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1 Contradicciones de la megaminería chilena: El Toro como lugar de resistencia

Aportes desde el trabajo social

Camila Acuña, Karina Salas, Dra. Paula Vidal, Mg. Juan Cea y Dr. Luis Pouchucq

Introducción

La minería es una de las actividades económicas más importantes a nivel latinoamericano. En el caso de Chile, ha llegado a aportar entre un 13% y un 20,6% del Producto Interno Bruto (PIB) durante la última década (Correa, 2016). El crecimiento económico asociado a la actividad minera ha posicionado a Chile como un país de altos ingresos, convirtiéndose el año 2010 en el primer país sudamericano[1]en ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las orientaciones de este organismo señalan que los proyectos mineros deben cumplir con estándares internacionales sostenibles, sin embargo, el desarrollo de esta actividad económica en Chile se ha caracterizado por un impacto ambiental negativo y vulneraciones a los derechos de las comunidades (Escalona, González, Grez y Mardones, 2011).

La débil protección de un Estado subsidiario y el predominio de un modelo económico basado en la extracción de recursos naturales, ha generado riquezas que no quedan en los territorios y externalidades negativas en las comunidades, las que perciben el daño ambiental en su cercanía física, pero se sienten alejados de sus beneficios (Valenzuela, Penaglia y Basaure, 2016). De esta manera, los habitantes de territorios declarados como zonas saturadas de contaminación y “zonas de sacrificio” son quienes experimentan el lado más crudo del desarrollo económico. En este contexto, cabe preguntarse ¿Cómo perciben las comunidades los cambios en su entorno, sus costumbres y vida cotidiana por el desarrollo de la mega-minería? En torno a esta interrogante, el presente artículo es producto de una investigación realizada donde se abordó la historia local de El Toro, comunidad con tradición minera a pequeña escala ubicada en el “norte chico” chileno entre dos faenas de Megamineras, con la finalidad de conocer las prácticas de resistencia de esta localidad ante un modelo económico que depreda la vida y los territorios en el Chile contemporáneo. Desde Trabajo Social es importante relevar y visibilizar las voces, luchas y sentires de los sujetos y territorios, especialmente de aquellos que son excluidos y golpeados por los intereses del capital, que se expresan en las consecuencias negativas que genera la megaminería de capitales privados bajo un Estado neoliberal.

Chile a nivel internacional. ¿Cómo nos ven fuera del país?

En Chile, la exportación minera es parte fundamental de la economía. El país explota al menos siete minerales metálicos, siendo el cobre el que tiene la más alta producción. La cantidad industrial de mineral extraído posiciona al país como el principal exportador de cobre a nivel mundial. Si bien el Estado chileno posee dominio sobre todas las minas y sus elementos anexos, tanto de manera subterránea como superficial, ostenta la facultad de entregar concesiones mineras para que una persona natural o jurídica explote dichos yacimientos. Al respecto, las empresas privadas y capitales internacionales poseen la mayor participación en la producción de cobre a nivel nacional (Correa, 2016). El crecimiento económico asociado a la riqueza de este mineral, fue uno de los motivos que facilitó la entrada de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 2010. La integración de Chile en la OCDE ha abierto la posibilidad de trabajar junto a las economías más avanzadas del mundo en la búsqueda de soluciones a desafíos económicos, sociales y medioambientales que atañen al país. Junto con ello, Chile ha adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) originados el 2012 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019) estos objetivos mundiales están relacionados a desafíos ambientales, políticos y económicos tales como poner fin a la pobreza, proteger el planeta y promover la paz. En este contexto, cabe preguntarse ¿Qué relación tienen estos acuerdos y reconocimientos internacionales con la actividad minera?, ¿Qué ocurre en los territorios donde se explota la tierra para extraer sus recursos y los derechos sociales de aquellas personas? A continuación, se describen las claves de un modelo primario exportador como el chileno, que tiene como base la extracción y explotación de recursos propios de la naturaleza.

Extractivismos en Chile. ¿Cómo estamos dentro del país?

Al hablar de extractivismos en Latinoamérica, nos enfocamos en una actividad productiva que se alimenta de los recursos naturales para satisfacer demandas económicas locales y, principalmente, globales. Eduardo Gudynas (2014) comprende el extractivismo como la extracción de grandes volúmenes de recursos naturales, que en su mayoría son exportados como materias primas o con escaso procesamiento. Este conjunto incluye a emprendimientos megamineros, petroleros, monocultivos de exportación y ciertas actividades pesqueras o forestales (Gudynas, 2014).

En América Latina, el extractivismo como mecanismo de apropiación de recursos naturales se ha desarrollado bajo regímenes políticos diversos, tanto conservadores como progresistas, lo cual demuestra un origen que trasciende las corrientes político partidarias, correspondiendo más bien a ideas básicas del desarrollo contemporáneo (Gudynas, 2014). El beneficio económico que surge a través de esta apropiación, es lo que mueve a gobiernos e instituciones a facilitar procesos de extracción.

Maristella Svampa (2019) sostiene que la historia del extractivismo en la región no es lineal, sino que se ha visto atravesado por los sucesivos ciclos económicos dependientes de las demandas del mercado mundial. Uno de estos ciclos se dio a inicios del siglo XXI, donde los altos precios internacionales en la compra de productos primarios (commodities), favoreció a las economías latinoamericanas y sus respectivas balanzas comerciales (Svampa, 2010). Esto nos lleva a reflexionar sobre la dependencia económica de los países extractivistas y primario exportadores con los mercados internacionales.

En el caso de Chile, la producción minera extractivista, tan valorada por su aporte a la economía nacional, ha implicado una serie de costos ambientales. Este impacto negativo ha afectado principalmente a comunidades locales cercanas a los proyectos mineros, ya que ser parte de un territorio donde se extraen recursos de la naturaleza, significa permanecer en un lugar que está siendo constantemente intervenido, saqueado y empobrecido (Escalona, González, Grez y Mardones, 2011).

Para De Walsche y Marcelo (2008), el “saqueo de recursos” posee una larga historia, 500 años (tiempos de la colonia) y en la actualidad, forma parte de una economía globalizada que se centra en un crecimiento permanente, donde el uso ilimitado de las riquezas naturales es una constante. En este tipo de economía nuestro continente resulta clave, pues es uno de los principales proveedores de materias primas en el mercado internacional. Junto con ello, Veltmeyer (2017) señala que el extractivismo requiere una “constante expansión territorial”, lo cual desplaza o bien destruye alternativas económicas sustentables, formas locales de producción y modos de vida. Esta alteración de la cotidianeidad está marcada por el impacto socioambiental que conllevan las actividades extractivas.

En el caso de Chile, se creó una categoría para los territorios afectados por la megaminería, las llamadas “zonas saturadas”. Estas corresponden a aquellas en donde “una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas”, siendo la declaración de una zona como tal, fundamento necesario y directo para la posterior elaboración e implementación de un Plan de Descontaminación o Plan de Prevención (Corporación Nacional del Medio Ambiente [CONAMA], 2005). De esta forma, el Estado ha tenido que elaborar planes estratégicos para hacer frente a los problemas medioambientales. El 2014 se declaró una “deuda histórica” en relación al control de contaminación en distintas regiones del país, lo cual llevó a la elaboración de Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA) dirigidos a las localidades denominadas como “zonas saturadas”.

En el campo social y político, el término referido a estas denominadas “zonas saturadas” comprende el concepto de “zonas de sacrificio”. Bolados y Sánchez (2017) definen las “zonas de sacrificio” como territorios donde los daños ambientales producidos por el neoliberalismo, son vividos y justificados como el costo del progreso. Estos son lugares “abandonados” por parte del Estado, donde se omiten derechos fundamentales de las personas en beneficio de determinados actores económicos, industriales, forestales, agrícolas y mineros, que provocan efectos perjudiciales al medio ambiente y a la salud de las comunidades locales y acaparan los recursos que entrega la naturaleza. Si bien es una categoría que no ha sido reconocida por las instituciones, ha tomado mucha fuerza entre organizaciones socioambientales y territoriales.

En el contexto de la gran minería, cabe mencionar que estas actividades extractivas requieren cantidades industriales de agua dentro de sus labores y generan toneladas de desechos tóxicos, en su mayoría en forma de relaves. Este uso intensivo de recursos naturales como el agua y la tierra, implican un saqueo de recursos como un daño al territorio y a la salud de las personas. Para Cuenca (2008) lo anterior constituye una grave injusticia ambiental, implicando un deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones que han sufrido el impacto -en muchos casos, irreversible- de la contaminación ambiental. Al respecto, la noción de territorio para Svampa (2019), condensa un alto contenido político y social, donde la movilización colectiva pasa a ser ejercicio necesario en la reclamación de derechos, surgida entre habitantes de un mismo espacio. Según la autora:

El territorio aparece como un espacio de resistencia y también, progresivamente, como un lugar de resignificación y creación de nuevas relaciones sociales. Desde la perspectiva de los movimientos sociales, la territorialidad como dimensión material ha sido comprendida como autoorganización comunitaria, tanto de los movimientos campesino-indígenas como de los movimientos sociales urbanos, asociados a la lucha por la tierra y los reclamos en torno a las necesidades básicas (Svampa, 2019, p. 39).

De esta manera, la noción e identificación con un territorio ha movilizado a los habitantes de las comunidades en América Latina para luchar tanto por sus tierras como por la apropiación de recursos naturales por actores externos. En la medida que el extractivismo produce contaminación en distintos niveles, así como inequidades a nivel territorial, sostiene un modelo económico que se opone al desarrollo local de las comunidades. Esta desigualdad de poder y recursos, origina conflictos y la constitución de agentes que luchan y resisten en sus espacios territoriales. Para comprender esta relación, a continuación se presenta el contexto de la investigación en el norte chico chileno.

La comuna de Andacollo y la localidad de El Toro como ejemplo territorial de contaminación extractivista

La ciudad de Andacollo, ubicada 486 km al norte de Santiago, corresponde a una zona saturada -o de sacrificio- debido a su cercanía territorial con las compañías mineras Teck Carmen de Andacollo y la Compañía Minera Dayton, dedicadas a la extracción de cobre y oro respectivamente. Ambas realizan sus faenas a rajo abierto, lo que significa realizar tronaduras al aire libre. El polvo (material particulado MP10) que se levanta en esta acción, queda suspendido en el aire, causando polución y contaminación atmosférica. Teck es una empresa canadiense de recursos diversificados y Dayton de origen australiano, actualmente se encuentra cerrada parcialmente desde diciembre del 2016. La cercanía de estas mineras al pueblo de Andacollo es de aproximadamente un kilómetro, lo que convierte a esta localidad en un ejemplo paradigmático de los efectos de la megaminería en la población. Las y los habitantes de la comuna se han manifestado desde el año 1997 por los problemas de contaminación, responsabilizando a las compañías mineras de esta situación.

Andacollo fue declarada como zona saturada el 2009, luego de exceder ocho veces la Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable (MP10) en un período de 12 meses. El 2014 entró en vigencia el Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) para el sector, aprobado por el Consejo de Ministros por el Decreto Supremo Nº 59. El PDA de Andacollo fue pensado para que cada actor clave de la comuna desarrollara acciones concretas respecto al mejoramiento de la calidad del aire, entre ellos, el municipio y las empresas. El PDA establece que se debe transparentar información a la comunidad sobre el día y la hora de las tronaduras[2], así como el estado de las zonas de monitoreo y medición de la dirección que tiene el viento (Ministerio del Medio Ambiente, 2018).

Algunos estudios realizados en la comuna por la Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales (CODECIAM) han dado cuenta que, si bien la contaminación ha disminuido en términos generales, las tronaduras se concentran en dos horarios del día, afectando fuertemente la percepción de mejora por parte de la población (Pouchucq, 2018). Otros análisis, realizados en el interior de las casas de Andacollo, indican que probablemente la contaminación que se encuentra allí provenga directamente de la tronadura, con una alta carga de metales tóxicos (Pouchucq, 2019). Ambos estudios se contradicen con el PDA propuesto, donde el control estricto de las tronaduras y sus niveles de contaminación, es uno de sus pilares fundamentales.

Un estudio de percepción de actores clave realizado por la misma ONG, da cuenta que los únicos actores que evalúan la implementación del PDA de manera satisfactoria son precisamente los actores que no son, ni han sido nunca habitantes de la comuna de Andacollo (Paredes y Lara, 2018). De esta manera, los y las habitantes de Andacollo se muestran insatisfechos con los resultados de la implementación del Plan y no perciben mayores cambios en su diario vivir respecto de la calidad del aire, como tampoco una reducción del polvo levantado por las tronaduras.

Además de los problemas ambientales señalados, en los sectores aledaños de Andacollo también se hacen latentes distintas problemáticas sociales. En la comuna se encuentran 11 localidades pobladas[3], que están fuera del plano urbano y son caracterizados como sectores rurales. Entre ellas, se tiene registro que el 60% cuenta con electricidad domiciliaria, menos del 30% tiene acceso a red de agua potable, así como apenas el 18% de ellas cuenta con alcantarillado (Municipalidad de Andacollo, 2008). El Toro es una de estas localidades, ubicada a 5 kilómetros del centro de Andacollo. Ambos sectores están conectados por una vía única de acceso vehicular, que pasa por entre las dos mega-faenas mineras, donde un tramo de ésta pertenece y es mantenida por la Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo. En términos espaciales, El Toro se encuentra rodeado por ambas mineras, con una al oriente y otra al poniente.

Según la Municipalidad de Andacollo (2008), en la última década la población de El Toro disminuyó en más de un 50%, principalmente debido a la aplicación de un programa de relocalización durante el año 2000 hacia una villa en el centro de Andacollo. Este cambio fue motivado por su cercanía con relaves mineros[4], producto de las operaciones de la Compañía Minera Dayton. La gestión del proceso de relocalización tuvo el apoyo del Programa Chile-Barrio. Sin embargo, pese a las constantes presiones externas, la comunidad de El Toro ha permanecido en su territorio. Actualmente, el Toro cuenta con 19 familias viviendo en el lugar, principalmente conformadas por adultos mayores, hombres y jóvenes que se dedican a la pirquinería (minería a pequeña escala). La tenencia legal de los terrenos habitados se encuentra en tramitación, en un proceso de 12 años que está siendo gestionado entre el Comité de Vivienda vecinal y Bienes Nacionales. En el apartado siguiente, se presenta el marco metodológico que permitió aproximarse a la historicidad de las luchas de esta comunidad en defensa de su territorio.

Aproximación metodológica

El presente estudio corresponde a una investigación cualitativa, enfoque que permite acercarse en profundidad a la perspectiva de los propios sujetos en su entorno social (Vasilachis, 2008), bajo las orientaciones de la recopilación de testimonios para recuperar la historia local de la comunidad de El Toro. Para ello, fue necesario desde el punto de vista metodológico recuperar la voz de los propios protagonistas de estas historias (Garcés, Ríos y Suckel, 1993).

La primera aproximación con la comunidad de El Toro, tuvo lugar a inicios del 2018, a través de la ONG CODECIAM y mediante reuniones colectivas llevadas a cabo en la sede vecinal del sector (Acuña y Salas, 2019). En ellas, la población dio a conocer su situación actual y sus actividades cotidianas, así como las problemáticas vigentes en su territorio, relacionadas principalmente con el impacto de la mega minería en la escasez de recursos vitales como el agua y la tierra. También se manifestó la latente desunión de la comunidad, producto de conflictos internos y malos entendidos que se han arrastrado a lo largo de los años.

En ese contexto, los y las habitantes mostraron interés por generar espacios de diálogo y encuentro para reflexionar sobre su vida en comunidad, su historia y los desafíos que enfrentan en el presente. De este modo, se elaboró un diseño investigativo orientado a recuperar la historia local de El Toro, contada desde sus propios/as habitantes en base a sus relatos como fuente principal de información. Dicha perspectiva es particularmente importante debido a que esta comunidad se mantiene en el mismo sitio que se fundó, pese a las intervenciones externas que ha sufrido por la mega minería. Se erige como un territorio en resistencia, que tiene un mensaje por transmitir mediante la voz de sus habitantes. La investigación contribuye a conocer el patrimonio vivo de la comunidad, en términos de las experiencias relacionadas a su territorio así como del sentido y el valor que le otorga a vivencias que protagonizaron en el pasado (Educación y Comunicaciones – ECO, 1994; 2012).

Como herramientas de producción de información, se utilizó la entrevista grupal y la entrevista en profundidad con la finalidad de aproximarse a relatos o testimonios de una persona que, a través de sus vivencias, se refiere a un suceso histórico o social del cual fue protagonista o testigo (Garcés, Ríos y Suckel, 1993). Bajo esta perspectiva, durante el año 2018 se realizaron cinco visitas a terreno, lo que permitió desarrollar dos entrevistas grupales y trece entrevistas a vecinos y vecinas de El Toro y también a personas cercanas que mantenían un fuerte lazo con la comunidad. Para analizar el material recopilado se llevó a cabo un análisis de contenido categorial temático, desarrollando tres etapas consecutivas y recursivas: preanálisis, codificación y categorización (Vázquez, 1994). A continuación, se presentan los temas centrales del estudio: el desarrollo de la minería, el territorio y las organizaciones vecinales en El Toro, destacando los campos de significado más relevantes y compartidos por los(as) participantes del estudio.

El habla de la Comunidad de El Toro: la minería y sus contradicciones

Lo único que nos hizo cambiar a nosotros aquí fue la llegada de las empresas, sino nosotros hubiéramos estado tranquilos. Porque las mismas empresas hacen dividir a las personas (Relato de MC, 2018)

El origen de El Toro se asocia con la fiebre del oro en los años 30, donde sus tierras ricas en minerales incentivaron a personas de diferentes lugares de Chile a llegar a la localidad y asentarse mediante campamentos. La actividad principal, en esos tiempos, se centraba en los lavaderos de oro como tradición familiar. Con el paso de los años, el lavado del oro se fue tecnificando, al punto que hoy se sostiene la pirquinería como oficio minero. Esta actividad consiste en la explotación de los cerros aledaños, la recolección de piedras impregnadas con oro, que luego se procesan de forma artesanal en el “maray” o “trapiche”, con el objetivo de reunir hebras o pepas de este mineral para luego venderlo en el mercado. El traslado a los cerros, transportando las rocas y las herramientas de trabajo (taladro, generador), se realiza en motocicleta. Los mismos pirquineros han marcado huellas o rutas para transitar. La pirquinería no tiene solo un fin laboral, sino que también habla de un oficio con sentido social e histórico, que mantiene viva una tradición cultural de la zona.

Desde que llegaron las mineras a Andacollo en la década de los 90, la pirquinería se vio afectada por su acción en el territorio. Las empresas impusieron cierres perimetrales en el sector, por lo que extraer minerales de los mismos lugares donde se hacía antes, comenzaba a ser considerado “ilegal”. Al respecto, la comunidad señala que los recursos del territorio son tomados y apropiados por parte de las empresas privadas:

Si nosotros andábamos recogiendo piedras y a nosotros nos decían que andábamos robando y yo le digo pero ¿cómo va a hacer robo si yo estoy recogiendo piedras? ¿Cómo? entonces, es un hurto. Es que la empresa dice que todas esas cosas son de ellos, pero es que, mentira le digo, porque nosotros somos chilenos y ustedes ¿de dónde son? son canadienses, son americanos (Testimonio de R.V. Julio 2018)

La coexistencia de ambos tipos de extracción minera, una explotación a gran escala impulsada por compañías transnacionales y una actividad minera a pequeña escala desarrollada por la comunidad local, genera un desequilibrio de poder, que se expresa en las acciones de la mega minería que intervienen el territorio, limitan el desarrollo laboral de los pirquineros y afectan la principal fuente de trabajo que sustenta la vida de los habitantes del sector:

Un día llegó el gringo, mandó las máquinas, nos hizo pedazos las huellas y todo, ahí nos enojamos nosotros. Había que enojarse, lo que nos había costado meses, él en media hora lo destruyó todo (…) nosotros estábamos peleando lo justo no más (Relato de RV, 2018)

De esta manera, la “expansión territorial constante” que describe Veltmeyer (2017) se hace patente en esta localidad. Efecto de ello son la destrucción de las huellas de trabajo en favor del extractivismo a gran escala, así como proscripción de las labores artesanales en un terreno que antes era explotado sólo por los habitantes del sector.

La respuesta por parte de la comunidad no se dejó esperar. Al ver que estaban siendo despojados de las riquezas que su mismo territorio les entregaba, reclamaron ante los defensores de los intereses privados, quienes aún persiguen y atacan a los pirquineros. El contraataque fue colectivo:

Así, protestas, se unía el pueblo para un fin… Venían los pacos (fuerzas de orden público) a sacarlos y salía la gente tocando las ollas. “Vienen los carabineros” y salían todos a protestar. Porque era la fuente de ingresos que tenía el pueblo, entonces había que defenderlo. Y salían todos a defender a la gente (Relato de YZ, 2019)

El sentido de territorio y pertenencia a él, se condice con las ideas de Svampa (2019) sobre considerar este campo como dimensión material de los movimientos sociales, donde se genera una lucha por la tierra y los reclamos en torno a necesidades básicas. El sentido de reivindicación de los pirquineros, así como la libertad de extraer oro artesanalmente, por necesidad y como sustento, constituye la identidad que articula estas acciones colectivas en localidades como El Toro.

Además de apropiarse de los recursos minerales del sector, las grandes mineras han modificado las condiciones ambientales de la localidad, tanto del aire, como de la tierra y el agua. La vida antes de la llegada de las mineras permitía el autoabastecimiento, donde había una cercana relación con la tierra, que era fértil para cultivos, y propicia para la crianza de animales. La gente vivía de sus huertos, árboles frutales y legumbres, así como de sus cabras y gallinas. En la actualidad, esto no es posible debido a la falta de agua y las tierras cargadas de materiales tóxicos, producto de la actividad de la gran minería.

El aire se ha visto gravemente contaminado debido a las tronaduras donde se levanta material particulado, que afecta la calidad de este y la salud de las personas. Las y los habitantes de El Toro ven esta contaminación cada día, ya que su ubicación sobre los cerros le permite percibir el polvo que levantan las tronaduras:

Dicen “hay trabajo” pero ¿a costa de qué? A nosotros que nos están matando día a día y la gente no se da cuenta. Si ustedes hubieran visto el día antes, esa cuestión estaba oscura para allá abajo, pura tierra, humo y eso ¿quién lo paga? A nosotros no nos paga nadie. Nosotros comiendo calladitos no más de la tierra (Relato de RV, 2018)

Uno de los puntos importantes del Plan de Descontaminación Ambiental consistía en establecer relaciones entre las empresas y el municipio, de modo que, si los niveles observados de contaminación por parte de la población eran muy altos, podían intermediar con ella algún acuerdo o solución. Sin embargo, la gente reclama que denunciar no cambia la situación: 

En la mañana no se ve Andacollo (…). Uno les reclama pero sigue igual (Relato de AS, 2018)

La geografía también ha sufrido las consecuencias de las actividades y faenas mineras. Con sus depósitos de escorias, el paisaje resultó violentamente modificado. Los vecinos/as de El Toro comentan que muchos de los cerros que se encuentran alrededor, son relaves mineros:

Cuando llegaron las mineras aquí, cambió la geografía. Por ejemplo allá (…) restos de minerales que son artificiales. Son acopios (Relato de JP, 2018)

El daño al suelo está interrelacionado con el daño al agua. Y es que las “tortas de relave” (como se denominan a algunos de los cerros de desechos), además de ser tóxicas y encontrarse las localidades de Andacollo y El Toro, afectan la capa del subsuelo donde se encuentran las napas de agua, en un contexto en que la mayoría de las norias del sector ya están secas. Respecto al acceso al agua, existe un acuerdo entre la Municipalidad y la Minera Teck Carmen, en donde esta última ofreció abastecimiento mediante un camión aljibe para la localidad con una periodicidad de 15 días. Los habitantes de El Toro advierten que no es suficiente para el suministro de una familia completa:

Estamos bien afligidos con la cuestión del agua. Sobretodo el agua para beber. Si aquí a mí me alcanza el agua porque nosotros tenemos el agua de allá de la vertiente (…) si ocupáramos pura agua del camión, no alcanzaría para nada (Relato de MC, 2018)

El valor del agua es demasiado alto para cuantificarlo en cifras. Es esencial para asegurar la vida. Así mismo lo reconocen vecinos/as de El Toro, quienes reconocen la importancia de este vital elemento y su protección:

Donde hay agua, hay vida. Y nosotros tenemos que proteger desde montaña a mar. No de mar a montaña. Porque la montaña se alimenta del mismo mar, pero tiene que venir limpia el agua al mar. Todo lo que estamos viviendo no es coincidencia. Ahora lo que se viene en el futuro es lo ecológico. Y en todas partes (Relato de YZ, 2018)

Los daños al aire, el suelo y el agua en Andacollo han movilizado a poblaciones completas. Así sucedió con otros pueblos cercanos a El Toro, los que fueron relocalizados debido a los altos niveles de contaminación detectables en la zona:

El Churque. Ese pueblito desapareció… Ahora hay un tranque de relave. La minera hizo un tranque ahí para echar los desechos del relave (Relato de JP, 2018)

De acuerdo a diversos relatos, las mineras han buscado medios para desplazar a los y las habitantes de El Toro. Sin embargo, esta comunidad se ha mantenido firme y en la lucha para defender el territorio que históricamente han habitado. Tienen conciencia que existen otras fuentes laborales y alternativas a las faenas mineras, de esta forma, señalan que ellas son parte del problema, no los habitantes del sector:

Que se vayan las mineras y seguir trabajando tal cual estamos pero, sin mineras, sin contaminación sería lo mejor y no tan solo para mí, yo creo que para Andacollo completo… (Relato de AS, 2018)

Esta defensa del territorio y sus modos de vida se transformó en organización colectiva. En El Toro esto se cristalizó mediante el Comité de Vivienda, agrupación vecinal que ha dialogado con organismos como Bienes Nacionales para regularizar la tenencia de sus títulos de dominio. Gracias a la auto-organización, actualmente se ha tramitado el reconocimiento “legal” como pobladores de El Toro, aun cuando sus familias y antepasados llevan casi un siglo habitando en el lugar. Una de las preocupaciones que tienen ahora es la duración de esta tramitación, la que podría tardar 12 años. Sin embargo, hay optimismo respecto al proceso:

Está contenta la gente. Salió eso de los terrenos, no nos pueden sacar ya. A no ser que no se pague. Porque también lo pusieron ahí en sus cláusulas… Ya no se paga arriendo (a Bienes Nacionales), se está pagando el terreno nomás (Relato de JP, 2018)

El dinero que deben pagar al organismo estatal se prorratea anualmente entre los y las habitantes de El Toro. Cada familia tiene su cuota, pero hay casos donde los esfuerzos individuales no alcanzan y se buscan las salidas colectivas. Para ello, se han organizado actividades donde toda la comunidad participa, dona, colabora e invita a sus familiares en Andacollo, tanto en “rifas” (sorteos de productos) como “platos únicos” (venta de almuerzos), eventos de “turismo astronómico”:

Se hace por cooperación, y vamos compartiendo, que sale el beneficio (Relato de HP, 2018)

De esta manera, los habitantes de El Toro se han organizado para seguir viviendo en la localidad en que han sostenido su vida, tal como lo hicieron sus antepasados. El compromiso que tienen sus habitantes con el sector es muestra de un sentido de pertenencia a este espacio, donde la organización colectiva ha tenido logros y avances:

Aquí vamos a seguir luchando por nuestro pueblo, cuando queremos hacer cosas nos juntamos, las proponemos y las hacemos (…) Tengo la confianza y la fe de que todo va a salir bien (…) para que perdure este pueblo, que no muera, como han muerto otros pueblos que las mineras los han hecho desaparecer (Relato de JP, 2018)

La comunidad de El Toro sigue en pie de lucha, por justicia y dignidad, en defensa de su territorio, resistiendo al avance de la gran minería, cuyos intereses ponen en peligro el derecho a la vida y a un medio ambiente libre de contaminación:

Si hay que morir con las botas puestas, moriremos con las botas puestas. No le tengo miedo ni temor a huir. A alzar la voz… porque la voz llegará a los oídos conscientes de quienes realmente se interesan por estas cosas, porque son problema no tan sólo acá… Imagínate en Quintero lo que sucede, imagínate lo que sucede en todo el planeta en general (Relato de YZ, 2018)

El amor a la tierra no tiene precio. Las historias, vivencias y experiencias de vida tampoco. Por lo mismo, la comunidad de El Toro y su espíritu de lucha trasciende las acciones extractivas de la gran minería transnacional y transmite un mensaje que resuena en toda América Latina respecto a la lucha por la naturaleza:

El valor significativo que tiene este pueblo es mucho, mucho más que el mineral que sale (Relato de YZ, 2018)

Consideraciones finales

El crecimiento económico en Chile desde la vuelta a la democracia en 1990 ha sido notorio, por decir lo menos. El mismo presidente Sebastián Piñera hablaba del país como “un oasis” dentro de América Latina dado su estabilidad económica y financiera, poco antes de un estallido social nacido del malestar de la gente en octubre de 2018. Malestar que produce el modelo neoliberal al negar la legítima garantía de derechos sociales por parte del Estado, al mismo tiempo que sostiene una economía abusiva basada en el saqueo del medio natural.

El mineral de la tierra es una de las mayores riquezas de Chile y desde hace siglos ha sido explotado, trayendo por un lado consecuencias económicas positivas y, por el otro, consecuencias sociales negativas tanto en salud, trabajo, ingresos económicos, multiculturalidad y el acceso a un medio ambiente sano. La producción minera ha traído múltiples costos ambientales y sociales a las comunidades que viven cercanas a las faenas. La responsabilidad de ello recae, por un lado, sobre un Estado con una legislación ambiental débil y con escasa fiscalización hacia la acción de empresas privadas y, por otra parte, tenemos a las empresas transnacionales que se aprovechan de la laxitud o inexistencia de normativa evitando invertir en tecnologias que permitan tener una producción con mejores estandares ambientales. Esto sucede en Chile a pesar de estar adscrito a los ODS desde el 2015, de ser parte de la OCDE desde el 2009 y ratificar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las acciones de las empresas internacionales, apadrinadas por el Estado, se constituyen como un atentado al derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, asegurado en el Artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de Chile.

Un ejemplo de esta carencia de Estado se ve en la mala gestión de los desechos tóxicos. El objetivo número 12 de los ODS, sobre el “Consumo responsable y producción”, señala que la gestión de los recursos naturales, la forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes vitales, debe ser eficiente. Chile se encuentra al debe en este propósito, pues para que esto ocurra, debe desarrollarse una economía y producción conscientes con el medio ambiente y los impactos que sobre este se generan. Además de la necesidad de asegurar las miles de toneladas de material tóxico que han sido acumulados por décadas de producción “sucia” (ver catastro de depósitos de relave 2018 Sernageomin)

Por otro lado, el uso del agua en labores mineras (que demandan enormes cantidades de este elemento), empobrece a las y los pobladores de los territorios donde se producen faenas mineras y genera mayores desigualdades, ya que la falta de agua conlleva, no solo, problemas de salud sino un empeoramiento y rebaja general en la calidad de vida de la población. El objetivo n° 6 de los ODS habla de “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, y se relaciona con otros objetivos, como el n° 3 de “Salud y bienestar”. En este se establece que a través de la contaminación del agua, la mala calidad y el saneamiento inadecuado, pueden transmitirse enfermedades y afectar la vida de las personas.

El territorio de El Toro es una muestra de las contradicciones de la gran minería, donde el gobierno propone políticas publicas ineficaces para limpiar el aire (PDA 2015), al tiempo que la comunidad se manifiesta sobrepasada por la acción de las empresas mineras. En ese sentido, el patrón de acumulación imperante en Chile, esto es, un neoliberalismo sostenido sobre el carácter primario exportador de la economía, solo generará consecuencias negativas para las comunidades y territorios, como positivos para el gran capital, es decir, para las empresas transnacionales que se sostienen en base a la extracción y agotamiento de bienes naturales y comunes, lo cual perpetua el lugar dependiente y periférico de nuestra economía a escala mundial.

Lo anterior se torna campo indiscutible para la reflexión del Trabajo Social, pues varios autores vienen llamando la atención sobre la relación entre medio ambiente y el quehacer profesional. Ejemplo es Lena Dominelli (2012), quien describe la polución industrial y la degradación ambiental como perjudiciales para el desarrollo de cualquier comunidad. Sumado a ello, la insuficiencia de las empresas para limpiar el medio ambiente, las cuales tienen consecuencias a largo plazo para quienes viven en los territorios afectados, ya que no siempre pueden hacer frente a estos efectos (2012: 82). Ante estos casos, se sugiere que las y los trabajadores sociales pueden asistir a las personas, comunidades y territorios que se encuentran bajo una sistemática vulneración de sus derechos fundamentales.

Pero más allá de ello, consideramos que desde distintas instancias donde se desenvuelvan profesionalmente, los y las trabajadores sociales pueden aportar compilando información detallada acerca de la situación que sufren las comunidades, incorporando fuertemente la voz de los actores y comunidades, pero también denunciando y exigiendo al Estado que cumpla los acuerdos de derechos humanos firmados a nivel mundial, además exigir compensaciones a los afectados cuando los daños están hechos. Al mismo tiempo, con las propias comunidades es posible fortalecer las dinámicas de colaboración, solidaridad, autoayuda, y resistencias para enfrentar los conflictos, como también de visibilización de este, a través de diversos canales de difusión.

En ese sentido, desde nuestra perspectiva, el trabajo social no puede verse sólo como una disciplina que asiste y acompaña a las personas cuando tienen problemas. En el caso de la localidad de El Toro, la misma comunidad ha presentado sus querellas con apoyo de la municipalidad, máximo organismo institucional comunal, sin embargo, no ha habido cambios significativos. Esto da cuenta de una situación que va más allá de lo visible: la prevalencia de un sistema que extrae y empobrece los territorios, encabezado por empresas internacionales y legitimadas por el Estado.

Los y las trabajadores sociales, para ser agentes activos y aportar en los cambios sociales, se debe comprender, en primera instancia, que las historias de lucha pertenecen a quienes las personifican y nuestro aporte es unirnos a estas poniendo a disposición de las comunidades y movimientos, los conocimientos teórico políticos, metodológicos y técnicos. La intervención vertical y sin consenso previo es una réplica de las políticas y programas que tantas veces criticamos. Apuntar a la democratización sustantiva y la autodeterminación de las comunidades es central para avanzar hacia otro proyecto de sociedad, lo cual implica, como primer paso, considerar la recuperación de relatos de quienes han liderado procesos de resistencia durante décadas, porque son un aporte para mantener viva la memoria colectiva, que cristaliza contradicciones intrínsecas del sistema neoliberal que hoy nos caracteriza.

Con todo, la reconstrucción de una historia local en El Toro fue fruto de una intervención pensada desde y hacia la comunidad, respondiendo a sus necesidades de mantener su lucha por la libertad y la vida.

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  1. Chile fue el miembro n° 31 en ingresar a la Organización, el primero del cono sur americano. Los otros países del continente norte son México y Estados Unidos. Prontamente se espera el ingreso de Colombia.
  2. El Ministerio de Minería define tronadura como la fragmentación instantánea que se produce en la roca por efecto de la detonación de explosivos depositados en su interior. Esta acción levanta nubes de polvo rocoso, categorizado como Material Particulado 10 (MP10).
  3. El Manzano, La Cortadera, El Cobre, La Chupalla, Caldera (Damas), Maitencillo, Chepiquilla, El Curque, Churrumata y El Toro son algunas de ellas.
  4. Los relaves mineros corresponden a depósitos de desechos tóxicos que contienen arsénico, plomo, mercurio, sales de cianuro y otros químicos peligrosos y contaminantes propios de la gran minería, afectando la vida y medioambiente de las comunidades cercanas a estos depósitos que se encuentran en desuso y abandonados.


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