Una hipótesis analítica

Las reformulaciones del concepto de informalidad laboral, producidas desde finales de la década de 1990, fueron analizadas, desde la sociología del trabajo, por su productividad heurística, advirtiéndose su polisemia y eventual vacío de sentido (v.gr. de La Garza Toledo, 2013, 2015; Cortés, 2002; Lindenboim, 2015). En este libro, en cambio, buscamos visibilizar aquellos interrogantes que movilizaron el retorno a una vieja categoría y los desplazamientos de sentido respecto de las conceptualizaciones previas. En el transcurso del proceso de investigación, formulamos la hipótesis analítica de que la reflexión sobre la informalidad laboral constituyó un modo particular de interrogar las relaciones entre el trabajo y las condiciones de vida, entre el registro de la producción y el de la reproducción social, en los procesos históricos de problematización de la cuestión social. El presente capítulo se propone fundamentar esta clave de lectura que se retomará permanentemente a lo largo del libro.

La relación entre las condiciones de trabajo y de vida constituye un núcleo de las problematizaciones históricas de la cuestión social.^[1] En un primer momento del desarrollo, nos detenemos en los aspectos contradictorios del “trabajo libre”, característico de la modernidad capitalista: por un lado, la condición de desposesión de las y los trabajadores de ciertas garantías para la reproducción de la vida; por otro, la proclamación de la autodeterminación individual en y por el ejercicio autónomo del trabajo. Esta tensión ha movilizado crisis sistémicas de reproducción social, tanto como conflictos políticos por la definición del trabajo y la vida. La pregunta que emerge de tales conflictos es en qué medida es posible autodeterminar la propia vida desposeyendo los recursos y las garantías institucionales para su sostenimiento material y simbólico. De las modalidades históricas de hacer inteligible esta tensión se han desprendido formas disímiles de reconocer y regular la precariedad de la vida, condición de la existencia humana y, al mismo tiempo, producto de su dependencia del mercado (Fraser y Gordon, 1996; Butler, 2004; Polanyi, 2007; Grassi y Hintze, 2018). De allí se derivan unas determinadas exigencias de autovalía hacia los individuos y modalidades de dependencia legítima de los soportes socio- institucionales dispuestos para reproducir la vida. Por esta razón, la relación entre la producción económica y la reproducción social, entre el trabajo y las condiciones de vida, constituye un objeto y un enclave de las luchas sociales y políticas. Desagregamos este razonamiento en el primer apartado del capítulo.

En un segundo momento del desarrollo, realizamos un recorrido histórico general acerca de las problematizaciones de la relación entre el trabajo y las condiciones de vida, al cabo de cual reconstruimos la diferenciación, separación y oposición entre el primero y el mundo de la pobreza. Las fronteras entre ambos han sido siempre ambivalentes, precisamente por la condición contradictoria del trabajo libre. Sin embargo, en cada momento histórico observamos esfuerzos por explicar el enigma que entrañan las poblaciones pobres y trabajadoras y restablecer la dicotomía. El pauper, el residuum, los inempleables, son distintas categorizaciones que coadyuvaron a fijar los atributos de esta escurridiza figura social, inscribiéndola en un espacio ideal de “no trabajo”, extra-económico y extra-productivo, y restableciendo la oposición entre trabajo y pobreza. Se trata de formas de representación de la vida social de carácter estratégico, pues ellas se encuentran implicadas en la delimitación de los sujetos del trabajo y de la protección social.

La propuesta para analizar la informalidad laboral es pensarla, a ella misma, como una problematización, una reflexión, histórica y espacialmente situada, a propósito de la relación entre el trabajo y la pobreza. El capítulo muestra que, en los procesos de diferenciación y oposición institucional y cognitiva entre ambos registros, la emergencia del concepto en los años setenta desestabilizó la frontera trazada entre ellos, al cuestionar la inscripción de los y las trabajadoras informales en un espacio ideal de no trabajo. Tal como fue conceptualizado por el estructuralismo latinoamericano, el “sector informal urbano” integró los problemas de empleo y de pobreza, gestándose un umbral entre registros supuestamente separados de existencia social. En los años setenta, ello condujo al cuestionamiento de las formas de integración propias del Estado Social en los países periféricos. Lo cierto es que, desde sus primeras formulaciones, el enfoque de la informalidad registró alteraciones notables. El capítulo se detiene en una segunda emergencia del problema, producida hacia los años ochenta, con la reformulación planteada por Hernando de Soto, en El otro sendero. La revolución informal, que sentaría perdurables efectos de sentido. Con ello cristalizó una definición de la informalidad inscripta en una grilla de intelección neoliberal de la vida social, en particular, de las relaciones (y disociaciones) entre la producción económica y la reproducción de la vida. Por último, sugerimos una “tercera emergencia” del concepto en el tránsito al siglo XXI, a nivel local e internacional, bajo la cual se produjeron nuevos desplazamientos de sentido respecto de las anteriores perspectivas, de los que nos ocuparemos a lo largo del libro. Con ella, otra vez, la relación entre trabajo y pobreza se volvía objeto de reflexión y acción política y especializada.

El “trabajo libre”: entre la promesa de libertad y la amenaza del estatuto de individuo

En el campo de estudios en política social, la cuestión social ha sido definida como la tensión derivada de la concurrencia de dos principios contrapuestos que organizan las sociedades modernas y capitalistas: la libertad y la igualdad, proclamadas en el registro político como definitorias de la condición ciudadana; y la desigualdad estructural que rige en el orden económico (Castel, 1997; Donzelot, 2007). El déficit o hiato entre ambos registros interroga y desafía la capacidad de la sociedad de existir como conjunto unificado. En este apartado, buscamos argumentar que tal tensión estructural de la modernidad capitalista se expresa de forma particularizada en la problemática relación entre los registros de la producción económica y la reproducción social. Su separación es distintiva del capitalismo como orden institucionalizado (Fraser, 2014), pero la definición de la frontera que los divide se encuentra continuamente sometida a disputas, pues de ella depende en gran medida el estatuto del individuo y los sentidos y los alcances de su autonomía. Por ende, la problematización de las divisiones y las conexiones entre las condiciones de vida y de trabajo constituyen un núcleo de los procesos históricos de reflexión e intervención sobre la cuestión social. Para desarrollar este argumento sobre la problematicidad de la relación entre “trabajo y vida” en el campo de las intervenciones sociales del Estado, nos detenemos en el carácter contradictorio del “trabajo libre”, promesa de la modernidad y, al mismo tiempo, forma concreta de la organización capitalista del trabajo.

Retomamos para nuestro análisis un programa de investigación sobre política social que ha apostado por desentrañar las relaciones entre la producción y la reproducción social. Bajo esa línea de indagación, la mercantilización del trabajo fue definida como un principio estructural de las sociedades modernas y capitalistas, un proceso que delimita su identidad y su frontera respecto de otras formaciones sociales (Topalov, 1979; Offe, 1990; Esping- Andersen, 1993; Grassi, 2003; Danani, 2009). Desde estas perspectivas, el trabajo asalariado constituye el núcleo de toda una economía que, en términos sustantivos, remite al proceso institucional por el cual se organizan las interacciones entre los individuos y de estos con su entorno para producir materialmente la sociedad, promoviendo ciertos valores y motivaciones que invisten instituciones “no económicas”, como las del campo de la política (Polanyi, 1957). Una serie de producciones más recientes revisitó estas premisas y alteró el punto de observación, con el objetivo de profundizar la conceptualización de las formas de vida y de trabajo en la modernidad capitalista. Entre ellas, la de Denning nos ha interpelado con su sugerente invitación a descentrar el trabajo asalariado “de nuestra concepción de la vida bajo el capitalismo”, en base a la idea de que éste “no comienza con la oferta de trabajo sino con el imperativo de ganarse la vida” (2006: 78; destacado propio). También Fraser ha vuelto sobre el problema de la reproducción social en sus últimas producciones, revisando las relaciones entre ella y el ámbito de la “economía oficial”. El resultado es una suerte de “giro epistémico” (Fraser, 2014: 64) que ha hecho emerger nuevas claves de lectura sobre los procesos de proletarización y su relación con los regímenes de reproducción. El análisis los condujo a poner de relieve la desposesión y la expropiación como lógicas superpuestas a la explotación, visibilizando que la organización del trabajo social en el capitalismo excede al empleo asalariado.

Denning plantea una relación de precedencia histórica y conceptual entre privación y trabajo asalariado, dándole mayor entidad al imperativo de autosuficiencia como vector característico de la reproducción de la vida en nuestras sociedades. “La vida sin salario, no el trabajo asalariado”, argumenta, “es el punto de partida para entender al mercado libre” (2006: 78). Por su parte, Fraser (2014) concibe la expropiación como una condición de posibilidad de la explotación propiamente dicha. Algunas décadas antes, Offe (1990) había llegado a una conclusión similar analizando el proceso de proletarización: al respecto, señalaba que la destrucción de aquellas formas de subsistencia alternativas al trabajo asalariado conforma un aspecto socio-estructural del mismo, no solo en los orígenes de la industrialización, sino que se renueva de forma permanente. Para el caso argentino, Sábato (1985) realizó un análisis histórico de la dinámica conjunta entre expropiación y explotación en la conformación del mercado laboral argentino y los procesos de proletarización locales. En definitiva, mirar “el mundo del trabajo desde la perspectiva de la vida” nos permite poner en foco los efectos político- culturales del supuesto de que, bajo distintas modalidades, las personas viven de su trabajo, aunque éstas tengan una limitada participación en la definición del modo en que sus capacidades son valoradas, reconocidas, remuneradas, o bien, consideradas superfluas (Grassi y Danani, 2008a: 18). Esa imposibilidad no es un hecho natural, sino que fue sancionada política y normativamente en los procesos históricos de organización del trabajo y la vida.

El señalamiento de la desposesión forzada de las clases populares bajo el capitalismo no es el punto original de estas afirmaciones. El propio Marx, en El Capital, relevó “la violencia directa” entretejida en “la coerción sorda de las relaciones económicas” (2011a: 922), con su análisis de la acumulación originaria, un “proceso de expropiación violenta de las masas populares” (ibíd.: 901), el “secreto” oculto por la economía política liberal (ibíd.: 891). Sin embargo, en este análisis pionero las conexiones estructurales entre la explotación y la desposesión no se encuentran del todo desarrolladas: justamente, ésta constituía, para Marx, un proceso que “no es el resultado del modo de producción capitalista, sino su punto de partida” (2011a: 891). En cambio, en los últimos años, la expropiación ha sido conceptualizada como parte constitutiva del proceso continuo de acumulación, junto con la explotación (Harvey, 2004; Fraser, 2014; Fraser y Jaeggi, 2018). Se trata de profundizar la reflexión sobre la dimensión política y jurídica de la organización del trabajo en nuestras sociedades, incorporando los efectos de la desposesión en el estatuto de derechos de los y las “trabajadoras libres”.

Para abordar este punto, remitimos, por un momento y como ejemplo ilustrador, al conocido relato histórico de la acumulación originaria. Para Marx, éste fue el escenario de una transformación crucial, que habilitó la acumulación de capital propiamente dicha: por un lado, la transformación del dinero y de las mercancías en capital; por otro, de las y los productores en vendedores de fuerza de trabajo. En lo referente al trabajo, esa gran transformación implicó la “escisión entre el obrero y la propiedad de sus condiciones de trabajo” (Marx, 2011a: 893). De allí la conocida formulación de que los y las trabajadoras se constituyeron como “libres”, en un doble sentido del término: “ni están incluidos directamente en los medios de producción –como sí lo están los esclavos, siervos de la gleba, etcétera–, ni tampoco les pertenecen a ellos los medios de producción –a la inversa de lo que ocurre con el campesino que trabaja su propia tierra–” (ídem). En este proceso se diluyeron, simultáneamente, “las relaciones que convierten a los trabajadores en propiedad de terceros” y aquellas que disponían “la propiedad [de] los productores directos sobre sus medios de producción” (ídem). La institución del trabajo libre se montó, entonces, en la “descomposición de un mundo previo”, al decir de Fraser (2014: 65), en el que la producción de bienes y la reproducción social conformaban una unidad, en el marco de una sociabilidad en la que lo privado y lo público se confundían. Se trató de un proceso que combinó aspectos emancipatorios con nuevas sujeciones.

Como observan Fraser y Gordon (1996), bajo el antiguo régimen la dependencia era una condición normal, una relación social que fusionaba los registros jurídico, político y económico de la vida social. Quienes no disponían de propiedad, previsiblemente, desarrollaban su vida en el marco de relaciones de dependencia; mientras que la independencia representaba una situación anómala (de anomia o muerte social) en un orden jerárquico en cuya cúspide el señor feudal ostentaba el poder de disponer de vidas y haciendas. En el proceso de desintegración de aquella “sociedad holista” (Dumont en Castel, 2015: 41), la reivindicación de derechos civiles y políticos por parte de “los dependientes” se acompañó de la afirmación de su independencia personal (Fraser y Gordon, 1996: 173), a la que la liberación del trabajo de ciertas coacciones pretendía abonar.^[2] La ruptura de la unidad entre producción y reproducción, propia de las sociedades precapitalistas, “desprivatizó lo público” con la separación de la autoridad y la administración estatal de los intereses familiares, así como también instituyó un espacio de intimidad frente a las exigencias de la sociabilidad colectiva, y en ocasiones, a las imposiciones familiares (Chartier, 2007: 66). Pero, al mismo tiempo, el despojo de los y las trabajadoras “de todas las garantías jurídicas que para su existencia les ofrecían las viejas instituciones feudales” (Marx, 2011a: 894) tendió a privatizar la reproducción y a proyectar un imperativo de auto-sostenimiento, inédito hasta entonces. Como observa Buttler, puesto que los seres humanos somos ontológicamente relacionales y vulnerables al otro, somos “fundamentalmente dependientes” de una trama de derechos que sancionan formas de reconocimiento y “alternativamente nos dan sustento o nos privan de cosas” (en Buttler y Athanasiou, 2017: 19). La lógica de la desposesión implicada en el trabajo libre supuso (y supone) la privación de las clases productoras y no propietarias de garantías socio-legales para la reproducción de la vida humana. El trabajador libre es, por definición, un desposeído, condición socio-legal (y no solo económica) que entra en tensión con el estatuto de individuo: ¿puede disponer de sí quien carece de recursos y de garantías jurídicas para sostener su existencia?

El pensamiento liberal consagró la privatización de la reproducción social, al tratar al individuo como una entidad natural, preexistente a la política, desestimando que ante todo constituye un estatuto que inviste a las personas. En palabras de Castel, promovió una concepción de individuo “sin soportes” (2015: 40). De este modo, se resaltó la “dimensión prometeica” del trabajo libre (Castel, 2015: 44), relativa al ejercicio del propio trabajo y a la autodeterminación de la vida en base a él. Esta proposición constituyó un capítulo relevante en la proclamación del individuo como propietario de sí mismo, que “dejaba ser ‘el hombre de alguien’ [según los términos] del viejo derecho medieval” (Castel, 2015: 41) para disponer de sí. El trabajo libre, como hijo de la modernidad, afirmó la propiedad individual de la capacidad laboral; pero, como hijo del capitalismo, entrañó la radical dependencia de los individuos respecto del mercado para realizar dichas capacidades. Es por eso que Marx observó que “en el concepto de free labourer está implícito el de pauper”: todo trabajador, argumenta, es un pauper virtual, pues su sobrevivencia depende de circunstancias del intercambio que le son completamente fortuitas e indiferentes” (2011b: 110).

Una característica definitoria de la modernidad capitalista fue, precisamente, la pretensión de autonomización de la producción de bienes y la reproducción social, sancionando una “separación institucional [entre] una esfera económica y una esfera política” y consolidando la idea de que existen instituciones económicas separadas, con valores, motivaciones y lógicas que les son propias (Polanyi, 2007: 121). Bajo este supuesto, los mercados asumieron una característica inédita: además de su función distributiva, se les encomendó la asignación de “los principales inputs a la producción” y la dirección de “la inversión de la plusvalía social”, a través del sistema de precios (Fraser y Jaeggi, 2018: 29). En síntesis, se institucionalizó un “trabajo social no organizado” directamente por la sociedad, sino a través del intercambio (Marx, 2011b: 121). Ello significa que “la asignación de los diferentes productores a las diversas actividades productivas” se realiza a través del mercado, mediante el sistema de precios (Topalov, 1979: 42), sin una regulación política de los mismos (Polanyi, 2007: 119). Nunca antes la decisión sobre cómo orientar las energías productivas de la sociedad había sido depositada en un mecanismo impersonal: bajo este esquema, ningún individuo tiene un lugar asegurado en el mercado laboral, lo que supone un riesgo estructural para la reproducción de la vida humana y, con ella, de la vida social. Riesgo invisibilizado bajo la dicotomización entre producción y reproducción: ella oscurece el hecho de que “no hay producción sin reproducción” y que “por lo tanto, ésta es objetivamente un problema de aquélla como generalidad, aunque comprometa la sobrevivencia de particulares” (Grassi, 1998: 2). En esta línea Denning apunta que “más que ver al obrero que se gana el pan en la fábrica como la base productiva sobre la cual se levanta una superestructura reproductiva, podemos imaginar al desposeído hogar proletario como una base sin salario de trabajo de subsistencia (…) que soporta una estructura de migrantes buscadores de salario” (2006: 79).

La escisión entre producción económica y reproducción social, consagrada por el pensamiento liberal, se constituyó en un duradero principio de intelección de la realidad social, aunque nada hay en ella de natural, “lo que justifica prestar atención a los modos –socialmente variables– de realización de la reproducción” (Grassi y Danani, 2008a: 18). La normalización de dicha separación hizo del trabajo asalariado la expresión, por excelencia, del “trabajo libre”, deviniendo la modalidad reconocida y valorada de producir (pues consistía en la producción de mercancías) y la forma debida de vivir. El trabajador asalariado se constituyó en el sujeto de las sociedades capitalistas^[3] (Offe, 1990), quedando su condición desposeída en un segundo plano de visibilidad. Sin embargo, por la forma de organización del trabajo social –de manera privada y autónoma– la reproducción de los individuos y de la sociedad en su conjunto continuó dependiendo de trabajo socialmente necesario pero no mercantil, debido a dos modalidades de desconocimiento de las necesidades sociales que, estructuralmente, conspiran contra la posibilidad de vivir del salario. Primero, existe la posibilidad siempre virtual de que las y los trabajadores no logren realizar su fuerza laboral como mercancía. En palabras de Denning no estar explotado/a es “la única cosa peor que estar explotado bajo el capitalismo” (2006: 77), puesto que supone la pérdida de todo estatuto, al desconocerse la utilidad social de los individuos y la valía de su reproducción. Segundo, el salario únicamente contempla las necesidades de reposición de la fuerza laboral, mas no las de la reproducción ampliada de las y los trabajadores (Topalov, 1979; Danani, 2004). Ambos aspectos conducen a una tendencia estructural a la crisis de reproducción de la vida, fuente de inestabilidad y de conflicto político por los modos de reconocimiento del sujeto de trabajo y de sus necesidades. Vale resaltar que no solo hablamos del sujeto del trabajo asalariado, sino de las múltiples maneras de trabajar desconocidas y desvalorizadas socialmente por su supuesta desconexión con la “economía oficial” (Fraser y Jaeggi, 2018: 182).

El trabajo libre constituye, así, una realidad contradictoria puesto que trae consigo una promesa de autonomía, al tiempo en que las condiciones de desposesión y explotación se le oponen y amenazan continuamente el estatuto de individuo y la condición ciudadana, claves de su proclamada base contractual. Sobre esa tensión, se han erigido visiones del trabajo como obligación, que dirigen al individuo un imperativo de autosuficiencia; tanto como reivindicaciones de protección del sujeto de trabajo y disputas por el tipo de trabajo reconocido, que invocaron otros sentidos de la autonomía y visibilizaron los soportes sociales necesarios para su realización. Es así que, sobre la tendencia estructural a la crisis de la reproducción de los y las trabajadoras, se despliega un conflicto político por los modos de reconocimiento (o desconocimiento) de la condición de vulnerabilidad de las clases no propietarias y por el alcance del estatuto de derechos que inviste a los individuos en tanto que tales. La condición de desposesión de las y los “trabajadores libres” es relevante para el análisis porque, precisamente, un núcleo central del conflicto que se despliega a propósito del trabajo tiene que ver con los modos de considerar las relaciones de interdependencia y definir los derechos a las que ellas dan (o no) lugar. El grado y la forma en que son reconocidas ciertas formas de dependencia socio-económica como legítimas constituyen vidas distintas, más libres o más subordinadas.

El sujeto moderno es un sujeto libre, porque debe vivir de la retribución a su trabajo e igual porque, idealmente, las obligaciones y derechos lo alcanzan por su sola condición de persona individual. Precisamente por esta segunda condición, la primera (trabajar para vivir: obligación y necesidad) da lugar al ‘derecho a trabajar’, a los derechos del trabajo y luego a los derechos y políticas sociales, en la medida que su empleo escapa a la voluntad del sujeto. (Grassi, 1998: 140)

Podemos pensar que las disputas por la dependencia legítima (por sus fundamentos, sus circunstancias, los sujetos que comprende, los tipos de garantías que se asocian a ella) se despliegan propiamente en el campo de la política social. En ellas, la relación entre condiciones de trabajo y condiciones de vida, entre la producción y la reproducción, es materia de pensamiento y objeto de intervención. Precisamente, las luchas tienen por objeto la definición de los límites entre ambos registros, o bien, el establecimiento de conexiones entre ellos. Puesto que estas fronteras conforman una división constitutiva de la modernidad capitalista (Fraser y Jaeggi, 2018: 183), los modos históricos de definirla constituyen regímenes de reproducción y formas de integración social disímiles, en los que se construye de distinto modo la pertenencia de las clases no propietarias a la comunidad política y los estatutos de derecho que las sostienen. A continuación, analizamos distintas modalidades históricas de componer la relación entre vida y trabajo, alumbrando la problematicidad de la inscripción de éste en una trama de regulaciones y protecciones colectivamente instituidas.

El espectro de la pobreza en el mundo del trabajo: problematizaciones de la relación entre el trabajo y la vida

En este apartado nos interesa abordar la relación entre las condiciones de trabajo y de vida desde una perspectiva histórica, a fin de recomponer la problematicidad del sujeto de trabajo en nuestras formaciones sociales y reconstruirla como objeto de intervención social. El análisis será por fuerza general: nos interesa destacar que las definiciones del trabajo y las formas de procesar la tensión entre libertad y desposesión son históricamente variables y que de ellas se deriva una determinada relación con el campo de la protección social. Sobre las problematizaciones de dicha tensión se fundan patrones de regulación y de intervención específicos, que delimitan modelos de política social y, más abarcativamente, regímenes de reproducción social. El recorrido nos permitirá observar que la delimitación del sujeto de trabajo ha implicado el trazado de una frontera con un espacio ideal de no trabajo, asociado con la pobreza. Los límites entre estas figuras, las clases trabajadoras y las poblaciones pobres, así como las imágenes que las representan son variables.

Esquemáticamente, nos detenemos en tres momentos de construcción de la relación entre condiciones de trabajo, de vida y protecciones sociales, que se corresponden con periodizaciones consagradas de los modelos de acumulación y de Estado. El primero corresponde a la condición proletaria, en los orígenes de la industrialización, que se caracterizó por la fuerte indistinción de las figuras del trabajador y del pauper frente a la radicalización de la condición desposeída de las clases productoras, movilizando intensos conflictos de clase y luchas por los sentidos y alcances de la condición ciudadana. En segundo lugar, nos detenemos en el proceso de consolidación de la condición salarial, un estatuto de derechos asociado con el trabajador como sujeto colectivo, que instituyó una serie de regulaciones y protecciones sociales que dieron seguridad al sujeto de trabajo pese a la carencia de patrimonio y pretendieron erradicar el espectro de la pobreza el mundo productivo. Su correlato fue el frágil estatuto de derechos de aquellos sujetos del trabajo no mercantil, problema especialmente relevante en el Sur Global, donde la integración mediante el empleo formal y regular distó de ser completa. Luego, nos detenemos en los procesos de individualización de las protecciones del trabajo y de personalización de la relación salarial (Castel, 2015: 58), implicados en una nueva condición –neoliberal– del sujeto de trabajo. Ésta asoció trabajo con autosuficiencia, lo que trazó una frontera con un mundo vasto y heterogéneo de pobreza, circunscripto por el atributo subjetivo de dependencia.

Finalmente, en este recorrido, haremos referencia a las problematizaciones de la informalidad laboral que, en los años setenta y ochenta, se propusieron para explicar la coincidencia entre trabajo y pobreza en el Sur Global.

La condición proletaria: trabajo, pobreza y extranjería de la nación

Al conceptualizar la condición proletaria, característica de los orígenes de la industrialización, Castel (2010) destaca la inscripción del trabajo en un orden puramente contractual. El régimen de libre contrato de trabajo supuso la derogación del trabajo forzado (impuesto por las leyes de pobres hasta entonces) y del regulado por gremios y corporaciones. Frente a la descomposición de dichas modalidades, no se tejió ningún tipo de estatuto jurídico para los y las trabajadoras, lo que dio lugar a su radical dependencia respecto del mercado y al ascenso de una inquietante vulnerabilidad de masas (Castel, 1997). Como sintetiza Castel, “el contrato de alquiler de la fuerza de trabajo que asimila la relación entre empleador- empleado a una relación de individuo a individuo tendrá un efecto destructor sobre estos trabajadores que van a encontrarse superexplotados” (2015: 43), cuando no incapaces de encontrar un lugar en el naciente mercado laboral. De este modo, la generalización del trabajo libre se fundó en una sumisión a la necesidad más extrema.^[4]

Lejos de la proclamada independencia personal, el orden meramente contractual consagró una relación de fuerzas que subordinó a las clases no propietarias: de hecho, Polanyi califica el régimen de trabajo que siguió a los cercamientos como una “revolución de los ricos contra los pobres” (2007: 83). En relación con el carácter contradictorio del “trabajo libre”, que apuntamos en el apartado anterior, la condición proletaria expresa la radicalización de la desposesión, lo que bloqueó el reconocimiento de las y los trabajadores como individuos auto-determinados y puso en cuestión su integración a la comunidad política. Las clases proletarias que, despojadas de toda propiedad y derechos “carecen de todo” (ídem), se constituyeron como individuos en sentido negativo, es decir, en un sentido únicamente empírico, seres sin soportes, ni recursos, ni protecciones. De modo que el modelo de “salario sin dignidad”, como lo califica Castel (1997: 109), participó de un patrón de integración basado en la propiedad privada, único vector de seguridad para la existencia y de reconocimiento social (Morell, 2002: 2003).

Debido a las condiciones de máxima explotación y de suma inestabilidad laboral, la condición proletaria mixturó el trabajo y la pobreza. Este cuadro no se asimiló a la realidad experimentada bajo el antiguo régimen, cuando el orden de campesinos/as y laborantes también vivía bajo condiciones de miseria, pero la pobreza se percibía positivamente y era puntal de obligaciones de sostenimiento por parte de los estratos superiores. Según Morell, “los nuevos pobres de la sociedad industrial poco tienen que ver con los pobres tradicionales”, quienes se encontraban relativamente integrados en la comunidad política por los vínculos de dependencia (personales, familiares, sociales) que determinaban una posición en ella (Morell, 2002: 93). En la sociedad industrial, en cambio, “la pobreza, lejos de definir la posición que una persona ocupa en la sociedad, definirá su exclusión” como un elemento marginal cuya existencia “no es relevante porque queda al margen del principal y único conflicto que se da en la sociedad industrial”, entre el capital y el trabajo (ídem). En las sociedades modernas y capitalistas, a través de un largo proceso de transformación de las representaciones y explicaciones de la pobreza, ésta se constituyó en un no lugar social, marcado por el estigma y un particular estatus de derechos (de Swaan, 1992: 23). La clave de esta transformación se encuentra en la “radical diferenciación entre trabajadores y pobres” que tuvo lugar, conduciendo a la consagración de estas figuras como formas de existencia social opuestas (Morell, 2002: 93). El pauperismo, problematización de la cuestión social que entonces hacía emergencia, se explicó como resultado de la evasión de los individuos de la obligación de trabajar y autosostenerse, inscribiéndose en un registro eminentemente comportamental y moral (Castel, 1997; Donzelot, 2007, Polanyi, 2007). Si las definiciones de pobreza justifican la desposesión de ciertas poblaciones y, al mismo tiempo, especifican los derechos de redistribución bajo condiciones de exclusión (de Swaan, 1992), en este caso las concepciones del fenómeno tendieron a reforzar el imperativo de autovalía como condición para la subsistencia y la pertenencia legítima a la sociedad.

El régimen de reproducción vinculado a la condición proletaria se caracterizó por la privatización de las condiciones de vida, dejando “a los trabajadores reproducirse de manera ‘autónoma’” (Fraser, 2015: 116). Por lo demás, este proceso sedimentó una concepción del ámbito familiar como una esfera separada y territorio femenino, aunque privó a la mayoría de las condiciones materiales para realizar este ideal de domesticidad. Los y las trabajadoras podían devenir “pobres” en cualquier momento, de manera incidental, perdiendo no solo los medios para la subsistencia material sino su lugar social, frágilmente estatuido. Así lo explicaba Marx en sus Manuscritos:

(…) El trabajador tiene la desgracia de ser un capital vivo y, por ello, dotado de necesidades, que en cada momento en que no trabaja pierde su interés y, con ello, su existencia. (…) Tan pronto, pues, como al capital se le ocurre no existir más para el trabajador, éste ya no existe para sí; no tiene trabajo alguno; por ende, ningún salario, y puesto que no posee un ser en cuanto hombre, sino en cuanto trabajador, puede hacerse enterrar o morir de hambre. (…) La economía política no conoce al trabajador inactivo, al hombre- trabajo en tanto se encuentra fuera de esa relación laboral. El hombre- trabajo pícaro, el truhán, el mendigo, el ocioso, el hambriento, el mísero y el delincuente son figuras que no existen para la economía política, sino solo para otros ojos, para los del médico, el juez, el sepulturero y el agente de policía que persigue a los mendigos; son fantasmas ajenos al reino de la economía política. De ahí que las necesidades del trabajador sean, para ella, solo la necesidad de mantenerlo durante el trabajo (…). (2006: 123- 124)

El pauper se constituyó como lo otro del trabajador asalariado, su contra- figura, condensando un fuerte estigma social: ya fuese por la marca de la incapacidad física (las poblaciones pobres calificadas como inválidas), ya por la supuesta falta moral de evadir el mandato de trabajar (nominadas como “válidas”). De este modo, el pauper personificó un espacio ideal de no trabajo: es precisamente la asociación con él y su carga estigmatizante lo que hizo de la pobreza un no lugar social o, en términos de Butler, un lugar propio “del no-ser” (en Butler y Athanasiou, 2017: 35). Desde nuestra perspectiva, el no trabajo constituye un espacio ideal definido por la pura negación y la falta que se inscribe en aquellos individuos que registran una frágil conexión con lo reconocido como trabajo legítimo, cuyo contenido es histórico y se encuentra sometido a disputas. El pauper encarnó la condición de dependencia económica que se explicaba por y trasmutaba en dependencia moral: una suerte de precariedad psicológica y de falta de voluntad, que colocó a este sujeto en el margen de los atributos valorados del individuo y del ideal de autosuficiencia que se atribuyó al trabajo libre.

La intervención alrededor del pauperismo, así problematizado, activó una serie de premisas que dieron inteligibilidad a la vida social según las leyes de la naciente economía política liberal (Polanyi, 2007). El rol de la asistencia social fue crucial en la fijación del espacio ideal de no trabajo, al trazar una distinción en el interior de las poblaciones en condiciones de pobreza según la in/validez para trabajar: esta operación dio lugar a la emergencia de la problemática figura del “mendigo válido”, aquel que portando utilidad económica, se encontraba por fuera del registro del trabajo y del imperativo de autosuficiencia. El desafío pasó, entonces, por revertir su condición de solicitante de ayuda para convertirlo en productor de su propia existencia (Castel, 1997). Ahora bien, la figura del “mendigo válido” también encarnó un dilema, que hizo oscilar la acción pública de todo el siglo XIX entre dos orientaciones: si efectivamente la pobreza era resultado de una inclinación moral, podía esperarse que el mercado mismo engendrase “buenas conductas” a fuerza de miseria y escasez; pero el fracaso reiterado de las expectativas de reducción espontánea del fenómeno instalaba “la tentación de hacer intervenir al Estado para corregir las fallas de ese mercado” (Donzelot, 2008: 19). Pese a las marchas y contramarchas en la acción pública, durante este ciclo histórico prevaleció “el temor de comprometerse en una vía peligrosa hacia el socialismo de Estado, por lo tanto a la negación del mercado” (ídem), lo que mantuvo la ayuda social en el campo de la moral, por fuera del derecho y sin generar compromisos en el ámbito productivo.^[5] El objetivo de reconversión de las poblaciones pobres, sin vehiculizar protecciones efectivas ni valoradas socialmente, acabó por fijar el estigma del pauper. La alternativa respetable para los individuos atravesados por estas condiciones pasó por la fuga del mundo asistencial. Según Polanyi, el rechazo hacia la asistencia pública fue tal que “hasta el entierro de un indigente” se convirtió en un acto “por el que sus semejantes renunciaban a la solidaridad con él incluso en la muerte” (2007: 154).

Pero, además de la fuga del mundo asistencial, una alternativa para la disputa del proletariado de su lugar en la sociedad fue la impugnación del carácter moral de la pobreza y la búsqueda de reinscribirla en el registro del trabajo y la economía. El escenario de confrontación por la definición de la pobreza más analizado fue el del conflicto por el derecho al trabajo a partir de la revolución de 1848, en Francia, que dio lugar a la Segunda República Francesa (Procacci, 1993; Donzelot, 2007; Morell, 2002). Este acontecimiento histórico movilizó lecturas del pauperismo opuestas a las anglosajonas, que gestaron una estrecha relación entre éste y los modos de organización del trabajo social, asignando nuevos contenidos al par autonomía/dependencia. En este caso, la pobreza conectó de forma directa con la cuestión del estatuto de derecho de las poblaciones desposeídas: su sumisión económica cuestionó directamente el fundamento del régimen político, asentado en la proclamación de la soberanía de todos. Entonces, el problema estuvo dado por cómo reducir la distancia entre el principio de igualdad, que no tolera excepciones, y la realidad del nuevo orden social. Si las poblaciones pobres ya no podían no ser reconocidas como iguales y resultaba imperativa su participación en la atribución de derechos, el dilema era de qué tipo de derechos se trataba y qué formas de distribución instalarían. Nos detenemos en este conflicto porque sintetiza una alternativa radical al tratamiento liberal de la tensión del trabajo libre.

La consigna se basaba en la idea de que, si la pobreza tenía lugar frente a la falta de trabajo, su causa radicaba en los modos de organización de la sociedad y no en los comportamientos individuales. Toda vez que el liberalismo político justificaba la propiedad privada por su relación con el trabajo, y aceptando que “aquellos que no tienen propiedad alguna son también los más expuestos a no encontrar trabajo”, se abría el interrogante sobre la obligación de la sociedad de facilitar el acceso a la fuente de subsistencia (Morell, 2002: 31). “El derecho de los pobres al trabajo constituía la única asistencia posible sin caer en la degradación moral” (ibíd.: 99) y, en particular, de su condición ciudadana. Las demandas por el derecho al trabajo contuvieron múltiples cuestionamientos del orden liberal y la condición proletaria. En primer lugar, instaron a la subordinación de la economía a la política, bregando por la organización de la primera según una serie de derechos y obligaciones socialmente instituidos. En segundo lugar, atacaron la racionalidad económica por la que la libertad individual se circunscribía a la libre concurrencia (Procacci, 1993), evidenciando la relación entre los soportes socio-institucionales de la vida y la autonomía individual. Finalmente, pusieron en tensión la racionalidad jurídico-política liberal, que no reconocía otros derechos más que los de carácter individual. Estos elementos trazaron otros límites y relaciones entre el trabajo y la pobreza, entre el registro de la producción y el de la reproducción social. Frente a dicha problematización, se desplegaron permanentes intentos de diferenciar la política asistencial de la política del trabajo, el campo del derecho de la moral, “pues transformar la moral en derecho equivalía a hacer del Estado el organizador de la felicidad pública” (Donzelot, 2007: 34).

El conflicto estaba planteado y parecía poner frente a la sociedad alternativas opuestas de intervención estatal. La condición proletaria delimitó un ciclo de “confrontación frontal entre los imperativos económicos de la producción y las exigencias sociales de reproducción”, desplegándose luchas de clase así como relativas a la frontera a trazar entre ambos registros de la vida social (Fraser y Jaeggi, 2018: 93). Estos procesos transcurrieron en los países occidentales mientras que, en la periferia capitalista, los principios de igualdad y libertad propios de la modernidad se pusieron en tensión por formas de desposesión simultáneamente encarnadas en el trabajo libre y en diversas modalidades de trabajo forzado que coexistieron largamente con él, atravesadas por relaciones raciales y de género (Fraser y Gordon, 1992; Gruner, 2010; Schwarz, 2014; Mitidieri y Pita, 2019). Las demandas de libertad, reconocimiento y protección en la periferia estuvieron atravesadas por estos procesos, que astillaron la condición proletaria, intersecándola con modalidades de trabajo esclavo, servil, expropiado, dándole una particular complejidad a los procesos de movilización colectiva.^[6]

La condición salarial: la protección contra la pobreza

Ante la disyuntiva entre la colectivización de la propiedad y la destitución social, la “condición salarial” constituyó una innovación político-institucional que vehiculizó una salida al atolladero, mediatizando los registros de la producción y la reproducción social, la economía y la política (Donzelot, 2007). Consistió en “sacar al individuo no propietario del abandono total del que había sido víctima con la condición proletaria en los orígenes de la industrialización”, instaurando “nuevos soportes de individualidad, un piso de reservas, de recursos, que dieron cierta consistencia al individuo no propietario” (Castel, 2015: 46). La condición salarial remite al estatuto de derechos que estabilizó a los individuos en el mundo del trabajo, asegurando sus condiciones de vida y, sobre todo, un lugar en la estructura social. Ello significó un proceso de des-individualización de la relación contractual de trabajo, mediante el establecimiento de sistemas de regulación colectiva, así como una desconexión relativa entre patrimonio y seguridad. Más aún, dicho estatuto creó una nueva forma de propiedad: la “propiedad social” (Castel, 1997, 2010, 2015).

Para Castel, los derechos del trabajo se instituyeron en virtud de la imposible concreción del derecho al trabajo, la “única forma social que podía tomar el derecho a vivir” para los y las trabajadoras, “homólogo al derecho a la propiedad para los pudientes” (1997: 273). Entre tanto, las estrategias de asistencia mínima fueron crecientemente cuestionadas, al relevarse el carácter involuntario de la pobreza (de Swaan, 1992). Entonces, emergió un modo distintivo de reflexión sobre la cuestión social, sostenido en la teoría de la solidaridad de inspiración durkheimiana. Desde esta perspectiva, la sociedad se revelaba como una realidad que no era natural ni espontánea, ni tampoco producto de la voluntad racional de los individuos. Por el contrario, se postuló como el resultado de las formas predominantes de solidaridad que cohesionan el conjunto social: la unidad resultante era un “milagro frágil”, que podía preservarse o ser malogrado (Castel, 1997: 279). Esta concepción desnaturalizaba, a su vez, al individuo, al seguir la huella que en él había de la sociedad y relevar las reciprocidades que le daban existencia y a las que, por ende, éste se debía.^[7] De allí que se advirtiera que el individuo corría el riesgo de disolverse “donde la sociedad era demasiado compacta (…) pero, también, de manera muy distinta, cuando en torno a él el tejido social se encontraba demasiado laxo” (Donzelot, 2007: 63). El análisis fundó un modo de intervención propiamente social del Estado, en un tercer espacio establecido entre la lógica económica y la jurisdicción política. Su objetivo sería atender a las deudas sociales contraídas, dando a quienes son acreedores y haciendo pagar a quienes son deudores (Castel, 1997: 280): de acuerdo con esta doctrina, el contrato laboral demandaba una elevación de la parte más débil, las clases trabajadoras, para ser equitativo. Se entendía que, hasta entonces, éstas habían soportado, exclusivamente, el peso de ciertos defectos propios de la organización de la sociedad y, en particular, de la división del trabajo. Era preciso reparar esas fallas, recompensar a aquellos sobre quienes recaían y colectivizar los costos. Los derechos del trabajo se presentaron como la aplicación práctica del principio de solidaridad.

La protección del sujeto de trabajo, característica de la condición salarial, intervino activamente sobre la tensión encarnada en el trabajo libre, entre desposesión y libertad. La limitación del carácter puramente contractual de la relación laboral se propuso poner un freno a la dependencia de las clases trabajadoras respecto del mercado: la disposición de una red de regulaciones colectivas se definió como una condición para la autonomía individual, desanclando el sentido de ésta del principio de autosuficiencia. Las protecciones, sancionadas por derecho, no harían a los individuos dependientes, sino que los volverían semejantes. La condición de este proceso fue una redefinición de la relación entre producción y reproducción social en dos sentidos. Primero, al reconocer este último ámbito como objeto de responsabilidad social, visibilizando que, de la vida del sujeto de trabajo, dependía la vida material del conjunto social.^[8] Segundo, al explicarse la vulnerabilidad social y la pobreza como efectos de las condiciones de trabajo y/o de su ausencia, se fundamentó el establecimiento de ciertos compromisos sociales que dieran previsibilidad a las vidas dedicadas al trabajo. A través de la mediación del derecho, el trabajo fue reconocido no solo por su utilidad económica, sino como una actividad de interés de la sociedad, promoviendo, al mismo tiempo, el reconocimiento del sujeto de trabajo como actor colectivo. El trabajo se convirtió en empleo, constituyéndose en un estatuto de derecho que permitió el acceso al ámbito público y cementó la pertenencia legítima del asalariado en la sociedad política.

Al reelaborarse los límites entre producción y reproducción social, también se redefinió la frontera entre lo público y lo privado. El orden bienestarista se asentó, de hecho, en un proceso de colectivización de la propiedad. La idea de que existe una deuda social que compromete a los individuos con el conjunto fue la base de la obligación de transferir aportes y contribuciones a un fondo común. Ello creó una propiedad de nuevo tipo, que de Swaan llama “tutelar” porque, a diferencia del patrimonio, solo puede disponerse de ella en situaciones de necesidad, pero que resultaba su “equivalente funcional” para las clases desposeídas pues cumplía el rol de prevenirlas “contra las adversidades y deficiencias futuras” (1992: 180). A diferencia de la alternativa de organización pública del trabajo, que traccionaba la socialización de la propiedad privada, la propiedad social no la suprimía “pero, de hecho, funcionaba para los no propietarios, brindándoles seguridad” (Castel, 2015: 46). La condición del proceso fue la conciencia de la interdependencia. Desde entonces, el trabajo no se presentaría como fuente de reconocimiento y dignidad en sí mismo, sino en el marco de un estatuto de derechos, que generaría la inédita asociación entre mercantilización, empleo y seguridad. Esta intervención, entonces, se dirigió a contrarrestar la condición desposeída del sujeto del “trabajo libre” y su independencia pasó a asociarse a ese novedoso soporte socio-institucional de los seguros sociales: la retribución del sujeto ya no se limitaba únicamente al salario, sino que integró un cuerpo de derechos.

El anudamiento trabajo/protección, condensado institucionalmente en la seguridad social, estableció una fuerte correlación entre el lugar ocupado en la división social del trabajo y la participación en las redes de sociabilidad. Desde entonces, la identidad social se definiría a partir de la posición ocupada en el salariado (Castel, 1997: 327), el cual se hizo hegemónico entre la población activa en los países industrializados y extendió su régimen de regulaciones al conjunto de la sociedad. La propiedad social alteró la relación entre seguridad y patrimonio, acercando de manera inédita a las clases trabajadoras con las propietarias (de Swaan, 1992; Castel, 1997), que comenzaron a compartir un universo moral anclado en los valores del esfuerzo, la contribución a la sociedad a partir de la actividad productiva, el ahorro y la independencia. La distinción entre la figura del trabajador y la del pauper fue reformulada y la frontera –simbólica, material, institucional- entre ellas se hizo más nítida. Bajo la pretensión del pleno empleo estable, regular y protegido, se generalizó el supuesto de que la pobreza había sido erradicada del ámbito laboral y que solo tendría una presencia marginal, pues todos tendrían trabajo y éste conllevaba protecciones. Claro que donde, efectivamente, había sido reducida o neutralizada era el espacio alcanzado por la “condición salarial”, que no totalizó al trabajo realmente existente, como veremos.

El aseguramiento de ciertas situaciones de falta de trabajo (por enfermedad, desocupación, vejez) permitió que dichas circunstancias no atentaran contra la manutención de los individuos ni contra su lugar social. En particular, la definición del desempleo como riesgo involuntario y asegurable en los países industrializados alteró la fisonomía de las poblaciones pobres, pues a partir de allí la falta de trabajo dejó de codificarse unívocamente como un estado de necesidad y destitución social (Walters, 2000; Topalov, 2004; Pugliese, 2000). Dos condiciones definían la situación de desempleo involuntario: primero, la disposición de los individuos hacia el trabajo asalariado y, segundo, su aptitud para el retorno al mercado (Pugliese, 2000). A partir de entonces, se excluyó de esta condición a las poblaciones válidas difícilmente categorizables como desempleadas, ya fuese por dificultades en la socialización, carencia de aptitudes o por la sospecha de su evasión voluntaria de la obligación para trabajar. Sobre estas poblaciones se condensó el estigma asociado con la figura del pauper y se renovaron las explicaciones de la pobreza inscritas en un registro psicológico-comportamental y cultural. Desempleados/as y trabajadores/as en actividad constituyeron el salariado, mientras el pauper encarnó aquel residuo no integrado al mundo del trabajo, configurando una alteridad radical respecto de su universo moral.

Es por ello que Denning argumenta que “si la concepción social-demócrata del desempleo rompió con la retórica del siglo XIX al entender la pobreza como sistémica en vez de individual, (…) también trazó una línea de separación rígida e ideológica en el seno de la multitud obrera” (2006: 83). La separación entre las figuras del trabajador y del pauper se expresó en (y fue reforzada por) la relación de oposición y complementariedad entre la seguridad social y la asistencia: la primera anclada en la lógica del derecho social, para la cobertura de ciertos riesgos reconocidos como colectivos, previsibles y remediables; la segunda organizada en base al principio de necesidad y orientada a la intervención sobre condiciones de pobreza explicadas por incapacidades físicas o morales, en ambos casos de racionalidad individual. Tal oposición reconstruyó sujetos diferenciados por el vector autonomía/dependencia.

Ahora bien, ¿quiénes formaban parte de aquel residuum, que era preciso ya sostener, ya resocializar? Pese a la hegemonía del salariado en los países industriales, diversos autores señalan exclusiones constitutivas del modelo de integración por el empleo (Castel, 1997; Fraser, 2015). Se trataba de un conjunto de “trabajadores periféricos en las fronteras de la sociedad salarial” (Castel, 1997: 373), ocupados de manera inestable, estacional o intermitente, generalmente migrantes, mujeres y jóvenes, desposeídos/as de patrimonio y excluidos/as de la propiedad social. Entre estos persistió la condición proletaria, bajo la cual el trabajo libre era el vector de una intensa subordinación al mercado. Por otro lado, la seguridad social tampoco alcanzó al sujeto del trabajo comunitario y doméstico. Por lo general, este sistema institucional reafirmó las diferencias de género, consagrando la autoridad masculina en el sostenimiento económico del hogar, mediante la fijación de un “salario familiar” y la disposición de protecciones para los “miembros dependientes”, las mujeres y las infancias. Por ende, estos no se constituyeron en sujeto por derecho propio de la “ciudadanía social”, sino en relación al trabajador, varón, proveedor.

Las exclusiones del modelo de integración por el empleo fueron especialmente significativas en los países latinoamericanos. Como apunta Fraser, “los regímenes fordistas financiaron en parte los derechos sociales mediante la continua expropiación de la periferia –incluida la periferia dentro del núcleo–” (2015: 123). Aun en países como Argentina, donde los procesos de asalarización­ fueron extendidos y base de la ampliación de los derechos sociales, la condición salarial distó de totalizar el trabajo realmente existente y al conjunto de la población activa. De manera que un conjunto de ocupaciones y colectivos laborales permanecieron excluidos del estatuto del salariado, registrando una escasa visibilidad pública. Sumado a ello, en la región latinoamericana el aseguramiento del desempleo no se constituyó sino tardíamente,^[9] lo que tuvo como efecto el deterioro de la situación económica de las poblaciones desocupadas y su inscripción en el espacio ideal del no trabajo. El desempleo se constituyó en una condición vergonzante, difícilmente habitable y escasamente reconocida por la sociedad: su tratamiento por el campo asistencial reforzaba el estigma, del que solo era posible huir fugándose de la ayuda estatal (Grassi, Hintze y Neufeld, 1994; Soldano y Andrenacci, 2006; Grondona, 2012). De este modo, las y los trabajadores pobres sin salario, de forma transitoria o permanente, fueron un sujeto escurridizo para la protección social en América Latina y también en nuestro país. Las teorías de la modernización, hegemónicas durante los años cincuenta y sesenta, depositaron la expectativa de la integración social de estas poblaciones en la superación del subdesarrollo económico y la modernización cultural.

En los años setenta, la formulación del concepto de “sector informal urbano” profundizó la reflexión sobre la realidad de estas poblaciones, más cercana a la condición proletaria que salarial, y abordó especialmente la inquietante e inesperada coincidencia entre trabajo y pobreza. La categoría fue formulada por Keith Hart en 1972, en un informe para la OIT sobre el mercado laboral en Kenya, pero tuvo especial desarrollo en las ciencias sociales latinoamericanas, a través del Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe del mismo organismo (PREALC, 1978). Esta perspectiva coexistió, dialogó e incluso se yuxtapuso con otras miradas entonces producidas desde y para América Latina sobre el mundo productivo y del trabajo, que también se adentraron en el enigma de la existencia de trabajadores y trabajadoras pobres. Nos referimos al estructuralismo latinoamericano, que caracterizó el enfoque de la CEPAL,^[10] y la(s) teoría(s) de la dependencia, entre cuyos referentes se encuentran José Nun (1969), Aníbal Quijano (1970) y Ruy Mauro Marini (1973).^[11] En sus diferencias, estos análisis coincidieron en el señalamiento de que, en los países latinoamericanos, la pobreza no se explicaba necesariamente por la falta de trabajo, sino por las particulares características que asumía un sector de actividad, de baja productividad relativa, que parecía albergar a quienes no podían ingresar al mercado laboral capitalista. A diferencia de los enfoques culturalistas de la pobreza, que la explicaban como un signo de atraso a superar, se tejió una lectura estructural del fenómeno, como expresión de los modelos de desarrollo periféricos y/o dependientes. En esta primera emergencia del concepto, la informalidad laboral sentó un umbral entre los problemas de empleo y de pobreza, inscribiendo las condiciones de vida de las y los trabajadores pobres en los modos de producción y reproducción social en el Sur Global.

El concepto de informalidad laboral comprendía un sector de la actividad económica que surgía como una forma de autogestión de la vida y del trabajo, a partir de los límites en la absorción de fuerza laboral en el sector moderno y capitalista. El análisis partía de la inquietud por la condición de pobreza de las poblaciones informales y llegaba al registro laboral y productivo como locus de las principales explicaciones del fenómeno. La reflexión sobre la informalidad laboral supuso la visibilización de estas poblaciones como trabajadoras, desmitificando su pretendida falta de actividad y su conexión con el espacio ideal del no trabajo. Lo cierto es que, en su condición de “trabajadoras”, las poblaciones informales adolecían de ciertos atributos propios del registro productivo. La economía en la que éstas se desplegaban no constituía una mera extensión del concepto dominante de lo económico, pues no compartía su misma naturaleza (Quirós, 1994: 26). En comparación con ella, se trataba de un espacio deficitario: estas relaciones productivas y laborales registraban una temporalidad particular (un presente continuo, dado por la baja capacidad de acumulación), una espacialidad extra-económica (el barrio, los hogares) y una finalidad reproductiva, más que de ganancia. En vista de estos atributos, la distancia con la “economía oficial” estaba dada por la orientación de las actividades informales hacia la reproducción: una economía que no producía mercancías, sino valores de uso, allí su anomalía. Si bien en la pobreza se relevaba una presencia “inesperada” de actividad laboral, también registraba atributos fuera de lugar, que colocaron a su sujeto en un registro híbrido pero, ciertamente, distinto al del universo del salariado: con otra subjetividad, otras prácticas, otras aspiraciones y otras modalidades organizativas.

Ya en la década de 1970, los diagnósticos sobre el futuro de la economía y del trabajo eran sombríos, razón por la cual los análisis sobre la informalidad laboral previeron cierta instalación del fenómeno. No obstante, todavía gravitaban los idearios integradores, en base a los cuales se postuló que una solución estructural de la pobreza debía pasar por la modernización del sector informal urbano, en el marco de procesos de convergencia de la heterogénea estructura productiva. La integración de las y los trabajadores pobres pasaría por su pasaje hacia la economía oficial, el mercado laboral moderno y, finalmente, el ingreso en los sistemas de seguridad social, ello en el marco de una transformación societal. La ambivalencia que estas soluciones estructurales introdujeron estuvo dada por el hecho de que no se proyectó un esquema de protección mientras durase el proceso de pasaje. Las poblaciones informales serían asegurables a futuro, cuando se consagrara su plena participación en la sociedad, entre tanto, el sector de la asistencia recepcionaría sus demandas relativas a las condiciones de vida. La salida de la informalidad laboral, de aquella perturbadora coincidencia entre trabajo y pobreza, sería productiva, a través de la concreción del pleno empleo.^[12]

La condición neoliberal: el trabajo como mérito, la dependencia como atributo

La condición salarial se estableció en virtud de una serie de compromisos entre el capital y el trabajo, y entre las racionalidades social y económica, conciliando los aspectos en tensión del “trabajo libre”. La propiedad social puede pensarse como su principal innovación político-institucional, resultando en una creciente socialización y politización de la reproducción social, que se procesó entre la empresa, los gremios y la arena estatal. Bajo variaciones nacionales y regionales, los arreglos propios de las sociedades salariales alcanzaron una notable expansión sincrónica, hasta que comenzaron a ser cuestionados hacia la década de 1970. Entonces, aquellos compromisos que habían signado el modelo de integración por el empleo comenzaron a figurarse como insostenibles, en el marco de una coyuntura que combinó la intensificación de los ejes de conflicto político, a nivel nacional e internacional,^[13] y la caída de la tasa de ganancia. Éste fue el marco del desbloqueo de la crítica neoliberal hacia el bienestarismo y de su extraordinaria circulación global (Laval y Dardot, 2013). Dicha crítica articuló los tópicos de la crisis fiscal y de legitimidad de los Estados de Bienestar, sobre el telón de fondo de una “crisis de productividad”.^[14] La secuencia problematizó los efectos negativos, en términos económicos, políticos y morales, de un supuesto exceso de demanda hacia el Estado, que podría remediarse devolviendo a los individuos y las comunidades las funciones que les eran propias. Se diagnosticaba que la concentración de tales demandas en el Estado había minado su capacidad de respuesta y, por ende, su credibilidad, al tiempo en que había desencadenado un proceso de desresponsabilización individual.^[15]

Apelando a la emancipación del individuo y a la realización de sí a través del trabajo, se cuestionaron los arreglos bienestaristas que habían estabilizado el empleo anudándolo a una malla de protecciones sociales y regulaciones colectivas –al menos para el salariado- (Donzelot, 2007; Castel, 2015; Fraser y Jaeggi, 2018). Como sintetiza Fraser, si el bienestarismo había promovido una alianza entre mercantilización y protección social relegando la “emancipación”, a partir de la década de 1970 las demandas de emancipación convergerían “con los esfuerzos neoliberales para desencadenar la mercantilización”, sacrificando la protección social (2015: 125). Desde entonces, con marchas y contramarchas, asistimos a una verdadera redefinición del trabajo, particularmente del modo de gestionar aquella tensión entre desposesión y libertad que encarna el “trabajo libre”. Las transformaciones experimentadas han tenido un alcance civilizatorio, en la medida en que se encuentran en reelaboración elementos fundantes de la vida en sociedad, como lo es la relación entre la producción económica y la reproducción social, entre el trabajo y la vida del sujeto de trabajo. En este sentido, el neoliberalismo no se reduce a una teoría económica, aunque su matriz discursiva se haya constituido en dicho campo de expertise; ni tampoco a un ciclo de gobiernos, a pesar del sincronismo entre administraciones que, en distintas latitudes, condujeron reformas económicas y sociolaborales en esta dirección durante los años ochenta y noventa. Aquí lo entendemos como una forma distintiva de percibir y reflexionar sobre el mundo social y la naturaleza humana que, por el énfasis asignado a la competencia como mecanismo organizador de las sociedades, se distanció tanto de la racionalidad “social”, como del pensamiento liberal clásico (Denord, 2001; Foucault, 2008a; Donzelot, 2017; Murillo, 2015). Por eso, la re-individualización de la relación salarial que caracteriza al gobierno neoliberal no se asimila a un mero relanzamiento del “liberalismo salvaje” del siglo XIX (Donzelot, 2008: 21), ni al retorno de la condición proletaria.

La definición de la competencia como eje definitorio de las economías de mercado supuso el desplazamiento de la esfera del intercambio, que el liberalismo clásico había colocado en el centro de las explicaciones sobre la dinámica societaria y en las imaginaciones políticas del buen orden. El intercambio mercantil presupone la existencia de individuos libres e iguales, atributos que hacen posible la relación contractual. De manera que la igualdad como problema no había sido ajena a la reflexión liberal: precisamente, había sido la base de los conflictos respecto del alcance y el contenido de la libertad de quienes no poseían propiedad alguna, más que su fuerza laboral. De hecho, la invención de la propiedad social constituyó una resolución provisoria de las tensiones que habían emergido durante el gobierno liberal. Ahora bien, al jerarquizarse la competencia como organizador social, la cuestión de la igualdad reduce su visibilidad puesto que, por definición,^[16] aquella no admite compromisos de ningún tipo. Si el contrato exige que las partes asuman una condición común para poder intercambiar, la competencia se alimenta de la desigualdad de los contendientes: de su buen funcionamiento –y no de sus fallas- resultan ganadores y perdedores, una relación asimétrica que se vuelve motor del proceso. En este punto radica la novedad y la distancia del neoliberalismo respecto del pensamiento liberal. Las producciones del campo de la economía política, en particular de la escuela austríaca, son ilustrativas de los efectos cognitivos y políticos de la jerarquización de la competencia en la intelección de la vida social. Referentes como Mises y Hayek, no la concibieron como un mecanismo natural o espontáneo, sino como una construcción histórica, artificial, que había permitido la expansión en el tiempo de la vida material y del bienestar de las sociedades, como no lo habían hecho –ni podrían hacer–sistemas alternativos. La historia humana se presentó como una “incesante experimentación competitiva” (Hayek, 1990: 53), que garantizaba la prevalencia de los comportamientos más exitosos en la adaptación a la incertidumbre, definida como un rasgo típico de las sociedades,^[17] evitando la falible planificación centralizada. El fracaso de ciertos individuos en la competencia, así como la exclusión de ciertas formas de vida, constituyen el reverso no dicho pero indefectible de esta discursividad. La exclusión es condición de la competencia, aunque el éxito se presente sin fisuras.

Aplicados a la reflexión sobre el trabajo, estos razonamientos movilizaron una profunda redefinición de su sentido, pues reelaboraron la tensión propia del “trabajo libre” entre desposesión y libertad. Más aun, argumentaremos que el pensamiento neoliberal denegó (y deniega) su existencia. Montándose en las demandas de mayor autonomía de los y las trabajadoras en los procesos de trabajo, la intelectualidad neoliberal defendió las ventajas de la competencia para la emancipación del individuo respecto de una “condición [colectiva] uniforme y rígida” (Castel, 2015: 48), que bloqueaba la expresión de singularidades (Donzelot, 2007). Se trató de una apelación al trabajo como espacio para la realización de sí, para la implicación personal (Boltanski y Chiapello, 2002) que, a diferencia del bienestarismo, parecía convocar también a las mujeres (Fraser, 2015). Frente a la perspectiva de permanecer toda la vida en un mismo empleo o en la casa, se propuso una idea positiva de movilidad, habilitante de “trayectorias de éxito” que se darían a lo largo de la vida de los y las trabajadoras, a través de las cuales migrarían hacia ocupaciones cada vez más desafiantes, según su formación y aspiraciones personales (BID, 2015: 17). En este camino, la competencia funcionaría como un incentivo para los individuos y garantizaría su asignación más productiva en el mercado laboral. El correlato, repetimos, es la exclusión. En un reciente documento del Banco Mundial, se hacía referencia a ello bajo el eufemismo de la “destrucción creativa”, eslabón en el avance de las sociedades que era preciso preservar en la medida en que “proteger empleos que ya no son económicamente viables mediante transferencias públicas y legislación de protección puede conducir a perpetuar empleos improductivos, coartar el avance tecnológico, impedir el cambio estructural y en definitiva socavar el crecimiento” (2013: 37).

Como puede observarse, la centralidad asignada a la competencia en la intelección del registro laboral supuso un desacople entre la promesa de libertad y la de igualdad. Del “trabajo libre” se retuvo la proclamación de la autonomía del individuo, mas no se consideró su condición desposeída como punto de partida del contrato laboral, pulverizándose la relación establecida entre trabajo, protección social y seguridad durante el siglo XX (Castel, 2015: 51). Bajo esta discursividad, se les asignó a las y los trabajadores la capacidad de iniciativa y de adaptabilidad, pero se desconocieron las condiciones que sostienen la participación y el éxito en la competencia. Como argumenta Castel, sin la mediación del derecho, la “liberación del individuo” en y a partir del trabajo solo se permite a ciertos individuos, aquellos que disponen de redes y recursos “que les permiten jugar positivamente el juego del individuo”, sin ver amenazada su supervivencia ni su lugar social (ibíd.: 48). Como es sabido, la desregulación de la relación salarial trajo consigo un proceso de desestabilización de las condiciones de vida y, en un extremo, formas de invalidación social de una parte de la mano de obra, surgidas de la destrucción de sus viejas capacidades laborales y de la privación de los soportes político-institucionales necesarios para crear unas nuevas, adaptables a las exigencias de movilidad y competitividad (ibíd.: 58). Notemos que la exclusión es, en primer término, denegada en la discursividad neoliberal, pero se presenta luego de manera descarnada y naturalizada, como el resultado previsible de la competencia mercantil. De allí la individualización tanto del éxito como del fracaso en el mercado: el trabajo se presentó como un mérito individual y la autosuficiencia y la dependencia económica como atributos individuales.

Bajo estas lecturas, las formas de colectivización de la propiedad históricamente dispuestas se asociaron con la ineficacia económica y con la restricción de la libertad individual lo que, en el largo plazo, derivaría en el declive –material y moral- de los regímenes democráticos.^[18]La crítica hacia el welfare alegó un supuesto efecto en la desresponsabilización de los individuos, que afectaba la dinámica democrática, y en la degradación moral de las poblaciones protegidas, a partir de la promoción de un estado psicológico de dependencia (O’ Connor, 2001).^[19] La reproducción social y el bienestar se constituyeron como asuntos de responsabilidad individual, argumentándose que así se lograrían los mejores resultados para el individuo y la sociedad. Esta concepción se condensó en la llamada Teoría del Derrame, que postuló la acumulación privada como vía predilecta para el logro del bien común: no era preciso establecer mediaciones político- institucionales, en tanto los beneficios acumulados en la cúspide de la pirámide social se difuminarían entre el resto de los estratos sociales de forma espontánea y progresiva (Danani, 2017b). En este marco, la propiedad social constituida por los sistemas de seguridad social fue objeto de un proceso de descolectivización e individualización sin precedentes, que alteró el sentido de la protección social (al asociarla con la dependencia) y de la seguridad, a la que se asignó una connotación negativa en contraste con la capacidad de iniciativa, la movilidad y la gestión activa de la incertidumbre.

En el campo de la política social, se mantuvo la relación de diferenciación y oposición entre las coberturas por trabajo, centralizadas en la seguridad social, y la asistencia social para las poblaciones pobres, pero se reformularon sus contenidos. Los seguros sociales fueron objeto de una redefinición que los homologó con un “retorno” por el trabajo, una propiedad netamente individual. Su desocialización fue la base del proceso de mercantilización producido durante las décadas de 1980 y 1990, que convergió con la privatización de otros servicios, antes estatalmente provistos, como la educación y la salud. Esta serie de soportes que viabilizaban la vida del individuo y preservaban su estatuto fue crecientemente percibida como producto de la propia actividad y de los méritos individuales, diluyéndose las relaciones de interdependencia que los constituyen. La protección social, más aún la provista por el Estado, asumió un contenido vergonzante al asociarse con un estado de dependencia como su fundamento. Dicha asociación entre protección, dependencia e incapacidad individual residualizó los contenidos de la primera, convirtiéndola en una acción supletoria enraizada en las fallas del individuo y de la familia en el auto-sostenimiento. Esto no significa que la intervención social estatal se haya reducido durante el neoliberalismo, sino que cambió su orientación y su organización interna. Al respecto, Soldano y Andrenacci (2006) sugieren un proceso de asistencialización de la política social, por el cual se circunscribió la protección social legítima a dicho sector, el cual registró un importante crecimiento durante toda la década de 1990, alterándose el lugar marginal que había ocupado en los regímenes de reproducción previos (Grassi, Hintze y Neufeld, 1994). En otras palabras, el proceso de individualización de la propiedad social fue acompañado por la proliferación de intervenciones sociales cuyo objetivo ya no fue el de elevar la condición social de las clases no propietarias y reducir la distancia social, sino el de compensar situaciones previsibles de exclusión mediante una ayuda mínima y transitoria. La impronta vergonzante de la ayuda social completó el proceso de destitución social, iniciado en el mundo del trabajo. Aquí también reside una diferencia elemental con el liberalismo del siglo XIX: el neoliberalismo, lejos de anular la intervención social del Estado, la circunscribió a la asistencia, que se expandió notablemente al contemplar poblaciones antes cubiertas por la seguridad social.^[20]

Por lo hasta aquí reconstruido, es explicable que el trabajo y la previsión hayan sido el núcleo de la reforma social neoliberal. Las problematizaciones que la orientaron se inscribieron en un discurso técnico-económico, que sostuvo la necesidad de “liberar” el trabajo de una regulación excesiva, promotora de desequilibrios entre la oferta y la demanda laboral en el mercado y responsable de la reducción de la competitividad por sus elevados costos. Allí la principal explicación de los problemas sociolaborales, en particular del desempleo. De manera que el eje de la reforma pasó por la redefinición de las regulaciones laborales, desarticulando la condición salarial. En este marco, la informalidad laboral registró una nueva emergencia como cuestión, pero bajo una reflexión que le dio un sentido bien diferente al que había movilizado la formulación del concepto en los años setenta. El libro El otro sendero: la revolución informal, escrito por el economista peruano Hernando de Soto,^[21] sintetizó la tematización que signaría aquellos años. Allí la informalidad laboral se definió como una zona de penumbra para la legalidad y se argumentaba que expresaba un problema del subdesarrollo, ya no de las estructuras productivas, sino de las estatales, visualizadas como rígidas, anticuadas y corporativas. En verdad, argumentaba de Soto, la informalidad era la expresión de un saludable dinamismo empresarial latente entre las clases populares que encontraba una traba en el exceso de regulación estatal. De manera que el problema del sector informal era la formalidad laboral, particularmente “el costo de la ley”, demasiado elevado para las poblaciones pobres (de Soto, 1987: 3). Se concluía, entonces, que era necesario “remodelar el aparato institucional para que sirva a los pobres” (ibíd.: 4), perspectiva que empalmó con las propuestas de baja de los costos laborales. La informalidad no se presentó como lo otro del empleo formal ni de la economía oficial: de hecho, podría pensarse en que estas tematizaciones alentaban a que el mercado en su conjunto se volviera un tanto más “informal”. A diferencia de las problematizaciones de los años setenta, que depositaban la expectativa de integración de estas poblaciones en la expansión del empleo regular y protegido, aquí estaba puesta en su incorporación a la dinámica mercantil, más allá de las condiciones sociales y materiales en que lo hicieran.

Ni en el caso del desempleo, ni en el de la informalidad, los diagnósticos sociales hegemónicos atendieron a la consideración del sujeto de trabajo. Bajo este desconocimiento del problema de la reproducción social en los asuntos de la producción económica, y de la condición de desposesión en la “liberación” del trabajo, la cuestión social fue tratada en los términos del problema de la pobreza. Al disociarse del registro de la producción, el trabajo y el derecho, el fenómeno se presentó como expresión de pura dependencia, en un doble sentido: como carencia material, suponía una situación de dependencia económica; como carencia de las habilidades necesarias para ser empleable, suponía la exclusión de la competencia, en consecuencia, la atribución de un rasgo moral-psicológico de dependencia, debido a la incapacidad personal de autovalerse en el mercado. Bajo la negación de cualquier forma de buena dependencia para la vida adulta (Fraser y Gordon, 1996), las poblaciones pobres, en su generalidad, se representaron como ajenas a la norma moral de independencia, que encarnaba el “trabajo libre”. Aun insertas de distintos modos en el mundo laboral, las poblaciones en condición de pobreza se inscribieron en un espacio ideal de no trabajo, por el hecho de no ser autosuficientes. Incluso su utilidad económica fue puesta en cuestión, bajo la tematización de su inempleabilidad. Así, la pobreza devino una categoría identificatoria (Grassi, 2000), marcada por una protección vergonzante. El horizonte ya no era el de la integración de estas poblaciones a un “centro”, previamente definido por la condición salarial: en un primer momento, la asistencia se limitó a compensar lo que se consideraba una situación transitoria de exclusión; para, luego, proponerse reconvertir a quienes se habían vuelto “inempleables”, tratando al trabajo como recurso de la asistencia en las nuevas modalidades de workfare (Grassi, 2003; Grondona, 2012). El trabajo, a cualquier precio y en cualquier condición, se volvió el único reducto para sostener la pertenencia a la comunidad política, aún bajo el costo de “pagar continuamente con su persona” (Castel, 1997: 477).

La informalidad laboral como problematización de la relación entre el trabajo y la pobreza: sus múltiples emergencias

De acuerdo con lo analizado hasta aquí, podemos observar que la relación constitutiva entre producción económica y reproducción social ha configurado un conflicto histórico por los modos de definirla y tratar las tensiones a las que da lugar el encuentro de ambas lógicas. Éstas tienen expresión en la realidad contradictoria del “trabajo libre”, entre la desposesión –que es su condición de posibilidad– y la promesa de autonomía individual que encarna. Si el capitalismo como orden político-institucional se caracteriza, entre otros elementos, por la separación entre producción y reproducción social, lo cierto es que la frontera entre ellas se encuentra sometida a disputa. De allí la relevancia de los conflictos en torno a la definición del trabajo legítimo y de su sujeto, de los contenidos de la buena dependencia y de las conexiones relevadas con la libertad individual. En estos procesos históricos, la diferenciación entre el trabajo y la pobreza y la intelección de las conexiones entre ambos registros ha sido un elemento central: la división ha variado en el tiempo según los contenidos asignados a cada uno de los términos.

La condición proletaria constituyó al trabajo como obligación, desentendiéndose de las condiciones de vida de su sujeto y liberando el proceso de reproducción social a la dinámica mercantil y a la responsabilidad de las familias. Bajo este régimen de reproducción, los y las trabajadoras eran también pobres, se trataba de dos condiciones imbricadas, escasamente diferenciadas, en el plano material. Sin embargo, la emergencia de la figura del pauper supuso una fuerte delimitación moral con la del “trabajador”,^[22] al asociarse a la primera un estigma dado por la evasión voluntaria de la obligación de trabajar y del imperativo de autosuficiencia. La impronta de la asistencia del siglo XIX fijó la separación: pauper era quien se encontraba por fuera del universo moral del incipiente “trabajo libre” en el mercado y, por ende, solicitaba ayuda, ya por incapacidad física, ya por su debilidad subjetiva para ajustarse a él.

La condición salarial reformuló de manera extraordinaria esta relación de división y oposición entre las figuras del trabajador y del pauper. Reconociendo la trama objetiva del espectro de pobreza que acechaba a las clases trabajadoras, la propiedad social se propuso conjurar este riesgo, bajo la pretensión de de pleno empleo y aseguramiento del salariado. De esta manera, se trazó una nítida frontera entre la clase trabajadora estabilizada y los sujetos del trabajo no mercantil (comunitario, inestable, informal, doméstico, etc.), sostenida en la relación de oposición y complementariedad entre seguridad social y asistencia. La pobreza continuó delimitando un no lugar social, por su exterioridad respecto del empleo: debido a la generalización de la relación salarial, se trató como un residuum que era preciso contener –en los casos de incapacidad– o resocializar.

La condición neoliberal redefinió, una vez más, al trabajo y la pobreza, reelaborando la separación entre ambos registros: constituyéndose el primero como un mérito del individuo, inscripto en relaciones de competencia mercantil, la pobreza se configuró como una condición vergonzante, por la atribución a su sujeto de los rasgos de inutilidad económica y dependencia, aun cuando la vulnerabilidad atravesaba distintas posiciones del mundo productivo.

En el siguiente cuadro graficamos estos movimientos.

Gráfico 1: Relaciones entre trabajo y pobreza

Fuente: elaboración propia

Incluimos en el recorrido histórico sobre la relación entre el trabajo y la pobreza referencias a la emergencia de la cuestión de la informalidad laboral en las ciencias sociales latinoamericanas. Tales conceptualizaciones partieron del análisis de la perturbadora e inesperada coincidencia entre ambos registros en el sector informal, pretendieron explicarla y sentaron las alternativas de transformación del problema. La primera formulación del concepto, bajo un enfoque estructural, reconoció la presencia de actividad económica entre las poblaciones informales, sustrayéndolas del espacio ideal de no trabajo. Su condición de pobreza se explicó como el resultado de los atributos del circuito económico en el que se desempeñaban, cuya dinámica obedecía a los modelos de desarrollo periféricos/dependientes imperantes en la región latinoamericana. Así definido, el sector informal yuxtapuso dos mundos pretendidamente separados, al visibilizarse la estrecha relación entre los problemas productivos y de empleo con los procesos de pauperización. Se trató de un problema novedoso, por el cual se revisitó y tensionó aquella frontera que la condición salarial trazaba entre la figura del trabajador y el pauper. No obstante, las imaginaciones políticas sobre la plena integración de estas poblaciones continuaron inscribiéndose en la perspectiva del pleno empleo: dependía del pasaje hacia la formalidad laboral, ámbito del trabajo genuino.

Bajo el quiebre de tales imaginarios, durante los años ochenta las coordenadas del concepto se alteraron radicalmente. Desde entonces, la reflexión sobre la informalidad laboral trazó una relación entre la condición de vulnerabilidad de su sujeto y el carácter de las regulaciones estatales de la actividad económica y del trabajo. En la dinámica del sector se reconocía un impulso empresarial refrenado: era cuestión de adaptar la norma laboral y reducir su costo a fin de que el mismo pudiera desplegarse y proliferar. El empleo asalariado, regular y protegido, ya no funcionaba como parámetro de “normalidad”. En este sentido es que planteamos la idea de que el tratamiento de la informalidad laboral supone una problematización de la relación entre trabajo y pobreza y, de manera más general, entre los registros de la producción económica y la reproducción social. Se trata, en definitiva, de una reflexión sobre la formalidad laboral posible y deseable: sobre las garantías que puede brindar para la vida del sujeto de trabajo, los obstáculos existentes en su construcción, y el trabajo que merece visibilidad, reconocimiento y protección.

En el siguiente cuadro graficamos las problematizaciones producidas a propósito de la informalidad:

Gráfico 2: La informalidad como umbral entre trabajo y pobreza

Fuente: elaboración propia

Hacia finales de los años noventa, la informalidad laboral congregó nuevamente la atención especializada y política. Otra vez, las coordenadas del problema fueron reelaboradas. Siguiendo nuestra hipótesis analítica, argumentaremos que esta nueva problematización del fenómeno se impulsó en la desnaturalización de las relaciones consagradas durante la hegemonía neoliberal entre el trabajo y la pobreza, la producción económica y la reproducción social.

Tanto a nivel local como internacional, la interrogación del fenómeno coincidió con una serie de alteraciones en los diagnósticos sociales que llamaron la atención sobre una inminente “crisis social”, ante la expansión de la pobreza y de la desigualdad. La figura protagónica de estos diagnósticos fueron, precisamente, los y las trabajadoras pobres o working poor según la producción de las agencias internacionales de desarrollo. De este modo, la relación entre la pobreza y las dinámicas del mundo productivo y del trabajo fue colocada en el centro de la escena, poniéndose en tensión su disociación, característica del pensamiento neoliberal. La crítica hasta entonces subordinada hacia ciertas premisas neoliberales sobre la relación entre la economía, la política y la sociedad adquirió mayor circulación, tanto al interior del campo especializado como en los discursos públicos. Nuevamente fueron sometidas a disputas las definiciones de la pobreza y la del buen trabajo.

En Argentina, estos procesos se catalizaron con fuerza a partir de la crisis de los años 2001 y 2002. La invitación de este libro es examinar tales procesos concentrándonos en las polémicas suscitadas a propósito de la informalidad laboral y de las intervenciones capaces de revertirla, entre las cuales, como veremos, la política social ocupó un lugar protagónico.

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