Releo mis papeles del pasado para escribir mi romance del porvenir. Nada entre el pasado y el futuro: este presente (esta tierra incógnita) es también la utopía. Ricardo Piglia, Respiración Artificial (2016: 79)

A lo largo del libro nos aventuramos en el análisis de la problematización de la informalidad laboral y en la indagación de su relación con las reorganizaciones de la política social del Estado nacional, experimentadas entre los años 2002 y 2015, en Argentina. Según interpretamos, la reflexión sobre el fenómeno vertebró un nuevo ciclo de intervención social, caracterizado por yuxtaposiciones inéditas entre la asistencia y la seguridad social, al expandirse las protecciones sociales más allá del “empleo típico”.

Nos orientó la hipótesis de que, en el tránsito al siglo XXI, la reflexión política y especializada sobre la informalidad laboral entrañó una nueva interrogación sobre los lazos entre los problemas de calidad del empleo y la pobreza. Entonces, la discusión sobre las alternativas para intervenir en los procesos de pauperización y destitución social refirió directamente al tipo y el alcance de las garantías del empleo sobre las condiciones de vida del sujeto de trabajo, poniéndose en cuestión los límites consagrados entre la producción y la reproducción social, entre la economía y la política. Éstas constituyen fronteras cruciales en la definición del orden social de la modernidad capitalista, de sus instituciones, de las formas de vida legítimas y de los modos de reconocimiento de sujetos y actores. No es casual que hayan sido objeto de polémica y confrontación tras el resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal. Los interrogantes, controversias y dilemas que se condensaron en la cuestión de la informalidad laboral nos señalan que su problematización participó de las disputas por la constitución del buen orden que se desplegaron desde entonces. Su núcleo radicó en la definición del trabajo legítimo, volviendo a emerger como problema del pensamiento y de la acción aquella tensión constitutiva del “trabajo libre”, entre la base de desposesión en que se funda y la promesa de autonomía del sujeto. Tal es la problematicidad que adquirió el reconocimiento de la escurridiza figura de los y las trabajadoras pobres (o working poor) y su inclusión en los sistemas protectorios.

La disociación entre las condiciones de vida y de trabajo, que había regido la reforma social neoliberal, comenzó a ser revisada durante el último lustro de la década de 1990, tanto en la escena local como internacional. En Argentina, fue con la crisis de los años 2001 y 2002 que se catalizó este proceso, sostenido en una crítica generalizada (aunque de distinto contenido y tenor) hacia las orientaciones y resultados de las políticas sociolaborales hasta entonces desplegadas. El agudo extrañamiento respecto del paisaje social argentino resultante de la crisis visibilizó una serie heterogénea de modalidades “atípicas” de ocupación, escasamente visibles, que ensancharon las cartografías expertas del registro laboral. El rol del trabajo en la (re)producción de la vida y en la cohesión de la sociedad pasó a ser puesto en cuestión. A juzgar por la hegemonía que habían detentado los diagnósticos pesimistas sobre el mundo productivo en los años previos (de los que las tesis del “fin del trabajo” fueron la mayor expresión), la renovada valoración económica, social y moral del empleo como vector de salida de la crisis fue imprevisible, pero acabó unificando al espectro político y al campo especializado. El “giro” en la discusión pública a propósito del trabajo fue resultado de una articulación contingente de saberes, instituciones y actores, así como de quiebres en lo “decible” que tomaron por sorpresa a quienes protagonizaron estos procesos. En el marco de una intensa gravitación del concepto en la escena internacional, la informalidad laboral se instaló en el campo especializado argentino como un resorte crucial de los procesos de empobrecimiento, que era preciso intervenir. Otra vez, la relación entre trabajo, seguridad, y autonomía emergió como problemática. La pregunta que guió nuestra exploración fue por los modos en que se trazaron las fronteras y las conexiones entre producción económica y reproducción social, en los intentos de normalización del trabajo, reconstituyendo, con ello, los procesos de integración social bajo nuevas orientaciones.

La redefinición de las políticas sociolaborales, desde el año 2002, se sostuvo en significativos quiebres en los modos de visibilización y reflexión a propósito del trabajo. En particular, destacamos la alteración de lo expectable en torno a sus tendencias futuras y a los márgenes previstos para la intervención estatal en su direccionamiento. A contrapelo de las discusiones con las que se clausuró el siglo XX, la instalación de la informalidad laboral como problema se entramó con la pretensión de recomponer el rol integrador del empleo, invocando la experiencia del Estado Social local como una tradición a recuperar. Alrededor de esta visión estratégica se congregó todo un campo de reforma. ¿Se transitaba del “fin del trabajo” hacia la recuperación del “trabajo decente”? Nuestra interpretación de la dinámica que asumió el proceso de reforma entre los años 2002 y 2015 es un tanto distinta. La investigación puso de relieve la polémica que atravesó al período respecto de la relación entre la protección y el empleo, constituyéndose ambos en asuntos controversiales. Los procesos de normalización del trabajo estuvieron plagados de dilemas y tensiones, marchas y contra-marchas, que nos impiden pensar en el período analizado como un momento de “paradigma normal”. Por esta razón, nos dispusimos a enfocar los problemas emergentes en el proceso de formalización, las resoluciones que se articularon de manera contingente, las vías desechadas, y los contenidos de las críticas que disputaron la orientación de las políticas.

Como advierten Somers y Block (2005), si bien las coyunturas de crisis habilitan la eclosión de batallas entre regímenes de ideas y de prácticas contrapuestos, las ocasiones en que el régimen dominante es reemplazado por uno alternativo son excepcionales. En esta línea, el trabajo de archivo nos ha permitido observar los quiebres tanto como las conexiones entre las discusiones desplegadas durante el último lustro de la década de 1990 a propósito de las alternativas para reorganizar la política social y la problematización de la informalidad laboral en el siglo XXI. En ambos momentos, la dupla entre trabajo y protección estuvo en el centro de la polémica: en el primer caso, bajo el extendido imperativo de disolverla, ante las perspectivas pesimistas sobre el mundo del trabajo; en el segundo, prevaleció la búsqueda de restituirla y reorganizarla, de manera de extender la seguridad en la heterogénea y vasta economía informal. En ocasiones, los evidentes quiebres en el campo de discusión e intervención sobre lo social que separan ambas coyunturas sustentaron la calificación de nuestro período de estudio como “posneoliberal”. Retomamos esta categoría (en sí misma, discutida), pero alteramos su sentido para plantear el problema del siguiente modo: tras un ciclo de reformas neoliberales alrededor del bienestar, ¿qué imaginaciones políticas se articularon en torno al trabajo y la protección?, ¿qué ejes de confrontación se establecieron con las orientaciones de dicho ciclo y qué alternativas se recrearon para superarlo?, ¿qué reformulaciones del pensamiento neoliberal tuvieron lugar, con qué saberes se entramaron y respecto de qué problemas emergieron?

La investigación realizada nos permite pensar en los múltiples efectos del resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal, irreductibles al descentramiento de ciertos tópicos, matrices de pensamientos y redes de actores. Si bien supuso la jerarquización de perspectivas sobre lo social antes subordinadas y la circulación de memorias obliteradas, lo cierto es que también operaron diversas restricciones sobre lo decible y lo pensable, que condujeron a actualizaciones, desplazamientos de sentido y olvidos de ciertos elementos de saber. También se produjeron reformulaciones del pensamiento neoliberal y articulaciones novedosas con otras matrices conceptuales, en base a las que mantuvo su gravitación en el debate público (y en lugares insospechados, como el sentido común). Si bien las perspectivas de recomposición del empleo registrado y protegido vertebraron un nuevo campo de reforma, congregándose en torno a él diversas redes de expertise, sectores del mundo productivo y espacios políticos, las lecturas distópicas sobre el impacto del cambio tecnológico en la organización del trabajo continuaron articulándose, y no como un mero residuo de discusiones superadas. Por el contrario, esta investigación sugiere la reformulación y actualización de las tesis sobre el fin del trabajo a partir de los tópicos relativos al futuro del trabajo (flexible y móvil). El eje común entre estos diagnósticos fue la afirmación de que la “condición salarial” estaba perimida y, con ella, el particular vínculo gestado entre trabajo y seguridad. La renovada presencia de estas miradas en el debate público y especializado en el siglo XXI se dio, precisamente, alrededor de la cuestión de la informalidad laboral: su persistencia en tasas elevadas replanteó (es decir, volvió a instalar y reformuló) las discusiones desplegadas hacia fines de los años noventa sobre la dupla entre el trabajo y la protección social. La cuestión de la informalidad laboral remitió constantemente a la disyuntiva de si restituirla, reorganizarla o disolverla. Esa dupla puede pensarse como un problema persistente, tanto en las reorientaciones de la racionalidad neoliberal como los proyectos de sociedad que se pretendan alternativos a ella.

El ciclo de reforma examinado se constituyó a partir de una fuerte crítica hacia la economía neoclásica como matriz de inteligibilidad de la sociedad; reinscribió los modos de organización del trabajo en el campo de la política; y, con ello, instaló la expectativa de reconstruir el lazo entre empleo y seguridad, recobrando elementos de la tradición bienestarista para reorganizar las políticas sociolaborales en el nuevo siglo. La clausura del proceso estuvo signada por una crítica política y especializada hacia dicha pretensión, afirmó su inviabilidad y señaló los errores de diagnóstico cometidos por los saberes estatales, inducidos por el sostenimiento de una programática anacrónica para las contemporáneas “sociedades del conocimiento”. Entonces, el desacople de la dupla del trabajo y la protección se volvió a plantear como un imperativo del momento, presentándose como la alternativa más realista, de mayor factibilidad técnica y justicia, para intervenir sobre los procesos de pauperización y marginación. Entre uno y otro momento, distintas imaginaciones políticas sobre el trabajo y la protección dominaron el horizonte de lo posible respecto de los modos de organizar la vida individual y social. En la dinámica que signó esta alteración, creemos, podemos encontrar claves de lectura de un problema que pulsa nuestro presente: la espinosa relación entre trabajo, seguridad y autonomía. Este Epílogo sintetiza las claves analíticas elaboradas y los núcleos problemáticos que hemos reconstruido e invita, especialmente, a tirar de este hilo. Lo sucedido tras el cierre del ciclo de administraciones kirchneristas pareciera corroborar nuestra sospecha sobre el carácter controversial de dicha relación y sobre el relanzamiento de las disputas en torno a su definición, bajo una nueva correlación de fuerzas local e internacional. La dupla entre trabajo y protección, como dice Castel, fue una innovación institucional que dio nacimiento a una civilización del trabajo. En la experiencia neoliberal, también de alcance civilizatorio, la alteración de sus contenidos fue crucial en la desocialización del bienestar. Hoy parece ser un dilema todavía abierto a nuestro tiempo.

Cartografías del campo reformador. La dinámica polémica del nuevo ciclo de reforma social

La problematización de la informalidad laboral constituyó un “organizador” del campo de reforma social entre los años 2002 y 2015 en Argentina, vertebrado por la pretensión de recomponer el empleo registrado y protegido como vector privilegiado de los procesos de integración social. La informalidad como cuestión no solo articuló una serie heterogénea de políticas, sino que también fue un vector fundamental de la crítica política y especializada hacia ellas: los debates sobre su definición, evolución y explicación pusieron en juego juicios sobre la conveniencia y la eficacia del programa de formalización, del que la ampliación de las protecciones sociales fue un elemento central. En este debate se condensaron e hicieron eclosión discusiones estratégicas sobre la formalidad laboral deseable y posible, aquel entramado de regulaciones, garantías y protecciones que constituyen un determinado estatuto del sujeto de trabajo. Así, los modos de interrogar y definir el problema se conectaron, estrechamente, con las condiciones de (i)legitimidad del modelo de política social construido durante el período en estudio. Sus marchas y contramarchas nos han permitido seguir el pulso de todo un campo de reforma social, abierto tras el resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal: de su estructuración, tanto como de su disgregación. Por eso, el análisis articuló el concepto de “problematización” (que fue nuestro punto de partida) con el de “reforma social” (al que apelamos en el proceso de investigación).

Considerando que la sociedad se (re)produce permanentemente como tal a través de la política, la reforma social remite al proceso en el que se dirimen y estabilizan (de manera provisoria) los contenidos y las instituciones que materializan la acción estatal en la producción de la vida. En este sentido, comprende un doble movimiento: de producción social de la institucionalidad estatal (de sus orientaciones, saberes, agentes, modalidades de acción) y otro, inverso, de intervención estatal sobre las prácticas sociales, modelándolas. En esa dinámica se constituyen los problemas sociales y las vías político-institucionales legítimas para superarlos. Por eso, el análisis de una problematización supone rastrear los modos en que ella participa de un proceso histórico de reforma social. Siguiendo el razonamiento, resulta tan importante para el análisis reconstruir los contenidos de los diagnósticos y de las alternativas de políticas discutidas, como cartografiar la red de saberes, agencias y actores que les dan existencia, reconstruyendo la morfología y la dinámica del campo reformador. Retomamos la conceptualización bourdieuana de campo, para enfocar la reforma social como una unidad estructurada por posiciones relativas, que entrama de manera particular locus heterogéneos de producción de saber, los cuales establecen relaciones específicas con otros campos de actividad, como la arena estatal, la política institucionalizada y la discusión pública.

El análisis de la morfología de un campo de reforma busca captar este entramado institucional, atendiendo a dos dimensiones principales: a) las relaciones de poder entre redes de expertise, que definen la estructura del campo especializado en un momento dado, en virtud de las disputas por el dominio de su capital específico, el conocimiento válido y verdadero sobre lo social; y b) los lazos, más directos o mediados, que dichas redes establecen con otros campos de actividad, con la política en particular. En rigor, ambos puntos hablan del tejido entre ciencia y política, que marca el sello distintivo de un proceso de reforma históricamente situado. El primero remite a las representaciones de lo político en y de la producción de saber: tiene que ver con el modo en que se reconstruyen los fundamentos de legitimidad del conocimiento y la actividad especializados, perfilando figuras diversas como portadoras del buen pensamiento reformador (técnicos/as, expertos/as, intelectuales). El segundo punto comprende el ethos que encarna la actividad especializada y el rol reivindicado para los y las expertas en los procesos de reforma, lo que explica los lazos establecidos con otros campos de actividad. La morfología del campo reformador nos permite, avanzar en el análisis de su dinámica, es decir, del pulso que rige la emergencia de problematizaciones, como resultado de la unificación de elementos de saber heterogéneos, tanto como su disgregación o puesta en crisis.

A continuación, destacamos tres puntos de la morfología y la dinámica del campo reformador constituido alrededor de la informalidad laboral, significativos para comprender los conflictos a propósito de la definición del trabajo y su vínculo con la protección. Reponiendo las problematizaciones en conflicto, observamos que la polémica alrededor del fenómeno no solo comprendió sus definiciones y explicaciones, sino también las formas de conocimiento consagradas como válidas y los perfiles de expertise legítimos. Los saberes estatales, entramados con los producidos por sindicatos y el empresariado industrial, tejieron una lectura de la informalidad como asunto de desprotección social de su sujeto, que se asentó en la afirmación de la politicidad del trabajo como objeto de saber y de reforma. De este modo, se habilitó su discusión política, además de técnica y especializada. En cambio, la problematización de la informalidad como asunto productivo se asentó en una separación entre economía y política, que polemizó con los saberes estatales respecto de la “naturaleza” del fenómeno y los imperativos que ésta imponía a las intervenciones. El análisis de la dinámica de estas problematizaciones nos permitió advertir que, mientras se agudizaron las disonancias en el interior del campo reformador sobre la formalidad a construir, se amplificó la circulación de la crítica experta hacia la inadecuación de los saberes y las intervenciones estatales en relación con El verdadero carácter productivo de la informalidad, registrándose múltiples conexiones con críticas producidas en el ámbito de la política partidaria. De este modo, no solo se alteraron las concepciones dominantes del problema, su raigambre política o económica, sino también los saberes legítimos para intervenir sobre él. De la crítica de la economía, a la crítica de la política.

La politicidad de los saberes y los objetos de la reforma social

La reorientación de las políticas sociolaborales, desde el año 2002, supuso un proceso de renovación de los saberes estatales. Reinscribiendo al trabajo como objeto de la acción social y política, los saberes de la reforma desplazaron aquellas prospectivas que anunciaban, como destino irreversible, la futura escasez y movilidad del empleo y con ello instalaron una serie de interrogantes sobre su calidad. Desde entonces, las redes de expertise convocadas por el Estado se caracterizaron por una lectura político-institucional de las causas de los problemas sociales y, en sintonía con ello, por un perfil especializado definido por el reconocimiento de la politicidad involucrada en los objetos de estudio, así como en la producción de conocimiento. El antagonismo con la reforma neoliberal no se acotó a las definiciones de los problemas y de las soluciones, sino que también se desplegó a propósito de las formas de conocimiento validadas.

En el marco de este proceso, analizamos la estatalización de los saberes heterodoxos sobre la precariedad laboral, forjados en una labor crítica hacia los fundamentos y efectos de las reformas laborales de la década de 1990. Tras la crisis de 2001 y 2002, la renovación de los núcleos profesionales y especializados de los ministerios se orientó a reconstruir una perspectiva nacional sobre los problemas locales, que se juzgaba diluida ante la injerencia que habían tenido los organismos internacionales en los años previos, especialmente los financieros. Por su tradición intelectual y su historia, los saberes heterodoxos del campo de estudios laborales respondían a las nuevas demandas estatales de rigurosidad científica, compromiso político (en la producción de conocimiento y en la adhesión al proyecto de recomposición de una ciencia nacional) y sensibilidad frente a los problemas sociales. Este ethos especializado cuestionó que la gestión pública se rigiera por imperativos meramente técnicos. En debate con la razón tecnocrática, el conocimiento especializado se valoró como base irremplazable del buen diseño, gestión y evaluación de las políticas, pero se reconoció que sus orientaciones se dirimían en el debate político, del que la expertise no era ajena, aun si pretendía mostrarse de ese modo. Se trata de una relación entre ciencia y política más compleja que la de una pura identificación entre los saberes ministeriales y el partido de gobierno. Por el contrario, el reconocimiento de la politicidad del saber fundó la reivindicación de la autonomía de los y las expertas, más allá de que eventualmente derivara en la adhesión a la programática oficial y/o la inscripción en la política partidaria. De allí la existencia de heterogeneidades y debates entre los saberes producidos desde y para el Estado, como los que relevamos entre el MTEySS y el MDS en cuanto a sus perfiles y ethos, o como los que pusimos de relieve a propósito de la reposición o la actualización de la tradición bienestarista.

Desde nuestra perspectiva los saberes estatales no se definen única ni principalmente por su inscripción institucional en las dependencias públicas, sino por detentar un poder estatuyente sobre el campo especializado. Su constitución es relacional, en un proceso que comprende la demanda estatal hacia el campo académico y técnico, tanto como el entramado en él de una red de filiaciones y convergencias en la que se sustenta la legitimidad de un determinado cuerpo de saberes como pensamiento reformador. La problematización de la informalidad laboral como un asunto de desprotección social unificó múltiples locus de producción de saber que, por su relación directa con los procesos de reforma social, pasaron a asumir una posición de relativa jerarquía en el campo especializado, viéndose alterada su estructura de posiciones. Un primer elemento distintivo de esta lectura de los problemas sociolaborales fue la intersección entre los saberes locales sobre precariedad laboral y las reformulaciones del concepto clásico de “sector informal urbano”, producidas por agencias heterodoxas del sistema multilateral (especialmente la OIT) a partir de la noción de economía informal. El relevo del término “sector” por “economía” significó el desplazamiento de la causalidad productiva asignada a la informalidad en los años setenta y ejerció una ampliación de sus referentes empíricos, pasando a contemplar toda modalidad laboral no registrada ante el Estado y desprotegida. Esos desplazamientos fueron los que estrecharon el diálogo con las teorías de la precariedad y sentaron una causalidad eminentemente política de los déficits de calidad del empleo, enfocando las relaciones de poder cristalizadas en su desestabilización, bajo una comprensión unificada de la economía y de la política. Los saberes heterodoxos locales e internacionales sobre el trabajo compartieron el gesto analítico de señalar la politicidad de las controversias especializadas, develando que las definiciones y explicaciones de los problemas modelan la dirección en que serán intervenidos. En este orden, más allá de sus trayectorias e inspiraciones comunes, estos saberes convergieron por una visión estratégica compartida sobre la recomposición de ciertos pisos de seguridad en y del trabajo y por la polémica entablada con las lecturas cultural-comportamentales de la informalidad, que bregaban por reducir los costos laborales, a manera de incentivo para empresarios/as y trabajadores/as.

En segundo lugar, la intersección de las nociones de informalidad/precariedad laboral como clave de lectura del problema social argentino articuló los saberes ministeriales con los producidos por centros de estudios de sindicatos y el empresariado industrial. Entre ellos existieron disonancias insoslayables, por supuesto. Lo notable es precisamente su articulación en la interrogación de la informalidad laboral como un problema relativo a la desprotección social. La articulación entre estos saberes heterogéneos se montó sobre trayectorias compartidas entre los y las expertas, así como en tradiciones y memorias comunes. Pero también aquí lo definitorio fue la unificación en la polémica entablada con perspectivas economicistas sobre el desarrollo nacional y los problemas laborales, reinscribiendo en ellos la mediación de la política y del rol estatal. La visión estratégica del “trabajo decente” funcionó como un marco aglutinante, tanto como de debate y disputa por la fijación de su sentido: si por un lado, la categoría encarnaba la búsqueda de asociar el empleo a regulaciones y protecciones que le dieran mayores niveles de seguridad; por otro, se definía como una categoría relativa e incremental, cuyo contenido dependía de los consensos logrados entre los actores del mundo productivo y los niveles de desarrollo. Posiblemente, haya sido esta amplitud la que habilitó la convergencia de estos saberes. El trabajo decente, como horizonte de los procesos de formalización, expresó la unificación provisoria de respuestas heterogéneas a la pregunta sobre los criterios que definen qué es un buen trabajo y sobre los deberes y obligaciones sociales que plantea: articuló el “trabajo productivo” al que hicieron referencia los saberes empresariales; el “trabajo digno” defendido por los saberes sindicales; y el empleo registrado y protegido visualizado por la expertise ministerial.

La morfología del campo de reforma así constituido evoca una suerte de “tripartismo de los saberes”, análogo al tripartismo que se pretendió volver a forjar en el mundo productivo, entre Estado, sindicatos y cámaras empresariales, como condición de posibilidad y vehículo de los compromisos a establecer para la protección del empleo. Ello nos sugiere las analogías y las identificaciones entre la dinámica del campo especializado y la de la política. Más aún, señala la manifiesta politicidad del proceso de reforma examinado. Como venimos argumentando, se trató de un proyecto de transformación del trabajo y de la protección social que los repuso como objetos de debate y de negociación políticos; por ende, no solo habilitó sino que movilizó la polémica en torno a la orientación de la acción estatal. Dicho de otro modo, las políticas sociolaborales del período se presentaron como campo y objeto de acuerdos, tensiones y negociaciones entre actores políticos y corporativos, desnudando su carácter contingente. En este punto, se evidencia el “doble movimiento” de los procesos de reforma social que mencionábamos antes: si ellos remiten a proyectos de transformación de la vida social por parte del Estado, lo cierto es que la acción estatal se constituye en un “campo reformador” que trasciende a las instituciones públicas, en donde se procesan su dirección y sus contenidos. El “tripartismo” como figura gráfica a la que apelamos para dar cuenta de la morfología del campo reformador nos habla de la dinámica que asumió la producción social de las políticas socio- laborales, sujeta a la evolución de conciliaciones y compromisos, provisorios por definición.

Este particular “tripartismo” nos señala, además, la ampliación de los saberes convocados al proceso de reforma, en comparación al ciclo precedente. Este encuentro de voces heterogéneas produjo un desborde de la expertise como fundamento de legitimidad y, con ello, de las figuras autorizadas para participar del espectro reformador. Pero, además, cobraron visibilidad otros perfiles de especialización posibles, que descentraron la racionalidad tecnocrática o, en ocasiones, se intersecaron con ella. En este marco se inscriben las mixturas entre las figuras de expertos/as e intelectuales (“orgánicos” a distintos espacios sociales), gestores/as y militantes; las yuxtaposiciones entre la especialización, el compromiso político y la proximidad afectiva y territorial como fundamentos del saber y la intervención en lo social; así como la convivencia con saberes, agentes y prácticas “gerenciales”, que quedaron instaladas en la actividad ministerial y la discusión pública desde la década anterior. Esta observación es afín pero no se subsume a la multiposicionalidad de los y las especialistas, señalada por la literatura especializada como un rasgo sobresaliente de la expertise (Morresi y Vommaro, 2011; Boltanski, 1973). Desde esta perspectiva se señala que los y las expertas asumen múltiples pertenencias institucionales (el Estado, la universidad, el sector privado, etc.), lo que les otorga una relativa autonomía y delimita un campo de actividad específico. Aquí nos interesa otro matiz del fenómeno: no nos detenemos en el desempeño de roles polivalentes, sino en la configuración de distintas modulaciones del lenguaje experto según las voces que lo hablan y corporizan. El lenguaje experto, adoptado por “personajes situados en puntos diferentes e incluso opuestos del abanico político o social” (Topalov, 2004: 57), puede asumir diferentes tonos, mixturarse con otros léxicos y apelar a fundamentos de legitimidad diversos según sus colocaciones institucionales. Se trata de una dimensión destacada de los procesos de reforma, porque habla de los lazos trabados entre ciencia y política, al referir al modo en que los saberes representan “lo político” en la disputa de su legitimidad y a los vínculos más o menos directos con otros campos de prácticas. La reforma social que hemos analizado se habló en múltiples dialectos, lo que nos sugiere una relativa democratización del debate por sus orientaciones, que acompañó la manifiesta politicidad del proceso.

La polémica a propósito de la informalidad laboral. La reforma en interdicto

En el Capítulo 2, analizamos las discusiones especializadas del último lustro de la década de 1990 y resaltamos dos movimientos: la formación y circulación de críticas hacia las políticas sociolaborales del período desde los enfoques sobre la precariedad laboral, que señalaron el rol estatal en la desestabilización del empleo; y la producción de torsiones en el interior del campo reformador que, a partir del concepto de exclusión, cuestionaron las lecturas sobre la pobreza de inspiración neoclásica, como un costo previsible y transitorio del “ajuste estructural”. La escena es ilustrativa del hecho de que toda reforma –aun aquellas cuya hegemonía parece no presentar fisuras– se despliega en un campo de múltiples problematizaciones, de modo que para caracterizar el proceso es preciso observar las relaciones de identificación, subsunción y confrontación entre ellas. No es un sello distintivo de nuestro período de estudio la mera existencia de una lectura alternativa de la informalidad laboral, respecto de la que organizó a los saberes estatales. En cambio, sí es un elemento específico del proceso de reforma analizado, la intensa polémica desplegada entre las problematizaciones “en competencia” y las redes de expertise que las produjeron. El cuestionamiento hacia los saberes estatales adquirió notable gravitación en el ámbito académico y en la discusión pública, lo que le dio a la cuestión de la informalidad laboral un carácter controversial. Hacia fines del período, la amplificación de la crítica experta y su particular conexión con el discurso político cuestionó la validez del pensamiento reformador y, así, disputó su poder estatuyente.

Con la jerarquización de los saberes sobre la precariedad laboral en la estructuración del nuevo ciclo de reforma social, fueron progresivamente descentradas las redes de expertise que, en los años previos, habían interpretado el problema social argentino como expresión de una dinámica de exclusión, arraigada en la condición de inempleabilidad que adquirían ciertas poblaciones ante el cambio tecnológico. Tras la crisis, estos enfoques perdieron dos referencias centrales que los articulaban: por un lado, su referente empírico, la desocupación, que con los primeros signos de recomposición económica cedió lugar frente a los problemas de calidad del empleo; por otro, la hipótesis de la “superfluidad”, cuestionada como expresión de la orientación excluyente del modelo de globalización financiera, más que como el resultado previsible pero inevitable de una dinámica estructural sin agentes. Sin embargo, bajo un impasse y ciertas reformulaciones, los saberes sobre la exclusión continuaron articulándose. Alrededor de ellos se consolidó una red de expertise en política social, que había emergido hacia finales de los años noventa, instalando en el campo un perfil institucional novedoso. En esta línea, rastreamos conexiones significativas entre las reflexiones sobre la exclusión en la clausura del siglo XX y la problematización de la informalidad laboral, durante nuestro período de estudio, como un asunto “productivo”, antes que referido a la desprotección del sujeto de trabajo. Se trata de resonancias relativas a los modos de reflexión sobre los problemas sociolaborales, las formas de conocimiento y a los fundamentos de legitimidad de la actividad especializada.

Hacia fines de la década de 1990, la lectura dominante sobre la exclusión se gestó en una red de expertise constituida entre el Estado y la sociedad civil. Participando del campo reformador de la época, la Secretaría de Desarrollo Social fue una instancia crucial en la apuesta por renovar los enfoques sobre la pobreza, motivada en el diagnóstico de una crisis terminal de la vieja sociedad salarial local y del ascenso de una nueva cuestión social. Las filiaciones tejidas entre los y las especialistas que participaron de esta experiencia fueron perdurables. El sello distintivo de esta trama de saberes fue su perfil institucional, a partir de la prolífica actividad de nuevos centros privados de expertise, creados en el tránsito al siglo XXI, como el Observatorio Social, la Asociación Argentina de Políticas Sociales o CIPPEC. Hasta ese momento, los institutos privados del campo de estudios en política social se habían inscripto en la sociedad civil como forma de preservar cierta autonomía intelectual, particularmente en relación con el Estado. En cambio, en este caso, el lazo con la sociedad civil constituyó un modo de aproximación con los saberes “de a pie” y una vía para canalizar una suerte de “activismo cívico” de los y las expertas, rechazando la inserción académica pura, así como una conexión manifiesta con la política partidaria. Estos centros reivindicaron para sí un lenguaje de verdad, sostenido en la pretensión de un conocimiento directo de la realidad a través de los métodos científicos. Esa particular fusión entre la creencia en el acercamiento a-valorativo a lo real y la vocación de servicio social, dándole “utilidad práctica” al conocimiento, marcó una distancia con los think tanks inscriptos en el campo disciplinar de la economía. Este perfil institucional movilizó un lazo peculiar entre ciencia y política: se evadió de la politicidad inherente a la ciencia y de la mediación formal con la política institucionalizada en la hechura de propuestas de intervención, al tiempo que recreó un ethos de proximidad con la experiencia de la pobreza, en la que se asentó una nueva forma de compromiso de los y las expertas en su ejercicio profesional. El lazo con la política devino más plástico y opaco, al no existir una relación expresa con dicho ámbito, pese a que partidos, representantes políticos y corporaciones empresarias integraron la red de auspiciantes de estos nuevos centros.

Aunque algunas de estas agencias experimentaron cierto declive en su actividad tras la salida de la crisis de los años 2001 y 2002 (por ejemplo, el Observatorio Social), esta red de saberes se renovó a partir de los lazos establecidos con nuevos institutos universitarios de vibrante actividad: el Observatorio de la Deuda Social Argentina (Universidad Católica Argentina) y al Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Universidad Nacional de La Plata). A su vez, estos se enlazaron con agencias del sistema multilateral, instituciones académicas internacionales y saberes religiosos. Más allá de los intercambios registrados entre las y los especialistas de estas diversas instituciones, son las filiaciones conceptuales y las resonancias en cuanto al ethos experto reivindicado las que nos hacen pensar en la consolidación una red de expertise. Por un lado, observamos una continuidad en la búsqueda de renovar los enfoques sobre lo social y tratar su dimensión subjetiva, iniciada por la Secretaría de Desarrollo Social en la década anterior. A partir de entonces, la economía del comportamiento, las teorías sobre las capacidades humanas y sobre la multidimensionalidad de la pobreza adquirieron un verdadero desarrollo empírico en el país. Además, la actividad de estas agencias recreó los fundamentos de legitimidad que antes expusimos: la pretensión de verdad del conocimiento, el compromiso cívico de los y las investigadoras, y la búsqueda de aproximación a la experiencia de pobreza.

Bajo esta red de agencias y especialistas, los saberes sobre la exclusión se actualizaron intersecándose con las perspectivas sobre la marginalidad: ese cruce fue el terreno de relanzamiento del interrogante por la producción de poblaciones superfluas para el mercado. Su referente ya no sería el desempleo, sino la informalidad laboral, cuya persistencia en tasas elevadas se postuló como un signo de la pérdida del carácter integrador del empleo en la contemporaneidad. Como en el campo reformador, la convergencia de saberes heterogéneos no resultó en una visión unificada de la informalidad, exenta de disonancias y tensiones. Pero las articulaciones dieron lugar a una lectura alternativa del fenómeno, en virtud de la cual se entabló una polémica expresa con los saberes estatales y se dirigió una crítica hacia las políticas sociolaborales del período. El eje de disenso era, nada menos, que el carácter del problema: para esta red de expertise, la informalidad laboral tenía efectos en la desprotección del sujeto, pero sus causas profundas eran de tipo productivo y económico. Con ello, se recentraba esta racionalidad frente a la de inspiración político-institucional resaltada por los saberes estatales. Por eso es que aun retomando el concepto de “economía informal”, formulado por la OIT, se preservó la distinción entre una mirada legal del fenómeno y su clásica definición, en términos productivos.

No se trató, empero, de un relanzamiento de las lecturas setentistas sobre el desarrollo periférico o dependiente: si bien en algunos casos fueron retomadas (sobre todo en la actualización de los enfoques de la marginalidad), la dimensión productiva hizo referencia, ante todo, al déficit de productividad de la economía argentina. Así, se destacó el carácter involuntario del fenómeno tanto para las y los trabajadores, como para la parte empleadora, cuando la competitividad de las empresas era demasiado baja para afrontar los costos del registro. En este sentido, las explicaciones del problema aludieron a la desprotección, pero pusieron en foco los costos del trabajo como factor productivo: así, se depositó en los saltos de competitividad la expectativa de una transformación estructural y sostenible en el tiempo del problema. Por su parte, las políticas estatales de formalización, asentadas en el doble eje de fiscalización de las relaciones laborales y extensión de las protecciones sociales para quienes permanecían en la informalidad, no incidían en ese límite estructural que le ponía un techo a la expansión del trabajo decente pretendida. La crítica hacia ellas se concentró en su desajuste respecto de la naturaleza del fenómeno sobre el que pretendían intervenir: el problema hundía sus raíces en la economía, pero la intervención se centraba en el ámbito de la distribución. Las explicaciones “productivas” sentaron una línea de continuidad con los saberes sobre la exclusión elaborados hacia finales de los años noventa, puesto que visualizaban –como estos– el necesario ajuste a la competitividad de la economía argentina.

Otra resonancia estuvo dada por el estudio de la expresión subjetiva de los procesos de exclusión/marginación/informalización: ella reformuló el problema de la productivo en los términos de los activos de los individuos para participar del mercado laboral. El acercamiento a la experiencia del “núcleo duro” de pobreza e informalidad, a través de estudios estadísticos y experimentales sobre sus capacidades humanas, motivaciones y emociones, explicó la incidencia de la informalización en determinados grupos y espacios sociales a partir de la cuestión de la (in)empleabilidad. Ésta mantuvo su vigencia desde los años noventa, enfocando el fracaso en la competencia en el mercado laboral como resultado del deterioro o la pérdida de saberes, capacidades y disposiciones individuales. Desde esta perspectiva, el programa de formalización adoptado en las administraciones del kirchnerismo no atendía a esta dimensión del problema: no se trataba solamente de extender las protecciones, mientras los individuos permanecían en actividades superfluas para el desarrollo económico, sino de modificar la lógica discriminatoria que regía la distribución de los “recursos de empleabilidad”, para promover un efectivo tránsito al empleo formal. En este punto, la informalidad laboral se asoció con la “inmovilidad social” en circuitos marginales de la economía y en territorios deteriorados y aislados. Así, se reinstaló el diagnóstico sobre la constitución de una infraclase o underclass en Argentina, que durante la década de 1990 había sido controversial.

Como hemos analizado en profundidad en el Capítulo 4, la crítica hacia las políticas sociolaborales del período, dirigidas al trabajo informal, recreó otros contenidos de la formalidad laboral a constituir. Es decir, no se trató únicamente de un cuestionamiento sobre su eficacia, sino que también se pusieron en tensión sus orientaciones. En definitiva, la persistencia de la informalidad mostraba el fracaso de las intervenciones estatales por la inadecuación de sus herramientas, pero sobre todo de su horizonte: no había posibilidad de extender el empleo de calidad y protegido si no era, al mismo tiempo, empleo productivo. Los programas de formalización debían dirigirse hacia su ampliación, impulsando saltos de productividad en la actividad privada, y simultáneamente ampliar las oportunidades de desarrollo humano de las poblaciones excluidas para reincorporarse en el mercado. Se trataba, entonces, de recrear la formalidad, adaptándola a los rasgos de las “sociedades del conocimiento”, lo que dio a la protección otros sentidos y fundamentó nuevas modalidades para su organización. Frente al sentido clásico de aseguramiento y distribución de la riqueza, se destacó la promoción de capacidades; en relación con ello, se fundamentó en la situación de las poblaciones excluidas, frente a la cambiante demanda laboral, un desacople relativo entre trabajo y protección social. Si bien no encontramos propuestas expresas de reforma laboral,^[1] estas producciones bregaron por redefinir el lazo entre seguridad y trabajo, eje de la crítica hacia las políticas sociolaborales del período.

Más adelante profundizamos en los fundamentos de esta crítica. Aquí, vale destacar uno de sus elementos característicos: si bien su núcleo fueron las visiones estratégicas del trabajo deseable y viable, ella no se reconoció a sí misma como política, sino que se formuló en un lenguaje de verdad, sostenido en la pretensión de acceso directo y a-valorativo a lo real a través de la ciencia. El acercamiento a la verdadera naturaleza de la informalidad se basó en la referencia a la economía y en la conexión con la experiencia subjetiva de los y las trabajadoras empobrecidas, que invistió a estos saberes de un ethos de proximidad y sensibilidad respecto de los padecimientos sociales. Frente a la politización de los objetos, saberes y dispositivos involucrados en el proceso de reforma, aquí observamos una crítica sostenida en un gesto inverso: una relativa despolitización del problema de la informalidad, reinscribiendo las alternativas de intervención en una discusión eminentemente técnica y especializada, aunque no por ello desafectada o insensible frente a los problemas sociales. La perspectiva: una reorientación de las políticas y, con ella, del pensamiento reformador.

Crítica experta, crítica política. La clausura del proceso de reforma

Los apuntes sobre la morfología del campo reformador y el carácter controversial que asumió la informalidad laboral aportan elementos para comprender la clausura de este ciclo de políticas sociolaborales. Confluyeron dos procesos para ello: la progresiva desarticulación del “tripartismo de los saberes”, que desestabilizó la problematización del trabajo informal como problema de desprotección de su sujeto; y la amplificación de las críticas expertas hacia esta visión del fenómeno en el debate público, registrándose su conexión y apropiación por la crítica política, elaborada desde sectores de oposición al oficialismo. Ambos confluyeron en la pérdida de poder estatuyente de los saberes producidos desde las agencias estatales.

Como resaltamos, la problematización de la informalidad laboral como un asunto de desprotección social de su sujeto fue el efecto de la unificación provisoria de los saberes estatales, sindicales y del empresariado industrial, en virtud de una visión relativamente común de la formalidad a constituir, continuamente negociada. A partir del despliegue de las políticas sociolaborales y en el marco de la agudización de la puja distributiva, observamos la acumulación de tensiones y disputas por el sentido del “trabajo decente”, que organizaba las estrategias de formalización. Las divergencias se expresaron en una serie de lecturas críticas de los actores sindicales, el empresariado industrial y las redes de saber con ellos entramadas hacia las políticas gubernamentales. Ellas expresaron distintos modos de responder a un dilema que el proceso de reforma instalaba de forma permanente: ¿quiénes pueden reivindicar qué derechos en su condición de trabajadores y trabajadoras? El proceso de reconstitución de la norma laboral tras el cuestionamiento de las regulaciones heredadas suponía definir tres cuestiones escurridizas: cuál es el trabajo recortado como legítimo soporte de derechos sociales; quién es el sujeto de ese estatuto; y cuáles son los estándares de protección que éste garantiza. Hacia fines del período, la construcción de formalidad laboral había dejado de ser espacio de construcción de consensos y devino fuente de conflictos.

Por su parte, referentes y especialistas asociados/as con las instituciones representativas del empresariado industrial señalaron la configuración de una formalidad simulada o espuria, sostenida en la extensión de las protecciones sociales, a cargo del Estado, y no de la ampliación del empleo productivo y de calidad. Este razonamiento suponía que el buen trabajo era el desarrollado en el mercado, bajo condiciones medias de rentabilidad y vector de protecciones contributivas. Si el proceso de formalización no se basaba en su extensión, entonces era inconsistente: la razón de ello se encontró en la persistencia de ciertos obstáculos estructurales para el incremento de la competitividad del sector industrial y, para superarlos, urgía observar los costos del trabajo como factor productivo. Habían entrado en tensión dos sentidos que convivían en la plataforma del “trabajo decente”: su productividad y su condición protegida. Ello fue el terreno de una convergencia de los saberes industriales con las problematizaciones alternativas de la informalidad laboral, como un asunto de racionalidad económica-estructural.

Simultáneamente, los saberes sindicales también instalaron una reflexión sobre los costos del trabajo formal, sometiendo a debate los compromisos asumidos por el capital en ellos. Centros de estudio vinculados con fracciones sindicales opositoras al oficialismo denunciaron la devaluación de la formalidad reconstituida, apuntando un aspecto sensible del proceso: la existencia de modalidades de trabajo formal para las estadísticas (por encontrarse registradas ante el Estado) y, al mismo tiempo, precarias, mal remuneradas y/o con estándares limitados de protección. La programática oficial gestionaba esta tensión por la expectativa de un tránsito, en el mediano o largo plazo, hacia el empleo regular, pero ¿qué sucedía si se trataba de una situación estable más que transitoria? La persistencia de la informalidad abonó esta hipótesis y fue presentada como prueba de la vigencia de un modelo de desarrollo exógeno, sostenido en la precariedad laboral. Con otros contenidos, los saberes congregados en el tratamiento de las economías populares también cuestionaron la perspectiva de tránsito hacia el empleo formal y, por ello, demandaron el reconocimiento y la protección de aquel trabajo “autogenerado” en los territorios, bajo una institucionalidad propia pero enmarcada en el derecho laboral. En este sentido, es sugerente la emergencia de una lectura compartida por el arco heterogéneo de saberes sindicales sobre la tensión creciente entre la ampliación de los seguros sociales mediante herramientas semi o no contributivas y la vigencia de la contributividad, que se consideraba lesionada al registrarse un desfasaje entre los aportes al sistema y los beneficios obtenidos. Se trató de una defensa corporativa, sí, pero al plantear la necesidad de ampliar las fuentes de financiamiento y avanzar en la progresividad de la distribución advirtió las dificultades de implicar al capital en ciertos compromisos para la formalización. Por lo demás, expresó una tensión entre saberes sindicales y populares, que sería provechoso continuar estudiando.

Mientras el campo reformador perdía su cohesión de manera progresiva, la problematización “productiva” de la informalidad laboral asumió una gravitación creciente en la discusión pública. El trabajo de archivo nos permitió registrar las conexiones entre estos saberes y los producidos por distintos sectores del empresariado, incluido el industrial. Estos se apropiaron de la palabra experta, enfatizaron ciertos elementos de saber y desestimaron otros en la reivindicación del empleo productivo y mercantil como el trabajo genuino, a cuya expansión debían orientarse las políticas, lo que suponía reordenar el complejo de intervenciones. Además, registramos múltiples conexiones entre la red de expertise vinculada a los saberes de la exclusión/marginación con la política partidaria, en especial con sectores de oposición al oficialismo: intercambios entre agencias especializadas y sus profesionales con fundaciones políticas de renovada presencia pública, quebrándose la pretendida ajenidad respecto de la vida partidaria. La problematización productiva de la informalidad laboral cobró gran visibilidad pública y, en base a ella, la crítica política y especializada hacia el patrón de política social del período, pues el eje del cuestionamiento fueron los fundamentos, los sujetos y los objetivos de las protecciones. Entonces, se planteó como un imperativo del momento su disociación respecto del trabajo.

Imaginaciones políticas sobre el trabajo y la protección. La dimensión estratégica de los saberes sobre la in/formalidad laboral

La dinámica del proceso de reforma constituido alrededor de la problematización de la informalidad laboral da cuenta de su atravesamiento por lo político y la política:^[2] tanto por la politicidad que adquirieron los objetos, dispositivos, agentes y saberes involucrados en él, como por las sincronías y las relaciones de identificación entre los debates especializados y los de la política institucionalizada. Buena parte de las controversias a propósito de la definición y la explicación del fenómeno tuvo un insoslayable componente normativo. La delimitación de “lo informal” en el mercado laboral supuso una doble operación: el contraste con el empleo formal, lo que exigía determinar los atributos que éste debería tener; y la exclusión de ciertas actividades por no encuadrar con los parámetros esperables del “trabajo” y de la vida económica. Es sugerente en este sentido que las críticas hacia las políticas sociolaborales del período, que repusimos más arriba, se hayan valido de imágenes del empleo genuino y de la buena protección, a las que se apeló para ponderar los avances y las deficiencias del proceso de formalización encarado. En las denuncias de la estabilización de una formalidad devaluada en términos protectorios, o bien, simulada, por el registro como “formales” de actividades económicamente superfluas, encontramos miradas en conflicto sobre el trabajo legítimo, su lazo con la seguridad y con la autonomía del sujeto. Por eso, a lo largo del libro, insistimos en que el problema de la informalidad fue, justamente, la formalidad laboral.

Si la formalidad emergió como problema fue porque, tras el resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal, volvió a interrogarse la relación entre condiciones de trabajo y de vida. Se trata, pues, de la apertura de una nueva reflexión sobre los procesos de normalización del trabajo y de la vida, en la que adquirió centralidad la protección del sujeto y su estatuto de derecho. Cuestionada la orientación de las reformas de la década de 1990, se reeditaron las discusiones sobre los modos deseables y factibles de intervenir sobre el mundo del trabajo: de allí que el núcleo de las controversias fuera estratégico y haya comprendido las imaginaciones políticas sobre el empleo a constituir. Pensamos las imaginaciones políticas sobre la formalidad laboral deseable y viable en dos niveles: uno relativo a los contenidos propiamente dichos del buen empleo y la relación establecida con el campo de la protección; el otro remite a los modos de reflexión acerca de los márgenes de la intervención social para modelar las dinámicas del mundo del trabajo y la producción, que les sirven de fundamento. Los hilos estratégicos de las reflexiones sobre la informalidad nos permiten poner en foco las luchas de sentido desplegadas por la determinación del horizonte de posibilidad del trabajo de nuestra época.

Los procesos de reforma social: entre la imaginación y el gobierno

Las reformas sociales asumen una relación ambivalente con la política. Ellas suponen el trabajo de deshacer la sociedad y rehacerla bajo nuevos términos (Ribeiro, 1990: 175). En esa pretensión las rige un supuesto propiamente moderno: que las formas sociales no vienen dadas por principios trascendentales, sino que son hechas por la acción humana, específicamente, a través de la política. La reducción del espacio de lo trascendente, azaroso y misterioso, frente al avance del conocimiento, la razón y la agencia humanos, fue graficado bajo la idea del “desencantamiento del mundo”. Sin embargo, la afirmación del orden social como invención humana impulsó el despliegue de una “actividad imaginante” (Baczko, 1999: 27) orientada hacia la acción política. Su objeto: alteridades societarias todavía inexistentes, pero posibles de ser construidas materialmente puesto que son pensables. Así, todo proyecto de reforma cobra impulso, extrae sus energías, de un núcleo de imaginaciones políticas sobre el orden social a construir a través de la intervención, estrechamente vinculadas con la actividad científica y técnica porque se trata de proyectar esas alteridades, pero también de conocer, prever y gobernar el entorno para construir sus condiciones de posibilidad. Por eso, las reformas constituyen un ejercicio de imaginación e invención política, tanto como de administración técnica y burocrática.^[3] Los procesos de reforma han sido el terreno de una incesante profesionalización de la intervención social, creándose ámbitos de saber, especialidades profesionales y técnicas específicas. Aquí la política emerge en otro sentido, que no es el de la imaginación y deliberación de los principios definitorios del orden, sino el de la delimitación de lo posible y lo factible, en virtud de un conocimiento especializado de la realidad. La concepción de la política como técnica (Lechner, 1984) entraña un movimiento de despolitización de las reformas, en la medida en que los problemas sociales son inscriptos en un ámbito de discusión experto, relativamente abstraído del enfrentamiento democrático.

Politización y despolitización son momentos constitutivos de los procesos de reforma social, pero los resultados en uno u otro sentido deben ser precisados históricamente, pues dependen de las relaciones forjadas entre política-ciencia-técnica e imaginación-deliberación-administración. Toda intervención social aspira a disponer del conocimiento más acabado posible de la realidad y las regularidades que rigen su dinámica, para delimitar el campo de lo posible, prever efectos de la acción humana y circunscribir aquello que se impone a ésta como “necesidad” (Lechner, 1984). Sin embargo, la acción racional nunca llega a penetrar totalmente en lo conocido (Dotti, 1994). Pese al sueño tecnocrático de una sociedad transparente y perfectamente cognoscible, la delimitación de lo posible es siempre problemática y escapa a la ciencia. En los regímenes democráticos la imprevisibilidad de la acción del otro es inerradicable, pues es efecto de su libertad; en consonancia con ello, el cálculo racional puede trazar el campo de lo posible, pero no determinar las opciones factibles (Lechner, 1984). De hecho, estas condiciones de la producción de conocimiento no escapan a la reflexión de las ciencias sociales, en cuyo seno se han forjado representaciones de la relación entre la ciencia y la política, afirmando la politicidad de la primera o recreando a la segunda como una técnica. En ellas se juegan, en buena medida, las variables combinaciones entre administración y deliberación, politización y despolitización, que se sintetizan en cada ciclo histórico de intervención social. Para reflexionar sobre este punto, sintetizamos las imaginaciones políticas que subyacieron a las problematizaciones de la informalidad laboral durante el período de estudio. Tras el resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal, resulta sugerente que las controversias políticas y especializadas se hayan concentrado en la estimación de aquello que es posible (y no solo deseable) transformar a partir de la intervención sobre el trabajo y la protección social. ¿Qué horizontes fundaron el ciclo de reformas analizado y cuáles signaron su clausura?

La reactivación de un gesto utópico

El proceso de reforma social desplegado entre los años 2002 y 2015, en Argentina, expresó y movilizó quiebres significativos con las imaginaciones políticas sobre los futuros deseables y posibles del trabajo. A contrapelo de las prospectivas pesimistas que dominaron el campo de discusión en la clausura del siglo XX, la pretensión de resituar al empleo como vector de la integración social reafirmó su valor económico, social y moral; depositó en su condición protegida la expectativa de realización de una buena vida para los individuos y la sociedad; y se asentó en la reivindicación de la capacidad estatal de regular la vida económica. La certeza de que era factible gestionar de otro modo el ámbito del trabajo estuvo dada por una suerte de rehabilitación de la imaginación utópica, que discutió con aquellas visiones que preveían un futuro de escasez y flexibilidad del empleo. Durante la década de 1990 este gesto utópico había atravesado la polémica entablada por las y los especialistas en estudios laborales respecto de los fundamentos de las reformas: entonces subordinado, tras la crisis de los años 2001 y 2002, fue rescatado y amplificado como motor de un nuevo ciclo de intervenciones sociales.

Recurrimos a la noción de utopía para precisar los rasgos de las imaginaciones políticas entramadas en la problematización de la informalidad laboral que organizó a los saberes estatales. Ella constituye la forma moderna, por excelencia, de imaginar alternativas societarias, por la orientación del saber hacia la acción política. Retomando la Utopía de Moro, Abensour plantea que ésta propone un ejercicio filosófico involucrado con la doxa, preparado para jugar con la opinión y dispuesto al arte de persuadir, a contrapelo de una filosofía dogmática, según la que las “soluciones” formuladas por el conocimiento racional del mundo son “aplicables para cualquier lugar” (2019: 304). La utopía constituye un artefacto de crítica del presente al recrear, en el pensamiento, sociedades en pleno funcionamiento a partir de principios alternativos a los del orden existente: su intersección con la ciencia y la técnica se funda en la visibilización de los medios a producir para construir aquello que todavía no existe. Asimismo, el pensamiento utópico es propiamente moderno ya que condensa el ideario de progreso, emplazando en el futuro las buenas comunidades políticas imaginadas. Nuestro argumento fue que la reflexión normativa sobre el empleo, que acompañó el tratamiento de la informalidad laboral por los saberes estatales, exhibió gestos utópicos, activando en base a la imagen de otro trabajo posible la imaginación de otra sociedad. Esta visión se sintetizó en la idea de “sociedad del trabajo”, retomada por los discursos oficiales de la producción intelectual de finales de la década de 1990, como alternativa a la globalización neoliberal (Godio, 2005).

La afirmación del carácter social y político del trabajo como objeto de estudio e intervención, tanto como de la técnica, fue una condición elemental en la rehabilitación de la imaginación utópica. Por un lado, en base a ella se formuló una racionalidad político-institucional de la informalidad laboral, que mostró la desestabilización del empleo como efecto de intervenciones, cuya reorientación, potencialmente, podían coadyuvar a revertir el fenómeno. Por otro, la concepción de los problemas laborales como resultado de modos específicos de regulación estatal de la vida económica cuestionó un supuesto central de las prospectivas pesimistas sobre un horizonte de flexibilidad y escasez de empleo: la idea de que el cambio tecnológico se orientase en esa dirección de manera unívoca e irreversible. La insistencia de las y los expertos en señalar que la economía, la tecnología y el trabajo eran objetos de producción humana, disolvió el determinismo con que se habían proyectado sus tendencias futuras. La polémica encarada por los saberes estatales con las tesis sobre el “fin del trabajo” fue expresa y continua. Es que, pese a su descentramiento en el nuevo siglo, algunos de sus núcleos argumentales, aunque reformulados, continuaron gravitando en lecturas internacionales y locales sobre la informalidad laboral. La definición del fenómeno como expresión de la dinámica excluyente que adquiría el mercado laboral en virtud del incesante cambio tecnológico volvía a asignarle a éste una direccionalidad dada, relativamente ingobernable. Estos diagnósticos fundaron propuestas de continuidad de las reformas laborales encaradas durante la década de 1990, orientadas a bajar los “costos” de la formalidad para incluir a las poblaciones expulsadas. En otros casos, dieron lugar a las iniciativas de desacople del trabajo y la protección, con la idea de preservar a los individuos frente a la inestabilidad –ya indefectible– del empleo. Fue el caso del programa de “flexiseguridades” formulado por la CEPAL y la OIT, organismos con los que los saberes estatales registraban afinidades. Pero no sobre este punto.

No se trató de una mirada ingenua de los saberes estatales sobre el cambio tecnológico y las transformaciones productivas del capitalismo contemporáneo, sino de un rechazo categórico de aquella tesitura especializada que le asignaba a la vida económica una dirección unívoca, más aún cuando la evidencia empírica al respecto distaba de ser concluyente. Los saberes estatales se dispusieron, entonces, a fundamentar la viabilidad de un futuro deseable para el trabajo, basado en la recuperación de su rol integrador. Así, se perfiló una alternativa en el campo de la expertise que, antagonizando con la razón tecnocrática, asumió que la dinámica económica era objeto de deliberación social y que la actividad especializada estaba comprometida en ese debate, con la producción de evidencia empírica y de argumentos, sin negar que participaba del mismo con cierta orientación. La ciencia se entramó con el ejercicio de la crítica, con la imaginación política y con la administración para la construcción de la viabilidad de aquella visión normativa del trabajo decente. Bajo este ethos experto, se actualizaron memorias sobre el proyecto de construcción de una ciencia nacional, dedicada a producir conocimiento sobre los problemas a enfrentar para consolidar un modelo de desarrollo inclusivo, asentado en el pleno empleo formal y protegido. Aquí el “tripartismo” de los saberes de la reforma cobra una nueva significación, porque también refiere a la articulación de la expertise con otros locus y racionalidades de producción de conocimiento, como condición para avanzar hacia ese horizonte. El desborde del lenguaje especializado, sus encuentros, mixturas y disonancias con otros saberes en la hechura de las intervenciones sugiere un efecto de politización en y del proceso de reforma.

La imaginación utópica implicada en la postulación del objetivo de restituir el rol integrador del empleo se caracterizó por la peculiar relación forjada entre futuro y pasado. Es que se trataba de recuperar el trabajo perdido y restaurar la institucionalidad laboral clásica, dañados por las reformas neoliberales en despliegue desde la década de 1970 en el país. Una imagen pretérita del empleo, aquel conocido por la sociedad argentina durante la versión autóctona de Estado Social, fue la que movilizó las energías de cambio. Con diferencias, se nutrieron de memorias de aquella experiencia histórica los saberes estatales, sindicales y del empresariado industrial (el tripartismo mismo había registrado, entonces, su edad de oro). No vemos aquí una búsqueda de repetición del pasado, sino que resaltamos que su memoria devino una fuente privilegiada de material simbólico para imaginar otra forma posible de organizar el trabajo y la sociedad en el nuevo siglo. La recuperación de una tradición relativa a su valoración social adquirió sentido en el marco de las luchas del presente: esa utopía “restauradora” afirmó la actualidad de aquellos atributos que, en el pasado, habían definido al “empleo normal”, polemizando incluso con perspectivas afines, aunadas en la plataforma del trabajo decente, para las cuales la estabilidad era una condición perimida en las nuevas sociedades del conocimiento. De modo que las “energías activas de la tradición” (Thompson, 2012: 56) generaron una apertura inédita en el campo de alternativas de intervención estatal discutidas como posibles. Así, se le reconoció al pasado una positividad que había sido bloqueada bajo las tesis del fin del trabajo y las distopías sobre el cambio tecnológico, pues ambas establecían un corte radical con él. La afirmación de la crisis terminal de la sociedad salarial, que ambas prospectivas compartían, vedaba el diálogo con la experiencia bienestarista “en lo que todavía tiene que decirnos y en lo que todavía tenemos que decirle” (Robin, 2012: 60). Su memoria volvió a presentar la fusión entre empleo, seguridad y autonomía como posible, abriendo interrogantes sobre sus contenidos en una nueva época.

Si las utopías usualmente se emplazan en el futuro, ¿qué significó este viaje al pasado? Observemos que las imaginaciones distópicas sobre el futuro del trabajo (escaso, flexible, inestable), hegemónicas en la clausura del siglo XX, no solo habían sentenciado la esterilidad del pasado, sino que además postularon un porvenir amenazante. La clausura de ambos circunscribió la actividad imaginante a un “presente perpetuo” (Robin, 2012: 54), porque el futuro es pensado y pensable como pura repetición de lo que es (y no como creación de lo que aún no existe). Y, dado que se trataba de un futuro amenazante, el presente se propuso como eminentemente defensivo. En cambio, la “utopía restauradora del empleo normal” restableció del diálogo entre pasado y futuro, cuyo efecto fue la apertura en la imaginación de alternativas para reorganizar el presente: se trató de la visión de otro trabajo, otra vida, sí, pero también de una reivindicación de la política como motor de cambio. Estos sentidos fueron los que se condensaron en el acto de jugar “la carta de la no contemporaneidad”, del anacronismo (Robin, 2012: 54), en las luchas del presente, haciendo uso de las “temporalidades desafinadas de la historia para hacer que se unan esos tiempos desunidos” (ídem: 55). De esa circulación de sentidos, “de una línea de temporalidad a otra”, depende “la capacidad de hacer historia” (Rancière, 1996, en Robin, 2012: 57). Si el siglo XX había finalizado bajo el signo de la suspensión de lo utópico (Anderson, 2004), recuperar la tradición bienestarista como positividad parece haber funcionado como herramienta para abrir el horizonte de lo posible.

Justamente porque se trata de una relectura del pasado en vistas a los desafíos del presente, la re-emergencia de una tradición no es nunca un retorno a lo mismo (Robin, 2012: 61). La pretensión de restaurar el rol integrador del empleo encontró en la problematización de la informalidad laboral nuevos interrogantes, que promovieron la actualización, el desborde, e inclusive, la innovación respecto de la tradición bienestarista. La interrogación del fenómeno impuso la necesidad de actualizar las representaciones del mundo laboral que, ya desde los años ochenta, se encontraban en proceso de cambio. A través de demandas de reconocimiento y de la exploración estadística, el registro del trabajo se amplió hasta llegar a los confines de lo considerado como propiamente económico y productivo. Estas alteraciones impulsaron una serie de preguntas de difícil resolución a propósito de la formalización proyectada: a) primero, ¿qué criterios asumir para distinguir el empleo vulnerable, desprotegido y/o intermitente de formas de actividad imposibles de ser categorizadas en tanto que trabajo?; b) ¿cómo reconstruir el lazo entre trabajo y seguridad en aquellos casos en que la formalización no se preveía como un proceso inmediato, sino de largo plazo?, ¿bajo qué fundamentos reconstruir las protecciones en aquellos espacios de actividad y cuál sería su tipo, calidad y alcance?; c) en virtud de la heterogeneidad relevada de la economía informal, ¿era viable pensar en un único tránsito hacia la formalidad?, ¿o resultaba más adecuada la proyección de un proceso modulado en sus tiempos y dispositivos según las poblaciones de que se tratase? En ese caso, ¿cómo gestionar la coexistencia de distintas “formalidades”, definidas por alcances disímiles de las regulaciones y protecciones? ¿No alteraba, acaso, la perspectiva de recrear la unidad de las clases trabajadoras bajo el estatuto de derechos propio del “trabajo decente”?

Alrededor de estos interrogantes encontramos heterogeneidades insoslayables en el campo reformador y entre los saberes estatales, ligadas con los alcances de la reformulación y la innovación ejercida sobre la tradición bienestarista local. En términos generales, observamos un desplazamiento importante en los modos de reflexión sobre la integración social. Mientras que durante la vigencia del Estado Social los problemas de integración movilizaron la pretensión de incorporar al “centro” a lo que se visualizó como una imprecisa y homogénea periferia del “empleo normal”; en el nuevo siglo, el diagnóstico de una heterogeneidad profunda de la economía informal fundó la proyección de un proceso modulado de formalización, que diluyó la idea de una normalidad laboral homogénea y definida por parámetros fijos. Sobre esa base, se planteó una perspectiva de reparación de los y las trabajadoras que permanecían en la informalidad: en los casos en que el tránsito al trabajo decente se tornara un proceso de largo plazo, la protección estatal funcionaría como un canal de relativa “formalización”. La conjunción entre la “restauración” de la institucionalidad laboral y la “reparación”, en el presente, de la condición de desprotección social asociada al trabajo informal constituyó una innovación en las concepciones de justicia social. El acceso a la seguridad social fue vector de reconocimiento, como parte del registro laboral, de sujetos y actividades que no se correspondían con el “empleo típico”. La desnaturalización del quién de este estatuto puso en cuestión cierta arbitrariedad de la frontera establecida entre el trabajo y el espacio ideal del no trabajo, sobre la que históricamente se había vertebrado la distinción entre protecciones de la seguridad social y las asistenciales.

De allí el deslizamiento desde una perspectiva de justicia transicional, orientada a reparar el daño social de la condición de informalidad laboral mientras durase el proceso de formalización, hacia una revisión de las injusticias transfronterizas, asentadas en los modos de cartografiar el registro del trabajo. En esa progresión, además del estándar de protecciones ligadas al empleo, se ponía en cuestión el concepto de trabajo que organizaría los procesos de reconocimiento e integración social. Las distintas modalidades de formalidad (de estar registrado/a, protegido/a y ser reconocido/a en tanto que trabajador/a), ¿tenían que ver con distintos momentos en la transición hacia el “empleo normal”?, ¿o eran la expresión de distintas formas de trabajar, cuya formalización no significaba tanto la reconversión productiva, sino el reconocimiento político y jurídico (como en los casos del trabajo cooperativo o el doméstico no remunerado)? Aquí se desplegó otra línea de reflexión sobre el proceso de formalización, que no tenía que ver con la restauración de la institucionalidad laboral clásica y la reversión de las reformas neoliberales, sino con la actualización de la institucionalidad bienestarista, en la que se reconocieron exclusiones históricas. ¿La recreación de una formalidad laboral protectora para los individuos contemplaría otras formas de trabajar, además de las reconocidas como “típicas”? ¿Ese reconocimiento era pensable como un acto de justicia y reparación o era expresión de la renuncia a la reconstitución del “empleo normal” para el conjunto de las clases trabajadoras?

Las respuestas de los saberes estatales fueron ambivalentes. Se trató de un dilema que también atravesó a las organizaciones sindicales y las puso en tensión con los saberes populares, los que hacia fines del período articularon demandas de derechos laborales por el trabajo realizado en los llamados circuitos de economía popular. Años más tarde, el debate público estaría atravesado por las demandas de reconocimiento de los movimientos feministas hacia el trabajo doméstico y comunitario. En este punto, la tradición bienestarista fue interpelada críticamente: si de ella se recuperaba la valoración de la seguridad, la pregunta abierta era por su relación con qué tipo de empleo. Por eso, en su desarrollo sobre la “sociedad del trabajo”, Godio (2005) advertía que la institucionalidad del Estado Social constituía un piso civilizatorio hacia su constitución, mas no su plena realización. Desde su perspectiva, avanzar en este camino exigía revisar la subvaloración de los trabajos informales y redefinir el concepto mismo de trabajo: solo así podría concretarse una reunificación del espacio físico, social y generacional alrededor del registro laboral. La utopía de restauración del “empleo normal”, como síntesis del lazo entre trabajo, protección y seguridad, reinstaló la definición de la normalidad laboral como un asunto espinoso.

Las formalidades recreadas –en plural– no pueden ser leídas de manera unívoca. Las múltiples interpretaciones sobre su sentido son indicativas de las alternativas abiertas a la intervención social para modelarlas: como una nueva normalidad laboral, de estatutos segmentados (defendida por unos, criticada por otros); o como una formalidad ampliada, cuyo desafío sería el de repensar la seguridad en relación con formas de trabajar desconocidas como tales, en virtud de ciertas definiciones consagradas del registro económico y productivo. La imaginación política en clave utópica sobre la restauración del “empleo normal” no se asentó en la repetición del pasado, ni en la gestión de las tendencias del presente como insuperables. Por eso abrió disyuntivas, por eso fue dilemática.

Retornos de los futuros distópicos del trabajo

Si bien la organización de un nuevo campo de reforma alrededor de la expectativa de reponer el rol integrador del empleo desplazó las prospectivas sobre un futuro sombrío para el mundo del trabajo, el trabajo de archivo nos permitió rastrear sus presencias y reformulaciones a lo largo del período de estudio e identificar las condiciones que le dieron una renovada gravitación, alrededor de los tópicos del “futuro del trabajo” y del “trabajo del futuro” (flexible y móvil). Su circulación estuvo estrechamente ligada con la crítica especializada hacia los saberes y las intervenciones estatales sobre la informalidad laboral, sostenida en la problematización “productiva” de la informalidad laboral.

Como apuntamos más arriba y desarrollamos en profundidad en el Capítulo 4, bajo aquella problematización la persistencia de la informalidad laboral se consideró expresión de limitaciones estructurales para la expansión del empleo formal y productivo en el mercado, dadas por históricos déficits de competitividad de la economía argentina no superados durante el ciclo de administraciones del kirchnerismo. De allí el diagnóstico de una suerte de insolvencia económica del programa de formalización: al no impulsarse en saltos de productividad, se juzgaba que el proceso no se asentaba en bases “genuinas”, resultando insostenible en el tiempo. El planteo cuestionó que el proceso de formalización se sostuviese en la creación de modalidades especiales de registro, financiadas estatalmente, y en la ampliación de la seguridad social. Desde este punto de vista, se recalcó que el aumento del empleo registrado no significaba la expansión del trabajo genuino, mercantil y productivo, sino de las protecciones sociales, en ocasiones asociadas a ocupaciones de baja productividad y en condiciones de extrema explotación. El reverso no declarado del proceso, denunciaron los saberes sobre la exclusión y la marginalidad, era la negación del acceso al buen trabajo a las poblaciones informales, su inmovilidad en circuitos precarios de actividad y en territorios aislados. Así, se reinstaló el empleo productivo y mercantil como forma legítima de trabajar y se remarcaron los límites con el espacio ideal de no trabajo.

Encontramos múltiples resonancias entre esta forma de crítica hacia las políticas sociolaborales y las prospectivas pesimistas sobre el empleo que, desde fines de los años noventa, fundaron la apuesta por desacoplar el trabajo y la protección social. Estos análisis compartieron una relativa separación de la economía y la técnica respecto de la vida social, por la que las relaciones gestadas en el terreno productivo se presentaron como condiciones a las que las regulaciones estatales debían ajustarse, para ser efectivas. El señalamiento de la “base” productiva de la informalidad laboral iba en ese sentido. Si bien las dinámicas forjadas en el ámbito productivo hacen a las condiciones de despliegue de la acción política, y de hecho la constriñen, lo cierto es que ellas mismas están social y políticamente constituidas. Sin embargo, en estas argumentaciones especializadas, la condición estructural de los procesos productivos remitió a su funcionamiento como “determinante” de la dinámica social, excluyendo el hecho de que también estos son objeto de determinaciones provenientes de otros ámbitos de la vida social. Por esta razón, se derivaron de la producción una serie de imperativos hacia la política, entendida en términos instrumentales. Esta interpretación sobre las relaciones entre economía, política e intervención social modeló una particular concepción del ejercicio especializado: si de la primera se desprendían ciertas condiciones de posibilidad de lo agenciable, el rol de las y los expertos era producir conocimiento objetivo sobre tales determinaciones, para ponerlo a disposición de la discusión informada sobre los problemas sociales y las alternativas para resolverlos. La reorientación del desarrollo hacia modelos de mayor inclusión social estaba circunscripta por las tendencias del cambio tecnológico y productivo, cuya dirección hacia la automatización y especialización del trabajo no era posible alterar. A diferencia de los años noventa, el llamado a adecuar las políticas sociolaborales a ciertas condiciones técnicas, de raigambre estructural, incluyó la apelación a la experiencia de la cronicidad de la pobreza: era en contacto con ella que los y las especialistas insistieron en un cambio de rumbo. La transformación de dichas problemáticas exigía aceptar las tendencias hacia un futuro de flexibilidad y movilidad laboral.

El complejo argumental remite a una actualización de las tesis sobre el fin del trabajo, hegemónicas hacia mediados de la década de 1990. Además de la separación entre economía/sociedad, compartieron la conclusión sobre el agotamiento de los modos de regulación del empleo propios de las sociedades salariales, bajo el argumento de que estos se habían fundado en relaciones socio-técnicas actualmente inexistentes e imposibles de recrear. Así, toda referencia hacia la tradición bienestarista se visualizó como fuera de tiempo. Lo notable de estas reflexiones es que no se negó que la estabilidad del empleo y el aseguramiento del sujeto fueran en sí mismos deseables: el problema es que ya no eran viables. Frente a la “nueva cuestión social”, la expectativa de restituir una vieja formalidad laboral era incapaz de guiar una transformación efectiva de las problemáticas diagnosticadas: el pasado se concibió como un espacio simbólico de tradiciones estériles en su capacidad de seguir haciendo historia. En el mejor de los casos, la recuperación del pasado bienestarista se visualizó como una actitud nostálgica y conservadora que, a costa de mantener la tradición, comprometía el presente. En el peor, se postuló como un intento de preservar los privilegios garantizados por viejas estructuras corporativas. De este modo, se retomaba una “tercera vía” planteada en el proceso de salida de la crisis de los años 2001 y 2002: si el retorno al neoliberalismo de los años noventa no era deseable, el intento de recrear el viejo bienestarismo no era factible. En la polémica sobre la informalidad laboral subyació una disputa por la definición del horizonte de posibilidad de las intervenciones sociales del Estado en relación con el trabajo y su lazo con la seguridad.

Lo anterior nos permite destacar que la problematización productiva de la informalidad laboral estuvo estrechamente conectada con (y resultó formulable en el marco de) la crítica hacia el impulso utópico que hizo andar el campo de reforma del período. Primero, la afirmación del carácter político de la técnica y el trabajo fue criticado como un sesgo politizado de los saberes estatales, que los llevaba a subestimar las tendencias que estructuraban la dinámica productiva, más allá del alcance de la intervención social. Segundo, la relación entre el pasado y el futuro que ella forjó se cuestionó como anacrónica, sobre la base del restablecimiento de un corte entre ambos que homogeneizó lo contemporáneo, anulando los diálogos en múltiples direcciones entablados con la experiencia histórica. La “economía” y la “contemporaneidad” emergieron como principios de una exigencia de adecuación de la política a las nuevas realidades. Y también como los vectores de un lenguaje de verdad en el cuestionamiento hacia las imaginaciones utópica que organizaron a los saberes estatales. La confrontación con el campo reformador comprendió, entonces, la imagen del buen trabajo a constituir, así como los lazos entre imaginación política, deliberación social y administración técnica que debían signar las reformas orientadas a su constitución: el horizonte de posibilidad de las intervenciones sociales fue replanteado, reforzándose el peso de lo económica y técnicamente viable.

El “realismo” que impregnó estas reflexiones supuso dos renuncias: a la posibilidad de imaginar un futuro más allá de la prolongación de las tendencias contemporáneas; y al lazo entre trabajo y seguridad. En este sentido, las calificamos como “distópicas”: su diferencia con las utopías no reside en el pesimismo respecto del futuro del trabajo, sino en la reducción de los márgenes de la acción humana para definir los modos de organización de la sociedad, frente a ciertos procesos que escaparían del control social directo. Las distopías, entonces, configuran una negación de lo utópico, más que su versión “negativa”. Siguiendo a Abensour, la distinción entre utopía y distopía sigue la diferencia entre el “no” y la “nada”: “el acto del No es la puesta en movimiento”, frente a lo que todavía no existe, “el acto de la Nada [es el] de la aniquilación” (2019: 271). Este tipo de pensamiento expresa y refuerza la dificultad de proyectar alteridades societales radicales, orientadoras de los procesos de intervención en el presente. En este caso, el retorno del lazo entre trabajo y seguridad. Bajo el supuesto de unas relaciones socio-técnicas “dadas”, que sentaban una alteración radical de las relaciones laborales, clausurando la perspectiva de estabilidad, se argumentó que la protección social debía actualizarse para dar respuesta a los problemas sociales de las nuevas “sociedades de conocimiento”. Aun cuando se produjera un ajuste de la economía argentina a la productividad, la exclusión se figuró como un proceso previsible, pues el incesante cambio tecnológico suponía la alteración permanente de los parámetros de empleabilidad, al que no todos los individuos podrían adaptarse de manera suave o automática. La falencia que se visualizaba en las políticas sociolaborales dirigidas a la informalidad laboral era que, al ignorar este proceso, coadyuvaban a la permanencia de estas poblaciones en posiciones marginadas, más que a disponer canales de movilidad social. Esta red de expertise advirtió el carácter desestabilizador para la reproducción de la vida de semejante escenario. Frente a él, se insistió en la necesidad de desplegar una acción protectora de los individuos, destinada a evitar posibles caídas en la pobreza tanto como en la inutilidad social, para lo cual debían enlazarse la distribución de ingresos con la promoción de capacidades. La postulación de la reinserción social como horizonte de las políticas sociales da cuenta de las restricciones interpuestas a la proyección de un eu topos, un buen lugar, más allá de las tendencias contemporáneas de la vida económica, que signaban el principio de realidad al que la política y la ciencia debían ajustarse.

Las distopías sobre el advenimiento del trabajo flexible adquirieron una intensa gravitación en la discusión pública, junto con las críticas expertas hacia los saberes estatales sobre la informalidad laboral. La persistencia del fenómeno parecía demostrar los límites (inclusive, los fracasos) de las políticas orientadas a la formalización, lo que se explicó arguyendo errores de diagnóstico y el sostenimiento de la perspectiva de restauración del pleno “empleo decente” a pesar de su evidente inviabilidad. En discusión con la utopía restauradora, se interpusieron las imaginaciones distópicas sobre el trabajo. Ellas no recreaban un futuro deseable, pero la virtud en la que insistieron los y las especialistas fue su “realismo”: su capacidad de organizar la acción estatal en base a un conocimiento cierto de las transformaciones posibles de operar, antes que la reposición de falsas expectativas. De este modo, la crítica alcanzó a los efectos de politización de los objetos de la reforma social, en la medida en que las demandas de su reorientación se asentaron en la reivindicación de la objetividad científica y en la remoción de ese sesgo que enturbiaba la visión de lo factible. La exigencia de adecuación de la política a las relaciones estructurales que signaban la dinámica del mundo del trabajo impuso el límite de “lo real” a las imaginaciones políticas. Y, aunque la visión podía ser desoladora, se enfatizó que la aceptación de ese límite permitiría gestionar de manera más virtuosa los procesos de exclusión y marginación.

La estabilidad y la seguridad se descentraban, pero se instaló una promesa de movilidad social que se presentó como más deseable que la permanencia en una falsa formalidad. Se interponía, con ello, otra concepción de justicia para las intervenciones sociales. Los saberes sobre la exclusión/marginación presentaron este proceso como el resultado de una lógica discriminatoria que vedaba el acceso de las poblaciones pobres al empleo mercantil y, previamente, a los recursos de empleabilidad. Una sociedad justa sería aquella en la que las opciones vitales no estuviesen determinadas por la condición social de nacimiento sino por la libre opción de los individuos; en la que el éxito o fracaso no fuera un destino, sino el resultado de las realizaciones de cada quien. Es por eso que esta perspectiva circunscribió como ámbito de la intervención social la ampliación de las oportunidades de las poblaciones pobres, más que la relación de proximidad entre las distintas posiciones sociales. La equidad, antes que la igualdad; la igualdad de oportunidades, antes que la de resultados; la promoción de capacidades humanas, por sobre la necesaria distribución de ingresos. Para que este horizonte de movilidad social fuese posible, en las nuevas “sociedades del conocimiento”, la protección social debía actualizarse, reformulando sus orientaciones y contenidos. Frente al riesgo de exclusión, las capacidades humanas debían volverse, ellas mismas, objeto de protección, en particular, el capital humano. Este cambio de objeto supuso una innovación radical en el sentido de la protección porque, en este caso, la mejor forma de preservar las capacidades es invertir continuamente en ellas, caso contrario caen en desuso, pueden destruirse. Proteger remitía a promover y activar a los individuos, antes que asegurarlos en una posición del mundo del trabajo.

En estas imaginaciones políticas sobre el advenimiento del empleo móvil y flexible encontramos una visión bien distinta de los modos convenientes de normalizar el ámbito del trabajo y los regímenes de reproducción de la vida, individual y social. En suma, otra forma de resolver la tensión constitutiva del trabajo libre entre su base de desposesión y la promesa de autonomía que éste porta. La aceptación de la pérdida de la estabilidad laboral y del advenimiento de la movilidad supone admitir que no hay –ni puede haber– garantías socialmente instituidas respecto del acceso y la conservación del empleo. Esto significa asumir que la sociedad no ejerce control sobre los parámetros que rigen el uso de la fuerza laboral ni la definición de las capacidades valorables: por ende, lo que escapa a la regulación política directa, es procesado en el mercado, bajo relaciones de competencia. Esta configuración radicaliza la condición desposeída de quienes viven de su trabajo, sin garantía alguna de poder realizar sus capacidades laborales. Ese componente desestabilizador de la vida era el que distintas redes de expertise buscaban contrapesar con la propuesta de desacoplar las protecciones respecto del empleo: dado que no era ya posible asegurar los puestos de trabajo, era preciso proteger a las personas. Sin embargo, como insistimos reiteradamente a lo largo del libro, esto no significa desplazar al trabajo como fundamento de la buena protección, menos aun como vector de la pertenencia reconocida y valiosa en la comunidad política. Por el contrario, el empleo en el mercado, regido por parámetros normales de productividad, ligado a ciertos seguros sociales (esta imagen tan consagrada del trabajo), continuó siendo el núcleo de las formas de vida deseables. Asumir los múltiples riesgos de fracaso en el mercado para obtenerlo fundó la idea de disociar ciertas protecciones elementales que preservaran la vida humana y habilitaran la reinserción de los individuos excluidos. Bajo este patrón de normalización del empleo, el rol de la protección social sería prever y mitigar los daños de los momentos de caída social y garantizar oportunidades de movilidad. Su ámbito de acción: la exclusión (ese espacio de no trabajo) y la reinserción; no la riqueza y la distribución.

Hemos dicho que en la relación establecida entre trabajo, desposesión y seguridad se dirimen los contenidos de la autonomía y del estatuto de ciudadanía. En la polémica establecida con las programáticas de restauración del rol integrador del empleo, un interrogante obligado para los saberes de la exclusión fue cómo reconstruir un régimen unificado de pertenencia social. En este punto, es imposible reducir la heterogeneidad de las miradas aglutinadas en el desacople de la dupla trabajo/protección, pues se desplegaron reflexiones significativas sobre los niveles de las transferencias de ingresos, la calidad de los servicios sociales, las garantías que debían investir a estas políticas para recrear un estatuto respetable de existencia social. Sin embargo, la terapéutica de la reinserción que impregnó estas propuestas de protección señala un desgarramiento insoslayable en los idearios integradores. Distinto fue el caso de las propuestas de ingreso ciudadano que, sobre la base de una reflexión distópica sobre el advenimiento del trabajo flexible, no renunciaron a la imaginación de un futuro deseable para la vida individual y social. A partir de las tendencias hacia la automatización de la producción y la reducción del trabajo necesario, se proyectó la posibilidad de ampliar la libertad de los individuos para decidir si trabajar o no y en qué condiciones hacerlo. Aquí el desacople del trabajo y la protección sí desplazó al primero como fundamento de la integración social. Sin embargo, más allá de su viabilidad, se trataba de una imaginación política cuya deseabilidad estaba en cuestión. Si hacia fines de los años noventa esta programática había logrado empalmar con demandas sindicales, políticas e intelectuales más amplias, fue porque ese radical descentramiento del trabajo había sido puesto entre paréntesis. Entonces, la plataforma del FRENAPO de un “salario de ciudadanía” se había inspirado, antes bien, en un universalismo de todos/as los/as trabajadores/as, reivindicando el acceso a la seguridad social más allá de las heterogéneas condiciones de contratación. Durante el período de estudio, la organización de un campo de reforma a partir de la ampliación del sujeto del aseguramiento echó por tierra aquella amplia alianza progresista. Las propuestas de desacople entre trabajo y protección fueron mayormente significadas por las redes de expertise sobre la exclusión y la marginalidad.

Finalmente, el trabajo de archivo nos permitió relevar la conexión entre las distopías sobre el fin del empleo estable y una particular forma de utopía, que situó al “trabajo del futuro”, móvil, flexible y creativo en el núcleo de las formas de vida deseables e hizo de él una promesa. Fue en relación con estas prospectivas que ingresó al debate local la figura del “emprendedor”: trasladándose del mundo empresarial hacia el mundo del trabajo, ella sintetizó el ideal de adaptabilidad y lo definió como valor moral. La vocación de innovación, por sobre la preferencia de estabilidad; la inversión y el riesgo, por sobre el miedo al fracaso. Aunque esta imaginación política se alimentó de las distopías sobre el futuro flexible del trabajo, lo cierto es que ejerció sobre ellas una importante torsión, al obliterar la problematización de los efectos negativos que supone, para la vida humana, la subordinación del trabajo a la competencia permanente. Por eso la calificamos como un utopismo cínico, que deja al descubierto el correlato excluyente del “trabajo del futuro”, pero al mismo tiempo lo encubre. Se trata, en definitiva, de la denegación de la desposesión, propia de la condición neoliberal del trabajo, que desliga la autonomía y la ciudadanía de toda referencia a la protección y la seguridad. Bajo esta obliteración, se aligeró el carácter problemático del estatuto de las protecciones independientes del empleo dirigidas hacia las poblaciones excluidas, como si no existiesen trabas más que individuales a la adaptabilidad.

¿Es humanamente posible una vida insegura, inestable? Si la renuncia al lazo entre empleo y seguridad para imaginar las reorganizaciones de la política social en la contemporaneidad tematizó como problema el riesgo de dualización social, bajo el utopismo cínico se banalizó el hecho de que la sociedad imaginada incluyera la destitución, la muerte social como destino posible de los/as desposeídos/as. Se trató, pues, de otro proyecto de normalización del empleo en ascenso, que retomó las críticas expertas hacia las políticas sociolaborales del período para producir una crítica propiamente política hacia el campo reformador.

En la ebullición de las políticas.^[4] Saberes, dilemas e intervenciones a propósito de la dupla “trabajo/protección”

Lo reconstruido hasta aquí da cuenta de la conflictividad que asumió la normalización del trabajo y la definición de los regímenes de reproducción, tras el resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal en Argentina. Las problematizaciones de la informalidad laboral nos permitieron seguir las imaginaciones políticas (utópicas, distópicas, cínicas) en conflicto sobre el buen trabajo a constituir y los lazos deseables y viables con el campo de la protección social. Si el ciclo de reforma social analizado se inauguró con una politización del trabajo y de la protección como objetos de intervención y de conocimiento, su clausura parece haber estado signada por movimientos de despolitización, sostenidos en una ecuación diferente entre imaginación, deliberación y administración. Si su inicio estuvo marcado por la crítica hacia la economía neoclásica como matriz de inteligibilidad de lo social, su agotamiento se enlazó con la aceptación de la vida económica como principio de limitación de la política. Del impulso utópico sostenido en la recuperación del pasado, como punto de referencia para divisar otras realidades posibles, al realismo en la aceptación de un futuro desestabilizador.

¿Cómo explicar estas transiciones? Es en la ebullición de las intervenciones sociales donde el horizonte de lo posible es delineado y se dirimen las transformaciones factibles de operar a través de la política, dado que “las tareas, los intereses, las utopías, los interdictos, no se plantean unilateralmente sino en la confrontación crítica con las tareas del Otro” (Lechner, 1984: 9). Esa confrontación a propósito de la formalidad laboral posible y deseable, esto es, del lazo entre trabajo, seguridad y autonomía, se desplegó en el campo de la política social en torno a dos problemas cruciales, a los que ya hemos hecho referencia: primero, qué trabajo es soporte de las protecciones históricamente enlazadas con el registro laboral; segundo, si la institucionalidad de la seguridad social, organizada a partir de la contributividad como principio operativo, de solidaridad y de justicia, podía albergar el proceso de ampliación de las protecciones fundamentadas en el trabajo, si era preciso reorganizarla o si debían producirse fundamentos alternativos.

La circunscripción del registro del trabajo y la definición de la relación entre lo contributivo y lo no contributivo constituyeron, a nuestro entender, dos grandes dilemas que signaron las reorganizaciones de la política social durante el período. La inclusión de los y las trabajadoras informales en la seguridad social planteó un problema que fue más allá de la adición a un cuerpo de protecciones dado de un sujeto que previamente le era extraño. Antes bien, supuso la puesta en tensión y la reformulación de ciertos principios que históricamente organizaron dicho campo (sus actos distributivos, sus modos de reconocimiento) y lo diferenciaron de la asistencia, dirigida hacia sujetos y necesidades pretendidamente ajenos al registro laboral. En definitiva, el reconocimiento de otras formas de trabajar, ¿no alteraba también el contenido y los dispositivos de protección? ¿Las modalidades laborales “atípicas”, entonces visibilizadas, estaban sometidas a riesgos particulares, no contemplados en los sistemas de seguridad social? ¿Las solidaridades corporativas permitirían sostener la ampliación de los seguros, de los riesgos y de los sujetos contemplados? Las respuestas elaboradas marcaron el pulso del proceso de reforma social: la tendencia hacia la ampliación del concepto de trabajo, con tensiones y ambivalencias, se acompañó de una reinterpretación parcial, dificultosa, de la contributividad como condición de acceso y principio de justicia de la seguridad social. Ambos procesos se impulsaron en la búsqueda de equiparar a los y las trabajadoras formales e informales en su condición protegida, eje que signó las reflexiones sobre la ampliación de la cobertura del sistema.

Esta impronta explica la desnaturalización y el deslizamiento continuo de la línea de separación entre seguridad social y asistencia, al redefinirse sus sujetos clásicos, tanto como sus lógicas de intervención, los contenidos de la protección que ambos sectores vehiculizaron históricamente y las garantías asociadas. La heterogeneidad de los saberes estatales emergió en la elaboración de nuevos límites y conexiones entre ambos sectores para reorganizar el campo de la política social. Ello le dio al proceso de reforma un carácter abierto, continuamente sometido a reformulación al compás de polémicas y reformulaciones, que se tradujeron en permanentes desbordes de la tradición bienestarista, retomada como memoria. A la par de estos movimientos, también se produjeron críticas políticas y especializadas que perfilaron una idea de que el registro del trabajo genuino y de las protecciones a él asociadas había sido desnaturalizado más que ampliado. La alternativa: el restablecimiento de ciertas fronteras definitorias del trabajo (en especial, su condición productiva) y la separación de las protecciones no asociadas con el empleo, dándoles un estatuto de derecho propio. En este punto se reactualizó la distinción entre la asistencia y la seguridad social a partir de la frontera entre lo contributivo y lo no contributivo. Bajo estos dilemas se reeditaron y amplificaron las discusiones sobre la restitución, reorganización o desacople de la dupla entre trabajo y protección social.

Buen trabajo, otros trabajos, no trabajo: límites y fronteras para la protección

La noción de “trabajo decente” que orientó las políticas sociolaborales dispuestas para la formalización tenía como principal referente al empleo que había regido los procesos de integración durante buena parte del siglo XX en el país. Considerando que su generalización sería un proceso gradual y secuencial, el buen trabajo se definió por el reconocimiento legal de su existencia (el registro) y la protección de su sujeto. Así, las estrategias de formalización dieron existencia institucional a una serie de ocupaciones cuyas características pusieron en tensión las definiciones del empleo típico. Reconocerlas como soporte legítimo de protecciones impulsó una incesante revisión del concepto mismo de trabajo, lo que constituyó una notable actualización de la tradición bienestarista. Las modalidades especiales de registro y la ampliación de la seguridad social recogieron fundamentos diversos, oscilando entre: una reparación transitoria del daño social vinculado a la informalidad, en vistas del esperado pasaje hacia el empleo decente y la seguridad social contributiva; y el reconocimiento de esas heterogéneas formas de trabajar en sus propios términos, puesto que no eran anómalas, novedosas, ni tampoco transitorias, sino distintas al empleo mercantil. El dilema sobre qué trabajos reconocer y en qué términos estaba estrechamente conectado con la pregunta sobre qué trabajo constituir.

En el Capítulo 6 analizamos dos hitos del proceso de ampliación de la seguridad social durante el período: la moratoria en el campo previsional y la Asignación Universal por Hijo (AUH) en el régimen de Asignaciones Familiares (AAFF). Se trató de dispositivos diferenciados cuyo eje común fue la afirmación del sujeto del trabajo informal como “asegurable”. En el caso de la moratoria, la política reconoció en la informalidad laboral una injusticia pasada que, anclada en el régimen de precariedad del empleo consagrado en las décadas previas, registraba efectos actuales en la desprotección social durante la vejez. Aunque inicialmente se dirigió a trabajadores/as autónomos/as sin aportes suficientes para jubilarse, por la plasticidad de su normativa alcanzó a sujetos impensados (como las trabajadoras domésticas no remuneradas), siendo puntal de una ampliación inédita del trabajo definido como soporte del derecho a la previsión. En el caso de la AUH, se produjo un salto en los procesos de reconocimiento del trabajo informal, porque comprendió a adultos/as en actividad y no población potencialmente pasiva; delimitaba una injusticia presente, no pasada. Su inclusión en la seguridad social continuó estando sujeta a la perspectiva de un futuro pasaje hacia el empleo formal en el mercado y las protecciones contributivas: la verdadera reparación se concretaría con él. La institucionalización de una puerta de entrada no contributiva a la seguridad social se justificó apelando a los efectos duraderos del deterioro del mundo del trabajo y a la larga temporalidad que demandaría su reversión. Pero, sobre este punto, parte de los saberes estatales postularon la necesidad de renovar en términos estructurales el sistema de seguridad social. Bajo esta ambivalencia o desborde parcial de la tradición del aseguramiento en el reconocimiento del sujeto de trabajo, entendemos dos rasgos en tensión de la política: por un lado, la constitución de un componente contributivo de carácter permanente y no supletorio en las Asignaciones Familiares, bajo un régimen unificado con el resto de los componentes; y la adopción de objetivos de protección no generalizados a todo el régimen, relativos a la promoción de la educación y la salud de los y las niñas, a través del condicionamiento de la transferencia monetaria.

Se trató de procesos de reconocimiento atravesados por tensiones y ambivalencias. En este sentido, pueden comprenderse la excepcionalidad asignada a la moratoria y el carácter complementario respecto de la protección contributiva que, en buena parte de los discursos oficiales, adquirió la AUH. Lo cierto es que, al mismo tiempo, fueron procesos de dinámica abierta, movidos por demandas sociales de reconocimiento, amplificadas por la disposición estatal de someter a revisión las injusticias derivadas del subregistro del trabajo y de repararlas a través de la protección. De allí, formas de visibilización imprevistas y disputas por los términos en que se definieron actividades y sujetos, que registramos como un desborde contingente, parcial, contradictorio, del concepto consagrado de trabajo. En respuesta a este proceso, se produjeron una serie de críticas que relevaron la “desnaturalización” del empleo reivindicado como integrador social y reinstalaron la imagen del trabajo mercantil, productivo, y vector de auto-sostenimiento, como la forma debida de vida. Imagen también activada en demandas de des/conocimiento, distinción y diferenciación respecto de esos trabajos otros que hacían emergencia en la escena pública. Con ello se pusieron en discusión los fundamentos de los actos distributivos operados en el proceso de ampliación de la seguridad social.

De allí que el espacio ideal de no trabajo, tan escurridizo y difícil de fijar, se constituyera como objeto de reflexión y de polémica. De su circunscripción dependía el establecimiento de una línea divisoria entre lo que es un trabajo vulnerable (pero que, siendo trabajo, merece reconocimiento y protección) de aquello que no es parte de este registro, que constituye otro espacio social, habitado por figuras no identificables con el sujeto de trabajo. La exclusión de aquello que es exterior al registro productivo, del trabajo y de los derechos laborales remite al establecimiento de una frontera crucial en la organización del campo de la protección y en los procesos de integración social. Como analizamos en el Capítulo 5, la reflexión sobre la informalidad laboral, al quebrar la asociación estrecha entre pobreza y desempleo, condujo a una reelaboración significativa del no trabajo que, en buena medida, reveló su carácter arbitrario. En el campo especializado, éste dejó de remitir a un espacio carente de actividad y se hizo identificable por la privación de una serie de atributos subjetivos (desde calificaciones, hasta disposiciones morales) propios de la economicidad y del registro productivo. En la condición de (in)empleabilidad se dirimió el límite entre el sujeto del proceso de formalización laboral en marcha y aquel otro sujeto, cuya problemática debía ser tratada por medios alternativos.

Las políticas sociolaborales del período señalan las dificultades del campo reformador para delimitar y fijar ese espacio ideal del no trabajo. La inempleabilidad resultó un concepto informulable para los saberes estatales, ya que contenía un supuesto activamente cuestionado por estos, cuya aceptación configuraba una incoherencia política e ideológica: que la utilidad de las capacidades y del trabajo humano se dirimen en el mercado. No obstante, mantuvo una presencia espectral porque la frontera con la inempleabilidad particularizó al sujeto de la asistencia: una categoría de trabajadores y trabajadoras vulnerables e intermitentes cuya formalización exigía, antes, una conversión al universo social, cultural y moral del trabajo. De allí la reactualización de la relación entre asistencia y promoción, cara la versión desarrollista del Estado Social local. Lo que movilizó una innovación en esta tradición asistencial fue la postulación de que esa transformación subjetiva solo podía producirse en procesos de trabajo concretos, lo que fundamentó el despliegue de una “estrategia productiva” que inscribió a este sujeto virtualmente inempleable en la economía social de base comunitaria. Aunque la valoración de este circuito fue contradictoria, en ese acto de reinscripción de las poblaciones asistidas en el registro ideal del trabajo ellas devinieron asegurables. En este caso, era otro el trabajo que guiaba el proceso de reconocimiento y protección, que el evocado “trabajo decente”: de hecho, tuvo su propia nominación, evocando el léxico de las luchas populares, el “trabajo digno”. El lazo entre asistencia material, promoción y economía social promovió una yuxtaposición inédita del sector con la seguridad social y con la política laboral, a partir de las modalidades especiales de registro de la actividad cooperativa y la ampliación de los seguros.

El “trabajo digno” en la economía social, promovido estatalmente, fue paradigmático en las polémicas desplegadas a propósito del no trabajo y de las modalidades adoptadas para extender las protecciones e impulsar la formalización. Para los saberes estatales, fue núcleo de la defensa de la legitimidad de la ampliación del aseguramiento, rescatándose de él ciertos roles y valores comunes con el empleo mercantil, como la contribución productiva a la sociedad. Pero, al mismo tiempo, el “trabajo digno” fue objeto de reconocimiento en sus propios términos, por el cultivo de lazos solidarios, su inscripción en redes de proximidad, su carácter organizado y su utilidad social. A partir de allí, se desplegaron múltiples demandas de los movimientos territoriales por su inscripción en la institucionalidad propiamente laboral. Postulándose como condición para la asistencia legítima, el trabajo comunitario y cooperativo acabó por tensionar este registro, históricamente asentado en el no trabajo, e instaló una tensión entre la expectativa de tránsito al mercado laboral –como punto de llegada del proceso de promoción– y la institucionalización de la economía social, de otros modos de trabajar. En este terreno, se cuestionaron las imaginaciones políticas sobre la restauración del “empleo normal”: ¿continuaba siendo el trabajo (mercantil) el referente indiscutido de la protección y la participación valorada en la comunidad política? Mientras los saberes estatales elaboraron respuestas heterogéneas al interrogante, las redes de expertise sobre la marginalidad y la exclusión cuestionaron que el “trabajo digno” pudiera constituirse como vehículo de integración plena. Los mismos vectores que hacían al reconocimiento como otro trabajo y fundaban demandas por inscribirlo en una institucionalidad propia, fueron retomados como muestra de su inferioridad respecto del “trabajo decente”. Algunas voces especializadas llegaron a calificarlo como una forma de trabajo dependiente (sic), pues no producía excedentes, no era capaz de sostener un nivel de remuneración básico por fuera del sostén estatal, por ende, tampoco podía vehiculizar la autonomía individual. Lo que cuestionó la supuesta distorsión que ejercía del rol económico y moral propio del trabajo.

La problematización productiva de la informalidad laboral excluyó como un imposible el aseguramiento de las poblaciones afectadas por el fenómeno, precisamente porque expresaba su exclusión del registro del trabajo productivo, la pérdida de los “recursos de empleabilidad” y la desconexión con los atributos y disposiciones propios de la vida económica. Estos planteos bregaron por una redefinición del sujeto del trabajo informal como sujeto de protección. Desde esta perspectiva no se negó la necesidad de preservar la vida de estas poblaciones y estabilizar sus ingresos, lo que se cuestionó fue la conexión de estas acciones con el campo de los derechos laborales y del aseguramiento. De hecho, también se cuestionó la referencia directa de la asistencia al trabajo: ¿podía una actividad comunitaria, definida por su utilidad social más que por su valor económico, cultivar las capacidades necesarias para retornar al mercado laboral? El derecho a la movilidad social y la reinserción laboral requería otro tipo de intervención, tendiente a la promoción de capacidades para la autonomía económica de las poblaciones asistidas, más que a su enlace con un “trabajo dependiente” del Estado. De allí ciertas reflexiones sobre la cuantía y la duración de las transferencias monetarias en relación con posibles desincentivos al trabajo y la formalidad. Estas lecturas registraron una notable circulación pública, espacio en el que la palabra experta fue apropiada y el no trabajo se constituyó como un estigma, fundado en la dependencia económica y la improductividad como atributos morales. Como el huevo de la serpiente, este debate anidó una discursividad conservadora sobre la política social, según la cual toda forma de dependencia económica estaba reñida con la autonomía individual, por ende debía ser mínima, transitoria y controlada. Si de manera más o menos transversal los fundamentos de la protección continuaron abrevando en el registro del trabajo, lo que estaba en cuestión eran los contenidos del trabajo legítimo. En los cuestionamientos hacia las políticas sociales del período se reinstaló su asociación con la autosuficiencia, norma rectora de una buena vida. Y desde allí se desplegó una crítica propiamente moral hacia el proceso de reforma.

La contributividad como límite

Las políticas sociolaborales orientadas al sujeto del trabajo informal instalaron un problema ya insinuado durante la crisis de los años 2001 y 2002, cuando se exploraron distintas vías para ampliar las protecciones sociales. En caso de extenderse los seguros sociales, ¿qué hacer con el principio contributivo? El proceso de reforma analizado reinterpretó y desafió este principio, pero también parece haber encontrado en él un límite para extender la seguridad social manteniendo el principio de equiparación entre trabajadores y trabajadoras formales e informales. Un límite de las alternativas pensables y en la disputa por la legitimidad de las políticas en marcha. Las críticas hacia el patrón de intervención social del período conectaron con defensas de la contributividad, fundamentadas en diagnósticos sobre la inminente insostenibilidad financiera de la seguridad social y sobre la injusticia distributiva en la que se incurría con el deterioro de la relación entre aportes y beneficios, en particular, a partir del achatamiento de la pirámide previsional.

El principio contributivo se constituyó, históricamente, en un organizador de la seguridad social en Argentina. Él sintetiza el pacto de solidaridad que sustentó el lazo entre trabajo y seguridad durante buena parte del siglo XX, cristalizando una serie de compromisos entre el capital y el trabajo, como así también en el interior de las clases trabajadoras. La contributividad ha delimitado quiénes participan de dicho esquema de solidaridades, al establecerse como condición de acceso a los seguros: quienes se mantuvieron por fuera del empleo formal, también se vieron excluidos de las relaciones de distribución y reconocimiento ancladas en la categoría de “trabajo”. Además, la contribución condensa un principio de justicia en los procesos de distribución, al determinar el cuantum de las prestaciones en correspondencia con la categoría de aportes y de actividad, resguardando el estatuto del colectivo laboral de pertenencia. Durante la experiencia neoliberal, el principio de contributividad se radicalizó e individualizó: la máxima fue “a cada quien según su aporte”, considerándolo una propiedad individual, lo que movió a una profunda reconsideración de las formas de solidaridad y reglas distributivas de los seguros. Entonces, la relación conflictiva del empleo informal con el principio contributivo no reside en la ausencia de aportes como mera dificultad factual, sino en que ese hecho expresa la exclusión respecto de una trama de solidaridades y, por ende, una base débil –que debe ser fundamentada– para reivindicar actos distributivos en base al trabajo. Por eso es que la emergencia de la contributividad como problema (más aun, como crítica) hacia las políticas sociolaborales del período es significativa en la reflexión sobre las alternativas pensables para la integración de los y las trabajadoras por fuera del empleo con “capacidad de aporte” a la previsión.

La problematización de la informalidad laboral como un asunto de racionalidad político-institucional puso en foco, precisamente, el deterioro de los compromisos entre el capital y el trabajo que habían regido los orígenes y consolidación de estos sistemas en Argentina. En lugar de pensar a los y las trabajadoras en la informalidad como evasoras, se presentaron como víctimas de la evasión empresarial. En este orden, la condición de desprotección social, que era el resultado de la desestructuración de las viejas obligaciones y solidaridades, debía ser revertida y reparada. El campo reformador no se propuso montar una protección de cualquier tipo, sino de la conectada con el ámbito laboral y con los derechos de seguridad social. Con ese fundamento común, la moratoria previsional y la AUH conforman dos vías diferenciadas de intervenir sobre el problema de la contributividad.

En el caso de la moratoria, fue recurriendo a la figura de la “deuda previsional” que debían asumir quienes adherían al régimen, por los aportes no realizados durante la vida activa. En este sentido, no ejerció una revisión del principio contributivo como condición de acceso a la seguridad social, pero sí lo readecuó y flexibilizó en aras de mantener su vigencia. Así, no solo contempló a sujetos que, históricamente, habían estado por fuera de su red de solidaridades, sino que disputó su legitimidad apelando a la utilidad del trabajo realizado, generando una apertura potencial en el sentido del “aporte”. Sin embargo, la “deuda previsional” fue un recurso para disputar la legitimidad de la medida, lo que señala la gravitación del pago (del aporte monetario) como condición para el acceso. Lo distintivo de la política fue que, contribuyendo, los y las nuevas jubiladas se incorporaron al sistema en condiciones ventajosas, en una misma categoría de derechos que quienes habían contribuido en “tiempo y forma”. Este modo de equiparación fue destacado como virtud de la política y, para otras voces, fue el eje de su crítica. No todas cuestionaron el estatuto adquirido por los y las “recién llegadas” al régimen, pero se señaló de manera transversal el deterioro de la correspondencia entre aportes y beneficios y se explicó por la carga financiera del sistema con los costos de protecciones “semi” y “no” contributivas. Injusticia distributiva e insolvencia financiera se aunaron en la crítica hacia el curso de acción adoptado para extender la cobertura social, desde el núcleo de la seguridad social, y en la demanda de vigencia y jerarquización del principio contributivo. Las reinterpretaciones ejercidas por la moratoria, en efecto, habían alterado las solidaridades típicas del sistema previsional y ello configuró un punto de conflicto, un límite difícil de traspasar. Entre tanto, la ausencia de contribuciones patronales no tuvo una visibilidad semejante en la discusión pública, ni tampoco configuró una deuda pública a ser atendida.

Las lecturas y recepciones de la AUH difirieron en este sentido. Ella sí implicó una reformulación expresa de los parámetros de acceso al sistema de seguridad social, abriendo una nueva puerta de entrada por la vía no contributiva, instituida por derecho y de manera permanente. Como señalamos antes, siendo parte del régimen general de AAFF, asumió sentidos de la protección específicos, de acuerdo con las particularidades atribuidas a su sujeto, encarnando una mixtura entre seguridad, desarrollo humano y promoción. Esa particular intersección no fue pensable –ni por los saberes estatales ni por otras redes de expertise– para las asignaciones familiares de las restantes categorías del régimen, como si quienes aportaran no necesitasen ser promovidos/as. Es que la promoción no reformuló las orientaciones del complejo de seguridad social, sino que continuó inscribiéndose en el mentado pasaje de la informalidad, hacia la formalidad; de la seguridad social no contributiva, a la contributiva; desde la dependencia económica hacia la autonomía. En este sentido, la ampliación de la seguridad social que encarnó la AUH apeló a una intersección con referencias y lógicas del campo asistencial: cuestionada por las redes de expertise promotoras del ingreso ciudadano, parece haber funcionado como un vector de legitimación de la política en el campo especializado. A diferencia de la moratoria, aquí se recreaba otro tipo de relación entre lo contributivo y lo no contributivo. Desde su sanción, ése fue un eje de permanente reformulación de la política: progresivamente, se orientó hacia una mayor proximidad con el resto de los componentes del régimen de AAFF; mientras que otras redes de expertise exploraron formas de rediseño tendientes a separar las fuentes de financiamiento y a atender a posibles (des)incentivos comportamentales de la transferencia de ingresos.

La contribución, como aporte monetario y productivo, parece haberse constituido como un umbral difícil de traspasar en la configuración de solidaridades capaces de sostener procesos de ampliación de las protecciones sociales en condición de igualdad y proximidad. Si desde fines de los años noventa las alternativas para reorganizar el campo de la política social contemplaron distintas intersecciones posibles entre la asistencia y la seguridad social, las fronteras que la separación y oposición histórica de ambos sectores cristalizaron en los procesos de integración social parecen haberse reinstalado (y dirimirse) en la relación entre las prestaciones contributivas y no contributivas. Una hipótesis, a continuar indagando, tiene que ver con la conformación de un universo moral en torno a ella, que postula la productividad y el auto-sostenimiento como norma, ejes definitorios del buen trabajo y de las formas de vida valoradas. En otras palabras, nos referimos a la contribución y el aporte monetario como “marca” del trabajo legítimo. Frente a ello, las políticas sociolaborales del período desafiaron estos sentidos y, en ocasiones, se ajustaron a ellos para disputar su legitimidad.

La dupla trabajo/protecciones, una incógnita de nuestra época

Las reflexiones que desarrollamos hasta aquí refuerzan nuestra interpretación sobre la conflictividad que asumieron los procesos de normalización del trabajo y, por ende, de reproducción de la vida tras el resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal en Argentina. ¿Quiénes pueden reivindicar qué derechos en su condición de trabajadores y trabajadoras? Más arriba sintetizamos en este interrogante los problemas que inauguró el proceso de reforma, sostenido en la búsqueda de recomponer el rol integrador del empleo, los dilemas a los que se enfrentó continuamente y los núcleos de las críticas producidas hacia el patrón de intervención social del período. Tras su clausura, este interrogante continúa pulsando el presente: los distintos modos de resolverlo, como hemos podido analizar, perfilan concepciones disímiles del trabajo, de la protección y de la frontera entre las condiciones laborales y de vida.

Aunque la pregunta sobre qué régimen de reproducción se modeló estatalmente entre los años 2002 y 2015 excede a nuestra investigación, vale la pena formularla para pensar a la luz de ella los resultados obtenidos y abrir nuevos interrogantes. En primera instancia, los intentos de normalización del trabajo recrearon formalidades, más que una norma laboral unívoca. Bajo la perspectiva de que la extensión del trabajo decente en el mercado laboral sería secuencial en el tiempo y modulada según las poblaciones, la protección se dispuso como un canal de formalización, que recreó grados de seguridad variables para el sujeto de trabajo. El resultado es ambivalente: por un lado, la normalidad precaria constituida por las reformas neoliberales fue en parte revertida; pero tuvo lugar una nueva norma, “en plural”, distinta a la que rigió los procesos de integración durante el Estado Social argentino. Bajo el registro ante el Estado y la inscripción del sujeto de trabajo en sistemas de protección, se desplegaron situaciones sumamente heterogéneas, incluyendo la posibilidad de ser formal y, simultáneamente, disponer de un cuantum de ingresos inferior al salario mínimo establecido legalmente. La estabilidad del empleo parece haber sido el atributo más difícil de restituir y, por lo demás, fue el núcleo de las controversias sobre la viabilidad de concretar los idearios bienestaristas sobre la protección. El “trabajo formal” del período parece haberse desprendido de ciertas características que, en las décadas previas, definían al “empleo normal”.

No es conveniente para el análisis construir de este cuadro una fotografía: precisamente, porque se trató de una formalidad en proceso, continuamente reformulada a partir de demandas y críticas, en el marco de la politicidad que se le reconoció al registro del trabajo y de la desnaturalización de sus bordes. Un resultado original de este proceso fue la cimentación de una suerte de formalidad sostenida públicamente (a través de la ampliación de la seguridad social y de la sanción de modalidades especiales de registro, subsidiadas por el Estado), en aquellos espacios de actividad donde la presencia del capital devino cada vez más abstracta y, por ende, más difícil de captar e inscribir en compromisos protectorios. Incluso, también, en relación con modalidades laborales históricamente escurridizas para la regulación política, como el trabajo doméstico o rural. En este sentido, las protecciones así dispuestas no solo estabilizaron, aunque sea parcialmente, la reproducción de las condiciones de vida de esas poblaciones, sino que también impactaron en las condiciones de realización del trabajo, hasta entonces plenamente subordinadas a la más pura competencia. Estos casos “límite” visibilizan la construcción propiamente política de la formalidad laboral, del trabajo, en suma. Hablamos de formalidad “a cargo del Estado” para marcar esa impronta del proceso, manifiestamente política, y también para señalar que, ante la fuga del capital de los compromisos tripartitos que hacían a los clásicos derechos del trabajo, es éste el que pasó concentrar obligaciones, costos y responsabilidades. Además de delegarse sobre los y las trabajadoras, claro.

Notemos que al proceso de ampliación de los sujetos contemplados en los esquemas de aseguramiento se le presentaron dos límites políticos. Primero, el cuestionamiento de que esas actividades reconstituidas estatalmente como formales fuesen, genuinamente, trabajo. La formulación que rastreamos en los documentos de “trabajo dependiente” es sumamente significativa al respecto: porque señala la reinstalación del empleo mercantil, productivo, y vector de autosostenimiento, como la forma legítima de trabajo; porque da cuenta de la búsqueda de reponer a la economía como espacio en el que se constituye el empleo, desplazando a la política; y porque condensa la lectura de que esas actividades en el “borde” de lo consagrado como productivo resultaban relativamente exteriores a la dinámica del mundo del trabajo y de la sociedad. El segundo límite estuvo dado por las defensas y las demandas de jerarquización del principio contributivo, reinstalado como característico de las protecciones legítimamente derivadas del registro laboral. Con ello, se reforzaba la imagen restringida del trabajo legítimo como aquel con capacidad de aporte y de la buena protección como aquella derivada del propio ahorro, o bien, de una red de solidaridad “clásica”, asentada también ella en una imagen del mundo productivo en franco retroceso.

Aunque los sentidos alrededor del desacople de la dupla trabajo/protección y las propuestas para concretarlo fueron heterogéneas, parece haber dominado hacia fines del período la búsqueda de reinstalar la frontera entre las protecciones derivadas del empleo genuino, así entendido, y las que debían apelar a fundamentos alternativos, puesto que se dirigían hacia el espacio ideal del no trabajo. Aunque se considerase que estas últimas debían ser suficientemente masivas, estables y regidas por un estatuto de derecho, lo que parecía fuera de lugar era la pretensión de equipararlas con el régimen laboral y de asociarlas con un contenido de la protección asentado en la distribución, el aseguramiento y la estabilización. Aquella vieja frontera entre asistencia y seguridad social parece haberse reactivado en la distinción entre protecciones contributivas y las de tipo no contributivo; las ligadas con la autonomía y las fundadas en una situación de dependencia económica. Por eso, en qué medida las prestaciones no contributivas se asocian a la condición de autonomía (más que a la de dependencia), se orientan a la distribución (antes que a la “reinserción”), encarnan la búsqueda de proximidad en el espacio social, y reconocen la interdependencia, hace a imaginaciones políticas sobre el rol de la protección en los procesos de integración social sumamente diferentes. Lo que signó la crisis del ciclo de reforma analizado y del régimen de reproducción en conformación fueron problemas propiamente políticos: la hechura de solidaridades, los modos de reconocimiento, los principios de justicia distributiva. En este sentido, creemos, se trata de cuestiones espinosas que van más allá del objeto específico que tratamos aquí y remiten a dilemas que enfrenta el campo de la protección social para constituir el bienestar como un asunto común, colectivo.

La oposición entre restituir o desacoplar la dupla trabajo/protecciones es una forma simplificada del debate que fue hilo conductor de la reforma social analizada, porque no se trató solo del lugar del trabajo en los arreglos protectorios, sino de los contenidos que lo definen, de los modos en que se piensa su organización y de qué formas de trabajar son soporte de vidas deseables y socialmente valoradas. Tal como interpelaba Castel en una de sus últimas obras, “si es cierto que para la mayoría de los contemporáneos [el trabajo] es el foco que determina ampliamente, para bien o para mal, la configuración de su existencia social, la exigencia de combatir la degradación de su régimen es más actual que nunca” (2010: 90). La experiencia de reforma analizada y las “formalidades” recreadas por ella plantean el interrogante de si nos es posible pensar la protección del trabajo más allá de su forma asalariada, la autonomía más allá del salario, la contribución a la sociedad más allá de la productividad. En un gesto anacrónico, nos interesa pensar la dupla entre trabajo y protección, históricamente construida, pero sin presuponer que el primer término se resuma en el empleo asalariado. La pregunta que nos hacemos es por la previsibilidad de la reproducción del sujeto, pero también por las formas de estabilizar las condiciones en que realiza trabajo, en las que también se juega la vida. De acuerdo con lo analizado, la inseguridad experimentada por quienes viven de su trabajo no solo remite a la evasión directa por parte del capital de aquellos compromisos jurídicamente consagrados con la parte más débil de la relación laboral, los y las trabajadoras. También se arraiga en las modalidades cada vez más abstractas que asumen los procesos de valorización, que hacen difícil poder captar al capital y obligarlo a inscribirse en esos compromisos regulatorios. Esa invisibilidad del capital, como nueva vía de fuga, subyace a la categorización de ciertos circuitos de producción como no económicos y a la negación de sus actividades como trabajo. Acarrea un desconocimiento de esas formas de vida como socialmente producidas en su desposesión. Y también pone en crisis los sistemas de protección, no solo los “no contributivos”. La asunción del Estado de parte de esas obligaciones no necesariamente suponen su socialización (ni por arriba, ni por abajo). Que ello sea así depende de las intervenciones, depende de la política. En este punto, el análisis del ciclo 2002- 2015 no nos permite el optimismo, pero nos obliga a agudizar la imaginación política. Cerramos este proceso de investigación con preguntas pujantes sobre los modos de pensar la riqueza que hacen posible la invisibilidad del capital, sobre las contribuciones e “imposiciones” que rigen la fiscalidad, y acerca de las visiones del trabajo legítimo que se recrean en estos procesos. Abrir estos temas para el campo de estudios en política social es un imperativo para continuar reflexionando sobre las condiciones en que se gesta la buena protección.

Noviembre de 2020