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3 Un nuevo ethos militante en América Latina

En el presente capítulo abordaremos los cambios en las matrices subjetivas y en las formas organizativas operados en la militancia de izquierda en el contexto Latinoamericano, en función de analizar el surgimiento de un nuevo ‘ethos militante’ que reconoce sus primeras manifestaciones hacia principios de la década del ’90, para terminar por consolidarse hacia finales del siglo XX en la región.

Al respecto de las mudanzas en los tipos de militancia en América Latina, varios autores han señalado en 1989 el año a partir del cual el ethos militante setentista tendrá un quiebre definitivo, cuando una serie de acontecimientos sociales y políticos marquen el fin de una etapa signada por un tipo de subjetividad política de izquierda, encarnada en las organizaciones políticas y político-militares orientadas a la toma del poder estatal (Massetti, 2009; Romá, 2011). A partir entonces de acontecimientos tales como la derrota del Sandinismo en Nicaragua, de los alzamientos carapintadas, del ataque al cuartel de La Tablada y del ascenso del presidente Carlos Menem en Argentina y, desde luego, de la caída del muro de Berlín, 1989 no solo se convertirá en un año de viraje político, sino que pasará a representar “la debacle de una cultura política y el lento y vacilante nacimiento de nuevas formas de acción social para cambiar el mundo” (Zibechi, 2004: 65).

En ese contexto, principalmente los jóvenes, aunque atañe a todas la generaciones, que transitaron su proceso de socialización política primario durante la década del ‘80 y finales de los ‘90, asistirán a un contexto de crisis del modelo de militancia setentista, a partir del cual se comenzaron a revisar los preceptos básicos sobre los cuales pivoteaba dicho ethos militante, a saber la verticalidad, el pragmatismo, la toma del poder y la disciplina, etc[1].

Así como durante las décadas del ‘60 y ‘70 las experiencias revolucionarias de la guerrilla cubana, del socialismo por la vía democrática en Chile y el triunfo de las insurrecciones populares en países asiáticos, funcionaron de referencia para la constitución de la subjetividad de los militantes locales, durante la década del ‘90 y luego de las desilusiones que produjeron la caída del campo socialista soviético y la crisis del socialismo cubano, nuevas experiencias de resistencias radicales comenzarán a salir a la luz y se propondrán como referencias de construcción política de nuevo tipo, para la generación naciente (Ouviña, 2004). Entre ellas, las más destacadas serán la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sureste de México (Le Bot, 1997), la consolidación del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra del Brasil (Fernandes, 2000), el protagonismo de las organizaciones indígenas-campesinas en Bolivia y Ecuador (Gutiérrez, 2008; Dávalos, 2002) y los movimientos sociales surgidos en el marco del llamado ‘proceso Bolivariano’ en Venezuela (Denis, 2005; Lander, 2006)[2].

Las transformaciones en las subjetividades políticas que terminarán por conformar el nuevo ethos militante se centrarán en dimensiones tales como la autonomía, la territorialidad y la forma asamblearia, transmutándose los sentidos de la toma de decisión, los perfiles tácticos, el capital militante y las orientaciones estratégicas que el código generacional setentista presentaba.

En lo que refiere a la autonomía, además de hacer alusión a una forma organizativa, también está revestida de un planteo estratégico “que remite a la idea de autodeterminación (…) lo que en clave contemporánea quiere decir centralmente reconocimiento de la diversidad y la diferencia” (Svampa, 2010: 12). Abrevando de los desarrollos de Castoriadis, para esta generación se hizo evidente que la dominación capitalista de finales de siglo XX intentó instalar una idea dominante anclada en el ‘fin de la historia’, donde se negaba la posibilidad de “considerar la idea de una eventual caída del capitalismo” (Zizek y Jameson, 2001: 176).

Desde allí, para el nuevo ethos militante y para las organizaciones que por él se componen, resultará central apuntar a las transformaciones subjetivas a partir de la prefiguración de un nuevo orden social no capitalista[3]. En tal sentido, las nuevas experiencias contestatarias al orden dominante que se visibilizan en América Latina a partir de mediados de los ‘90 presentarán rasgos comunes y novedosos entre los cuales se destacan: la construcción política desde la autonomía respecto de organizaciones clásicas como sindicatos, partidos políticos y Estado.

Otra de las dimensiones destacadas de las nuevas estrategias de resistencias y disputas que permearon el reflujo político en que habían caído las organizaciones populares durante la década del ‘80, será la centralidad del territorio. En el capítulo 1 hemos hecho referencia a que la militancia ligada a prácticas de defensa y constitución de territorios específicos fue forjando un tipo de movimientos que, desde la teoría social crítica, se han conceptualizado como ‘socioterritoriales’ (Mançano Fernándes, 2005; Porto-Gonçalves, 2009).

Los movimientos populares verán entonces convertirse el territorio en “posibilidad de organización material y de apuntalamiento simbólico de la identidad colectiva” (Sopransi y Veloso, 2004: 5); siendo que la militancia territorial no se acota en el peso específico que contiene el espacio físico para la disputa del movimiento, sino que cobra un sentido amplio apuntalando, por ejemplo, estructuras organizativas, subjetividades militantes, vida cotidiana de los integrantes de los movimientos, etc. Así, el territorio se constituirá en punto de partida de reclamos en movilizaciones pero también en un puntal definitorio en la constitución de las subjetividades de los militantes que integran dichos movimientos (Svampa, 2010).

De allí que los ‘campos de experimentación social’ a los que hicimos referencia a partir de De Sousa Santos, tuvieron una ligazón muy estrecha con el concepto de territorio en la subjetividad en formación de los militantes del período señalado. El territorio, allende su inscripción espacial, pasó a ser el espacio donde ensayar, crear y re-crear nuevas relaciones sociales prefigurativas del cambio social anhelado, constituyendo un cimiento destacado de la nueva identidad militante.

Los intentos por apuntalar un tipo de organización estructurada a partir de la democracia de base, con asiento en altos niveles de horizontalidad, tendrán en la forma asamblea una dimensión privilegiada. En estos movimientos, la asamblea pasará a vertebrar toda una serie de prácticas militantes que exceden la mera instancia de toma de decisión. La formación política de los militantes, las evaluaciones y caracterizaciones políticas e incluso las movilizaciones callejeras se verán estructuradas a partir de prácticas y dispositivos asamblearios en las militancias emergentes. Se ha destacado recientemente que para el nuevo ethos militante la forma asamblea parece haber constituido todo un ‘lenguaje movilizacional’ (Svampa, 2010). Siguiendo a Colombo (2006), las asambleas conjugan democracia directa, acción directa y desobediencia civil, lo que conlleva una ruptura del orden existente. Teniendo en cuenta las dimensiones expuestas, podemos coincidir con Svampa en que el caso Latinoamericano ha logrado conjugar la

territorialidad, acción directa, difusión de modelos asamblearios y demanda de autonomía (…) configurando un ethos militante, esto es, un conjunto de orientaciones político e ideológicas que configuran la acción colectiva y se expresa a través de nuevos modelos de militancia (Svampa, 2010: 7).

Como dijimos anteriormente, a partir de mediados de la década del ‘90 a lo largo de América Latina una cantidad importante de experiencias de construcción autonómica de fuerte desarrollo y visibilidad, pondrán en evidencia la emergencia de este nuevo ethos. A continuación haremos una breve referencia a tres de las experiencias más destacadas en este sentido: la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del sureste mexicano, la del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) del Brasil, y la de las organizaciones vecinales y campesino-indígenas de Bolivia.

Zapatistas, Sin Tierra e indígenas-campesinos

Luego de levantarse en armas el 1 de Enero de 1994 en el Estado de Chiapas, al sureste de México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional promovió la autoorganización comunitaria de los indígenas mexicanos desestimando la toma del poder estatal y fomentando la construcción social y política en sus comunidades en base. La estrategia de poder del EZLN implicó una autonomía total respecto del Estado y de sector privado mexicanos. Sin recibir subsidios ni recursos por parte del Estado Nacional, las comunidades rebeldes zapatistas se abocaron a la autogestión de sus vidas creando una estructura organizativa que contempla la salud, la alimentación, la educación y la seguridad.

En la actualidad, y transcurridos 18 años desde el levantamiento, el desarrollo zapatista priorizó las mudanzas endógenas a la ampliación de su política en términos ofensivos. El período actual de retraimiento en el que se encuentra el movimiento en los últimos años, que en términos clásicos podría ser leído como de estancamiento, puede entenderse también siguiendo a Melucci (1994) como una etapa de latencia donde el movimiento apuntaría a la consolidación de los cambios objetivos y subjetivos internos de la vida cotidiana en sus comunidades. Algunas de las manifestaciones que comenzaron a emerger por parte de los zapatistas hacia finales de 2012 han sido leídas en este sentido[4].

Por su parte, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) del Brasil es un movimiento que aglutina campesinos, trabajadores rurales sin tierra y desocupados de las periferias urbanas que retornan al campo a través de la ocupación de tierras de latifundistas. Fundado en 1984 a partir de un conjunto de organizaciones de base, entre las que se destacan las Comunidades Eclesiales de Base ligadas a la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica Brasilera, durante la década del ‘90 el MST comenzó a organizar masivas tomas de tierras. Una vez ocupadas las tierras el movimiento se plantea, a partir de la instalación de campamentos, las tareas de ocupar, resistir y producir la tierra (Stédile y Mançano Fernandes, 2005).

En estos campamentos se organiza la producción de la tierra en forma colectivista a partir de núcleos de base que abarcan a la totalidad de los integrantes de las familias acampadas. De esa forma y con un fuerte énfasis en la organización, el movimiento promovió la construcción de cooperativas agrícolas, escuelas de agroecología, escuelas de formación política, etc. A nivel de la subjetividad de sus militantes, la construcción de una militancia arraigada en el territorio cotidianamente deja entrever una práctica prefigurativa de la sociedad que el movimiento pretende. De esa forma el MST logró crecer hasta ser en la actualidad considerado como el movimiento social más grande del mundo, contando con aproximadamente 2 millones de campesinos organizados (Rocchietti, 2002); además, cerca de 17 mil militantes participaron del último Congreso Nacional del movimiento en 2007.

Respecto a su relación con el Estado y su noción de autonomía, el MST ha decidido mantenerse lejano a la participación institucional, focalizándose como dijimos en la construcción de la vida cotidiana en los territorios campesinos. Sin embargo, a diferencia del EZLN, su relación con el Estado brasilero es fluida y recibe fondos por parte de diferentes instancias de los gobiernos nacionales y estaduales, a la vez que defiende su autonomía política. El MST mantiene entonces autonomía respecto de las estructuras partidarias brasileñas y presenta un cúmulo de militancia que hace vida en campamentos y asentamientos.

En lo que refiere a los casos de las organizaciones campesino-indígenas y vecinales de Bolivia, las luchas antineoliberales a partir de 2000, con la guerras del Agua y del Gas como principales referentes, pusieron en escena a un conjunto de organizaciones territoriales que demostraron gran capacidad de confrontación y movilización, sumadas a propuestas organizativas sólidamente establecidas. Las luchas del pueblo boliviano contra empresas privatizadas transnacionales que gestionaban el Agua y el Gas, conllevaron una primera dimensión reivindicativa ligada a la recesión de los contratos a las empresas, pero a la vez también implicaron una acción propositiva: en el caso de la Guerra del Agua en Cochabamba, por ejemplo, se logró expulsar a la empresa Ítalo-Estadounidense “Aguas de Tunari” y se estableció un sistema de co-gestión del servicio del agua con participación activa de la comunidad (Ceceña, 2004). Más adelante, luego de masivas puebladas en gran parte del territorio nacional, el pueblo boliviano logró derrocar al presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada en Octubre de 2003, quien intentaba impulsar las exportaciones de gas a Chile.

En ese contexto los movimientos sociales pusieron en pie la llamada “Agenda de Octubre”, que incluía principalmente las demandas de “nacionalización de los hidrocarburos y asamblea constituyente (Stefanoni, 2007). Las luchas por la ‘reapropiación social de la naturaleza’ (Leff, 2004) a las que asistimos en Bolivia fueron en estos años “luchas por territorios, por sentidos de estar en la tierra, en fin, por territorialidades” (Porto-Gonçalves, 2009: 33). Se suma, en el caso de Bolivia, (aunque también podríamos incluir a los movimientos indígenas del Ecuador de finales del siglo XX) que los pueblos indígenas y los campesinos tienen un papel estratégico en esas disputas “al protagonizar luchas en defensa del agua, del aire, de la tierra y de la vida” (Porto Gonzalvez, 2009: 34).

Dotando de base empírica al surgimiento del nuevos ethos militante en toda América Latina, al igual que con el autogobierno en los territorios indígenas de Chiapas, y con la recuperación de la tierra por parte de los trabajadores rurales brasileros, nuevamente en la experiencia boliviana la territorialidad aparece como una dimensión central de estos movimientos.

Sin embargo una de las características que distinguen al proceso boliviano de los casos brasileño y mexicano, es que algunas organizaciones sociales participaron y dieron vida a un instrumento político de los movimientos sociales. Así, la conformación del Movimiento Al Socialismo –Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), un instrumento electoral conformado a partir de la confluencia de organizaciones sociales, sindicatos campesinos y sectores del movimiento indígena, terminó llevando a la presidencia en 2005 al dirigente sindical aymara Evo Morales, quien se convertiría en el primer presidente indígena de Bolivia[5].

El Movimiento piquetero: nuevo ethos militante en Argentina

En Argentina, el proyecto neoliberal iniciado con la dictadura de 1976 tendrá su corolario con los dos gobiernos democráticos del presidente Carlos Menem entre 1989 y 1999. A nivel social, el proyecto neoliberal implicó la fragmentación de los lazos comunitarios y la ‘descolectivización’ de la sociedad, promoviendo una cultura individualista y consumista (Svampa, 2005). Algunas de estas características del modelo de acumulación neoliberal, que implicó una profunda ‘individualización de lo social’ (Rosanvallon y Fitoussi, 1997) serán centrales para comprender el nuevo ethos militante surgido desde mediados de los ‘90. A la par que el modelo de sociabilidad neoliberal se consolidó, promoviendo lo que será luego denominado una ‘sociedad excluyente’ (Svampa, 2005), las organizaciones políticas y sociales dejaron atrás el reflujo vivido desde principios de la década del ‘80 para iniciar un nuevo ciclo de ascenso de las acciones colectivas de protesta en el país.

Es en este marco de reformas neoliberales donde identificamos dos grandes ciclos de protesta (Tarrow, 1990) en Argentina. Por un lado un ciclo “extenso” de protesta que ocupó el tiempo de una década, que podemos comprender entre 1993 con el Santiagueñazo, hasta el año 2003, con la llegada del proyecto kirchnerista al poder y el re encauzamiento de la protesta social. Por otro lado, al interior de dicho ciclo extensivo, tuvo lugar un ciclo intensivo de protestas en la argentina entre 1997 y 2002, donde la radicalidad y la masividad de las protestas (principalmente a partir de los cortes de ruta), se agudizaron. Este ciclo intensivo coincide con la crisis institucional que se profundizó entre 2000 y 2003, y que será desarrollada más adelante en diálogo con el surgimiento de las nuevas organizaciones sociales que ocupan un lugar central en este trabajo.

El nuevo ciclo de protestas encontró un momento fundante en diciembre de 1993, cuando una pueblada en contra de la corrupción gubernamental en la provincia de Santiago del Estero, terminó con la toma por asalto y el incendio de la casa de gobierno Provincial, la legislatura y los tribunales (Farinetti, 2000). Dicha rebelión conocida como el “Santiagueñazo” se convirtió en un clivaje para los sectores de la sociedad que resistían a las reformas neoliberales y logró fungir de primera acción colectiva contestataria frente a la aplicación del modelo neoliberal en el país (Laufer y Spiguel, 1999). El camino abierto por el “Santiagueñazo” siguió trazado por una senda de resistencias y acciones colectivas de protesta, principalmente cortes de ruta, acampes y tomas de oficinas públicas, cuyo punto más destacado serán las puebladas de Cutral Co y Plaza Huincul, en Neuquén, durante el año 1996 y 1997 (Favaro, Bucciarelli y Luomo, 1997; Auyero, 2002; Bonifacio, 2009) y en Gral. Mosconi y Tartagal, en la provincia de Salta, en los años 1997, 1999, 2000 y 2001 (Barbetta y Lapegna, 2001;  Benclowicz, 2005; Wahren, 2009). En ambos casos se trató de regiones petroleras donde se concentraban grandes masas de despedidos de la petrolera estatal YPF, que acababa de ser privatizada, generando la desarticulación de las economías locales y de los lazos comunitarios en los pueblos (Svampa y Pereyra, 2003).

Este sector, ahora desocupado, se encontró carente de los dispositivos clásicos de protesta como las huelgas generales o las bajas programadas de producción. En ese marco, “la retirada del Estado arbitral y regulador, que había comprometido el desarrollo industrial con el bienestar social, restó eficacia al repertorio tradicional del reclamo colectivo, consistente en presionar y negociar a través del Estado mejoras económicas o actualización de derechos” (Delamata, 2004: 12). Para ello, los sectores afectados por la desregulación estatal encontrarán en el corte de ruta una acción de protesta que luego se extenderá hacia el resto del país convirtiéndose en uno de los métodos paradigmáticos de resistencia al neoliberalismo. Según Maceira y Spaltenberg, “el corte de ruta no ha sido de uso exclusivo de los desocupados, pero la particularidad en este caso es que se trata de la única medida de fuerza a su disposición, y del instrumento de lucha que les permite instalarse en la escena nacional” (Maceira y Spaltenberg, 2001: 24).

El piquete trascendió entonces su constitución como mero método de lucha para convertirse en una forma de asumir la identidad colectiva, evidenciada en la autoafirmación del ‘movimiento piquetero”. Según Massetti “la noción ‘piqueteros’ usada contemporáneamente es, por supuesto, un constructo simbólico cuya principal utilidad es la de encarnar la acción de protesta, el reclamo en sí, bajo una serie de sentidos legitimados” (Massetti, 2009). Este ‘repertorio de acción’ (Tilly, 1986) se instalará definitivamente en el proceso subjetivo de construcción de las identidades de los militantes y participantes de las organizaciones del movimiento piquetero[6].

Hacia finales de los ‘90, las resistencias del sector desocupado en las provincias mencionadas a partir de los piquetes, comenzaron a ser replicadas en las regiones centrales del país, principalmente en el área metropolitana, cuando un conjunto amplio de organizaciones de desocupados comenzaron a efectuar cortes de rutas, calles, avenidas, puentes y autopistas, con el fin principal de dificultar los accesos a las principales ciudades y, con ello, potenciar su capacidad de reclamo frente a las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales.

Las grandes masas de desocupados principalmente del cordón sur del conurbano (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown), aunque también del oeste y norte del conurbano, sumado a sectores de la Capital Federal, comenzaron a organizarse a partir de una pléyade de organizaciones sociales de base territorial, cuyo eje principal estuvo puesto en la recuperación del trabajo y el piquete como método privilegiado de reclamo.

Sin embargo, antes del primer piquete bonaerense, se realizó una masiva movilización a plaza de mayo denominada la “marcha del hambre”; la coordinación de esta marcha estuvo a cargo de referentes como Toty Flores del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de La Matanza y de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) impulsada en ese momento por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Esta movilización es un antecedente directo del tipo de reclamos y de acción que tendrá lugar un año después en 1997, cuando Roberto Martino, un ex militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), impulse el primer piquete del conurbano en Florencio Varela.

Entre 1998 y 1999, numerosos Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) pasarán a crearse especialmente en los territorios, villas de emergencia y asentamientos populares, principalmente en el cordón sur del conurbano bonaerense, aunque tendrán peso también en el Oeste, donde la hegemonía organizativa estará marcada por la FTV y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), brazo territorial del Partido Comunista Revolucionario (PCR); el principal distrito del oeste del conurbano dónde se desarrollarán con fuerza estas últimas será el partido de La Matanza, el más numeroso de la provincia de Buenos Aires.

Los MTD son organizaciones de desocupados cuyo impulso inicial surge en función de combatir la desocupación estructural de finales de los años ‘90, a partir de lo cual se comienzan a organizar para realizar trabajos autogestivos, emprendimientos productivos, merenderos, comedores populares, etc. Según Pacheco, “el MTD no era una organización única; tampoco un ‘movimiento’ en los términos clásicos. En los hechos era un conjunto heterogéneo de comisiones barriales que, sin vínculos entre sí, se habían ido desarrollando con el objetivo de agrupar a los desocupados” (Pacheco, 2010: 32).

En lo que respecta a las organizaciones de desocupados vinculadas a partidos políticos, luego del surgimiento de la CCC y la FTV, la Corriente Patria Libre (CPL), nacida en 1998, apuntará a profundizar el desarrollo territorial a través de la creación del movimiento Barrios de Pie. Más adelante el Partido Obrero impulsará en el año 2000 su organización territorial llamada Polo Obrero, mientras que el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) hará lo propio con el Movimiento Sin Trabajo; en la misma línea el Partido Comunista (PC) impulsará el Movimiento Territorial de Liberación (MTL).

Por otro lado, una pléyade de MTD comenzarán a emerger al margen de los partidos políticos existentes. Se trata principalmente de los MTD que luego confluirán el la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (CTD-AV). Uno de los primeros agrupamientos de este sector del movimiento de desocupados será el Encuentro de Organizaciones Sociales (EOS), que tendrá lugar entre 1997 y 1999 aproximadamente, que agrupó a los MTD y experiencias barriales independientes principalmente de los barrios Lanús, Almirante Brown, La Plata, Berisso-Ensenada[7] y Claypole[8], Solano y organizaciones independientes de la zona norte, principalmente de los barrios Rincón de Milberg, Los Troncos y Las Tunas, del Partido de Tigre.

Más adelante, durante el año 2000, los MTD del sur del conurbano conformarán la Coordinadora Sur, antecedente directo de la coordinación más destacada en el ciclo de asenso de la lucha piquetera en el país, la ya mencionada CTD-AV, nacida en 2001. La CTD-AV nace como una coordinación de movimientos donde confluyeron varios de los MTD del sur y el Oeste del Conurbano, como así también el Movimiento de Unidad Popular (MUP) y el Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho (MPR-Q) a partir de su frente territorial/barrial, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD). La CTD-AV tenía como rasgos característicos la radicalidad en la acción directa, a la vez que la autonomía respecto a los gobiernos, tanto nacional como provinciales (Svampa y Pereyra, 2003).

Territorio, asamblea y autonomía: la reproducción local del nuevo ethos militante

Como venimos trabajando en este capítulo, la emergencia de un universo de luchas y resistencias al neoliberalismo en las últimas décadas en América Latina estuvo apuntalado por organizaciones sociales estructuradas principalmente a partir de un nuevo ‘ethos militante’ con asiento en el asambleísmo, la autonomía y la territorialidad. De esa forma el nuevo ethos se diferenció de las matrices militantes clásicas tales como la partidaria, la guerrillera y la sindical, características, al menos en el caso argentino, de la militancia setentista. En lo que refiere a la realidad local el nuevo ethos militante tomó carnadura en Argentina en una serie amplia de organizaciones de nuevo tipo como los MTD, las asambleas vecinales principalmente de la Capital Federal, los colectivos culturales y artísticos, los grupos de educación popular, etc.

En Argentina el auge de la forma asamblea se expresó principalmente en el tipo de estructura organizativa que asumieron la mayor parte de las experiencias de resistencia al neoliberalismo. Así, colectivos culturas, organizaciones de trabajadores desocupados, fábricas recuperadas y, desde luego las “asambleas barriales”, comenzaron a tomar sus decisiones principalmente de este modo[9]. El rol de las asambleas como órganos de decisión privilegiados de los movimientos contemporáneos, fue observado desde la autoorganización vecinal que sostuvo los cortes de rutas provinciales de finales de los ‘90 (Scribano, 1999), hasta en las fábricas recuperadas por sus trabajadores (Palomino, 2005), pasando por las asambleas vecinales (Alimonda, 2001) y las organizaciones piqueteras (Natalucci, 2010). En todos estos casos, la centralidad de la práctica asamblearia ha sido entendida como “una refundación de la política y una profundización de sus contenidos democráticos” (Alimonda, 2001: 1)[10].

La relevancia de la dimensión territorial es otro factor destacado al analizar la constitución del nuevo ethos militante en el plano local, tanto en lo que refiere a las disputas de los movimientos, como a la subjetividad de los militantes. En nuestra unidad de estudio la centralidad del territorio en la disputa contra el neoliberalismo ha sido innegable, siendo que las organizaciones territoriales de desocupados fueron “la primera respuesta estratégica al capital en el período de la mundialización” (Zibechi, 2004: 145).

Esta centralidad física y simbólica de la construcción territorial en el nuevo ethos militante no se redujo, en la realidad local, al espectro de las organizaciones piqueteras. La ocupación de espacios para ensayar otras formas de vida y el avance sobre edificios o espacios públicos que realizaron innúmeros colectivos militantes en función de establecer allí centros culturales, espacios comunitarios, talleres de esparcimiento y/o de formación, pusieron en foco la relevancia del territorio en todo el abanico de prácticas que desplegará el militante del ‘nuevo ethos’.

Sostenemos entonces que la emergencia del nuevo ‘ethos militante’ en América Latina durante la década del ‘90 tuvo su correlato en el plano local principalmente en el florecimiento de asambleas barriales, fábricas recuperadas, movimientos de trabajadores desocupados, etc. Entre todo este arco de organizaciones que cobijaron al nuevo ethos militante, el movimiento piquetero logró un lugar destacado en cuanto a su capacidad de movilización, de organización interna y de masividad. Desde allí entonces es que el nuevo ‘ethos militante’ dio a lugar principalmente al ‘activista cultural’ y al militante “socio-territorial” (Svampa, 2010), vertientes principales de este nuevo ‘ethos’. Ambas vertientes, como veremos a lo largo de este trabajo, encontraron cauce orgánico en una herramienta que lograría un destacado desarrollo entre los movimientos sociales de Argentina: el Frente Popular Darío Santillán.

Para dar cuenta de ello, en el capítulo siguiente conceptualizaremos las generaciones políticas y los ethos presentes en los militantes de nuestra unidad de estudio. Esta conceptualización se hará metodológicamente a partir de un enfoque sociohistórico basado en fuentes secundarias, combinado con la bibliografía especializada sobre setentismo, nuevos movimientos sociales y militancia en general. En segundo lugar, la conceptualización se apoyará en un trabajo de fuentes primarias a partir de entrevistas abiertas y en profundidad con militantes del FPDS pertenecientes a las tres generaciones políticas desde las cuales parte nuestro enfoque: la generación del ‘70, la generación del ‘80 y la generación del ‘01.


  1. Para un análisis las metamorfosis de la política setentista durante los ‘90 en Argentina, enfocado no tanto desde los cambios subjetivos, sino más bien desde el plano estratégico de las organizaciones cfr. Massetti, 2009.
  2. Las tres primeras experiencias aquí mencionadas serán analizadas en las páginas subsiguientes.
  3. Algunas dimensiones de las transformaciones subjetivas en la militancia local, desde un enfoque psicoanalítico, han sido abordados en Lewkowicz (2002) y Sopransi y Veloso (2004).
  4. Luego de la última iniciativa pública hacia el resto de las organizaciones y de la sociedad mexicanas lanzada por el EZLN en 2008, el movimiento permaneció durante años sin emitir comunicados ni hacer movilizaciones públicas. Hacia finales del 2012 emitió una serie de comunicados y realizó una masiva marcha en Chiapas. En esta última, algunos análisis principalmente desde una perspectiva periodística, destacaron como rasgos sobresalientes las imágenes donde muchos varones zapatistas llevaban a cuestas a sus niños, factor que pondría en evidencia las transformaciones subjetivas e internas que, en el marco de una cultura abiertamente patriarcal como la mexicana en general y la campesina en particular, el zapatismo viene realizando (Gil Olmos, 2013).
  5. En la actualidad, en su segunda presidencia tras ser reelegido en 2009 y luego de más de 7 años en el gobierno, la relación entre el gobierno boliviano y los movimientos sociales ha crecido en complejidad y contradicción. Esto pudo evidenciarse durante las protestas de un sector del activismo indígena en 2011 en contra de un proyecto gubernamental por la instalación de una autopista en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS). Dicho conflicto evidenció que gran parte del movimiento social boliviano sigue teniendo capacidad de movilización y autonomía frente a un gobierno que, a la vez, continúa legitimado a través del voto.
  6. Al respecto Delamata (2004) sostiene, a partir de su trabajo de campo con el Movimiento de Trabajadores Desocupados Resistir y Vencer, que la identidad de los militantes está más ligada al grupo al que se pertenece que a la herramienta que se utiliza. En cualquiera de los casos, la identificación constatada en las entrevistas tanto respecto a la identidad de piqueteros así también como a la identidad de “santillanistas” o de pertenecientes a ‘La Verón’ que muchos militantes demostraron, pone en relieve la pertinencia del enfoque identitario, encarnado principalmente por los aportes de Alberto Melucci, para el abordaje de nuestra unidad de estudio. Para un análisis en profundidad de los cambios en las subjetividades de los protagonistas de los piquetes, que abordan el pasaje de “trabajador de YPF” a “trabajadores desocupados” e incluso “piqueteros”, para el caso de Neuquén, cfr. Svampa y Pereyra, 2003 y para el caso de Salta, cfr. Wahren, 2010.
  7. Estos se encuentran hoy dentro del FPDS.
  8. Éste actualmente forma parte del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
  9. Más adelante veremos cómo la centralidad de la asamblea se combina, en el caso de los Movimientos de Trabajadores Desocupados del FPDS, con una multiplicidad de instancias y prácticas decisionales complejas.
  10. Desde una perspectiva crítica, Rebón (2005) ha presentado las tensiones entre la forma asamblea y el ‘excesivo asambleísmo’ en algunas organizaciones y experiencias recientes. En sus trabajos sobre fábricas recuperadas destaca que “si vulnera de forma continua lo decidido precedentemente, (el excesivo asambleísmo) puede conspirar contra la cooperación al no conservar como válido lo que ya ha sido aceptado, llevando continuamente a la contradicción” (Rebón, 2005: 9). Estas limitaciones serán indispensables para leer la propuesta decisional actual que presenta el FPDS.


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