Imaginar los futuros del trabajo y normalizar (II)

En el capítulo anterior nos dedicamos a analizar la problematización de la informalidad laboral alrededor de la cual se constituyó un campo de saberes y prácticas de reforma social, entre los años 2002 y 2015. Ese proceso nos llevó a puntualizar en las formas de reorganización de la expertise ministerial y sus articulaciones con otras redes de saber, como las gestadas por el empresariado industrial y las organizaciones sindicales. Tales convergencias sostuvieron un programa de formalización asentado en la recomposición de ciertas instituciones clásicas del trabajo y en la ampliación de las protecciones sociales para quienes se reconocieron como trabajadores y trabajadoras informales. Aquí nos dedicamos a estudiar el revés de este proceso de constitución de un nuevo campo reformador, poniendo en foco las nuevas articulaciones de aquellas redes de expertise desplazadas de las posiciones dominantes que hasta entonces ocupaban en el campo especializado local y la reformulación de sus lazos con la política. Se trata de los saberes “de la exclusión”, descentrados durante el proceso de salida de la crisis de los años 2001 y 2002. La generalizada expectativa de recomponer lo social a partir de la recuperación del empleo cuestionó un núcleo central que los había articulado: la afirmación de una alteración estructural e irreversible de los mercados laborales, por la que habían pasado a organizarse en base a una dinámica centrífuga más que integradora. Si bien los discursos sobre la exclusión ejercieron sobre sí ciertas adecuaciones a lo que se figuraba como decible en la nueva coyuntura, lo cierto es que no delimitaron una grilla de intelección de la realidad social efectiva para intervenir sobre ella.

Sin embargo, pese a su subordinación en el nuevo campo de reforma social, la red de expertise gestada alrededor de la problematización de la exclusión continuó articulándose, generándose múltiples lazos entre los centros de estudios privados –como el Observatorio Social y CIPPEC– y nuevos institutos universitarios que retomaron para la investigación empírica enfoques en boga, que pretendían renovar el abordaje de los problemas sociales. El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), de la Universidad Católica Argentina, instaló las perspectivas multidimensionales sobre la pobreza en el campo especializado local; mientras que el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), de la Universidad Nacional de La Plata, introdujo la economía del comportamiento. Entramados con agencias internacionales prestigiosas, las investigaciones de estas instituciones se constituyeron en referencias ineludibles para la discusión pública de los problemas sociolaborales. El impasse de las discusiones sobre la exclusión fue breve: éstas se actualizaron en la reflexión sobre la informalidad laboral, congregándose con reformulaciones de los enfoques sobre la marginalidad. Así, viejos interrogantes sobre la superfluidad de ciertas poblaciones para la dinámica mercantil se reactivaron en la interrogación de la persistencia de la informalidad laboral, haciendo emergencia una problematización alternativa respecto de la que organizaba a los saberes estatales. Esta red de expertise entabló una polémica directa con el campo reformador afirmando que el fenómeno presentaba una naturaleza productiva-estructural, de la que la desprotección social era solo una manifestación. Con ello, se puso en debate que el camino trazado para la formalización pudiera sostenerse en la fiscalización y la ampliación de las protecciones: si bien podían ser valorables, estas intervenciones no incidían en las determinaciones profundas del problema. De allí el cuestionamiento sobre la calidad del empleo creado: ¿se garantizaba empleo genuino cuando los y las trabajadoras accedían a ciertas protecciones, de bajo estándar, pero se mantenían en ocupaciones escasamente remuneradas, de baja productividad y cuestionables condiciones laborales?, ¿la persistencia de este cuadro no sugería la instalación de formas subordinadas de integración social? Las controversias sobre el trabajo legítimo se agudizaron hacia finales de ciclo, de manera simultánea a la emergencia de disonancias sobre este punto en el interior del campo reformador.

La problematización “productiva” de la informalidad laboral se constituyó en un eje de crítica hacia el patrón de políticas sociolaborales del período. En su articulación, observamos continuidades y actualizaciones respecto de los saberes sobre la exclusión gestados durante el último lustro de la década de 1990. Aunque los contenidos no fueron homogéneos, se le asignó a la informalidad una racionalidad económica, relativa a niveles deficitarios de competitividad y productividad, que hacía inviable el objetivo de restaurar las regulaciones bienestaristas del empleo, más aun de extenderlas al conjunto de las clases trabajadoras. Tal pretensión expresaba un sesgo politicista de los saberes estatales, según estas redes de expertise. Éstas bregaron por la adecuación de las políticas a dichas restricciones estructurales, si se querían movilizar transformaciones sociales sólidas y duraderas. En este sentido, observamos una reactivación de las concepciones instrumentales de la política, que presentan a la economía como un campo cuya existencia es previa y anterior a aquella. Asimismo, también es posible rastrear la continuidad de una racionalidad subjetiva de los procesos de exclusión/marginación, que le dio a la cuestión de la (in)empleabilidad un lugar destacado en las explicaciones. Si el señalamiento de una determinación económico-estructural de la informalidad bregaba por una intervención orientada al incremento de la competitividad, la racionalidad subjetiva fundaba la perspectiva de una intervención social orientada al fortalecimiento de los activos productivos de las personas. Finalmente, los fundamentos de legitimidad del saber producido conforman otra línea de continuidad con la red de expertise constituida hacia fines de la década de 1990 entre el Estado y la sociedad civil: la pretensión de verdad del conocimiento, el compromiso cívico de los y las investigadoras, y la búsqueda de aproximación a la experiencia de pobreza.

El eje del cuestionamiento hacia los saberes e intervenciones estatales fue la imaginación política que los organizaba y consistió en la calificación de la búsqueda de restaurar el rol integrador del empleo como un anacronismo. Encontramos aquí otro tipo de imaginación política, una distopía sobre el advenimiento del trabajo flexible y móvil como un hecho irreversible, al que cabía adaptarse de forma creativa, instaurando nuevas modalidades de protección social. En este punto, resulta insoslayable que las discusiones especializadas se solaparon y mixturaron con debates políticos respecto del modelo de Estado y de desarrollo del período. Para concluir el capítulo nos detenemos en los modos de circulación en el debate público de esta problematización de la informalidad y en los lazos entre estos saberes y el campo de la política. Visualizando estos intercambios, destacamos la emergencia de una imaginación cínica sobre el “empleo del futuro”, que destacó los beneficios de las formas flexibles de trabajo obturando sus efectos desestabilizadores en la vida humana.

La exclusión descentrada

De acuerdo con el itinerario que recorrimos hasta aquí, hacia finales del siglo XX el campo de la reforma social albergaba en su interior modulaciones diversas y era objeto de importantes críticas especializadas y políticas relativas a su orientación. En ese marco, la problematización de la exclusión se articuló de forma pujante, retomando algunas de las críticas y proponiendo una serie de reformulaciones de los programas de lucha contra la pobreza hasta entonces vigente. Su circulación local se amplificaba de la mano de nuevos centros privados de expertise que desarrollaban su actividad en el campo de estudios y de gestión de la política social, como el Observatorio Social (OS) y CIPPEC. Difícilmente era posible prever el desplazamiento de esta problematización. Sin embargo, la crisis de los años 2001 y 2002 constituyó, ante todo, una puesta en crisis del ordenamiento político- institucional vigente (Grassi y Danani, 2008b). Y, como todo proceso político, la elaboración de una “salida” estuvo sujeta a contingencias, a través de las que se redefinieron los problemas de la vida común –entre ellos los sociales-, produciéndose quiebres en el orden del decir en puntos indeterminados, opacos para los propios actores. Discursos críticos, antes subordinados, se tornaron más audibles; algunas modas intelectuales parecieron quedar deslucidas ante la nueva coyuntura; mientras que ciertos saberes se adecuaron, lenta y conflictivamente, a los tabúes impuestos por ella, así como al “empleo obligatorio” de argumentaciones y enunciados propios del momento (Robin, 1986). La noción de exclusión recorrió los más diversos diagnósticos sociales, pero su sentido ya no estuvo sujeto a la problematización que había dominado su discusión durante el último lustro de la década de 1990, que analizamos en detalle en el Capítulo 2.

La estabilización del diagnóstico de “crisis social” supuso la interpenetración –no siempre armónica, en ocasiones sorpresiva– entre saberes de legitimidades heterogéneas, racionalidades políticas y estructuras estatales. Basta recordar la importancia que asumió, en los primeros meses del gobierno de transición de Eduardo Duhalde, la experiencia del Diálogo Argentino. Convocó a este espacio apenas asumió la presidencia, retomando una iniciativa previa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y el PNUD. El auspicio oficial amplió considerablemente los actores participantes, provenientes del mundo productivo, religioso, académico y del tercer sector. Los desplazamientos en la problematización de la exclusión deben entenderse en el marco de este proceso de ebullición de la discusión política y especializada. Los discursos políticos, en especial los oficiales, atribuyeron ciertos usos a la categoría de exclusión que pusieron en tensión la racionalidad que regía el proceso según la red de expertise nucleada en los años previos alrededor del SIEMPRO y del OS. Tres elementos inscribieron a la categoría en otra red de sentido: a) la consideración de que el modelo de desarrollo basado en la convertibilidad monetaria contenía un sesgo excluyente, lo que inscribió a la exclusión de un modo de gestión política de la economía, disolviendo su carácter aparentemente irreversible; b) la definición de la inempleabilidad como un desperdicio de energías productivas, que quebraba la superfluidad asignada a parte de la población trabajadora como resultado inevitable del cambio tecnológico; c) y, finalmente, la puesta en relación del fenómeno con la distribución de la riqueza, más precisamente, con su concentración. Duhalde, quien encabezaba un sector del peronismo que demandaba el fin de la convertibilidad, explicaba la exclusión como resultado del fracaso de dicho modelo.

Esa convertibilidad, que en los primeros años (…) había tenido éxito, a mediados de la década [de 1990] comenzaba a mostrar su faceta no exitosa, primero por goteo y luego, más aceleradamente, comenzamos a empobrecer a nuestra gente y a aumentar la desocupación.^[1]

El desempleo, signo típico de la dinámica excluyente, se explicó como una expresión del proceso de “destrucción del tejido productivo” que había tenido lugar en los años previos. En los discursos políticos se explicaba que, por efecto de la recesión, la capacidad productiva instalada se había convertido en ociosa y, con ella, contingentes cada vez más amplios de trabajadoras y trabajadores habían quedado envueltos en un proceso de “exclusión masiva”,^[2] formulación paradójica que nos revela la desestabilización de los sentidos adheridos al concepto. Ligada al perfil de la estrategia de desarrollo, la exclusión remitió más a las formas y los modelos de producción y distribución de la riqueza social, que a dinámicas mercantiles espontáneas de la nueva era globalizada. La inscripción del fenómeno en un modelo específico de gestionar la economía, más que en un proceso técnico, desafió aquel consenso de los años previos según el cual el Estado Social constituía un anacronismo frente a la nueva época de las sociedades de conocimiento. Si bien los discursos oficiales enfatizaron que la situación de crisis era inédita y que era preciso encontrar salidas creativas, la opción por el desacople entre el trabajo y las protecciones sociales dejó de ser un imperativo y devino controversial. Sentando un corte con lo decible y pensable en los años previos, la recuperación del empleo se situó en la discusión pública como el vector principal para revertir la llamada “deuda social”, formulación planteada por el Episcopado y rápidamente extendida en los discursos oficiales.

En este orden, el discurso político incorporó el problema de la inempleabilidad, produciendo una interpretación que alteró radicalmente los términos en que se había definido en los años previos. Si el abandono y la asfixia del tejido productivo tenían como correlato la “subutilización de capital humano” (Duhalde, 23/02/2002), el aprovechamiento de las energías productivas de las poblaciones desplazadas podría ser un camino hacia la reconstrucción económica, movilizando la reactivación de la capacidad ociosa (Duhalde, 10/01/2002). Subyacía a este planteo el reconocimiento de la utilidad económica de los y las trabajadoras excluidas, lo que echaba por tierra aquella asociación estrecha entre la inempleabilidad y las bajas dotaciones de capital humano. Esta reformulación ponía en cuestión, en definitiva, la definición de la inempleabilidad como condición individual. El nuevo modelo, de “desarrollo sustentable” prometía incorporar las “energías” de “los que han quedado afuera”, garantizando “todas las posibilidades de incorporarse” a esa “gran corriente” de la recuperación económica (10/01/2002). En un río revuelto de significados, la exclusión se disoció de la cuestión de la superfluidad.

Entretanto, la actividad de los centros de expertise anclados en la sociedad civil se intensificó, reforzándose los intercambios entre estas organizaciones. Muestra de ello fue el dinamismo que tuvieron los congresos nacionales organizados por la Asociación Argentina de Políticas Sociales (AAPS) en los primeros años de la década de los 2000,^[3] congregando especialistas nacionales y del exterior, referentes del mundo sindical, político, del tercer sector, lo que permitió a esta red de expertise afianzar su presencia en el campo de lo social. A su vez, dichos centros sostuvieron lazos de distinto tipo con la arena estatal y el campo de la política. El OS y CIPPEC participaron del Diálogo Argentino, celebrando la articulación vehiculizada entre el Estado y la sociedad civil, como germen de una nueva gobernanza. Referentes de dichas instituciones mantenían una relación estrecha con la nueva gestión, como en el caso de Eduardo Amadeo, quien participó del staff gubernamental como vocero presidencial de Duhalde y vicejefe de ministros. Estos elementos sugieren la estructuración de una red de expertise con una posición de relevancia al interior del campo especializado y una articulación preferencial con lo estatal. Los documentos producidos por ella, en aquellos años de transición, evidencian la relativa adecuación de los diagnósticos sociales a ciertos núcleos de sentido del discurso político. De modo que es posible rastrear sutiles desplazamientos de sentido en las tematizaciones previas de la exclusión.

Las disertaciones en el Primer Congreso Nacional de la AAPS del año 2002, Estrategias de Articulación de Políticas Sociales, conforman una serie privilegiada para analizar estos movimientos. La racionalidad macroeconómica hasta entonces asignada a la exclusión se revistió de politicidad, tranzándose una relación –antes diluida- con la orientación de las reformas de la década de 1990. Si la polarización del mercado de trabajo continuaba ubicándose en el centro del problema social del país (OS, 2004), el cambio tecnológico ya no explicaba completamente el proceso. La orientación de las “políticas económicas neoliberales” se constituyó en un factor explicativo para los y las especialistas de los centros privados de expertise, atribuyéndoseles la responsabilidad de generar “un nuevo contingente de problemas sociales” de escala inédita (Feijoó, en AAPS, 2002: 93). Si con la problematización de la exclusión estos saberes habían cuestionado ciertas premisas de la economía neoclásica, bajo estas reformulaciones del concepto, la crítica se redirigió expresamente hacia las autoridades económicas, en especial las del gobierno de la Alianza. Frente a ello, diferentes alocuciones en el Congreso de 2002 señalaron la necesidad de jerarquizar la “autoridad social” hasta equipararla con la cartera económica, pues la “lucha por el desarrollo humano, la justicia social y el bienestar colectivo” era eminentemente política y no solo técnica, suponía una acción de “redistribución” (ibíd.: 94- 95).

Sin embargo, las alteraciones de lo decible y las adecuaciones a las marcas de coyuntura no condujeron a una alteración radical de las prospectivas para la intervención que estas redes de expertise venían tejiendo en los años previos. Los diagnósticos sobre las transformaciones estructurales del mercado laboral frente a los cambios tecnológicos y productivos continuaron gravitando en sus análisis, como también las discusiones relativas al desacople entre el trabajo y las protecciones. Lo que se alteraba eran los contenidos de la polémica debido a las alternativas en circulación, con las que estos saberes expertos debatían. Si la continuidad de las reformas sociales, tal como se habían gestionado hasta entonces, parecía imposible, las discusiones se orientaron a rechazar la posibilidad de retorno de un Estado Social que se consideraba caduco, enfatizando su inviabilidad. Como argumentaba Feijoó, “seguir reclamando el Estado de Bienestar universal que sabemos inviable parece una utopía” (en AAPS, 2002: 92). En la misma línea, con mayor contundencia, Aldo Isuani^[4] llamaba a trascender una política social “anclada en el mundo del pasado, donde el pleno empleo permitía que cada uno viva de su trabajo”, porque “esa Argentina no existe más y es muy difícil que regrese en la forma que conocimos” (en AAPS, 2002: 57). Como apuntamos en el Capítulo 2, la perspectiva de “universalizar” las protecciones se había vuelto un lugar común en el marco de la aguda situación de crisis social, pero los contenidos y diseños institucionales para concretarla eran muy disímiles.

Las reformas producidas en el gobierno de transición, presidido por Eduardo Duhalde, muestran la convivencia de distintas orientaciones en el campo de reforma. Por un lado, en el año 2002, llegó a concretarse, bajo la órbita del MDS, el proyecto de Ingreso de Desarrollo Humano (IDH) ideado años atrás por el equipo técnico del SIEMPRO, durante la gestión de Amadeo de la SDS. Su fundamento era perfilar un nuevo modelo de política social, que combinara la transferencia directa de ingresos hacia las poblaciones excluidas y una orientación hacia la reinserción, la que se cristalizaba en el establecimiento de condicionalidades ligadas al fortalecimiento del capital humano. Al mismo tiempo, en el MTEySS se implementaba lo que sería la intervención más representativa del gobierno de Duhalde, que concentró los esfuerzos estatales (fiscales y de gestión)^[5] y sentó otro rumbo para la “reinserción” social: el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD). Su lógica era irreductible a la de las transferencias condicionadas de ingresos en las que se inspiraba el IDH, lo que de hecho movilizó numerosos debates especializados sobre la “naturaleza” del programa. Por un lado, el PJJHD dejaba de lado la preocupación por la focalización y hacía propia la idea de universalidad: su masividad fue presentada por los técnicos ministeriales como muestra de una “tendencia incremental” hacia la cobertura total (MTEySS, 2004b). Además, reinstalaba la contraprestación laboral, en un momento del debate especializado en que se distinguían cada vez más las intervenciones orientadas a la capacitación para la reinserción económica de aquellas condicionalidades dirigidas a fortalecer el capital humano de las familias vulnerables.^[6] Según Duhalde –quien se atribuía la idea del PJJHD^[7]-, el Seguro de Capacitación y Empleo, propuesto por el FRENAPO, había sido una inspiración para el programa, aunque no se retomaba de él su referencia a la seguridad social ni tampoco la búsqueda de unificar las prestaciones por desempleo.

La exclusión y la desocupación como problemas; las alternativas de universalización y de reinserción por el trabajo; el capital humano y la cultura del trabajo como objetos de promoción. Afirmaciones comunes en el debate político y especializado que, sin embargo, intersecaban sentidos heterogéneos. ¿En qué punto las iniciativas recreadas en esos años de transición sedimentaron una alternativa distintiva y descentraron los saberes expertos sobre la exclusión, que hasta entonces parecían tan pujantes? La redefinición del campo de la reforma en la salida de la crisis nos plantea la paradoja de la nave de Teseo sobre el cambio y la identidad. ¿Es la misma nave la que retorna a Atenas si, en el transcurso de su viaje, fue continuamente restaurada hasta hacer irreconocible su fisonomía original? La amplia circulación de la categoría de exclusión y las importantes posiciones ocupadas por los centros de estudio “de la sociedad civil” podrían hacernos pensar en continuidades con el giro que asumieron los saberes de la pobreza hacia finales de la década de 1990. Sin embargo, en los procesos políticos no hay palabras cuyo sentido esté garantizado, ni posiciones fijadas: la cuestión de la exclusión finalmente se conectó con otros saberes y racionalidades políticas. Por otro lado, una vez consensuadas ciertas directrices políticas generales, el Diálogo Argentino dejó de ser apoyado por el Poder Ejecutivo y perdió gravitación. Lo que había sido celebrado por especialistas en política social como el modelo para una nueva gobernanza (y síntesis de una particular articulación entre ciencia y política) se diluía al calor de un incipiente clima de normalización institucional. Después de 2003, las reflexiones sobre la exclusión quedarían desplazadas del campo reformador, al igual que la red de expertise que se había conformado entre el Estado y la sociedad civil. La transformación pudo haber tomado por sorpresa, incluso, a pasajeros de la nave: las discusiones sobre la “naturaleza” de los nuevos programas podrían releerse, quizás, como un esfuerzo por fijar el sentido de las alteraciones en curso y el signo de la reforma en ciernes.

Sin embargo, esto no significó un freno a la actividad de los centros privados de expertise que, de hecho, mantuvieron vínculos estrechos con instituciones públicas. El OS, por ejemplo, trabó un importante lazo con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el diseño de un programa de transferencias condicionadas de ingresos municipal afín al IDH, el Programa Ciudadanía Porteña, creado en 2005.^[8] Además, se establecieron vínculos con nuevos institutos universitarios que, años más tarde, serían protagonistas del debate público y especializado sobre los problemas sociolaborales. Nos referimos al ODSA, creado en 2004 en la Universidad Católica Argentina,^[9] dirigido por el sociólogo Agustín Salvia; y al CEDLAS, creado en 2002 en la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de La Plata, dirigido por el economista Leonardo Gasparini, antiguo consultor del SIEMPRO y miembro fundador del OS. Perspectivas analíticas afines, espacios de socialización profesional comunes y un perfil organizacional similar articularon a estas agencias como una red de expertise. De este modo, se dio continuidad a la apuesta del SIEMPRO por renovar los saberes sobre la pobreza, desarrollando un análisis dinámico, evolutivo y particularizado del fenómeno. Desde entonces, el paradigma del desarrollo humano y la economía del comportamiento orientarían investigaciones empíricas de gran alcance sobre el paisaje social local.

Por su parte, el ODSA se planteó el objetivo de hacer un seguimiento de la “deuda social” argentina, visibilizada en la dramática coyuntura de crisis. Para ello, impulsaron lo que sus especialistas concibieron como una verdadera empresa fundacional: la de establecer una medición multidimensional de la pobreza, desde el enfoque de las capacidades humanas, y aportar “una representación multifacética y dinámica del problema”, superando las vacancias de las estadísticas públicas (ODSA, 2004, 2005, 2007). En este sentido, el ODSA disputó su autoridad sobre el saber de la pobreza, apelando a la rigurosidad científica: su enfoque era actualizado y se sostenía en saberes internacionalmente producidos; sus informes dieron centralidad a la exposición de las operaciones metodológicas, incrementando continuamente la muestra para dotar a la encuesta de mayor representatividad; incluso sus referentes no provenían de la sociabilidad religiosa, sino que eran personalidades académicas, como en el caso de Salvia. La pretensión de verdad del conocimiento producido, por su ajuste respecto a métodos científicos validados, se complementaba con una ética del bien común como fundamento de legitimidad, que tendía un vaso comunicante con la discursividad religiosa. Se trataba de una ética atribuida a quienes conformaban el Observatorio, según la cual el conocimiento técnico producido debía ser puesto a disposición de la sociedad civil, rechazando tanto el afán de lucro como la utilización política del saber. “No somos tecnócratas ni políticos”, sintetizaban los y las especialistas (ODSA 2014: 22). Se trataba, antes bien, de que tales conocimientos informaran el debate público y sirvieran “de base al diseño e implementación de políticas públicas” bien fundamentadas (ODSA, 2005: 19). La legitimidad de estos saberes evocó el triple eje al que también habían apelado los centros privados de expertise en su emergencia: pretensión de verdad del conocimiento, compromiso cívico y aproximación a la experiencia de pobreza (ver Capítulo 2).

El perfil del CEDLAS también se destacó por su anclaje académico. Su marca distintiva fue la introducción de un enfoque novedoso al análisis local, la economía del comportamiento. Como en el caso del ODSA, el CEDLAS produjo información estadística propia y, con apoyo del Banco Mundial, desarrolló la Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe (SEDLAC), que permite un análisis comparado de las encuestas de hogares de la región. Desde su fundación, sus investigaciones han tenido amplia circulación más allá del ámbito académico, registrando una presencia destacada en la prensa local y en espacios de discusión ligados al mundo empresarial, como el Coloquio de IDEA. La economía del comportamiento también pretendió trazar un vínculo directo con la experiencia de los actores sociales. En una nota del diario La Nación sobre la disciplina, se entrevistaba a dos jóvenes economistas del CEDLAS que habían desarrollado sus proyectos en países africanos y asiáticos, sin limitarse “como antaño, a ‘comprobar’ hipótesis de algún modelo teórico”.^[10] La “revolución de credibilidad” (sic) de la nueva economía radicaba, justamente, en su contacto directo con la experiencia de los sujetos de estudio. Una de las investigadoras describía con precisión esta especie de actualización económica de los viejos viajes antropológicos: “fue, al fin y al cabo, lo más parecido a ser Indiana Jones que uno puede encontrar en el campo de la economía del desarrollo”.

Progresivamente, la problematización de la informalidad laboral actualizó las perspectivas sobre la exclusión y la marginalidad, constituyéndose como un fenómeno central para la comprensión de su dinámica, bajo un nuevo ciclo político y económico.

La informalidad laboral y las poblaciones supernumerarias: una problematización en intersección con la exclusión y la marginalidad

Las perspectivas a futuro parecen anunciar que la generación de nuevas fuentes de empleo garantizará nuevamente el acceso al mercado de trabajo de vastos sectores que durante la década del 90′ vieron anuladas sus posibilidades básicas de inserción. En este contexto, los nuevos interrogantes a despejar girarán en torno a qué tipo de empleo es el que se generará en cuanto a su calidad y a su productividad. (OS, 2004: 2)

Al calor de la recomposición del mercado laboral que siguió a la salida de la crisis, la problematización de la exclusión parecía haber sido desplazada. Su principal referente empírico, el desempleo, estaba en retroceso frente a otros problemas sociolaborales en los que se concentró la atención experta; mientras que la hipótesis de la superfluidad, el núcleo de estos enfoques, se puso entre paréntesis bajo la expectativa de restauración del empleo formal y protegido que organizaba a los discursos oficiales. El extracto con que iniciamos el apartado, tomado de un informe del OS, expresa el reflujo de la cuestión de la exclusión y muestra que también esta red de saberes acompañó el giro del campo especializado hacia la consideración de los problemas de calidad del empleo. Pero el impasse de las discusiones sobre la exclusión fue más bien breve: éstas se reactivaron bajo una serie de desplazamientos de sentido. La reflexión sobre los problemas de informalidad y precariedad laborales fue el espacio para la actualización de viejos interrogantes, hipótesis y categorías: en una economía en crecimiento ¿no podían expresar, acaso, la vigencia del problema de la superfluidad bajo nuevas formas? Con esta pregunta, el corazón de la problematización de la exclusión volvía a pulsar, alterándose su referente empírico, que pasó a ser la informalidad laboral. Su revitalización se acompañó de una intersección con los enfoques sobre la marginalidad, que desde finales de los años noventa también habían interrogado los límites estructurales del mercado laboral argentino para absorber la población activa. Con ello, emergía una problematización de la informalidad laboral que la presentó como signo de la presencia de poblaciones excedentarias para la dinámica económica. Así, se estableció una polémica directa con las orientaciones de la reforma social constituida tras la salida de la crisis de los años 2001 y 2002.

Del desempleo a la informalidad: los nuevos rostros de la superfluidad

Además de la precariedad y de la exclusión, hacia fines de la década de 1990 las teorías sobre la marginalidad participaron de la discusión especializada sobre las transformaciones del mundo del trabajo. Los análisis que retomaron la categoría se inspiraron en las teorías críticas que, formuladas en los años setenta, habían roto con las tesis de la modernización para definir la marginalidad como un modo de funcionamiento de la totalidad social y no como un espacio social separado (Malimacci y Salvia, 2005). Bajo la dirección de Salvia, el Programa de Cambio Estructural y Desigualdad Social, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, fue un locus de relevancia en la búsqueda de analizar los “nuevos emergentes sociales de la marginalidad” (Salvia, 2005a: 2). En ese entonces, las producciones del programa se emparentaron más con los diagnósticos sobre la precarización de las relaciones laborales, que con los de la exclusión: ellas advirtieron que la “problemática del empleo” excedía “el simple estado de desocupación abierta” y pusieron en foco el deterioro generalizado del mercado de trabajo (Salvia, 2002: 3). Pero, a diferencia de los saberes sobre la precariedad, el énfasis en la “fragmentación de la estructura social del trabajo” dio centralidad al “sector informal o sector no estructurado [en la comprensión de] la nueva realidad emergente” (ídem). De este modo, en el tránsito al nuevo siglo, se planteó en el campo especializado local la estrecha relación entre la informalidad laboral y el problema de las poblaciones excedentarias. Con la conformación del ODSA, estas lecturas adquirieron mayor audibilidad y desarrollaron un programa de investigación de amplia envergadura.^[11]

Sería tras la crisis de los años 2001 y 2002 cuando esta matriz analítica se articularía con las preocupaciones sobre la exclusión, encontrándose ellas mismas en proceso de reconfiguración. Bajo la amalgama de enfoques, se planteó el interrogante sobre el carácter de los problemas de calidad del empleo que persistían en la coyuntura de reactivación económica, reavivando la hipótesis de una posible relación con limitaciones productivas estructurales en la generación de empleo. ¿Qué elementos cimentaban esta sospecha? Durante los primeros años del período en análisis, la actividad especializada se concentró en los ritmos diferenciados del descenso del desempleo y de la pobreza, fenómenos que hasta entonces se pretendían estrechamente ligados. Mientras la desocupación caía de forma notable, los problemas de subempleo e informalidad se estabilizaban en pisos elevados. Parecía darse una suerte de alquimia entre ellos. En efecto, un informe del OS concluía que el “repunte” de la inserción laboral durante el año 2003 “era atribuible a la generación de puestos de trabajo de baja calidad que tienden a morigerar la tasa de desempleo” (2004: 9). Las tasas de empleo se volvían un dato parcial para analizar la dinámica del mundo laboral, lo que exigía contrastarlas con indicadores relativos a la calidad del empleo creado en el curso de la reactivación económica. En el extracto del informe del OS con que iniciamos el apartado se plasman los criterios definitorios del “buen empleo”: sus protecciones y su productividad. Ambos atributos servirían, en adelante, para evaluar los alcances de la recomposición laboral experimentada, así como su sustentabilidad en el tiempo.

Si bien la categoría de “economía informal”, formulada por la OIT y adoptada por el MTEySS, tuvo una amplia circulación en las investigaciones del ODSA, el CEDLAS, el OS y el CIPPEC, los documentos nos permiten observar distintas operaciones discursivas bajo las cuales se reinstaló la diferencia entre aquello que la noción tendía a unificar: el empleo precario y el trabajo en el sector informal de la economía. Los análisis trataron el concepto propuesto por la OIT como una “definición legal” de la informalidad, que circunscribía el fenómeno por la falta de registro ante el Estado y de protección social. Se argumentaba que, en cambio, la definición clásica era “productiva” y hacía referencia a “los trabajos marginales de baja productividad” en los sectores subordinados de la economía (CEDLAS, 2007: 5). Desde esta perspectiva, eran los atributos productivos de las actividades los que explicaban los déficits salariales y en las condiciones de vida. Si bien la expresión de “economía informal” se incorporó al léxico de los estudios, esta red de expertise tendió a preservar la diferencia entre el empleo desprotegido y el trabajo de baja productividad o superfluo. Ello no se debía solamente a un preciosismo teórico-metodológico: por el contrario, la distinción permitía trazar otras cartografías del mercado laboral, distintas a las producidas por los saberes estatales para intervenir en él. Como abordamos en el capítulo anterior, la adopción de una definición ampliada de la informalidad laboral en los diagnósticos ministeriales, a partir del vector protección/desprotección, no desconocía las diferencias en materia productiva entre los segmentos de la economía informal, sino que se había orientado a establecer una direccionalidad común para las políticas sociolaborales. En este caso, la frontera productivo/improductivo perfiló una visión normativa diferente sobre el empleo a recomponer a través de las intervenciones estatales.

Múltiples investigaciones destacaron que, al menos hasta el año 2011, la recuperación del empleo había estado liderada por puestos formales (v.gr. MTEySS, 2011; Bertranou, Casanova y Sarabia, 2013; OIT, 2013; Bertranou y Casanova, 2015). En este sentido, los centros privados de expertise y los nuevos institutos universitarios centraron su atención en los motores y los alcances de tal recomposición: en qué estratos sociales había incidido y cuáles eran las perspectivas para su sostenimiento y expansión futuros. Entonces, las líneas divisorias entre el empleo productivo y “marginal” se pusieron de relieve en el estudio de las distintas trayectorias de pobreza. Entre los perfiles sociolaborales trazados, se distinguió un grupo de “pobreza estructural” (también nominado “núcleo duro de la pobreza”, “pobreza extrema”, “pobreza indigente”, entre otras formulaciones), caracterizado por una inserción económica regida por empleos inestables y de muy baja productividad. Con ello, comenzó a plantearse una correlación entre las condiciones de vulnerabilidad y los atributos productivos del empleo: mientras que entre “los empleados formales” se daban situaciones “de baja vulnerabilidad”, “los trabajadores informales y desempleados” estaban atravesados por condiciones más gravosas de pobreza (Gasparini, 2005: 4). En sus sucesivas ediciones, los informes del ODSA advirtieron que, si bien la ocupación se expandía en todos los grupos, era en la mejora de su calidad donde se condensaban las brechas sociales: entre los estratos inferiores de la estructura social, 6 de cada 10 empleos se creaban en el sector informal de la economía, registrando menores ingresos, protecciones y estabilidad. En cambio, los nuevos puestos formales se concentraban en las clases medias. El problema sociolaboral se codificaba, progresivamente, en términos de la informalidad –en su acepción productiva– y de la fijación de ciertos sectores en ella.

Finalmente, lo que unificó estas reflexiones en una problematización alternativa del fenómeno fue la relación trazada entre la informalidad laboral y la cuestión de la superfluidad. El diagnóstico del “trabajo intermitente”, en el que coincidieron especialistas de distintos locus, fue crucial en esa operación conceptual.^[12] Se trataba de un fenómeno registrado únicamente entre los estratos más empobrecidos de la estructura social, que categorizaba aquellas trayectorias marcadas por una intensa rotación entre ocupaciones precarias, subempleo, desempleo e inactividad. Según Kritz (2007), constituía un fenómeno novedoso en el mercado laboral argentino que había adquirido centralidad una vez “cerrado el ciclo de alto desempleo que comenzó en 1993”. Desde entonces, la desconexión con el mercado de trabajo formal ya no se expresaría tanto en términos de la falta de ocupación, sino bajo la proliferación de ocupaciones extremadamente inestables, de baja productividad y desprotegidas. Según las mediciones de SEL Consultores, representaba nada menos que a un 12% de la PEA, en 2007. Así se explicaba la alteración de las dinámicas de la superfluidad desde el Programa de Cambio Estructural:

Si el mercado laboral ofrece rigideces institucionales de importancia, el excedente de mano de obra se reflejará en el aumento crónico de las tasas de desempleo abierto [como en los países europeos]; si es flexible – por diversas razones – el excedente de mano de obra en relación con la demanda de trabajo en el sector moderno, se manifestará en el acrecentamiento de un sector informal urbano precarizado (…). (Salvia et al, 2009: 430)

De este modo, se descentraba de los diagnósticos sociales el desempleo de larga duración “a la europea”, que había regido las reflexiones sobre la exclusión en el pasado. Pero la huella de la superfluidad parecía reencontrarse en otro lugar, en un desempleo a la latinoamericana.^[13] Justamente, el sector informal urbano había emergido como concepto para captar aquellos refugios creados ante la imposibilidad de acceder al empleo formal en el polo moderno de la economía de los países periféricos. Las actividades desarrolladas en el marco de la “economía informal inestable” y de “las economías de pobreza” (Salvia, 2005a) resultaban difícilmente categorizables como empleo genuino: como se sugería en un informe del OS, se trataba –en verdad- “de actividades lindantes al desempleo” (2004: 19). Pero lo que resultaba evidente es que se trataba de un desempleo de nuevo tipo, de allí la formulación de “trabajo intermitente”, una expresión asentada en la frontera entre el espacio ideal del no trabajo y el segmento más precario de la informalidad. Estas conceptualizaciones reforzaron la asociación de estas formas de trabajo inestables y atípicas y lo excedentario para la producción económica. El viejo concepto de informalidad, durante tanto tiempo desechado para el análisis local, se instalaba junto con el diagnóstico de que el mercado de trabajo argentino había perdido aquellos atributos integradores que lo habían diferenciado del resto de la región en el pasado (Salvia, 2005a). El diagnóstico de la latinoamericanización del mercado laboral relanzó la pregunta por los nuevos emergentes de la matriz de marginación.

La polémica sobre la “naturaleza” de la informalidad: una racionalidad económico-estructural

Desde 2007, con los primeros signos de amesetamiento de la dinámica de recomposición laboral, las y los expertos del OS señalaron que “por primera vez desde el colapso del régimen de convertibilidad” se había registrado “una contracción en el empleo formal en los sectores productores de bienes” (OS, 2008a: 2) y en base a eso proyectaban un “punto de inflexión en la evolución del mercado de trabajo” (Arceo, 2008: 3). Aunque la magnitud de la informalidad era objeto de polémica,^[14] ninguna estimación consideraba un porcentaje inferior al 30% de la PEA y todas señalaban que las estadísticas no lograban captar los segmentos más precarios. Pero la controversia no se limitaba a las cifras, sino a las tendencias y explicaciones del fenómeno. Mientras que los diagnósticos ministeriales destacaron que, por primera vez desde los años noventa, se había quebrado su tendencia ascendente, la red de expertise que estamos analizando enfatizó su persistencia en pisos elevados. Como apuntaba un informe del ODSA, “la persistencia de una alta proporción de ocupados que no pueden acceder a un empleo pleno de derechos continua siendo uno de los problemas fundamentales del escenario laboral” (2011: 23). Estos argumentos recalcaban que, pese a las mejoras experimentadas y a las políticas promovidas, la informalidad laboral se revelaba como un núcleo duro, de difícil remoción. Estos polemizaron con los saberes estatales señalando el “carácter sistémico” del fenómeno (Kritz, 2007: 4), su naturaleza productiva. En adelante, la discusión no hizo más que intensificarse.^[15]

Los saberes de la exclusión y la marginalidad enfatizaron la racionalidad económico-estructural del fenómeno. En esta impronta analítica resonaban –y se renovaban– los modos en que la superfluidad había sido interrogada durante la década anterior. ¿Qué significaba que la informalidad constituyera un problema sistémico, ligado a la estructura productiva?, ¿de qué manera esta observación ponía en cuestión la racionalidad política que los saberes estatales le asignaban? En primer lugar, los análisis producidos durante el período de análisis visibilizaron la larga duración de los problemas de calidad de empleo, base sobre la cual afirmaron su constitución como un rasgo estructural del mercado laboral local. Las cronologías elaboradas no distaban de aquellas expuestas por Carpio y Novacovsky en la Cátedra Pública de Políticas Sociales, durante los años 1997 y 1998. Al igual que en aquellas reflexiones sobre la exclusión, Salvia explicaba la génesis histórica de la matriz de marginalidad en dos tiempos: uno relativo al “agotamiento, crisis y mutación” de “la nativa sociedad salarial corporativa”; y otro vinculado a la “reconversión tecnológica y productiva”, en el marco de la apertura financiera de los años noventa (2005: 5). En ese derrotero histórico, la “carencia forzada de empleo adecuado” se había consolidado (ODSA, 2004: 96). Ahora bien, concluido el ciclo de reformas de la década de 1990, se introdujeron ciertas innovaciones respecto de los diagnósticos previamente forjados entre el SIEMPRO y el OS. Reforzando la larga duración de los problemas de empleo, las miradas sobre el pasado “salarial” de la sociedad argentina enfatizaron sus fisuras internas, conmoviéndose la asociación unívoca entre la exclusión y el cambio tecnológico. A su vez, las reformas de “ajuste estructural” fueron releídas, incorporándose un balance crítico sobre la concentración de la estructura productiva (Salvia, 2005b). Así, el diagnóstico de una crisis duradera del empleo conectaba con los problemas de la dinámica económica, en términos estructurales.^[16]

Las mutaciones en el campo de discusión sobre los problemas sociolaborales habilitó la convergencia de los saberes de la marginalidad y la exclusión en la afirmación del carácter estructural de los mismos. A diferencia de los años noventa, tras la crisis de 2001 y 2002, la direccionalidad del modelo de desarrollo era objeto de un debate político y especializado expreso y, en consecuencia, las alternativas para gestionar la economía y el trabajo se pluralizaron. El diagnóstico de la configuración de una matriz histórica de exclusión/marginación tenía un cariz estratégico: permitía identificar aquellos caminos a evitar en la construcción de un modelo socialmente inclusivo tanto como económicamente sustentable, puesto que habían demostrado su fracaso en el pasado. En el caso de la estrategia industrializadora, su histórico déficit de productividad había construido un edificio protectorio frágil; la aperturista, pese a su impronta modernizadora, había sido concentradora en términos productivos, dando a los procesos de marginación una escala inédita, que ponía en riesgo el crecimiento futuro. Por razones diferentes, en ninguno de los dos modelos se había podido plasmar un sistema protectorio virtuoso, amplio y sostenible. Esta lectura de la historia nacional fundaba una “tercera vía”, que se delimitaba de forma simétrica de la experiencia neoliberal y del bienestarismo autóctono. Justamente, se proponía evitar el “péndulo de ideas” entre dos extremos, “el libre mercado” –de reciente fracaso- y el “totalitarismo de Estado” –al que había que evitar retornar- (Amadeo en AAPS, 2002; OS, 2002). En este sentido, se argumentaba la necesidad de “combinar estrategias” para armonizar la productividad con la protección. Legitimando esta posición, se retomaron saberes internacionales de inspiración heterodoxa^[17] y el discurso religioso, que rechazaba el liberalismo y el paternalismo estatal.^[18]

En la explicación del carácter sistémico de la informalidad, se combinaron las tesis sobre la segmentación del mercado de trabajo y las de la heterogeneidad de la estructura productiva. Las primeras habían sido relevantes en los diagnósticos sobre la exclusión en los años noventa, señalando el rol desigualador que ejercía el capital humano en la competencia mercantil; mientras que las segundas habían sido el sello del estructuralismo latinoamericano para explicar los límites del desarrollo periférico. Desde el Programa de Cambio Estructural y el ODSA, se diagnosticaba que la heterogeneidad productiva argentina se había agudizado durante la década de 1990, como resultado de las reformas operadas.^[19] De allí la conformación de verdaderos enclaves de alta rentabilidad que, conectados con el mercado internacional, retenían a la mano de obra más calificada mediante salarios elevados y protecciones expulsaban a una parte significativa de las clases trabajadoras, la cual se volcaba a la economía informal. En una caracterización afín, en un informe del OS del año 2004 (que, por cierto, había contado con la colaboración del ODSA), el mercado laboral se representaba como “una serie de círculos concéntricos”, entre los que se daba un “movimiento centrífugo” que partía desde el núcleo, en una “dinámica expulsora de la PEA” (2004: 8). La amplia circulación que tenían las investigaciones del ODSA entre los centros privados de expertise parece haber sido crucial para la actualización de las lecturas sobre la segmentación del mercado laboral, que incorporaron y reinterpretaron las tesis de la heterogeneidad productiva.

Tal movimiento se observa con claridad en el análisis de Kritz, que en los años anteriores había popularizado la categoría de inempleabilidad, en base a la cual se explicó la exclusión como resultado del desfasaje entre el ritmo del cambio productivo y el de la adaptación del capital humano. En su disertación en el Coloquio de IDEA del año 2007, definió la informalidad laboral como un “mecanismo para compensar la falta de competitividad, originada en la baja productividad total que le es característica” (Kritz, 2007: 4). De esta definición se derivaba un punto sumamente relevante, reforzado por el economista en su exposición: el problema no remitía única ni principalmente a la baja productividad de quienes trabajaran en condiciones de informalidad, sino a la del total de los factores implicados en el proceso productivo. El énfasis no disolvía la cuestión de la inempleabilidad ni tampoco su racionalidad subjetiva, pero remarcaba que el problema se situaba en el nivel de productividad y competitividad de las empresas. Estas variables eran las que se destacaban cuando se hablaba de la lógica económico-estructural que regía la informalidad laboral. De allí, que se postulara como un fenómeno involuntario,^[20] que no era producto de elecciones personales sino de barreras que impedían la expansión del empleo formal y de la productividad en términos más generales (CEDLAS, 2007; ODSA, 2011). En este punto, encontramos un argumento recurrente sobre el carácter forzado de la informalidad para la parte empleadora de la relación laboral, también presentado por los saberes del empresariado industrial: la “incapacidad competitiva” llevaba a las empresas a la sub-declaración, como estrategia para evadir costos que no podían afrontar, lo que acababa por perjudicar el desarrollo de su capacidad productiva a largo plazo^[21] (Kritz, 2012: 96). Así, el carácter involuntario del fenómeno se mostraba como resultado de la fuerza de las estructuras, más que de las relaciones de poder.

De lo anterior se desprende que las lecturas sobre el problema productivo que anidaba en la informalidad laboral no fueron homogéneas: algunas tenían una inspiración estructuralista, mientras que otras participaban del análisis macroeconómico. Más bien, convergieron en la afirmación de que las bajas productividad y competitividad se encontraban en la raíz del fenómeno, inscribiendo en su desempeño el problema de los excedentes poblacionales. Así, se llegó a la idea de que la informalidad laboral era el resultado de que “el núcleo duro del capitalismo argentino requiere sólo un tercio de la fuerza de trabajo disponible” (ODSA, 2004: 7). Ahora bien, la derivación del proceso de marginación/exclusión de las relaciones técnicas de producción no era evidente en la discusión especializada. Esa operación lógica había sido, precisamente, uno de los ejes de crítica hacia los diagnósticos hegemónicos sobre la exclusión de finales de los años noventa. Otras modalidades de recepción y apropiación del concepto habían señalado, en ese entonces, que el proceso no era un efecto automático de relaciones técnicas, sino que su carácter era político, cultural e institucional. A propósito de la marginalidad, desde finales de la década de 1990 se dio un debate en la misma dirección.

En dos ocasiones (1999, 2010), Nun revisó lo que consideró como un sesgo economicista en los análisis inspirados en su propio concepto de “masa marginal”, lo que lo llevó a destacar y reelaborar su dimensión política.^[22] Aunque desestimada en algunas lecturas, para el sociólogo argentino ésta había sido nuclear en su apuesta analítica inicial, dirigida a captar los distintos modos de gestionar políticamente los efectos de los excedentes de trabajo en la integración social y sistémica. Nun argumentaba que el carácter de excedentario no se encontraba determinado por cierto estado de las relaciones técnicas de producción, pues el régimen social de acumulación, en sí mismo, era el “resultado contingente de una dialéctica de estructuras y de estrategias” de los actores sociales (1999: 996). La condición histórica –y no necesaria– del proceso productivo, reforzaba el carácter problemático de la superfluidad de ciertos contingentes poblacionales en relación con él. De hecho, Nun resaltaba que las intervenciones estatales sobre el problema podían incidir en el nivel de las estructuras productivas: una serie de investigaciones sobre el desempleo en los países centrales habían puesto de relieve que sus tasas variaban según la fortaleza y la institucionalización del compromiso con el pleno empleo. “El cuello de botella” que entrañaba la marginalidad “era sociopolítico antes que económico” (Nun, 2010: 113).^[23]

En cambio, las lecturas producidas desde los años 2000 acerca de la marginalidad se inspiraron en una racionalidad económico-estructural, posiblemente reforzada en la polémica sostenida con los saberes estatales, para los cuales los problemas de calidad del empleo se explicaban por factores político-institucionales. De esta manera, en el debate sobre las explicaciones del fenómeno se opusieron dos formas distintas de reconstruir la relación entre economía y política. La problematización de la informalidad laboral como una cuestión eminentemente productiva tenía como sustrato la consideración de la economía como un espacio de relaciones necesarias, en virtud de las leyes de causalidad que regirían su dinámica. Esa fuerza de ley que detentaban las relaciones económicas subyacía en el énfasis del carácter estructural del proceso: éste significaba, ante todo, que el fenómeno se imponía a los agentes, es decir, constituía una condición (acaso un límite) para su acción. En ese sentido, puede rastrearse una continuidad entre las viejas y las nuevas reflexiones sobre el problema del empleo en términos de “superfluidad”, pese a los desplazamientos que reseñamos: la afirmación de que en la economía se gestan procesos y relaciones que preceden a la acción política. Esta concepción contiene un elemento de impronta economicista: la suposición de que las leyes de la economía son “endógenas”, es decir, ajenas a “toda indeterminación resultante de intervenciones externas (políticas por ejemplo, ya que de lo contrario la función constituyente no podría referirse con exclusividad a la economía)” (Laclau y Mouffe, 2015:112). Esa misma legalidad económico-productiva investía a los diagnósticos especializados de un lenguaje de verdad: en este sentido es comprensible que el núcleo de la polémica abierta por los saberes de la exclusión y la marginalidad estuviera dado por la naturaleza de la informalidad laboral, retomando la ilustrativa expresión de Kritz. El desafío que planteaba el problema, entonces, era el de la productividad y la competitividad de los sectores rezagados, a fin de que convergieran con los segmentos más dinámicos. Visibilizando la concentración, antes obliterada, se aligeraba su contenido político pues, en definitiva, era el resultado de las reglas propias de la competencia mercantil, que premia a los más productivos (OS, 2000).

¿Qué lugar se reservaba, entonces, a la política en la explicación del problema? La objetividad con que se representaban las relaciones económico-productivas, su fuerza de ley, llamaba la atención sobre los límites de la acción política y también fundaba ciertos imperativos hacia ella: una exigencia de adecuación a lo estructuralmente viable. Justamente, la polémica con los saberes estatales sobre cómo definir la informalidad apuntaba a desnudar un déficit de “adecuación conceptual” de las políticas sociolaborales (Kritz, 2012: 96). Como en las reflexiones de los años noventa, aquí también puede relevarse una concepción instrumental de lo político: si entonces se había advertido el desajuste de las intervenciones estatales frente a la nueva cuestión social, en las reflexiones de los años 2000 se llamaba la atención sobre la inadecuación de la política frente al carácter estructural de la informalidad laboral, como un modo de explicar su persistencia. Ese desfasaje entre la realidad del problema y su comprensión ponía en cuestión la efectividad de las medidas adoptadas para la formalización, aun cuando pudieran basarse en buenas intenciones, como se señalaba a propósito de la fiscalización y la inspección laboral (Kritz, 2007, 2012). Respecto de ellas, se puso en cuestión que pudieran ser la columna vertebral de la estrategia estatal: no solo porque tenía alcances limitados, al abarcar la economía relativamente visible para el Estado, sino que además no intervenía sobre “los determinantes” del problema (Kritz, 2012: 96). La centralidad que asumía la fiscalización en el programa estatal desnudaba el error de diagnóstico en el que éste se asentaba: trataba la informalidad como “un dispositivo ilegal de apropiación de cuasi-renta y no de subsistencia” de las empresas en el mercado (ídem). Frente a la coerción de las estructuras, algunas investigaciones plantearon que la racionalidad política asignada al fenómeno expresaba el sesgo voluntarista de los saberes estatales. La crítica provenía del CIEPP: por la lógica que asumía la polémica en el campo reformador, sus análisis destacaron la lógica estructural de la informalidad laboral, cuando años atrás habían tendido a resaltar el carácter político de la exclusión.

(…) El impacto sobre las relaciones laborales de estas medidas es como mínimo incierto y es un reflejo de la lectura sesgada de las causas del no registro laboral y del empleo informal en general. Esta lectura pretende que es un problema sencillamente de la conducta de agentes económicos que se aprovechan de la incapacidad de fiscalización del Estado para eludir sus obligaciones y así obtener ganancias más elevadas. Este razonamiento puede ser acertado en algunos casos, pero la dimensión del problema y otros indicadores señalan que no alcanza para explicar su complejidad. Todos los estudios existentes señalan (…) que el problema es más complejo y se explica por causas económicas. (…) La informalidad económica es un rasgo del régimen de acumulación del país. La propia política económica reconoce que el problema de la no registración es fundamentalmente económico. De lo contrario, ¿por qué el propio Estado reitera programas de fomento del empleo que eximen a las empresas del pago del impuesto al salario?; ¿por qué se utiliza esa práctica cuando se quiere evitar despidos? (…) No se va a eliminar el empleo no registrado presionando a la fuerza de trabajo para que denuncie al empleador, sino con múltiples políticas integradas que cambien el modelo de acumulación sostenido por la informalidad. (Lo Vuolo, 2009: 15)

La política y las políticas tenían su lugar en la trama reproductora de la matriz de marginación social.^[24] Tal es así que en un informe del ODSA se enfatizaba que “la crisis de la sociedad argentina no se explica por los problemas que enfrenta en el sistema económico sino (…) por la vigencia y reforzamiento acumulativo de factores socio-institucionales que inhabilitan cualquier posibilidad de desarrollo tanto productivo como social” (2004: 25). Estos factores remitían a la crisis de las instituciones y las dirigencias sociales y políticas que concurrían en un “déficit estatal” para encarar un modelo de desarrollo genuino (ídem). Esta lectura suponía una concepción funcionalista de la reproducción social, bajo la que se esperaba del Estado la adecuada integración entre el registro económico y el sistema político. Esta tesis no era novedosa en el campo especializado, sino que inspiró estudios sobre el Estado de suma relevancia durante las décadas de 1970 y 1980 (Perelmiter 2007).^[25] La idea de déficit ilustra la distancia entre las condiciones estructurales y la institucionalidad realmente existente, que con ello pasaba a convertirse en un elemento disfuncional para la integración sistémica. De allí la resonancia de la noción de Estados de Bienestar “fallidos” o “truncos”, que no se adecuaban a las transformaciones de la sociedad argentina (ODSA, 2004: 21). El déficit, la falla de la política consistía en una suerte de desconocimiento de las dirigencias sociales y políticas – “por intención, error, u omisión” (ibíd.: 27) – del agotamiento del régimen de acumulación por industrialización y del Estado Social clásico. La “tercera posición” tendió a discutir más el retorno de este modelo que el del libre mercado, quizás porque el contra-destinario del discurso eran los saberes nucleados en la utopía restauradora del “empleo normal”.

Resulta curioso que las miradas estructurales de la informalidad laboral hayan asignado un peso tan relevante en su explicación a la “matriz socio-cultural y político-institucional”, sobre la que se erigían las “prácticas fundadas en acuerdos corporativos de privilegio” (ODSA, 2004: 26). Esto llevó a denunciar “la responsabilidad [de] las dirigencias sociales y políticas” en la reproducción de la dinámica excluyente (ídem), incurriendo en otra forma de voluntarismo, distinta de aquella que se adjudicaba a los saberes estatales: era el correlato de una concepción de la política como “un dispositivo que se ‘acciona’” (Danani, 2019: 142). Estas lecturas señalaban que el problema radicaba en que, bajo la insubordinación de los intereses particulares, el sistema político se desacoplaba del interés general, revestido de cierto manto de evidencia.

Es posible reconocer la incapacidad por parte de las clases dirigentes para adaptar exitosamente el sistema social a las cambiantes y conflictivas condiciones externas de un mundo en proceso de globalización, e internas de un país que se resistía a modificar estructuras que habían producido logros tempranos pero que fueron quedando agotadas. (…) Por lo mismo, la actual crisis social es antes que nada una crisis político-institucional del Estado corporativo y de los intereses que desde dentro o fuera del mismo procuraron disputar el escenario de la acumulación económica y del poder político. En procura de obtener o conservar privilegios, los grupos dirigentes no supieron, no pudieron o no quisieron modificar la secular tendencia al deterioro de todo el sistema social. El actual estado de cosas se explica fundamentalmente por la incapacidad del sistema político-institucional de ejercer su particular función social: conducir un proyecto nacional, capaz de definir, promover y sostener un programa de desarrollo económico y social sustentable. (ODSA, 2004: 25- 26)

Observadas en conjunto, la racionalidad económico-estructural y la que hacía eje en la cultura política restringieron el espectro de las alternativas posibles para intervenir la informalidad laboral. Al poner entre paréntesis que la legalidad económica que regía el fenómeno era, ella misma, socialmente producida, su superación se colocaba en un horizonte de cambio estructural, entendido en clave de una integración sistémica de la estructura productiva. En otras palabras, la base para una integración social genuina se encontraba en el horizonte de integración sistémico-productiva: ésta fundaba las condiciones de posibilidad y de solvencia de la primera. La productividad era el núcleo del problema y sobre-determinaba, también, la reflexión sobre las alternativas viables para organizar la economía, el trabajo y la protección social. Esto debe leerse en el marco de la polémica abierta con los saberes estatales: el riesgo de desconocer o ignorar las condiciones estructurales era el de “repetir los errores” de un pasado salarial inconsistente, que derivó en “expectativas insatisfechas” y “desequilibrios macroeconómicos” (Ocampo en AAPS, 2002: 22). El debate abierto a propósito de los tipos posibles de desarrollo, que politizaban el registro de la economía y la producción se clausuraba bajo la lógica de la necesidad atribuida a las estructuras económicas y el imperativo de adecuación de la política a ellas.

Una verdad irrefutable: la experiencia de la inmovilidad social

Un importante caudal de las investigaciones que conforman nuestro corpus documental abordó el problema de la informalidad laboral bajo una aproximación a la dinámica micro–social de los procesos de exclusión y marginación. Así, se enfocaron en el relevamiento de las trayectorias de aquellos sujetos en condición de pobreza y vulnerabilidad, poniendo de relieve su duración e intensidad, las variaciones en el tiempo, y las privaciones sufridas en términos de capacidades humanas. Los nuevos institutos universitarios emprendieron un trabajo de producción estadística sobre la informalidad laboral que no se redujo a la exploración de indicadores generales de la economía y del mercado laboral, sino que tomó por objeto las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras pobres. En el espacio micro-social y en las trayectorias personales se reencontraron las estructuras productivas en pleno funcionamiento, abriendo una reflexión sobre la relación entre los procesos macro-sociales que regían la informalización y las prácticas de los individuos afectados (ODSA, 2005).

El gesto analítico no era novedoso, sino que se inscribía en movimientos previos del campo especializado, a través de los cuales la subjetividad y la capacidad de agencia se propusieron como objetos privilegiados para el estudio de lo social, como analizamos en el Capítulo 2. En los años 2000, parece consolidarse este giro subjetivo en la conceptualización de la pobreza, generándose un amplio consenso respecto de dos premisas. Primero, el cuestionamiento hacia la acepción monetaria del bienestar, por la subordinación que ejercía sobre otras de sus dimensiones, relativas a la libertad de “ser” y “hacer”, parafraseando a Amartya Sen. En segundo lugar, diversos análisis desafiaron la representación de las poblaciones pobres como pasivas, destacando su capacidad de agencia y la activa negociación de tal condición frente a las instituciones públicas y otros actores corporativos. De sus agenciamientos se desprendían trayectorias de empobrecimiento diferentes, que llevaban a enfocar las razones por las que los individuos llegaban y se mantenían en la situación de vulnerabilidad. Lo característico de las reflexiones producidas en los años 2000 fue la búsqueda de reconstruir la relación existente entre la capacidad de agencia y los condicionamientos estructurales de la acción. ¿Qué estructuras de oportunidades informaban y afectaban las acciones individuales? ¿Cómo movilizaban los individuos sus recursos y capacidades para reproducir su vida y la de sus familias?

Como veremos luego, esta búsqueda no conmovió la objetividad/naturalidad con la que se representaron las relaciones económicas en la problematización de la informalidad laboral. Más bien, estos saberes sobre la exclusión/marginación delimitaron una racionalidad subjetiva que complementaba las explicaciones estructurales del fenómeno y aquellas apreciaciones sobre el déficit de las políticas. De hecho, la penetración de la estadística en la escala micro-social y de las trayectorias individuales fue el medio a través del que se corroboraron las lecturas sobre la naturaleza productiva del problema laboral argentino. En otros términos, el acercamiento hacia lo subjetivo fue un vector para la producción de los saberes de la exclusión y de la marginalidad como verdaderos. En este sentido, se constituyeron como saberes próximos, movilizando un desplazamiento que no solo era teórico-metodológico, sino también físico y simbólico. La encuesta del ODSA se proponía contemplar “sectores vulnerables insuficientemente considerados en la mayoría de estudios de este tipo” (2005: 19). No se trataba solo de un asunto relativo a la representatividad de las estadísticas producidas en el país, ni a su rigurosidad metodológica, sino que además planteaba como cuestión el nexo entre los saberes y sus sujetos/objetos de conocimiento. Medir lo no medido, lo desestimado por las estadísticas oficiales, daba credibilidad a la voz del ODSA en el debate público sobre la pobreza y también lo investía de un ethos de proximidad, de compromiso experto en la representación –aunque fuese en un plano técnico– de quienes, se suponía, no tenían voz pública ni representación política genuina.

En 2015, una iniciativa del ODSA para difundir los resultados de la encuesta anual, nos permite graficar la aproximación de los saberes hacia las experiencias vitales de los individuos afectados por los procesos de marginación y exclusión. Consistió en la realización de cortometrajes bajo la consigna de “Testimonios de la Deuda Social”, que se presentaron como una “semblanza de los descartables”, mediante la que se buscaba hacer audibles y visibles “sus cuerpos, sus movimientos y sus rostros”, única forma de expresar “todo lo que no nos dicen o no nos pueden decir” (¿en las encuestas?).^[26] Los cortometrajes se proponían trasmitir de forma directa, sin mediaciones, las experiencias de la marginación, pretensión sostenida en la mistificación del encuentro entre el saber técnico y el saber profano. En efecto, esa inmediatez era un efecto del discurso experto: primero, porque las formas de nombrar y las variables con las que medir se definían de forma previa y exterior al “estar allí” y provenían del campo especializado; segundo, porque el testimonio como recurso metodológico permitía a los y las especialistas demostrar, como ningún otro, su fidelidad en la trasmisión de la experiencia de la pobreza.^[27] Se trataba de un modo de representación y de un contacto que parecían saltear a la política, a diferencia de la proximidad valorada en el campo de la asistencia estatal, en la que el manejo técnico y la afectividad se combinaban con el compromiso político-ideológico, como veremos en el Capítulo 6. Progresivamente, los informes del ODSA se convirtieron en una palabra autorizada, respaldada por la rigurosidad metodológica y también por la sensibilidad, fundada en el “estar ahí”, donde los problemas sociales acontecen. Elementos que se pondrían en juego en la controversia de alcance público sobre las cifras de la pobreza, en la que participaron consultoras, instituciones académicas y agencias estatales, al resquebrajarse la credibilidad del índice de precios del INDEC, desde su intervención en 2007.

En la intelección de lo subjetivo participaron saberes heterogéneos. Como señalamos antes, las investigaciones del ODSA y del CEDLAS se inspiraron, respectivamente, en la teoría de las capacidades humanas y en la economía del comportamiento, que habían emergido del campo de la economía en la década pasada. Aunque sus contenidos y procedencias no pueden equipararse, los dos enfoques incorporaron la subjetividad como un elemento de la economicidad: los valores, las emociones y los contextos hacían parte de los comportamientos e interacciones económicas, lo que exigía abordajes que contemplaran el nivel micro-social (Gasparini y Cruces, 2010). Estos postulados convergieron con el espíritu de la tradición sociológica implicada en la relectura de la marginalidad, que se proponía poner en relación las prácticas y estrategias de los actores con los procesos estructurales de la economía. Malimacci y Salvia explicaban que, para no repetir “análisis ‘economicistas’”, centrados en “‘variables, cifras y estadísticas’ que se suponen que hablan por sí solas” (2005: 1), era preciso introducir la capacidad de agencia de los grupos marginados, de la que otras representaciones los despojaban, para comprender de forma más cabal los modos en que se reproducían en el tiempo. “Los pobres tienen cara, tienen nombre, tienen historia, poseen trayectorias valiosas, tienen capacidades, pelean, luchan, no bajan los brazos a pesar de todo”, concluían (ídem: 16).

Entre estos saberes expertos y los de inspiración católica se produjo una superficie de contacto. El enfoque de la Iglesia Católica, argentina y latinoamericana, a propósito de los problemas sociales se reformuló durante la primera década de los años 2000, al incorporar la noción de exclusión y retomar de manera sistemática la perspectiva de las capacidades humanas. La categoría se adoptó expresamente en 2007, en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano,^[28] cristalizando un desplazamiento con las reflexiones anteriores sobre la marginalidad.^[29] Lo que se quebró entre unas y otras formulaciones era la hipótesis integradora: la exclusión entrañaba una “nueva cuestión social”, que ya no consistía en que “se está abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está afuera”; ya no refería a la explotación, sino a la “lógica del descarte” de individuos que pasaban a ser “sobrantes” y “desechables” (v.gr. CEA, 2007; Bergoglio, 2009; CEA, 2010). La encíclica papal Laudato Si, de 2015, consagró estas lecturas. En este sentido, el discurso religioso puso en tela de juicio la “exacerbación de la mirada económica” en los análisis de la exclusión y destacó “las formas” que ésta adquiría “en lo familiar, en la salud, en la vivienda, en la política, en el hábitat, en la educación, en lo moral, etc.”. La noción de “deuda social” sintetizaba esas múltiples privaciones, materiales tanto como subjetivas. De este modo, ella se explicó como el producto de una dinámica estructural, que se expresaba subjetivamente (v.gr. ODSA, 2005, 2007): era, al mismo tiempo, una “deuda existencial” (CEA, 2010) que ponía en crisis el sentido mismo de la vida, la vocación de plantearse metas y trascender dificultades (ODSA, 2005: 328).^[30]

En el intento por incorporar al análisis la dimensión subjetiva y existencial de la marginación/exclusión, la cuestión de la (in)empleabilidad siguió ocupando un lugar destacado. La categoría resultó clave en el tejido de un lazo entre el aspecto económico- estructural de la informalidad laboral y la incidencia y experiencia individuales. En términos de Salvia y Lépore: entre “el nivel macro-económico de las estructuras de oportunidades” y “el nivel micro-social de las trayectorias, los recursos y las capacidades personales” (2005: 156). La cuestión remitió a las formas de distribución, entre los distintos segmentos de la estructura social, de los “recursos de empleabilidad”,^[31] lo que ponía de relieve los condicionamientos estructurales que segmentaban “las oportunidades de acceso a un trabajo digno y a la autonomía económica” (Salvia y Lépore, 2005: 152). Las conclusiones del análisis empírico señalaban que la informalidad laboral incidía más entre las poblaciones de menores niveles de instrucción y situadas en extremos etarios (.v.gr. ODSA, 2004, 2005, CEDLAS, 2007), a partir de lo que se deducía el peso de la condición socio-económica de origen en la formación de capital humano y social y en las posibilidades de movilidad sociolaboral. En un informe del OS se señalaba que “la juventud y el bajo nivel de instrucción constituyen los dos factores mayormente asociados al proceso expulsivo del mercado de trabajo” (2004: 12): el problema de la inempleabilidad se condensaba en los jóvenes de las clases populares, tema recurrente en jornadas de debate y en los escritos de esos años.^[32] En cambio, el claro sesgo femenino de la informalidad laboral, relevado por estudios académicos, no se destacó en el perfil de los grupos marginados: posiblemente, su olvido se deba tanto a cierta invisibilidad del género en la discusión experta del momento, como al hecho de que este “sesgo” no contribuía a delimitar grupos de exclusión bien circunscriptos, ni ceñidos a los segmentos más bajos de la estructura social.

Como en los años noventa, el problema de la (in)empleabilidad planteó una crítica a propósito de la lógica discriminatoria que regía la distribución de los recursos y las oportunidades. Según Salvia y Lépore “los recursos de empleabilidad, en términos de capital humano y redes sociales, presentan una fuerte correlación con la localización en el espacio socioeconómico residencial” (2005: 176): las brechas de empleabilidad seguían la lógica de las brechas sociales. De allí que la crítica que habilitaba este cuadro de situación era por “la inequidad” registrada en el ámbito laboral y la baja movilidad social resultante, pues los “recursos, oportunidades y realizaciones en el campo laboral” dependían de la condición socio-económica de los individuos y de sus familias (ídem). Estos datos, que podrían resultar relativamente previsibles, no eran evidentes desde una concepción de la justicia basada en la igualdad de oportunidades. Como argumenta Dubet, ésta parte de una “ficción estadística” según la cual las posiciones del espacio social se distribuyen proporcionalmente, bajo un modelo de movilidad perfecta, en la que no incidirían las jerarquías ni los estatus (2011: 54). Es por este supuesto que, en los diagnósticos, se expresaba como una anomalía que “individuos que no tengan determinado nivel de riqueza no puedan educarse” (CEDLAS, 2008: 2). Relevada la correspondencia entre la segmentación formal/informal en el mercado de trabajo y la condición social de origen de las y los trabajadores, se cuestionó la falla en el principio del mérito para la distribución de las posiciones laborales.

Pero, a diferencia de las reflexiones de finales de los años noventa, la mirada sobre la distribución de los recursos para acceder a un buen empleo proyectó una crítica de mayor espesor acerca del quiebre de la movilidad social ascendente, que se revelaba como un proceso duradero, que permanecía aun en momentos de recuperación económica. Esto explicaba el carácter “inercial” de la marginalidad, cuyo “mayor problema no es haber caído sino no poder salir de los encadenamientos socio-económicos y político-institucionales que generan las condiciones iniciales de marginalidad” (Salvia, 2005a: 4). El diagnóstico sobre la inadecuación de la política respecto de las condiciones estructurales reaparecía en este punto. Se argumentaba que la desmotivación y la frustración asociadas a la inmovilidad, debilitaban la “cultura del trabajo” entre aquellos “que experimentan una situación ocupacional desfavorable” (Salvia y Lépore, 2005: 155) y dañaba la legitimidad de las normas laborales. En este sentido, el problema de la inempleabilidad y la reproducción de la marginación develaba el déficit estatal “para la formación de un sistema socio-económico basado en reglas de recompensas al esfuerzo” (ídem). Aunque la distribución de los “recursos de empleabilidad” fue puesta en cuestión, el hecho de que la utilidad y la valía de ciertas capacidades laborales se definiesen en el mercado quedó fuera del alcance de la crítica.

En línea con estos diagnósticos, desde el año 2007 comenzó a circular el diagnóstico sobre la “cronicidad de la pobreza”, expresión que daba cuenta de la inmovilidad de los grupos sociales afectados por la exclusión. Ese año, la AAPS organizó las Jornadas de Reflexión sobre Pobreza Crónica, que contó con disertaciones de Salvia y de Gasparini, y, en 2008, el último Congreso Nacional organizado por la entidad se intituló Pobreza crítica y desigualdad persistente. En estos encuentros se trazó una perspectiva analítica que diferenció las situaciones de pobreza transitoria, vinculada con fluctuaciones económicas, shocks y contingencias asociadas al ciclo de vida, de aquellas vinculadas con la pobreza crónica o intemporal (sic), definida por la baja probabilidad de salida. Para Gasparini (2007), aunque tal probabilidad era difícil de estimar estadísticamente e “imposible de definir objetivamente”, resultaba una categoría útil para la discusión de políticas, pues revelaba que pese a los procesos de recomposición social la pobreza se había mantenido estable, en tasas de alrededor del 20% de la población. En cambio, Salvia (2007) refería a una “tasa de cronicidad”, pasible de estimar siguiendo en el tiempo las trayectorias de los individuos en condición de vulnerabilidad. Pese a esta incongruencia, lo cierto es que la persistencia y la inmovilidad se constituyeron en rasgos de lo que se nominó frecuentemente como “núcleo duro de pobreza”: una situación caracterizada por la gran distancia con la línea de pobreza, la baja rentabilidad de los activos productivos disponibles y la inserción consolidada en la economía informal o marginal. La dinámica del fenómeno se graficó con la figura del “círculo vicioso” que explicaba su reproducción en el tiempo y la dificultad de salida (ODSA, 2011: 26). Su articulador era la degradación de las capacidades laborales: mientras que la pobreza condicionaba el acceso a empleos informales, la baja productividad de estos impedía la acumulación de capital humano y social para transitar hacia puestos de mayor calidad, amplificando la condición inicial de vulnerabilidad (Salvia y Lépore, 2005: 142). La marginación/exclusión planteaba la bidireccionalidad entre problemas de empleo y procesos de pauperización, punto en el que se planteó una convergencia con los saberes estatales. Pero, desde esta perspectiva, para desatar el nudo gordiano, la clave era la productividad.

Los trabajadores [del sector informal] están ocupados en actividades precarias o inestables, con condiciones de trabajo deficitarias, bajos ingresos, falta de protecciones sociales y limitaciones para ejercer los derechos laborales. En el mediano plazo, una consecuencia ineludible para el trabajador es la inmovilidad ocupacional, dada la imposibilidad de acumular experiencia o desarrollar habilidades necesarias para participar del sector formal del mercado de trabajo. En el largo plazo, en la etapa de adultos mayores, se impone el abandono económico, la falta de una jubilación digna y la necesidad de continuar trabajando en situaciones de marginalidad social. (ODSA, 2015: 98)

La cronicidad se explicó por la particular relación establecida entre las dimensiones material-objetiva y espiritual-subjetiva de los problemas sociales, que es posible seguir en las investigaciones del ODSA. La encuesta contemplaba las privaciones de las capacidades humanas en dos grandes niveles: el de la subsistencia y la inclusión social (que comprendía cuestiones relativas a la salud, la vivienda, la alimentación, el trabajo y ciertas necesidades psicosociales); y el del florecimiento humano, que remitía al “libre ejercicio de capacidades multidimensionales”, vinculadas con las relaciones sociales, afectivas y cultivo de sí (ODSA, 2005: 42). La clasificación recuperaba la conceptualización del psicólogo estadounidense Abraham Maslow sobre las necesidades, en el marco de su teoría de la motivación humana. Maslow jerarquizaba las necesidades en dos grandes grupos, según su relación con la acción humana: las “inferiores” se vinculaban con la sobrevivencia, eran inmediatamente materiales y se manifestaban como la “falta de algo”; mientras que las superiores tendían a la autorrealización y trascendían la sensación de déficit, pues la acción solo podía orientarse a ellas cuando el individuo estaba libre de las necesidades inmediatas. Desde este punto de vista, la pobreza se presentó como una limitación para el individuo debido a que la constante “lucha por la supervivencia” (Bergoglio, 2009) restringiría su libertad y su potencialidad de “ser plenamente humano” (Maslow 1968: 78). El círculo vicioso bajo el que se reproducía la pobreza crónica estaba dado por el hecho de que la degradación material era concomitante con una degradación subjetiva, existencial, que se imprimía en los espíritus. En este orden, a propósito de los “pobres crónicos”, Salvia señalaba que la encuesta del ODSA relevaba que un 33% decía “no saber qué hacer con su vida”, un 49% manifestaba “no poder pensar proyectos a futuro”, un 53% presentaba “deficiencias de comprensión verbal” y un 22% “riesgo de malestar psicológico” (2008: 40). De este modo, la conjunción de rasgos materiales y subjetivos llevaba a la conclusión del ODSA sobre la constitución de una “infraclase socialmente aislada” (Salvia, 2005a: 7), que tendía a reproducirse como tal entre generaciones (ODSA, 2007). Punto sobre el que los análisis del CEDLAS expresaron mayor reserva.

El diagnóstico movilizó una importante crítica hacia la orientación de las políticas sociales pues, pese a su ampliación e institucionalización, parecían no afectar estos procesos estructurales. “Insistimos”, argumentaban especialistas del OS, “que aun con estas transferencias y planes sociales cerca de un 25% de argentinos no tiene las herramientas con las que poder imaginar y construir un proyecto de vida; porcentaje que es aun mayor entre los jóvenes. ¿Qué está fallando?” (Amadeo, 2015a: 1). Complementando la racionalidad económico-estructural de la exclusión y la marginalidad, la racionalidad subjetiva fundamentó la necesidad de promover un pasaje del aislamiento hacia la integración, de las economías de pobreza a la economía genuina, del trabajo informal al empleo productivo. El horizonte era el restablecimiento de la movilidad: para ello, sería preciso garantizar la satisfacción de las necesidades elementales y desplegar una intervención dirigida a incrementar las oportunidades de acceder a activos, capitales y capacidades hasta entonces vedadas para las poblaciones empobrecidas. En un documento del Episcopado Argentino se señalaba que “la noción de posibilidad” era la que definía el “ideal democrático”: más que la igualación social en sí misma, un desarrollo democrático e inclusivo debía garantizar “el máximo de posibilidades objetivas de elección y el mínimo de condicionamientos” (2007: 33). En este orden, la problematización de la informalidad como expresión de un proceso de exclusión/marginación, destacaba la consolidación de grupos sociales “al margen de los beneficios que otorgan el sistema republicano, el estado de derecho, y la democracia”, para quienes la igualdad de oportunidades parecía inalcanzable.

Las imaginaciones políticas más allá de la utopía restauradora del “empleo normal”

La problematización de la informalidad laboral como expresión de un proceso de marginación/exclusión cuestionó un núcleo vital de los modelo de desarrollo y de Estado vigentes: la imaginación política que los hacía funcionar, relativa a la inclusión social por la vía de la expansión del trabajo regular y protegido. Así, el cuestionamiento hacia los saberes y las políticas estatales sobre el fenómeno dirigió una crítica global del proceso de reforma, que denunció la inviabilidad de la utopía restauradora del “empleo normal” que lo orientaba. Asimismo, ello puso en tela de juicio la perspectiva de reparación del sujeto del trabajo informal que subyacía al proceso de ampliación de las protecciones: es que la negación del horizonte de pleno empleo rebatía la expectativa de transición en la que ella se sostenía. Antagonizando con esta idea, los diagnósticos resaltaron la inmovilidad social, la cronicidad de la pobreza y el aislamiento del “núcleo duro” de informalidad. En este apartado nos enfocamos en los contenidos de esta crítica y en las imaginaciones políticas que ésta albergó, más allá de la utopía restauradora del “empleo normal”.

La consideración de que el horizonte fijado por las políticas sociolaborales, de recuperación del empleo perdido, era inviable se asentó, en parte, en el diagnóstico de una inconsistencia propia del modelo de desarrollo. Se identificaron ciertos obstáculos del orden productivo que le ponían un techo a los procesos de recomposición del mercado laboral hasta entonces desplegados. En este punto, se reactualizaron ciertos núcleos de sentido de los análisis sobre el agotamiento de la sociedad salarial local, principalmente aquellos que señalaban la insostenibilidad económica de las protecciones sociales (ver Capítulo 2). En el nuevo siglo, se observaba que el crecimiento del empleo registrado y protegido no se había impulsado en resortes genuinos, los saltos de productividad. En esta línea, se señalaba que, durante la post-convertibilidad, el aumento de los puestos de trabajo formales se explicaba, principalmente, por la reactivación de los sectores trabajo-intensivos de la economía, vinculados con el mercado interno y de baja competitividad. Aunque en ciertos casos se destacó el rol positivo de las políticas sociolaborales, en general tendió a predominar la idea de que las mejoras en el empleo habían sido el resultado combinado del clima internacional favorable y la protección a los segmentos mercado- internistas por el sostenimiento de un tipo de cambio elevado.^[33] El cuadro se completaba con las políticas de estímulo al consumo y con la reaparición del mecanismo inflacionario, que depreciaba los salarios: este conjunto de factores habían permitido que dichos segmentos mantuvieran un elevado dinamismo, sin la necesidad de promover saltos de productividad para sobrevivir en el mercado (v.gr. Arceo, 2008; OS, 2009; ODSA, 2011). El buen desempeño del “modelo de desarrollo con inclusión” parecía sostenerse en una combinación variable de buena fortuna y oportunidad política.

Luego de la crisis global de 2008 y, sobre todo, desde 2011, los diagnósticos sociales producidos por esta red de saberes señalaron, con dramatismo, que las condiciones que habían sido la base de sustentación del ciclo estaban agotándose: “con la apreciación de la moneda y la recuperación de los salarios reales, los sectores de menor competitividad ven restringida su ganancia y no pueden sostener el nivel de empleo” (OS, 2008b: 5). Bajo esta matriz se interpretaba el deterioro de ciertos indicadores laborales: amesetamiento de la tasa de empleo, destrucción de puestos formales e incremento del subempleo. Según las y los especialistas, otra muestra de los límites de la “economía productiva” para generar puestos de trabajo genuinos era la continua expansión del empleo público.^[34] En función de estas evaluaciones, se diagnosticaba que “la mejora de las condiciones de vida a través del incremento en el volumen de ocupación parece haber tocado un techo en los últimos años” (Arceo, 2008: 6). Por ende, se advertía, no cabía esperar de las parciales mejoras sociales una evolución completa, hacia un pleno empleo regular y protegido. La persistencia de la informalidad no era expresión de una transición, sino de un modelo de desarrollo inconsistente, en el que el empleo alcanzaba tasas elevadas, a costa de su calidad. Era, pues, la otra cara del ciclo de recomposición: la manifestación de los obstáculos no superados por la estrategia de crecimiento. Su faceta más dramática era la pobreza crónica o intemporal, esa underclass social y geográficamente aislada, que diagnosticaban las y los técnicos del ODSA. Estos análisis conducían a una crítica contundente hacia el campo de la política: en definitiva, sus actores, instituciones y lógicas de acción no lograban gestionar de manera eficaz los problemas sociolaborales, regidos por una legalidad estructural “objetiva”. En este cuestionamiento, la política social ocupó un lugar crucial.

Los documentos señalan una apreciación ambivalente del patrón de intervención social del Estado durante el período. Reconociéndose ciertos avances en la cobertura e institucionalización de las prestaciones sociales, se enfatizaba que éstas no intervenían sobre los determinantes de los procesos de informalización laboral y de pauperización. En un documento del OS se apuntaba que, entre los años 2003 y 2006, “la disminución de la desigualdad y de la pobreza había sido provocada por las fuerzas del mercado” (2013: 5), traccionada por la recomposición de la tasa de actividad y el crecimiento de la demanda laboral. Los años siguientes, entre 2006 y 2009, con el deterioro del mercado de trabajo, “las políticas públicas de redistribución” habían sido las responsables de un 40% de la reducción de la desigualdad y del 90% de descenso de la pobreza (ídem). El argumento por un lado afirmaba la incidencia positiva de las políticas sobre los problemas sociales, por otro, señalaba el agotamiento de la tendencia de crecimiento del empleo formal y alertaba sobre una posible bomba de tiempo: la tendencia expansiva de la protección parecía desacoplarse de la dinámica realmente existente en el mercado y la producción. La reedición del Estado Social en el siglo XXI parecía traer consigo una de las limitaciones de su versión original, el espejismo protectorio. Espejismo, porque la política social, ante el carácter estructural del proceso de marginación, solo intervenía a nivel de la superficie:

(…) Parece confirmarse una vez más que el aumento del consumo interno y de la asistencia pública, así como del empleo cualquiera sea su calidad, aunque aliviador de las necesidades más urgentes, no logra resolver estructuralmente la trampa en materia de desigualdad que impone un modelo político-económico fundado en heterogeneidades sociales muy marcadas. (ODSA, 2015: 16)

Sin una perspectiva sólida de expansión del empleo productivo, las alternativas de integración vehiculizadas por la política social no serían más que parciales y transitorias, cuando no degradadas. Ello cancelaba toda apuesta por el reconocimiento de formas de trabajo distintas del empleo “productivo”, entre las que no se encontraban solo las actividades informales, sino también, por ejemplo, las inscriptas en la economía social, que se veían como remediales ante la falta de trabajo genuino (v.gr. Salvia, 2005b; OS, 2015).^[35] En este orden, se polemizaba fuertemente con la idea de que las protecciones sociales pudiesen funcionar, ellas mismas, como un vector de formalización. La protección no reparaba socialmente si estaba anudada a la permanencia de los individuos en trabajos improductivos, inclusive, fuente de auto-explotación (ODSA, 2005). No cualquier trabajo permitía la realización de la función social e integradora que le era propia, en este punto estas redes de expertise coincidían con los saberes estatales. Pero, a diferencia de ellos, más que su condición protegida se destacó el carácter productivo de la labor, pues en él se dirimía su aporte a la riqueza económica de la sociedad y a la autovalía personal, en suma, a la ampliación de las libertades (ODSA, 2005: 153). La productividad, en este caso, definía el trabajo legítimo, mientras que la superfluidad lo desnaturalizaba.^[36] El error, la inconsistencia de las políticas sociolaborales, radicaba en haber reconocido como trabajo a actividades difícilmente categorizables como tal. Así, las discusiones relativas a la inviabilidad de la utopía de restauración del empleo “normal” se entramaron con una crítica hacia la injusticia subyacente a la perspectiva de reparación de los y las trabajadoras informales, y sentaron miradas alternativas de los sentidos del buen trabajo.

Progresivamente, los diagnósticos sobre la persistencia de la informalidad laboral se articularon en una crítica global hacia el patrón de intervención social del Estado y las discusiones especializadas se mixturaron con debates políticos sobre el modelo de desarrollo vigente. Los saberes sobre la marginalidad y la exclusión adquirieron mayor audibilidad pública, intensificándose su presencia en la prensa y registrándose intercambios diversos con otros campos de actividad, más allá del académico, entre ellos, el de la política institucionalizada.

Una expresión de este proceso es la relevancia que adquirió la discusión sobre problemas y políticas sociales en los coloquios anuales del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que nuclea las empresas más importantes del sector financiero, energético y agropecuario. Se trató de un espacio de debate académico con fuerte ascendencia en la opinión pública, que convocó a referentes de esta red de saber, como Salvia, Gasparini y Kritz. Mientras que en su edición del año 2006 se afirmaba que la entidad no era gremial sino académica, una escuela para el debate de ideas de cara a la sociedad (sic), desde el llamado “conflicto del campo”, en 2008, rastreamos una inquietud constante en torno a la “fragmentación de la representatividad empresaria”.^[37] En los años siguientes, el encuentro se vio atravesado por la búsqueda de proyección del empresariado como actor en el debate político, para la concertación de una nueva estrategia de desarrollo:^[38] del 2007 al 2010 se elaboró un programa de discusiones sobre la productividad de la economía argentina que culminó, no casualmente, en las vísperas de una nueva elección presidencial, en la que el oficialismo finalmente renovó su mandato. A partir de entonces, el perfil crítico del Coloquio se agudizó, así como también la penetración de la coyuntura política en su agenda de debate: en 2012 comenzó a discutirse el escenario de las siguientes elecciones, ante un posible cuadro de “ingobernabilidad”, configurado por un oficialismo sin sucesión clara y una “oposición dispersa”.^[39] El Coloquio constituyó un verdadero espacio de congregación del empresariado, representantes y referentes de la política y especialistas con perfil crítico hacia el oficialismo, aunque con trayectorias y visiones estratégicas diversas. Las discusiones sobre la persistencia de la informalidad laboral ganaron espacio, en la medida en que se articuló, creciente, con una crítica hacia el modelo de desarrollo y de Estado.

Los intercambios entre la red de expertise sobre exclusión y marginalidad y el campo de la política también provinieron del contacto entre algunas agencias especializadas y sus referentes con la política partidaria, mundo del cual se habían pretendido ajenos en los años previos. En este sentido, cobraron relevancia otros locus de producción de saber, las fundaciones políticas. El caso más notable que registramos en nuestro trabajo de archivo fue el de la Fundación Pensar, creada en 2010 como usina de pensamiento del Partido Propuesta Republicana (PRO).^[40] Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y principal referente del partido, era su presidente honorario.^[41] En palabras de su primer director académico, Iván Petrella, la fundación había nacido con tres objetivos: elaborar planes de gobierno, sustentados en investigaciones especializadas; acercar personalidades académicas y del sector privado al campo de la política; y participar del debate público para “diseminar una visión de país y de lo que debe considerarse un buen gobierno” (La Nación, 29/11/2015).^[42] Tras su ruptura con el justicialismo, Eduardo Amadeo se incorporó a dicha fundación como Coordinador de la Mesa Social, al igual que Miguel Braun quien, habiendo sido un referente de CIPPEC, pasó a ocupar el cargo de director ejecutivo de la institución. La mirada de Pensar sobre los problemas de empleo amplificó, en gran medida, los análisis críticos que repusimos hasta aquí, participando de la problematización productiva de la informalidad laboral. Un documento del año 2014^[43] señalaba que las políticas laborales que habían movilizado la reducción de la desigualdad en los últimos años ya no eran sostenibles: se cuestionaba que éstas no habían sido reorientadas por el oficialismo, a pesar de las alertas emitidas por el mercado laboral desde 2012. “Es simple”, explicaba Braun en una columna de opinión para Infobae, “sin aumentos en la productividad por trabajador, no se pueden sostener aumentos en los ingresos de todos y el aumento de productividad por trabajador requiere más capital y mayor tecnología” (2/01/2013).^[44] Polemizando con los discursos oficiales, Braun retomaba un estudio de CIPPEC que concluía que, tras el quiebre de la convertibilidad, no se había desplegado un proceso de industrialización superior al de la década de 1990 y que el único sector en donde había primado la inversión había sido el agro.

La crítica sobre la insolvencia de la estrategia de desarrollo circuló en el debate político, haciendo propios los viejos y nuevos diagnósticos acerca de la exclusión. Referentes de la Fundación Pensar denunciaban que, otra vez en la historia argentina, “la suerte económica” había sido “apropiada por el Estado y repartida para potenciar el consumo y ganar elecciones” (ídem), en lugar de apostar por cultivar la productividad y sedimentar un desarrollo económico y social genuino y duradero. Otros sectores retomaron estas observaciones, perfilando una crítica hacia la política social como promotora de dependencia económica y moral. En el año 2011, otra fundación, Unidos del Sud, vinculada al empresario y entonces diputado nacional Francisco de Narváez, difundió en la prensa los resultados de un análisis del presupuesto de 2012, según el cual “el Estado subsidia a 13 millones de personas”.^[45] La cifra comprendía situaciones tan diversas como el empleo público, las jubilaciones y pensiones, la percepción de programas sociales y de seguros sociales, pero en base a ella se deducía “un fuerte grado de dependencia de la ayuda estatal”. Representación, acaso, de lo que una invitada internacional del Coloquio de IDEA denominó como la “sociedad de la subvención”.^[46]

Ahora bien, ¿cabía esperar de la reorientación “productiva” de la estrategia de desarrollo la posibilidad de expandir el empleo y de lograr, a través suyo, la integración del conjunto social? ¿La crítica se dirigía a rehabilitar ese horizonte? Si bien su progresión argumental conducía a la afirmación de otra forma posible de gestionar el sesgo excluyente de la vida económica, simultáneamente se pronosticaba una mayor flexibilidad y movilidad del empleo. La imaginación política asumía un límite: el mundo laboral podía ser de otras maneras a las existentes, pero la estabilidad había quedado en el pasado, era imposible retornar a ella. La reflexión sobre los márgenes de la intervención social en la organización del trabajo y de las protecciones, en suma, de la vida individual y social, asumía un contenido bien distinto a la sintetizada en la utopía restauradora. Es que la exigencia de adecuación de la política a unas determinadas condiciones estructurales significaba una renuncia. Así lo expresaba Guillermo Cruces, subdirector del CEDLAS en una entrevista para La Nación:

Si, como país, cambiaste tu estructura productiva, tenés que pensar las políticas públicas en general, las políticas sociales, para tener el mejor resultado en la situación actual, en lugar de pensar en volver a lo que tenías antes. No importa si era buena o mala: la estructura productiva de fines de los 80 ya no está. Nunca más va a existir. Y no hay que hacer políticas sociales para intentar recrear eso, sino intentar crear dentro de las condiciones que existen hoy en día.^[47]

Sobre toda práctica política recae una exigencia de adecuación a su contemporaneidad: en prescindencia de ella, devendría inoperante. Sin embargo, retomando a Lechner (1984), la división entre lo posible y lo imposible es, en sí misma, objeto de la práctica y de la lucha políticas: no hay realismo, dice, sin utopía (2008: 7), ni reflexión sobre lo posible sin exclusión de lo imposible.^[48] La problematización productiva de la informalidad laboral delineó esa frontera recurriendo a la idea de un “límite estructural”: era la legalidad de las relaciones económicas la que, ante todo, determinaba la imposibilidad de una regulación bienestarista del empleo. El principio de realidad, el vector de adecuación de la política, estaba dado por la esfera económica: ése era el prisma con el que mirar el mundo tal como es. La “aceptación realista” de que las reglas “del juego que podemos jugar” (Fisher, 2015: 39) se definen en el marco de la economía de mercado es, de por sí, un principio de visión y división culturalmente producido, aunque se pretenda un hecho evidente. La adopción del realismo como impostura rechazaba el gesto utópico, recreado por los saberes estatales, en la reflexión sobre el trabajo y su lazo con la protección. Aquí también hay que ver una renuncia, pues la utopía ha sido un núcleo de los procesos de cambio político en la modernidad (Srinicek y Williams, 2017: 109). En este sentido, consideramos que los saberes de la exclusión y la marginalidad participaron de una interrogación distópica^[49] sobre el mundo del trabajo, que adolecía de la doble referencia que define a la utopía. Primero, una dificultad para reflexionar sobre un eu topos, un buen lugar, más allá del principio de realidad. En consecuencia, una falta de u topos, de no lugares o lugares que aún no existen, pero que movilizan a la acción política, puesto que son imaginados. Parafraseando a Oscar Wilde, un mapa del mundo que excluye “el país de la utopía” no perfila alteridades radicales como alternativas a lo existente.

El contenido distópico de la reflexión se sintetiza en el debate sobre el “futuro del trabajo”, que atravesó los diagnósticos sobre los problemas sociolaborales y las perspectivas para intervenirlos.^[50] Habiendo desplazado a las teorías “del fin”, este tópico compartía con ellas el cierre de las alternativas pensables como factibles para la organización del trabajo. La diferencia era que tal clausura no provenía de la consumación de la tendencia del progreso, como en las tesis del fin de la historia, sino del quiebre con el pasado: la tradición salarial y bienestarista perdía contacto con el presente, pues al ser definida como una racionalidad caduca y anacrónica no había nada en él que pudiera interrogarla, desafiarla, actualizarla. Es que, como sintetiza Jameson (2005), la reflexión distópica sentencia la muerte del pasado. En el Coloquio de IDEA de 2011, un economista y publicista español radicado en Estados Unidos, Xavier Sala iMartin, metaforizaba el cambio productivo como un “enorme meteorito”, frente al que cabía adaptarse o desaparecer. En la reflexión sobre qué hacer con semejante cambio, el pasado y la tradición quedaban descolocados. La renuncia a la –ya imposible– estabilidad avizoraba un futuro vertiginoso, atributo que lo hacía relativamente impensable, imponderable, ¿ingobernable? La adopción de una mirada realista sobre el futuro fijaba la atención en el presente: desafectada del ideario de progreso que organiza la relación entre pasado, presente y futuro propia de la utopía, la reflexión distópica construía la acción política en términos eminentemente defensivos. Por eso, conforma una imaginación política “no modernizadora”, que renuncia a la ruptura o interrupción del futuro en aras de “abrirlo para nosotros de nuevo” (Jameson, 2006: 72).

La afirmación de la imposibilidad de recobrar la estabilidad de y en el trabajo cobra otra dimensión si consideramos que, sobre ella, se fundó todo un complejo político-institucional que modeló la integración social y las formas de individuación durante buena parte del siglo XX. No se trata de idealizar este patrón de integración, que supuso exclusiones y formas subordinadas de pertenencia. Con este señalamiento, nos interesa más bien resaltar la dimensión civilizatoria de las ideas de estabilidad y de seguridad, a menudo aligeradas bajo una acepción descriptiva de las relaciones laborales. Podría eventualmente prescindirse de la condición salarial, ¿pero es humanamente posible y deseable una vida insegura, inestable? ¿A qué se renuncia al afirmar la inviabilidad de la estabilidad y de la seguridad? Aunque se instalara una promesa de superación de los límites estructurales que frenaban la generación de empleo productivo, la afirmación de que éste ya no podría recobrar la estabilidad perdida tenía como correlato (no siempre formulado) la previsión de exclusiones y la proyección de un trabajo individual permanente por actualizar las propias capacidades laborales para la reinserción. El futuro del trabajo se imaginaba en función de las relaciones vigentes en el presente: esto hacía que fuese más realista la pregunta por cómo reacondicionar las protecciones para contener los momentos de “superfluidad”, que el interrogante sobre posibles formas de organización del trabajo para hacer más sostenible la vida humana, en lugar de ponerla en riesgo.

El desacople de las protecciones respecto del tipo de inserción laboral se fundó en un principio de realidad y en una racionalidad práctica, de carácter defensivo.^[51] En el quiebre con el pasado y con la asunción de una mirada “realista”, las distopías sobre el futuro del trabajo flexible problematizaron el potencial dislocamiento de la vida individual y social. Al “no estar nada claro en el mundo moderno cuánto del empleo tradicional se va a recuperar”, era preciso desvincular “paulatinamente [el sistema de seguridad social] de lo que es el trabajo tradicional” en aras de brindar protección a los grupos excluidos, posibilitando su futura reinserción (Neri en AAPS, 2002: 90). Como explica Mark Fisher, “’ser realista’ alguna vez significó estar a tono con la realidad experimentada como algo sólido e inmóvil. El realismo capitalista, sin embargo, implica que nos subordinemos a una realidad infinitamente plástica, capaz de reconfigurarse en cualquier momento” (2019: 89). El principio de desacople entre trabajo y protecciones a menudo se entramó con la noción de universalidad, pero la relación con ella fue ambivalente: la protección de las poblaciones excluidas no necesariamente exigía reformular las reglas del complejo protectorio, ni el rechazo de principios alternativos, como el de la necesidad.^[52] Sobre este punto las perspectivas y propuestas elaboradas por esta red de expertise difirieron notablemente, en la medida en que la desestabilización del empleo dio lugar a una reflexión sostenida sobre el riesgo de dualización social y los atributos que debían reunir las protecciones para evitar la consolidación de estatutos diferenciados de pertenencia a la comunidad política.

Más allá de estas divergencias, un elemento común entre los saberes de la exclusión y la marginalidad fue la perspectiva de una terapéutica de la reinserción, que reformuló los contenidos y finalidades de las protecciones proyectadas. El diagnóstico sobre el fracaso de las políticas sociales del ciclo de la post-convertibilidad en la reversión de la inmovilidad social justificó la idea de que era necesario fortalecer estrategias de intervención orientadas a la inclusión social de los grupos excluidos.^[53] Las investigaciones del CEDLAS sobre las trayectorias de pobreza fueron de suma relevancia en esta evaluación: éstas señalaron que los procesos de exclusión suponían la destrucción de elementos que luego no se recuperan por los efectos de la reactivación económica. En este sentido, se advertía que la salida de la situación de pobreza no dependía solamente de la ampliación del crecimiento y del empleo productivo, sino de una batería de políticas especialmente dirigidas a sectores marginados para cultivar su capital humano y social, saldo subjetivo de la dinámica de exclusión. En palabras de Cruces, no solo se trataba de ampliar las oportunidades disponibles, sino de brindar herramientas para poder aprovecharlas. Especialistas con trayectoria en gestión pública, como Amadeo, Arroyo, Neri y Novacovsky, apuntaron a la visión de un Estado cercano, que administrara localmente sus políticas y acompañara de manera personalizada a los individuos en una intervención terapéutica para la reinserción. “Un Estado que se acerque a la gente y la acompañe en su difícil vida para poder salir definitivamente de la pobreza” (Amadeo, 2015a: 2).^[54] Esta idea perfilaba una crítica hacia las políticas de redistribución de ingresos, sobre todo el Progresar (ANSES), que se dirigía al “grupo de exclusión” más sensible, la juventud:

Asumir que una suma de dinero mensual va a ser suficiente como para superar el determinismo generado por una historia de vida, es cuando menos ingenuo; pero además muestra una grave carencia en el análisis de las múltiples razones de la exclusión. ¿Podemos pensar acaso que el dinero por si solo puede alcanzar para recuperar las pérdidas generadas por la pobre nutrición o por los impactos que produce la violencia familiar que se remonta -como lo demuestran incontables estudios científicos- aún al vientre materno? Por todo ello es que los programas sociales que han tenido éxito con esta difícil población avanzan hasta el punto de contar con tutorías que siguen cuerpo a cuerpo a los jóvenes que ingresan o reingresan a la escuela para que ellos puedan superar tales restricciones con el apoyo de especialistas que los acompañan o con docentes especialmente entrenados. (Amadeo, 2015b: 1)

La terapéutica de la inserción nos señala las dificultades para imaginar y recrear un régimen general para la integración, más aun ante la clausura de una perspectiva de estabilidad asociada con el trabajo. Resulta difícil imaginar que vidas asistidas “cuerpo a cuerpo” puedan llegar a ser exitosas en la competencia, como se bregaba desde una consideración de la justicia a partir de la igualdad de oportunidades entre individuos de diferentes categorías sociales. La reflexión distópica sobre el futuro del trabajo comprendía un desgarramiento de los imaginarios integradores.

En este punto, es preciso distinguir otro tipo de imaginación política sobre el trabajo y las protecciones, sostenida a partir de diagnósticos sobre la informalidad laboral afines a los elaborados por esta red de expertise. Más allá de las conexiones, se trató de una reflexión sensiblemente diferente sobre las intervenciones sociales a construir, que dio prioridad al objetivo de adaptabilidad del recurso humano al “trabajo del futuro”, flexible, móvil, creativo y autónomo, competitivo. Esta proyección se caracterizó, antes bien, por los rasgos de la utopía y no de la distopía. La mentada adaptabilidad de las trabajadoras y trabajadores se proponía como la vía para el progreso individual y de la sociedad en su conjunto, sacando provecho del cambio productivo en ciernes, más que refrenándolo. Esta perspectiva atravesó especialmente al debate político: figuras partidarias y especialistas enlazados con fundaciones políticas, como Pensar, promovieron esta programática en la prensa escrita y en sus disertaciones en eventos públicos, como el Coloquio de IDEA. De este modo, la reversión de la informalidad laboral pasó a depender del cultivo de la productividad de los trabajadores y trabajadoras del sector: con ello se simplificaba la complejidad del análisis estructural que los saberes de la exclusión y de la marginalidad venían tejiendo desde hacía más de una década. La simpleza de la alternativa contrastaba con el dramatismo de los diagnósticos: en la edición del año 2009 del Coloquio de IDEA, el entonces Ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Néstor Grindetti, sentenciaba de forma tajante que, de no reformularse el sistema educativo, un grupo de jóvenes corría “el riesgo de no poder recuperarse para el sistema productivo”.

Desde estas lecturas, las intervenciones sociales debían reorganizarse atendiendo a la cuestión de la empleabilidad. La actualización permanente de las capacidades se establecía como la vía predilecta para sobrellevar las transformaciones del mercado laboral, sobre todo en lo relativo a los cambiantes requerimientos de una demanda móvil y exigente. Enorme peso para los individuos, pues “adaptarse” era, ante todo, una capacidad humana en sí misma, que debía formarse. Los y las trabajadoras del futuro debían ser capaces de desempeñarse en esquemas colaborativos, resolver problemas y actuar bajo presión, manteniendo la proactividad. Lo que se denegaba en estas reflexiones era el correlato excluyente de la mentada “adaptabilidad”, un eufemismo bajo el que se hacía referencia a la adaptación individual a parámetros cambiantes de competencia en el mercado. Fue en relación con estas prospectivas que ingresó al debate local la figura del “emprendedor”, trasladándose desde el mundo empresarial (pues constituía un nuevo modelo de empresa) hacia el mundo del trabajo.^[55] La figura del emprendedor sintetizó el ideal de adaptabilidad: a ella se asociaban la búsqueda de innovación, la flexibilidad, la “adaptación a las reglas del juego”, y la pérdida del “miedo al fracaso” (sic). La semblanza del sujeto del trabajo del futuro como un emprendedor ilustra con claridad la denegación de la inseguridad como revés de los procesos de “adaptabilidad”. La inspiración protectora de las distopías sobre el futuro del trabajo flexible aquí quedaba descentrada. El llamado a perder el miedo a fracasar en un mundo laboral que se diagnosticaba como cada vez más flexible, móvil y competitivo, resulta paradójico.^[56] Es que la utopía de la adaptabilidad permanente se erguía sobre una “razón cínica”, en términos de Zizek: “el sujeto cínico está al tanto de la distancia entre la máscara ideológica y la realidad social, pero pese a ello insiste en la máscara” (2014: 57). No se trata de ingenuidad acerca de las consecuencias de la perspectiva de una adaptabilidad continua, permanente, respecto de la competencia mercantil, sino de su más pura denegación. La torsión respecto de las distopías sobre el futuro del trabajo está dada por la obliteración de los efectos negativos que supone, para la vida humana, la subordinación del trabajo a la competencia permanente. La imaginación de un camino al éxito –nacional e individual– regido por la ampliación de la productividad, banalizó las desigualdades estructurales en las que habían insistido los saberes de la marginación/exclusión. No obstante, esta forma de utopismo cínico parecía hacer uso, alimentarse, de las reflexiones distópicas sobre el mundo del trabajo.

Las imaginaciones políticas articuladas alrededor de los tópicos sobre el “futuro del trabajo” y el “trabajo del futuro” no fueron las únicas que se elaboraron partiendo de los diagnósticos de la informalidad laboral como expresión de una dinámica excluyente. En una dirección bien diferente, hacia final del período una serie de saberes populares alumbraron la imaginación sobre otras formas posibles del organizar el trabajo, en defensa de las economías populares, aquellas que en el discurso especializado quedaban comprendidas bajo las categorías de economía informal y de pobreza. Nos referimos a los discursos e intervenciones producidos desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), una organización gremial creada en el año 2011 para nuclear trabajadoras y trabajadores de las cooperativas fomentadas por el MDS, en condición de precariedad e informalidad, vendedores ambulantes, changarines. La actividad gremial de la organización también supuso la elaboración de una lectura sobre el valor económico y la utilidad social de esa filigrana económica que se extendía por los territorios. En esa producción de saber cuestionaron un núcleo de las problematizaciones sobre la exclusión: el modo de determinar la superfluidad. Desde la CTEP se declaraba que “definitivamente no [somos improductivos], porque producimos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra dignidad”, aunque “somos deficitarios desde el punto de vista económico” (Grabois y Pérsico, 2015: 31). Esa premisa era el punto de partida de una programática dirigida a “dignificar” el trabajo producido en los bordes, en la periferia capitalista (sic). Se trató de una auténtica “respuesta”, elaborada en una articulación de saberes populares, a las problematizaciones que analizamos aquí sobre la exclusión y la relación con la economía informal. Nos detenemos en esos debates en el próximo capítulo, pues se dirigen a una cuestión más específica que, por el momento, hemos rodeado reiteradamente: la delimitación y exclusión de un espacio ideal de “no trabajo”, como parte de las problematizaciones del trabajo informal.

Gráfico 4: Problematizaciones e Imaginaciones Políticas II. La informalidad como asunto productivo

Fuente: elaboración propia

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