación de las áreas de BN a ser zonificadas. Y hasta los sectores productivos (agropecuarios, forestales, sus asociaciones y fundaciones) incorporaron a su modo en sus propuestas de OTBN a este actor, en su rol de embajadores del desarrollo regional a impulsos de la producción sustentable.

En definitiva, sea de uno u otro lado, se ha contribuido a la construcción del sujeto indígena como población vulnerable, necesitada de tutelaje, y se sigue postergando su efectiva ciudadanización y su consideración como población que no sólo es objeto sino también sujeto de derecho y agencia propia. Los pueblos originarios fueron un actor principal en la escena del OTBN, pero más como objeto de disputas, figura a la cual todos los demás actores apelaron para dar legitimidad a sus proyectos del OTBN, que como sujeto de acción. Si bien tuvieron gran centralidad durante la discusión del OTBN –“si hay una opinión vinculante, es la de las comunidades indígenas” (AMB2)–, luego dejaron de ocupar ese espacio: la participación indígena (directa o indirecta) se fue diluyendo con el correr del tiempo, en detrimento de un cada vez mayor posicionamiento de las entidades empresariales en las definiciones en torno a la política de OTBN.

Como nos relatara un entrevistado, el OTBN deber verse como “una herramienta que se inventan para satisfacer un modelo de desarrollo que ya está predeterminado”, en el cual “cada quien juega su juego: el aborigen hace de aborigen” (INV1), y así. En Salta “cada quien tiene sus indios propios” (INV1): los que están con la Iglesia y sus ONGs están enfrentados con el gobierno, y las organizaciones más cercanas a las filas estatales están distanciadas de las organizaciones de apoyo. Como vemos, la problemática indígena es un asunto muy disputado, y como lo definiera un dirigente indígena entrevistado, el OTBN fue un “negocio institucional” (PI1), tanto a nivel indígena como desde el Estado.

Se trató de un acontecimiento que obligó a los salteños a pronunciarse acerca de los pueblos originarios, los cuales, siendo los principales objetos de disputa, no terminaron siendo sujetos de esa disputa. Terminó reducido a una polémica entre técnicos y profesionales enrolados en las asociaciones empresariales, ONGs o en las filas estatales, más que un debate que involucrara de modo genuino y permanente a la población. Recuperando nuevamente las palabras de nuestro entrevistado, dados los tiempos previstos para su diseño y formulación “no era para creérsela de que iba a cambiar algo”: si realmente se apunta a un proceso democrático y participativo, se debería haber dejado madurar a los actores, participar y decidir de modo efectivo, y no sólo que “tres o cuatro técnicos los escuchen un día y los interpreten en un mapa” (INV2). Para la gran mayoría (es decir, para aquellos que no forman parte de organizaciones ni del liderazgo de las luchas), la “ley de bosques” y el OTBN no fueron más que “un abstracto” (APIFC1), y “los que manejaban el circo, se cagarían de risa” (INV2).

Cuestiones “de fondo”: de cómo la protección de los “recursos naturales” se volvió una disputa por los “recursos federales”

Si las provincias menos desarrolladas de nuestro país tienen que conservar los bosques que poseen en sus jurisdicciones y de los cuales son dueños por imperio constitucional, aún a costa de su propio crecimiento, esto sólo puede hacerse con una adecuada, justa y equitativa asignación de los recursos nacionales, no con mínimas prebendas a discreción.

Ya lo advertíamos en 2007, cuando el Congreso sancionaba esta trascendental norma: el fondo compensador es la única garantía del cumplimiento del objeto de esta ley, que no es otro que la protección de las superficies boscosas de nuestro territorio para las generaciones futuras

(Declaraciones de la senadora Escudero en El Tribuno, 02/02/2012, d/p)

Los modos de valoración de los “bienes y servicios” provistos por los ecosistemas–entre otros: regulación climática; protección de suelos; almacenamiento, depuración y provisión de aguas; control de inundaciones; fijación de nutrientes; conservación de biodiversidad; recreación, turismo e investigación; preservación de valores culturales, patrimoniales e históricos– son objeto de disputas y han tenido presencia creciente en la discusión de la problemática ambiental, en especial su traducción en términos económicos y/o monetarios. De modo particular, el concepto de “pago por servicios ambientales” ha sido incorporado como un instrumento para incentivar la conservación de la naturaleza, constituyéndose en un modo de financiar y/o compensar a quienes proveen servicios ecosistémicos.^[31]

La incorporación del FNECBN en el articulado de la “ley de bosques” –destinado a compensar económicamente a quienes fueran afectados por la conservación de los BN– fue una instancia definitoria para su aprobación. El pago por servicios ambientales (en general, y no sólo vinculado a BN) no tiene fuertes antecedentes en Argentina y su implementación es incipiente: la Ley N° 26.331 fue la primera en considerar de modo explícito la valorización de los mismos. En adelante nos detenemos en este particular, en virtud de que permite tensionar la valorización económica con otros modos de valorizar la naturaleza, a la vez que vislumbrar los primeros pasos en la implementación de la “ley de bosques”.

“El Estado no puede hacer medioambiente con tu bolsillo particular”

De acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 26.331, el monto anual del FNECBN no puede ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, sumado al 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.^[32]

Como requisito para ser adjudicatarias de estos recursos, las provincias deben tener aprobado su OTBN por ley –de allí la premura salteña para su sanción–. Para el reparto de los fondos, en el ámbito del COFEMA se estableció una metodología de distribución que tiene en consideración el porcentaje de superficie de BN declarado, la relación entre la superficie total de la provincia y la de sus BN y las categorías de conservación establecidas en sus zonificaciones. Sobre el total, el 70% está reservado a compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan BN, y el restante 30% se destina al fortalecimiento institucional de las autoridades de aplicación jurisdiccionales. La compensación es un aporte no reintegrable, se abona por hectárea y por año y de acuerdo a la categorización del bosque, generando como contrapartida la obligación de elaborar y mantener actualizado un Plan de Manejo Sostenible y/o de Conservación de los BN por parte de los titulares.

El argumento a favor de la incorporación del FNECBN se sustentó en que debía haber una compensación económica a los particulares (restringidos en su derecho de propiedad) y a los Estados provinciales propietarios de áreas boscosas, por dejar paralizadas aquellas superficies con potencialidad productiva en pos de la preservación del ambiente. De acuerdo a las alocuciones de los legisladores salteños durante el debate en el Congreso de la Nación:

Hubiera sido mucho más justo que todos estos representantes de las zonas ricas del país, que ya no tienen bosques nativos porque incorporaron toda su superficie al desarrollo, hubieran sido generosos y decidieran que cada provincia destine el 15 por ciento de su superficie a recuperar bosques nativos. Y entonces esto hubiera sido equitativo. Con un 15 por ciento de cada una de las provincias ¡qué país equilibrado y protector ambiental hubiéramos tenido! Pero no se planteó eso sino que lo hagan quienes todavía tienen bosques porque, realmente, no era económicamente rentable incorporar esas hectáreas a la producción son las que tienen que detener su desarrollo, no se desarrollen más porque hay que compensar toda la contaminación de la Argentina rica, de la Argentina desarrollada (VT senadora Escudero, 14/11/2007, d/p).

La carga no la deben soportar, una vez más, los estados provinciales que tienen un menor grado de desarrollo relativo respecto de otras regiones del país. Entonces, legislemos, preservemos el medio ambiente y la superficie boscosa que produce oxígeno, pero a esa producción de oxígeno pongámosle el valor económico que corresponde y démosle a las jurisdicciones provinciales la compensación correspondiente (VT senador Gómez Diez, 14/11/2007, d/p).

Más allá de las críticas posibles a estos alegatos que ponen lo económico por sobre lo ambiental –“pagar el costo por no materializar ese potencial productivo” (OPA1)–, una política que no destinara un presupuesto específico y suficiente para la conservación y/o recuperación de los BN (tanto por parte de los privados como de los Estados provinciales), corría el riesgo de convertirse en una “ley muerta” (AMB3). La implementación del FNECBN da cuenta de estas controversias, como veremos (de allí las preguntas que nos formulara un dirigente ganadero salteño y que inician el siguiente apartado).

“¿Cuánto estás dispuesta a poner de tu bolsillo para proteger a los bosques nativos?¿Cuánto está dispuesta a pagar la nación por la protección de los bosques nativos?”

La reglamentación de la “ley de bosques” –a través de la cual se instrumentaría la adjudicación del FNECBN– demoró más de catorce meses a pesar de que debía estar rubricada a no más de noventa días de aprobada la norma. En este contexto dilatorio, no sólo se sucedieron gran cantidad de reclamos por parte de los más diversos actores solicitando el decreto reglamentario, sino también, y en particular, los fondos prometidos que permitieran poner en marcha la ley nacional y las provinciales: sin el dinero, se perpetuaría la “condena” a las provincias con BN a la desocupación y la pobreza, al impedir la llegada de recursos en compensación por la paralización de una de las actividades productivas más rentables.

En los años 2008 y 2009 no se contó con fondos específicos para la conservación de bosques en el presupuesto nacional. No obstante, se obtuvo una partida de $88.836.561 –lo cual es señalado como un gran logro: “brindábamos plata, que ni siquiera teníamos” (TN6)–, y a través de la Resolución N° 256 se creó el Programa Experimental de Manejo y Conservación de los BN. Desde entonces, se han generado tres tipos de aportes a las provincias: el Programa Experimental, el FNECBN y la asistencia económica y financiera brindada a solicitud de las autoridades de aplicación de cada jurisdicción para realizar los OTBN provinciales.

Los montos destinados con el objetivo de protección y manejo sustentable de los bosques, si bien ampliamente superiores a las partidas presupuestarias que previamente eran destinadas a la cartera ambiental con estos fines, no han alcanzado los valores estipulados en la legislación. De tal modo, se evidencia una brecha entre los recursos previstos en la ley, los montos asignados por medio de las leyes presupuestarias y los valores efectivamente asignados año tras año. El presupuesto nacional del año 2010 destinó $300.000.000 –un 36,5% de los poco más de $821.000.000 que resultaban del cálculo según lo estipulado en la Ley N° 26.331–, de los cuales fueron asignados $94.563.095 de modo efectivo. La misma suma inicial fue designada en el año 2011 (esta vez, el cálculo daba un mínimo de $1.119.000.000), de los cuales se asignaron $230.000.000. De allí en más, el monto asignado anualmente ha ido en descenso (Gráfico Nº 10a), mientras que el presupuesto nacional se incrementa en términos nominales año a año. De esta manera, el FNECBN recibió en el año 2017 un 3,7% de lo que indica el articulado de la ley (Gráfico Nº 10b).

Gráficos N° 10. Total país. Distribución de la Partida Presupuestaria asignada a la
Ley N° 26.331. Recursos totales previstos en la Ley N° 26.331 (1) y Partidas asignadas a la Ley N° 26.331 según Presupuesto Nacional (2) ($) (N° 10a) y Relación entre (1) y (2) (%) (N° 10b). Años 2010-2017

Fuente: Elaboración propia en base a MAyDS (2016).

A su vez, no todo lo destinado por presupuesto fue efectivamente transferido y/o ejecutado, ni todas las provincias han rendido las partidas asignadas en tiempo y forma. A pesar de esto, la implementación del FNECBN ha sobrepasado las capacidades existentes de la Dirección de Bosques en lo que a rendiciones de su ejecución respecta. En palabras de integrantes del organismo nacional, “gracias a Dios que no se hizo” el otorgamiento del total de fondos previstos, dado el “sistema nefasto” de rendición de fondos: de ser así, “colapsaba todo” (TN6). Asimismo, las provincias no hubiesen tenido la capacidad para absorber y movilizar esos recursos.

La lentitud en la reglamentación e instrumentación del FNECBN por parte del Estado nacional llevó al retraso de las partidas presupuestarias para la conservación de BN en las jurisdicciones. Esto pone en evidencia la tensión entre la importancia concedida al cuidado de los BN –en un contexto político particular que llevó, en la confluencia de actores y demandas, a visibilizar esta problemática e instalarla como problema público a ser abordado por una política estatal– y los recursos y capacidades que efectivamente fueron destinadas a tal fin. En Salta, la demora en la llegada del dinero a la vez que la menor proporción de recursos asignada en comparación con lo estipulado en la ley llevó a una nueva escalada en las críticas y denuncias, a través de la presentación de pedidos de informes y cartas a legisladores nacionales desde ONGs, productores agropecuarios y forestales (y también desde el gobierno provincial, a través del ámbito del COFEMA). En declaraciones del presidente de APROFICSA:

Así como desde el Estado le reclama al sector privado el cumplimiento del ciento por ciento de las disposiciones ambientales previstas por la ley de bosques nativos, desde el sector privado exigimos al Estado el cumplimiento del ciento por ciento en la conformación del fondo establecido en la misma legislación (El Tribuno, 14/12/2010).

En adelante, avanzamos en los avatares de su implementación en el caso salteño.

“Se desvirtúa el objetivo de estos fondos”

Hacia fines del año 2010 llegaron las primeras partidas del FNECBN a las jurisdicciones, siendo Salta una de las provincias autorizadas para su cobro (ya tenía aprobado su OTBN por ley). Según declaraciones del ministro de ambiente López Sastre, se trató de “un día histórico, porque empezamos a cambiar el paradigma que se manejaba hasta ahora: estamos pasando de la era de la extracción a la era del manejo sustentable” (Intransigente, 21/02/2011, d/p).

Desde el primer momento, Salta se ha postulado como la provincia líder en conservación, la jurisdicción que más superficie destinó en su zonificación a la protección de BN:

Salta fue la primera provincia en tener su Ley provincial de ordenamiento de bosques nativos. Salta es la que más puso superficie sobre esos valores de conservación en ese ordenamiento, con ello muestra que Salta a nivel nacional es la provincia que más se comprometió a la conservación de los bosques. […] Salta hoy está liderando un reclamo para que se cumpla la Ley de Bosques, es la provincia que más comprometida está con la conservación de los bosques, aun así todavía nos tildan de deforestadores porque hubo un gobierno anterior que cometió graves errores en esta temática (López Sastre en Intransigente, 21/10/2010, d/p).

Al contarse entre las primeras jurisdicciones en realizar su OTBN y al haber previsto amplias superficies bajo algún grado de conservación, Salta está entre las provincias que más dinero han recibido del FNECBN, junto con Santiago del Estero. En el Gráfico N° 11 puede avizorarse la distribución del 70% del FNECBN para el total del país y la provincia de Salta, según la cantidad de planes aprobados y los montos asignados entre los años 2010 y 2015.^[33]

Gráfico N° 11. Total país y provincia de Salta. Distribución del FNECBN (70%) según cantidad de planes (nuevos y en ejecución presentados en años anteriores) (n°) y montos asignados ($). Años 2010 a 2015

Fuente: Elaboración propia en base a MAyDS (2016)

Más allá de los montos totales, interesa puntualizar en los requisitos para el acceso a los fondos y en su efectiva distribución entre los actores en juego a nivel provincial. Para ser beneficiario del FNECBN por la conservación de sus BN –la “compensación por el sacrificio del finquero”, en virtud de que “nadie está dispuesto a sacrificarse por algo tan abstracto como el medioambiente” (OPF1)–, los titulares de tierra con cobertura boscosa deben presentar sus Proyectos de Formulación o Implementación de Planes de Manejo y/o Conservación (con el correspondiente Plan Operativo Anual para el primer año), los cuales son evaluados técnica y legalmente por la autoridad de aplicación provincial. De acuerdo a los requisitos legales y administrativos, la presentación está dirigida a titulares registrales de las tierras, no así a los poseedores –recordemos que la población indígena y criolla en Salta en su gran mayoría no posee los “títulos perfectos”–. Si bien esta restricción ha sido subsanada por medio del COFEMA en el año 2014, esto ha dejado fuera a gran parte de los potenciales beneficiarios. Asimismo, la medida todavía no ha dado sus frutos en el terreno, y no todas las provincias han arbitrado los medios para hacer efectiva la disposición.^[34]

La información existente indica que apenas un 5,5% de la superficie de las áreas boscosas declaradas en los OTBN provinciales se encuentra alcanzada por el FNECBN: 2.960.000 has con subsidios para el año 2015, sobre las casi 53.900.000 has declaradas en los OTBN. Para el caso salteño, esta proporción disminuye al 1,5% (MAyDS, 2016). A esto debe sumarse que el otorgamiento de subsidios procedentes del FNECBN ha tendido a favorecer a los actores de tipo empresario (agropecuarios y forestales) y en menor medida a organismos estatales, otras instituciones y comunidades indígenas y/o campesinas. Así lo confirman los documentos publicados por el MAyDS (2016), que en relación a la titularidad de los planes aprobados en el año 2015 para el total del país, señalan que la mayoría se distribuye entre titulares particulares (79,4%) y empresas privadas (9,6%), mientras que sólo el 1,1% corresponde a ONGs y el 1,3% a comunidades indígenas o campesinas. No obstante esto, no debe interpretarse que los subsidios favorezcan a la gran mayoría de los productores agropecuarios y/o forestales, sino que sólo una proporción del total de las explotaciones que potencialmente podrían solicitar los subsidios efectivamente lo hacen.

Una observación a los planes del año 2010 en Salta (según datos oportunamente publicados por la SPA) nos informa acerca de la acumulación de presentaciones a cargo de los mismos nombres. No se trata de los mismos beneficiarios, pero sí de los mismos gestores: sobre un total de 36 proyectos aprobados, el 30% habían sido iniciados por dos personas vinculadas al sector forestal, en tanto que un 16%, en manos de ONGs, estaban destinados a indígenas. Entre los beneficiarios se encuentran grandes empresas agropecuarias y forestales como Inversora Juramento SA, Madenort SRL e Ingenio Tabacal SRL. En similar tono, para los planes presentados en el año 2011, la mayoría correspondía a Proyectos de Formulación presentados por ejecutores privados y/o estatales (Gráficos N° 12 ayb).

Gráficos N° 12. Provincia de Salta. Distribución del FNECBN (70%) por Tipo de plan (N° 12a) y Tipo de ejecutor (N° 12b) ($). Año 2011

Fuente: Elaboración propia en base a MAyDSS-SPA

El acceso de poblaciones criollas y originarias es a partir de experiencias muy acotadas en tiempo y espacio en relación a la gran cantidad y diversidad de situaciones existentes en la provincia. Como nos apuntara un entrevistado, en la dificultad de cuantificar y consensuar la valoración de los servicios ambientales, se corría el “riesgo de estar subsidiando a grandes empresas que presenten proyectos ambientales en vez de asignar los recursos con criterios de justicia social” (FN1).

De este modo, el “espíritu de la ley de bosques”, destinada en su formulación originaria a favorecer a campesinos e indígenas contra los avances de la deforestación, puede verse trastocado hacia una transferencia de fondos a los grandes productores, en tanto no hace distinción alguna para la compensación si el dueño a ser compensado es “Amalita Fortabat o Juan Pérez” (TN6). Tampoco se conocen detalles acerca de la calidad de las propuestas presentadas, de la viabilidad de los proyectos aprobados, de su perdurabilidad y factibilidad en el tiempo o de su extensión en el espacio. Además, los montos, porcentajes, principales proyectos y actores compensados con estos recursos están lejos de haber promovido un nuevo modelo de sustentabilidad con respecto al manejo y conservación de las masas boscosas salteñas (salvo excepciones, claro está).

El FNECBN fue diseñado e incorporado en la Ley N° 26.331 con el objetivo de compensar a los titulares por conservar los BN en vez de proceder a su eliminación definitiva con fines agropecuarios. Un ejercicio interesante para indagar en las razones de los reclamos compensatorios y la reivindicación de la situación violatoria a los “derechos adquiridos” por parte de los sectores productivos –“el Fondo es un Derecho adquirido junto a las restricciones que nos impuso la Ley de Bosques” (Carta del CON, 05/06/2011)–, estaría en poder establecer una comparación entre los montos que reciben los productores por conservar una hectárea de BN y la ganancia que daría esa misma superficie en caso de ser puesta en producción (y no sólo a nivel privado, también se puede pensar en el potencial aporte económico de esa hectárea a las arcas provinciales en relación a lo recibido desde el Estado nacional a través del FNECBN).

Durante una entrevista, un dirigente ganadero nos propuso hacer este cálculo, pensando en un hipotético caso de desarrollo de ganadería en 5.000.000 has (la superficie potencialmente disponible en Salta): desarrollar 1 ha ganadera (desbajerar, sembrar pastura, alambrar, etc.) costaba aproximadamente en el año 2010 unos U$S600-700, lo que implicaría un total de U$S3.000.000.000 “genuinos” que involucrarían consumo de gas y tributo salteño, entre otros. En contraposición a esto, nos preguntó: “¿Cuánto está dispuesta a pagar la Nación por la protección de los BN?” (OPA1). Si tomamos en consideración a la totalidad de los montos asignados a Salta en el año 2015 ($23.013.522) en relación a la superficie total de BN consignada en el OTBN provincial (8.280.162), tenemos como resultado que se ha recibido un total anual de $2,8 por hectárea.^[35]

En el marco de los debates en torno a los montos asignados y los proyectos aprobados, una nota de color estuvo dada por el descubrimiento de un intento de fraude, que llevó a poner nuevamente en tela de juicio a la ley y a las capacidades de monitoreo, gestión y control por parte de la SAyDS y la delegación provincial. De acuerdo con una nota Editorial en El Tribuno,

Estos hechos han servido para sembrar sospechas sobre el Fondo Nacional de Bosques y su operatoria en la provincia. Pero el problema de fondo no es ese, sino la polémica ley de bosques. Desde su aprobación y la posterior puesta en marcha del ordenamiento territorial la actividad agrícola y ganadera se encuentra virtualmente estancada en Salta. Decenas de proyectos productivos, destinados a crear empleo y riqueza en nuestro territorio, tuvieron que buscar nuevos destinos a partir de las restricciones puestas en vigencia con la ley. Para peor, de los 1.000 millones de pesos que debía distribuir el Fondo, el Gobierno nacional “reasignó” la mayor parte a otros destinos ajenos al espíritu de la ley, como por ejemplo el programa “Fútbol para todos”. Como resultado, Salta terminó recibiendo apenas migajas de los alrededor de 400 millones de pesos anuales que le correspondían. Se trata de una pobre contraprestación por la decisión política de renunciar al desarrollo productivo de amplias zonas de la provincia, la mayoría de ellas con una enorme población sumida en la pobreza. Lo ocurrido desde la aprobación de la ley de bosques no hace más que confirmar las advertencias que hizo El Tribuno en oportunidad del tratamiento legislativo de la iniciativa: hubo un freno a la inversión en el campo, un incremento de la pobreza en zonas rurales y –debido al manejo discrecional de los recursos previstos en el Fondo de Bosques– se abrió la puerta a la corrupción. Estos hechos bien podrían ser un justificativo para revisar una norma que ha fallado en alcanzar sus objetivos y, para peor, sólo ha profundizado la desigualdad y la postergación en el interior de Salta (El Tribuno, 30/04/2011, d/p).

La puesta en visibilidad del fraude fue oportunidad para los sectores en desacuerdo con la ley para contraatacar y pedir por la anulación y/o revisión del OTBN, arremetiendo no sólo en contra el gobierno nacional y/o provincial sino también en contra de las ONGs que llevan adelante proyectos de conservación y/o recuperación de BN junto con población indígena y/o criolla. En suma, el reclamo por los fondos logró reunir a actores antes enfrentados y mantuvo a la mayoría de los actores en alerta con respecto a los montos asignados, si bien cada uno ha reclamado ser compensado por canales y motivos distintos. En el concierto de voces, no obstante, los pueblos indígenas y familias criollas apenas tuvieron eco en el reclamo.

Reflexiones últimas

Producir y conservar deben ser consideradas acciones complementarias, no excluyentes. ¿Cómo se puede velar por las generaciones futuras sacrificando a las generaciones actuales? Siendo los bosques fundamentales para la preservación de un medio ambiente sano ¿por qué nadie, empezando por el Estado, está dispuesto a pagar por los servicios que ellos prestan? ¿Por qué las provincias que supimos preservar nuestros recursos naturales debemos pagar el costo de la contaminación producida en los grandes centros urbanos? ¿Por qué pretenden hacernos responsables por los daños producidos por otros? ¿Por qué nuestras autoridades provinciales permiten y avalan esta situación? ¿Por qué nos quieren condenar a la pobreza? Son demasiadas preguntas sin respuestas. Son demasiados atropellos contra los salteños

(Revista Salta Productiva Nº 35, 2011: s/d, d/p)

En este capítulo, nos propusimos recuperar un panorama de los actores involucrados en el OTBN. Esto nos permitió no sólo conocer el mapa de los “ordenadores” y los “ordenados” sino también indagar en la puesta en marcha de la política de protección ambiental de los BN a través del FNCEBN. Para finalizar, un punteo de las principales cuestiones salientes:

• Más allá de la complejidad de voces y posiciones discursivas, en el marco del OTBN el mapa de actores quedó polarizado –a grandes rasgos y esquematizando– en dos espacios bien diferenciados, en torno a los cuales se reagruparon todos los participantes de la contienda: de un lado, los productores agropecuarios y/o forestales, ubicados en el lugar de “los malos de la película”, y del otro, los indígenas y criollos, en su defensa material y simbólica de los BN remanentes y la reivindicación de sus derechos territoriales avasallados. Otra perspectiva de los hechos apunta a que los pueblos indígenas y familias criollas, en su afán de continuar con sus pautas culturales y no querer desarrollarse, son responsables de la cotidiana y recurrente depredación del ambiente; en tanto que son los sectores productivos quienes pueden convertirse en emisarios del desarrollo y el bienestar regional a impulsos de la producción sustentable.

• En particular, todos los actores se han pronunciado acerca de los pueblos originarios: para folklorizarlos e incluirlos en el paisaje ordenado; para justificar la necesidad del desarrollo económico y productivo en virtud de sus paupérrimas condiciones de vida; para ensalzar sus cualidades de “buenos salvajes” y hacerlos emerger como los cuidadores de la naturaleza y la cultura por excelencia. En una u otra forma, todos abonando la figura del sujeto indígena vulnerado y vulnerable.
• Indagamos así en la persistencia de aquellas dicotomías que obligan a los salteños a decidir entre el “atraso” y el “progreso”, el “desarrollo” o el “estancamiento” económico, la “producción” o la “conservación”. Los pueblos indígenas tomaron aquí un rol central, tanto por constituirse en actores políticos que reclaman sus derechos al territorio, como por formar parte de los discursos que avalan o denostan el modelo de desarrollo salteño. En este contexto, toma fuerza la imagen del indígena “esencializado” y “ahistórico”, que re-aparece habitando el Chaco salteño, un espacio que ofrece a la provincia un potencial productivo y de inserción en mercados internacionales que la acercaría al “desarrollo”.
• No obstante, los indígenas pasaron de protagonistas y sujetos a meros espectadores y objetos de disputas por parte de los demás actores respecto del mejor modo de desarrollarlos. En este camino inverso, cada vez tomó mayor centralidad el sector productivo y la disputa pasó a tener su eje en torno a los recursos monetarios compensatorios –una nueva forma de mercantilización de la naturaleza–, quedando en un segundo plano el inicial interés por los recursos boscosos. No dejemos de señalar que los grupos indígenas y criollos que vienen siendo expulsados de sus territorios, perdiendo el acceso a los BN de los cuales depende en gran medida su reproducción, jamás fueron “compensados” por tales pérdidas.
• En definitiva, cuando se ha apuntado hacia las consecuencias del OTBN en términos productivos, se lo ha acusado de frenar el desarrollo y se ha propiciado su revisión. Por otro lado, cuando se ha tratado de la llegada de las partidas del Fondo compensatorio, la política de BN ha pasado a ser de vital importancia. En adición, en su implementación y distribución, el FNECBN –a pesar de los montos exiguos en relación a las cifras previstas en la ley nacional– ha sido usufructuado en mayor medida por grandes empresarios agropecuarios y forestales y no así por la población criolla e indígena.

En el próximo apartado –el último–, avanzamos en primer lugar en los posibles re-(des)ordenamientos territoriales que pueden avizorarse a futuro con relación al OTBN salteño. Para finalizar, nos hacemos eco de las principales hipótesis de trabajo e interrogantes que orientaron la investigación, con el fin proponer una serie de conclusiones provisionales.

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