Presentación: problemas, objetivos e hipótesis de trabajo

Esta libro analiza las relaciones entre la problematización de la informalidad laboral y de las condiciones que definen a su sujeto con los procesos de reorganización de las protecciones sociales del Estado nacional, vehiculizados por la asistencia y la seguridad social, entre los años 2002 y 2015 en Argentina. Partimos de desnaturalizar el hecho de que la informalidad laboral constituye un problema relativo a la desprotección social de quienes trabajan en dicha condición, para reponer las condiciones históricas de posibilidad de tal consenso. En este sentido, nos interesa visibilizar los desgarramientos del campo de discusión sobre las condiciones de vida, de empleo y los procesos de integración social, tal como se había estructurado hasta finales de los años noventa, y analizar sus reconfiguraciones durante el período de estudio. Nos enfocamos en el debate especializado sobre el fenómeno de la informalidad laboral, en la medida en que nos permite adentrarnos en los regímenes de saber que dieron sentido a las intervenciones sociales del Estado dirigidas a ampliar la protección hacia colectivos laborales por fuera del empleo típico, generándose múltiples yuxtaposiciones entre la asistencia y la seguridad social. Asimismo, este enfoque nos permite relevar aquellas redes de saber que participaron de la crítica hacia el modelo de política social del ciclo, cuestionando su legitimidad.

El período que abarca la investigación, que comprende la salida de la crisis de los años 2001 y 2002 y las administraciones del kirchnerismo,^[1] delimita un ciclo de políticas sociales, distinguible por ciertas modalidades dominantes en la intervención estatal sobre las condiciones de vida y de reproducción de la vida (Danani, 2017a). En los campos de la asistencia y de la seguridad social del Estado nacional se desplegaron intervenciones fundadas en la consideración de la informalidad laboral como un problema relativo a la desprotección social de los sujetos afectados por ella. Compartiendo este fundamento, las protecciones dirigidas a este colectivo laboral conjugaron objetivos, poblaciones, acciones e institucionalidades disímiles. Si bien en el desarrollo nos referiremos a ellas con mayor profundidad, en vistas al desarrollo del problema de investigación antes enunciado conviene destacar aquí algunos de los rasgos que motivaron el estudio.

En lo relativo a la seguridad social, además de la unificación y estatización del sistema -que revirtió la reforma operada en los años noventa-, destacamos los siguientes movimientos: a) la reinterpretación del principio contributivo, como en el caso del Plan de Regularización de la Deuda Previsional, conocido como moratoria, a través de cuyas dos ediciones (en 2005 y 2014) se incluyó en el sistema a un conjunto de sujetos “atípicos” para el esquema de seguros reconociendo, con ello, al trabajo no registrado como soportes de protección; b) la relevancia asignada a componentes no contributivos para alcanzar al conjunto de trabajadores y trabajadoras con una inserción informal en el mercado, de la que la sanción de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH) en 2009 es una máxima expresión, al inscribirse en el régimen general de asignaciones familiares; y c) la jerarquización de las prestaciones de las escalas inferiores de haberes, a las cuales se incorporaron los sujetos incluidos en el sistema de seguridad social a través de las medidas recién nombradas.

Por su parte, los esquemas asistenciales devinieron masivos a partir de la salida de la crisis de los años 2001 y 2002, desde la implementación del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD), cuando la desocupación alcanzó picos históricos. El PJJHD funcionó como un umbral hacia programas amplios y regulares de transferencias monetarias, que permanecieron más allá de la situación de emergencia. La población asistida, perceptora de dichas transferencias, a menudo fue alcanzada, también, por ingresos provenientes de la seguridad social, por las medidas que impulsaron la extensión de su cobertura:^[2] accedieron a jubilaciones mínimas mediante la moratoria previsional; a pensiones no contributivas, el rubro de mayor gasto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) durante todo el período; y, desde 2009, a la AUH que, en su puesta en funcionamiento, absorbió parte de las transferencias monetarias no contributivas^[3] otorgadas por dicho Ministerio. En la misma dirección, las políticas de integración socio-productiva llevadas adelante por el MDS, como el Plan Manos a la Obra (PMO), el Programa de Ingreso Social con Trabajo- “Argentina Trabaja” (PRIST) y “Ellas Hacen”, se intersecaron con modalidades especiales de registro de la actividad y de aseguramiento de los sujetos inscriptos en ellas: monotributo social, acceso a obra social y las ya nombradas asignaciones familiares no contributivas. El aseguramiento de estas poblaciones se vio traccionado por la invocación de su condición de “trabajadoras”, poniendo en tensión su categorización como “asistidas”. A través suyo se pretendía establecer formas de equiparación con las protecciones propias del trabajo formal.

El sentido de estas intervenciones no se completa sin la referencia a la reorientación de las políticas laborales respecto de las reformas del ciclo neoliberal precedente. Durante el año 2002 se desarrollaron medidas orientadas a neutralizar una situación definida como de emergencia económica y social,^[4] lo que llevó al despliegue de regulaciones estatales sobre la oferta y la demanda de trabajo (con la finalidad de contener la desocupación y conservar la cantidad de puestos) y sobre la distribución primaria del ingreso (sancionando mecanismos de actualización salarial extraordinarios). Fue desde 2003 que se estabilizó un conjunto de políticas dirigidas a lo que las autoridades del MTEySS definieron como la “restauración” del trabajo registrado, regular y protegido (Tomada, 2007, 2011, 2014), atributos que habían regido los procesos de normalización de la relación asalariada en el país bajo el modelo del Estado Social en Argentina. En este orden, se dispusieron políticas de promoción del empleo registrado, y la inspección y fiscalización del trabajo no registrado fueron rejerarquizadas en la institucionalidad laboral. En ciertos sectores de actividad en los que se diagnosticaban procesos más intensos de informalización, dichas políticas se complementaron con modalidades especiales de registro con subsidio estatal.^[5] También se asentaron una serie de políticas “activas” de empleo, cuyo objetivo fue apuntalar la reinserción laboral de trabajadoras y trabajadores desocupados o insertos informalmente en el mercado mediante acciones de fortalecimiento de la empleabilidad (el Seguro de Capacitación y Empleo, el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, entre otros). El Estado reivindicó para sí el rol de regulador de las relaciones laborales, confrontando con el imperativo de asumir individualmente sus riesgos, lo que había dominado el discurso estatal y experto durante los años noventa (Grassi, 2003; Danani y Lindenboim, 2003).

La definición de la informalidad laboral como un vector principal de la desprotección social supuso la reposición del ámbito del trabajo como matriz de las condiciones de vida de los sujetos, lo cual indica una serie de rupturas con la problematización neoliberal de la cuestión social, analizada en profundidad en el campo de estudios de la política social (v.gr. Grassi, Hintze y Neufeld, 1994; Grassi, 2003; Danani y Lindenboim, 2003; Leal Ivo, 2005; Merklen, 2005; entre otros). La reflexión sobre la informalidad laboral conmovió, en primer término, la patente disociación entre problemas de empleo y de pobreza que rigió el campo de la política social en la década previa, al interrogarse directamente por las conexiones con el mundo laboral y productivo, así como con la política y las alternativas para gestionar la economía. Si la cuestión social había sido problematizada bajo los términos del fenómeno de la pobreza en los años previos, la informalidad laboral encerraba la pregunta por la relación entre los procesos de empobrecimiento y la calidad de las inserciones en el mundo del trabajo. En este sentido, se produjeron transformaciones en la red de problemas sociales que encontraban en dicha problematización su sentido, así como también en el contexto de referencia al que se remitía su explicación (Grassi, 2003; Merklen, 2005). Hubo de redefinirse, pues, el campo conceptual sobre los problemas sociales y los modos de interpelación de los sujetos del trabajo y de la protección. En segundo lugar, la gravitación de la informalidad laboral entrañó la desestabilización de los discursos, hasta entonces dominantes, sobre el trabajo, que lo habían inscripto en un registro puramente económico y sustraído de la reflexión política. La discursividad neoliberal había participado de la circulación de las teorías sobre el “fin del trabajo”, ejerciendo un desconocimiento del mismo como vector principal de los procesos de creación de riqueza. Relativizando su utilidad, estos discursos soslayaron la necesidad de protección del sujeto de trabajo (de la Garza Toledo, 1999). Estos discursos participaron del proceso de descolectivización de los riesgos que rigen la vida individual y de las protecciones del trabajo como soportes de vidas socialmente valiosas. La puesta en cuestión de estos discursos resituó al trabajo en la reflexión sobre los procesos de integración en la comunidad política y de participación de la riqueza socialmente producida, abriéndose un nuevo campo de debates desde la salida de la crisis de 2001 y 2002.

De modo que las alteraciones en las políticas laborales, de la seguridad social, y asistenciales del período en análisis no hubieran sido posibles de no haberse producido rupturas en los discursos constituidos como dominantes durante los años noventa acerca del trabajo, de la pobreza y de sus relaciones recíprocas. Mirando estos procesos de conjunto, podemos advertir que la búsqueda de reinscribir las protecciones sociales en los derechos del trabajo llevó a un recentramiento de la seguridad social y, en función de la inclusión de las y los trabajadores en condiciones de informalidad laboral, a una redefinición de los criterios de acceso al sistema. En este proceso de ampliación de la cobertura, la seguridad social llegó a comprender a un sujeto cuyas trayectorias y condiciones laborales no se ajustaban a aquellas para las cuales el sistema había sido originariamente ideado (Danani, 2017a), reelaborando exclusiones históricas y desbordando su tradición. Al mismo tiempo, la interpelación de las poblaciones –otrora definidas como pobres– en tanto que trabajadoras puso en discusión el estatuto de la asistencia de forma continua, generándose yuxtaposiciones con la seguridad social. La ampliación e institucionalización de las protecciones sociales en nombre de la inclusión del sujeto del trabajo informal no solo reformuló las orientaciones de las políticas sociales del ciclo neoliberal precedente, en abierta polémica respecto de sus fundamentos, sino que también puso en tensión, desafió, interrogó la relación histórica de oposición y complementariedad entre la asistencia y la seguridad social construida en períodos previos de la historia del país, especialmente durante el Estado Social (Grassi, Hintze y Neufeld, 1994; Soldano y Andrenacci, 2006; Danani y Hintze, 2011). Al desestabilizarse la serie histórica que había organizado la protección de las clases trabajadoras en el país, los procesos de integración social fueron interrogados. Nos estamos refiriendo al trabajo político-cultural por el cual una sociedad se reconoce como conjunto unificado, más allá de sus divisiones constitutivas, instituyendo ciertos mecanismos de regulación social que viabilizan tal cohesión (Grassi, 2006).

Tanto en la seguridad social como en el campo asistencial, se retomaron tradiciones diversas y al mismo tiempo se actualizaron, convergiendo con otras programáticas en circulación y produciéndose desbordes y mixturas inesperados. La protección de la población activa definida como informal invocó principios heterogéneos. Fueron múltiples las producciones en el campo de estudios de política social que se internaron en este punto, esforzándose por captar y dar sentido a la heterogeneidad del ciclo de políticas, tanto en lo relativo a los fundamentos y principios organizadores de sus esquemas institucionales, como en relación con sus resultados en materia distributiva, en la estratificación social y en cuanto a los derechos instituidos. Dicha heterogeneidad delimitó un problema analítico de relevancia. Justamente fue alrededor de aquellas medidas que tensionaron clasificaciones establecidas que se desplegaron los más intensos y prolongados debates: fue el caso del PJJHD primero, y de la AUH después. Ambas movilizaron discusiones académicas acerca de su “naturaleza”, ante los desbordes que entrañaban en las tradiciones asistenciales y del seguro social. Algunos análisis comprendieron dicha heterogeneidad como expresión de un régimen “híbrido” entre esquemas de seguro y versiones “poco ortodoxas” de transferencias condicionadas de ingresos (Lo Vuolo, 2010; Pautassi et al., 2013); en una línea similar, otras refirieron a la “universalización mínima de la seguridad social” (Soto, 2010); finalmente, ciertos estudios propusieron la idea de un “universalismo sui generis” (Danani, 2013), entre reediciones y actualizaciones de la tradición peronista (Grassi, 2016). En cambio, en el debate público adquirieron especial gravitación cuestionamientos, de distinto signo y filiación, hacia la desnaturalización del principio contributivo, sus efectos perjudiciales en la sostenibilidad financiera de la seguridad social (la previsión, en particular) y las injusticias a las que ello daba lugar. Con el análisis de los procesos de problematización de la informalidad laboral y de su conexión con las reorganizaciones de la política social, pretendemos aportar a la comprensión de la sinuosa configuración del campo de la protección.

El foco en los procesos de problematización de la informalidad laboral nos permite, por un lado, dar cuenta de los elementos heterogéneos que confluyeron en ella, abandonando el supuesto de que tanto la hechura de los problemas como de las programáticas de intervención en torno a ellos reúne elementos homogéneos y coherentes entre sí. Por otro lado, habilita el análisis de las marchas y contramarchas en la definición de la acción estatal, atendiendo al devenir de las políticas en su relación con los sentidos político-culturales que se producen en torno a ellas, con las alternativas discutidas y las desestimadas, y con los cambios en las orientaciones, en las argumentaciones y en las definiciones del problema que nos ocupa (el trabajo informal). Así, nos proponemos reponer las condiciones históricas y las disputas a través de las cuales se produjeron los desbordes de ciertas tradiciones, su convergencia con otras programáticas, y los bloqueos de otros sentidos posibles sobre la protección social. Al hablar de las condiciones en las que ciertos problemas y alternativas para su transformación emergieron y se volvieron pensables, no planteamos una especie de determinismo histórico, sino que nos preguntamos por el particular entramado constituido entre las ideas y la política (Vezzetti, 2013). Es en este marco que la heterogeneidad de las políticas sociolaborales del período constituye un problema analítico: puede hablarnos de las confrontaciones pero también de encuentros inesperados, mezclas y transiciones entre los discursos que interrogaron el problema de la protección de las y los trabajadores informales. En este sentido, las condiciones históricas remiten tanto a la estructuración de los discursos como a los azares a los que se encuentran sometidos (Terán, 2013).

Buscamos analizar los modos en que, en el período en estudio, la construcción del sujeto legítimo de protección se entrelazó con los modos de reconocimiento de los sujetos del trabajo. Las imaginaciones políticas sobre el trabajo formal viable y deseable y sobre su capacidad de integrar socialmente se encuentran en estrecha vinculación con los debates sobre las formas legítimas de dependencia y protección: sobre sus circunstancias, alcances, condiciones y sobre los derechos y obligaciones que ellas sancionan. Consideramos que podemos contribuir a una mejor comprensión de las condiciones de legitimidad (o ilegitimidad) que han logrado y logran las intervenciones sociales del Estado dirigidas al sector de trabajadores y trabajadoras informales, las cuales no nos interesan por sí mismas, sino como fundamento de un modo de sociabilidad y de integración respecto de la comunidad política. Ello, en un contexto en el que las protecciones están siendo sometidas a debate, viéndose cuestionadas en su necesidad y conveniencia, no sólo en nuestro país, sino en términos regionales e internacionales.

La hipótesis general es que el tratamiento de la informalidad laboral como problema social en el tránsito al siglo XXI expresó una nueva interrogación de las relaciones entre la producción económica y la reproducción social, entre el trabajo y las condiciones de vida, entre los problemas de empleo y de pobreza. Se trata de registros constituidos como esferas diferenciadas, separadas y, en ocasiones, opuestas en la modernidad capitalista, pero el trazado de su frontera es fuente de crisis y conflictos políticos permanentes. En este sentido, la relación entre el trabajo y las condiciones de vida conforma un problema dado al pensamiento y a la acción. Parafraseando a Castel, en torno a ella se ha formulado un “haz unificado de interrogantes”, “reformulados varias veces a través de crisis e integrado datos nuevos” (1997: 19). De los modos de definir el trabajo y su relación con las condiciones de vida de su sujeto (y con la reproducción social en un sentido más amplio) se derivan distintas perspectivas sobre los procesos de integración social y sobre las intervenciones sociales del Estado para modelarlos. El tratamiento de la informalidad laboral es indicativo de la emergencia de una serie de preguntas sobre las condiciones de trabajo y su vínculo con la condición de des/protección social, previamente subordinadas bajo la hegemonía del pensamiento neoliberal y punzadas por la crisis histórica del Estado Social de inspiración bienestarista.

Se trató de un proceso de alcance internacional, que registró en nuestro país condiciones particulares. Si desde mediados de los años noventa comenzaron a registrarse ciertas reformulaciones en los modos de circunscribir y conceptualizar los problemas de empleo y de pobreza, fue en los albores de los años 2000 cuando el ascenso de una inquietante “crisis social” catalizó la desnaturalización de la orientación de las intervenciones estatales en la economía y lo social hasta entonces vigentes en Argentina. En el debate sobre la “salida” de dicha crisis, la recomposición del trabajo articuló las más diversas expectativas y aglutinó un nuevo campo de reforma social^[6] desde el año 2002. La cuestión social pasó a anclarse en las formas de participación en el ámbito productivo y laboral: de allí la constitución de la informalidad laboral como cuestión de reflexión y de acción política. La centralidad asignada a la reconstitución del ámbito laboral como vía para superar los procesos de pauperización y caída social se alimentó de matrices discursivas heterogéneas, que apelaron a sentidos diversos del trabajo, incluso contradictorios: como factor productivo y eje de la creación de riqueza social, como necesidad humana y valor moral, como integrador social y fundamento de derechos colectivos e individuales.

Una segunda hipótesis, que elaboramos a lo largo del proceso de investigación, plantea que los campos de reforma social constituyen una unidad provisoria de múltiples elementos y que las políticas resultantes articulan fundamentos diversos, lo que les da una insoslayable heterogeneidad. No hay razones para suponer una total coherencia entre visiones de los problemas y las prospectivas de resolución de los mismos, ni tampoco para dar por sentada la homogeneidad de los saberes estatales constituidos alrededor de las reformas. Ello nos advierte sobre la dinámica polémica de la reforma social, sus saberes, sus objetos, sus prácticas. En el caso de la informalidad laboral, si bien se generalizó como cuestión a tratar entre especialistas y referentes políticos/as, inclusive como un léxico compartido, se desplegó una discusión constante por los modos de definir y explicar el fenómeno. Una tercera hipótesis: durante el ciclo político analizado, abierto tras el resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal, en Argentina y a nivel internacional, el trabajo y la protección social se constituyeron como objeto de intensos debates políticos y especializados.

La investigación realizada para nuestra tesis de Maestría^[7] nos ha invitado a suspender dos interpretaciones de los procesos en análisis que tienden a aligerar la confrontación que los atravesó: por un lado, la idea de que la discursividad neoliberal fue puesta en crisis y reemplazada, en el caso argentino, por una alternativa de raigambre popular-progresista; a la inversa, la afirmación de que dicha alternativa constituyó un puro relanzamiento de la racionalidad neoliberal, a través de otros medios y discursos. La investigación desarrollada nos llevó a pensar que los modos de interrogar y tratar los problemas de empleo y de pobreza supusieron convergencias y controversias entre lugares de enunciación heterogéneos: discursividades alternativas al neoliberalismo, de inspiración “social”, y formas actualizadas de discursividad neoliberal. En esta línea, la heterogeneidad de principios y fundamentos de las protecciones sociales propuestas, así como de sus objetivos e institucionalidades, se torna especialmente significativa para nuestro análisis, pues es indicativa de las formas de actualización de proyectos políticos e intelectuales en torno al trabajo en el nuevo siglo, así como de las confrontaciones desplegadas entre ellos. Nuestra indagación sugiere que un eje de los debates estratégicos alrededor del trabajo y de las reorganizaciones posibles de la protección social estuvo dado por la vigencia (o el anacronismo) del rol del empleo como integrador social. ¿Podían éste y la protección seguir pensándose como cuestiones anudadas? ¿O era preciso producir nuevos principios y esquemas institucionales de protección, independientes de la inserción laboral? En ese caso ¿con qué alcances, para quiénes y en qué (y con qué) condiciones? Estos interrogantes recorren –como veremos- el debate político y especializado del período.

A continuación, nos detenemos en las coordenadas conceptuales que sostienen la perspectiva de análisis propuesta y la estrategia metodológica adoptada.

La política social y la politización de la reproducción de la vida

Nos inscribimos en un programa de investigación en el campo de estudios sobre política social que ha señalado su vínculo constitutivo con el mundo del trabajo y la esfera productiva, buscando conformar una mirada holística e histórica (Topalov, 1979; Offe, 1990; Esping Andersen, 1993; Polanyi, 2007; Donzelot, 2007; Castel, 2010). Estos análisis han ubicado a las intervenciones sociales del Estado en los procesos de lucha social y política por las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo y por los modos de vida individual y social y, de este modo, han destacado la politicidad e historicidad de dichas intervenciones (Grassi, Hintze y Neufeld, 1994; Grassi, 2003; Danani y Hintze, 2011). En este sentido, vislumbraron que la organización de los regímenes de reproducción de la vida individual por parte del Estado constituye una dimensión fundamental de los procesos de reproducción social, considerados estos como estructuralmente problemáticos. Para comprender este punto, es preciso especificar el sentido de una categoría recurrente en los parágrafos antecedentes, la de cuestión social.

La cuestión social remite a una contradicción estructural entre dos principios antagónicos que organizan las democracias capitalistas: la igualdad jurídico-política y la desigualdad en las condiciones de vida y de trabajo (Castel, 1997; Donzelot, 2007). Su emergencia corresponde al momento histórico de puesta en práctica de los regímenes democráticos, cuando hizo eclosión el hiato entre la promesa de igualdad, sostenida en el principio de soberanía popular, y las condiciones de subordinación económica de las mayorías. Si bien las relaciones preindustriales de producción entrañaban la reproducción de la vida en niveles de miseria para las posiciones inferiores de la sociedad, la condición privada que asumió el trabajo la dislocó de una manera inédita, sometiéndola a la incertidumbre, la amenaza y el peligro por la desestructuración de las relaciones de interdependencia. La vida, pues, devino precaria por su subordinación a una esfera de la producción pretendidamente autónoma de las relaciones sociales, bajo la creencia extendida de la autorregulación de los mercados.

Desde la economía política clásica las nacientes formas privadas de organización del trabajo social se pensaron bajo el supuesto de que el trabajo humano constituía una mercancía más, obliterando que lo distingue una cuestión fundamental: que las personas no fueron creadas para ser vendidas en el mercado ni pueden almacenarse a la espera de un intercambio más ventajoso (Polanyi, 2007; Thompson, 2012). El imperativo de autovalía personal en base al trabajo organizado de forma privada, que acompañó la producción del individuo moderno, obturó la condición precaria de la vida humana. Siguiendo a Butler (2009), dicha condición designa una dimensión socio-ontológica de la vida, que remite a la vulnerabilidad compartida que es condición de toda existencia y que demanda, entonces, protección y cuidado. La precariedad de las vidas asalariadas remite, pues, al reparto desigualdad y jerárquico sobre esta condición socio-ontológica.

La subordinación de las mayorías contrastaba con la recientemente ganada autonomía jurídico-legal. El problema inédito que surgía con los nacientes regímenes democráticos es que las clases trabajadoras ya no eran “extranjeras de la Nación” (Topalov, 2004: 67), entonces ¿hasta dónde era traducible la ciudadanía política en el registro de las condiciones de vida y de trabajo? (Landau, 2008). Los conflictos en torno a la articulación del registro político con la condición civil produjeron un desgarramiento, por el cual la democracia devino “el sitio en el que habría de condensarse el núcleo traumático de la política” (Palti, 2018: 171). La cuestión social y la cuestión política nacieron hermanadas, pues su emergencia entrañó la puesta en cuestión del fundamento de la autoridad política -la soberanía popular- y sobre los alcances de la condición ciudadana. Ahora bien, además de contradicción y conflicto, la cuestión social debe ser pensada en su carácter de invención e intervención. Ambas dimensiones están presentes en la clásica definición de Castel, que la entiende como una “aporía fundamental en la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura [para] existir como un conjunto vinculado por relaciones de interdependencia” (1997: 20). La sutura del desgarramiento no puede más que corresponder a un trabajo político-cultural de síntesis, que supone la representación de la sociedad como unidad pese a su existencia dividida (Lechner, 1984). Este proceso entrañó una reformulación notable de las representaciones acerca de la vida social, cuya existencia parecía estar supeditada a la intervención sobre sí misma. Ello se expresó en una transformación de los conceptos sobre lo político y en la invención estratégica de “lo social” (Donzelot, 2007).

Puesto que ya no podía pensarse que la comunidad se constituyera como producto de un acto único, originario y voluntario, su cohesión se presentó como una tarea constante. El problema a desentrañar ya no sería tanto por el fundamento de legitimidad de la autoridad, sino por los modos en que ésta podría (o no) reponer el lazo social, expresando a la sociedad de forma sustantiva (Foucault, 2008a). Se abrió, así, el problema del gobierno de las poblaciones, relativo a una tarea de permanente compatibilización de los elementos heterogéneos que conforman y dividen la sociedad, amenazando su cohesión. Lo social conforma un “sector particular” y novedoso, en términos ideales e institucionales, “en el que se ordenan problemas muy variados, casos especiales, instituciones específicas, todo un personal calificado” (Deleuze en Donzelot, 2008: 215). Conforma un tercer espacio entre la lógica económica y la jurisdicción política que sienta las bases de su distinción, al tiempo que ejerce una mediatización entre ellos, allí donde su articulación inmediata se configuró como imposible. Su constitución demandó una ciencia social, dispositivos de saber, profesionales e instituciones especializadas orientados a vehiculizar esa intervención, conformando una parte del gobierno sustraída del sistema de representación. Se trata de la imbricación entre administración pública y un saber específico, un saber técnico (Topalov, 2004; Palti, 2018).

De manera que la política social moderna puede pensarse como “la forma política de la cuestión social” (Grassi, 2003:25), pues es la manera en que ella se constituye como cuestión de Estado, politizando de forma relativa el ámbito de la reproducción. Ante la división en la sociedad, que la cuestión social expresa, la representación de la sociedad como totalidad solo puede realizarse a partir de la mediación política del Estado, por su carácter separado de la sociedad (Lechner, 1981: 1095). Ello quiere decir que no hay una sociedad que preexista a su propia representación, ni problemas ni sujetos sociales previos a la actividad política: la sociedad se constituye a través del Estado, el vínculo social se establece mediante la política, superando siempre de forma provisoria sus divisiones constitutivas. Como momento de la intervención estatal sobre las condiciones de vida y de reproducción de la vida, la política social participa de la recreación de formas de sociabilidad y de pertenencia a la comunidad política, normatizando y normalizando formas de vida legítimas que, en nuestras sociedades, como hemos mencionado antes, se fundan en el tipo de participación en el mundo del trabajo (Grassi, 2003). El trabajo, organizado de forma mercantil, da sentido y es referencia de todo un conjunto de relaciones sociales, conformando según cómo se lo defina sociedades y vidas muy diferentes (Danani y Hintze, 2011: 14).

En el campo de la política social se ha construido, simbólica y materialmente, la escisión entre el registro de la producción económica y el de la reproducción social, entre la pobreza y el trabajo, que ha organizado de forma duradera principios de percepción, clasificación y acción en el espacio social. En el desgarramiento que supone la afirmación de un sujeto libre y su simultánea subordinación, la política social participó de la construcción de las ideas de autovalía y de autonomía en base al trabajo asalariado, organizando toda una forma de reproducción de la vida con base en él. Así, la pobreza fue históricamente anclada en la ausencia de trabajo, más que en las características que adquiría su organización, tornándose escurridizas y difíciles de aprehender las figuras sociales de las y los trabajadores pobres, que personificaban la incapacidad de ganarse la vida en base al trabajo, no por un asunto de mayor o menor voluntad, sino por las condiciones que rigen su intercambio en el mercado. La protección social, pues, hace a los modos históricos de realización de la forma mercancía de la fuerza de trabajo. Mientras que desde inicios del siglo XX la institucionalización de derechos del trabajo acompañó la normalización del empleo, hacia fines de siglo los procesos de individualización de las protecciones revelan su desocialización y la pulverización de toda idea de dependencia legítima y positiva de las poblaciones adultas y autoválidas (Fraser y Gordon, 1996). De este modo, resulta visible la participación de la política social en la elaboración de los principios de inclusión/exclusión y de partición del espacio social.^[8]

En estas luchas, el Estado conforma tanto un agente como una arena. La política social es espacio y producto de una batalla, polémica y argumental, por la definición de los problemas y los sujetos que comprende, así como de las alternativas para superarlos. Los términos de los problemas y las respuestas posibles que se vislumbran en torno a ellos son el resultado de un proceso de hegemonización sobre los modos de interrogar, definir y tratar la cuestión social (Grassi, 2003). Desde nuestra perspectiva, el análisis de la dimensión político- cultural de las políticas sociales profundiza en las disputas alrededor del reconocimiento de las necesidades sociales de los sujetos y de los modos de organizar el trabajo, que son parte de su hechura pues las maneras en que ellas se diriman resultarán en arreglos institucionales disímiles y formas diversas de reproducción de la vida. Nos detendremos en la conceptualización sobre los procesos de problematización, entendiendo que estos constituyen un eje nuclear en el análisis de la dimensión política de las políticas sociales.

De la relación entre ciencia y política: problematizaciones, saberes y discursividades

Desde diversas disciplinas de las ciencias sociales^[9] se ha discutido la idea corriente de que los problemas sean la representación ideal, en el pensamiento, de objetos constituidos de forma exterior y anterior a las prácticas sociales. Con ello se ha cuestionado que los problemas se vuelvan objeto de discusión pública por su dimensión o su intensidad, aunque estos aspectos puedan ser parte de las disputas por su significación y validación. Estas observaciones parten del cuestionamiento de que el conocimiento sobre la realidad sea factual y objetivo y, en cambio, proponen la mediación intrínseca del lenguaje y de la producción social de sentidos en los modos en que la realidad social es percibida (Palti, 2012). La puesta de relieve del discurso como objeto de análisis fue parte del giro lingüístico e interpretativo experimentado en las ciencias sociales desde los años sesenta. Entonces, se complejizó la mirada sobre la relación entre los procesos discursivos y extradiscursivos, al cuestionarse las relaciones puramente referenciales, sintomáticas o de covariación entre ambos. El discurso pasó a ser entendido como una práctica social, no menos material que otros aspectos de los procesos de problematización. De ello no se deriva que los problemas sociales puedan ser entendidos como puras construcciones lingüísticas, mirada afín a las conceptualizaciones textualistas sobre la realidad, que niegan la materialidad del mundo en nombre de un constructivismo social radical (Restrepo, 2008). A contrapelo de dichas lecturas, entendemos que las categorías que nombran y hacen inteligible la realidad constituyen una unidad, tejida por mediaciones diversas, con las prácticas dirigidas a alterarla (Topalov, 2004). Ello supone una perspectiva materialista del discurso, que desestabiliza la dicotomía habitual entre lo material y lo conceptual, las instituciones y las ideas, e interroga sus relaciones.

Para dar cuenta de la unidad entre ideas y política, categorías e intervenciones, recurrimos al concepto de problematización, propuesto por Foucault y reelaborado en múltiples análisis genealógicos de problemas sociales (v.gr. Foucault, 2008a; Revel, 2008; Walters, 2000; Ayos, 2012; Aguilar, 2014; Grondona, 2014a). Una problematización no es ni la representación de un objeto preexistente, como tampoco una creación lingüística de un objeto inexistente (Foucault, 1999). El proceso de problematización puede entenderse como un conjunto de prácticas sociales, discursivas y extradiscursivas, que inscribe una determinada cuestión en el juego de lo verdadero y de lo falso y la constituye como objeto para el pensamiento. Supone que cierto espacio de relaciones o dominio de la realidad pierde la familiaridad y la certidumbre que lo mantiene al margen del campo de visibilidad del pensamiento, a partir de su asociación con una serie de dificultades que demandan ser encaradas. Así concebidos, los procesos de problematización se despliegan en función de “una situación concreta que es real” (Foucault en Restrepo, 2008: 126), inscripta en un campo de enfrentamientos. Este tipo de perspectivas pretenden dar cuenta de las prácticas sociales que concurren en la constitución, desarrollo y declive de los dominios de saber y en la delimitación de ciertos problemas sociales como verdaderos, en una determinada configuración de las relaciones de poder (Foucault, 1992). De allí que sea posible advertir que “lo verdadero” no se inscribe en la naturaleza sino que tiene una historia y que su organización se encuentra atravesada por el enfrentamiento.

Volviendo a nuestro argumento y campo de análisis, esto sugiere que determinados modos de problematización de la cuestión social se inscriben en una serie de prácticas dispuestas para intervenir sobre ella. Con la noción de “regímenes veridiccionales” Foucault remite a los modos históricos de distribución y ejercicio de los discursos verdaderos y a los efectos materiales que ellos suscitan y vehiculizan sobre las prácticas sociales. Podríamos decir que los procesos de problematización remiten a la relación entre regímenes de veridicción y de jurisdicción, entre la verdad y el derecho. No solo comprenden los enfrentamientos por los contenidos de un determinado problema social, sino por el estatuto de verdad mismo, por el conjunto de reglas y los dispositivos que la producen. Por eso, las problematizaciones también entrañan modos de conocer específicos y fundamentos en base a los que se reivindica la legitimidad y validez de los saberes.^[10]

Ante una misma situación histórica, concurren múltiples problematizaciones articuladas entre sí por relaciones de convergencia, diferenciación y subordinación, que hablan de una determinada configuración de las relaciones de saber/poder. Puesto que estos enfrentamientos se traducen en polémicas por el sentido, las formas discursivas nos permiten rastrear sus huellas. Las discursividades expertas constituyen la materia prima del análisis de esta investigación, no porque les asignemos un lugar jerárquico per se, por sobre otras dimensiones de lo real, sino porque consideramos que se trata de una dimensión constitutiva de los procesos de problematización: los saberes se entraman en el debate político acerca de las orientaciones de las políticas estatales y también con la discusión pública, cristalizando en ocasiones en el sentido común. La estatalización de la cuestión social entrañó, como señalamos antes, la profesionalización de la intervención en el campo de la política social, lo que condujo a la canalización de parte del debate público sobre los problemas sociales en el ámbito especializado. Tal fue la relevancia de este proceso que, como señala Topalov (2004), el léxico experto fue transversal a reformadores liberales o socialistas, mixturándose con otras formas de saber. Estas formas de conocimiento a propósito de la política social organizan mundos cognitivos y relaciones. Con ello, nos alejamos de la idea de que los discursos sobre los problemas sociales conformen una dimensión “ideal” incapaz de dar cuenta suficientemente de la realidad social.^[11] Por lo contrario, es una de las dimensiones constitutivas de su ordenamiento normativo-simbólico.

Precisamente, el foco puesto en los procesos de problematización procura abordar el proceso de ordenamiento normativo y simbólico de la vida social “en su ebullición” (Grassi, 2003: 13), captando las formas en que se constituyen dominios de saber que modelan problemas sociales “verdaderos”, que delimitan los objetos y los sujetos de las intervenciones sociales del Estado, al tiempo en que tienden a elaborar una cierta imagen del conocimiento válido de “lo social”. La reconstrucción de las batallas discursivas que se suscitan en el campo experto y que circulan por otros campos de la vida social, como el de la política, permite relevar la compleja labranza de lo que se capta, en su manifestación final, como instituciones propias de un régimen de reproducción. No es la trastienda ni las intenciones de los sujetos intervinientes en este proceso político a lo que queremos acercarnos, sino a la historicidad, positividad y politicidad de los discursos expertos sobre los problemas relativos al mundo del trabajo y de la protección (Grassi, 2013). Esto es, a la relación establecida entre la ciencia y la política en la delimitación de los horizontes de transformación de dichos problemas.

La expertise, como forma específica de conocer e intervenir sobre el mundo, contiene la ambivalencia de su constitución: se halla en la intersección entre el mundo académico e intelectual –pues es una práctica científica- y el campo del poder y la política (Morresi y Vommaro, 2011). A propósito de estas intersecciones, nos interesa articular los procesos de problematización con los de hegemonización, esto es, aquellos que remiten a la disputa por la dirección de los procesos de significación de la vida social, unificándola política, moral e intelectualmente pese a sus divisiones constitutivas (Gramsci, 1980).^[12] Desde esta perspectiva es posible pensar las formas estatales históricas y sus políticas como “condensación de los procesos de hegemonización político-cultural que caracterizan un ciclo histórico”, de “la dirección que se impone activamente en la acción estatal en nombre de intereses generales” (Grassi, 2003: 23). Esto quiere decir que los discursos hegemónicos sobre los problemas sociales no son un mero reflejo de la visión del mundo de la clase dirigente, sino una articulación de elementos heterogéneos cuyo principio articulador se determina al calor de las luchas político- ideológicas. Así, las luchas por el sentido de los problemas sociales conforman una dimensión de las luchas por el Estado, constituyendo una realidad operante y material pues en este plano se dirime la legitimidad (o ilegitimidad) de instituciones y de las demandas sociales de protección (Danani y Hintze, 2011).

La relación entre la ciencia, la actividad experta y lo político pueden ser comprendidas en, al menos, dos dimensiones atendiendo a los sentidos en que éste ha sido conceptualizado. Siguiendo a Mouffe (2007) y a Lechner (1994), podemos distinguir “lo político” de “la política”: mientras que el primer término refiere a las formas de imaginar, valorar y vivir el orden y la comunidad política, que ontológicamente, entrañan un antagonismo constitutivo de la vida compartida; la segunda remite a un nivel óntico de la política como práctica institucionalizada. Las discursividades expertas que participan de los procesos de problematización entraman redes conceptuales con metas y utopías sobre los objetos de los que hablan, configurando lo pensable, lo posible y lo intervenible en torno a ellos. Aunque los fundamentos de legitimidad de las discursividades expertas se rigen por reglas distintas al discurso propiamente político, los saberes que estos construyen son siempre perspectivos (Foucault, 1996), es decir, producidos desde una posición en un campo de relaciones de fuerza y en vistas a una estrategia. Los saberes son polémicos. En segundo lugar, el discurso especializado conforma una práctica socialmente estructurada, producida en una coyuntura histórica y en determinadas colocaciones sociales e institucionales (Terán, 2013). Es necesario pensar la politicidad y las relaciones de fuerza al interior de los campos de saber, así como los modos en que en ellos se establece la relación con la actividad y el discurso políticos, en que los fundamentos de legitimidad de la labor especializada integran o rechazan normas y valores no solo referidas a la objetividad de la expertise.^[13]

A continuación, nos detenemos en la estrategia metodológica formulada para abordar los procesos de problematización.

Los procesos de problematización en el archivo. Un paréntesis sobre la teoría y el análisis del discurso

Para asir los procesos de problematización de la informalidad laboral y captar las relaciones establecidas con el campo de la política social adoptamos una metodología cualitativa, por ser la más adecuada para considerar los fenómenos sociales en su proceso de configuración y construir el objeto de estudio y las categorizaciones conceptuales de manera procesual. Bajo la estrategia del trabajo de archivo, nos dispusimos al tratamiento de una diversidad de materiales discursivos, a través de los cuales pretendimos recomponer los saberes que participaron de la discusión sobre la informalidad laboral y las batallas de sentido por su definición. En los apartados que siguen fundamentamos esta opción metodológica, reconstruimos el proceso de investigación y precisamos los alcances de los datos construidos y las aseveraciones que realizamos en base a ellos. A continuación, hacemos un breve paréntesis sobre el modo en que aquí concebimos el discurso, pues en él se funda nuestra mirada sobre los materiales textuales que constituyeron la materia prima del análisis.

Como se sigue de lo desarrollado hasta aquí, los procesos de problematización nos interesan pues nos permiten poner en foco la dimensión política de las políticas sociales, la cual podemos sintetizar en dos afirmaciones. La primera remite al hecho de que los objetos de las intervenciones sociales del Estado no están dados de forma previa y exterior a ellas, sino que las políticas fundan problemas. La segunda, atiende a que sus contenidos y sus orientaciones devienen legítimos (o son cuestionados) en la discusión pública, entre argumentaciones, posicionamientos críticos y contestaciones. Por eso afirmamos que las luchas por el Estado son, al mismo tiempo, luchas por el sentido y que, en lo que hace a la política social, éstas remiten a la producción político- cultural de las condiciones de vida. Así, podemos pensar que los procesos de problematización son eminentemente discursivos: los problemas así constituidos no son meras “idealizaciones”, pues el discurso constituye un nivel de lo real, cuya materialidad específica consiste en la inscripción de efectos de sentido en la historia (Pêcheux y Fuchs, 1975; Courtine, 1981; Robin, 1986; Maldidier, 1992).

Desde una concepción materialista del discurso, éste se diferencia de la “lengua”, entendida como un código formal independiente de la interacción verbal, así como también de la “palabra” pronunciada. Ambas nociones dominaban el análisis del discurso hasta la década de 1970 y lo restringían al tratamiento de los modos en que los individuos aplicaban las reglas lingüísticas en situaciones de enunciación concretas. Entonces, comenzaba a producirse una serie de mutaciones epistemológicas en las ciencias sociales, entre ellas las relativas al giro lingüístico o interpretativo, que conmovieron los objetos disciplinares y métodos de investigación establecidos. Bajo el influjo de la perspectiva foucaulteana sobre la historia, de las lecturas althussereanas de la ideología y del psicoanálisis sobre el inconsciente, el discurso fue redefinido como objeto. El quiebre conceptual estuvo dado por el cuestionamiento de su asimilación con lo dicho y escrito y por el rechazo de su comprensión como mera “superficie de inscripción” de procesos que se sucedían por fuera de él (Foucault, 2008b: 68). El discurso emergió como el espacio en el que se “forman sistemáticamente los objetos de los que habla” (ibíd.: 81). Refutando las concepciones referenciales del discurso, esa tesis propuso la idea de que el sentido no está unívocamente determinado por la correlación entre “las palabras y las cosas”,^[14] sino que era preciso rastrear su producción en la red tejida entre enunciados heterogéneos. El discurso se postuló como un nivel de lo real, distinguible en términos analíticos, referido al conjunto de reglas que organizan y distribuyen lo dicho y lo decible (tanto como lo no dicho, los olvidos, las ausencias). La indagación dio un giro copernicano y se volcó a los modos de producción, apropiación y circulación social de sentidos (Palti, 2012). Retomamos estas reflexiones porque nos permiten reponer y dar tratamiento al discurso como hecho social, resultado de prácticas institucionalizadas y reglamentadas, cuya formación es preciso desentrañar.

Bajo estas reformulaciones, fueron revisadas las condiciones de producción del discurso, noción que se volvió central para el análisis. En primer lugar, porque se problematizó la relación entre el orden discursivo y otras series que componen lo real: se propuso expresamente evitar el trazado de una relación simplista con las prácticas extra-discursivas en la explicación de los procesos de producción de sentido, a la manera de una “covariación” entre los discursos y su supuesto contexto.^[15] En cambio, se propuso atender a las condiciones de formación interdiscursiva de lo dicho/escrito. En segundo lugar, se problematizó la relación entre el discurso y el sujeto hablante, al introducirse una concepción no unicista ni racionalista del mismo: éste se repuso como un sujeto “sujetado” a la ideología, a las relaciones de clase y a su propio inconsciente. Con ello, se visibilizó el hecho de que la intención y las capacidades retórico-argumentativas individuales no ejercen un completo control del decir, el cual también se encuentra dominado por procesos discursivos que exceden y anteceden al sujeto hablante. El resquebrajamiento de la concepción homogénea del sujeto puso en evidencia la heterogeneidad constitutiva del discurso, puesto que en él se combinan elementos y voces de procedencia diversa, que es preciso mapear, caracterizar e historizar (Glozman, 2019). Estos planteos resquebrajaron aquella ilusión del sujeto como garante de su decir y promovieron el desplazamiento del análisis desde la escena de la enunciación hacia la red de enunciados en las que se forma lo dicho y se bordea lo informulable.

Siguiendo estos argumentos, el análisis materialista del discurso aborda la producción de sentido atendiendo a dos dimensiones: los procesos de formación interdiscursiva de los enunciados y las condiciones de formulación de los discursos (Pêcheux y Fuchs, 1975; Courtine, 1981; Montero y Glozman, 2011; Aguilar et al, 2014a). La primera hace referencia al hecho de que en los discursos se inscriben sentidos, tonos, argumentaciones, enunciados, que se han formado en otras instancias, con las que se traba relación (Glozman, 2019). El punto de partida aquí es la consideración de que todo acontecimiento discursivo hace irrupción en el marco de ciertas redes de memoria y trayectos sociales, que inscriben en él “huellas” de temporalidades diversas: los discursos son efecto de dichas filiaciones y, al mismo tiempo, suponen un trabajo sobre ellas, lo que les da la capacidad des-estructurar y re-estructurar dichos trayectos (Pêcheux, 2013: 18). La dimensión relativa a las condiciones de formulación atiende al hecho de que los discursos sociales conforman prácticas agenciadas en ciertas colocaciones institucionales, en cuyo marco el sujeto despliega la retórica, la argumentación, la reflexividad, se inscribe en un “nosotros” y se delimita de “otros” (Robin, Normand y Maldidier, 1972). En este nivel, el análisis enfoca la agencia discursiva por la que el sujeto interviene y gestiona su decir, así como los principios de articulación con diversas prácticas institucionales en las que el mismo participa. La ventaja que reporta el trabajo de archivo con materiales textuales es que permite trabajar en ambas dimensiones de manera simultánea para comprender los procesos de producción de sentido: el montaje de documentos sigue la red de enunciados en la que un determinado acontecimiento se inscribe y recupera las coordenadas político-institucionales y las marcas coyunturales de lo dicho.

Estas aproximaciones al funcionamiento discursivo de la vida social son especialmente provechosas para reflexionar sobre el abordaje empírico de los procesos de problematización. En definitiva, ellos remiten a la producción de efectos de sentido que inscriben una determinada cuestión como problema: ése es el proceso a captar y rastrear a través del trabajo de archivo. Los documentos son tratados, entonces, como condensación de prácticas discursivas, que nos interesan por sus contenidos propositivos tanto como por la información que proveen sobre los procesos político-institucionales de los que participan. Los textos nos permiten seguir toda una trama de diálogos que los constituyen, puesto que los fijan a través de la escritura: no solo nos referimos a los intercambios y polémicas explícitamente entablados por sus autores y autoras, sino principalmente a los que se habilitan y desatan más allá de ellos/as. Esa materialidad de lo textual nos permite, pues, seguir la trama interdiscursiva e institucional en la que se gestan los enunciados que hacen a la constitución de una cuestión como problema. Si pensamos al archivo como un conjunto de discursos pronunciados, resultado de procesos de organización y distribución (Aguilar et al, 2014b), el corpus de la investigación se constituye como un montaje que cobra forma a partir de la selección de los documentos considerados pertinentes y de la re-serialización de los mismos, según las relaciones que entre ellos se reconstruyen a lo largo de la investigación (lo que corresponde al proceso analítico). Se trata de un artefacto, un dispositivo que permite la formulación y la puesta a prueba de hipótesis, siguiendo las líneas de significación relevadas de los materiales discursivos.

Los alertas metodológicos trazados por las perspectivas materialistas del discurso para el tratamiento de los materiales textuales nos permitieron profundizar en nuestra propia conceptualización de los procesos de problematización, un punto de llegada de la investigación. Ciertos emergentes del trabajo de archivo fueron cruciales en este sentido. Primero, la atención puesta sobre la heterogeneidad discursiva nos condujo a relevar los distintos saberes que convergen en una problematización, a partir de lo cual comenzamos a pensarla, antes que como una unidad, como el efecto de un proceso de unificación de ciertas discursividades, que pueden ser disgregadas otra vez, poniendo en crisis las representaciones estabilizadas de un determinado problema. En segundo lugar, la puesta de relieve de la historicidad de los saberes a propósito de la informalidad laboral, el rastreo de sus procedencias y de sus modos de circulación, nos permitió relevar redes de expertise cuyos orígenes, presencia y cohesión no habíamos supuesto de antemano. De hecho, algunas de ellas tuvieron una existencia formal muy endeble, en ocasiones no fueron reconocidas como tales por los y las expertas por su alto grado de informalidad. Algo similar sucede con los lazos entre los campos de la expertise, la política y la discusión pública, que seguimos a partir de las formas de circulación de la palabra especializada. Estos itinerarios nos llevaron a problematizar la unicidad de la reforma social: a lo largo de la investigación, optamos por la categoría de campo de reforma o campo reformador para dar cuenta del proceso que entraña la convergencia (muchas veces parcial, conflictiva) de ciertos saberes, redes de expertise, instituciones y prácticas en torno a unas determinadas visiones estratégicas sobre las transformaciones a producir y a los dispositivos para concretarlas. Las preguntas que hicieron aparición entonces fueron por los modos en que el campo de reforma se constituye y estabiliza en virtud de unas determinadas problematizaciones de la realidad social y por las críticas que signan su crisis. Finalmente, dar cuenta de que en una coyuntura coexisten elementos de saber regidos por temporalidades diversas (memorias, tanto como anticipaciones) nos invitó a pensar en la heterogeneidad del momento presente, desnaturalizar la calificación de ciertas imaginaciones políticas en tanto que “anacronismos”, y encarar un análisis desprejuiciado de los modos de reflexión sobre el “futuro del trabajo”.

Como tratamos en el siguiente apartado, el proceso de investigación en el archivo fue una construcción secuencial. Fue al cabo de un largo proceso de constitución del corpus que fijamos las coordenadas de la indagación: el relevamiento de los núcleos de saber sobre la informalidad laboral, a partir de los cuales delimitamos problematizaciones en competencia; su formación histórica y las redes de expertise que participaron de ella, observando sus relaciones de identificación y conflicto en el campo especializado local; y la reconstrucción de los modos de circulación de tales saberes y sus lazos con el campo de la política. No pretendemos haber agotado lo explorable sobre el proceso de problematización analizado, otras líneas de significación rastreadas en el corpus podrían seguirse en sus itinerarios, llevando a caminos empíricos y conceptuales desconocidos. Sí consideramos haber realizado un análisis exhaustivo de las hipótesis que emergieron en el transcurso de la investigación. Los resultados a los que hemos llegado y la intuición informada de nuevos objetos para dar continuidad a la investigación respaldan la productividad de la perspectiva teórico-metodológica construida para el análisis de la política social en el nuevo siglo.

La constitución del corpus, la construcción del objeto de investigación

Si el análisis de discurso se propone describir y comprender los procesos de construcción de sentido tal como se materializan discursivamente en el tejido de lo social, así como los recorridos históricos de sus reconfiguraciones polémicas en el espacio de las luchas, entonces, ¿qué clase de cuerpo reclamamos como propio? (Carbó, 2001: 37)

De la perspectiva teórico-metodológica antes expuesta, se sigue que la constitución del corpus dista de ser una instancia puramente técnica. A diferencia del acervo de fuentes, aquí la propia materialidad del texto es sometida a una interrogación histórica. Por esta razón, la conformación del corpus es el resultado de un proceso analítico, a través del cual se relevan y ensamblan documentos en virtud de las preguntas de investigación y las hipótesis que se van elaborando a lo largo de la pesquisa. De los límites y del diseño interno del montaje se siguen distintos caminos empíricos y teóricos que la indagación puede seguir. Así, la estabilización del corpus se logra una vez que el objeto de análisis ha sido delimitado: ambos son un punto de llegada del proceso de investigación. En este apartado reseñamos este doble proceso de construcción en nuestra investigación.

Una instancia preliminar en la conformación del corpus estuvo dada por dos movimientos simultáneos de “avistaje” e “inmersión” en la producción del campo especializado y de las agencias estatales a propósito de la informalidad laboral. Ambos términos sintetizan los objetivos que entonces nos orientaban en el contacto con los textos: a) identificar las agencias productoras de discursos sobre el tema, los circuitos de circulación de saberes y las redes de intercambio en el campo experto y de éste con el campo de la política; b) constelar los tópicos entramados en el tratamiento de la informalidad (los tipos de desarrollo, los modelos estatales, los debates sobre la cuestión social contemporánea y sobre el “futuro del trabajo”); y c) sumergirnos en el lenguaje y las formas de expresión de los documentos, identificando las regularidades, disonancias y marcas de coyuntura que le daban una tonalidad característica. A diferencia de las imágenes consagradas del trabajo de archivo, que retratan las peripecias para el acceso a los documentos, en nuestro caso la primera experiencia con los materiales discursivos anunció que la dificultad estaría dada, antes bien, por la “superabundancia documental” (Caimari, 2017: 16), generada por la digitalización de los repositorios. Contábamos con textos producidos por una multiplicidad de agencias (nacionales e internacionales; privadas y estatales; expertas, académicas, vinculadas con la gestión pública), durante un umbral temporal mucho más amplio que nuestro período de estudio (desde la década de 1970, con las primeras formulaciones del concepto de “sector informal”), y dispuestos alrededor de una diversidad de temáticas, cuyos lazos con la informalidad laboral se nos sugerían sin que llegáramos a precisarlos del todo. Entonces se nos presentó de lleno el problema del “buen corte” que entraña la constitución del corpus.^[16]

Esta primera experiencia en el archivo, aun con sus momentos erráticos,^[17] fue el espacio para producir una serie de preguntas de investigación frente a ciertos emergentes, que direccionaron la búsqueda y la disposición de los materiales discursivos. La inmersión en los documentos nos permitió observar el lugar jerárquico de la informalidad laboral como cuestión en los diagnósticos sociales de nuestro período de estudio y, en particular, en los producidos por las agencias estatales. Sin embargo, las primeras lecturas en profundidad nos acercaron al carácter polémico de las definiciones y explicaciones del fenómeno. La controversia parecía registrar su núcleo en la escena internacional, pues se había impulsado en las relecturas que ciertas agencias internacionales de desarrollo habían ejercido sobre las conceptualizaciones clásicas, aunque los y las expertas locales participaron de forma activa, según las numerosas marcas de adhesión, polémica y apropiación respecto de las posiciones en debate en el sistema multilateral. La relevancia de la cuestión de la informalidad laboral en las discusiones políticas y especializadas nacionales contrastaba con la escasa presencia que el concepto había registrado en los años previos, cuando habían sido otras las claves de lectura e interrogación experta de la cuestión social (por ejemplo, la precariedad y la exclusión). Este cuadro nos llevó a preguntarnos por qué este viejo enfoque se había vuelto atractivo para el análisis y la intervención sobre los problemas sociolaborales, qué condiciones se habían dado dentro y fuera de los campos de saber para su relectura, y qué desplazamientos de sentido y actualizaciones se habían producido para ello. Estos interrogantes nos sirvieron para una primera delimitación del objeto de la indagación: nos enfocamos en la actualización del campo de discusión sobre la informalidad laboral (a nivel internacional y local) y en la exploración de los lazos entre los saberes producidos por las agencias internacionales de desarrollo y aquellos gestados por y para el Estado nacional argentino. Estas coordenadas habilitaron una serie de decisiones para demarcar los límites de nuestro corpus y diseñar su forma interna. El proceso de investigación así orientado se plasmó en nuestra tesis de maestría, que trató la relación entre los saberes de Estado locales e internacionales^[18] en la problematización de la informalidad laboral en el nuevo siglo.

La constitución de un corpus representativo y significativo para emprender el estudio de dicho objeto supuso una reflexión sobre tres operaciones a encarar, tal como las sistematiza Carbó (2001): a) el trazado de su perímetro o límites, a partir de criterios de pertinencia que rigen la exclusión/inclusión de documentos; b) el diseño de su forma interna, esto es, de los grados de heterogeneidad, las áreas de foco y las líneas de filiación entre documentos; y c) la definición de su horizonte temporal, combinando sincronía y diacronía para seguir el transcurso en el tiempo de un discurso, los desplazamientos, los olvidos (Guilhaumou, 2002). En esta primera configuración, la definición del campo de producción privilegiado en la indagación (el de los saberes “de gabinete” locales y los actores globales) sentó un principio elemental de limitación y homogeneidad del corpus. El seguimiento del debate en torno a la informalidad laboral fue el modo de mapear las agencias participantes, definir cuáles incluir en el relevamiento y operar recortes temporales de distintas series documentales. Pero, tras concluir este primer jalón de nuestra investigación, el objeto volvió a reconfigurarse. A partir de la revisión de los resultados de la tesis de maestría, nos resultó evidente que la problematización sobre la informalidad constituía, en verdad, una interrogación de la formalidad laboral deseable y posible, lo que explicaba las conexiones relevadas con los tópicos relativos al futuro del trabajo, los modelos de desarrollo y de Estado. En segundo lugar, observamos que el debate de los saberes “de gabinete” locales con las agencias internacionales de desarrollo mediatizaba una discusión nacional acerca de los modos de definir y tratar los problemas sociolaborales. Con esos nuevos puntos de partida e interrogantes, volvimos al archivo y redefinimos, otra vez, las coordenadas de la investigación. Entre la tesis de maestría y la de doctorado operó una ampliación del corpus documental, puesto que ensanchamos sus límites al incorporar voces locales heterogéneas. Pero, en realidad, redefinimos –junto con el corpus– el objeto y las preguntas de investigación, como detallamos a continuación.

Con la intención de adentrarnos en el debate local, recurrimos a una nueva instancia de “avistaje” e “inmersión” en el archivo, a partir de la cual identificamos una problematización alternativa a la que había organizado a los saberes estatales sobre la informalidad laboral. Otra vez, seguimos los trazos de la polémica entre estos modos de concebir y explicar el fenómeno para organizar la búsqueda documental, incorporando en el relevamiento las filiaciones históricas de las redes de saber en las que se formulaban las problematizaciones “en competencia”. En este proceso, identificamos la presencia de saberes no exactamente catalogables como “expertos”, aunque se entramaron con ellos (en los lenguajes, las citaciones, las redes de socialización y de intercambio). Nos referimos a los saberes gestados en el mundo popular, sindical y empresarial. Su relevancia en la unificación y crisis del campo de reforma social nos llevó a pluralizar nuestra propia concepción de los elementos de saber que participan del campo de la política social: planteándose al inicio como una dificultad, por el trasvasamiento de la categoría de expertise que unificaba nuestro trabajo de archivo, se volvió un interesante giro analítico, cuya conceptualización pretendemos continuar profundizando. Así, elaboramos la hipótesis de que la problematización de la informalidad había sido crucial en la estabilización y, luego, en la puesta en crisis del campo de reforma social construido en Argentina tras la crisis de los años 2001 y 2002. El objeto y los alcances de la indagación se habían alterado.

¿Qué corpus diseñamos en la elaboración de esta hipótesis y en el intento de ponerla a prueba? El principio de limitación y homogeneidad continuó asentado en las redes de saber que participaron de la interrogación de la informalidad laboral en Argentina, aunque nuestra concepción de tales “saberes” se amplió, desbordando la expertise y contemplando otras formas de producción de conocimiento que disputan su legitimidad para participar del debate sobre la orientación de las políticas sociolaborales, en base a fundamentos que trascienden el manejo de la técnica. Esta mirada ampliada de los saberes agudizó los interrogantes sobre las relaciones entre la ciencia y la política, lo que nos llevó a prestar mayor atención a los modos de representación de lo político en el discurso especializado y a priorizar las formas de circulación y apropiación de la palabra experta en el discurso político y la discusión pública, que recogimos a partir de la prensa escrita. El relevamiento de las conexiones y las disonancias entre estos campos nos permitió vislumbrar que las tematizaciones de la informalidad portaban un insoslayable carácter controversial respecto de un núcleo estratégico: la formalidad laboral deseable y factible, dándole precisión a aquellas intuiciones que habíamos formulado al término de nuestra tesis de maestría.

El seguimiento de la traza histórica de las problematizaciones de la informalidad laboral nos retrotrajo hacia mediados de la década de 1990, cuando ubicamos la emergencia y difusión del concepto en el campo especializado local, aunque subordinado a otros modos de tematizar e interrogar la cuestión social. Este rastreo fue de suma relevancia para comprender que, en la polémica sobre la informalidad, se actualizaron viejas controversias, al tiempo que su centralidad en los diagnósticos supuso cortes significativos en el campo especializado y en su relación con el de la política. Por eso el relevamiento documental fue más allá de los límites del período de estudio, aportando una mirada diacrónica fundamental para el seguimiento de los trayectos temáticos de la informalidad laboral. Retomando la experiencia de investigación previa, apuntamos a reunir documentos de una heterogeneidad de géneros, que nos permitiera acercarnos a distintos modos de ejercicio de la expertise, en la búsqueda de poner en foco las conexiones entre el saber, la política y el debate público. Además, puesto que pretendíamos caracterizar las redes de circulación de saber al interior del campo especializado local y relevar sus lazos con el campo de la política, se tornó preciso ir más allá de la producción meramente técnica, que suele brindar información sobre los lazos formales que existen entre instituciones. Recopilamos informes estadísticos, de gestión y evaluación; estudios especiales sobre problemáticas específicas, en las que se relevan discusiones sobre modos de historizar, conceptualizar, medir e/o intervenir sobre las mismas; documentos de impronta estratégica, ya no basados en el análisis de un fenómeno delimitado, sino en una reflexión de largo plazo sobre un compendio de problemas (el desarrollo, el empleo, la pobreza, etc.), o destinados a sistematizar perspectivas programáticas de las instituciones de referencia; y documentos de mayor tenor polémico, como registros de debates públicos y especializados, de paneles de discusión, de conferencias brindadas por especialistas y miembros del staff de funcionarios del Estado. En general, los documentos atravesados por el debate programático nos permitieron relevar discusiones éticas, confrontaciones, búsquedas de consensos, mientras que los de impronta eminentemente técnico-especializada nos acercaron a debates sobre perspectivas analíticas, metodológicas y asociadas a la intervención.

El trabajo con nuevos materiales nos puso frente a problemas que previamente no habíamos captado, lo que nos condujo al diseño de nuevas series documentales sobre núcleos de significación específicos. Por ejemplo, un emergente sobre el que nos montamos para abrir una nueva línea de lectura e indagación del corpus estuvo dado por la observación de que la delimitación de “lo informal” en el mundo laboral no solo se realizó en contraste con el empleo formal, sino con un espacio ideal de no trabajo, conformado por ocupaciones difícilmente categorizables como económicas y productivas a los ojos de los y las expertas. Se trató de una cuestión que generó vacilaciones y movilizó grandes controversias. En el marco de este análisis, también identificamos que la problematización de las economías populares estaba anudada con este campo de discusiones, razón por la cual nos dispusimos a la recopilación de nuevos materiales y a la construcción de series documentales específicas. Acabamos dedicando al tratamiento de esta cuestión todo un capítulo (el 5). Un segundo ejemplo, es el de un cuerpo de saberes cuya especificidad advertimos en el transcurso de la investigación. Se trata de aquellos cuyo objeto no son los problemas sociales, sino las políticas (su diseño, monitoreo, evaluación). Tal especificidad es la que, desde nuestra perspectiva, impide pensar en una relación automática o lineal entre “problemas” y “soluciones” o alternativas de intervención. Por ello, se volvió imperativo relevar estos saberes y las redes de expertise congregadas alrededor suyo a través de nuevas lecturas del corpus, a cuyo análisis nos dedicamos en el Capítulo 6.

A continuación, sintetizamos las características que asumió el corpus documental, en cuanto a sus límites, su forma interna y su dimensión temporal:

Tabla 1: Límites y forma interna del corpus documental

Fuente: elaboración propia

Organización del corpus, procedimientos de análisis

Siguiendo lo desarrollado en el punto anterior, las formas de organización del corpus puestas en juego se fundaron en el establecimiento progresivo de relaciones analíticas entre los materiales discursivos. Así, el análisis avanzó al compás de modalidades sucesivas de codificación y serialización de los textos.

Las primeras tareas analíticas consistieron en lecturas sucesivas del corpus, que permitieron una mirada “de superficie” del mismo. El ordenamiento de los documentos según el momento de producción, las agencias productoras y criterios temáticos generales nos permitió mapear redes de expertise, establecer una línea temporal de acontecimientos discursivos, distinguir subperíodos al interior del ciclo de análisis y formas generales de discursividad en el debate sobre la informalidad laboral. Posteriormente, nos dedicamos a lecturas en profundidad de los materiales con el objetivo de codificarlos analíticamente.^[19] Para estas lecturas ordenamos los documentos según las agencias de producción, pues nos interesaba caracterizarlas a cada una de ellas e identificar sus posiciones en el campo especializado, rastreando las relaciones de adhesión y controversia con otros locus de producción de saber. Esta segunda lectura se estructuró sobre ejes analíticos generales, en función de los cuales fuimos construyendo códigos específicos de acuerdo con los textos analizados. Tales ejes fueron redefinidos en distintas oportunidades, a partir de la reflexión sobre los emergentes del trabajo de archivo y de la visibilizaba nuevas líneas de significación a seguir y problemas previamente no considerados.

Inicialmente, definimos “nudos” de interés en torno a los modos de interrogación de la informalidad: las definiciones y nominaciones del fenómeno y de su sujeto; las explicaciones y los contextos de referencia en los que se lo inscribió como problema (productivo-estructural, del mercado laboral, de la protección social, cultural-comportamental, normativo, etc.); las relaciones establecidas entre los problemas de empleo y de pobreza; las responsabilidades identificadas y el tipo de acción propuesta para la intervención estatal. Prontamente identificamos que la informalidad se presentaba “en red” junto a una constelación de múltiples problemas: se trazaban lazos con cuestiones relativas al desarrollo, a los modelos de Estado, a las formas de organización del mercado laboral y la protección social, a la pobreza y la desigualdad. Seguir esta urdimbre de temas y problemas diversos constituyó, sin dudas, una de las dificultades analíticas que se nos presentaron en el proceso de investigación. Ello nos llevó a repensar el proceso de codificación; a cuidar las relaciones establecidas entre los códigos durante el análisis, para que fueran sensibles y coherentes con la red de problemas que atravesaba nuestros documentos; y, al momento de escritura, nos exigió un desplazamiento desde la cuestión de la informalidad hacia otros tópicos, procurando no perder de vista nuestros objetivos. Los ejes generales que orientaron la codificación acabaron reconfigurándose de este modo:

Tabla 2: Ejes generales de codificación

Fuente: elaboración propia

Una vez codificado el material de acuerdo con estos ejes, realizamos sucesivas lecturas a través de las cuales sintetizamos progresivamente los códigos en agrupamientos mayores y, a partir de allí, en tematizaciones características de la producción de cada agencia especializada y de las redes de saber que, en el proceso, fuimos mapeando y reconstruyendo. Las tematizaciones no constituyen formas aleatorias de relación entre códigos, sino que se asientan en la identificación de redes de enunciados que cobraban consistencia durante distintos momentos del período de análisis. El procedimiento que seguimos se asocia al seguimiento de trayectos temáticos, propuesto por Guilhaumou y Maldidier (1986). Su objetivo es identificar acontecimientos discursivos: no “hechos noticia”, sino las redes de enunciados que producen acontecimiento en el lenguaje, haciendo emerger argumentos y juicios. Las tematizaciones fueron agrupadas según grandes ejes analíticos: 1) aquellas que expresaban una forma distintiva de comprender la relación entre economía, política y sociedad, en la reflexión sobre los modelos de desarrollo, de Estado y la cuestión social; 2) aquellas que condensaban las conexiones entre las condiciones de trabajo y de vida vislumbradas en los diagnósticos sobre los problemas laborales y de pobreza; 3) las tematizaciones relativas a las visiones estratégicas sobre los modos de regulación del trabajo y los contenidos de la protección; 4) y las relativas a las formas de producir conocimiento válido y al buen ejercicio de la expertise. Este ordenamiento nos permitió adoptar una mirada móvil: en ocasiones, centramos la atención en estos grandes ejes para ganar profundidad en el tratamiento de las tematizaciones asociadas, su progresión en el tiempo, las adhesiones y polémicas registradas en torno a ellas; en otras, trazamos una mirada transversal entre estos núcleos de significación, poniendo en foco las relaciones existentes entre ellos y los grados de cohesión o distancia entre los saberes que participaron del debate sobre la informalidad. El siguiente cuadro grafica este estadio intermedio del análisis:

Tabla 3: Tematizaciones y ejes de agrupamiento

Fuente: elaboración propia

Sobre esta base, fue posible reconstruir el tema estudiado desde un punto de vista más vasto, bajo la pretensión de una aprehensión global de los procesos discursivos. Se trató del momento en que sintetizamos grandes problematizaciones de la informalidad laboral, las redes de saber en las que fueron formuladas, y las relaciones que éstas establecieron en el campo especializado local y en el proceso de reforma social. A partir de entonces, pudimos profundizar el tratamiento de ciertos “accidentes” del corpus, en ocasiones produciendo series documentales específicas y complementarias. Los ejemplos son numerosos. Como parte del análisis sobre las condiciones de re-emergencia de la cuestión de la informalidad en Argentina, en el tránsito al siglo XXI, nos interesamos en los quiebres producidos en los discursos especializados durante el proceso de salida de la crisis de los años 2001 y 2002, las formas de adecuación a lo decible en la nueva coyuntura, las conexiones con el discurso político. Hemos ya mencionado el problema de la distinción entre “trabajo informal” y el espacio ideal del no trabajo, que nos llevó a relevar nuevo material para explorar las modalidades históricas de distinción entre la actividad económica y la actividad reproductiva. En ocasiones fue necesario realizar un trabajo más profundo sobre las memorias discursivas que emergían en el corpus, como sucedió al relevar los lazos entre las problematizaciones de la informalidad y viejos saberes sobre la precariedad laboral, la exclusión y la marginalidad.

La traducción del archivo a la escritura^[20]

El ordenamiento en una prosa aplanada de ese “suelo irregular y heterogéneo” (ibíd.: 9) que es el corpus documental, fue un proceso sinuoso. La estructura del libro sigue un criterio analítico: cada capítulo trabaja una serie de argumentos distintivos para la reconstrucción de la problematización de la informalidad laboral en Argentina, durante el período en análisis. Cada uno de ellos cuenta con una introducción que sintetiza los contenidos desarrollados y cuentan con las referencias y aclaraciones necesarias para facilitar una lectura independiente.

El primer capítulo, profundiza la hipótesis analítica que hemos elaborado a lo largo del proceso de investigación, acerca de que la informalidad laboral constituye un modo específico de reflexionar sobre la relación entre las condiciones de trabajo y de vida, entre los problemas de empleo y de pobreza. El segundo capítulo pone en foco las condiciones de re-emergencia de la cuestión de la informalidad laboral en Argentina en el tránsito al siglo XXI y visibiliza el hecho de que, hasta la crisis de los años 2001 y 2002, fueron otras las claves de lectura de la cuestión social dominantes en el campo especializado, la precariedad laboral y la exclusión social. Ambas fueron expresiones de una crítica de distinto alcance hacia la reforma social neoliberal. La elaboración política de una salida a la emergencia social promovió una serie de quiebres en las expectativas sobre la recomposición del mundo del trabajo, que alteraron la estructura del campo especializado y su relación con el proceso de reforma social. A partir de entonces la informalidad como problema y la formalización como solución protagonizarían los diagnósticos y prospectivas especializados.

Los siguientes capítulos realizan un recorrido diacrónico que sigue la unificación y la crisis del campo de reforma organizado en torno a la definición de la informalidad laboral como un problema de desprotección social, entre los años 2002 y 2015. El Capítulo 3 tiene por objeto la problematización de la informalidad laboral, en intersección con el concepto de “precariedad” que organizó los saberes estatales y dio unidad al campo reformador. El Capítulo 4 se dedica a una problematización alternativa y en competencia con la anterior, que apeló a los conceptos de exclusión y marginalidad para comprender el fenómeno. Ambos reconstituyen las visiones estratégicas en conflicto acerca de la formalidad laboral a constituir, entre las utopías de restauración del empleo normal y las distopías sobre el advenimiento del trabajo flexible. El Capítulo 5 se adentra en los límites trazados entre el trabajo informal y el espacio ideal del no trabajo, sobre lo cual registramos ciertas convergencias en el campo especializado que nos señalan la exclusión de un circuito de actividad y de su sujeto de los proyectos de formalización. Finalmente, el Capítulo 6 reconstruye los debates acerca de la restitución, reorganización y desacople de la dupla entre el trabajo y la protección frente a los procesos de informalización. Allí recorremos las alternativas político-institucionales consideradas para reorganizar la asistencia y la seguridad social del Estado nacional y exploramos las tensiones y yuxtaposiciones entre las lógicas de ambos sectores. En el Epílogo nos aventuramos en una lectura global del proceso de reforma analizado, sintetizando las claves conceptuales que recreamos a lo largo de la pesquisa.