Otras publicaciones

9789877230970_frontcover1

9789871867493-frontcover

Otras publicaciones

Book cover

9789877231076_frontcover

1 Mujeres jóvenes y homicidio

Derechos y jerarquías en la justicia penal bonaerense a principios de siglo XX

Florencia Castells

Introducción

Los criminólogos y juristas contemporáneos observaron, en el estudio de la criminalidad femenina, que, en general, las mujeres eran menos criminales que los varones. A su vez, en relación con los delitos contra las personas, les otorgaron importancia a aquellos asociados con la maternidad, como el aborto y el infanticidio. Esto ha permeado las miradas posteriores producidas por los científicos sociales sobre la criminalidad asociada a las mujeres de principios del siglo XX, quienes han considerado la menor incidencia de la mujer en la criminalidad y su tendencia a involucrarse en crímenes “típicamente femeninos”, como los delitos que incluían infantes (abortos, infanticidios, abandonos, robos de infantes, corrupciones de menores) y otros, como adulterios, estupros, hurtos domésticos y homicidios por envenenamientos.[1]

Al mismo tiempo, en algunos trabajos se ha cuestionado dicha tipicidad al observar el bajo cometimiento de delitos considerados violentos perpetuados por mujeres. En ese sentido, Lila Caimari (2007), en su estudio sobre la criminalidad femenina en Buenos Aires, ha identificado una importante proporción de delitos de lesiones leves entre la totalidad de los cometidos por mujeres.[2] Por su parte, Julieta Di Corleto ha abordado el caso de Carmen Guillot, una mujer que asesinó a su marido.[3] De esta manera, la exploración de los delitos considerados violentos cometidos por mujeres, puede ser una puerta de entrada a un problema más amplio: cómo aquellas sociedades de principios del siglo XX entretejían significaciones en torno a las mujeres y a la violencia producida por ellas.

En su estudio sobre la criminalidad femenina en el período del “porfiriato” mexicano, Elisa Speckman Guerra ha estipulado que las transgresiones producidas por mujeres conllevaban evaluaciones en torno a la moralidad femenina. Ellas eran más sancionadas que los varones, ya que, al cometer un delito se encontraban, además, faltando al modelo de conducta femenino. Al mismo tiempo, eran más penados los crímenes que implicaban un mayor alejamiento del patrón de maternidad y domesticidad. En el caso específico de las mujeres que cometían homicidios hacia sus compañeros y/o hacia varones, Speckman Guerra (2014) ha establecido que eran juzgadas con severidad por los jueces, debido a que las asesinas eran consideradas a partir del nivel alto de transgresión a los mandatos considerados femeninos. De esta manera, se puede entrever la importancia de los condicionantes de la moral a la hora de ser juzgadas por sus crímenes.

En paralelo al devenir mexicano, los profesionales judiciales argentinos que participaban de los procesos relativos a mujeres acusadas de haber cometido asesinatos hacia varones producían observaciones que ponían en discusión los derechos individuales pregonados por los Códigos Penales, prestándole atención a las jerarquías presentes en la época: el honor femenino, y los condicionamientos psicopatológicos del período que pautaban la “temibilidad” de las delincuentes.[4]

En el caso de las mujeres jóvenes que eran acusadas, la “minoridad”[5] también podía ser considerada como una variable a ser observada por jueces y fiscales, sobre todo luego de la sanción de la Ley de Patronato, en 1919, y la incorporación de su régimen de responsabilidad penal en el Código Penal nacional sancionado en 1921. El Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield (1874: 25) y aprobado en 1869 consideraba menores a todo aquellos que no tuviesen la edad de veintidós años, estipulando como “impúberes” a los que no alcanzasen la edad de catorce años cumplidos, y como adultos a los que tuviesen desde esa edad hasta los veintidós años cumplidos. Si bien quienes tenían menos de veintidós y más de catorce años eran considerados adultos y responsables penalmente, seguían siendo incapaces jurídicamente en muchos aspectos, por lo que se encontraban en un estatus jurídico inferior al de los adultos mayores de edad.

De esta manera, en este capítulo se examinan las miradas y posicionamientos de los profesionales judiciales para analizar los sentidos en disputa en torno a los derechos y las jerarquías sociales y jurídicas presentes durante el juzgamiento de mujeres jóvenes, menores de veintidós años y mayores de catorce años, por el delito de homicidio cometido hacia varones, a principios del siglo XX. Las miradas son exploradas, por un lado, teniendo en cuenta la multiplicidad de preceptos culturales y normativos a partir de los cuales se las podía observar y juzgar.[6] En ese mismo sentido, se puede entrever que los postulados de los códigos penales vigentes que referían a la igualdad jurídica, basados en el delito en sí, convivían con los discursos de los profesionales judiciales que se encargaban de observar las características personales de las mujeres criminales.

Así, se analizan las significaciones históricas en torno a las mujeres jóvenes consideradas violentas, explorando el entramado contextual constituido en los procesos judiciales en las primeras tres décadas del siglo XX en la provincia de Buenos Aires (Ginzburg, 2010: 404). En el estudio se privilegia la observación de los procesos correspondientes a la justicia criminal bonaerense, en específico, a los juzgados criminales de La Plata, cabecera del departamento judicial Capital, y de Mercedes, cabecera del departamento judicial Centro. Dichos procesos han sido relevados a partir de los legajos penales de las mujeres que se encontraron presas en la Penitenciaría, Cárcel de Mujeres y Depósito de Menores de la ciudad de La Plata, que era administrada por la Orden religiosa del Buen Pastor.[7]

Durante este período la provincia sufrió un sinfín de transformaciones derivadas de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires y es así como el conjunto de los territorios provinciales adquirió una dinámica propia derivada del espectacular crecimiento del modelo agroexportador, que convirtió a la provincia Buenos Aires en el motor de este y, en consecuencia, de la recepción del grueso de la inmigración ultramarina en el país (Míguez, 2013: 15-50). En este sentido, el enfoque establecido en la provincia Buenos Aires pretende una mirada del pasado nacional descentrada que se inserte en el marco más general de la configuración de la estatalidad provincial.[8]

A nivel nacional, entre el último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del XX, tuvo lugar el proceso codificador a nivel provincial y nacional, lo cual produjo transformaciones en la práctica penal. Este proceso se tradujo en la sanción del Código Penal en 1886, la aprobación del Proyecto de reforma a este mismo código en 1903 y, finalmente, la aprobación del Código Penal de 1921. Por su parte, en 1888, se sancionó el Código de Procedimiento penal a nivel nacional y, en 1896, el Código Procesal para la provincia de Buenos Aires, que padeció las modificaciones de 1906 y 1915.

Dichas codificaciones contuvieron referencias dedicadas a sujetos particulares, así como también fueron acompañadas de otras leyes más específicas. La niñez y la juventud eran rangos etarios considerados de especial importancia en el marco de las teorías sobre la cuestión social que preocupaban a los principales intelectuales del país.[9] En este sentido, se fue produciendo un proceso de segmentación social por el cual jóvenes y niños pasaron a recibir penas y castigos crecientemente diferenciados de los que recibían los adultos (Freindenraij, 2016: 40-41). Sin embargo, vale tener en cuenta que este estatus diferenciador ha formado parte de las culturas jurídicas heredadas del período tardocolonial y posindependentista (Aversa, 2003: 101).

El Código Penal, sancionado en 1886 y redactado por el jurista Carlos Tejedor, configuraba sucesivas barreras etarias en las que, a medida en que se acercaba a la mayor edad, se habilitaban diferentes tipos de castigos, y una práctica punitiva diferencial para adultos y menores. Así, el Código estipulaba que se encontraban exentos de pena los niños que tenían menos de diez años, estableciendo su absoluta irresponsabilidad. Los niños de entre diez y quince años, también, se encontraban exceptuados de pena, a no ser que se comprobase que hubiesen obrado con discernimiento.[10] En específico, era considerada como una circunstancia atenuante tener menos de dieciocho años.[11] De esta manera, los jóvenes de entre quince y veintidós años de edad eran responsables penalmente, con la salvedad de la atenuante destinada para quienes tenían entre quince y dieciocho años.

Por su parte, no se dictaban medidas preventivas, por lo que, declarada la irresponsabilidad de niños y jóvenes, terminaba allí toda jurisdicción sobre ellos (Seidellán, 2010: 100). La pena de muerte no se imponía a los menores de edad, como tampoco a los mayores de setenta o a las mujeres mayores de edad, y si cometían un delito que ameritaba dicho castigo, eran condenados a penitenciaría por tiempo indeterminado. Al mismo tiempo, si les correspondía una pena de presidio, la misma mutaba por la de penitenciaría.[12] El discurso, en apariencia, benevolente que aparecía en el Código Penal sobre el cumplimiento de las penas de los menores de edad en dichos espacios de encierro era ambiguo ya que, en la práctica, los niños debían convivir con distintas clases de sujetos. Aunque ya desde la década de 1890 en Capital Federal funcionaba la Cárcel Correccional de Varones, que fue la primera institución a nivel nacional dedicada al castigo de los menores de edad, en la provincia de Buenos Aires, como en las demás regiones del país, no existían lugares de castigo destinados a ellos. Menos aún para las jóvenes delincuentes, ya que las mujeres no habían sido incluidas en el proceso de reforma penitenciaria, y las cárceles destinadas a ellas se encontraban administradas por la Orden religiosa del Buen Pastor, donde convivían adultas, jóvenes y niñas.[13]

La Ley de Patronato aprobada en 1919, a partir del proyecto presentado por el diputado Luis Agote, se encontraba orientada a otorgarle un estatuto legal a las anteriores demandas de contar con un tratamiento judicial y penal específico para niños y jóvenes acorde a los preceptos de tutela y protección. De esta manera, se producía una nueva definición de la patria potestad, y sus límites respecto del Estado, en donde el juez de menores conllevaba la concentración del poder jurisdiccional. [14]

Al mismo tiempo, la ley procuraba proteger a los menores delincuentes, conduciéndolos a instituciones específicas, como los centros educativos, los centros especiales de detención preventiva y los “reformatorios”. En este sentido, la normativa se encontraba permeada del discurso positivista presente en la época. Médicos y abogados procuraban concederle un estudio científico a la problemática, mediante su diagnóstico y el diseño de tratamientos, como bien podían serlo las instituciones destinadas a niños y jóvenes. Estos discursos criminológicos hacían hincapié en las ideas sobre la defensa social, la cual implicaba no solo el castigo, sino también en el tratamiento de la prevención del delito.[15]

Con la sanción del Código Penal de 1921 se esperaba una finalidad protectora y reeducadora sobre los niños y jóvenes. Por primera vez, se expresaba la falta de imputabilidad de quienes tenían menos de catorce años, eliminando el discernimiento como condición de su penalización.[16] Entonces, el lenguaje y el sentido codificador habían cambiado, y se creaba un tratamiento jurídico-penal específico para los menores de dieciocho años que, a partir de su sanción, comparecerían ante los jueces correccionales y criminales en el marco de un proceso diferente al de los adultos. Sin embargo, se puede observar que, si bien la Ley de Patronato y el Código Penal nacional de 1921 establecieron una legislación particular en relación con la minoridad, su materialización recién se solidificó con la sanción e implementación de las leyes provinciales varios años después. [17]

Como había incorporado la Ley de Patronato, cuando los jóvenes tenían más de catorce años y menos de dieciocho, en el caso de existir una condena condicional, y si se encontraban abandonados o en “peligro moral”, existía la posibilidad de “colocarlos” en un establecimiento de corrección hasta que tuviesen veintiún años previendo así el cumplimiento de las penas privativas en establecimientos especiales. Los menores de edad no podían ser declarados reincidentes, y el tribunal podía privar a los padres de la patria potestad y a los tutores de la tutela. Al mismo tiempo, se diferenciaron, de forma más aguda, los distintos espacios de reclusión y los diferentes sistemas correccionales destinados a menores.[18] Sin embargo, como ha afirmado Carolina Zapiola, en su estudio sobre la Ley de Patronato, también se encontraron límites en la concreción de estos espacios (Zapiola, 2010).

Por su parte, el Código seguía considerando a los jóvenes menores de edad, ahora entre los catorce y los veintidós años, como responsables penalmente aunque, sin embargo, los profesionales judiciales tenían la posibilidad de contemplar su edad en los procesos judiciales como atenuante de la penalidad (Domenech y Guido, 2003: 31-32).

En definitiva, se pretende analizar los sentidos producidos por los profesionales de la justicia en torno a los delitos de homicidio llevados a cabo por mujeres jóvenes en la provincia de Buenos Aires a principios de siglo XX, en una época de configuración de las codificaciones jurídicas nacionales. Para ello, se analiza de manera general las características de las jóvenes, para luego realizar un estudio detallado de las miradas presentes en dos de los procesos judiciales.

Un análisis social de las jóvenes acusadas de homicidio

En el presente apartado se realiza un análisis social de conjunto sobre las jóvenes acusadas del delito de homicidio, a partir de las “planillas de remisión” producidas por los agentes policiales que recibían a las mismas en las comisarías luego de ser interceptadas. y de los “registros del penado”, producidos por los funcionarios penales.[19]

La evaluación sobre las condiciones sociales de las jóvenes, en específico sobre la nacionalidad, el estado civil y la ocupación que presentaban a la hora de ser juzgadas permite comprender los posicionamientos y miradas de los jueces y fiscales. Estos se amparaban en las determinaciones morales y sociales a la hora de conceder la excarcelación o de imponer una penalidad. Estas observaciones generales permitirán explorar, más adelante, algunos de los procesos en su densidad discursiva.

Para comenzar el análisis es prudente realizar una pequeña exploración de los casos desde una perspectiva judicial. Los legajos muestran a seis jóvenes acusadas del delito de homicidio, de entre diecisiete y veinte años, que se encontraban internadas durante las primeras décadas del siglo XX en la Penitenciaría, Cárcel de Mujeres y Depósito de Menores de la ciudad de La Plata, mientras que eran procesadas o ya habiendo sido condenadas.

Magdalena tenía diecisiete años en 1910, cuando fue procesada por homicidio en Luján, y condenada a cinco años de penitenciaría en el juzgado del crimen del departamento judicial Capital, en La Plata.[20] Dora tenía diecinueve años en 1912, cuando fue inculpada por homicidio en el pueblo de Charlone, partido de General Villegas, y fue condenada a quince años de presidio y dos años de vigilancia por el juzgado del crimen de Mercedes, penalidad que fue confirmada en segunda instancia.[21] Asunta, quien fue acusada de homicidio en Trenque Lauquen cuando tenía veinte años, en 1912, fue condenada por el juzgado del crimen de Mercedes a seis años y medio de penitenciaría.[22] La muchacha obtuvo la conmutación de su pena gracias al gobierno interventor de José Luis Cantilo en la provincia de Buenos Aires, impuesto por decreto en 1917 por el entonces presidente de la nación Hipólito Yrigoyen (Hora, 2013: 51-80). Mariana, procesada en 1913, cuando tenía diecisiete años, fue sobreseída de la causa que se le imputaba, a los pocos días del suceso, en el juzgado del crimen de La Plata.[23] María, inculpada en 1914 a los diecisiete años, por los delitos de disparo de armas, lesiones y homicidio producidos en la localidad de Avellaneda, fue condenada a diez años de presidio y dos años de vigilancia por el juzgado del crimen de La Plata.[24] La joven también obtuvo la conmutación de su pena gracias al gobierno provincial interventor de José Luis Cantilo. Por su parte, Lucrecia, de dieciocho años en 1927, fue acusada del delito de homicidio en La Plata, y absuelta por la cámara de apelaciones en tercera instancia en la misma ciudad.[25]

Los estudios realizados en relación a la Casa Correccional de mujeres en Buenos Aires han establecido que la mayoría de las mujeres allí presentes se encontraba por delitos de hurto o lesiones, y que muchas de ellas eran condenadas a penas cortas, frecuentemente de un año, quienes salían a los pocos meses de haber ingresado.[26] Sin embargo, a partir de la observación de los legajos penales mencionados, a principios de siglo XX, en la Penitenciaría, Cárcel de Mujeres y Depósito de Menores de la ciudad de La Plata, se puede constatar la presencia de jóvenes acusadas del delito de homicidio, quienes eran condenadas a penas relativamente elevadas y algunas de las cuales pasaban varios años internadas.[27] En ese sentido, las monjas a cargo de la Orden del Buen Pastor buscaban, dentro de las condiciones posibles, “rehabilitar” a las jóvenes a través de la educación y del trabajo, elementos que se condecían con el tratamiento re-educativo postulado por los intelectuales positivistas (Guy, 2003). Por su parte, las administradoras que se encontraban en La Plata debían tratar con jóvenes condenadas o procesadas que, de acuerdo con las características y a los motivos del delito por el que se encontraban allí, podían considerarlas propensas a ser rehabilitadas, como también había quienes, debido al grado de transgresión social que representaban, podían llegar ser observadas como “incorregibles”.

Es provechoso observar que, a comienzos del siglo XX, la criminalidad urbana cubría un arco caracterizado por todas las actividades que conformaban la considerada mala vida. Esto era asociado al impacto negativo de la inmigración sobre la moral pública, al observar, sobre todo, la preponderancia de españoles y de italianos en los arrestos policiales.[28] Vale tener en cuenta que, con relación a las jóvenes abordadas en este trabajo, tres atestiguaban ser argentinas, una, inmigrante italiana, y la restante decía ser inmigrante brasilera.[29] En este sentido, las mujeres inmigrantes y las migrantes internas eran un número cuantioso, más allá de que, del número total de los recién llegados a la provincia, las condenadas representaron una proporción menor con respecto a los varones. A estas jóvenes, que habían abandonado sus hogares de nacimiento para hacerse de nuevas formas de vida, las impelía la inmediata necesidad de trabajar. Debían emplearse en ocupaciones que no eran pensadas para ser ocupadas por mujeres consideradas como respetables (Barrancos, 2008: 103-104).

Como ha establecido Sueann Caufield en su pesquisa sobre la moralidad de las mujeres brasileñas en las décadas de 1920 y 1930, la respetabilidad se encontraba asociada, no solo a las pautas de conducta esperables para las mujeres, ligadas a los atributos de maternidad, domesticidad y de fidelidad sexual, sino también a los condicionantes de la clase social y de la raza (Caufield, 2000: 26). Así, las mujeres que configuraban resistencias en torno al modelo doméstico, privado y maternal al que se encontraban sujetas, y que, al mismo tiempo, formaban parte de las clases trabajadoras, estaban asociadas a la llamada mala vida (Dovio, 2012: 112). Donna Guy, en su estudio sobre la prostitución en Buenos Aires, estipulaba que los agentes políticos del período, al vincular la noción de trabajo femenino inapropiado con salarios en efectivo consideraban a las mujeres de clase baja tan peligrosas como las prostitutas (Guy, 1994: 13).

Como alude la misma Sueann Caufield, durante la construcción del Estado republicano, a mediados del siglo XIX, en las naciones latinoamericanas, los preceptos en torno a la moral sexual ocuparon un lugar en la configuración de la homogeneidad cultural. Sin embargo, es potable entrever que con las transformaciones políticas, económicas y culturales de principios de siglo XX los sujetos que se encontraban envueltos en conflictos podían interpretar el concepto de honor femenino de diferentes maneras (Caufield, op. cit.: 26-32). En ese sentido, en Argentina, los cambios sociales, producto de los aluviones migratorios y del desarrollo urbano, fueron corriendo los límites de la respetabilidad, permitiendo nuevas formas de identificación por parte de las mujeres, como diferentes maneras de ser percibidas por los profesionales de la justicia, como se observará más adelante.

En las planillas de filiación presentes en los legajos penales, en lo relativo a su ocupación, tres de las jóvenes establecieron que se dedicaban a la tarea de “quehaceres domésticos”, mientras que una aducía ser costurera y otra prostituta. Queda en deuda la referencia respecto de una de las jóvenes, quien no declaraba su ocupación, aunque se presentaban indicios de su dedicación a las tareas domésticas.

Es importante no olvidar que estos discursos se encontraban mediatizados por los transcriptores, que podían traducir a un lenguaje prescriptivo las acepciones de las acusadas, encasillándolas dentro de los atributos de la domesticidad (Di Gresia, 2010: 164). Por su parte, las jóvenes podían obtener mayor credibilidad al colocar sus ocupaciones dentro de la esfera doméstica.

Asimismo, tanto las mujeres como los transcriptores, esto es funcionarios penales y/o policiales, muchas veces, tendían a no diferenciar las ocupaciones domésticas con los trabajos realizados en otros espacios o en los aledaños al domicilio, y llegaban a simplificar ocupaciones que escondían sus complejidades laborales y sus responsabilidades cotidianas (Allemandi, 2017: 48). En ese sentido, si bien tres de las acusadas aducían dedicarse de lleno a los quehaceres domésticos, como argumenta Mirta Lobato en su estudio sobre la historia de las trabajadoras en Argentina, muchas de las mujeres en aquel período realizaban una multiplicidad de labores dentro y fuera del hogar (Lobato, 2007: 71). Con relación al estado civil, se puede observar que tres de las jóvenes establecían ser casadas y las otras tres aducían ser solteras. Al igual que se expresa más arriba para la dimensión del trabajo, existía la posibilidad de que los transcriptores las catalogaran dentro de un rótulo prescripto sobre el estado civil en el que se encontraban, procurando ubicarlas dentro de los modelos de matrimonio y soltería. Al mismo tiempo, se puede inferir que los profesionales judiciales les podían otorgar mayor credibilidad a las jóvenes que se identificaban con dichos modelos.

De manera general, este pequeño análisis permite observar los condicionamientos morales que padecían las mujeres acusadas y los atributos que construían respetabilidad frente a jueces y fiscales. Esto posibilitará, a continuación, focalizar la exploración de dos de estos casos.

Jóvenes ante la justicia criminal

Prostitución y honorabilidad. El caso de Dora (1912)

Con el objetivo de observar los sentidos asignados por los profesionales judiciales en torno a las trasgresiones de las jóvenes homicidas, se analizan los legajos penales de Dora y de Lucrecia, quienes fueron acusadas del delito de homicidio en 1912 y 1927, respectivamente. Sus expedientes penales han reproducido algunas de las partes de los procesos judiciales que han padecido, lo que permite realizar un análisis de densidad interpretativa en torno a los discursos de jueces y fiscales.

En 1912 Dora era una joven de diecinueve años que declaraba ser de nacionalidad argentina y soltera. Fue procesada porque asesinó a Juan, el peón de la casa de tolerancia[30], ubicada en el pueblo de Charlone, partido de General Villegas, donde trabajaba como prostituta. Su ocupación fue significativa a lo largo del proceso judicial que transitó.

En ese sentido, es pertinente observar que, a principios de siglo XX, las prostitutas fueron uno de los grupos examinados por los intelectuales argentinos: ellas formaban parte de la llamada “mala vida”, representando así una amenaza para la nación. Se colocaban fuera de las estructuras familiares, ya que no cumplían con los preceptos de la maternidad y de la domesticidad, trabajando fuera del espacio del hogar. Así, los discursos sociales de la época consideraban a las prostitutas como mujeres sin honor o asociadas a su pérdida.[31] Por su parte, el prostíbulo significaba un ámbito de desorden, en la medida en que relacionaba a varones y mujeres fuera de las reglas que regían al común. Era visto como un problema privado porque se encontraba ligado a la moral individual pero, a la vez, como una problemática pública (Mujica, 2014).

En aquella ocasión, Dora se encontraba junto con dos compañeras en una habitación de la casa de tolerancia, cuando llegó el peón a buscar a una de las mujeres. El hombre, que aparentemente se hallaba en estado de ebriedad, comenzó a insultar a Dora. El mismo se armó con una botella, ante lo cual las mujeres “lo sacaron” al patio de la casa. Como el peón continuaba insultándola, Dora lo habría tratado de asustar con un cuchillo y le habría tirado un golpe “sin intención de herirlo”, pero mediante el cual le provocó una puñalada al costado del cuerpo.[32]

En esa época era habitual que dos contendientes se armaran con un objeto para defenderse y solucionar un conflicto personal. Esto aludía a la situación de una pelea o “duelo”, luchas que frecuentemente tenían lugar entre las clases populares. Para la prensa y los jueces de la época, esta clase de resolución de conflictos integraba la lista de “resabios bárbaros” que debían ser criminalizados a partir de las figuras jurídicas de “homicidio” o de “riña” (Gayol, 2002: 41-63).

Al observar en su conjunto el proceso judicial, transcurrido en la ciudad de Mercedes, se pueden identificar las miradas discordantes entre el fiscal, el defensor de pobres y el juez de primera instancia. El fiscal pedía que se le impusiese la pena de diecisiete años y media de presidio.[33] Su opinión, que puede ser observada a través de las palabras que fueron citadas por el mismo juez que dictó sentencia, era relativa a que no se podía computar en la penalidad las ofensas producidas por el peón Juan a la joven Dora, ya que ambos individuos “no poseían moral”.

El defensor de pobres pedía que fuese castigada con la pena de penitenciaría, mientras que debía imponérsele el mínimo de penalidad,[34] en virtud de las “circunstancias especiales del proceso”,[35] que seguramente se relacionaba con el hecho de que la joven había sido provocada. Al respecto, el juez Manuel Fernández Cutiellos, otorgaba responsabilidad penal a la acusada, y no aceptaba que se tratase de un homicidio causado por injurias ilícitas y graves, ya que estas connotaban circunstancias graves que no se explicaban por los insultos del peón Juan[36].

Para el juez Fernández Cutiellos le correspondía una circunstancia atenuante, no siendo aceptable para él la opinión del fiscal, ya que tanto Dora como Juan tenían derecho a no ser ofendidos: “debe aceptarse (…) como una circunstancia atenuante para la reo, los dirigidos por Juan no siendo aceptable la opinión del fiscal, en cuanto sostiene en su dictamen que no pueden computarse ofensas, ‘dada la moralidad de los partícipes’, pues, en principio, todos los habitantes del país, aun tratándose de infelices que se hayan prostituido, tienen igual derecho a no ser ofendidos y, dentro del sistema de nuestra legislación no es permitido legalmente hacer distingos de esta naturaleza”.[37] El sistema establecía que a partir del arbitrio judicial, dentro del máximo y del mínimo de la penalidad, debía graduarse la importancia del atenuante teniendo en consideración la “calidad de las personas”.[38]

En el caso de Dora se puede entrever la manera en que operaban las dimensiones morales en los procesos judiciales en general y, en particular, en el caso de las jóvenes consideradas sin honor. Como narra Cristiana Schettini en su estudio de los procesos judiciales llevados a cabo contra prostitutas en Río de Janeiro, aunque algunas de estas mujeres podían defenderse en base a su buen comportamiento público, sin embargo, no eran consideradas honorables para algunos de los juristas, teniendo en cuenta la importancia del honor sexual para esta época (Schettini, 2005: 278-279). De esta forma, se puede observar el hecho de que estas mujeres jóvenes debían padecer la puesta en duda de sus derechos individuales por los espacios de marginalidad a los que pertenecían.

En ese sentido, el arbitrio judicial sobre el que hablaba el juez permitía a los profesionales judiciales apelar a una multiplicidad cultural y normativa a la hora de imponer una penalidad. Así, tanto uno como el otro, no solo se amparaban en los preceptos presentes en el Código Penal relativos al libre albedrío, sino también a las normatividades morales expresadas a través del honor, ya fuese este masculino o femenino. En su evaluación negativa respecto de la moralidad de Dora, es posible que el fiscal no solo haya observado su condición de prostituta sino, también, el hecho de que haya decidido resolver su conflicto con el peón a través de una manera violenta, sin corresponderle, así, el derecho a la legítima defensa. Así, para el fiscal, los preceptos presentes en el Código Penal respecto a la igualdad jurídica no contemplaban por completo a personas como Dora.

Vale tomar en consideración que el juez le otorgaba valor a los derechos individuales que tenían las personas para defenderse de una situación agresiva. Sin embargo, no dejaba de darle importancia a las consideraciones sociales y morales que debían sostenerse en la aplicación de atenuantes a la penalidad, respecto de lo que llamaba la “calidad de las personas”.

Dora fue condenada por el juez Manuel Fernández Cutiellos a quince años de penitenciaría, sin mediar la circunstancia de provocación, pero sí teniendo en cuenta el atenuante de los insultos recibidos por parte de la víctima.[39] En ese sentido, se puede establecer que el concepto de “calidad”, que lo llevó al juez a otorgarle a Dora el atenuante, se asociaba a la posición de víctima que, en apariencia, la acusada había tomado en su declaración frente a los insultos del peón. Así, el profesional había evaluado la penalidad de la mujer respecto de su comportamiento en el momento del suceso, sin tener en cuenta su estatus como prostituta

Respecto de la variable etaria, vale tener en cuenta que la ley penal observaba como adultos completamente discernientes a los jóvenes considerados entre dieciocho y veintidós años, por lo que la “minoridad” no implicaba ningún atenuante en su caso. En esta oportunidad, más que la posición de menor, lo que había primado era la discusión en torno a sus derechos individuales. En ese sentido, es útil el aporte realizado por Gisella Sedeillán en su estudio sobre la responsabilidad penal de los menores de edad en la época que se encontraba en vigencia el Código Penal de 1886. La autora establece que, en la mayoría de los casos, las penas no solo se encontraban determinadas por la edad del imputado sino, también, por las características del delito y por los motivos que llevaron a producirlo (Seidellán, op. cit.: 109).

Maternidad, matrimonio y minoridad. El caso de Lucrecia (1927)

En el año 1927, Lucrecia, de dieciocho años, fue procesada por el delito de homicidio de su esposo. La joven, oriunda de la ciudad de La Plata, hacía tres años que vivía en concubinato con Víctor, con quien había tenido un hijo hacía tan solo un mes y con quien había contraído matrimonio hacía menos de una semana, buscando, de esa manera, legitimar el nacimiento del niño. Luego de una discusión y de una lucha entre ambos, Lucrecia le había disparado un tiro en su habitación.

Ella había declarado que su marido la hacía objeto de malos tratos, y que había tenido relaciones con otra mujer, hasta el extremo de haberla abandonado. Un mes antes, lo había sorprendido en su habitación con una mujer llamada Amelia. Por causa de dicho comportamiento, Lucrecia había intentado suicidarse y, como en ese acto, su marido había querido sacarle el revólver, lo había herido sin intención. Asimismo, el día anterior ella lo había denunciado a la comisaría por “desorden”. Víctor, quien no falleció en el momento y tuvo la oportunidad de testimoniar, había declarado negando los malos tratos, estableciendo que hacía un tiempo que sospechaba que su mujer lo quería matar, y que cuando la había visto con el arma, había corrido a desarmarla cuando le produjo el disparo.

En el legajo penal se reproducía una única parte del proceso judicial, el escrito del fiscal del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de La Plata, C. Pizarro Lastra, quien explicaba el hecho a partir del estado nervioso de la mujer, de su “minoridad” y de la pertenencia a su “ambiente”: “la mujer de Víctor ha estado con sus nervios grandemente alterados por los continuos desordenes producidos en su hogar, todos ellos aumentados y agravados por su estado de debilidad por los pocos días transcurridos después del parto, y su falta de reflexión producto de su poca edad y ambiente en el que vivía”.[40] Al mismo tiempo, el fiscal establecía que la acusada trataba de defenderse corriendo la responsabilidad hacia su marido. Sin embargo, el mismo profesional aducía que la conducta del hombre no había sido mala, ya que había regularizado su vida casándose con ella y legitimando al hijo que tenían en común, a la vez que trataba de otorgarle el “bienestar” y la “decencia” que tenía a su alcance.

De esta manera, el fiscal le otorgaba responsabilidad penal a Lucrecia y solicitaba la pena de quince años de prisión. Para él mismo le correspondía el atenuante de minoridad, en conjunción con la circunstancia de excitación nerviosa provocada por su estado general y el agravante de ser cónyuge de la víctima.[41] Según lo que se observa en el legajo penal, el caso pasó por segunda y tercera instancia y, finalmente, Lucrecia fue absuelta en julio de 1927. Como establece Eugenia Scarzanella en su estudio sobre los conflictos o crímenes “pasionales”, relativos a las problemáticas en las relaciones intrafamiliares y, más específicamente, a las relaciones afectivas y/o conyugales, algunas veces, estos tipos de delitos eran absueltos, porque se consideraba al crimen femenino como una perturbación o un descarrilamiento momentáneo por parte de las mujeres (Scarzanella, 1999: 82-84).

En las afirmaciones del fiscal puede observarse cómo, entrados los años de la década de 1920, había cierta sensibilidad en torno a la problemática de la minoridad, que no sería casual, luego de haberse dictado la Ley de Patronato, a fines de la década de 1910. Por su parte, aunque el fiscal no haya citado el artículo del Código Penal que refería al “atenuante por minoridad”, se puede observar que es probable haya otorgado el atenuante con relación al artículo 41 correspondiente, sancionado en 1921. Este establecía que, al momento de imponer una pena, en cada caso según correspondiera, se podía tener en cuenta la edad del sujeto, además de otras múltiples variables.[42] Esto autorizaba a tener en cuenta la disminución de la penalidad en procesados pertenecientes al rango etario que iba desde los catorce a los veintidós años.

Los postulados presentes en el artículo 41 del Código Penal sancionado en 1921 entraban en contradicción con las concepciones sobre las igualdades jurídicas. Allí, se reflejaban los condicionantes sociales y psicopatológicos, propios del positivismo argentino, que procuraban determinar la peligrosidad del delincuente o criminal, permitiendo graduar los niveles de “temibilidad” del mismo y, de ese modo, individualizar la pena.[43] En el caso de la atenuante por edad que era posible imponer, se pretendía una disminución en la pena que pudiera vincularse con su menor capacidad de reflexibilidad, lo que hacía a los menores como sujetos “menos peligrosos”. Dicha concepción se encontraba íntimamente atada a los preceptos de protección y educación que postulaba la Ley de Patronato, y los elementos de esta ley que integraban el Código Penal sancionado en 1921.

Por su parte, en la argumentación del fiscal se observaba el cruce entre el estado psíquico de la joven y el hecho de que había sido madre recientemente, cuestión presente en el artículo 41 del Código Penal. Estas ideas se encontraban presentes en las concepciones médico-legales de los intelectuales argentinos, quienes asociaban la criminalidad de las mujeres con los estados psíquicos considerados, debido a los distintos estados que implicaba su fisiología, como la menstruación, el embarazo y el momento de posparto. Estos pensamientos se encontraban ligados a las teorías psicopatológicas que fueron postuladas por José Ingenieros (1913), y que, a nivel intelectual, tuvieron gran repercusión en las primeras décadas del siglo XX.[44]

Así, se puede observar que el fiscal había tenido en cuenta, a la hora de sugerir una penalidad para Lucrecia, la atenuación debido al estado psíquico de la joven y su baja edad, basándose en los preceptos positivistas que observaban los condicionamientos sociales y psíquicos de los criminales. En ese sentido, el fiscal había dejado de lado la posibilidad que le brindaba el Código Penal de prestar atención los derechos individuales de defensa que podían llegar a explicar el accionar de la joven, tales como la posibilidad de poder defenderse frente a los “malos tratos” de su esposo.

Algunas conclusiones

A partir de lo analizado, se puede observar la tendencia creciente en la codificación argentina a identificar a los distintos sujetos jurídicos que integraban la población argentina y, en consiguiente, a sancionar leyes específicas para cada uno de ellos. En el caso de los menores de edad delincuentes, su creciente diferenciación con respecto a los adultos podía ser constatada de forma patente en el Código Penal de 1886, con preceptos que ya se encontraban presentes en la legislación colonial. Sin embargo, a partir de la sanción de la Ley de Patronato se extendió el accionar gubernamental sobre los niños y los jóvenes; y, con el Código de 1921, se impuso el criterio de imputabilidad para los menores de catorce años.

Sin embargo, en el limbo quedaban aquellos menores que, aun teniendo más de catorce años, eran considerados responsables penalmente pero aún seguían siendo menores de edad. Al mismo tiempo, los jóvenes entre dieciocho y veintidós años quedaban sujetos a una responsabilidad penal en iguales términos que los adultos mayores de edad, si bien, en ciertos casos particulares, les correspondía el amparo de la tutela y de la protección de la ley.

Las transformaciones institucionales y los procesos codificadores convivían con jerarquías sociales relativas a atributos tales como el honor femenino y su correspondiente respetabilidad. Los funcionarios policiales y penales trascribían los datos personales de las acusadas a través de una lógica que tendía a encasillarlas dentro de los mandatos sociales asignados por la domesticidad y el matrimonio, elementos que, asimismo, posicionaban la credibilidad de las jóvenes procesadas.

A la hora de juzgar a las jóvenes, los profesionales judiciales construían miradas sobre ellas, atadas a los condicionamientos sociales relativos a su honra, y a las determinaciones psíquicas, abonadas por las teorías positivistas de la época. Teniendo esto en cuenta, jueces y fiscales apelaban a una pluralidad normativa y cultural que les posibilitaba interpretar la ley de acuerdo con sus preceptos sociales y morales.

Algunos profesionales de la justicia se encargaban de negar los derechos individuales para ciertas personas, asignando una respetabilidad determinada por variables de género y de clase social. Otros agentes les concedían elevada importancia a las determinaciones psíquicas, por ejemplo, la “excitación nerviosa” luego del parto. Asimismo, las transgresiones producidas por mujeres no solo eran penalizadas, sino que también conllevaban una condena social por no respetar los atributos considerados femeninos. Su honorabilidad se encontraba determinada por su moral sexual y por el acoplamiento a los valores de la maternidad y la domesticidad. Sin embargo, existía la posibilidad de otorgarle importancia al buen comportamiento de las jóvenes, más allá de su honor, identificando su posición de “victimas” y su derecho a la legítima defensa frente a los conflictos interpersonales.

Por su parte, a la hora de abordar la problemática de la “minoridad” se puede observar que antes de la sanción de la Ley de Patronato, y de que los preceptos de esta última se integrasen a la ley de 1921, probablemente, las jóvenes de entre catorce y veintidós años eran procesadas en la paridad a los adultos, sobre todo aquellas de entre dieciocho y veintidós, a quienes no les correspondían atenuantes por minoridad.

A medida que fueron transcurriendo los años, se fue logrando una mayor sensibilidad social ligada a la “minoridad”. Sin embargo, en las jóvenes de entre catorce y veintidós años que sufrieron una comprensión sobre su edad, al momento de cometer el crimen, en los procesos judiciales que tuvieron lugar luego de 1921, la minoridad no fue entendida como un derecho adquirido, sino que, posiblemente, fue analizada dentro de las posibilidades de los menores de reeducarse dentro de los parámetros positivistas de la época, acordes a los preceptos de tutela y protección. Dichos parámetros tardaron varias décadas en ser puestos en cuestión.


  1. Ver Cesano, J. D. y Dovio, M., La criminalidad femenina en el discurso del positivismo criminológico argentino, Córdoba, Editorial Brujas, 2009, p. 45; Dovio, M., “Representaciones sobre mujeres de ‘mala vida’ en la revista Archivos de Psiquiatría, Criminología, Medicina Legal y Ciencias Afines y Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal (1902-1935)”, en Barroso S., (ed.), Mujeres en cuestión. Escrituras, ideologías y cuerpos, Buenos Aires, Teseo-Biblioteca Nacional, 2012, p. 115; Speckman Guerra, E., Del tigre de Santa Julia, la princesa italiana y otras historias. Sistema judicial, criminalidad y justicia en la ciudad de México (siglos XIX y XX), México D.F., INACIPE, 2014, p. 135.
  2. Caimari ha establecido que los delitos de hurto, sospecha de hurto o complicidad en hurto, representaban más de la mitad de los casos, seguidos de lesiones y heridas, mientras que las acusadas de las faltas penales como el infanticidio o el aborto no representaban más del 1 al 3%. La información ha provenido de los informes anuales de la Casa Correccional de Mujeres de la ciudad de Buenos Aires.
  3. Este abordaje puede consultarse en: Di Corleto, Julieta, “Los crímenes de las mujeres en el positivismo: El caso de Carmen Guillot (Buenos Aires, 1914)”, Revista Jurídica de la UP (En línea), UP, Buenos Aires, 2015.
  4. Se procura resaltar los atributos profesionales de jueces, fiscales y abogados defensores, quienes poseían ciertos saberes y prácticas particulares que ponían en ejercicio en las instituciones de justicia estatales en las que intervenían. Ver Rodríguez, L. G. y Soprano, G. (eds.), “De las profesiones liberales y los intelectuales contra el Estado, al estudio de los profesionales e intelectuales de Estado”, Profesionales e intelectuales de Estado. Análisis de perfiles y trayectorias en la salud pública, la educación y las fuerzas armadas, Rosario, Prohistoria, 2018, p. 15-18.
  5. El concepto de “minoridad” es utilizado entre comillas ya que tendía a observar a ciertos “menores” como peligrosos o en peligro, quienes necesitaban protección y tutela, esto es, niños y jóvenes considerados “pobres”, “abandonados”, “delincuentes” o “huérfanos”; a diferencia de los niños y jóvenes considerados como “normales” por los observadores de la época. Ver Domenech, E., y Guido, M. L. El paradigma del patronato. De la salvación a la victimización del niño, La Plata, Edulp, 2003, pp. 80-88; y Zapiola, M. C., “‘¿Es realmente una colonia? ¿Es una escuela? ¿Qué es?’ Debates parlamentarios sobre la creación de instituciones para menores en la Argentina, 1875-1890”, en Lvovich, D. y Suriano, J. (eds.), Las políticas sociales en perspectiva histórica. Argentina, 1870-1952, Buenos Aires, Prometeo, 2005, pp. 65-88.
  6. Según el análisis de Speckman Guerra, para el caso de la justicia penal mexicana de las primeras décadas del siglo XX, la pluralidad cultural estaba determinada por las diversas ideas o valores que construían las interpretaciones de los profesionales de la justicia. Al mismo tiempo, y en relación con ello, el pluralismo normativo reflejaba las múltiples aplicaciones de la ley en detrimento de un único significado, contraponiéndose al monismo jurídico que representaba las aspiraciones e ideas universales y un único e inequívoco sentido de la ley. En Speckman Guerra, E., “Los jueces, el honor y la muerte. Un análisis de la justicia (ciudad de México 1871-1931)”, Historia Mexicana, LV4, 2006, pp. 1411-1466 (especialmente pp. 1427-1437).
  7. Esto a partir de los legajos penales presentes en el Museo y Archivo Histórico del Servicio Penitenciario Bonaerense, en adelante “MAHSPB”. Estos legajos reproducían algunas de las partes de los procesos judiciales de las mujeres internadas.
  8. Se persigue enfocar la idea de Estado como un sistema de instituciones, y no como un ente monolítico, sino heterogéneo y polifónico, resaltando el papel de los agentes estatales, la interrelación de las instituciones estatales, como la llamada sociedad civil y la diversidad de políticas y formas de autoridad. Ver Bohoslavsky, E. y Soprano, G. (eds.), Un Estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 hasta la actualidad), Buenos Aires, Prometeo-UNGS, 2010, pp. 23-28.
  9. Ver Aversa, M. M., “La cuestión social de la infancia abandonada y delincuente: debates y políticas públicas. Buenos Aires (1910-1931)”, Tesis inédita para la obtención del título de Licenciatura en Historia. Facultad de Filosofía y Letras. UBA, 2003; y Zapiola, M. C., “Aproximaciones científicas a la cuestión del delito infantil en la Argentina. El discurso positivista en los Archivos de Psiquiatría, Criminología y Ciencias Afines (comienzos de siglo XX)”, en Sozzo, M. (coord.), Historias de la cuestión criminal en la Argentina, Buenos Aires, del Puerto, 2009.
  10. Artículo 81, incisos 2º y 3º del Código Penal. Frías, J. A., Código Penal y Código de Procedimientos en lo Criminal, Imprenta y Casa Editorial de Coni Hnos., Buenos Aires, 1904. El concepto de discernimiento era cuestionado, ya que se le reprochaba ser usado con gran imprecisión por los expertos como condición de punibilidad. Ver Freidenraij, “‘Penetrar en el alma del niño’. Reflexiones sobre el discernimiento de los menores delincuentes (Buenos Aires, 1887-1919)”. En Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja, nº 17, 2016, pp. 35-56; y Domenech y Guido, El paradigma del patronato. De la salvación a la victimización del niño. La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2003, pp. 30-31.
  11. Artículo 83, inciso 2º. Frías, op. cit.; Domenech y Guido, op. cit.; y Sedeillán, G., “El menor ante la codificación del Derecho Penal y su tránsito por la justicia criminal en la campaña bonaerense a fines del siglo XIX”, en Lionetti y Míguez, op. cit.
  12. Art. 59 y 62. Frías, op. cit., y Domenech y Guido, 2013, op. cit.
  13. Dovio, op. cit., p. 80; y Caimari, op. cit., p. 9. En ese sentido, es pertinente tener en cuenta lo establecido por Claudia Freidenraij sobre el hecho de que el proyecto de código civil de Calos Tejedor sí había previsto que las penas debían ser cumplidas de forma separada de los demás condenados adultos, problemática que no fue atendida en la sanción definitiva del Código. Ver Freidenraij, “Penetrar en el alma”, p. 42, y Caimari, op. cit., p. 9.
  14. Ver Aversa, op. cit., p. 27; Domenech y Guido, op. cit., pp. 20-27; y Stagno, L., “La minoridad en la Provincia de Buenos Aires, 1930-1943. Ideas punitivas y prácticas judiciales”, Tesis de Magister, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2008, pp. 11 y 34.
  15. Ver Salvatore R., Subalternos, derechos y justicia penal. Ensayos de historia social y cultural argentina 1829-1940, Gedisa, Barcelona, 2010, pp. 204-209; Domenech y Guido, op. cit., pp. 57-58 y 65-66; y Zapiola, op. cit., p. 323.
  16. Ver Aversa, op. cit., p. 102; Domenech y Guido, op. cit., pp. 25-31; Zapiola, M. C., “La Ley de Patronato de Menor es de 1919: ¿una bisagra histórica?”; y Lionetti y Míguez, op. cit, p. 5.
  17. Cabe observar que, respecto de la provincia de Buenos Aires, no fue hasta 1937 cuando se aprobó la Ley 4547 que creó la Dirección de Protección de la Infancia bajo la órbita del Ministerio de gobierno, dirección que debía organizar los institutos de internación, colocando al Estado provincial por sobre la beneficencia privada. Al mismo tiempo, en 1938, se sancionó la Ley 4664 de creación de los Tribunales de Menores (Domenech y Guido, op. cit., p. 42).
  18. Artículo 37, 38 y 39. De Tomaso, Antonio (Anotaciones y comentarios), Código Penal Argentino, Buenos Aires, Talleres gráficos argentinos, 1921; y Domenech y Guido, op. cit.
  19. Si bien los “registros del penado” eran realizados por los agentes penales en la penitenciaría, en el presente trabajo son analizados como parte de una misma “lógica transcriptora”, en la que los jueces, los fiscales, los comisarios y las monjas de la Orden del Buen Pastor compartían los mismos valores, en contraposición a las necesidades o demandas de los llamados clientes. Ver Di Gresia, L., “Una aproximación al estudio de la cultura judicial de la población rural del sur bonaerense. Tres Arroyos, segunda mitad del siglo XIX”, en Barriera, D. (coord.), La justicia y las formas de autoridad. Organización política y justicias locales en territorios de frontera. El Río de La Plata, Córdoba, Cuyo y Tucumán, siglos XVIII y XIX, Rosario, ISHIR-CONICET, 2010, p. 164-165. Di Liscia, M. S. y Soprano, G., Burocracias estatales. Problemas, enfoques y estudios de caso en la Argentina (entre fines del siglo XIX y XX), Rosario, Prohistoria, 2017, p. 17.
  20. MAHSPB – B4-A3-C5 nº 24.
  21. MAHSPB – B4-A3-C7 nº 64.
  22. MAHSPB – B4-A3-C7 nº 60.
  23. MAHSPB – B4-A3-C5 nº 35.
  24. MAHSPB – B4-A3-C7 nº 47.
  25. MAHSPB – B4-A3-C13-L75. “Nota de ingreso, planilla de filiación y nota de libertad de la detenida T. A. C. de C”.
  26. Ver Caimari, “Entre la celda y el hogar”, pp. 9-12; Guy, D., “Girls in Prison: The Role of the Buenos Aires Casa Correccional de Mujeres as an Institution for Children Rescue 1890-1940”, en Salvatore, R. et al (eds.), Crime and Punishment in Latin America. Law and society since late colonial times, London, Duke University Press, 2001, p. 373.
  27. Esto se sostiene teniendo en cuenta que las cinco primeras jóvenes nombradas arriba fueron procesadas y consideradas responsables durante la puesta en marcha de la reforma al Código Penal de 1903. Con dicha reforma aumentó la duración de las penas y los delitos se ampliaban, ante el consenso sobre la necesidad de aumentar la penalidad como forma de intimidación y prevención del delito. A partir de 1903, en el caso de no existir atenuantes ni agravantes, al delito de homicidio correspondía la pena de diez a veinticinco años, y de tres a diez años, al que matase a otro en la circunstancia de provocación, de infanticidio, por adulterio o, con el propósito de causar un daño, produjese la muerte. Ver Frías, op. cit.; Sedeillán, G., La justicia penal en la provincia de Buenos Aires. Instituciones, prácticas y codificación del derecho (1877-1906), Buenos Aires, Biblos, 2010, p. 171; y Sedeillán, op. cit., p. 103.
  28. Ver Gómez, E., La mala vida en Buenos Aires, Buenos Aires, Ed. Juan Roldán, 1908; y Zimmermann, E., Los liberales reformistas, Sudamericana, Buenos Aires, 1995.
  29. En el legajo penal de Lucrecia falta la referencia en cuanto a su nacionalidad.
  30. En las últimas décadas del siglo XIX, la prostitución se reglamentó a nivel municipal en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires a través de las llamadas “casas de tolerancia”, hasta que en 1936 se sancionó la Ley Nacional de Profilaxis Antivenérea, mediante la cual se suprimió en todo el país el sistema de prostitución reglamentada. Ver Guy, op. cit., pp. 55-97.
  31. Ver Dovio, op. cit., p. 125; Guy, op. cit., p. 13; y Mujica, M. L., “Mal social y tolerancia: discursos y prácticas sobre la prostitución reglamentada en Rosario (1874-1932)”, en Barrancos, D., et al. (eds.), Moralidades y comportamientos sexuales, Argentina, 1880-2011, Buenos Aires, Biblos, 2014, p. 54.
  32. MAHSPB – B4-A3-C7 nº 64 Foja 1.
  33. Fundado en el capítulo primero, inciso primero, de la reforma al Código Penal de 1903. La misma establecía que se le imponía la pena de presidio de diez a veinticinco años al que matare a otro (Frías, op. cit.).
  34. De acuerdo con el capítulo primero, inciso cuarto, letra a) de la reforma al Código Penal de 1903. Estipulaba que correspondería la pena de penitenciaría por tres a diez años al que matare a otro, si la víctima había provocado el acto homicida con ofensas o injurias ilícitas y graves (Frías, op. cit.).
  35. MAHSPB – B4-A3-C7 nº 64 Foja 2.
  36. Manuel Fernández Cutiellos ejerció como juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal nº 2 en Mercedes. Por su parte, por otra Ley de 1856 se crea el departamento judicial de Centro con cabecera en Mercedes. Molle, A., “Historia del Departamento Judicial Mercedes desde sus orígenes”, El Oeste. En el 125º Aniversario del Departamento Judicial Mercedes, Mercedes, 1979, p. 21.
  37. Idem, Foja 3.
  38. Ibíd.
  39. El artículo 83, inciso cuarto, estipulaba como circunstancia atenuante de la penalidad el haber procedido provocación, amenaza u ofensa por parte del ofendido (Frías, op. cit.). Los jueces del Juzgado de la Cámara de Apelación se ocuparon de ratificar la sentencia del Juzgado de Primera Instancia. Al mismo tiempo, vale aclarar que Dora no pudo cumplir su pena ya que murió en el hospital San Juan de Dios de La Plata en 1917. Si bien sería interesante poder observar la causa de la muerte de la joven, el dato no aparece presente en el legajo penal.
  40. MAHSPB – B4-A3-C13-L75 “Nota de ingreso, planilla de filiación y nota de libertad de la detenida T. A. C. de C”. Foja 5.
  41. El fiscal apelaba al artículo 82 combinado con el 79 del Código Penal de 1921. El artículo 79 establecía que se aplicaría la reclusión o prisión de ocho a veinticinco años. Por su parte, el artículo 82 establecía que, cuando el que matase a su cónyuge lo matase encontrándose en un estado de emoción violenta, la pena sería de reclusión o prisión de diez a veinticinco años. El artículo 79 establecía que se aplicaría la reclusión o prisión de ocho a veinticinco años. Debido a la importancia que se le otorga al pedido del fiscal en la información que se encontraba disponible en el legajo penal, es posible pensar que el pedido del mismo profesional se correspondió, finalmente, con la sentencia que dictó el juez en Primera Instancia.
  42. El artículo 4, inciso segundo, estipulaba que las circunstancias atenuantes y agravantes se fijaban de acuerdo con la edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto. Ver De Tomaso, Código Penal Argentino; y Domenech y Guido, op. cit., p. 31.
  43. Salvatore, op. cit., p. 205. Para observar los límites de positivismo criminológico se recomienda ver: Núñez, J. A., “Algunos comentarios acerca del desarrollo y límites del positivismo criminológico en la Argentina (1903-1927)”, en Cesano, J. D. (ed.), Horizontes y convergencias. Lecturas históricas y antropológicas sobre el Derecho [online], Ciudad de Córdoba, 2009.
  44. Ver Cesano y Dovio, op. cit., pp. 58-67; y Dovio, op. cit., p. 114.


Deja un comentario