Iniciativas estatales y actores productivos en La Pampa durante el primer marinismo (1983-1987)

Federico Martocci

Introducción

Al asumir la gobernación de La Pampa en diciembre de 1983, Rubén Hugo Marín detalló su plan de gobierno y planteó que se proponían “objetivos realistas”^[1]. Y agregó:

Si estamos dispuestos a convivir en el marco de una democracia permanente, debemos planificar no solo el período de un gobierno, sino con el concurso de todos los sectores de la comunidad, planificar para el mediano y largo plazo a efectos de poder arribar a fin de siglo a una Pampa desarrollada en sus potencialidades^[2].

En lo que respecta a las iniciativas en materia económica, afirmaba que el axioma era “una economía al servicio del hombre y no a la inversa, que ha sido la constante de los ensayos dependientes de estos últimos años” (Marín, 1983, pp. 10-14). Más concretamente, luego de plantear que la política económica de la última dictadura cívico-militar “destruyó por igual a todas las economías regionales”, señalaba:

Nuestra provincia no escapa a esta situación general por más que se pretenda considerarla como una “isla”. Revertir esta situación nos exigirá construir una economía basada en una producción disciplinada en función de las necesidades esenciales de la población. Nuestra política económica se elaborará a partir del análisis de la realidad concreta y reconociendo que, aunque íntimamente ligado, el ámbito económico está supeditado a la dimensión política. La tecnocracia no nos venderá su muerte a plazos. Para lograr la anhelada reconstrucción, cobra especial significación el manejo del crédito, siendo necesario que se corrija el proceso por el cual los recursos financieros generados en todo el interior del país se destinaron a inversiones en la Capital Federal y su zona de influencia […]. En cuanto a la política fiscal, no orientaremos el gasto público hacia la concreción de grandes obras, necesarias pero postergables, sino que lo dirigiremos a cubrir las necesidades más inmediatas del bienestar general. La política tributaria estará dirigida hacia la protección y estímulo del trabajo, de la inversión, de la producción y el consumo. Se dictarán medidas de apoyo crediticio e impositivo, tendientes a fomentar la diversificación de la estructura productiva de la provincia, fundamentalmente las que permitan la integración vertical del proceso productivo^[3].

Luego detallaba los objetivos relacionados con la producción industrial, minera y agropecuaria, como trataremos posteriormente. Con base en lo planteado hasta aquí, como se puede advertir, es imposible (e imprudente) abordar las iniciativas concretas de la primera gestión del gobernador peronista sin tener en cuenta el contexto general que dejaba la dictadura y las capacidades estatales existentes en una provincia que, bien vale recordar, tenía entonces solamente poco más de tres décadas de experiencia autónoma. A su vez, al pretender explorar políticas públicas en un período temporal determinado, tal como proponemos en este trabajo, resulta esencial considerar las características del Estado (resultado siempre de un proceso contingente) y la continuidad institucional, ya que permiten explicar mejor tanto las posibilidades como las limitaciones del accionar estatal, por ejemplo a partir de las capacidades vinculadas con la captación (y retención) de profesionales universitarios con formación técnica y la permanencia de burocracias en determinados ámbitos estratégicos (Skocpol, 1999). La discontinuidad institucional derivada de las sucesivas interrupciones del sistema democrático en la segunda mitad del siglo xx es un aspecto vital en ese sentido, al que se suman, según advirtieron estudios previos, la coordinación escasa entre distintas esferas estatales, la precaria información estadística y las falencias del aparato burocrático. Ello explica la ausencia de “un claro sistema de planificación provincial en el período 1955-1976 (salvo, tal vez, durante el interregno 1963-1966)” y los aciertos y falencias de la estrategia “desarrollista” en el ámbito pampeano (Lluch, 2017b, p. 62).

Decíamos que es inviable analizar la primera gestión de Marín sin considerar las etapas anteriores, puesto que él justamente se ocupaba de inscribir la realidad provincial en una problemática mayor en términos temporales; discutía con el postulado de que La Pampa era una “isla”, en oposición al planteo del contador público Ricardo Telleriarte en su último discurso como gobernador civil, cargo que ocupó entre abril de 1981 y febrero de 1983, e incluso retomaba líneas de acción que, como veremos luego, habían formado parte de la agenda oficial en las décadas previas (situación que en el plano de las políticas agropecuarias resulta muy evidente). Al mismo tiempo, y en ese sentido, el peronismo coincidía a nivel nacional con la Unión Cívica Radical (UCR) (Heredia, 2006, pp. 167-168): el flamante gobernador anteponía la política a la economía en su primer discurso, sin duda para marcar la distancia entre las medidas tomadas por José Martínez de Hoz y su equipo en la cartera de Economía, entre quienes se identifican con claridad algunos jóvenes economistas formados en grandes universidades de Estados Unidos: los liberales tecnocráticos (Heredia, 2004). Esa situación, al menos en el plano de la gestión de Raúl Alfonsín, se modificaría con el curso de la década, puesto que “la política como preocupación principal será desplazada por la economía” (Beltrán, 2006, p. 220).

Asimismo, la iniciativa de Marín retomaba un aspecto que había causado mucha preocupación en la sociedad local. Cuando el gobernador militar Julio C. Etchegoyen habilitó en la provincia el diálogo político, durante los albores de los años ochenta, los temas vinculados con el tratamiento de la situación económica y el estancamiento del sector productivo adquirieron una clara relevancia y desviaron, inicialmente, el motivo original de los encuentros (Moroni, 2019b). A inicios de 1982, cuando Reynaldo Bignone ratificó la continuidad de Telleriarte en el cargo, diversos partidos políticos pampeanos responsabilizaban al Movimiento Federalista Pampeano (MoFePa), fuerza política que integraba el gobernador civil, por el “estancamiento económico” de La Pampa, el cierre de empresas, el notable incremento del desempleo y la despreocupación por la defensa de los recursos hídricos, entre otros puntos (Zink, 2019).

En el ámbito provincial, entonces, llegaba a la Gobernación el peronismo luego de obtener el 40,78 % de los sufragios, mientras que en segundo lugar quedó la UCR con el 31,99 % y en tercero el MoFePa con el 20,04 %. Sin embargo, ninguna fuerza política alcanzó mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, razón por la cual el peronismo y el radicalismo debieron negociar políticamente con el MoFePa. Además, por supuesto, la primera gestión de Marín se desarrolló en un marco signado por el gobierno nacional de Raúl Alfonsín, y el disímil signo político implicó tensiones entre mandatarios y sus respectivos funcionarios (Zink, Moroni, Asquini y Folco, 2011, p. 111). A ello se añadía la crítica situación económica heredada, que tanto Marín en la provincia como Alfonsín a nivel nacional se ocupaban de caracterizar. Por cierto, hay quienes han planteado que el golpe que le asestaron el peronismo y el radicalismo al MoFePa en las elecciones de 1983 se inscribe en un marco de profundo rechazo a las medidas económicas aplicadas durante la dictadura, ya que a nivel local los integrantes de esa última fuerza política habían tenido un papel relevante en tal sentido (Zink, 2019, p. 76). Además de gobernador civil, Telleriarte había sido ministro de Economía y Asuntos Agrarios entre 1979-1981 y fue el candidato que disputó la gobernación en representación del MoFePa en 1983. Como puede verse, no era casual que asociaran a ese partido provincial con el complejo panorama que dejaba la dictadura. No obstante, dicha crítica no debe obturar por cierto la posibilidad de indagar en las continuidades en el despliegue de políticas e iniciativas concretas en áreas específicas, como analizaremos a partir del caso de las medidas para el sector agropecuario.

En los últimos años se han incrementado las investigaciones sobre el despliegue estatal, la formación de agencias específicas, las iniciativas para promover el desarrollo económico y la proyección y aplicación de políticas orientadas al sector agropecuario en la provincia de La Pampa durante la segunda mitad del siglo xx, aunque la etapa que se abre con la transición a la democracia aún permanece muy poco explorada^[4]. En cambio, sí existen análisis que abordan en clave política las últimas décadas del siglo xx^[5]. En lo que respecta al período temporal que aquí nos compete, parte de esta última producción adolece de ciertas deficiencias. Existen estudios que focalizaron en la figura de Marín, con vistas a reconstruir una suerte de biografía política, pero se apoyaron en términos empíricos, casi exclusivamente en los testimonios orales del biografiado, con lo cual se resienten las interpretaciones generales (Ferrari, 2013). Otros, en cambio, se propusieron brindar elementos para analizar las casi cuatro décadas de gobiernos de signo peronista en la provincia, pero en clave más periodística que histórica, razón por la cual tal vez los últimos decenios (en especial a partir del siglo xxi) adquieren un mayor tratamiento analítico, mientras que las décadas del ochenta y noventa presentan un abordaje mucho más errático (Asquini, 2019).

En este capítulo nos proponemos, mediante un abordaje exploratorio que procura avanzar en una temática escasamente estudiada a nivel nacional y regional, inscribir a la década del ochenta en una lógica analítica que contemple el largo plazo y permita dimensionar continuidades y rupturas con las décadas anteriores y con los años noventa, como sugiere Mariana Heredia (2006, pp. 153-154) en uno de sus aportes.

Desde hace varias décadas, los diversos estudios sobre el Estado dieron lugar a una profusa literatura que es imposible revisar con detalle en estas páginas. Pero resulta preciso señalar al menos que, en líneas generales, se avanzó en el reconocimiento cada vez mayor de la contingencia de las formas estatales y del carácter variable que asumen las capacidades y el rendimiento del Estado. Dicho énfasis en la contingencia permite en ese sentido explicar dos cuestiones: por un lado, que la forma problematiza la función y, por otro lado, que el Estado es un conjunto institucional que presenta variables, a la vez que selectividad estructural y capacidades estratégicas específicas. Es decir, cada vez es más claro que el Estado debe ser visto como un sistema emergente, parcial e inestable cuyas características no se pueden explicar sin atender a la dinámica social en la que se inscribe. En consecuencia, se han incluido en las agendas analíticas sobre la temática las investigaciones históricas específicas que permiten aprehender al Estado en su carácter “estratégico-relacional” (Jessop, 2001, pp. 163-167)^[6]. Las discusiones en torno a la temática incidieron, desde luego, en la producción argentina. Por ejemplo, quienes investigan las estructuras institucionales para explicar los procesos sociopolíticos plantean que resulta ineludible el “doble foco” en instituciones y actores, razón por la que invitan a abrir esa “caja negra” que son las instituciones, los actores y sus relaciones. Asimismo, proponen que los actores significativos no se limitan a los estatales, ya que atender a los actores no estatales contribuye a mostrar su relevancia sociopolítica y el potencial rol en los procesos de toma de decisiones, como el diseño e implementación de ciertas políticas públicas. Es decir, invitan a considerar la dinámica social y sus diversas consecuencias en la conformación institucional y las iniciativas estatales (Acuña y Chudnovsky, 2013, pp. 33-38)^[7].

En este sentido, nos interesan particularmente las políticas públicas debido a que “permiten una visión del Estado ‘en acción’, desagregado y descongelado como estructura global y ‘puesto’ en un proceso social” (Oszlak y O’Donnell, 1995, p. 104), y al mismo tiempo porque permiten “personalizar” y “descentrar” al Estado, como sugieren Ernesto Bohoslavsky y Germán Soprano (2010, pp. 24-28). De esta manera procuraremos, por un lado, identificar a las personas que producen y actualizan las prácticas estatales mediante sus actividades cotidianas en diversas agencias e interactuando con actores no estatales. Por otro lado, pretendemos dejar de mirar al Estado desde las principales ciudades (como Santa Rosa o General Pico) para centrarnos en sus múltiples agencias, aunque estas se ubiquen en lugares alejados de las tradicionales zonas productivas, pero a la vez para dar cuenta tanto de la potencia como de las debilidades de sus acciones. En otras palabras, abordaremos las “capacidades” estatales en materia agropecuaria, con sus luces y sombras. Para ello, haremos hincapié, especialmente, en las capacidades “técnico-administrativas”, asociadas al análisis y gestión de políticas públicas y a la competencia estatal para proveer bienes y servicios, y en las capacidades “relacionales”, que comprenden los múltiples vínculos entre el Estado y su entorno socioeconómico (Alonso, 2007, pp. 17-20).

Para comenzar a explorar la primera gestión del peronismo durante la vuelta a la democracia, entonces, creemos central enfocar las iniciativas en materia agropecuaria, ya que a inicios de la década del ochenta la economía pampeana todavía dependía muy fuertemente del sector primario (Lluch y Comerci, 2011) y, a su vez, el “estancamiento” constituía una de las más fuertes críticas de los diferentes partidos políticos ya a fines de la dictadura. Sin embargo, en función de la perspectiva planteada, consideramos que es imprescindible abordar el tema sin descuidar el accionar estatal en las décadas previas, como revisaremos en el apartado siguiente. Luego, nos detendremos en las propuestas para el agro entre 1983 y 1987 a fin de identificar ciertos lineamientos novedosos, continuidades con las políticas previas y las posiciones de algunos actores productivos en dicho contexto. Por último, fijaremos la atención en las capacidades estatales para explicar el despliegue de agencias y el rol que asumieron en el marco de políticas concretas, como así también el carácter esquivo de algunas iniciativas oficiales que, por ende, ponen de manifiesto las limitaciones existentes.

Las iniciativas orientadas al agro en las décadas previas: una síntesis

Luego de la compleja década del treinta, crisis económica, sequía y proceso erosivo mediante, el gobernador del entonces territorio nacional de La Pampa, Miguel Duval, advertía lo “exhausto” del cauce del río Chadileuvú a causa de la sequía en San Luis y de la ampliación de las zonas bajo riego en el sur mendocino, así como también las potencialidades del río Colorado, cuyas aguas eran usadas para riego “en muy pequeña escala pero con grandes resultados en su curso superior”, como por ejemplo Colonia 25 de Mayo. Al respecto, informaba acerca de la “feliz iniciativa” que había podido observar en La Japonesa, donde María P. de Rodríguez empleaba “bombas aspirantes-impelentes” para extraer el agua del río y regar una extensión de entre 700 y 1000 hectáreas con fines de cultivo intensivo de cereales, hortalizas y frutales. En esos “campos estériles y desolados” que entonces ofrecían “alimento precario para un millar de cabezas de ganado lanar o cabrío por legua cuadrada de extensión”, con ese tipo de iniciativas se podían convertir “en vergeles”, según Duval. Por eso, afirmaba que “el valle del Colorado puede y debe colonizarse como el del río Negro. Es necesario crear allí una nueva fuente de riqueza y bienestar para el territorio”^[8]. En ese contexto crítico, signado por el despoblamiento de la región, se esbozó una agenda de temas que incluía, entre otros, el fomento de la actividad ganadera, la gestión para lograr obras de regadío, acciones para contrarrestar la erosión de los suelos y el estímulo a la actividad industrial^[9]. La escasa diversificación de la economía y la explotación de los recursos minerales e hídricos del oeste, como puede verse, estaban planteados antes de la provincialización del territorio, aunque la mayoría de las iniciativas no lograron trascender el plano del discurso (Lluch, 2017b, pp. 36-37).

Durante los años del primer peronismo, específicamente en la gestión de Juan L. Páez (1946-1948), esos temas conservaron vigencia. Además, impulsó la creación de una Escuela Agrícola Ganadera de Adaptación Regional en Santa Rosa, ya que afirmaba que no era posible que el territorio siguiera “aferrado a la improvisación, al empirismo y a la rutina de los primeros tiempos, en lo que respecta al laboreo de la tierra y al aprovechamiento e industrialización de sus productos”^[10]. No alcanzó su planteo para que se concretara la iniciativa, pese a que ya al promediar esa década el ingeniero agrónomo Guillermo Aubone, un referente nacional en materia de enseñanza agrícola, había preparado un plan para realizarse en cinco años en el que se contemplaba la creación de instituciones con esa orientación y la ampliación de una serie de escuelas de agricultura ya existentes. Allí advertía que no había escuelas de ese tipo en ninguno de los territorios nacionales para 1946, por ello los incluía en el listado de lugares donde se crearían estos establecimientos^[11]. En el caso pampeano, dicha institución se ubicaría en Victorica, objetivo que se concretó recién en 1952, en un marco signado por la crisis de la agricultura de secano y la expansión de la ganadería. Páez tampoco logró que se organizara una Delegación Regional de Agronomía en Realicó, en una clara muestra de las acotadas capacidades que tenían las autoridades territorianas. En cambio, les otorgó continuidad a las acciones para fomentar el arbolado y, en consonancia con las medidas del gobierno nacional, promovió la protección del bosque nativo, ya que asociaba la tala del monte con el proceso erosivo ocurrido en la década anterior^[12].

La sequía en esas décadas, sin embargo, no afectó solo al territorio pampeano, sino que el fenómeno climático tuvo un carácter mucho más general y se extendió a las provincias de Buenos Aires, San Luis y Córdoba, situación que llamó la atención de las autoridades. En 1944 comenzó a funcionar el Instituto de Suelos y Agrotecnia (ISyA) y se le asignó especial importancia a la conservación del suelo, en un marco de acelerado deterioro de dicho recurso. Así se le daba continuidad a tareas precedentes que se hacían en el ámbito del Ministerio de Agricultura, en especial a la elaboración de un inventario del proceso erosivo que afectaba a la zona central del país^[13]. Con la asunción de Salvador Ananía (1953-1955), el primer gobernador electo de la novel provincia Eva Perón, algunas de las iniciativas oficiales previas se concretaron, como la creación de una Escuela de Agricultura y Ganadería en Victorica (1952), con orientación forestal y ganadera (mejoramiento ovino) y una Estación Experimental en Anguil (1954), una zona muy afectada por el proceso erosivo, que a partir de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) unos años después se convirtió en una de sus principales agencias en la provincia, con un rol central en materia de conservación del suelo. El peronismo pampeano a su vez aprobó leyes, entre las que se destacan las vinculadas con política de tierras y colonización, expropiación de predios para fundar otros centros experimentales y viveros, iniciativas forestales y conservación del suelo. En dicha legislación se advierten los temas que esa fuerza política había instalado en la agenda nacional, pero también otros más regionales, como la cuestión conservacionista y la búsqueda de alternativas productivas en el oeste pampeano, iniciativa esta última que tenía precedentes. Por ello, en 1954 (ley N.° 61) se declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras comprendidas en la zona de influencia del río Colorado y en 1955 (ley N.° 155) se declaró de interés público la conservación del suelo agrícola^[14]. No obstante, más allá de que la provincia adhirió a los Planes Quinquenales, no se diseñó a nivel local un programa específico de desarrollo y, sin duda, en ello tuvo injerencia el hecho de que la gestión de Ananía coincidió con la etapa más negativa del ciclo macroeconómico (Lluch, 2017b, p. 37).

En un contexto caracterizado por la organización de instituciones básicas para el despliegue estatal (por ejemplo, el Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios se organizó a fines de 1954), el derrocamiento del peronismo en 1955 no afectó la necesidad oficial de formar recursos humanos con expertise, ya que las diversas instancias burocráticas los requerían para su funcionamiento. Ello ocurría por ejemplo con los técnicos para el agro, situación que explica en parte la creación de la Facultad de Agronomía en 1958 (y de las escuelas de Administración Rural y de Peritos Ganaderos), dependiente de la Universidad Provincial de La Pampa, cuyos egresados comenzarán progresivamente a insertarse laboralmente en las agencias de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios (SAA) a partir de mediados de la década siguiente.

Pero los hechos más sobresalientes de la etapa de las gobernaciones de Ismael Amit –que, como han mencionado otras contribuciones previas, fue interventor en la provincia entre mayo y diciembre de 1959 y luego gobernador electo (1960-1962 y 1963-1966)– se vinculan con el interés oficial en el aumento de la productividad en el agro, la diversificación de la economía provincial y, especialmente, la concreción de políticas orientadas a sectores específicos, como los denominados Plan de Promoción Industrial y Plan de Promoción Agropecuaria^[15]. Este último, que es el que nos compete por la temática de este trabajo, se implementó como complemento del primero, ya que a criterio del mandatario radical esas actividades tenían que retroalimentarse; de allí la relevancia que le otorgaba a la industrialización de los productos primarios que existían en la provincia (carne, leche, madera, cueros), así como a la explotación de la minería de sal y cal (Lluch y Comerci, 2011, pp. 33-34). Los años centrales de la década del sesenta fueron en los que se concretó la planificación indicativa, con un rol central del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y un claro impacto del desarrollismo de corte “cepalino” en la provincia (Lluch, 2017b, pp. 45-52).

Para Amit, según afirmó en una oportunidad, lo que debía ocurrir en el campo era una “revolución tecnológica”, motivo por el cual era indispensable, como sugería la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que se intensificaran las tareas de investigación, enseñanza y extensión agropecuaria. El Plan contemplaba esos aspectos y su puesta en marcha, según él, permitiría “promover y orientar una racional explotación de la tierra y consecuentemente un mayor ingreso en la economía provincial”^[16]. Para 1965, a un año de la implementación del Plan, la labor en marcha tenía como objetivo la producción de pasturas y leche en el noreste, la actividad de invernada en el este, la explotación del trigo en el centro-este y la promoción de investigaciones en el oeste provincial. En cuanto a este último punto, en 1965 se organizó el Centro de Observaciones del Oeste (COO) en La Humada, cuya actividad se orientó a relevar y estudiar un espacio sobre el que se carecía de información básica, como por ejemplo régimen de lluvias, condiciones edáficas y características de la fauna, entre otras. Según fuentes oficiales, el COO era la primera institución de ese tipo destinada a investigar una zona árida en la Argentina^[17]. Pero a su vez, como ya han demostrado otros estudios, en este período se le dio gran impulso al aprovechamiento de las aguas del río Colorado, se llevaron a cabo estudios claves en ese sentido y se concretó la creación del Ente Provincial del Río Colorado (Michelini, 2010). Además, se hicieron investigaciones en el este pampeano (que luego fueron publicadas), para las que brindó apoyo el CFI e intervinieron técnicos foráneos. Como resultado del Plan, se publicaron también folletos de difusión sobre diferentes temáticas agropecuarias, se financió la capacitación de docentes de la Facultad de Agronomía y la SAA realizó giras por diversas zonas de La Pampa para estudiarlas in situ.

Algunas de estas iniciativas fueron discontinuadas luego del golpe cívico militar de 1966, entre ellas el Plan de Promoción Agropecuaria. Sin embargo, en otros casos hubo ciertas líneas de continuidad, como por ejemplo en el fomento de la construcción de infraestructura para el aprovechamiento del agua del río Colorado con fines de riego y en el estudio del oeste pampeano. Por cierto, el COO siguió con sus actividades y a finales de la década el Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios publicó los primeros resultados de esos estudios, que estaban a cargo de Pedro Cuello^[18]. No obstante, a inicios de la década del setenta la labor de dicha agencia se discontinuó, situación que motivó críticas posteriores. En cambio, se continuaron las investigaciones vinculadas al problema de la erosión, y para ello la SAA interactuó con la Estación Experimental de Anguil y la facultad de agronomía local. Esto último no perdió vigencia, e incluso en 1969 finalmente se reglamentó la ley N.° 155, que como vimos había sido sancionada en la gestión de Ananía. Asimismo se creó, luego de un convenio con la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, un Laboratorio Bacteriológico Regional, en un contexto en el que la ganadería bovina adquiría cada vez más importancia en el espacio provincial, razón por la cual se llevaron adelante también otras acciones para combatir enfermedades del ganado y ensayar pasturas en el oeste.

Cuadro N.° 1. Existencia ganadera en La Pampa (1966-1977)

Año	Ovinos	Bovinos
1966	2.827.026	1.979.980
1967	–	1.998.824
1968	–	2.337.000
1969	2.002.170	2.275.138
1970	–	2.345.000
1971	847.514	2.150.126
1972	1.078.972	2.479.485
1973	–	2.489.234
1974	1.361.183	3.074.558
1977	1.215.536	3.619.796

Fuentes: Estadística Ganadera 1875-1974 (1976, s/n), Trapaglia (1973, p. 125) y Agro Pampeano (1987, p. 19).

Lo que adquirió mayor relevancia en la gestión de la SAA fue la extensión: en 1967 se creó el Servicio de Extensión y Fomento Agropecuario (SEyFA), y a partir de allí se expandieron sus agencias, a saber, las llamadas agronomías departamentales. A ellas se les sumaban las veterinarias departamentales, que tenían un papel importante en materia ganadera. A inicios de la década del setenta, las primeras estaban ubicadas en las localidades de San Martín, Macachín, Eduardo Castex, Caleufú, Victorica y Realicó, en tanto las segundas funcionaban en Guatraché, Macachín, Miguel Riglos, Eduardo Castex e Intendente Alvear^[19]. No obstante, Ángel B. S. Trapaglia, que asumió en mayo de 1971, planteaba que los servicios del SEyFA eran muy importantes, pero en su opinión la provincia aún padecía un “déficit de asesoramiento técnico” y eso tenía que subsanarse a partir de la creación de un número apropiado de “células de servicio”, definición que empleaba para referirse a las agronomías departamentales^[20]. Asimismo, si bien no existía al parecer una política específica en materia crediticia para el sector, tenían entre los objetivos “facilitar el acceso del productor a las fuentes financieras, para inversión y explotación agropecuaria”, por eso se proponían asesorar a los productores al respecto y colaborar con el Banco de La Pampa “para el otorgamiento de líneas de crédito que tiendan al mayor y mejor desenvolvimiento de las explotaciones agropecuarias”^[21].

Al concluir la gestión de Trapaglia, y pese al interés oficial en ese sentido, aún no se había instalado una planta frigorífica en la provincia, iniciativa que como advertimos ya se había planteado en la década anterior. Y lo que debía reforzarse era la integración del territorio, por ello él había gestionado la pavimentación de un tramo de la ruta 21, que unía el litoral argentino con la Patagonia y era vital para articular el espacio bajo riego de 25 de Mayo con la parte oriental de La Pampa, es decir, con el potencial mercado para los productos que allí se obtenían^[22]. Para incentivar ese espacio productivo, a fines de 1971 la Administración Provincial del río Colorado y los técnicos de la “Operación Zonas Áridas” trabajaron con el objetivo de establecer las bases de análisis que determinaron las posibilidades de diversificar la producción en 25 de Mayo, se creó una delegación del Banco de La Pampa en la localidad que atendió las necesidades crediticias de los colonos y se firmó un convenio con el Banco de la Nación en 1972 que les permitió contar con préstamos para frutales^[23].

Como puede observarse, la explotación agrícola bajo riego y la industrialización de productos primarios, temas que figuraban en la agenda estatal desde hacía tiempo, no presentaban resultados auspiciosos a inicios de los años setenta. Es por ello sin duda que cuando asumió la gobernación Aquiles Regazzoli (1973-1976) esos puntos figuraban en sus planes de gestión. Cabe recordar que Marín fue el vicegobernador durante esa etapa, y que las relaciones entre ambos se fueron desgastando a lo largo de esos años. Cuando asumió el “gobierno popular”, como se autodenominaba, se encontró ante un “desafío”: “La realidad geo-demo-económica de la provincia mostraba que el potencial pampeano se basaba en la producción de solo un tercio de su territorio – aquel más cercano a la provincia de Buenos Aires– ante la parálisis casi total de los dos tercios restantes, constituidos por el desértico oeste pampeano”. Por tal razón, se fijó entre sus objetivos centrales elaborar un Plan de Desarrollo del Oeste que permita la “reivindicación de toda la estructura social, demográfica y económica de esa zona”^[24].

Una vez más, desde las instancias de gobierno se hacía referencia a la zona occidental de la provincia al considerar el desarrollo socio-económico pampeano. A la vez que se reivindicaba la necesidad de luchar por el acceso al agua de los ríos para que el oeste volviera a reactivarse económicamente y se hiciera realidad la integración de La Pampa, Regazzoli apostaba a un Plan que atendiera los problemas de ese espacio en materia sanitaria, educativa, habitacional y productiva. En este último aspecto, señalaba la necesidad de fomentar la introducción de nuevas prácticas en cuanto al manejo de los recursos naturales, la implantación de forrajeras y el refinamiento de razas ganaderas, todo ello con el asesoramiento técnico estatal, ayuda crediticia y estímulos impositivos, como la exención total del impuesto inmobiliario para los departamentos del extremo oeste: Chical Co, Chalileo, Puelén, Limay Mahuida y Curacó^[25].

El Plan era una de las acciones tendientes a modificar la situación en ese espacio “vacío e improductivo”, el cual se combinaba con el Plan de Aprovechamiento Múltiple del río Colorado y la prospección minera, iniciativas que, según decía, eran compatibles con los objetivos del Plan Trienal Nacional en cuanto al “desarrollo armónico e integral del país”. La producción agropecuaria era la base en la que se asentaba la economía provincial, por eso se proyectaba aumentarla mediante la “tecnificación”, la “asistencia integral” y la incorporación de “superficies incultas o insuficientemente explotadas”^[26]. La “culminación” de esos esfuerzos se complementaría con iniciativas industriales para incorporar valor agregado a los productos locales, en particular a los que provenían del agro, la actividad forestal y la minería (especial interés mostró la gestión en la industria frigorífica y en radicar establecimientos industriales en la zona de 25 de Mayo, aunque con resultados esquivos). Era fundamental para ello la “organización” y la “eficiencia” del Estado en la ejecución, como así también la “capacitación humana y técnica” de los funcionarios para garantizar la capacidad operativa^[27]. Entre otras medidas, el gobernador proyectaba ampliar el servicio de sanidad vegetal, crear nuevas veterinarias departamentales en Bernasconi, General Acha, Victorica, Realicó y Toay, organizar un subcentro de inseminación artificial en Miguel Riglos y fomentar el mejoramiento genético de los rodeos en el oeste. Una de las acciones concretadas fue la ampliación del SEyFA en varios departamentos y, en consecuencia, la creación de nuevos grupos cooperativos de productores, los que surgían a partir de la relación entre estos y los agrónomos departamentales^[28].

Por último, el acceso a la tierra tendría una significación importante, y Regazzoli repetiría la conocida frase formulada por Juan D. Perón: “La tierra es para el que la trabaja”. En esos años se sancionó la Ley de Afectación y Colonización de Tierras en la Cuenca del río Colorado, más conocida como Ley de Colonización Social^[29], pero no solo en el oeste dicho recurso debía cumplir una función social. Para el este provincial, según afirmaba Regazzoli en una entrevista, tenían un “plan de transformación agraria” que pretendía “subdividir algunos campos muy grandes” que no producían como debían hacerlo^[30]. Sin embargo, el carácter algo abstracto de dicha iniciativa llevó a que esos mismos sectores que se habían mostrado interesados al respecto cuestionaran años después en un tono crítico que “poco y nada” se había hecho en ese sentido y que la “reforma fundiaria” permanecía “en el nivel de borrador”^[31].

Sin embargo, y a pesar del conflictivo contexto político nacional y provincial que se impuso a medida que avanzaba la gestión, en otros aspectos el gobierno pampeano obtuvo ciertos resultados. El Plan de Desarrollo del Oeste quedó prácticamente concluido, según recuerda quien fue director de Extensión y Fomento Agropecuario. Para ello también intervino el CFI, y el elenco lo integraban “técnicos pampeanos”^[32]. Asimismo, a fines de 1975 se comenzó con la primera etapa para confeccionar el mapa de suelos y vegetación de la provincia, tarea en la que participaban diferentes dependencias del INTA, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, los Departamentos de Suelos y de Asuntos Agropecuarios en Zonas Áridas y Semiáridas, la Subsecretaría de Economía y la Dirección General de Catastro, todas pertenecientes al Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios, así como la Facultad de Agronomía en representación de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Dicho mapa tendría “enorme importancia para el presente y futuro en la formulación de cualquier acción gubernamental referida a la utilización de los recursos naturales” de La Pampa^[33]. Estas acciones del gobierno de Regazzoli, por cierto, tuvieron resultados concretos durante la última dictadura.

Luego de la instauración del régimen de facto, el segundo interventor militar, Carlos Aguirre Arrieta (abril de 1976-noviembre de 1978), en su primer discurso bajo posesión del cargo destacó la necesidad de retomar “sin demoras” los proyectos para el aprovechamiento “iniciado parcialmente” en el río Colorado, de impulsar el desarrollo “integral” del oeste, de difundir mejores técnicas para la explotación agropecuaria y de favorecer la instalación de industrias, entre otras iniciativas^[34]. Cuando le pedían algunas precisiones, planteaba que las prioridades eran un “programa único” para aprovechar el río Colorado y la “viabilización” del Plan de Desarrollo Ganadero del Oeste, así como la elaboración de productos primarios con valor agregado (hacía énfasis en la industria frigorífica)^[35]. Con escasos matices a lo largo de la dictadura, estos serían los principales objetivos para el agro en ese período. El capitán de fragata y contador público Luis O. Scheuber, radicado en la provincia desde 1968, asumió como ministro de Economía y Asuntos Agrarios, y el ingeniero agrónomo y asesor de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) Enrique Álvarez Beramendi se hizo cargo de la SAA^[36]. Fueron estos dos funcionarios quienes, en mayo de 1977, presentaron el Plan de Desarrollo Ganadero del Oeste, ocasión en la que el ministro planteó que desarrollar esa zona constituía una “antigua aspiración pampeana” que permitía “extender la frontera agropecuaria” e integrar un espacio que hasta entonces era “un cono de sombra entre otras zonas desarrolladas”. El Plan comprendía un área de ocho millones de hectáreas e incluía cuatro subproyectos: el de desarrollo de la empresa agropecuaria, el de recursos tecnológicos, el de empresarios prestatarios de servicios y el de penetración vial^[37].

Meses después, Aguirre Arrieta informó que para el “lanzamiento integral” del Plan estaba asegurado el apoyo crediticio a productores. Para ello se firmó un convenio entre el Banco de la Nación y el Banco de La Pampa que preveía la entrega de 400 millones de pesos nuevos de la primera a la segunda institución^[38]. Además, se apoyaba también en préstamos del Fondo Federal de Inversiones que manejaba el CFI y el Banco de La Pampa destinaba para ello los recursos financieros emergentes de la capitalización de las utilidades que correspondían al capital oficial en los ejercicios económicos de 1977 hasta 1980^[39]. Desde luego, al concluir su etapa en la gobernación, este militar hizo un racconto de los resultados alcanzados y, entre otras cosas, mencionó la concreción del Plan, la expansión del servicio de “asesoramiento técnico” mediante agronomías y veterinarias departamentales y la finalización del llamado Plan de Suelos y Vegetación, cuyo resultado fue la Carta de Suelos y Vegetación de la Provincia de La Pampa, que en enero de 1978 se había terminado^[40]. Quien lo sucedió, Julio C. Etchegoyen (de noviembre de 1978 a abril de 1981), continuó en la misma línea, aunque resulta evidente que a partir de entonces las intenciones oficiales para favorecer las potenciales inversiones en la provincia adquirieron un lugar más notorio. Con la llegada de Telleriarte a la cartera de Economía y Asuntos Agrarios, no obstante, se produjo una renovación en la SAA y al frente de ella quedó el productor agropecuario Heraldo Bagliani, pero Etchegoyen se ocupaba de aclarar a la prensa que ello no alteraría la “continuidad” de las políticas que se habían desplegado, entre ellas el Plan de Desarrollo Ganadero del Oeste^[41].

En ese marco, Dinámica Rural dedicó una edición especial a temas de La Pampa. “Esto recién empieza”, titulaba esa revista la entrevista realizada al gobernador, donde este se explayaba sobre la importancia de “ir ganando el oeste” mediante un Plan que se había convertido “en una realidad” y de reactivar el “viejo proyecto” de agricultura bajo riego en Colonia 25 de Mayo. Y agregaba, además, que no se podía “apostar todo a una sola actividad”, puesto que consideraba que “el surgimiento de industrias puede significar un cambio radical para la provincia”^[42]. Por cierto, a los pocos meses se inauguró el primer frigorífico en La Pampa, perteneciente a la firma Carnes Pampeanas S. A.^[43] Esto último representaba, según el diario La Arena, la concreción de aspiraciones “postergadas por casi treinta años en poder llegar a una concreta y total realización”^[44].

El ministro Telleriarte, a su vez, destacaba la importancia de aquellas inversiones tendientes a la diversificación de la producción local y la significación de los créditos indexados a valor producto, y se mostraba bastante optimista en que las medidas aplicadas por la gestión contribuirían a frenar la caída de la población en la provincia, una problemática que había comenzado hacía décadas; por eso apostaban a crear fuentes de trabajo^[45]. Para ello, era clave no solo fomentar la inversión, sino además hacer el agro más productivo y agregarles valor a esos productos. El Plan dejó luego de ser exclusivo para el oeste y comprendía casi toda la provincia, y el destino de los créditos contemplaba rubros como electrificación rural, construcción de vivienda rural, de silos, galpones, tinglados, desmontes, picadas, compra de vientres y hasta telefonía rural. El campo pampeano “durante mucho tiempo fue una inversión inmobiliaria”, agregaba el ministro, y debía “convertirse en una unidad de producción” debido a que era aún la principal fuente económica de la provincia.

Además de la mencionada Carta de Suelos y Vegetación, en 1980 se publicó el Inventario integrado de los recursos naturales de la Provincia de La Pampa, trabajo en el que intervinieron el gobierno provincial, el INTA y la UNLPam, y cuya elaboración se había comenzado a pensar en la década anterior. La obra constituía una evaluación de las riquezas naturales –como así también del potencial productivo– de La Pampa y era de gran utilidad para hacer una proyección económica de sus recursos. Sin embargo, ya a comienzos de 1981 Bagliani anunciaba que se pensaba en “completar” el Inventario^[46], a la vez que desde ciertos sectores se insistía en que no eran suficientes los estudios sobre clima y los relevamientos edafológicos e hidrológicos en el oeste, con lo cual esa obra era muy “pretenciosa” y merecía “serios reparos”^[47]. Esto ponía en evidencia lo esquivas que resultaban las capacidades estatales en cuanto a la obtención de información básica sobre los recursos existentes, hecho que impactaba de manera negativa en la proyección de políticas públicas. Ese mismo año, con el objetivo de incrementar la producción de carne en los departamentos de Chalileo, Chical Co, Puelén, Curacó y Limay Mahuida, el gobierno de la provincia creó el Centro de Mejoramiento Caprino (CMC), que dependía del Departamento de Producción Animal de la Dirección de Ganadería. Mediante este CMC se pretendía obtener reproductores seleccionados a fin de venderlos a precios de fomento entre los productores de la zona y que pudieran cruzarlos con animales criollos^[48]. Además, para integrar ese espacio de La Pampa, en 1980 se habilitó el último tramo de la ruta provincial n.° 21, que unía 25 de Mayo con el este pampeano; por ello, una revista local planteaba que “el oeste dejó de ser inalcanzable”^[49].

En abril de 1981 Telleriarte asumió como gobernador civil, y a los pocos días la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa (AAGLP) decía estar “expectante” y hacía pública su preocupación por la postergación de anuncios sobre las políticas del gobierno nacional con respecto el sector agropecuario^[50]. En 1982, la Comisión de Enlace de Sociedades Rurales de La Pampa se mostraba preocupada por las cargas impositivas y advertían que la recuperación del sector era “solo aparente”, porque el incremento del precio de los productos no alcanzaba para cubrir el déficit y, en un contexto de endeudamiento, la presión tributaria conducía “a una situación crítica” (los cuestionamientos de la CARBAP en torno a las cargas impositivas hacia el sector se remontaban a 1980, cuando se lo plantearon al propio Etchegoyen)^[51]. Un tema considerado “muy grave” era la disminución de la existencia de vacunos en la provincia. Un productor manifestó que “en otros años hubo leyes de promoción del oeste, pero ahora tiende a despoblarse otra vez, a producirse otro éxodo como el del año 40 o 45”^[52]. Durante la exposición organizada en 1982, el presidente de la AAGLP señalaba que el sector había soportado los efectos de la inflación, la presión tributaria y la voracidad financiera, y que padecían un “dirigismo” que condicionaba sus ingresos y rentabilidad, al extremo de la “casi total paralización de las empresas agropecuarias”^[53].

Además, a esa altura circulaban explícitas críticas al gobierno provincial. En la prensa, advertían: “Tal vez a esta altura del partido no sea razonable exigir del gobierno, en el escaso tiempo que le queda, que normalice el Ente Provincial del Río Colorado ‘con gente de La Pampa’ como prometió pomposamente”, pero la sociedad no podía mantenerse indiferente ante “el caos imperante en el principal organismo ejecutor de la política hídrica provincial”. Era preciso insistir, asimismo, “en el trazado y ejecución de un Plan Director para el extremo oeste que incluya, por ejemplo, el ensayo piloto en Agua de Torres, ignorado hoy como posibilidad de utilización de acuíferos en la meseta basáltica”^[54]. Por su parte, los sectores políticos también opinaban, como lo hicieron por ejemplo los dirigentes del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que, después de visitar Árbol Solo y Paso de los Algarrobos, planteaban: “Para esta alejada región, el Plan de Desarrollo del Oeste es casi la letra muerta de los anuncios oficiales, no hay aquí resultados visibles y sabemos de cuántos productores han quedado atrapados en créditos que no podrán pagar”^[55]. Elocuente resultaba el cuestionamiento: las iniciativas productivas para el oeste no lograban cumplir las expectativas en términos económicos, sociales ni políticos. Las medidas orientadas al agro que propuso Marín en su primera gestión se inscriben en esa coyuntura, pero no pueden analizarse sin tener en cuenta las iniciativas (y limitaciones) estatales y los temas que incluía la agenda pública desde las décadas previas.

Las propuestas para el sector agropecuario entre 1983 y 1987

Como vimos en la extensa cita al inicio del trabajo, Marín al asumir apostaba al fomento de la diversificación productiva en La Pampa, un tema que no era nuevo, como se desprende del apartado anterior, ya que había ocupado la atención de otras gestiones, ya fuera en contextos democráticos o dictatoriales. El crédito y la política impositiva tenían que contribuir a ese objetivo, especialmente para alcanzar la integración vertical del proceso productivo. Las medidas propuestas se concentraban en el largo plazo, sin duda a raíz del complejo panorama socioeconómico que dejaba la dictadura, según vimos a partir de las críticas de diversos sectores políticos en el ocaso de esa oscura etapa histórica. En tal sentido, el gobernador peronista proponía acciones para lograr, hacia finales del siglo xx, que la provincia desarrolle todas sus “potencialidades”. Una de las problemáticas que destacaba era que el sector industrial se encontraba “retrasado” a causa de “la falta de oportunidades para la inversión y la reinversión”, que actuaba en perjuicio dada la salida de materia prima con poca o ninguna elaboración. Por tal razón, se planteaba “la industrialización integral de los insumos primaros más abundantes”, iniciativa que en un primer momento debía revitalizar las industrias instaladas y, posteriormente, fomentar la creación de otras nuevas. Estas últimas, a su vez, debían radicarse “fuera de los grandes centros” a fin de “no reproducir fenómenos de macrodeformación urbana con territorios despoblados”^[56].

Esto último era novedoso en cierta medida, pero en realidad, como ya tratamos, la industrialización de bienes primarios había tenido un papel destacado en la agenda de los gobiernos en las décadas previas^[57]. Lo mismo ocurría con el impulso de la minería, sector para el que Marín proponía crear infraestructura, promover su industrialización e incentivar la investigación y prospección de recursos mineros. Aunque reconocía en ese discurso de asunción que eso llevaría tiempo, anhelaba que hacia el 2000 La Pampa fuera “una provincia agro-industrial-minera”^[58]. Resultan elocuentes las similitudes entre esta iniciativa y las de Amit en la década del sesenta, un gobernador que en ese sentido fue original en el espacio provincial, aunque desde luego no resultan equiparables los contextos políticos e ideológicos en los que actuaron. Por cierto, como abordaremos más adelante, Amit fue justamente uno de los políticos que revisó durante las postrimerías del siglo xx los avances y las deudas de la provincia en ese sentido.

En lo que respecta puntualmente al sector agropecuario, y teniendo en cuenta el rol de este último en la economía provincial aún en los años ochenta, Marín planteaba la relevancia de definir una política “estable” y que considere el “corto, mediano y largo plazo”. La propuesta entonces era incrementar (además de diversificar) la producción y alentar producciones intensivas, así como también avanzar en cuanto al desarrollo del oeste con el fin de “ampliar nuestras fronteras agropecuarias e integrar efectivamente dicho territorio a nuestra provincia”. Para ello se aceleraría “el desarrollo de unidades experimentales para obtener nuevas técnicas a aplicar en zonas semiáridas”. Había a su vez cuestiones generales para resolver, como analizar el régimen de tenencia de la tierra e incrementar la capacidad de almacenamiento de granos, y otras más puntuales como el incentivo para que se foresten predios privados. Pero sin duda el oeste aparecía, una vez más, con un peso específico en la agenda de la novel gestión, y por eso la intervención oficial en materia vial apuntaba a integrar el oeste y sudoeste de la provincia para lograr el “desarrollo armónico” de dichos espacios y garantizar así el acceso a los principales mercados. Por ese mismo motivo, afirmaba que se pretendía recomponer “el marco legal para la implementación de planes, obras y acciones” que permitirían el efectivo desarrollo de los recursos hídricos, además promoverían la normalización orgánica del Ente Provincial del Río Colorado, reactivarían las acciones tendientes a la creación del comité de cuencas del Sistema Desaguadero-Salado-Chadileuvú y prometía esfuerzos en la defensa de los intereses pampeanos sobre el río Atuel^[59], todos temas que se vinculaban estrechamente con la producción agropecuaria y la expansión de la frontera productiva.

Otras investigaciones ya han dado cuenta de las iniciativas del gobierno en lo que refiere a educación, obras públicas y la cuestión hídrica. En cuanto a estas últimas, se destacan por ejemplo la construcción de tramos de la ruta 10 –que permitía conectar el oeste–, el inicio de la segunda etapa del proyecto (que se elaboró en 1960) denominado Central Hidroeléctrica Tapera de Avendaño y la demanda judicial por el uso unilateral del río Atuel por parte de Mendoza ante la Corte Suprema, cuyo fallo en 1987 dispuso la interprovincialidad de dicho río (Zink, Moroni, Asquini y Folco, 2011, pp. 111-112). Sin embargo, se ha indagado poco en el perfil de los funcionarios de esta primera gestión, y aquí comenzamos a indagar (ya que no haremos un análisis de trayectorias) en los del área de Asuntos Agrarios. Quien se hizo cargo del Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios fue el contador público Oscar Mario Jorge, egresado de la Universidad de La Pampa en 1966, docente en esa casa de estudios y contador general de la provincia entre 1973 y 1979^[60]. Como subsecretario de Asuntos Agrarios asumió el ingeniero agrónomo Jorge A. Rodríguez^[61]; en la Dirección de Agricultura, el ingeniero agrónomo Néstor Alcala; en la de Recursos Naturales Renovables, el veterinario Juan Isequilla; en la de Economía Agropecuaria, el ingeniero agrónomo Alberto Martín; en la de Ganadería, el veterinario Carlos Medrano; en la de Tierras Fiscales, Juan José G. Tindiglia.

A menos de un año de asumir, Marín y sus principales funcionarios asistieron a la exposición de la AAGLP. El presidente de la entidad, José Souto, dijo en esa ocasión que continuarían ejerciendo “el derecho al disenso cuando así se justifique dentro de una necesaria convivencia constructiva” y que no advertían “cambios sustanciales” en lo referido a la presión tributaria que afectaba al sector, por eso cuestionaba el “dirigismo” que condicionaba sus ingresos y rentabilidad, temáticas que ya habían estado presentes en discursos previos, como dio cuenta el capítulo de Gregoire en esta obra. Además, reconocía que la “pesada carga” que recibía el actual gobierno impedía “resultados de corto plazo”, e instaba al gobernador a “ir elaborando planes futuros que dejen entrever a qué reglas de juego deberemos adaptarnos para canalizar nuestros esfuerzos”. Por su parte, Marín destacó algunas tareas del gobierno en pos del sector, por ejemplo la creación de la Comisión Permanente de Almacenamiento y Transporte de Granos, la reactivación del Consejo de Tecnología Agropecuaria (que se había creado en 1980), el convenio con la Subsecretaría de Agricultura de la Nación para la fiscalización de frutas y hortalizas cuyo destino era el mercado central de Buenos Aires, la planta de frigoempaque que se estaba construyendo en 25 de Mayo, la construcción de un laboratorio veterinario-agronómico en el CMC de Santa Isabel y el estudio de factibilidad comenzado con el CFI para la construcción de un frigorífico de caprinos en esa misma localidad. Antes de finalizar, planteó que el impuesto inmobiliario en la provincia era “uno de los más bajos”, que el Banco de La Pampa tendría nuevas líneas de crédito destinadas a siembra de granos gruesos, control de plagas, compra de reproductores bovinos, ovinos y porcinos, siembra de pasto llorón en el centro-oeste provincial y que la entidad bancaria permitiría la cancelación de los préstamos indexados al valor de la producción, siempre que se hubieran llevado a cabo las inversiones previstas^[62]. En efecto, poco después el ministro Jorge y el presidente del Directorio del Banco de La Pampa (el exgobernador Ananía) firmaron los convenios al respecto.

En 1984 reapareció Agro Pampeano, revista de la que se habían publicado unos pocos números en 1955, justamente durante la gestión de Ananía. Esta nueva edición de la SAA se asumía como heredera de la anterior, y en el primer editorial señalaban que compartían “la misma fe y esperanza que tuvieron aquellos políticos y funcionarios”, a pesar de que le tocaba a la nueva gestión afrontar “una de las crisis más desafiante y grave de la historia de nuestro país”^[63]. En ese primer número, incluyeron notas sobre temas como la subdivisión de la tierra, la producción de trigo en La Pampa, el almacenaje y comercialización de cereales, la relevancia del barbecho para captar el agua de lluvia, las mejores especies forestales para la provincia, el establecimiento del cultivo de pasto llorón y el mejoramiento caprino en el oeste. Algunos se convirtieron en verdaderos tópicos en las ediciones siguientes, entre los que se destacan por ejemplo los beneficios del pasto llorón, las tareas realizadas en la Estación de Forrajeras Nativas de Victorica, las actividades forestales en La Pampa y las iniciativas oficiales en el oeste, ya sea vinculadas a producción caprina, manejo de pastizales o transferencia de tecnología. En muchos aspectos, se volvía sobre cuestiones agropecuarias que habían sido centrales en las décadas previas, como por ejemplo el establecimiento del pasto llorón. En este caso, tal como indicábamos antes, el rol del sector privado en cuanto al asesoramiento técnico resulta evidente, ya que la primera nota al respecto fue elaborada conjuntamente por la SAA, el INTA, la Facultad de Agronomía local y AACREA^[64]. Otra iniciativa de la SAA en materia de extensión fue el espacio radial denominado Pregón agropecuario, que se emitía el sábado a la mañana en LRA 3 Radio Nacional y LU 37 Radio General Pico^[65].

El CMC, que se había creado durante la dictadura, orientaba su labor a la mejora de la producción caprina, ganado que tenía enorme relevancia en la economía de la zona oeste por su adaptabilidad al medio árido. Allí estaba difundida la raza criolla y, al no incorporarse nuevas corrientes de sangre, se había producido una consanguinidad que causó el descenso de las aptitudes productivas. Por eso, ya en la década previa, se quería introducir la raza anglo nubian, que era de doble propósito (carne y leche). Para poder llevar a cabo su labor, el CMC contaba con 2500 hectáreas y un plantel de 63 hembras y dos machos puros de pedigree, así como algunos otros machos que estaban distribuidos entre los productores de la zona para incentivar las cruzas. Esto último era importante a criterio de los técnicos, ya que por ejemplo las hembras cruza habían llegado a los 36 kilos, mientras que las criollas no superaban los 20 kilos hasta los primeros seis meses de edad^[66]. La creación del laboratorio veterinario agronómico en el CMC pretendía a su vez incrementar las capacidades de extensión en materia caprina con el fin de expandir la frontera agropecuaria.

En cuanto a la significación del oeste en el plano productivo, Alcala destacaba el programa de apoyo tecnológico del gobierno provincial para intervenir en ese extenso espacio (más de 9.000.000 de hectáreas), que se caracterizaba por las condiciones de aridez y semiaridez, y donde la producción ganadera se circunscribía a la cría de vacunos, ovinos y caprinos y la agricultura forrajera era incipiente. Por ello, hacía hincapié en el papel de los técnicos estatales en Santa Isabel, 25 de Mayo, Limay Mahuida, Puelches, Chacharramendi, Cuchillo Co, La Adela y Victorica, así como en el apoyo que recibían del CMC y la Estación de Forrajeras Nativas de Victorica. De esta manera, se pretendía lograr una mayor eficiencia en niveles de producción, el mantenimiento de los recursos naturales y la mejora en las condiciones de vida de la familia agropecuaria^[67]. Por ejemplo, esta última institución había realizado ensayos con pasto llorón, un forraje que ya en las décadas previas se había extendido en el este provincial, y mostraba adaptabilidad a la zona en condiciones de escasa humedad, en especial la variedad Ermelo, que presentaba una productividad mayor que la otra que se había sembrado (Tanganyka)^[68].

La oposición en la Cámara de Diputados impidió al oficialismo concretar otra de las iniciativas que había impulsado, como por ejemplo la sanción de la ley que gravaba las tierras improductivas (fijaba la producción anual mínima de cada explotación). Los opositores más tajantes fueron el MoFePa y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID); sin embargo, el radicalismo también lo rechazó y el bloque peronista quedó solo sustentando el proyecto^[69]. Asimismo, el año 1985 fue complejo, ya que el propio Marín recuerda que debió declararse la emergencia agropecuaria debido a las inundaciones en el oeste y noreste a raíz del desborde de los ríos Salado y Quinto, respectivamente, con lo que eso implicaba en pérdidas productivas. Entre las concreciones que se destacan en el período, se pueden mencionar el Plan de Erradicación de Ranchos –que comenzó en 1984 (y permitió que en zonas rurales también se construyeran viviendas)– y el comienzo de las actividades entre 1985 y 1986 de los frigoríficos de bovinos en Toay, Santa Rosa, La Adela y General Acha, a los que se sumaba el frigorífico de vizcachas en 25 de Mayo y el inicio de la producción de aceite y alimentos balanceados en Catriló (Ferrari, 2013, pp. 73-88). En esta última localidad se creó también una granja piloto que tenía por objeto ofrecer alternativas productivas para hacer más rentables las explotaciones^[70].

En lo que respecta a sanidad del ganado, fomento de la lechería y regulación de la producción apícola también existieron iniciativas desde el inicio de la gestión^[71], pero quizá las que mayor relevancia tuvieron en los medios locales fueron las de 25 de Mayo. A comienzos de 1985 se inauguró la planta de frigoempaque en 25 de Mayo, en cuya construcción fue importante el accionar del Ente Provincial del Río Colorado, y que sería explotada por la Cooperativa Comahue de Productores de Fruta y Hortalizas del sudoeste Pampeano Lda.^[72] Desde el Ente se planteaba que se estaban “produciendo hechos positivos” para los colonos, ya que debían solucionar las dificultades que tenían para colocar sus productos “a precios reales, comunes y corrientes”. El envío regular de mercadería al mercado central de Buenos Aires y la exportación a través del puerto de San Antonio Oeste parecían mostrar resultados satisfactorios, a la vez que evidenciaban las “óptimas condiciones de integración pampeano-patagónicas”. Al informar sobre esas cuestiones, La Arena titulaba: “Hitos del desarrollo y la integración de La Pampa”^[73]. Tal como se desprende de estos planteos, el gobierno provincial apostaba a la integración con provincias del sur argentino, como afirmaban los funcionarios en sus publicaciones al destacar el papel del sector agropecuario en ese sentido^[74]. A su vez, en la reunión entre funcionarios e integrantes del Ente llevada a cabo con motivo de dicha inauguración, Marín manifestó la necesidad de avanzar en el abastecimiento del mercado interno provincial con frutas pampeanas^[75].

Sin embargo, aunque como veremos en el apartado siguiente el despliegue de las agencias y dependencias de la SAA era significativo en comparación con las décadas previas, en un plano el rol de los sectores privados era más preeminente que el estatal ya desde hacía tiempo: en la difusión de tecnología. Durante la última dictadura, por ejemplo, los grupos CREA habían adquirido mayor expansión en la provincia y el gobierno firmó convenios con la AACREA, situación que acrecentó notablemente su importancia en lo que refiere a transferencia de tecnología y asesoramiento en la organización empresarial de los productores. A ello se le suma, como analizamos en otros trabajos, el traspaso de algunas agronomías departamentales al INTA, en una clara tendencia al retiro parcial del Estado provincial en la gestión de dichas funciones (Martocci, 2017a). Desde hacía años, por ejemplo, la AAGLP se ocupaba de vender los Cuadernillos de actualización técnica que editaba la AACREA^[76]. Pero otro dato resulta significativo: en 1980 fue publicado el Manual del productor agropecuario de la región subhúmeda y semiárida pampeana, cuya primera versión editó la firma consignataria Colombo y Magliano S. A., y lo más relevante no es solo la intervención del sector privado en su publicación, sino además la participación de los técnicos de la AACREA junto con especialistas del INTA en su elaboración^[77].

Muestra del papel asumido por el sector privado en ese sentido es también la realización, en 1985, de la Primera Exposición Tecnológica para el Progreso del Agro pampeano, organizada por la empresa Anahí Ruca S. A., a la que asistió Manuel Baladrón como vicegobernador. Según sus palabras, el evento era un ejemplo de cuál era “el espíritu del empresariado privado, del empresariado pampeano, más allá de la crisis que vive el sector”. Por eso, agregaba: “Con la misma fuerza con que vimos trabajar a las máquinas es como debemos encarar este desafío”, ya que la crisis afectaba al agro, pero también a otros sectores^[78]. En ese contexto, el presidente de la Corporación Industrial, Comercial, Agropecuaria Regional (CICAR), de General Pico, planteaba que eventos como el organizado por Anahí Ruca S. A. evidenciaban que “no habrá desarrollo sostenido y de importancia en nuestro país si no aceptamos que es la empresa privada la forma más práctica y eficiente para acometer la actividad productiva”. Por ello, era el Estado quien debía “entender y aceptar que el rol más importante que a él le compete no es precisamente el de producir”, ya que su misión era “alentar con políticas adecuadas, créditos accesibles y medidas de promoción” las inquietudes de aquellos dispuestos a asumir “el riesgo empresario”^[79].

Si bien la economía desde hacía tiempo ya desvelaba a la gestión de Alfonsín, es a partir de 1985 (año en el que se presentó el Plan Austral) que la inflación y el déficit fiscal se convirtieron en el centro de las preocupaciones del gobierno nacional, tal como se desprende de los planteos del ministro de Economía Juan Sourrouille, situación que se complejizó con el curso de los años y, hacia 1987-1988, mostró la incapacidad de la gestión de Alfonsín para asegurar el crecimiento sostenido de la economía y contener la espiral inflacionaria y el desequilibrio de las cuentas públicas (Ortiz y Schorr, 2006, pp. 296-298). El descontento de algunos sectores, desde luego, se hacía manifiesto en dicha coyuntura, y La Pampa no era la excepción. Por ese entonces los pequeños productores nucleados en cooperativas solicitaban a los gobiernos nacional y provincial, entre otras cosas, que instrumentaran una refinanciación para aquellas que estaban endeudadas y que definieran “un sistema tributario compatible con la rentabilidad de la explotación agraria” y resuelvieran “un cambio total en el rumbo económico para aumentar la participación de las economías regionales”. Por su parte, las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) convocó a un paro por 48 horas, en tanto el presidente de la entidad afirmaba que “esta política económica es la misma del proceso (militar)”^[80].

Casi al finalizar la primera gestión de Marín, el director de agricultura planteaba que desde 1983 La Pampa había afrontado un conjunto de “fenómenos adversos” que la afectaban, entre los que destacaba los incendios en el centro y oeste, las inundaciones en este último por los derrames de los ríos Atuel, Salado y Chadileuvú, al igual que las generadas en el este por desbordes del río Quinto y el incremento de las precipitaciones (ese tema era abordado incluso en Agro Pampeano)^[81], así como también las sequías en el sur, las heladas tardías en 25 de Mayo y la caída de granizo en diferentes lugares de la zona oriental de la provincia. Esa situación desde ya había incidido negativamente en la producción agropecuaria y, por consecuencia, en la rentabilidad de las explotaciones. Sin embargo, a su criterio, el gobierno nacional no había contribuido a paliar la situación, pese a que La Pampa (y además otras provincias) no necesitaba “promesas incumplidas”, sino “hechos acordes con la madurez social de nuestra comunidad, para que esa indiferencia de los tecnócratas de Buenos Aires no se convierta en el peor de los fenómenos adversos”^[82]. Desde luego, el panorama nacional incidía en las posibilidades del gobierno provincial e impedía afrontar algunas acciones que pretendían paliar las problemáticas vigentes, pero las críticas de algunos sectores y ciertos indicadores dan cuenta al mismo tiempo de las propias limitaciones que afrontó la instancia estatal en La Pampa. Veamos brevemente estas cuestiones.

El Estado y sus limitaciones

Sin duda, si se compara el despliegue de las agencias de la SAA en la provincia entre fines de los años sesenta (iniciativas de Amit y creación del SEyFA mediante) y el último tercio de la década del ochenta, es notorio el avance de las capacidades estatales en el plano técnico-administrativo, en especial las que permitían brindar servicios a los productores a través de la experimentación y la extensión, como se observa en mapas de confección oficial (el de 1987 incluye solo los servicios de la Dirección de Ganadería, no los de toda la SAA).

Mapas N.° 1 y 2. Localización de los servicios de la SAA (1968 y 1987)

Fuente: Subsecretaría de Asuntos Agrarios. Memoria 1968 (1970, s/n) y Agro Pampeano, n.° 8, 1987, p. 30.

A diferencia de lo que ocurría en 1968, a fines de la primera gestión marinista casi todos los departamentos del oeste contaban con agencias estatales. En Chalileo, por ejemplo, tuvo continuidad el CMC y se creó, como complemento, el Laboratorio Regional de Diagnósticos Veterinarios, iniciativas que pretendían mejorar la producción caprina en el occidente pampeano. Sin embargo, los resultados no eran auspiciosos, ya que en 1983 dicho ganado en La Pampa alcanzaba las 105.894 cabezas, mientras que en 1988, según el Censo Nacional Agropecuario, la provincia apenas alcanzaba los 69.707 caprinos^[83]. Para entonces, la existencia en los Departamentos Lihuel Calel, Chical Co, Chalileo, Puelén, Curacó, Limay Mahuida, Caleu Caleu y la parte occidental de Utracán no era la esperada, razón por la cual en la gestión del sucesor de Marín se haría hincapié una vez más en ese sentido. Como se puede advertir en el mapa siguiente, ese era el área que estaba afectada al proyecto titulado “Desarrollo de la producción caprina”, que tenía por objetivo mejorar el nivel socioeconómico de las poblaciones rurales del oeste a través del incremento de la producción caprina, en un marco en el que casi el 100 % de las explotaciones ganaderas de la zona se dedicaba a esa especie.

Mapa N.° 3. Área del proyecto “Desarrollo de la producción caprina” (1988).

Fuente: Agro Pampeano, n.° 14, 1988, p. 30.

Era tal la importancia que tenía el caprino en dicha zona que para ese momento las cabezas existentes en los Departamentos Chical Co y Puelén representaban el 44 % del total provincial y el 62 % del ganado caprino en el área del mencionado proyecto^[84]. Es en ese marco en el que Alcala, entonces a cargo del recientemente creado Ministerio de Asuntos Agrarios, planteaba que desde el gobierno harían “un gran esfuerzo con el fin de aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida del pampeano radicado en el oeste, de ese oeste que tanto han declamado pero que tan poco conocen y asisten”^[85]. El proyecto que mencionamos arriba apuntaba en ese sentido, con lo cual era evidente que los resultados alcanzados previamente habían resultado esquivos. Si bien escapa a este trabajo, cabe agregar que al mandatario que lo reemplazó a Marín, según recuerda este último, le tocaron “tiempos muy duros”, signados por la crítica situación del gobierno nacional y la hiperinflación (Ferrari, 2013, pp. 96-97). Podría pensarse, entonces, que las líneas de acción que el peronismo pampeano implementó entre fines de los años ochenta e inicios de los noventa en la materia se vieron perjudicadas por el contexto general del país, un tema que sin embargo deberá ser retomado en futuros análisis.

Asimismo, las críticas de otros sectores evidencian temáticas que permanecían irresueltas. En 1988, la Fundación Chadileuvú inició desde su revista la “primera ronda” de consultas a los partidos políticos sobre temas de política hídrica. Una de ellas tenía por objetivo debatir sobre la opinión de algunos sectores que planteaban que la zona de Colonia 25 de Mayo era “un monstruito” que consumía “inútilmente” parte considerable del presupuesto provincial. Las otras apuntaban al carácter “ingenuo” de los reclamos pampeanos ante Mendoza, a las medidas que se podrían tomar para reclamar por los derechos sobre el Atuel y a los intereses que estaban detrás del conflicto decenario. Los primeros en responder fueron el Partido Intransigente (PI) y el MID. En ambos casos, opinaron en contra del argumento esbozado en la primera pregunta, pero mientras que el PI insistía en que 25 de Mayo era “una de las pocas alternativas más o menos inmediata de expansión económica” y destacaba la “errática política de los gobierno de facto” en ese sentido, el MID era más crítico: destacaba las propuestas partidarias y aseveraba que el aprovechamiento del río Colorado se continuaba “atrasando”. Si bien la construcción de Casa de Piedra había seguido adelante, Eloy Traba respondía que “estamos en falencia respecto de 25 de Mayo y Tapera de Avendaño”, y cuestionaba la carencia de recursos que se habían destinado por parte del gobierno provincial y nacional^[86]. Al parecer, luego de varias décadas de intentar expandir la frontera productiva e incentivar la agricultura bajo riego en el sudoeste provincial, aún el gobierno no lograba cubrir las expectativas de los diferentes sectores pampeanos al respecto.

Como ya vimos, se había avanzado en acciones conjuntas con el Ente Provincial del Río Colorado, por ejemplo a partir de la creación de la planta de frigoempaque en 25 de Mayo. A su vez, se llevaron a cabo experiencias concretas para favorecer líneas de cultivos con escaso desarrollo en áreas regadas del país, como el maíz bajo riego con fertilización nitrogenada. Esos ensayos, en los que intervinieron técnicos del Ente pero también docentes de la Facultad de Agronomía de la UNLPam, arrojaron resultados en los que el maíz aparecía como un cultivo apto para la zona y con potencial rendimiento si se practicaba la fertilización^[87]. Esto se inscribía, como advirtió Juan José Michelini, en las acciones para diversificar la producción bajo riego a fin de evitar el monocultivo frutícola e incentivar una adecuada rotación entre producción hortícola, cerealera y ganadera. Sin embargo, como también destaca ese autor, el período 1983-1989 se caracterizó por un retorno (desde el plano discursivo) a la idea del “fin social” de la colonización, aunque en la práctica se notaban “los imperativos de una mayor eficiencia y productividad impuesta por la dinámica del sector frutícola y la falta de capacidad para establecer reglas claras de interacción con los actores privados en el área” (Michelini, 2010, p. 287). Esto ponía de manifiesto las contradicciones internas de las políticas públicas en la zona, a la vez que explicaba la modificación del perfil de los colonos, ya que la capacidad empresarial adquiría cada vez mayor relevancia.

Si en lo que respecta a las iniciativas para ampliar la frontera productiva resultan evidentes las limitaciones estatales a fines de la década del ochenta, ocurría algo similar en cuanto a la diversificación de la estructura productiva, un tema que, según vimos, tenía una extensa (y esquiva) historia en la región. Ejemplo de ello son las palabras de Amit, gobernador que tempranamente planteó esa cuestión a fines de los años cincuenta. En un libro publicado a inicios de la década del noventa afirmaba:

La causa principal de nuestro estancamiento es haber desarrollado nuestra existencia secular, dependiendo exclusivamente de una sola fuente: la producción agropecuaria […]. Esa permanente e invariable inclinación determinó que fuéramos perdiendo posiciones en la categoría de valores en el orden nacional, habiendo quedado relegados a los últimos lugares (Amit, 1993).

Por ello, según entendía, La Pampa estaba “detenida en su crecimiento”. Y para ejemplificar comparaba el incremento poblacional de algunas provincias que habían sido territorios nacionales: para 1991, con relación al censo de 1980, La Pampa había crecido un 24 %, en tanto Neuquén lo había hecho en un 58,1 %, Santa Cruz en un 39 %, Río Negro en un 32,1 %, Tierra del Fuego en un 153,9 %, Formosa en un 28,6 % y Misiones en un 32,3 %, según las cifras que ofrecía^[88]. Aunque destacaba ciertas acciones, como por ejemplo la instalación de varios frigoríficos, era claro que el planteo abonaba, una vez más, una evaluación negativa de la realidad pampeana hacia fines del siglo xx.

La lectura de Amit, un hombre vinculado con la intransigencia radical y, luego, con el MoFePa (partido político estrechamente asociado con las gestiones durante la última dictadura), se sumaba de ese modo a la de otros sectores políticos que evaluaban de manera contemporánea al primer marinismo e identificaban algunas falencias. Entre las que identificamos en este estudio preliminar, se advierten algunas de las limitaciones estatales que, paradójicamente, las políticas públicas habían pretendido revertir.

A modo de cierre

En las páginas de este trabajo se procuró abordar, de manera inicial, un período breve de la historia provincial que, no obstante, representa un punto clave para explicar las políticas públicas orientadas al agro (incluso hasta la actualidad). ¿Por qué decimos esto? Podríamos responder al interrogante al menos en dos sentidos. Primero, debido a que los años de la última dictadura habían implicado ciertos cambios en ese plano, con un retiro parcial del Estado provincial en cuanto al despliegue de agencias orientadas al asesoramiento agronómico y, en consonancia con ello, un avance del sector privado en lo que refiere a la orientación técnica de los productores. Con la vuelta de la democracia y el contexto que se abría con el triunfo del peronismo nuevamente en La Pampa, no es menor atender al posicionamiento de las autoridades al respecto. Como pudimos ver, a pesar de las iniciativas estatales en la creación de nuevas dependencias de la SAA (como el Laboratorio Regional de Diagnósticos Veterinarios en Santa Isabel), los actores privados habían adquirido un rol notorio en materia de asesoramiento tecnológico que sería difícil de revertir. Incluso las propias autoridades destacaban esto último, tal como ocurrió durante la Primera Exposición Tecnológica para el Progreso del Agro Pampeano en 1985. Sin embargo, en el oeste el papel del Estado en ese sentido tuvo mayor peso que en otras zonas de La Pampa (aunque sin los resultados que se esperaban). Segundo, porque Marín al asumir en 1983 proyectaba para el mediano y largo plazo, con la mirada puesta casi en el siglo xxi. En ese plano, al colocar el foco en un área específica de las políticas públicas es posible analizar cambios y continuidades en las propuestas, así como también la situación de las capacidades estatales. Al revisar las iniciativas de los mandatarios anteriores para el sector agropecuario, queda claro que el primer marinismo se inserta en un largo devenir en cuanto a las políticas para el agro. A la luz de las décadas previas, entonces, se pueden identificar mejor las limitaciones del primer gobierno de Marín, que en realidad estaban directamente vinculadas con las del Estado desde mediados del siglo xx. Lo interesante de explorar detenidamente la etapa que comienza en 1983, y estas páginas son solo un avance exploratorio, es que permite explicar en qué medida las iniciativas estatales a partir de ese momento favorecieron el desarrollo agropecuario en general.

La propuesta consiste en revisar lo que llamamos el primer marinismo sin hacer tabula rasa, en especial porque el propio Marín se retrotraía a la situación que dejaba la gestión civil de Telleriarte durante los años finales de la dictadura. Pero, a su vez, al abordarlo de este modo permite comparar con las acciones posteriores en lo que refiere al sector en cuestión, ya sea durante la gestión de Néstor Ahuad o las posteriores del propio Marín. Esta sucesión de gobiernos peronistas permitió, a priori, la continuidad de acciones institucionales, una situación que tiene marcadas diferencias con la etapa 1951-1983, ya que la discontinuidad política generada a causa de la alternancia entre gobiernos democráticos y dictaduras obturó el despliegue de políticas públicas en el largo plazo. Ahora bien, ¿la secuencia de gestiones del mismo signo político permitió generar alternativas novedosas en materia agropecuaria? ¿Los años noventa y la política neoliberal menemista acentuaron los cambios que ya se advertían en los ochenta en lo que refiere a la injerencia estatal en extensión? ¿Las políticas implementadas en el oeste pampeano contribuyeron a mejorar la situación de los productores de la región, ya sea de los que se dedicaban a la agricultura, la fruticultura o la ganadería? Desde luego, esas preguntas integran una agenda que requiere nuevas pesquisas, pero para responderlas es necesario comenzar a estudiar detenidamente las propuestas y los resultados concretos de las diversas gestiones. Solo así se podrán comprender mejor las capacidades estatales en La Pampa, una provincia cuya economía dependió fuertemente del sector primario hasta avanzado el siglo xx.

Para concluir, podría decirse que las capacidades “técnico-administrativas” se habían fortalecido, al menos si atendemos al despliegue de agencias de la SAA que a fines de los años ochenta ofrecían servicios específicos. No obstante, en lo que respecta a las capacidades “relacionales” las limitaciones son marcadas. Podemos recordar un ejemplo: los escasos resultados iniciales para el mejoramiento de la producción caprina, situación que explica las nuevas medidas al respecto luego de 1987. Ello pone bien de manifiesto las dificultades para interpelar a un conjunto específico de productores que debían afrontar una compleja realidad ecológica, pese a que el oeste permanecía en la agenda de gobierno desde hacía décadas. Asimismo, los cuestionamientos de diferentes sectores políticos sobre las tareas pendientes en el sudeste pampeano, como también fue advertido gracias a investigaciones previas, apuntan en el mismo sentido. Sin duda, futuros estudios podrán complejizar el panorama esbozado en estas páginas, pero difícilmente se refuten las líneas de continuidad existentes entre las políticas para el agro propuestas en el primer marinismo y las que se plantearon o aplicaron en las décadas precedentes.

Fuentes primarias

Agro Pampeano, serie 1984-1988, Santa Rosa, La Pampa.

Amit, I. (1964). Mensaje del Poder Ejecutivo. Santa Rosa: Dirección de Imprenta y Boletín Oficial.

Amit, I. (1965). Mensaje del Poder Ejecutivo. Santa Rosa: Dirección de Imprenta y Boletín Oficial.

Amit, I. (1993). La Pampa. Año 2000. Santa Rosa: Editorial Extra.

Aubone, G. (1948). Organización de la enseñanza agrícola. Buenos Aires: Editorial El Ateneo.

Cauce. Revista de la Fundación Chadileuvú, n.° 2, junio, 1988, Santa Rosa.

Censo Nacional Agropecuario 1988. Resultados generales (1991). Provincia de La Pampa. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Con todos por la liberación, serie 1973-1975, Santa Rosa, La Pampa.

Cuello, P. (1968). Bases para la ecología del Departamento Chical Co en el extremo oeste pampeano, Biblioteca Pampeana, serie folletos n.º 4. Santa Rosa: Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios.

Dinámica Rural. Edición especial, n.º 143, septiembre, 1980, Buenos Aires.

Duval, M. (1940). Memoria presentada al Superior Gobierno de la Nación 1939-1940. Santa Rosa: Talleres Gráficos de la Gobernación de La Pampa.

Entrevista a Héctor D’ Adam, 10 de diciembre de 2015, Santa Rosa. Realizada por Federico Martocci.

Estadística ganadera 1875-1974 (1976). Santa Rosa: Dirección General de Estadística.

Ipucha Aguerre, J. (1964). “El Instituto de Suelos y Agrotecnia, pionero de la conservación en el país”. IDIA, nº. 13, INTA, pp. 5-10.

La Arena, serie 1976-1985, Santa Rosa, La Pampa.

La Reforma, serie 1985, General Pico, La Pampa.

Manual del productor agropecuario de la región subhúmeda y semiárida pampeana (1980). Primera edición. Buenos Aires: Colombo y Magliano S. A.

Marín, R. H. (1983). Mensaje al pueblo de La Pampa. Santa Rosa: Dirección de Prensa, Subsecretaría de Información Pública de la Provincia de La Pampa.

Memoria anual de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios. Año 1968 (1970). Ministerio de Economía y Obras Públicas. Santa Rosa: Dirección de Imprenta y Boletín Oficial.

Memoria anual de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios. Año 1970 (1971). Ministerio de Economía y Obras Públicas. Santa Rosa: Dirección de Imprenta y Boletín Oficial.

Mi Tierra, serie 1979-1980, Santa Rosa, La Pampa.

Páez, J. (1948). Por La Pampa y sus hombres (dos años de gobierno del Territorio). Santa Rosa: Gobernación de La Pampa.

Regazzoli, A. J. (1974). Mensaje del gobernador Aquiles José Regazzoli ante la H. Legislatura Provincial. Santa Rosa: Consejo Provincial de Difusión.

Semana de La Pampa (1973). Biblioteca Pampeana. Santa Rosa: Consejo Provincial de Difusión.

Trapaglia, A. B. S. (1971). 11 temas para Defensa y Promoción de la Economía de La Pampa. Expuestos por el Gobernador al Presidente de la Nación. Santa Rosa: Consejo Provincial de Difusión.

Trapaglia, A. B. S. (1973). 2 años de gobierno en La Pampa. Santa Rosa: Talleres Gráficos de la División Imprenta, Consejo Provincial de Difusión.

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