Los contornos controversiales del no trabajo

Mirados de conjunto, los capítulos precedentes reconstruyen el proceso de problematización de la informalidad laboral en Argentina. Desmontando el carácter evidente del fenómeno, situamos las condiciones de su emergencia hacia mediados de la década de 1990, en el marco de una serie de alteraciones en los campos de saber y de la política, que hicieron del paisaje social argentino un objeto extraño (Capítulo 2). Las particularidades que históricamente habían distinguido al mercado de trabajo y la estructura social locales parecían disolverse, movilizándose distintas empresas expertas dirigidas a conceptualizar procesos considerados novedosos. Atravesados por una profunda inquietud por la heterogenización de las clases populares y la posible latinoamericanización del mercado laboral, los saberes expertos enfocaron la mirada en aquellas formas de trabajar que ya no permitían escapar de la pobreza, evidenciando la intersección entre dos mundos pretendidamente separados. La pérdida del carácter estabilizador del trabajo fue la base sobre la cual las cartografías especializadas sobre el registro laboral se expandieron, visibilizando diversas modalidades “atípicas” de empleo. Enfoques como los de la precariedad y la exclusión se constituyeron como explicaciones alternativas de esa coincidencia. A través de movimientos de crítica y reformulación hacia la reforma neoliberal, perspectivas como las de la informalidad laboral, previamente desestimadas en el campo especializado local, fueron releídas.

Como analizamos, la calidad del empleo como problema no se instalaría en la discusión pública sino tras la crisis de los años 2001 y 2002, como resultado de procesos que alteraron lo decible respecto del trabajo, dentro y fuera de los campos de saber. Fue en y por la política que se formuló la promesa de recomponer el “trabajo decente” como vía privilegiada de integración social y pertenencia a la comunidad política. Los Capítulos 3 y 4 reconstruyen las problematizaciones en conflicto a propósito de la informalidad laboral, es decir, los conglomerados de definiciones y explicaciones que delimitaron el carácter problemático del fenómeno, dando lugar a imaginaciones políticas disímiles sobre la formalidad laboral a construir a través de las políticas sociolaborales. En conjunto, ambos capítulos subrayan el carácter polémico de la reforma social del período en estudio, que guardó un insoslayable fondo estratégico en el que se opusieron una utopía restauradora del empleo normal y una distopía del fin del trabajo estable y asegurado. Es que, como señalamos previamente, las reflexiones sobre la informalidad laboral tienen por objeto los obstáculos y las dificultades que se visualizan en la construcción de una determinada forma de regulación del trabajo, de manera tal que podemos pensar que son –al mismo tiempo– interrogaciones sobre la formalidad laboral deseable y posible de ser constituida a través de la intervención social.

En este capítulo analizamos otro modo de reflexión y delimitación de la informalidad laboral como problema, anclado en los saberes estadísticos. Se trató de un terreno más reparado de las controversias, en donde advertimos giros transversales en los campos de saber. Uno de ellos es la ampliación de la mirada estadística sobre el mundo del trabajo, impulsada en la búsqueda de captar las heterogéneas expresiones de la actividad laboral. En este movimiento, la emergencia de la enigmática figura de working poors o trabajadoras y trabajadores pobres^[1] enrareció las categorías ocupacionales establecidas, al tiempo que tensionó y desbordó la histórica asociación entre pobreza y la desocupación. La coincidencia entre el trabajo –realizado a cualquier precio y en cualquier condición, parafraseando a Grassi (2003) – y la vulnerabilidad, abrió la puerta a la exploración de los límites con el espacio ideal del no trabajo, poniendo de relieve ocupaciones en los confines de lo hasta entonces considerado como actividad laboral. El desplazamiento de la mirada estadística hacia los intersticios entre el mundo del trabajo y el de la pobreza condujo a un segundo movimiento transversal al campo especializado: el esfuerzo analítico por inteligir y fijar la frontera entre ambos registros. ¿Dónde trazar el límite entre aquello que podía ser visibilizado y reconocido como un trabajo vulnerable (y que, siendo trabajo, merecía valoración y protección) de aquello que se resistía a ser clasificado como tal? ¿Qué atributos hacían a esa línea divisoria? Distinción estratégica, por cierto: en ella se jugaba el límite entre el sujeto del proceso de formalización laboral en marcha y aquel otro sujeto, ajeno al registro productivo, cuya problemática debía ser tratada por otros medios. Pero, al fin y al cabo, era una distinción casi imposible de trazar de forma definitiva pues, ¿cómo diferenciar el trabajo de la pobreza, si el primero ya no era sinónimo de remuneraciones y protecciones aceptables y la segunda se encontraba plagada de actividad? Esta compleja diferenciación completó las cartografías del problema laboral construidas por los saberes expertos, discriminando formalidad e informalidad laboral, pero además aquello que competía al registro del trabajo productivo y aquel otro mundo, el de la reproducción, el no trabajo y la pobreza, pretendidamente separados. El trabajo informal supone un sujeto de frontera. Diagnósticos y propuestas de intervención trabajaron sobre esos límites, al construir representaciones del mundo del trabajo, de lo que es contiguo a él y de lo que es exterior, participando con ello de la definición de las formas de integración social.

A diferencia de los capítulos anteriores, aquí nos concentramos en los saberes estadísticos pues en su proceso de formación y circulación es donde se advierte con mayor claridad el esfuerzo por objetivar las clases trabajadoras y establecer sus contornos. Ello no es azaroso si consideramos que la práctica estadística articula tanto la gestión política del mundo social, como su gestión cognitiva (Daniel, 2009), siendo un espacio crucial en la formación y naturalización de principios de visión y división que sedimentan un lenguaje común para la discusión pública de las intervenciones sociales del Estado (Desrosières, 1996). Claro que, al tiempo en que las estadísticas modelan la realidad, también expresan representaciones socialmente establecidas, las que en ocasiones se negocian o, inclusive, se confrontan con aquellas. Esto advierte que la eficacia de las objetivaciones numéricas sobre el mundo social no va de suyo, sino que es objeto de convenciones y querellas que no se circunscriben al debate especializado. Si bien resaltamos que la ampliación de la mirada estadística sobre el espectro de lo informal en el mundo del trabajo y la búsqueda de fijación de las fronteras con el no trabajo fueron movimientos generalizados en el campo especializado, cabe destacar que de allí no se derivó una manera homogénea de representar dicho espacio ideal. Es que la definición del sujeto de trabajo y del no trabajo no es únicamente estadística, sino que remite a un proceso político-cultural, con dimensiones normativas y morales. En este sentido, el capítulo propone examinar la carga estigmatizante que asumieron los saberes estadísticos sobre el no trabajo en su circulación pública. Finalmente, nos detenemos en una contestación política, nacida de los “saberes de abajo”, que puso en entredicho esa frontera: se trata de la categoría de “economía popular” que, en su creciente articulación, se constituyó como una verdadera problematización alternativa –aunque subordinada– sobre el trabajo informal. La dificultosa elaboración de conceptos de frontera para dar cuenta de heterogéneas realidades laborales, la reinterpretación producida en su circulación pública y, finalmente, el rechazo y la contestación políticas hacia tales saberes, dan cuenta de las controversias respecto de qué es concebido como trabajo y quiénes son reconocidos como su sujeto legítimo.

La ampliación de la mirada estadística ante las transformaciones del mercado laboral: cuantificar y cualificar

En el tránsito al siglo XXI, tanto en la escena local como en la internacional, la visibilización de las heterogéneas figuras de trabajadores y trabajadoras pobres signó un quiebre en las representaciones tradicionales del mundo del trabajo, pretendidamente reparado del espectro de la pobreza. El trabajo devino un ámbito extraño, que debía ser vuelto a cartografiar en pos de intervenir sobre lo que se revelaban como problemas sociolaborales de inédita magnitud, intensidad y dinámica. En Argentina, la rarefacción del registro del trabajo fue un proceso de largo plazo, que acompañó la desestructuración del “empleo normal”. En los años ochenta, tras la apertura democrática, desde el campo especializado se comenzó a advertir la creciente heterogeneidad de las categorías ocupacionales establecidas, ante la aparición de figuras enigmáticas, que conjugaban la participación en el mercado laboral y la condición de vulnerabilidad, inscribiéndose en un espacio híbrido entre el trabajo y la pobreza. A diferencia de los años setenta, la interrogación de estas figuras no se dirigía a explorar un espacio residual, no alcanzado por el “pleno empleo”, sino que planteaba el interrogante sobre la desestabilización del empleo regular. La práctica estadística fue protagonista en la elaboración de categorías que aportaran a la conceptualización de las incipientes transformaciones del mercado laboral: ella permitió relevar, visibilizar y nominar un abanico de formas de trabajar entonces consideradas atípicas, además de dimensionarlas y permitir el seguimiento de sus tendencias. Durante la década de 1980 y, en especial la de 1990, gran parte de los esfuerzos analíticos se dirigieron a dilucidar las alteraciones en la composición interna de la fuerza laboral, analizando los cambios acaecidos en las relaciones asalariadas y el trabajo autónomo. Ello movilizó un replanteo no sólo de los instrumentos de medición disponibles, sino también de los conceptos heredados para pensar el mundo del trabajo. Si en nuestro período de estudio esos movimientos de extensión de la mirada estadística resultan insoslayables, lo cierto es que se edificaron sobre redes intelectuales y recursos cognitivos construidos en las décadas previas.

¿De qué se trató ese movimiento ampliatorio de la mirada estadística sobre las clases trabajadoras, que acompañó la reflexión sobre la informalidad laboral? Con esta idea nos referimos a la problematización de los alcances y de la exhaustividad del saber estadístico frente a las transformaciones del mundo del trabajo y a las reformulaciones en la práctica especializada a las que dicha interrogación dio lugar. Se caracterizó por la búsqueda por extender la mirada hacia las modalidades laborales atípicas, imposibles de captar a través de las categorías y los instrumentos disponibles. En este sentido, supuso una reflexión metodológica acerca del quehacer estadístico tanto como el desborde de su acervo acumulado, registrándose una particular intersección con los estudios sobre la pobreza, en particular, con aquellos dirigidos al análisis de las estrategias de reproducción y subsistencia. Es que el movimiento ampliatorio de la mirada estadística se impulsó en la pretensión de aprehender las formas de trabajo vulnerables, en los confines de las nociones estabilizadas de actividad laboral y económica. En ese límite, las operaciones de cuantificación debían complementarse con las de cualificación para poder elaborar una representación lo suficientemente exhaustiva. Este apartado finaliza con la reconstrucción de una serie de ejercicios clasificatorios que se desplegaron, durante nuestro período de estudio, sobre los confines mismos del trabajo, terreno donde llegó a extenderse la observación estadística.

¿Quiénes son las “clases productoras”?

La intersección entre trabajo y pobreza fue un elemento crucial en la descomposición de las representaciones establecidas sobre la composición y los límites del mundo del trabajo, ya que produjo un extrañamiento de los atributos estabilizados del trabajo, así como de los criterios para trazar la línea divisoria entre la producción económica y la reproducción de la vida. En sí misma, la figura de las y los trabajadores pobres no configura una novedad en la historia argentina: de lo que se trata, más bien, es de una nueva forma de interrogar la coincidencia entre la actividad laboral y la pobreza, al desestabilizarse el “empleo normal” como principio de visión y división de la realidad, al término del siglo XX. Como punto de partida para nuestro análisis, conviene preguntarnos por la formación de aquellos principios de visión y división que rigieron la separación formal entre ambos durante buena parte del siglo XX.^[2]¿Qué atributos se asociaron al “empleo normal” y delimitaron los rasgos del registro económico-productivo? ¿Qué modalidades laborales se excluyeron de dicha norma? Finalmente, ¿qué formas de vida se inscribieron en un espacio ideal caracterizado como extra- productivo y extra- laboral? Para trabajar con estos interrogantes nos detenemos brevemente en los aportes de una serie de estudios sociológicos e historiográficos sobre la conformación y el desarrollo de las estadísticas laborales en Argentina^[3] que, a contrapelo de la fetichización de las “cifras” de lo social,^[4] destacan su participación en el proceso de producción político-cultural del registro del trabajo (y de su exterior).

Aunque sea breve, un retorno a la historia nos permite desnaturalizar la representación de las clases trabajadoras que hoy se presenta en crisis. Ella fue producto de un largo trabajo de intelección por el cual su fisonomía fue cobrando nitidez durante las primeras décadas del siglo XX. En efecto, los análisis historiográficos nos muestran que las personificaciones del trabajo, la desocupación, la mendicidad y la delincuencia se superponían continuamente, en el marco de un mercado laboral irregular e intervenido de manera elemental (Sábato, 1985; Isuani, 1989). Las vidas dedicadas al trabajo –libre o servil; en el taller, la calle o el domicilio– podían devenir abyectas ante la pérdida transitoria o definitiva de ocupación, en caso de no contar con redes sociales y recursos económicos acumulados que sirvieran de sustento (Mitidieri y Pita, 2019). En el espacio ideal del no trabajo convivieron y se confundieron individuos “no aptos” para trabajar, ya fuese transitoria o definitivamente, por razones físicas y/o psíquicas; quienes temporalmente habían perdido su ocupación; otros que por su avanzada edad ya no lograban ser empleados; y los que, acompañando la estacionalidad de la actividad económica, tejían formas de autosustento para sobrevivir al margen del mercado (Daniel, 2009; Di Marco, 2016). El carácter indiferenciado del no trabajo, considerado como un estado disruptivo del orden económico y de la moral pública, traccionaba la definición de las clases trabajadoras como virtualmente peligrosas, condición que entrelazó la violencia política, la delincuencia y la dependencia económica. En el temprano siglo XX, la proximidad entre trabajo, pobreza y el estigma del no trabajo invisibilizó las relaciones entre el registro productivo y el mundo asistencial: aquellas trabajadoras y trabajadores que ingresaban a instituciones asistenciales, por la pérdida de sus fuentes de sustento, pasaban a ser objeto de clasificaciones, registros y estadísticas en tanto que pobres. Así, “la estadística no lograba estabilizar convenciones que pudieran separar las aguas” entre las figuras de la asistencia y las heterogéneas personificaciones del trabajo, pero tampoco dieron cuenta de sus conexiones (Daniel, 2009: 20). En la larga marcha^[5] hacia la consolidación de una intervención social del Estado, dirigida a normalizar el empleo, la mirada estadística sobre las clases trabajadoras introdujo mayores diferenciaciones en su seno, vinculadas a la representación de la producción y la reproducción como espacios separados. Solo resaltaremos dos hitos de este proceso.

Un primer jalón estuvo dado por la progresiva determinación de los caracteres distintivos del mundo “de la actividad”, entre las décadas de 1920 y 1930, a través de la labor de la división estadística del Departamento Nacional del Trabajo, creado durante el primer ciclo de reformas liberales, en 1907 (Isuani, 1989). La búsqueda experta por capturar el mundo del trabajo se remonta a inicios de siglo pero, como han advertido investigadoras en la temática, en ese entonces el abordaje privilegió la proximidad respecto de los fenómenos laborales, más que su matematización, a partir del trabajo en terreno (mediante observaciones directas y entrevistas), la producción de datos cualitativos, y la narración monográfica (Daniel, 2009; Aguilar, 2014). Ejemplo paradigmático fue el exhaustivo Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas, de Juan Bialet Massé, que combinó la minuciosa descripción del mundo obrero con la pretensión científica de producir información amplia, abarcadora de múltiples realidades y geografías, para la elaboración de legislación en la materia (Aguilar et al., 2013).^[6] Progresivamente, se figuró un contrapunto entre la información empírica surgida de la experiencia directa y la expresión numérica. A partir de allí, comenzarían a desplegarse esfuerzos sistemáticos para construir un conocimiento estadístico regular y específico del ámbito laboral (Aguilar y Grondona, 2013). Los primeros estadísticos del trabajo elaboraron encuestas sobre salarios y gastos de los hogares obreros, midieron los accidentes laborales y sondearon las huelgas y otras actividades sindicales. Estas estimaciones, que tuvieron continuidad en los años cuarenta en el marco de la Secretaría de Trabajo y Previsión, contribuyeron a fijar la fisonomía y los atributos de las clases trabajadoras argentinas: ya fuese bajo relación de dependencia, o en sus propios talleres, el vector que las delimitaba era la realización de una actividad remunerada, fuente del autosustento económico, investido de una fuerte connotación moral. Pero, siendo la inestabilidad una norma de las relaciones laborales del momento, el desempleo continuó representando un objeto escurridizo para los saberes expertos, quedando relativamente al margen de la creciente intelección estadística de las clases trabajadoras.

Las empresas estadísticas para aprehender la desocupación fueron tardías^[7] y tuvieron resultados poco concluyentes (Daniel, 2011), en el marco de un debate social y político a propósito del significado del fenómeno, que fungía como límite para su matematización. No sería sino hasta 1932, con el primer Censo Nacional de Desocupados, ^[8] que el fenómeno adquiriría una definición explícita y técnicas validadas para su captura. Con él cristalizó una noción de “paro forzoso”, que enfatizó el carácter involuntario de la falta de ocupación y la explicó por la situación del mercado laboral, entonces en una importante crisis.^[9] La definición habilitó la distinción entre las poblaciones desempleadas, representadas como disponibles para trabajar pero transitoriamente sin empleo, de las “impedidas” o no aptas y de las “marginales”, a las que se adjudicó la voluntad de evadir la obligación del trabajo (Daniel, 2011: 52). Lo cierto es que las reflexiones estadísticas sobre el carácter objetivo del desempleo convivieron con otras que lo definieron como un problema moral, presentándose la falta de trabajo como una condición que mancillaba la dignidad personal y, potencialmente, engendraba males sociales como el alcoholismo, el crimen y la prostitución en el caso de las mujeres (Grondona, 2012). Así, las mediciones del fenómeno resultaban sumamente problemáticas y los resultados de los primeros censos^[10] estuvieron sujetos a controversia: representantes sindicales y de partidos obreros los objetaron, argumentando que se había subestimado el problema, al dejar en la sombra a “los desocupados invisibles” y “los semi-desocupados” (Daniel, 2011: 53). Estas categorías populares, de extraordinaria actualidad, nos advierten sobre el carácter problemático de la delimitación de las clases productoras, tanto a nivel estadístico como político-cultural.

El segundo jalón del proceso remite a la estabilización del concepto de “población económicamente activa” (PEA), que fijó de manera perdurable la fisonomía de las clases trabajadoras como “clases productoras”, remarcando una sólida frontera con un registro definido como meramente reproductivo y abstraído del mercado. La noción se adoptó expresamente en el Censo de 1960, que retomó la definición de las Naciones Unidas,^[11] circunscripta a “aquellas personas que suministran la mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios, ya sea empleadores, asalariados, trabajadores por cuenta propia, familiares no remunerados” (citado en Novick, 2000: 26). La conceptualización resultaba afín a la formulación de “fuerza laboral”, que figuraba en el Censo de 1947, ligado al seguimiento del Primer Plan Quinquenal (González Bollo y Lazarte, 2017). Entre ambas nociones existía una clara continuidad: tendían a delimitar el sujeto de trabajo de acuerdo con su disponibilidad y aptitud para la producción de bienes y servicios mercantiles; por ende, afirmaban al mercado como locus privilegiado de la actividad económica y productiva. De este modo, no era la actividad en sí misma lo que recortaba a las clases trabajadoras, sino su orientación mercantil. Estos vectores de delimitación del trabajo y su sujeto hicieron discernible una frontera elemental que separó la población apta y disponible para la producción de aquella otra calificada como pasiva o inactiva, definida por los atributos de inutilidad económica y/o de exterioridad respecto del mercado. Esta frontera redefinió el espacio ideal del no trabajo: de allí se sustrajo a la población desempleada, al estabilizarse su definición como población apta y disponible para el mercado laboral, transitoriamente sin ocupación; atributos que la separaban de otros sujetos sociales, también desprovistos de empleo remunerado, pero considerados incapaces o no disponibles para el mercado (estudiantes, personas inválidas y retiradas, y amas de casa).^[12]

La línea divisoria de la población económicamente activa y la pasiva fue estratégica para la organización de las intervenciones sociales, en tanto el objetivo político que orientó esas décadas fue el de “dar ocupación a la totalidad de la mano de obra disponible” (Plan de Ordenamiento Económico-Social, 1945, citado en Grondona, 2014a: 134), eje que hacía a la interrogación del desarrollo económico nacional, así como a la vigencia de los derechos sociales. La delimitación de la PEA hizo visible el espacio en el que el empleo debía extenderse para devenir “pleno”: en este punto resulta significativa la categorización estadística de las poblaciones desempleadas, aun cuando tal representación no se hubiera traducido en un aseguramiento similar al de los trabajadores ocupados.^[13] Del mismo modo, son significativas las sustracciones que el concepto de PEA vehiculizó sobre el registro del trabajo, modelando formas de desconocimiento y reconocimiento hacia su sujeto y componiendo de forma particular la promesa integradora del “pleno empleo” que caracterizó el Estado Social local. Analizando las instrucciones de los operativos censales, Novick (2000) apunta que el concepto de PEA excluyó expresamente a quienes produjeran bienes y servicios para su propia subsistencia, inscribiendo en un registro extra-económico al trabajo doméstico no remunerado y al trabajo comunitario.^[14] Una suerte similar tocaba a las ocupaciones rurales y urbanas difíciles de captar por su baja productividad y sus lazos indirectos y/o intermitentes con el ámbito mercantil.^[15] En ese espectro de labores y saberes de mayor precariedad y menor reconocimiento, la coincidencia entre trabajo y vulnerabilidad podía ser habitual, ya fuese por la fragilidad de los ingresos, por la ausencia de protecciones sociales y por las relaciones de subordinación a las que podían estar sometidas. La delimitación del registro laboral, a partir de un entramado de problemas que comprendió el desarrollo nacional, la ocupación plena y los derechos sociales, supuso la separación formal de las relaciones entre lo productivo y lo reproductivo.

El tratamiento de la informalidad laboral desde el campo estadístico supuso la interrogación de los espacios intersticiales entre la producción económica y la reproducción social, entre el trabajo y la pobreza, en virtud del diagnóstico de ciertos obstáculos en el proceso de industrialización y en el sostenimiento del pleno empleo, hacia la década de 1970. Aquí también fue relevante el concepto de PEA, porque éste no solo permitía determinar la extensión de la fuerza laboral disponible sino también analizar su composición interna, a partir de lo cual se establecieron progresivamente las categorías ocupacionales que hoy consideramos clásicas. Si bien se registran antecedentes de la medición de la informalidad laboral en los años sesenta, orientados al relevamiento de actividades de baja productividad,^[16] fue con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), aplicada por primera vez en 1974 desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que se adoptaría un registro sistemático de ese segmento límite de la PEA.^[17] Según reconstruye Cynthia Pok (2013), directora de la EPH entre los años 2003 y 2008, en las primeras mediciones de la informalidad fueron claves los indicadores relativos a la productividad, por un lado, y aquellos vinculados con la situación habitacional y con la ausencia de protecciones sociales, por otro, elementos que sugieren la convivencia de concepciones ecológicas del fenómeno con aquellas que resaltaron su dimensión económico-estructural. Los y las trabajadoras informales se consideraron parte de la PEA, pero al mismo tiempo su inclusión tensionaba esta categoría, pues constituía un espacio social en el que se hibridaban los registros consagrados como productivo y reproductivo. Es que, como señalamos en la parte introductoria de la tesis, lo informal se hizo visible a partir de una serie de atributos fuera de lugar, tanto en relación con las representaciones consagradas de trabajo, como las establecidas para la pobreza, como espacio ajeno a toda actividad económica. Se trató de un problema de frontera, que inicialmente visibilizó un espacio “residual” en el proceso de desarrollo, contiguo al mundo del trabajo, planteándose la necesidad de un pasaje: de la subsistencia, a la producción mercantil; de la asistencia, a las protecciones propias del ámbito laboral; de la periferia, al núcleo. En estas formulaciones, el concepto de informalidad reafirmaba la identidad y los límites del mundo productivo y laboral consolidado, moderno, protegido.

Durante los años ochenta y noventa, las preocupaciones que orientaron las reflexiones expertas ya no tuvieron que ver tanto con los límites en la expansión del empleo regular, como con las transformaciones de la norma laboral, que podrían seguirse poniendo en foco la dinámica de la estructura ocupacional. De este modo es que la mirada estadística se volcó a captar las modalidades laborales consideradas “atípicas”. De hecho, el análisis estadístico fue de suma relevancia en los estudios laborales inspirados en el concepto de precariedad, pues de él dependía la posibilidad de dimensionar la incidencia del empleo atípico en el mercado laboral, clasificar sus heterogéneas modalidades y seguir su evolución en el tiempo. El INDEC fue una institución de gran dinamismo en la red de saberes sobre la precariedad, aun cuando las innovaciones producidas en las estadísticas laborales hayan sido sutiles, insuficientes a los ojos de los expertos (ver, por ejemplo, INDEC, 1999).^[18] Entre reuniones científicas, proyectos de investigación y de cooperación internacional,^[19] la producción conceptual se acompañó de la revisión de los instrumentos de medición.

El nudo que las y los estadísticos del trabajo debían desembrollar estaba dado por la insuficiencia de las categorías ocupacionales establecidas para captar las alteraciones en la composición interna de la fuerza de trabajo. La heterogeneidad percibida en el mundo laboral lesionaba la precisión de las mismas y, con ello, devaluaba su valor conceptual. Por ejemplo, tempranamente se relevó que bajo la categoría de trabajo autónomo quedaban comprendidas relaciones de dependencia encubiertas, en una peculiar forma de fraude laboral. En este sentido, aunque la EPH no registró modificaciones sustantivas en su diseño, sí sufrió cambios sucesivos en el cuestionario, orientados a incrementar la sensibilidad del instrumento para medir la tasa de actividad y ajustar la captación del desempleo, el subempleo y el trabajo autónomo (Lindenboim y Serino, 2001; Cattaneo, 2001; López, 2004).^[20] Estos fenómenos constituían puntos críticos para estimar la actividad laboral, por su proximidad respecto de la frontera consagrada con la inactividad: era preciso extender la observación estadística hasta los confines del trabajo, a fin de medir aquello que podría estar desestimándose como parte de su dinámica. Entre las reformulaciones introducidas, encontramos toda una batería de preguntas sobre “changas”, modalidades temporarias de trabajo, condiciones de la búsqueda de empleo y de trabajos adicionales. También se incorporó a las clasificaciones la noción de “inactivos marginales”, que hacía referencia a quienes no contaban con empleo ni lo buscaban, pero presentaban disponibilidad para incorporarse a la actividad por un lapso superior a las 15 horas semanales. En una dirección similar, la Encuesta sobre Desarrollo Social, realizada por el SIEMPRO en 1997, destacó la elevada incidencia entre las poblaciones en condición de pobreza del “trabajador desalentado” (sic), las ocupaciones informales (en microempresas y unidades familiares) y el cuentapropismo no profesional (OS, 2001: 35). De este modo, una línea de rarefacción de los vectores definitorios del concepto de trabajo estuvo dada por la visibilización de una serie de ocupaciones en el límite de lo habitualmente considerado como actividad económica.

Junto con estas reformulaciones generales, en 1990 se aplicó, por única vez, un módulo especial sobre precariedad laboral en la EPH.^[21] Éste adoptó una definición amplia del empleo precario, que aludía a toda forma de “inserción endeble” en la producción de bienes y servicios, carácter que se definía por cualquier tipo de condición que facilitara la expulsión de trabajadores y trabajadoras de sus puestos o no garantizaran su permanencia (Pok, 2013: 15). La desestabilización del empleo era, para las y los expertos del INDEC, un elemento crucial del proceso de “disolución del modelo de asalariado socialmente vigente” (ídem). La categoría de precariedad englobó: trabajos intermitentes; formas de contratación legalmente sancionadas, pero inestables, como el contrato a término, parcial, eventual; empleos que no se atenían a las formas de regulación del despido establecidas por ley; y finalmente relaciones asalariadas no declaradas. Aquí también registramos una ampliación de la mirada estadística, orientada a cartografiar con mayor precisión la composición interna de la fuerza laboral, ajustando y desbordando las categorías ocupacionales heredadas. La relación asalariada ya no era sinónimo de empleo regular, a tiempo completo ni protegido: era preciso dar cuenta de esas alteraciones y de las dinámicas emergentes, nombrarlas, cuantificarlas.

Considerando estos antecedentes, nuestro trabajo de archivo sugiere una profundización del movimiento ampliatorio de la mirada estadística, tras la crisis de los años 2001 y 2002. Las categorías ocupacionales que se formularon desde entonces deben ponerse en serie con los esfuerzos previamente reseñados por captar el trabajo realmente existente, una vez dislocada la norma laboral rectora. Además de ser un proceso de tiempo largo, este movimiento se caracterizó por ser transversal en el campo especializado, produciéndose iniciativas comunes entre distintos locus de producción de saber, relativamente resguardadas de las controversias que analizamos en los dos capítulos anteriores. Estas iniciativas compartieron, ante todo, la pretensión de renovar las estadísticas laborales clásicas, con el objetivo de desagregar las categorías ocupaciones establecidas, dotarlas de mayor precisión y sensibilidad, y llegar a captar la actividad laboral en sus límites. Ello supuso la continua revisión de los métodos e instrumentos disponibles, además del bagaje conceptual del campo. En ese sentido, destacamos la convergencia entre operaciones de cuantificación y de cualificación de los fenómenos laborales, que reformuló el saber estadístico. Es cierto que, históricamente, ambas se combinaron en la producción de cifras sobre lo social: las primeras estadísticas laborales convivieron con información producida por narraciones monográficas y “encuestas sociales” realizadas en las visitas a hogares obreros; más próximo en el tiempo es el avance conjunto de los saberes estadísticos sobre la pobreza como objeto y de los estudios cualitativos sobre las estrategias de reproducción de las poblaciones vulnerables. Sin embargo, observamos una innovación durante nuestro período de estudio, relativa a la integración de variables subjetivas relativas a los fenómenos laborales como objeto de matematización. En el caso de la informalidad, las motivaciones y disposiciones personales de las y los trabajadores se postularon como objeto de análisis estadístico, produciéndose intersecciones con diversas técnicas de investigación cualitativa (entrevistas, historias de vida y grupos focales). Para extenderse hacia los confines del trabajo, la observación estadística parece haberse reformulado ella misma.

Trabajadores/as informales, un sujeto fronterizo

El cambio de signo del proceso de reforma social, tras la crisis de los años 2001 y 2002, acentuó la preocupación por la composición interna de la fuerza laboral, especialmente allí donde se revelaban las situaciones de mayor precariedad y vulnerabilidad. Es que captar la actividad laboral realmente existente, en toda su extensión y en su real composición, resultaba crucial para proyectar los tiempos, los dispositivos y los sujetos del proceso de formalización: con esto no solo destacamos la importancia operativa de los saberes estadísticos en la intervención sobre el trabajo informal, sino también su rol en la disputa por la legitimidad de las políticas recreadas en estos años. En su pretensión de inteligir el trabajo realmente existente, los saberes estadísticos no solo se enfrentaron con dificultades operativas, sino que lidiaron con principios de percepción socialmente instalados respecto del trabajo (y del no trabajo). Las reformulaciones de las categorías estadísticas se acompañaron de una reflexión conceptual sobre la imposibilidad de continuar pensando la formalidad y la informalidad de manera dicotómica. Recordemos que, como analizamos en el Capítulo 3, esta observación estuvo en la base del desplazamiento del concepto clásico de “sector informal urbano” y su relevo por la categoría de “economía informal”, formulada por la OIT en el año 2002. Aun cuando, en el debate local, ciertas voces expertas discutieran la solvencia de esta noción, el diagnóstico que la sustentaba era, en cierta medida, irrebatible: la inestabilidad, los bajos ingresos y la desprotección social, ya no se restringían a los segmentos marginales de la estructura productiva sino que también se encontraban presentes en el sector considerado moderno. Ello planteaba otro modo de percepción de lo informal en el mundo del trabajo: en una expresiva síntesis al respecto, el director general de la OIT explicaba que “no existe una clara dicotomía o división entre la «economía informal» y la «economía formal»”, sino que éstas coexistían “en un continuo económico” (OIT, 2002: 4). Siguiendo esta línea de reflexión para pensar la medición de la informalidad en Argentina, Cynthia Pok (2001) llamaba a superar los abordajes exclusivamente económico-productivos del fenómeno y las definiciones “por oposición”, porque impedían asir la heterogeneidad existente en el interior de los segmentos laborales. Desde el Observatorio Social, que en otros aspectos del debate sobre la informalidad antagonizó con los saberes estatales, se observaba la necesidad de trascender las categorías ocupacionales establecidas para componer una “visión del mercado laboral” como “conjunto heterogéneo de situaciones” y “distinguir situaciones disímiles en cuanto a la calidad de la inserción laboral” (2004: 5).

En este proceso, no solo se puso en cuestión la composición interna del mundo del trabajo, sino también su extensión, sus bordes, al verse conmovida la frontera entre ocupación, desempleo e inactividad. En los capítulos precedentes hemos hecho referencia a una serie de reflexiones que se desarrollaron a propósito del desempleo tras la crisis de los años 2001 y 2002, que pusieron en cuestión los vectores de su definición clásica: la falta de ocupación y la disponibilidad para insertarse en un nuevo puesto de trabajo, lo que se expresaría en la búsqueda laboral activa. Este tipo de definición adquiría sentido bajo el supuesto del pleno empleo estable y a tiempo completo pero, sin ese escenario, ¿bajo qué modalidades se expresaba la insuficiencia de empleo en la sociedad?, ¿cómo medirla? Bajo el interrogante sobre la latinoamericanización de la estructura ocupacional argentina, se extendió el diagnóstico de la presencia de un desempleo de nuevo tipo, en intersección con la informalidad. Éste hacía referencia a un modo de inserción laboral caracterizado por la alta rotación entre ocupaciones de extrema precariedad e inestabilidad, períodos de falta de trabajo y otros de inactividad. Se trataba de un fenómeno estrechamente relacionado con los modos de regulación política de la actividad laboral, pues se explicaba por la ausencia de seguros de desempleo amplios y por la desestabilización del empleo formal. Como se señalaba en el informe ya citado del Observatorio Social, “la complejización del escenario caracterizado por un mercado de trabajo alternativo, de sobrevivencia” era “difícilmente captable por los instrumentos tradicionales de recolección de información” (2004: 17). En este informe se explicaba que “cuanto mayor es el deterioro en la calidad del empleo, mayor es la brecha entre lo que se quiere captar y lo efectivamente relevado” (ibíd.: 18). No asistimos a un problema netamente metodológico y operativo, sino conceptual: los saberes estadísticos se enfrentaban con la necesidad de reformular las categorías y variables para hacer visibles esas heterogéneas formas de trabajar, distinguiéndolas del espacio ideal de no trabajo.

En esta dirección, en el año 2003 se produjeron una serie de reformulaciones muestrales, organizativas y temáticas en la EPH, justificadas en la búsqueda de “reflejar más adecuadamente el mercado laboral” (INDEC, 2003: 1). En la comunicación de las modificaciones efectuadas, el INDEC explicaba que:

(…) Dadas las nuevas características de la inserción laboral y el nuevo escenario emergente en relación a la condición social en general y al mercado de trabajo en particular, se hizo necesario adecuar globalmente los instrumentos de medición para dar cuenta de estos procesos y de su dinámica. Es por ello que, sin alterar los propósitos iniciales del relevamiento, se ha encarado un intensivo proceso de reformulación integral de la EPH, con el objetivo de reelaborar la metodología de medición y las formas de operación atendiendo a las características socioeconómicas actuales, a las nuevas modalidades de inserción en el mercado de trabajo y a su dinámica de cambio. Las referencias a la experiencia internacional han contextualizado también dicho proceso de reelaboración. (Ibíd.: 3)

Según estos razonamientos, los instrumentos de medición clásicos de la EPH continuaban siendo “globalmente válidos” pero se encontraban “vulnerados en su capacidad de discriminar frente a los cambios del mercado de trabajo” (ibíd.: 5). El problema radicaba en su limitación “para responder plenamente a fenómenos de nuevo corte que fueron impregnando la inserción laboral, así como sus efectos sobre los restantes indicadores sociales” (ídem). Entonces, “los esfuerzos” se dirigieron a “definir y sistematizar la captación de fenómenos laborales de reciente aparición” y, junto con ello, “reajustar las herramientas de medición” (ídem). En la reformulación de la EPH puede observarse la continuidad con las producciones del campo en las décadas previas. De hecho, Pok señaló expresamente que ellas habían sido retomadas (2013: 20). Por un lado, las variables del módulo de precariedad laboral aplicado en 1990 pasaron a incorporarse al cuestionario de la encuesta de manera estable, habilitando la producción de información periódica sobre las modalidades de contratación, los grados de formalización, las localizaciones productivas del empleo precario y las condiciones de inestabilidad, entre otros puntos. Por otro, se incorporaron nuevas variables para profundizar el análisis sobre la heterogeneidad del trabajo autónomo, principalmente respecto de sus lazos con la informalidad laboral. Al criterio clásico del tamaño de los establecimientos como indicador proxy del nivel de productividad, se agregaron otras variables que pretendían complejizar la medición de las escalas productivas: los tipos de tenencia de capital y las formas societarias (que permitían distinguir, entre las unidades productivas, a las de tipo familiar y comunitario). La variedad de información recabada permitía “conformar grupos analíticos más significativos” que los recortados por las categorías ocupacionales tradicionales: por ejemplo, la matriz de datos facilitaba la identificación de “independientes cautivos”, recuperando finalmente “la condición asalariada bajo sus formas aparentemente cuentapropistas” (ibíd..: 21).

“La mejora de la captación de la actividad en su conjunto” en la EPH (INDEC, 2003: 7) alumbró modalidades laborales emergentes, no propiamente mercantiles, que tensionaron los criterios establecidos para circunscribir el trabajo y su sujeto a nivel estadístico. Era el caso, por ejemplo, del trabajo cooperativo en fábricas recuperadas, que no encajaba ni en el empleo asalariado ni tampoco en el trabajo autónomo. Además, interrogando las definiciones establecidas de actividad laboral, las reformulaciones de la EPH se propusieron “recuperar formas ocultas de ocupación, no reconocidas habitualmente como trabajo por la población”: comprendían desde las llamadas “changas”, hasta los “planes de empleo” y lo que en el informe se denominaba “trabajo femenino”, categoría que no se definía en el texto y que presumiblemente refería al trabajo doméstico no remunerado (ibíd.: 2). Finalmente, la búsqueda por ampliar la captación de la actividad condujo a la elaboración de categorías que, aunque no tuvieron mayor permanencia, expresan la desnaturalización de las nociones de desocupación y subempleo, cuyos significados habituales parecían constreñir la visibilización y la comprensión de los nuevos fenómenos laborales: “formas ocultas de desempleo”, que pasaban desapercibidas por no estar ligadas con modalidades formales de búsqueda de ocupación; “ocupaciones de baja intensidad”, que comprendían aquellas de jornadas muy reducidas, habitualmente catalogadas como subocupación; se retomaba la formulada en los años previos, de “inactivos marginales”, entendiendo por ello “a las personas que se han retirado de la búsqueda activa por falta de visualización de oportunidades pero están disponibles para trabajar”, distintos de los “inactivos típicos” (ibíd..: 8). Así, la extensión de la observación estadística puso en cuestión los criterios consolidados para percibir el trabajo y a su sujeto, diluyendo fronteras antes sólidas entre la formalidad y la informalidad, la ocupación y el desempleo, inclusive, la actividad y la inactividad.

Acompañando el giro del campo especializado hacia los problemas de calidad del empleo, en el año 2005 se aplicó en el Gran Buenos Aires un módulo especial de la EPH dedicado a la informalidad laboral, con apoyo financiero del Banco Mundial y en base a un proyecto conjunto del INDEC y el MTEySS. Los resultados del estudio se constituyeron en antecedentes que, en los años siguientes, se retomaron desde múltiples locus del campo especializado,^[22] pues avanzaban en el abordaje de una cuestión de radical importancia en la discusión experta sobre el fenómeno: su heterogeneidad. En este ejercicio de medición observamos la descomposición de categorías ocupacionales establecidas en unidades menores, tendientes a diseccionar la economía informal en “grupos con perfiles más homogéneos” (MTEySS, INDEC, BM, 2005: 84). Además, el proyecto incorporó variables subjetivas a la medición, tradicionalmente exploradas a través de métodos cualitativos: las razones y las motivaciones de los y las trabajadoras para ingresar y permanecer en la informalidad. Se trataba de un punto relevante en la polémica en torno al carácter voluntario o forzado del fenómeno: en su abordaje, se reformularon los modos de conocimiento del campo estadístico, desbordando su acervo metodológico.^[23]

La segmentación interna de la economía informal, produciendo nuevas categorías ocupacionales, fue unos de los resultados más importantes del estudio por su relevancia heurística y operativa. Esa categorización especificó conjuntos poblaciones más homogéneos, especificó problemas sociolaborales de dinámicas y raíces presumiblemente diversas, y con ello sentó las bases para una especialización de las políticas según el segmento de la economía informal que tuviera por objeto, constituyendo una estrategia modular de formalización. Entre las dimensiones cognoscitiva y operativa de la segmentación del trabajo informal existió una solidaridad profunda: los criterios de clasificación se orientaron a ordenar sus diversas expresiones de acuerdo al tipo e intensidad de desprotección social sufrida y según su relación con la economía registrada ante el Estado. Tanto para representar estadísticamente la informalidad laboral, como para intervenir sobre ella, era preciso cuantificar su extensión, como avanzar en la cualificación de su composición interna. La segmentación del universo de trabajadores y trabajadoras informales dio respuesta a ambas necesidades, combinando dos vectores: las categorías ocupacionales (empleadores/as, autónomos/as, trabajadores/as familiares y asalariados/as) y sus localizaciones productivas (calificadas en unidades formales, informales u hogares^[24]). Sobre esta grilla se tamizó la información socio-demográfica recabada en la EPH, en especial, los niveles educativos y las condiciones de vida y vulnerabilidad social completaron las caracterizaciones de cada segmento. Un año antes de la aplicación del módulo especial de la EPH, dos expertas del INDEC, Pok y Lorenzetti,^[25] habían publicado un trabajo en el que apuntaban que “la metodología habitualmente utilizada en la determinación de los niveles de pobreza e indigencia” podría utilizarse con “otros fines”, “para avanzar en la operacionalización” del trabajo informal (Pok y Lorenzetti, 2007: 15). El extracto expresa la relevancia que adquirieron las “cifras” de la pobreza en el análisis estadístico del trabajo, en particular, en lo relativo a la cualificación de sus confines.

Por otro lado, las variables subjetivas incorporadas a la encuesta sirvieron a la cualificación de los segmentos de la economía informal reconstruidos. Remitieron a “las razones [de las personas encuestadas] para ser trabajador independiente o en relación de dependencia, la conformidad con la categoría ocupacional actual y algunos rasgos de la historia ocupacional de los trabajadores” (MTEySS, INDEC, BM, 2005: 34). Desde la perspectiva del BM, que auspició la investigación, se trataba de variables cruciales en la diferenciación interna de la informalidad, pues permitían discriminar sus expresiones voluntarias –que señalarían un problema de evasión– de las involuntarias, que darían cuenta de procesos de exclusión. De hecho, el estudio realizado en Argentina era parte de una serie de investigaciones que el BM impulsaba en la región latinoamericana para poder realizar estudios comparados al respecto.^[26] Si la visión de los saberes estatales polemizó expresamente con las explicaciones cultural-comportamentales del fenómeno, lo cierto es que la exploración de dichas variables permitió generar evidencia sobre la cual desacreditar esas perspectivas. La información producida por la encuesta era contundente: el 95% de los y las trabajadoras informales encuestadas se encontraba en disconformidad con dicha condición y permanecía en ella por no hallar mejores alternativas. Según el informe, el dato ponía “en evidencia que la precariedad que caracteriza al empleo informal hace que el mismo sólo pueda ser aceptado cuando no existe otra alternativa laboral” (MTEySS, INDEC, BM, 2005: 66). La conclusión fue tan categórica que la interpretación de la informalidad como fenómeno voluntario tendió a considerarse improductiva para la realidad nacional (v.gr. OIT, 2009; Ruiz Malec, M., Persia, J., Sorokin, I., 2015). Sin embargo, las razones y motivaciones de quienes trabajaban en la informalidad se constituyeron en un eje relevante para su diferenciación interna, indicativo de las distintas realidades atravesadas.

En el caso de quienes trabajaban en relación de dependencia no registrada, permitieron trazar las diferencias en la experiencia según se desempeñaran en establecimientos formales o informales. La encuesta ponía de relieve la existencia de una perspectiva de tránsito hacia puestos formales dentro de la misma empresa, cuando ésta estaba declarada ante el Estado, mientras que si no se encontraba registrada esa expectativa era nula y una abrumadora mayoría de encuestados/as indicaba que permanecía en el puesto por ser la única opción disponible (MTEySS, INDEC, BM, 2005: 67). El tratamiento de las variables subjetivas también fue revelador en el análisis del trabajo por cuenta propia, alrededor de cuya mutación venían acumulándose inquietudes especializadas desde hacía dos décadas. El estudio indicaba que un 58% de los y las independientes informales habían accedido al puesto por no haber encontrado un empleo asalariado, lo que contrastaba con los y las cuentapropistas formales, quienes valoraban la independencia como vía de progreso. Ello, sumado a otros datos socio-demográficos,^[27] fortalecía la hipótesis de la constitución del trabajo independiente como un refugio duradero ante la imposibilidad de acceder al empleo asalariado formal.

De este modo, el estudio de las dimensiones subjetivas de los problemas laborales se instalaba allí donde se diluían las fronteras entre ocupación, desempleo e inactividad. En lo que sigue, nos detenemos en un ejercicio clasificatorio del trabajo por cuenta propia, especialmente sugerente de las categorías expandidas del mundo del trabajo y del replanteamiento de las formas de conocimiento estadístico.

Categorizaciones en los confines: entre la actividad y la subsistencia

La búsqueda de extender la observación estadística sobre la actividad laboral llevó a los saberes expertos a lidiar con los difusos límites entre el trabajo –como había sido representado durante buena parte del siglo XX– y el no trabajo, asociado con un registro extra-mercantil y extra-productivo, en el que se había inscripto a la pobreza. Pues, ¿cuáles eran los límites entre las ocupaciones “de baja intensidad” y la ajenidad respecto del registro productivo? ¿Qué actividades componían esos bordes del trabajo, expandido, al calor de la desnaturalización de su definición consagrada? La exploración estadística de los confines del trabajo interrogó, en palabras del ODSA, la “evidente y profunda heterogeneidad [de] las muy diferentes formas de subsistencia que conviven en condiciones de pobreza y marginalidad socio-económica” (2005: 34). Las maneras de nombrar esas inserciones combinaron categorías tomadas de las estadísticas laborales con otras provenientes del campo de estudios sobre la pobreza: por lo general, las ocupaciones se acompañaron del descriptor “de subsistencia”, lo que dejaba la huella de su carácter fronterizo, entre el registro económico y el reproductivo. Fue el caso de la noción de “trabajo por cuenta propia de subsistencia”, que se formuló en el marco de una categorización interna del trabajo independiente en el seno de la Dirección de Estudios y Estadísticas Laborales de la SPTyEL, del MTEySS.

Lépore y Schleser (2006), dos técnicos del Ministerio, explicaban que, tradicionalmente, el trabajo autónomo había sido desagregado estadísticamente en dos subcategorías: patrones, por un lado, y cuentapropistas por otro, quienes realizarían su actividad con capital propio pero sin emplear personal. A raíz de las transformaciones del mercado laboral, se advertía que ya no era posible continuar atribuyendo al conjunto del cuentapropismo el atributo de independencia económica: la heterogeneidad, además de la informalidad, habían pasado a ser sus dos principales rasgos (MTEySS, OIT, 2007: 9). La categoría abarcaba tanto a cuentapropistas de elevada rentabilidad, como a una “nueva generación de trabajadores y profesionales técnicamente autónomos y económicamente dependientes” (ibíd.: 169). Esta reflexión se entrelazó con una interrogación de larga data sobre el trabajo autónomo. Ya en un documento de 1981, producido por especialistas del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nacional, se llamaba la atención sobre los incipientes signos de heterogeneidad al interior de la categoría: el segmento de menores ingresos y calificaciones parecía asumir la cualidad de “refugio”, ante la falta de puestos bajo relación de dependencia, alejándose del rol que históricamente había distinguido al cuentapropismo argentino en comparación con otros países de la región, como vía de ascenso social.^[28] Estos diagnósticos continuaron articulándose durante los años noventa, cuando ese segmento inferior del trabajo autónomo se nominó como “cuentapropismo de subsistencia”. Tras la crisis de los años 2001 y 2002, su presencia y extensión resultó insoslayable: tal era así que Pok hablaba de un “sector informal de nuevo cuño”, que “recoge trabajadores eyectados” de posiciones previas más estables, en el marco de una trayectoria laboral descendente (2013: 6). El trabajo por cuenta propia parecía ser un eslabón de esas trayectorias, ya no conformando un punto de llegada sino, en palabras de Pok, “un viaje de vuelta”. Esas trayectorias descendentes eran las que hacían menos nítidos los contornos del trabajo autónomo (MTEySS y OIT, 2007: 16).

Considerando la relevancia del trabajo por cuenta propia en la estructura ocupacional argentina^[29] y la pérdida de precisión de la categoría ante su creciente heterogeneidad, la expertise ministerial propuso un ensayo de clasificación interna. Si bien no se amparaba en criterios estadísticos establecidos, su validez se justificaba en la urgencia de “analizar con mayor profundidad los datos recogidos por la encuesta” de hogares (Lepore y Schleser, 2006: 22), para contar con una representación más adecuada del segmento y de su evolución en el tiempo. La clasificación en cuestión combinó criterios relativos a la productividad de la actividad (como el nivel de ingresos y las calificaciones requeridas para realizarla), información socio-demográfica tomada de los censos nacionales y de la EPH, y la obtenida del sistema de seguridad social sobre la cobertura del sistema. Bajo este cruce se propusieron tres sub-categorías ordenadoras: el trabajo independiente profesional; el cuentapropismo de oficio; y, finalmente, el trabajo independiente de subsistencia. ¿Qué sentidos condensaba, aquí, el apelativo “de subsistencia”? En primer lugar, remitía a retornos de la actividad inferiores a la línea de pobreza (MTEYSS y OIT, 2007: 17).^[30] A su vez, hacía referencia a la localización productiva de los y las trabajadoras “en segmentos marginales de la economía” y a la orientación de la actividad a la reproducción de la vida, ante la “escasa o nula capacidad de acumulación” (ibíd.: 19). De hecho, se apuntaba que “casi la totalidad de los mismos se desempeña fuera de locales”, bajo “formas de trabajo asociativas de tipo familiar” (ídem). Era la situación de vendedores/as ambulantes, volanteros/as, peones, cuidadores/as, jornaleros/as, changarines. La ajenidad de este colectivo respecto de la lógica del emprendimiento independiente cristalizaba en sus magras calificaciones, otro aspecto que lo diferenciaba de las otras sub-categorías. Para ellos la “independencia” era la faceta más cruda de la ausencia de soportes relacionales frente al quiebre de trayectorias marcadas por el empleo asalariado.

Por los atributos antes reseñados, los y las especialistas ministeriales señalaron la proximidad del cuentapropismo de subsistencia con el subempleo y el desempleo. En este segmento, la inestabilidad de las ocupaciones era extrema y, en comparación con el resto de las sub-categorías, la disponibilidad laboral era altísima: el 42% de sus trabajadores/as deseaba trabajar más horas y el 45% se encontraba en la búsqueda activa de otra actividad.^[31] Estos diagnósticos retomaron el informe del módulo especial de la EPH sobre informalidad laboral, en lo relativo a las razones de la elección por el trabajo por cuenta propia: según lo relevado allí, solo el ejercicio profesional autónomo era una opción libremente elegida (además de económicamente favorable), lo que llevaba a pensar que el trabajo independiente se extendía, cada vez más, como un refugio ante el desempleo duradero, a través de ocupaciones marginales y de baja productividad. En este punto, los análisis dieron jerarquía a información cualitativa: en un estudio especialmente dedicado al cuentapropismo, publicado en 2007 por el MTEySS, con apoyo de la OIT,^[32] la exploración de las historias laborales^[33] de los contingentes laborales de mayor precariedad reforzaban las hipótesis sobre la mutación histórica del trabajo autónomo. Es que el único modo de “dar cuenta del cuentapropismo como totalidad y simultáneamente avanzar en la determinación de su morfología” (Lépore y Schleser, 2006: 193) era brindarle a la mirada estadística otros puntos de apoyo, de carácter cualitativo: ya fuese generando intersecciones con otras técnicas de investigación, ya incorporando variables subjetivas como objeto de matematización.

La calificación de esta modalidad de trabajo independiente como “de subsistencia” parece ser la marca de un límite difuso entre ocupación y falta de ocupación, señal de la amalgama entre trabajo y reproducción. La innovación que estas clasificaciones introdujeron en los modos de representar estadísticamente a las clases trabajadoras solo es posible de dimensionar al ubicarlas en la serie histórica que reconstruimos esquemáticamente en este apartado: se trató de una implosión de la categoría de trabajo que desnaturalizó sus vectores definitorios, posibilitando la apertura de la mirada estadística hacia situaciones límite, híbridas o, inclusive, tradicionalmente consideradas por fuera del registro laboral. El cuentapropismo de subsistencia expresa el carácter problemático de estas conceptualizaciones y representaciones elaboradas en los confines del mundo del trabajo: los individuos comprendidos por ellas pasaron a ser reconocidos como trabajadores; aunque, al mismo tiempo, sus ocupaciones se concebían como formas residuales de paliar la imposibilidad de acceder a puestos productivos y protegidos. La ambivalencia de las categorías estadísticas acompañó el complejo estatuto asignado a estos espacios sociales, inscriptos en el mundo de la actividad y, simultáneamente, calificados como superfluos en términos económicos. ¿Puede representarse como trabajo aquello que no es visto como económicamente útil? ¿O quizás esas representaciones coadyuvaran a la desnaturalización de los criterios de utilidad del trabajo y las formas de reconocimiento hacia su sujeto?

Los contornos del no trabajo: un sujeto perceptible más allá de las estadísticas

La pluralización del contenido de la noción de “actividad laboral” guió múltiples esfuerzos analíticos por captar, dimensionar y caracterizar las heterogéneas modalidades de trabajo informal, extendiendo la mirada estadística sobre los confines del concepto consagrado de trabajo, definido por su carácter remunerado y su orientación mercantil. Si en el apartado anterior nos ocupamos de los ejercicios que desplegaron los saberes estadísticos sobre una serie de modalidades laborales situadas en el límite de lo típicamente considerado como económico, aquí nos detenemos en el revés de esa operación analítica: el desbroce, en esos confines, de aquellos espacios de actividad que se resistían a ser categorizados como trabajo, por su pretendida exterioridad respecto del registro productivo. Las categorías que repasamos en el apartado anterior, como la de “cuentapropismo de subsistencia”, hicieron pie en los contornos difusos de dicho registro y albergaron una profunda ambivalencia, pues echaron luz sobre formas de trabajar de dudosa utilidad económica y despojadas de las normas y protecciones típicamente asociadas al empleo. Estas cartografías “expandidas” del registro laboral incluyeron una serie de operaciones dirigidas a trazar una frontera –más o menos nítida según los saberes congregados en torno a ella– entre los trabajos vulnerables, objeto de formalización, y el espacio ideal del no trabajo, que debía movilizar otro tipo de estrategias de intervención. Si, como venimos argumentando, la informalidad puede pensarse como una interrogación sobre la relación entre los problemas de empleo y los de pobreza, aquí analizamos las operaciones analíticas que marcaron el límite exterior de ese umbral, excluyendo del mundo de la actividad económica y del trabajo a ciertas formas de existencia, caracterizadas ya no por su inserción deficitaria en el mercado, sino por su exterioridad respecto de él.

A diferencia de otros momentos históricos, esas formas de existencia asociadas a un espacio ideal de no trabajo ya no se visibilizaron como carentes de actividad, incluso podían evidenciar una alta disponibilidad para insertarse en el mercado. Eso hizo de la circunscripción de dicho espacio una tarea sumamente dificultosa. En un ciclo caracterizado por la recomposición económica fue perfilándose, de forma ambivalente, la representación de una modalidad de no trabajo involuntario, que afectaba a adultos válidos y disponibles para el mercado, pero que se diferenciaba del desempleo típico en la medida en que se diagnosticaba una pérdida o carencia de los atributos que hacen a la utilidad económica de los sujetos y de sus prácticas. La condición de inempleabilidad de este sujeto hizo que su disponibilidad y aptitud para ingresar al mercado laboral no fueran efectivas. Esta caracterización delimitó una convergencia en el campo especializado que pareció extenderse a pesar de la polémica que analizamos en los capítulos anteriores sobre cómo entender el trabajo informal. Sin embargo, ello no implicó la ausencia de discrepancias en las formas de nombrar y explicar estos procesos. Por el contrario, ése es el terreno en el que reencontramos las controversias que articularon el debate especializado con la discusión política sobre el trabajo legítimo y sobre las formas de reconocimiento de su sujeto. Es que la ampliación de la mirada estadística sobre la actividad laboral concurrió con un proceso de reconocimiento político de poblaciones que, en las décadas previas, habían sido clasificadas como pobres: la puesta en relieve de sus lazos con el mercado de trabajo redundó en una redefinición de su lugar social, telón de fondo de las discusiones especializadas. Quiénes son trabajadores es una pregunta que puede tener una respuesta estadística, pero la validez y la eficacia cognoscitiva de las categorías y los indicadores no se dirime en los límites del campo especializado, sino también en su circulación pública.

Resulta insoslayable que el no trabajo no se resume a una categoría estadística, aunque las cifras que componen lo social contribuyan a su fijación. Su definición conforma un proceso político-cultural más general, por el que las sociedades trazan los límites de aquello que reconocen y valoran como trabajo, esto es, las actividades que hacen a su propia producción. Este apartado repone las convergencias en el diagnóstico experto de ese espacio social lindante con el no trabajo, así como las controversias relativas a su nominación e identificación, que nos señalan el carácter convencional de las estadísticas. En virtud de ello, pusimos en foco la circulación pública de las categorías expertas, en su intersección con el campo de la política y también con el mundo de “los legos”. Sin observar ese encuentro, quedaría fuera de la reflexión la eficacia de las representaciones estadísticas, que no es un a priori. Precisamente, respecto de las mediciones sobre la informalidad laboral, Pok apuntaba que “si bien las estrategias [estadísticas] pueden y deben innovarse, deben asimismo adecuarse a las formas de conciencia que la sociedad tiene de sí misma”, pues “ninguna innovación puede ir más allá de ese límite” (2013: 7). Esta muestra de reflexividad sobre la labor experta es sugerente de la percepción de ciertos límites sociales para la formulación y la difusión de las representaciones especializadas sobre un mundo de trabajo en proceso de cambio. En nuestro trabajo de archivo, el rastreo de los modos de circulación en la prensa escrita de los saberes estadísticos sobre el no trabajo nos permitió poner de relieve las reinterpretaciones bajo las que las categorías expertas ingresaron en el debate público, intersecándose con otras representaciones sociales sobre dicho espacio. En este sentido, nos preguntamos por las condiciones sociales del proceso inverso al que retratara Merklen (2005) para la década de 1990, la alquimia de pobres en trabajadores y trabajadoras.^[34]

La inempleabilidad: una forma contemporánea de no trabajo

La diferenciación entre los segmentos ocupacionales más inestables y precarios respecto de un espacio otro, definido por sus condiciones de vulnerabilidad y por la orientación a la subsistencia de las actividades, se nos presentó como una constante en la revisión de los ejercicios de perfilamiento del trabajo informal, tanto en el debate local como en la escena internacional. En ellos, parecía desprenderse del conjunto de empleos vulnerables otro estrato, caracterizado por los atributos típicos del mundo de la pobreza. Esa coincidencia llevó nuestra atención a la relación entre las cartografías de la economía informal y los mapeos del no trabajo. Durante nuestro trabajo de archivo, observamos que, pese a la discusión que mantenían distintas agencias internacionales de desarrollo sobre cómo concebir y explicar la informalidad laboral, ellas tendieron a converger en la identificación de un segmento poblacional conformado por individuos de bajas calificaciones, altos niveles de vulnerabilidad social y ocupaciones intermitentes, de baja o nula productividad. En las producciones de la OIT correspondía al “extremo inferior” de la economía informal; en los documentos de la CEPAL se solapaba con la clásica definición de “sector informal urbano”, marginal en la estructura productiva; y, en el caso del Banco Mundial, remitía a la intersección entre trabajo informal y exclusión, en la que se inscribían trabajadoras y trabajadores no calificados y en condiciones de pobreza.^[35] También en la discusión local se desplegaron operaciones analíticas suficientemente transversales en el campo especializado, dirigidas a fijar el límite exterior de la economía informal ¿En qué punto ciertas ocupaciones, en lugar de tensionar los atributos propios del trabajo, dejaban de corresponderse con ellos? ¿Cómo determinar que una serie de actividades eran demasiado intermitentes como para considerarse “ocupaciones”, que sus retornos eran insuficientes para considerarse “remuneraciones”, y que sus lazos con la economía mercantil eran demasiado débiles para considerarse productivas?

En Argentina, estos interrogantes emergieron con la identificación de trayectorias en las que ocupación, desocupación e inactividad parecían solaparse, impidiendo una categorización fija de las poblaciones en ellas inscriptas. La desnaturalización de la inactividad (contracara del proceso de ampliación del concepto de actividad laboral) puso en cuestión las variables a considerar para determinar la exterioridad respecto de la vida económica, que en el campo estadístico históricamente había sido definida por la incapacidad y la no disponibilidad para el mercado. Una serie de ejercicios de clasificación y de categorización circunscribió el espacio ideal del no trabajo a partir de la condición de inempleabilidad, produciendo una reinterpretación de los criterios de capacidad y disponibilidad que tradicionalmente diferenciaron las poblaciones activas de las inactivas. Este atributo puso en cuestión que la mera presencia de actividad fuera indicativa de participación en la actividad económica y, con ello, habilitó la escisión de ciertas ocupaciones del registro productivo. Para el deslinde del no trabajo, las variables de raigambre subjetivas volvieron a ser protagonistas, poniéndose en foco trayectorias, capacidades y disposiciones personales. La relativa convergencia en los diagnósticos del problema de inempleabilidad contrasta con la polémica a propósito de la informalidad que analizamos en los capítulos previos y nos señala la cristalización de una alteración relevante en los modos de representar y explicar la falta de trabajo: en ellos se combinaron factores económico-estructurales relativos a la insuficiencia de puestos laborales formales, con otros de índole subjetiva, nucleados en la descalificación de ciertas poblaciones.

Dentro de la serie documental en la que rastreamos operaciones de delimitación del no trabajo, se destaca por su carácter inaugural la Segunda Evaluación del Programa Jefes de Hogar, elaborada por la SPTyEL del MTEySS en el año 2004. Se trató de un diagnóstico de la población usuaria que se hizo eco de la inquietud por las condiciones para su futura reinserción laboral, al advertirse el progresivo agotamiento de los efectos positivos de la recomposición económica general sobre el proceso.^[36] En el marco de críticas políticas y especializadas hacia el programa,^[37]la evaluación de la SPTyEL se propuso “obtener información sobre los beneficiarios para lograr optimizar las estrategias que implementa el Estado, ya sea para facilitar la inserción laboral de los beneficiarios o para mejorar su situación social” (MTEySS, 2004b: 47). El perfilamiento interno de la población del PJJHD trazaría una línea divisoria entre trabajo y no trabajo que sería fundamental para la reformulación de las intervenciones sociales del Estado en los años subsiguientes.

El estudio se basó en la aplicación de una encuesta presencial a una muestra de beneficiarios/as de distintos aglomerados urbanos del país, que ahondaba en sus características socio-demográficas, así como en sus trayectorias y estrategias ocupacionales. La expertise ministerial remarcó, a partir de estas variables, el descalce entre los rasgos del “desempleo clásico” y los advertidos entre la población que continuaba siendo usuaria del PJJHD tras la reactivación económica, proponiendo su consideración como un colectivo diferenciado al interior de la PEA. A diferencia del desempleo tradicional, el grupo registraba mayor presencia femenina, menores niveles educativos y de calificación, y trayectos más avanzados de edad (MTEySS, 2004b). Lo que caracterizaba su situación, antes que el desempleo propiamente dicho, era el ciclo de “alta rotación e inestabilidad en el mercado laboral” en el que se encontraban (MTEySS, 2004b: 24), que combinaba la falta de ocupación, “breves períodos de inserción en empleos precarios o de subsistencia” e inclusive la inactividad (MTEySS, 2004b: 23). La imposibilidad de expresar lo específico de este tipo de trayectorias con las categorías estadísticas disponibles fundó su nominación como “empleo de subsistencia”, una imprecisa formulación que buscaba asir lo inclasificable. Es que, más que por un estado ocupacional definido, el segmento se hacía visible para las y los especialistas a partir de la inestabilidad que lo regía. La alternancia entre desocupación, subempleo e informalidad, al tiempo en que impedía la clasificación de estos individuos bajo una de estas categorías de forma unívoca, comenzó a ser cifrada como un modo estabilizado de participar del mercado laboral. Los trabajos de subsistencia no solo se encontraban desprotegidos y generaban retornos escasos, sino que no permitían reponer las competencias laborales requeridas por el mercado, coartando la posibilidad de migrar hacia empleos más productivos. De allí que se considerara como vector de un “círculo vicioso” que signaba la reproducción de las condiciones de vulnerabilidad social y laboral (MTEySS, 2004b: 23).

Según los diagnósticos ministeriales, si bien entre las y los trabajadores de subsistencia “existían ciertas características de homogeneidad”, al mismo tiempo presentaban atributos heterogéneos, “por ejemplo en cuanto a empleabilidad”, lo que exigía el diseño de “políticas diferenciadas atendiendo a grupos específicos de beneficiarios” (MTEySS, 2004b: 60). El avance en el perfilamiento interno de este colectivo muestra la búsqueda por sentar una línea divisoria, aunque fuese provisoria, entre los segmentos más próximos al registro laboral y aquellos cuyo lazo era tan difuso que difícilmente podrían ser categorizados como parte de él. En la clasificación de las y los “trabajadores de subsistencia” fueron protagonistas las variables subjetivas, ligadas a trayectorias, estrategias, saberes y habilidades, más que las socio-demográficas clásicas: puesto que la elevada rotación laboral tornaba difusa la frontera entre actividad e inactividad, la situación ocupacional debió complementarse con otro tipo de información, de mayor proximidad a la experiencia de este sujeto. Del ejercicio emergieron dos grandes grupos. El primero estaba conformado por aquellos individuos identificados como “trabajadores de subsistencia activos”, intermitentemente ocupados o en la búsqueda de empleo. Entre ellos se distinguieron perfiles según la cercanía de sus condiciones de empleabilidad con “las variables que orientan la demanda laboral” (MTEySS, 2004b: 61), a partir de lo que se establecieron dispositivos diferenciados para conducir el proceso de reinserción laboral.^[38] El contraste más nítido se establecía con un segundo gran grupo, el de “beneficiarios inactivos”, que comprendía el 31,4% del total. Se componía, en su mayoría, de mujeres que realizaban tareas de cuidado en el hogar y trabajos comunitarios y, minoritariamente, de varones en edades avanzadas y/o con impedimentos físicos para trabajar (MTEySS, 2004b).^[39] La supuesta inactividad de este grupo volvía a hacer visibles los contornos del espacio ideal del no trabajo, ¿pero cómo se determinaba?, ¿se acudía a los clásicos criterios de incapacidad y falta de disponibilidad para el mercado?

En primer lugar, la percepción de un espacio exterior al trabajo parece haber tenido un importante sesgo de género. La desactivación de parte de las mujeres usuarias arraigó en un hecho estadísticamente contrastable: tras la puesta en marcha del PJJHD, la población activa relevada por la EPH había pegado un salto debido a la declaración como desempleados de individuos antes considerados inactivos, pues aquella era una condición para participar del programa. En este sentido, las y los especialistas ministeriales advirtieron que la proporción de mujeres entre la población usuaria del PJJHD era mucho más elevada que la participación femenina en el desempleo. En el intento por deslindar las fronteras del registro laboral, parecen haberse activado acepciones clásicas del trabajo que excluyeron las labores domésticas y comunitarias por su orientación a la reproducción –y no al mercado-. Probablemente, la inscripción de estas actividades en un registro meramente reproductivo subestimó situaciones de desocupación y de “desempleo oculto” entre las mujeres usuarias. De hecho, en un artículo publicado años más tarde en la Revista de Trabajo, del MTEySS, técnicas de la SPTyEL señalaron que las mujeres perceptoras de transferencias de ingresos, supuestamente inactivas, conformaban una “oferta de trabajo permanente”, aunque “con búsqueda [de empleo] activa intermitente (…) condicionada por el contexto y las restricciones de la cotidianidad propia de estos sectores”, a las que habría que añadir las arraigadas en el género, vinculadas con las cargas del trabajo de cuidados (Trujillo y Sarabia, 2011: 159).^[40] La definición clásica de inactividad se imponía, diluyendo las marcas de género del trabajo que los informes tendían a relevar.

En segundo lugar, la clasificación de inactividad parece haber arraigado en el diagnóstico de la cercanía con la frontera de la inempleabilidad. A diferencia de las y los “beneficiarios activos”, quienes presentaban calificaciones técnicas y operativas, experiencias laborales previas y una alta motivación para la búsqueda laboral, aquellos individuos clasificados como “inactivos” componían un grupo de extrema vulnerabilidad social y con calificaciones laborales elementales (MTEySS, 2004b). La inempleabilidad adquirió una presencia fantasmagórica en los diagnósticos ministeriales, pues nunca llegó a afirmarse como un atributo de estos grupos. Sin embargo, se trató de una ausencia sumamente productiva en el traspaso de la población usuaria del PJJHD hacia otros programas, en 2006. En el Decreto 1506/2004, que estableció las condiciones para dicho traspaso, se explicaba que correspondería al MTEySS “todo lo atinente a la inserción y reinserción laboral”, mientras que el MDS atendería mediante el Programa Familia Argentina a “los beneficiarios inactivos [del PJJHD], especialmente mujeres con hijos a cargo y personas mayores, (…) un grupo típicamente asociado a la política social” (MTEySS, 2004b: 25). Aquí podemos ver la estrecha relación planteada entre la presunta inactividad de estas poblaciones, la inscripción de sus actividades económicas en un registro reproductivo, y la condición de inempleabilidad, secuencia que convertía a estas poblaciones en sujeto de asistencia. En cambio, los grupos entre los que se diagnosticaron condiciones de empleabilidad podrían atenerse al Seguro de Capacitación y Empleo del MTEySS, presentado en el discurso oficial como un nuevo modelo de seguro, de carácter “activo”, en el que la prestación económica se asociaba con acciones de búsqueda laboral, terminalidad escolar y capacitación, siguiendo las reformulaciones en las conceptualizaciones de la desocupación. A partir de allí, el segmento “inactivo” de trabajadoras/es de subsistencia ya no sería objeto de análisis del MTEySS, sino del MDS. En diagnósticos posteriores del organismo se reiterarían los principales rasgos que se le habían atribuido en el estudio inaugural sobre el PJJHD: la elevada inestabilidad laboral, la fuerte presencia de la inactividad en las trayectorias,^[41] los bajos niveles de instrucción^[42] y la condición de vulnerabilidad (MDS, 2010). En conexión con el problema de (in) empleabilidad, se observaría un quiebre en la “cultura del trabajo” (MDS, 2007: 192), debido a la larga desconexión con el mercado de trabajo formal.

De manera simultánea a estas producciones, en otros análisis estadísticos sobre la informalidad laboral se pusieron en juego formulaciones alternativas para categorizar esa zona fronteriza entre el registro del trabajo y su exterior. Como desarrollamos en el capítulo anterior, desde los enfoques de la marginalidad y la exclusión se tendió una estrecha relación entre la informalidad y la superfluidad de ciertas poblaciones para la dinámica económica. La exterioridad de ciertos individuos respecto del registro productivo constituyó una inquietud central para esta red de expertise, identificándose de manera mucho más nítida que en los análisis producidos por los saberes estatales. En otras palabras, la inempleabilidad no solo fue decible para estos diagnósticos, sino que operó activamente en la categorización de ciertos grupos sociales. Más allá de esta diferencia, las caracterizaciones de aquellas poblaciones ubicadas en la frontera del mundo productivo guardaron numerosas resonancias con los rasgos que la expertise ministerial había atribuido al “empleo de subsistencia” y, particularmente, al perfil inactivo en su interior. Expresiones a las que ya nos hemos referido, como la de “trabajo intermitente” formulada por el economista de SEL Consultores, Ernesto Kritz, o la de “subempleo inestable” o “indigente”, que figuraba en las encuestas del ODSA de la UCA, también remitieron a un ciclo de alternancia entre el desempleo abierto, la inactividad y las actividades de baja calificación y alta inestabilidad (Kritz, 2007; ODSA, 2014).^[43]También en estas producciones se advirtió que las bajas condiciones de empleabilidad revertían en las dificultades para transitar hacia puestos de mayor calidad, aun bajo el crecimiento de la tasa de empleo. Coincidiendo con los saberes estatales, se volvió recurrente la idea de un “círculo vicioso” que explicaba la permanencia en trabajos marginales y la reproducción de la pobreza entre distintas generaciones: al limitar la formación y la acumulación de los activos necesarios para devenir empleables, la pobreza era causa y efecto de la vulnerabilidad laboral. De allí la formulación de categorías que enfatizaban la inmovilidad social de estas poblaciones, como las de “núcleos duros de pobreza e informalidad”, o “pobreza crónica”. Apelaciones que, por otro lado, afirmaban su inscripción en un registro extra-productivo.

La pretendida ajenidad respecto de la producción y del trabajo se reforzaba por la finalidad de subsistencia de las actividades realizadas por estos grupos sociales. “Limpiavidrios, manteros, cuidacoches, vendedores ambulantes” (Salvia en La Nación)^[44] daban vida a una “verdadera infraclase socialmente aislada con crecimiento acelerado” que “subsistía a través de actividades extralegales, prácticas laborales de mendicidad, programas sociales o trabajos ocasionales” (ODSA, 2005: 38). Más allá de la referencia a tales figuras como parte del registro laboral es posible percibir su inscripción en un espacio lindante con éste, en virtud del tipo de prácticas que desarrollaban, más reproductivas que productivas. En estos planteos, la ambigüedad que portaban las categorías híbridas de “economías de pobreza” o “trabajo indigente” se reducía: en la medida en que no se rescataba de tales actividades utilidad económica alguna, más que la sobrevivencia de su sujeto, fueron inscriptas en un registro extra-productivo. En este punto, su valoración era controversial, pues se consideraban un vehículo de auto-explotación y degradación, que de ningún modo llegaba a reemplazar la función social del trabajo, como medio para la realización personal y la socialización del individuo. En este sentido, no se reconocía al “trabajo marginal” como un modo particular de participación de su sujeto en la producción de la sociedad, sino que más bien condensaba la imposibilidad de pertenecer a ella. Del mismo modo, las “economías de pobreza” se presentaron como un espacio residual, externo respecto de la verdadera economía, y no como un circuito de prácticas enlazado con ella (o, inclusive, producido por ella). Así, resultaba más palpable la discontinuidad entre las diversas modalidades de vulnerabilidad en el trabajo y la marginación del trabajo. En estas reflexiones, el valor mercantil sirvió a la distinción del empleo genuino.

La puesta en serie de estos diagnósticos heterogéneos nos permite observar la escisión, entre los estratos más deteriorados de la economía informal, de un grupo social lindante con el espacio ideal del no trabajo, a partir de la inempleabilidad como punto de corte. Las convergencias en la descripción estadística de este segmento nos indican la suspensión, cuando no el quiebre, respecto de las discusiones del último lustro de la década de 1990, que repusimos en el Capítulo 2. Entonces, la conformación de un grupo de exclusión del mercado de trabajo por su inempleabilidad había sido un punto crucial de la polémica entre los enfoques de la precariedad y los de la exclusión. Los análisis estadísticos sobre el desempleo generaron evidencia controversial, que sirvió de apoyo a las distintas posiciones del debate. En cambio, durante nuestro período de estudio, se gestó una coincidencia mayor a propósito de la larga duración del desempleo –bajo nuevas formas– y respecto de quiénes eran los grupos sociales afectados por estos procesos, “una masa de la población que fue perdiendo en los años 80, y en los 90, y que no logró en los 2000 incorporarse a la dinámica del crecimiento globalizado”, en palabras de Salvia para el diario La Nación.^[45] Ello nos señala un importante desplazamiento en los modos de concebir el problema laboral local y de discutir las condiciones de la integración social, en comparación con momentos históricos anteriores. La presencia de poblaciones válidas para trabajar, pero no por ello aptas para ingresar en el mercado, puso en foco una dimensión subjetiva que parecía imposible de obviar en el tratamiento de los problemas laborales: la formación de las capacidades laborales. En otras palabras, la inempleabilidad como cuestión señalaba que la alquimia de pobres en trabajadores suponía ciertas precondiciones (técnicas, educativas, culturales y morales) para realizarse, además de un incremento de la demanda laboral. Se trataba de una nueva forma de incapacidad subjetiva, más que física, pero igual de involuntaria, forzada.

De los consensos en la representación estadística sobre los confines de la actividad laboral no se derivó una mirada unívoca del no trabajo como espacio ideal. En los modos de nominar, explicar e intervenir sobre este problema nos reencontramos con las controversias. Una de las disonancias más notables está dada por la ausencia de la categoría de “inempleabilidad” en los diagnósticos oficiales. Ello no expresa tanto la exclusión del problema en la trama de saberes estatales, sino la imposibilidad de enunciar ese grado extremo de invalidación de población válida para trabajar. La categoría resultaba indecible en el marco de la utopía de restauración del trabajo normal que subyacía a dichos saberes, conformaba una incongruencia ética e ideológica. En las producciones ministeriales y los discursos oficiales la empleabilidad asumió un sentido particular: los procesos de descalificación no se pensaron sino como el efecto duradero, pero política y colectivamente reversible, de un régimen precario de empleo al que se pretendía poner fin. El déficit de capacidades laborales actualizadas y valoradas se definía como el efecto acumulado de una pérdida progresiva de saberes y haceres, debido a la consagración del mercado como el espacio donde estos se realizan. En este sentido se advertía que “las características de los beneficiarios deben ser reconocidas como resultado de las transformaciones y reestructuraciones sucedidas en marco de una fuerte crisis (…) durante más de una década” (MTEySS, 2004b: 47). En este sentido, el foco puesto en la dimensión subjetiva de los problemas laborales no necesariamente supuso una explicación individualizante de los mismos, aunque es preciso señalar que la cuestión de la empleabilidad no se presentó como un asunto relativo al conjunto de la población trabajadora, sino que aludió a los riesgos de descalificación concentrados en los segmentos de mayor precariedad, informalidad y vulnerabilidad social.

El tratamiento de las poblaciones en el límite de la inempleabilidad movilizó la puesta en marcha de lo que desde el MDS se denominó como una “estrategia productiva” en el campo asistencial, que integró distintos programas orientados al fomento de la economía social, sancionados desde el año 2004.^[46] La estrategia de crear de forma directa puestos de trabajo, por iniciativa del Estado, se fundamentó en el diagnóstico de los límites del mercado para la reinserción laboral de estas poblaciones, así como de las precondiciones requeridas para que éstas pudieran ser empleadas. El “trabajo digno”, como se nominó al trabajo comunitario y organizado en el circuito de la economía social, se presentó como una “condición previa (…) hacia el desarrollo humano” (MTEySS, 2003b: 65), un espacio para recuperar “saberes y haceres” perdidos (MDS, 2010: 189), pues “la cultura del trabajo (…) solo se adquiere con el trabajo” (MDS, 2007: 192). La inserción en la economía social, además de un fin en sí mismo, se planteaba como un medio para desarrollar las capacidades y las disposiciones necesarias para el retorno al mercado laboral. Por un lado, habilitaría la inscripción de los individuos en lazos de proximidad, que vehiculizaran una pertenencia comunitaria frente a la disgregación de los territorios locales. Por otro, el “trabajo digno” se presentó como el medio para promover y organizar a “aquellos que no han conseguido trabajo en torno a ese objetivo”^[47] (MDS, 2010: 188), habilitando la reconstrucción de calificaciones, capacidades y de la mentada cultura del trabajo.

En nuestra tesis de maestría, analizamos la valoración contradictoria del “trabajo digno” por parte de los saberes estatales, en función del contraste con los rasgos atribuidos al “trabajo decente”, definido como vector principal de la integración social.^[48] Mientras que el primero fue valorado por su utilidad social, el segundo presentaba una insoslayable utilidad económica; si la orientación del primero era la inclusión y la promoción, la del segundo era el desarrollo; uno fundaba una pertenencia local, el otro lazos de solidaridad social. En este contraste, se gestó una valoración compleja de la economía social pues, mientras se afirmaba su legitimidad como proyecto de vida, se destacaba su aporte a la economía nacional y se definía a los y las cooperativistas como parte de las clases trabajadoras (v.gr. MDS, 2007, 2010), al mismo tiempo la jerarquía del empleo registrado sobreimprimió en ella cierta transitoriedad, ligada a la duración del proceso de reinserción sociolaboral.^[49] Se trató, por cierto, de una tensión movilizadora de protecciones del “trabajo digno” promovido estatalmente, inscribiendo en él ciertos derechos laborales y de la seguridad social, como vía para distinguir la “estrategia productiva” de los programas de tipo workfare de la década anterior.^[50] Aunque distaron de ser homologables al “trabajo decente”,^[51] las modalidades especiales de registro de la actividad y el acceso a prestaciones de la seguridad social dieron lugar a un relativo aseguramiento de estas poblaciones, una novedad en el marco de las políticas asistenciales.^[52] El desarrollo que realizamos en este capítulo nos permite completar el argumento: la valoración contradictoria del trabajo cooperativo y de su sujeto hunde sus raíces en las articulaciones –dichas y no dichas– con el espacio ideal del no trabajo. Las y los cooperativistas participantes de los programas de economía social del MDS se constituyeron como tales en virtud de la condición de exterioridad del mercado laboral que les era atribuida pero, al inscribirse en estos dispositivos, pasaron a ser definidos como trabajadoras/es por los discursos y estadísticas oficiales. La inscripción en las políticas era, de manera simultánea, marca de ajenidad y el medio para ser parte del registro laboral.

En cambio, según los enfoques de la exclusión y la marginalidad, quienes trabajaban en el marco de las cooperativas promovidas por el MDS conformaban las categorías de subempleo indigente o trabajo intermitente. Estos saberes conjugaron una mirada alternativa sobre lo que, desde la cartera social, se visibilizó como “trabajo digno”. En un informe especialmente dedicado al tema, en el año 2015, desde el Observatorio Social se señalaba que era “una incógnita” la medida en que las organizaciones de la economía social habían logrado “socializar a través del trabajo las personas excluidas de la esfera económica” y “facilitar la transición del trabajo informal hacia el trabajo formal”. En este sentido, se hipotetizaba la constitución de un “estatuto permanente de personas en proceso de inserción sin posibilidad de escape hacia el mercado de trabajo formal” (OS, 2015: 7), pasible de ser identificado en función de un trabajo desnaturalizado: no solo se cuestionaba su utilidad económica sino su “problemática dependencia hacia el Estado” (ibíd.: 8). La “necesidad de fondos públicos” para la “sobrevivencia” de las cooperativas^[53] presentaba un límite a su sustentabilidad y, sobre todo, a “la autonomía que tendría que caracterizarla”, si fuese “expresión genuina de un movimiento social” (ídem). En este sentido, se sugería la imagen de un trabajo cooperativo doblemente dependiente: económica y políticamente.^[54] En conjunto, estos elementos fundaban el interrogante sobre “el estatuto social” de este tipo de ocupaciones respecto al del trabajo asalariado. Con ello, estos saberes reforzaban la inscripción en el no trabajo de aquello que desde las políticas del MDS se nominaba como “trabajo digno”. Más que una intervención orientada a resolver el problema laboral, estos programas se representaron como un signo de la crisis abierta en el mercado de trabajo.

¿Qué vectores definían, pues, el buen trabajo? ¿Era, en palabras de la presidenta Fernández, el hecho de “organizarse junto a otros, organizar su tiempo, organizar la sociedad”?^[55] ¿O la “cultura del trabajo” comprendía una moral de la autosuficiencia y el esfuerzo personal? ¿Cómo definir la utilidad económica del trabajo?: ¿por los niveles de productividad?, ¿la riqueza creada?, ¿el grado de satisfacción de necesidades que habilita? El carácter controversial del no trabajo no puede comprenderse sin subrayar las disputas por los parámetros de valoración del trabajo legítimo.

La moralización de las cifras. El no trabajo como estigma

Si bien la literatura especializada ha destacado la importancia del saber estadístico en la conformación de un lenguaje común para el debate público sobre los problemas sociales, tal afirmación debe ser puesta entre paréntesis en nuestro análisis pues las categorías que delimitaron el no trabajo fueron ensayos sobre sus contornos, antes que un acervo consensuado y estable para clasificarlo y hacerlo visible. En nuestro trabajo de archivo advertimos que, pese al carácter abierto de las conceptualizaciones y clasificaciones expertas sobre el no trabajo, en su circulación en la prensa escrita éstas tendieron a perder ambivalencia. Como efecto, los contornos de este espacio ideal acabaron reforzándose, fijándose sus atributos y personificándose en figuras sociales concretas. Ello nos sugiere que los léxicos y nominaciones preexistentes en la sociedad sobre el trabajo, en un momento de descomposición y recomposición de las representaciones sobre él, establecieron otros modos de limitar lo decible respecto de su espacio exterior. Aunque acercarnos a los sentidos comunes sobre el registro laboral excede a nuestra investigación, es relevante poner en foco las mutaciones de las categorías especializadas en su circulación pública, porque hace a los procesos de (des)legitimación de las intervenciones estatales sobre el trabajo informal y la protección de su sujeto.

Las discusiones sobre la inempleabilidad, concepto central en el contorneado del no trabajo, circularon en la prensa escrita entramadas con una diversidad de temas. La reproducción intergeneracional de la pobreza, su evolución en el tiempo, las dimensiones subjetivas del fenómeno, y los efectos de las políticas sociolaborales en curso, particularmente las asistenciales, integraron la constelación de problemas a partir de la que la prensa puso a circular los saberes especializados sobre los segmentos más deteriorados del mundo del trabajo. La inscripción temática de estos sujetos y sus actividades es significativa, pues configuró un campo problemático definido, justamente, por la exterioridad respecto del registro productivo y laboral. En cambio, los problemas de precariedad e informalidad por lo general compusieron otra trama, más directamente ligada con los debates sobre el desarrollo, los costos laborales, los problemas de desprotección de los sistemas de seguridad social, entre otros. La inempleabilidad remitió a la situación dramática e inquietante de quienes se encontraban por fuera de la recomposición económica en curso, lo que planteaba el problema de los obstáculos para la expansión del empleo. Así, el no trabajo se constituyó progresivamente en un locus relevante para la crítica política y especializada hacia el modelo de desarrollo vigente y la efectividad de las políticas sociales en particular. La red de expertise que interrogó la informalidad laboral como signo de procesos de exclusión/marginación mantuvo una presencia notable en los medios de comunicación, espacio que, por cierto, sus referentes privilegiaron en la divulgación de sus investigaciones.^[56] Además, el intercambio polémico que trabaron con los saberes estatales dio particular resonancia a las agencias y especialistas de mayor trayectoria de dicha red, como el ODSA y el CEDLAS. Por ejemplo, la discusión de las cifras de la pobreza fue seguida paso a paso por la prensa, a raíz del contraste de las estadísticas elaboradas por el ODSA y las mediciones del INDEC.^[57] Mientras los saberes estatales fueron sospechados de discrecionalidad, los producidos en institutos universitarios de renombre fueron revestidos de los valores de objetividad y neutralidad, además de presentarse como innovadores, debido al contacto con redes internacionales de saber y a la actualización de sus enfoques.

La reproducción intergeneracional de la pobreza registró una especial gravitación como problema y matriz de sentido. Por un lado, sintetizaba las transformaciones del paisaje social argentino durante las últimas décadas y ponía en cuestión el carácter del proceso de recomposición socio-económica más reciente. Por otro, trazaba una lectura del problema sociolaboral argentino respaldada por enfoques en boga (como el de las capacidades humanas) y validados por centros académicos prestigiosos y agencias internacionales de desarrollo. En esta línea, la economía del comportamiento se presentó como un boom,^[58] “lo último de lo último en materia de economía no tradicional y pobreza” (La Nación, 6/10/2013), cuya visibilidad pública crecía al calor de premiaciones con el Nobel a sus referentes, de nuevas empresas editoriales y de una intensa divulgación de los resultados de sus investigaciones. Dos notas periodísticas, una publicada originalmente en el diario Clarín en 2009 y otra que la reelaboraba parcialmente en 2013 para La Nación, ilustran el tratamiento de la reproducción intergeneracional de la pobreza de acuerdo con estos pujantes enfoques. Se intitulaban respectivamente En la Argentina la pobreza se hereda mucho más que la riqueza (26/07/2009) y Economistas y psicólogos, contra la “pobreza perpetua”, (6/10/2013). La primera tenía lugar al difundirse un informe del CEDLAS sobre movilidad social, que concluía que “casi cuatro de cada diez argentinos que nacen en un hogar pobre seguirán en la misma condición durante su vida adulta”. Este severo diagnóstico era el puntapié para introducir los descubrimientos recientes sobre “las consecuencias, hasta hace poco tiempo ignoradas, que tiene la pobreza sobre la emocionalidad de las personas y sobre sus decisiones económicas”. El daño subjetivo asociado con la pobreza se presentó como un motor que perpetuaba las carencias, en un círculo vicioso entre lo material y lo inmaterial. Como veíamos antes, ésta era una proposición recurrente en el debate especializado que, en su circulación pública, combinó el deterioro de calificaciones y capacidades con una dimensión subjetiva mucho más amplia, que abarcó rasgos emocionales, mentales e incluso neurológicos de las poblaciones pobres.

¿Qué características tenían esas subjetividades empobrecidas, que funcionaban como eslabones de la reproducción de la pobreza a través de las generaciones? Ambas notas componían un retrato íntimo de estas poblaciones. “La sensación permanente de escasez”, “la angustia que provoca la pérdida de ingresos”, “la discriminación sufrida en las escuelas”, “la falta de recursos simbólicos”, “el desánimo”, “el convencimiento de que no hay luz al final del túnel”, revertían en la lesión de la capacidad de iniciativa y de proyección a futuro según las y los especialistas citados. Una economista formada en “pobreza subjetiva”, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, apuntaba que “quienes se perciben pobres muestran una menor propensión a pagar impuestos o a salir a buscar trabajo”, debido a la parálisis que provocarían los sentimientos de angustia. Por otro lado, se retomaba la tesis de posgrado de un economista argentino para la Universidad de Princeton, en la que se concluía que “quienes nacen en una cuna con recursos poseen, en su vida adulta, una menor ‘tentación’ a consumir que quienes pasaron necesidades, y por lo tanto ahorran más y refuerzan así el círculo vicioso”. A menudo, la difusión de estas afirmaciones hizo abstracción de su correlato metodológico, lo que tendía a presentar su validez como universal y a disolver las polémicas existentes en el campo especializado a propósito de estos abordajes.^[59] En las notas periodísticas, el prestigio de establecimientos como Princeton contribuía a pasar por alto algunos interrogantes que cuestionan la univocidad con la que se presentan los resultados de los estudios citados: ¿cuáles habrían sido los objetos empíricos de esas investigaciones y a qué contextos resultarían aplicables sus conclusiones? La abstracción de este fondo controversial posicionó a estos saberes sobre la pobreza como las voces autorizadas dentro del campo, soslayando la existencia de enfoques alternativos.

La nota de La Nación a la que hicimos referencia finalizaba con la cita de un libro que había sido presentado recientemente en Buenos Aires, en la Universidad Di Tella, cuya autoría era de dos reconocidos psico-economistas americanos, formados en Harvard y Princeton, intitulado Scarcity: Why having too little means so much.^[60] Su novedad radicaba en la supuesta demostración del impacto de la sensación de escasez en las habilidades cognitivas de las poblaciones pobres, trasladándose desde el campo de las emociones al de la neurología. Entre los efectos, se registraban el deterioro del razonamiento lógico-espacial, el autocontrol, la capacidad de resolver problemas, y la absorción y retención de nueva información. Así, el periodista daba un cierre irónico y trágico a la nota, emulando la voz de un pobre: “algún día, hijo mío, todos estos niveles de cortisol serán tuyos”, pues las emociones se trasmiten y las disposiciones neurológicas se heredan.^[61] Con un lenguaje extraordinariamente llano, los economistas americanos antes citados lo resumían de este modo en el libro presentado en Buenos Aires:

Si quisieras entender a los pobres, imagínate con la mente en cualquier lado. No dormiste mucho la noche anterior. Te resulta difícil pensar con claridad. El autocontrol se siente como un desafío. Te distraes y te sientes perturbado fácilmente. Y esto pasa todos los días. Además de los desafíos materiales que la pobreza conlleva, también implica uno mental… En estas condiciones todos habríamos fallado (¡y lo hemos hecho!). (Mullainathan y Shafir, 2013: 161)^[62]

Los enfoques multidimensionales de la pobreza, la psico-economía y las neurociencias se combinaron en la construcción de una dimensión particular del proceso de reproducción intergeneracional de la pobreza, vinculado con la trasmisión de una pesada herencia emocional, disposicional y neurológica, resultado intangible de la desigualdad de oportunidades. A propósito de ello, citando a dos economistas del CEDLAS, una periodista del diario La Nación explicaba que “uno de los mecanismos de transmisión de la condición económica de padres a hijos es el traspaso de las habilidades cognitivas, hábitos y formas de conducta” (La Nación, 20/07/2015). En las ciencias sociales norteamericanas, campo en el que muchas de ellas se formularon, estas lecturas constituyeron una particular contestación a las visiones conservadoras sobre la pobreza como problema moral (centrales en la crítica al welfare en los años setenta), al relevar la desigual estructura de recursos y oportunidades que intervenía en la reproducción del fenómeno (O’ Connor, 2001; Krumer Nevo y Benjamin, 2010). Sin embargo, en el campo especializado local no fueron las mismas relaciones dialógicas las que rigieron su circulación. Sin ser hegemónicos en las ciencias sociales locales, estos enfoques tejieron una explicación de la pobreza que, poniendo en relación sus dimensiones material y subjetiva, figuró una dinámica de reproducción casi automática, de la que participaban (a su pesar) quienes sufrían el problema, a través de sus prácticas, disposiciones y emociones, en un círculo verdaderamente trágico: “el tipo de actitudes tiene en gran medida su raíz en la propia condición social y en el entorno y es, al mismo tiempo, un factor de peso en la herencia de la pobreza” (ídem). La prensa escrita fue un espacio central de circulación y reinterpretación de estas miradas, componiendo un retrato intimista de las poblaciones pobres y acercando al público lector un espacio lejano en términos socio-económicos, pero también morales.

A través de las voces expertas, cobró visibilidad pública un mapa psico-social de la pobreza, que evidenciaba la distancia subjetiva existente entre los grupos atravesados por dicha condición y las clases trabajadoras. La difusión de los informes periódicos de las encuestas del ODSA fue una pieza importante en la exposición del “costado emocional” de la pobreza en el país, parafraseando el título de otra nota del diario La Nación. Según la periodista redactora, la pobreza “no se [distinguía] por la insuficiencia de dinero para comprar bienes”, sino por el daño en “los recursos cognitivos y emocionales” (La Nación, 20/07/2015), haciendo emerger otra escala de carencias. Es sumamente significativo para nuestro análisis el hecho de que la distancia subjetiva con el mundo de la pobreza estuviese dada por el deterioro o la ausencia de ciertas habilidades y disposiciones típicas de la economicidad: el cálculo racional, la previsión, la proyección y la disposición a la innovación. En este orden, la pobreza se figuró como un mundo exterior al trabajo por una cuestión elemental: las dificultades subjetivas (emocionales, mentales, cognitivas) para ser parte de la economía. Las vidas empobrecidas, dedicadas principalmente a “lidiar con problemas de supervivencia”, plagadas de estrés y de angustia, eran incapaces de proyectar a futuro y de mantener una actitud proactiva (ídem). Se sumaba a ello “la percepción de que no son las conductas propias, sino las circunstancias externas, lo que define cómo nos va”, lo que revertía en la lesión de la cultura del trabajo y del esfuerzo entre las poblaciones empobrecidas. Al respecto se apuntaba que:

Tres de cada diez entrevistados de nivel económico muy bajo creen en la prevalencia de un “control externo”, mientras que sólo el 7% de quienes están mejor posicionados según sus ingresos viven con esa consideración. Según advierte Solange Rodríguez Espínola, una de las autoras del informe de la UCA, cuando alguien desestima su posibilidad de actuar para producir cambios, se instala una falta de valoración del esfuerzo y la dedicación personal. Una condición que no ayuda a lograr un empleo de calidad. Y, a su vez, el informe señala que quienes sufren precariedad laboral son más propensos a tener una actitud negativa o evasiva frente a la adversidad. (Silvia Stang, “El costado emocional de la deuda social”, La Nación, 20/07/2015)

En este sentido, el problema de la inempleabilidad se replanteaba, porque pasó a comprender dimensiones relativas a la interioridad de los individuos que excedían en mucho a las calificaciones laborales, lo que redefinió el problema en términos culturales y morales. Los retratos de las subjetividades empobrecidas se alejan de las descripciones especializadas sobre los procesos de descalificación, brindando indicios de formas de des-subjetivación que se encontrarían en la base del problema laboral. La inempleabilidad abarcaba saberes y haceres perdidos y se extendía hacia formas de sentir, de pensar, de ser, para las que la economicidad resultaba ajena. Con ello, los grupos sociales excluidos o marginados se representaron como “inútiles para el mundo”, parafraseando a Castel (1997), pese al hecho fáctico de que realizaran actividades económicas. A diferencia de la ambivalencia con que se trazaban las fronteras entre el trabajo y su exterior en las estadísticas laborales, en el debate público esos bordes se revistieron de mayor solidez, porque la distancia subjetiva (emocional, intelectual, cognitiva, comportamental) figuraba una diferencia moral, humana, con estas poblaciones. El supuesto operante era que esas subjetividades no productivas se gestarían y desenvolverían en la pobreza, desacoplándose de la reproducción de la sociedad como conjunto. Sin embargo, los rasgos psicológicos nocivos que se atribuían al espacio ideal de no trabajo difícilmente pueden circunscribirse a las poblaciones pobres: ¿o acaso otros grupos sociales no sufren, también, miedo a la escasez, ansiedad y estrés en su desempeño laboral? Las “consecuencias personales del trabajo en el capitalismo flexible”, parafraseando a Sennet (1998), no se presentan solo entre las poblaciones pobres y sin empleo: su padecimiento puede ser común al experimentado por otros segmentos de las clases trabajadoras.^[63]

Estos desplazamientos conforman la base de la producción del no trabajo como estigma, que implicó a los saberes expertos aunque también los desbordó: las categorías especializadas fueron moralizadas en su circulación pública. La trasposición de desigualdades de origen socio-económico en diferencias morales, que redundan en la construcción de la inferioridad humana de un determinado grupo social, es un elemento destacado en los procesos sociales de estigmatización y construcción de otredad (Elías, 2003). La moralización del no trabajo supuso la atribución a las poblaciones pobres de formas de existencia al margen de las normas sociales que regirían una vida buena y la participación valorada en la sociedad. La frontera moral que separó al espacio ideal del no trabajo y a su sujeto fue la productividad como valor: alrededor suyo se aglutinó toda una serie de rasgos personales positivos para el desarrollo individual y social (el esfuerzo, la innovación, la previsión, la autosuficiencia). De este modo, las subjetividades definidas como improductivas se vieron despojadas de estima social. El no trabajo, como espacio moralmente investido, entrelazó la dependencia económica con un estado de dependencia moral-psicológica, signado por la precariedad emocional, la falta de voluntad y la responsabilización a terceros por la propia situación. Con ello, se invisibilizaban las actividades de las y los trabajadores pobres, se las despojaba de utilidad económica y social, y finalmente se las desconectaba de la dinámica social general, obliterando su radical condición de desposesión (incluso, de las condiciones para formar y realizar capacidades humanas). Las transferencias de ingresos estatales se constituyeron en la marca más palpable de las formas de vida exteriores al registro del trabajo, mientras que el “empleo decente” se presentó como el medio para generar “un ingreso genuino directo y sustentable que les permita [a las poblaciones vulnerables] mejorar su vivienda, su capital educativo, sin esperar que el Estado opere sobre esas condiciones de vida” (La Nación, 19/07/2015). Este tipo de argumentos instaló una particular valoración moral del trabajo, fundada en el rescate de la autosuficiencia: mantenerse con recursos económicos propios estableció una relación no siempre explícita con la independencia psicológica y política. Ninguna modalidad de transferencia pública de ingresos podría sustituir al empleo productivo y mercantil en ese rol moralmente edificante.

En este punto, ciertos discursos trabaron una relación estrecha entre las políticas de transferencia de ingresos no contributivas y la amenaza de disgregación moral, en caso de que aquellas se prolongaran en el tiempo, perpetuando la condición de dependencia económica. Se trató de un poderoso argumento que emergió en el debate público de los llamados “planes sociales”, dirigidos a las poblaciones inscriptas en el espacio ideal del no trabajo. La reposición de la palabra experta en la prensa escrita dio lugar a una valoración ambigua de tales políticas. Un consenso generalizado reconocía la necesidad de una red de asistencia de amplia cobertura, bajo la afirmación del carácter estructural del desempleo y la informalidad laboral en el país. Pero, al mismo tiempo, el hecho de que reproducir la vida más allá de las normas sociales de productividad y autosuficiencia fuera posible, resultaba perturbador para el orden moral. La situación paradojal que introducía el no trabajo de adultas y adultos válidos estaba dada por la coexistencia del imperativo de sostener socialmente la reproducción de la vida y la consideración de la dependencia económica como una falta moral. Así lo resumía un consultor económico entrevistado por La Nación: “uno puede entender ciertos planes sociales por un tiempo determinado por razones extraordinarias, lo que no puede aceptarse es que vivir de un plan social sea una forma de vida” (24/01/2016; resaltado propio). El dilema parecía salvarse a condición de jerarquizar una orientación promotora/terapéutica^[64]en la matriz asistencia: ésta validaba la transferencia de ingresos por parte del Estado porque hacía del gasto una “inversión”, sobre la base de la promesa de transformación subjetiva de la condición de dependencia hacia la autonomía y el desarrollo individual. Así lo explicaba Salvia para el diario La Nación:

El asistencialismo puede paliar el hambre, llevar los chicos a la escuela o dar medicamentos en los estratos más humildes, pero no es suficiente para revertir generacionalmente la situación de exclusión. Es deber del Estado brindarles asistencia. Pero también es necesaria la inversión social que les permita superarse, integrarse. No sólo llevar una vida digna con las necesidades satisfechas, sino que tengan igualdad de oportunidades para desarrollar todo su potencial humano. (“Desigualdad: faltan estrategias para revertir la exclusión social”, La Nación, 20/05/2006)

Esta red argumental fue retomada por un discurso conservador sobre las políticas sociales, que adquirió una intensa presencia pública hacia finales de nuestro período. Éste homologó dependencia económica y “asistencialismo” y bregó por la transitoriedad de las protecciones y por el dominio de su dimensión terapéutica por sobre la distribución de ingresos. A diferencia de los saberes sobre la exclusión y la marginalidad, esta red discursiva tendió a diluir el carácter estructural e involuntario del trabajo informal y del desempleo, en tanto la situación de dependencia económica se fusionó con la de tipo psicológico. Así, aquellas vidas desplegadas entre el trabajo y la pobreza se visualizaron como una otredad radical, ajenas al registro laboral y productivo, ergo, al orden moral. Ello nos sugiere la existencia de límites sociales vigorosos para la representación de un no trabajo forzado, involuntario para los sujetos, punto sobre el que los saberes expertos habían tendido a converger. Las fronteras morales que hicieron del no trabajo un lugar social estigmatizante pusieron entre paréntesis el creciente consenso en el campo especializado acerca de la deuda que la sociedad trababa con aquellos sujetos despojados de la posibilidad de realizar sus capacidades humanas. Por el contrario, los discursos conservadores sobre las políticas sociales resaltaron la deuda que ellos contraían con la sociedad que garantizaba su supervivencia. Un editorial publicado en La Nación ilustra este encadenamiento discursivo y señala otras tramas de saber que, sin registrar una presencia notable en el campo especializado, adquirieron peso en el debate público hacia fines del período. Es el caso de la Fundación Libertad y Progreso, think tank liberal presidido por el economista Alberto Benegas Lynch^[65]:

Cuando un país necesita perpetuar la asistencia social es porque no tiene la capacidad de generar las condiciones básicas para que sus habitantes procuren por sí mismos su manutención y ascenso social. Cuando la ayuda reemplaza a la oferta laboral, la dependencia económica se hace hábito, se violenta la dignidad de las personas y sus perspectivas de futuro se encogen hasta hacerse invisibles. Si la ayuda, la asistencia o el subsidio pierden su condición de paliativo, el problema se agrava no sólo porque desnuda la profundidad de la crisis, sino porque evidencia que las autoridades carecen de las herramientas para superarla o, peor aún, porque no les conviene políticamente romper con ese estado de dependencia malsana. Vale la pena reproducir aquí una reflexión que compartimos, publicada en la investigación de Libertad y Progreso: (…) “Hay que dejar de ver a las personas excluidas como bocas para alimentar (…). Hay que comenzar a pensar programas que las impulsen a trabajar y a ascender para que no necesiten de más asistencia y puedan ayudar a otros”. (“La malsana dependencia de los planes sociales”, La Nación, 19/08/2014)

Al fusionarse sus acepciones económica, política y moral, la dependencia se convirtió en una condición amenazante para el conjunto social. En ciertos discursos las personificaciones del no trabajo devinieron peligrosas: en una nota periodística sobre inseguridad ciudadana en el conurbano bonaerense, se los nombraba como “los fisura”, “la vagancia”, “los planeros”, generándose un deslizamiento desde el problema laboral al de seguridad (La Nación, 10/12/2004). La construcción del no trabajo como estigma probablemente haya funcionado como un límite frente a la ampliación de las cartografías estadísticas del registro laboral y a los procesos de reconocimiento hacia las y los trabajadores pobres, revalidando imágenes acotadas del trabajo legítimo, circunscritas al empleo mercantil y vector de autosuficiencia económica. Ello no es azaroso si consideramos que los procesos de estigmatización tienden a preservar y proteger posiciones sociales establecidas “de la disonancia cognitiva provocada por la idea de que no hay diferencia inherente entre ellos y la pobreza” (Krumer-Nevo y Benjamin, 2010: 696). La tensión “fiscal” que se presentó entre la asistencia social para sujetos no trabajadores y las protecciones para las clases productoras refuerzan esta hipótesis. Este problema será objeto del próximo capítulo.

La Economía Popular, otra cartografía. Impugnaciones desde abajo a la atribución del estigma del no trabajo

El desarrollo que hicimos hasta aquí no se completa sin los “saberes de abajo” sobre la informalidad laboral. La noción de “economía popular” (EP) ingresó al debate público hacia fines del período analizado, sintetizando parte de estos saberes y condensando una crítica hacia la orientación de las políticas sociolaborales en curso y hacia la red de problemas que organizaba la discusión especializada sobre el trabajo en la contemporaneidad. El concepto constituyó una contestación de los saberes populares frente a la inscripción de las poblaciones pobres en un registro extra-productivo, visibilizándolas como parte de las clases trabajadoras. La categoría de EP fue asumiendo mayores determinaciones en la medida en que, en torno suyo, se tejió una red de saberes plebeyos y expertos: aunque subordinada en el campo de reforma social, puede ser pensada como otro modo de interrogación de la informalidad laboral, que proyectó una imaginación política disruptiva sobre el trabajo y sobre las alternativas posibles para su organización.

Como remarcó Foucault al acuñar el término, los “saberes de abajo” no son “en absoluto” saberes comunes o un buen sentido, sino auténticas formas de conocimiento, particulares, locales, incapaces de unanimidad, cuya fuerza reside en “el filo que opone a todos los [saberes eruditos] que lo rodean” (2010: 21). Compartimos con Fernández Álvarez (2018) la idea de que la economía popular emergió en el debate público local como una “categoría reivindicativa”, articulada en base a la demanda colectiva de reconocimiento de las poblaciones situadas entre el registro del trabajo y la pobreza y a la reivindicación de derechos sociales y laborales. No es casual que la noción adquiriese visibilidad pública a partir de la constitución de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en 2011. Desde entonces no hizo más que incrementarse, al tiempo que la categoría adquiría contornos cada vez más nítidos. En 2014, representantes del gremio participaron de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT y declararon que pese a que “los gobiernos y empresarios buscan disfrazarnos con otros nombres”, “nosotros somos trabajadores y ahora queremos también nuestros derechos”.^[66] Al término de nuestro período de análisis, el último día de la gestión de Carlos Tomada frente al MTEySS se creó el Registro de Organizaciones de la Economía Popular y Empresas Recuperadas y Autogestionadas^[67], que otorgó personería social a las organizaciones inscriptas. Si bien se trataba de un logro parcial en la búsqueda de la CTEP por ser reconocida como sindicato, por primera vez el concepto ingresaba en las normativas oficiales, en el marco de la cartera laboral. En esta línea, nos interesa enfatizar que la EP ante todo constituyó una categoría identificatoria de un conjunto de actividades socialmente desvalorizadas en tanto que trabajo y de su sujeto. La exigencia de reconocimiento que se desprendió de esa identificación sostuvo una demanda de distribución: siguiendo a Heller (1994), las categorías sociales fundamentan la aplicación de conjuntos de normas y reglas que nos definen como iguales o como desiguales.^[68]

Mientras el espacio ideal del no trabajo cobraba visibilidad como un resto inclasificable de formas de vida entre la ocupación, la desocupación y la inactividad, y se representaba como un espacio casi anómico, la EP condensó una identidad auto-atribuida e inscripta en el registro del trabajo, que procuraba cohesionar como grupo social a esas heterogéneas figuras de trabajadoras y trabajadores pobres. “Somos lo que falta” se instaló como consigna de la CTEP: no remitía al espacio que restaba integrar al empleo formal en vías de restauración, ni tampoco al espacio social a reinsertar en la dinámica mercantil, sino que aludía al trabajo realmente existente que no estaba siendo socialmente reconocido ni protegido. Así lo explicaba la convocatoria de la CTEP para el Día Internacional del Trabajo del año 2013, cuando se formuló la consigna:

No queremos ser objetos de asistencia sino trabajadores con derechos. Por eso, entregaremos un petitorio al Ministro de Trabajo para solicitar la apertura de una “paritaria social” donde se discutan los problemas de todos los trabajadores que no estamos representados por los sindicatos con personería gremial ni tenemos convenio colectivo de trabajo, los que no tenemos un salario mínimo vital y móvil, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni ART, ni obra social, ni asignaciones familiares, ni licencias por enfermedad ni ninguno de los derechos que consagra nuestra constitución y las leyes nacionales. Este primero de mayo, los que “sobramos” en el mercado y fuimos inventando nuestro propio trabajo, a los ponchazos y desde abajo, muchas veces explotados y siempre relegados, exigimos que el Estado intervenga en la economía informal para garantizar que todos podamos gozar de plenos derechos laborales. 

En su dimensión identificatoria y reivindicativa, la EP expresó ciertos desplazamientos respecto de las demandas que habían organizado a los movimientos de trabajadores y trabajadoras desocupadas, de base territorial, desde mediados de la década de 1990. La literatura especializada coincide en destacar la relevancia de la lucha por el reconocimiento social de la condición de desocupación en la experiencia del movimiento piquetero. Según Merklen (2005: 50), la asociación con el registro laboral había servido a la defensa de un estatus social digno y constituía una manera de desembarazarse del estigma del no trabajo. La politización del problema del desempleo y la búsqueda por sustraerlo de racionalidades individualizantes fueron las bases para formular la demanda colectiva del derecho al trabajo (Merklen, 2005; Svampa y Pereyra, 2009; Retamozo, 2007). Sin embargo, notemos que para portar la prerrogativa de la asistencia, dicha identidad de trabajo debió ser puesta entre paréntesis de manera continua. En esa insoslayable tensión, las organizaciones de base territorial disputaron el control local de la gestión de los programas sociales, abriéndose el espacio para desarrollar experiencias de autogestión en cuyo marco la categoría de “trabajador/a” fue repensada y recreada (Svampa y Pereyra, 2009: 222). Durante el ciclo post-convertibilidad, ellas se expandieron notablemente junto con las iniciativas estatales dirigidas a promover el “trabajo digno” en la “economía social”. Las identidades colectivas continuaron articulándose en base al registro del trabajo, pero descentraron la categoría de desempleo: “trabajadores excluidos”, “precarizados”, o “de la economía popular”, fueron algunas de las expresiones que circularon en las demandas por ampliar la cobertura de los programas sociales e incrementar la calidad de sus prestaciones.^[69] En este proceso, la formulación del concepto de EP tensó al máximo los imaginarios salariales de retorno a la fábrica^[70] presentes en los inicios de la experiencia piquetera, pues apuntaba a visibilizar una inserción en el registro laboral que ya no podía pensarse como provisoria, sino que estaba consolidada. El diagnóstico instaló la exigencia de igual tratamiento por parte del Estado respecto de las y los trabajadores formales, lo que a su vez tensionó las imaginaciones políticas sobre el proceso de formalización desde el punto de vista de la utopía de restauración del “empleo normal”. La EP no totalizó al conjunto de organizaciones territoriales, ni como forma de identificación, ni en términos reivindicativos. Pero lo cierto es que, entre los “saberes de abajo”, fue la noción que logró mayor poder de síntesis y resonancia pública, probablemente por la fortaleza gremial de la CTEP, así como por la red de saberes que se constituyó alrededor suyo.

El concepto de EP no era novedoso. Por el contrario, había registrado una amplia circulación en las ciencias sociales latinoamericanas durante las décadas de 1980 y 1990, en estrecha relación con una red de organizaciones sociales y circuitos de sociabilidad católica vinculados con la teología de la liberación (Serra, 2015, 2018). Las elaboraciones del economista argentino José Luis Coraggio y del sociólogo nicaragüense Orlando Nuñez Soto articularon teóricamente la noción de economía popular o de los sectores populares, en abierta polémica con las ascendentes perspectivas sobre la informalidad laboral que presentaban al sector y a sus agentes como un espacio intersticial, “fuera de la lógica de la economía” (Coraggio, 1993: 1). Al calor de la revolución sandinista, de la que ambos participaron y en la que se inspiraron para la reflexión conceptual, el análisis procuró hacer visible la matriz de prácticas socio-económicas de los sectores populares tal como se desplegaban, sin contraponerlas con los rasgos de una supuesta modernidad capitalista ni tampoco con los valores de los proyectos de cambio social entonces en circulación. Retomando las categorías de la economía política, Coraggio las caracterizó por el hecho de que su núcleo eran las unidades domésticas/productivas, que utilizaban su “fondo de trabajo” para la “reproducción transgeneracional –biológica y cultural– de sus miembros” (1993: 7). El concepto abarcó al conjunto de sectores que vivían de su trabajo y no se limitó a los empobrecidos: de este modo, se visualizaron los distintos tipos de trabajo implicados en la reproducción de la vida (asalariado, de autoconsumo, doméstico, solidario, de formación) y se puso en foco los múltiples intercambios realizados en el interior de las unidades domésticas, entre ellas y con el mercado. Durante los años noventa, el concepto de EP se articuló progresivamente con la visión estratégica de constituir una “economía del trabajo”, pensada como una alternativa frente al escenario de desestabilización del régimen salarial y de crisis regional (Coraggio, 1989, 1993, 1998, 1999). Ya en el tránsito al siglo XXI, el proyecto de una economía social y solidaria se instaló en esta red conceptual y refirió a la búsqueda de organizar las relaciones de trabajo, intercambio y distribución en aras de la reproducción ampliada de la vida.

Durante la segunda década de los años 2000, la nueva emergencia del concepto de EP actualizó estas memorias y también las reelaboró, produciéndose desplazamientos en las reflexiones locales sobre la economía social y su sujeto. Siguiendo a Emilio Pérsico y a Juan Grabois (2014a), dos dirigentes de la CTEP (del Movimiento Evita y del Movimiento de Trabajadores Excluidos respectivamente), la EP se definió como la “economía de los excluidos”.^[71] El concepto englobaba aquello “que va dejando fuera la economía de mercado tradicional”, en palabras de otro de sus referentes, Fernando “Chino” Navarro (2017: 103). En comparación con las formulaciones de las décadas de 1980 y 1990, el sujeto de la EP fue redefinido: a diferencia de su fisonomía policlasista, en este caso el protagonismo era de los grupos pobres y marginados.^[72] En esta reformulación fue de suma relevancia la intersección producida con los saberes sobre la exclusión, especialmente los promovidos por el Episcopado Latinoamericano de la Iglesia Católica. Las resonancias discursivas entre estos elementos de saber se gestaron en el marco del estrecho contacto de las estructuras eclesiásticas con las organizaciones que conformaban la CTEP. La doctrina social de la Iglesia movilizaba viejas memorias políticas, que la experiencia de la CTEP retomó, como la teología de la liberación y el peronismo de izquierda. El cuestionamiento hacia las “formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes de mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad de las personas y de los pueblos” (Bergoglio, 2009) fue un eje articulador de los saberes religiosos y populares en el nuevo siglo. A partir de la asunción de Jorge Bergoglio como Papa,^[73] la crítica hacia el neoliberalismo y su “cultura del descarte” de bienes naturales y personas humanas se volvió un eje central del discurso eclesiástico.^[74] Desde entonces, los lazos con los movimientos que conformaban la CTEP se estrecharon. En ocasión del Día del Trabajo del año 2014, la convocatoria gremial contó con la proyección de un saludo del Papa Francisco, grabado durante una visita de Grabois^[75] al Vaticano, en el que saludaba la experiencia de sindicalización de “los excluidos” en defensa del trabajo, “un deber que la sociedad tiene que ofrecer para que todo hombre y mujer pueda crecer en dignidad”.^[76]

En el tratamiento de la EP como la “economía de los excluidos” se rechazó el gesto analítico de los saberes especializados en el trazado de la frontera entre el trabajo informal y el no trabajo. Se argumentaba que, en la exterioridad respecto del mercado capitalista, las y los trabajadores devenidos superfluos “se inventaron su propio trabajo, allá en el barrio, en el subsuelo de la Patria, en las periferias olvidadas por todos” (Grabois y Pérsico, 2014a: 1). En algunos documentos observamos la referencia a la noción de cuentapropismo de subsistencia^[77] elaborada por los saberes estatales, pero se invertía su sentido para reforzar la definición como “trabajador” del sujeto de la EP. Más que una nueva generación de autónomos económicamente dependientes, se trataba de trabajadores y trabajadoras forzadas a generar una ocupación, ante el espacio vacío que dejaba la ausencia de un “patrón que quiera comprar su fuerza de trabajo a cambio de un salario” (ídem). El vector que definía las heterogéneas inserciones laborales (por cuenta propia, trabajo cooperativo, doméstico, comunitario, “esclavo”) como un conjunto era la ausencia de la típica relación de dependencia. Ése fue el criterio que permitió unificar labores tan diversas como:

Revolver la basura para juntar plástico, papel y cartón, pasar noches en vela para recuperar la empresa quebrada, vender baratijas en trenes y colectivos, aprender a producir artesanías para subsistir, tirar la manta en la calle frente a la mirada adusta de la policía, bancar la parada en la feria, subirse a la moto arriesgando la vida para llevar mensajes y encomiendas, cultivar la tierra frente a la amenaza constante del agronegocio, sostener un emprendimiento familiar ante la competencia de los capitalistas, pintar una escuela o barrer las calles por un mísero subsidio, cuidar chicos en el barrio, cocinar en los comedores. (Grabois y Pérsico, 2014a: 2)

En torno a la delimitación de la especificidad de la EP, se produjo un ejercicio de elaboración conceptual, que inauguró un programa de investigación en las ciencias sociales locales, nucleando a investigadoras/es próximos a la experiencia política de los movimientos que conformaban la CTEP. Esta empresa teórica procuró hacer de la EP una categoría analítica, que trascendiera su dimensión identificatoria y reivindicativa y abriera una reflexión global sobre las mutaciones de los procesos de trabajo y de acumulación, así como de las expresiones de conflictividad social. El despliegue de un programa de investigación alrededor de las economías populares combinó el interés por renovar las agendas científicas sobre los “bordes de la experiencia proletaria” (Gago, Cielo y Gachet, 2018: 17), asumiendo la politicidad del saber frente a la heterogeneización del mundo del trabajo y poniendo en juego otros modos de articulación entre ciencia, política y sectores populares. Verónica Gago, investigadora de CONICET, lo formulaba de este modo: “¿cómo aparece el trabajo vivo por fuera de la fábrica?” (2016: 179). Observamos en las investigaciones un fuerte compromiso con la generación de evidencia empírica capaz de contribuir a la visibilización del trabajo realizado en el marco de la EP, tanto en el campo académico como en el debate público.

En la conformación de esta línea de estudio fueron significativas dos experiencias. Por un lado, la conformación de la Mesa Nacional de Economía del Movimiento Evita, en 2012, fue un afluente de suma relevancia, cuyos aportes en la elaboración conceptual sobre la EP se sintetizarían en el libro Economía Popular. Los desafíos del trabajo sin patrón, publicado en 2017. Participaron referentes del Movimiento Evita (como Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro)^[78] y cientistas sociales con distintos grados de participación en la vida política del movimiento. Parte de las y los especialistas combinaban su expertise con una trayectoria militante, como Ariel Geandet y Martín Navarro, que coordinaron la Mesa de Economía y también formaban parte de la dirección nacional del Movimiento Evita. En cambio, otros se destacaron más por su recorrido académico, siendo investigadores reconocidos en sus campos de especialización, como Pablo Chena y Alexandre Roig.^[79] La red forjada entre movimientos, agencias del sistema nacional de ciencia y técnica (como CONICET) y universidades públicas fue el marco en el que se visibilizó una figura actualizada del intelectual, para la que el compromiso político del saber resultaba tan importante como su especialización, pues constituía un aporte y un capital específico que se ponían a jugar en la vida política y partidaria, así como en la discusión pública.^[80] Seguían otros itinerarios investigadoras como Verónica Gago, que habían participado de experiencias colectivas de “investigación militante” junto con movimientos sociales desde finales de los años noventa, que se distanciaban simultáneamente de la investigación “académica” u “oficial” y de “los asesores de los movimientos sociales” por la pretensión de establecer “un vínculo positivo con los saberes subalternos, dispersos y ocultos para producir un cuerpo de saberes prácticos” abonando a las luchas sociales (Colectivo Situaciones, 2003). Ambas experiencias de investigación dialogaron en la elaboración de la EP como perspectiva teórica, pese a modular de distinta manera la compleja relación entre ciencia y política.

Este cuerpo de investigaciones retomó las definiciones de la propia CTEP sobre las economías populares^[81] y procuró avanzar en su mapeo y en la determinación de sus determinaciones sistémicas. En este sentido, la EP se presentó como una relación social específica, basada en un modo particular de valorización del trabajo (Roig, 2017), cuya “funcionalidad en las relaciones sociales capitalistas no la pone en un ‘afuera’ social sino en una trama que hacen que no sea prescindible para el capital” (Arango, Chena y Roig, 2017: 15). En esta explicación resultó central el diagnóstico de una nueva fase del capitalismo, caracterizada por la reducción del trabajo humano necesario debido al cambio tecnológico, la agudización de la concentración económica y el protagonismo de las finanzas en dicho proceso.^[82] El estrecho lazo entre la concentración económica, la desestructuración de la relación asalariada y el despliegue de las economías populares planteó el interrogante sobre la reconfiguración de las modalidades de valorización del capital. Bajo esta reflexión, se hipotetizó que la particularidad de la EP residía en el despliegue de un proceso de explotación específico, “más difícil de identificar que en los procesos industriales, pero no menos concreto y eficaz” (Arango, Chena y Roig, 2017: 5). En los materiales de la CTEP encontramos una referencia a estos procesos bajo la categoría de “explotación indirecta”, que había sido planteada en 1995 por el nicaragüense Nuñez Soto.^[83] La noción remitía a los mecanismos a través de los cuales la economía concentrada se reapropia de los escasos excedentes generados por las prácticas populares. Por eso, pese al carácter “infra-productivo [de la EP] desde el punto de vista económico”, ésta acababa registrando un rol insoslayable en la acumulación de capital (Grabois y Pérsico, 2014a). Tales mecanismos funcionaban gracias a la exclusión de estas poblaciones de las regulaciones estatales: por un lado, la desvalorización social de las actividades de la EP conducían a un intercambio menos favorable que en el mercado formal, aun cuando los bienes y servicios comercializados tuvieran una calidad similar (Chena, 2017); en segundo lugar, la imposibilidad de acceder al sistema financiero conducía al endeudamiento a tasas usurarias, tanto para el desarrollo de las actividades económicas como para el consumo de bienes duraderos en las unidades domésticas. De este modo, la economía concentrada se hacía de “los magros ingresos de los excluidos e incluso de las transferencias de ingreso [de parte del Estado]”.

Cuando decimos que el Capital no nos quiere ni para explotarnos, decimos una verdad a medias. En realidad, sólo nos expulsa del trabajo formal con plenos derechos, pero a muchos nos explota de manera indirecta. ¿Cómo hace para explotarnos sin que siquiera nos demos cuenta? Lo que sucede es que aunque nos nieguen los derechos laborales, ¡nosotros trabajamos! Y casi siempre, nuestro trabajo termina beneficiando a las grandes empresas. (…) Podría decirse que hay muchos compañeros que no integran ninguna de las cadenas de valor de las grandes empresas. (…) ¡Es cierto, pero lo que no te sacan haciéndote trabajar sin derecho, te lo sacan haciéndote comprar caro o pagar intereses usurarios! (Grabois y Pérsico, 2015: 24)

En el artículo Trabajo, ingresos y consumos en la Economía Popular, Arango, Chena y Roig proponían dimensionar “el monto de dinero que se mueve en los circuitos de la EP”, abonando a la fundamentación de estas hipótesis. En primer lugar estimaban su extensión: en base a estadísticas oficiales, señalaban que la EP había congregado en 2014 alrededor de 4,3 millones de trabajadores/as, es decir, el 35% de la PEA, considerando cuentapropistas de oficio y de subsistencia, asalariados/as en empresas informales, trabajadores/as familiares, y ocupadas en el servicio doméstico. Cuantificar sus ingresos requería fuentes de estimación propia, ante la invisibilidad de estas actividades para la mirada estatal. Para ello, se retomaba la Encuesta sobre deuda e ingresos de los sectores populares realizada por el Centro de Investigaciones Socio-económicas de Buenos Aires (CISBA), en cuya dirección participaron investigadores de la Mesa de Economía del Movimiento Evita. La misma aportó información sobre los ingresos de cooperativistas del Programa Argentina Trabaja^[84] que, proyectados para el conjunto de la EP, daban por resultado la percepción de unos 210.000 millones de pesos al año. La contabilización del aporte de la EP al PBI nacional se completaría agregando el pago de impuestos y “las transferencias de valor que la EP deja en manos de los grandes monopolios” (ibíd.: 8). En esta dirección, las y los especialistas prestaron especial atención al endeudamiento, como mecanismo de explotación indirecta. Distintos trabajos analizaron los resultados de la mencionada encuesta al respecto y advirtieron la elevada carga económica que pesaba sobre los ingresos corrientes de los y las trabajadoras de la EP (Hadad y Fumero, 2017; Chena y Roig, 2017; Arango, Chena y Roig, 2017). Según estos estudios un 99,5% de las personas entrevistadas contaban con planes de financiación que comprometían alrededor de un 30% de sus ingresos corrientes, a tasas muy superiores a las del sistema bancario (en alrededor de un 85%).

La instalación de la EP como objeto de análisis supuso un mapa de discusiones distinto al que había movido a su formulación en los años ochenta: las investigaciones involucradas en su conceptualización cuestionaron la posibilidad de subsumir la noción bajo los enfoques de la informalidad, tanto como en los de la economía social y solidaria (Chena, 2017). Los contrapuntos con las perspectivas antes mencionadas se fundaban en el rechazo hacia dos formas de visibilización y de ponderación normativa de las economías populares: una que las consideraría como semi- aisladas, en un registro ajeno a la productividad y la orientación a la acumulación, asimilándolas con una economía de subsistencia; y otra que destacaría el aspecto solidario de su sistema económico. Según Chena (2017) el carácter asimétrico de las relaciones comerciales y financieras que particularizaba a la EP era inaprehensible bajo ambas miradas. En discusión con la perspectiva de la informalidad, para Chena la condición de pobreza atribuida a las economías populares no se explicaba tanto por el hecho de que no se generasen excedentes, sino por los mecanismos a través de los cuales otros grupos sociales se apropiaban de ellos. La discusión con las perspectivas de la economía social y solidaria cuestionaba la distinción que éstas introducían entre las iniciativas asociativas, colectivas y organizadas, de aquellas realizadas por individuos desorganizados, cuentapropistas y microempresas. Con ello se problematizaba el carácter normativo del concepto y la posible invisibilización de las prácticas reales del sector. En definitiva, un contrapunto esencial con ambos cuerpos teóricos estaba dado por la visibilización de las relaciones de explotación particulares, que señalaban la existencia de un “patrón oculto”, frente a lo cual era posible demandar al Estado reconocimiento y protección. En una entrevista a Página 12,^[85] Pérsico señalaba que la economía popular era un problema más que una solución. Podemos pensar que constituyó un modo de interrogar los límites entre el trabajo informal y el no trabajo, a partir de lo cual se elaboró una cartografía original del registro laboral, bajo la pretensión de intervenir en la “disputa socialmente existente” en torno a la visibilización y valorización de las economías populares (Arango, Chena y Roig, 2017: 2). ¿Cabía calificar como “marginales” a estos circuitos, cada vez más extensos, “simplemente por no ser asalariadas de modo estricto” (Gago, Cielo, Gachet, 2018: 16)?

La visibilización de una economía popular allí donde se presuponía la ausencia de trabajo cuestionó la atribución a estos sectores de un estado de dependencia económica (pero también política y moral, según lo analizado en el apartado anterior), marcado por las transferencias estatales de ingresos. En un cuadernillo de formación gremial, Grabois y Pérsico argumentaban que, aun desprovistos de un empleo regular, “estos compañeros de algo viven y no precisamente del aire o la caridad de los poderosos”: ese trabajo “inventado” constituía la principal fuente de ingresos de estas poblaciones y “no únicamente la magra asistencia y los miserables subsidios que el Estado reparte para contener a esta masa de hermanos marginados de todo” (2014a: 1). El concepto de EP invertía el razonamiento que enlazaba no trabajo, programas sociales y dependencia. Mostraba que la fragilidad económica del sector no radicaba en la inexistencia de trabajo, ni se debía exclusivamente a la baja productividad, sino que enraizaba en el desconocimiento y la desvalorización social de las ocupaciones realmente existentes, lo que explicaba la ausencia de aquellos soportes colectivos de los que sí gozaban otro tipo de relaciones laborales y que habilitaban la autonomía de su sujeto. De este modo, se entrelazó la protección social, el estado de seguridad y la condición de independencia, visibilizando que la exterioridad de toda protección suponía grados extremos de explotación y de competencia mercantil (Navarro, 2017).

Así planteado, la dimensión estratégica del concepto de EP consistió en la apuesta por ampliar el concepto de trabajo, revirtiendo en un cuestionamiento –no siempre explícito– de la separación formal de la “economía de la producción” y la “economía de la reproducción”, como expresara en las décadas previas Coraggio (1998: 4). En efecto, pese a los desplazamientos de sentido respecto de aquellas viejas formulaciones, las reflexiones producidas en el nuevo milenio sobre la EP advertían que, aunque el trabajo en dicho circuito pudiera resultar superfluo para la economía concentrada, era vital para la reproducción social. Dicho de otro modo, mientras que el análisis de la relación entre la EP y la economía concentrada ponía de relieve redes ocultas de producción y expropiación de valor, su utilidad social aparecía de manera directa. De este modo, emergieron otros criterios de valoración del trabajo, en función de su rol en la reproducción de la vida humana y no de la rentabilidad. Conjugando saberes religiosos con aportes de la sociología latinoamericana y del marxismo, se explicaba que la primacía de la lógica de la ganancia explicaba la desvalorización social de esos trabajos socialmente útiles, pero sin un valor de cambio claro: “como miden todo por el dinero, dicen que somos directamente improductivos, inviables, inservibles, desechables” (Grabois y Pérsico, 2014a: 30). “¿Somos improductivos?”, interrogaba un material interno de la CTEP, poniendo el dedo en la llaga. La respuesta era que “definitivamente no, porque producimos nuestra vida” (ibíd.: 29). La pregunta que cabe hacerse es si estos argumentos eran suficientes para reponer la relación entre la reproducción de los y las trabajadoras de la EP y la de la sociedad en su conjunto. Puesto que en estas formulaciones la EP hacía referencia a la “economía de los excluidos”, el interrogante es, en suma, por la valía de la reproducción de esas formas de vida y de trabajo para el conjunto social. Si el deslinde de una “productividad oculta” procuró destacar su valor económico y sus relaciones con la economía capitalista, la valoración social de la EP era aún más controversial.

De acuerdo con lo analizado hasta aquí podemos observar en qué sentido la EP se configuró como una problematización alternativa del trabajo informal. A diferencia de la polémica que analizamos en los capítulos 3 y 4, que opuso redes de expertise en virtud de sus distintas concepciones de la “naturaleza” del fenómeno, los “saberes de abajo” y las redes intelectuales a ellos asociadas establecieron una cartografía bien diferente del problema laboral argentino, en la que la EP desplazó al concepto de informalidad, para dar cuenta de la especificidad de otros modos de trabajar y de sufrir la explotación, más allá de la relación asalariada. Estas reflexiones también polemizaron con las distintas visiones estratégicas que recorrían el debate especializado a propósito de la superación de la informalidad laboral como problema. Por un lado, la utopía restauradora del “empleo normal” se puso en tensión en virtud de los diagnósticos sobre la desestructuración del régimen salarial a nivel global y el carácter consolidado, más que provisorio, de las economías populares en los países periféricos, las naciones proletarizadas en palabras de Nuñez Soto. En la ya citada entrevista a Pérsico, éste argüía que aunque “el trabajo en blanco es ordenador de un proyecto de vida (…), hoy hay una tercera parte de la fuerza productiva que no tiene trabajo en blanco y probablemente no vaya a conseguirlo, al menos en la mayoría de los casos”. En este debate estratégico se enmarcó la crítica hacia las políticas sociolaborales del período, en la medida en que la promoción de la economía social desde el MDS se regía por la perspectiva de una futura integración al mercado capitalista, poco probable desde el punto de vista de la CTEP. Volviendo a la declaración de Pérsico al diario Página 12, la EP delimitaba otro problema, en búsqueda de otras soluciones que las disponibles hasta entonces: más allá de la informalidad, más allá de las perspectivas vigentes de formalización. “Lo llamamos economía popular para plantear el problema y buscarle la solución que, creemos, surge de los mismos procesos de organización popular que se desarrollaron en estos años”. Así continuaba el argumento:

No cuestionamos este modelo [de políticas sociales], al contrario. Las organizaciones populares crecimos y nos desarrollamos con este gobierno. Cuando empezamos con la organización piquetera, peleábamos por planes sociales y comida. Fue antes del kirchnerismo. (…) Y la primera tarea fue que los compañeros recuperaran el trabajo. Con este gobierno pudimos coordinar con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social esa tarea y vino la etapa de la dignidad, cómo dignificar el proceso de trabajo que habíamos generado. El shock distributivo que provocó este gobierno fue muy grande, pero eso es una etapa. Y hubo políticas públicas que le dieron salida a lo social, pero ahora se necesita darle una salida económica, sustentable en el tiempo. Hay que pasar a una salida productiva, que no está dada ni va a estar dada nunca por el mercado.

En estos planteos la “salida productiva” se contraponía al asistencialismo, en términos del terreno en el que inscribir el problema sociolaboral y sus soluciones. Lo disruptivo para el campo de discusión del momento es la ruptura de la asociación entre producción y economía de mercado. Arango, Chena y Roig hacían una sugerente afirmación al respecto al plantear que “esta forma política de organización del trabajo hace que la economía popular desafíe al Estado para dejar de ser sujeto de políticas sociales y ser un sujeto de derechos laborales implicando una institucionalidad propia” (2017: 4). Puesto que la EP delimitaba un problema económico y no social (Chena, 2017), exigía la movilización de otros sectores estatales. Su “futuro” pasaba por “reivindicarse a sí misma como una nueva forma de organización del trabajo, a través del desarrollo de instituciones colectivas propias” (ibíd.: 59), relativas a la producción, el acceso al crédito y el reconocimiento de su sujeto en la institucionalidad laboral. Ello suponía también una mirada crítica sobre el programa de formalización del empleo de las administraciones del kirchnerismo, en tanto la protección social resultaba un canal insuficiente para “dignificar” el trabajo, poniéndose de relieve otras condiciones que hacían al reconocimiento de los sujetos como trabajadores y a la consecución de un nivel de vida adecuado a tal condición. En documentos de la CTEP se señalaba que “parece un problema de ‘formas’ cuando en realidad es de contenidos: si estuviéramos registrados pero en las mismas condiciones, nada cambiaría más que en las estadísticas” (Grabois y Pérsico, 2014a: 28).

Los saberes sobre la EP presentaron este espacio como un lugar social potencialmente habitable, capaz de constituirse en una vía legítima para la integración social. Entablando un debate con los saberes estatales, se trataba de trascender el reconocimiento de la EP como un “trabajo de frontera”, vector de protecciones pero objeto de transición: pasar de una justicia transicional, basada en la expectativa de pasaje al mercado capitalista, para extender en ese espacio la reivindicada justicia social. A diferencia de los saberes sobre la exclusión que analizamos en el Capítulo 4, la red de saberes congregados en la EP proyectó una distopía sobre el fin del trabajo fordista, como terreno de una nueva utopía, vinculada con la reorganización en clave “comunitaria, solidaria, fraterna, socialmente integradora” de las economías populares realmente existentes (Grabois y Pérsico, 2015: 7). En este orden, se trataba de la visión de otro trabajo posible, abierta por la puesta entre paréntesis de “la eficacia y la productividad como valores reguladores de todas las relaciones humanas” (ídem). “La lucha política por agregarle derechos al trabajo popularmente creado” (Grabois y Pérsico, 2014b: 22) movió a la demanda de equiparación con los trabajadores formales, trasladando los derechos clásicos al espacio de la EP: salario mínimo, vital y móvil; jornada de trabajo de ocho horas; vacaciones pagas y descanso dominical; obra social; derecho a la representación sindical; y completar las asignaciones familiares. Sin embargo, ante la invisibilidad del patrón, no había tripartismo posible y el Estado se ubicó como el principal receptor de las demandas del sector. La intervención esperada combinó la apelación al Estado como empleador y la evocación de su típico rol regulador de las relaciones laborales. En función de estas consideraciones, la asistencia se rechazó como espacio de solución al problema de la EP: los “saberes de abajo” también asociaron el rostro asistencial del Estado con la atención a poblaciones no trabajadoras y la intervención sobre un espectro de problemáticas no económicas. De este modo, la inscripción del trabajo de la EP y de su sujeto en un registro laboral y productivo supuso su separación del registro asistencial. La asistencia no configuró, pues, un espacio de reivindicaciones para sí. También los saberes populares la fijaron como un lugar social transitorio, incapaz de afirmar la condición ciudadana.^[86]

El trabajo se planteó, entonces, como el terreno del problema social argentino: ¿pero qué tipo de trabajo se configuró como solución y espacio de intervenciones genuinas sobre él? Las controversias se concentraron allí: en las imaginaciones políticas del buen trabajo, como analizamos en los capítulos 3 y 4; y en aquello excluido como no trabajo.

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