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Reflexiones finales y conclusiones generales

¿Es posible una gobernanza desde el Sur? Redes de seguridad: descentralización y democratización de las instancias
internacionales y regionales

Esta parte final del libro pretende dejar abiertas algunas posibilidades para la reflexión en seguridad y defensa en la subregión. Se busca finalizar con propuestas, buscando dispositivos posibles para una vinculación seguridad-derechos humanos integral, que sean capaces de generar bienestar para las mayorías suramericanas.

Presentamos dos apartados para ordenar estas reflexiones. Primero, se ensaya una definición propia de seguridades internacionales; segundo, se presenta la propuesta de redes de gobernanza en seguridad subregional. Por último, desarrollamos las conclusiones generales.

1. Acerca de una definición de las seguridades internacionales

En primer lugar, las seguridades internacionales, en general, deben estar sustentadas en consideraciones sobre la violencia, es decir, la utilización de fuerza o capacidad de amenaza de uso, tanto por Estados como por actores no gubernamentales, que afecten la autodeterminación de los pueblos, de las comunidades y los individuos en su vida o en su bienestar. Esta capacidad de violencia debe tener efectivo alcance regional o global; si no, se trata de un conflicto intraestatal, tal como está especificado en el DIH. Aquí se propone una estricta demarcación de la seguridad frente a peligros concretos, no en su potencialidad, vinculados a la aplicación de violencia.

El mundo es interdependiente y se comprende el sistema como complejo, en cambio constante. Ahora bien, la multicausalidad de los fenómenos y la interrelación con otras dimensiones de ese sistema complejo no es factor justificativo para la reducción o simplificación de las respuestas a esa complejidad: no todo es un asunto de seguridad internacional.

En primer lugar, el tratamiento hacia los sectores vulnerables no debe ser securitizado. Por el contrario, la pobreza y la exclusión son temas estrictamente vinculados al desarrollo y a las oportunidades con que cuentan las personas para desplegar sus potencialidades y decidir/proyectar su destino, en el marco social y político de pertenencia. Ahí se juegan factores estructurales en torno al funcionamiento de la economía mundo, en una división Centro-Periferia a escala trasnacional de desigual distribución de la riqueza global generada. Ese es el proceso a revertir: se debe afectar esa distribución mediante acciones que enfrenten problemáticas como la pobreza extrema.

De igual modo, los problemas medioambientales no constituyen un tema de seguridad internacional que debe ser afrontado con algún modo de control, vigilancia o uso de la fuerza, sino que es una temática global y requiere medidas concretas en cuanto al uso de las tecnologías, los tipos de industrias y sus desechos o el cuidado del agua, entre otros cientos de cuestiones. Nada tiene que ver con las seguridades internacionales.

Definido esto, es posible enfocarnos, dentro de las seguridades internacionales, en aquello referido a las Periferias. Es necesaria una separación estricta entre defensa y seguridad. La defensa es, en primer lugar, una cuestión de autonomía plena; definida por aquellas amenazas externas que afectan la autodeterminación de los pueblos, así entendida no abarca solo la agresión armada de otro actor estatal bajo consideraciones estrictamente de fronteras, sino que refiere a amenazas militares, políticas y económicas cuya externalidad está determinada por aquello que las mayorías de una comunidad política no aceptan, es decir, fenómenos externos, no consensuados democráticamente y que perturban la autodeterminación de individuos, grupos y del propio Estado, en intereses vitales.

En cuanto a la violencia en particular, es un asunto de defensa cuando se produce a gran escala, por actores estatales o no gubernamentales que se oponen a la continuidad institucional, consensuada democráticamente por una comunidad política, y lo hacen por fines privados o intereses particulares. Allí se estaría ante una problemática de supervivencia, porque se amenaza la existencia física de los individuos, tal como lo definió Booth (2007). La seguridad refiere estrictamente al orden interno, al orden público, y es un derecho de todo sujeto en esa comunidad o territorio.

Una consideración fundamental es la seguridad en tanto garantía, para que no se amenacen la vida o bienestar de los sujetos y grupos sobre aquellas cosas que valoran como importantes y sobre las actividades que realizan, considerando por supuesto la vida o el peligro de muerte violenta: allí, las tareas son legales y policiales. Otra muy distinta refiere a los derechos y protecciones que debe brindar el Estado para el cumplimiento de todos los derechos, en todas sus generaciones, para que cada persona pueda aspirar y elegir la vida que desee en condiciones de estabilidad; esa es un área institucional y de políticas públicas que requieren consenso, el monopolio de la violencia estatal no tiene ninguna función que cumplir con respecto a esas protecciones.

Vinculado a la seguridad en sí misma, retomamos a Booth (2007) al especificar ese tipo de peligros sobre la vida como supervivencia, mientras que en el nivel de las protecciones hacemos referencia a la inseguridad que proviene de amenazas indirectas, estas se relacionan con las condiciones de vida y son amenazas que provienen de opresiones estructurales

La seguridad internacional para la Periferia, entonces, significa garantizar autonomía y autodeterminación de los pueblos cuando se trata de los Estados, y autodeterminación de los sujetos cuando se trata de las trayectorias de vidas personales. Los objetos referentes son principalmente dos: el Estado y los individuos. ¿Por qué ambos? Básicamente porque entendemos aquí que los DD. HH. en sus tres generaciones solo pueden ser reconocidos mediante –y a través de– una organización política: el Estado es la institución garante de esos derechos, entre los que se incluye la seguridad; y los sujetos, porque la vida humana constituye el valor esencial.

Para ello es fundamental, retomando a Acharya (2002), democratizar y descentralizar los regímenes internacionales de seguridad. En principio, porque las amenazas, al estar mediadas en su definición por un componente subjetivo, está claro que no son las mismas, ni revisten igual prioridad, para todos los actores. En concreto, para América del Sur, las propuestas de seguridad hemisférica de EE. UU. significan una amenaza para la autodeterminación de sus pueblos; solo considerando los recursos naturales está claro que para la potencia hegemónica es de primer orden tener acceso a estos, de manera directa y a bajo costo, mientras que para los Estados de la subregión y para las comunidades originarias y campesinas que habitan determinados territorios conforman aspectos centrales para su reproducción y desarrollo; por tanto, son abordados desde la necesidad de autonomía sobre aquellos.

Por eso, para abordar las seguridades internacionales desde la Periferia, es necesario que los propios actores del Sur conformen espacios de seguridad, se ocupen de las amenazas que los afectan y decidan las medidas a tomar entre sí frente a los conflictos, sin injerencias externas. La decisión, así, dejaría de estar centralizada en un repartidor supremo para ser prerrogativa de los actores regionales.

Descentralización de la acción y medidas a tomar, democratización del régimen de seguridad internacional, al descentralizar también la decisión política acerca de las prioridades, amenazas, conflictos y herramientas. También se promueve la democratización al participar actores que mantienen entre sí relaciones efectivas de horizontalidad o de igualdad jurídica, a diferencia de las relaciones con el Centro, que son claramente jerárquicas y asimétricas.

Al haber simetría, o menor asimetría entre los participantes regionales, se facilita la definición de la seguridad del grupo en términos de reciprocidad, adaptando el concepto de Booth (2007); esto es, a mayor seguridad alcanzada por cada uno, mayor seguridad común en igualdad de condiciones, y en contrario, a medida que se tomen acciones hacia un mayor margen de seguridad regional, cada actor se encontrará, a su vez, disfrutando de estas garantías.

Ahora bien, en América del Sur, a través de UNASUR en el CDS y los distintos Consejos o en la creación de un Centro de Estudios Estratégicos para la definición común de la defensa y las amenazas a enfrentar, se ha iniciado el camino para el logro de una seguridad regional que descentralice el régimen de seguridad internacional y permita reciprocidad entre los miembros subregionales. Sin embargo, se ha expuesto que este proceso iniciado tiene un correlato muy lento al momento de traducirse en hechos concretos o en definiciones claras comunes; hasta ahora, se han esbozado esas potencialidades pero no han podido realizarse plenamente. Es necesario fortalecer ese espacio, alcanzar una visión compartida del mundo o epistemología común de la seguridad y las amenazas y establecer políticas subregionales efectivas.

2. Aportes para continuar pensando la seguridad regional: conformación de redes

Mucho se ha hablado, en los documentos de las instancias subregionales y en las propuestas teóricas de la subregión, de la incorporación del sector civil en la planificación y decisión sobre la defensa y sobre la seguridad. ¿Con qué mecanismos es posible pensar la participación? Para ello tomaremos el concepto de gobernanza.

El Estado se enfrenta en simultáneo a fuerzas supranacionales, que van condicionando sus decisiones y capacidades y a fuerzas subnacionales, que van ganando importancia y capacidad de demanda y de acción (Castells, 1998: 1).

En el ámbito de la Ciencia Política, la denominada Modern Governance se refiere a los trabajos que se han ocupado “de los nuevos mecanismos de regulación de lo público surgidos ante fenómenos como la globalización y frente a acciones de desarrollo del Estado y la democracia como la descentralización, la participación ciudadana, etc.”, y que ha estimulado la manifestación de “nuevas redes de actores estratégicos en la construcción de lo público” (Velásquez, 2006).

Según Revesz, “la gobernanza estaría articulada fundamentalmente a la forma de mejorar la relación horizontal entre una pluralidad de actores públicos y privados, igualmente para mejorar los procesos de decisión, gestión y desarrollo de lo público y colectivo”, teniendo en cuenta un tipo de relación caracterizada por la integración y la interdependencia (Velásquez, 2006: 4).

El movimiento AERYC (América, Europa de Ciudades y Regiones), asociación intercontinental para la promoción de la gobernanza, la define así: “Nuevo arte de gobernar los territorios (el modo propio del gobierno relacional), cuyo objeto es la capacidad de organización y acción de la sociedad, su medio es la gestión relacional o de redes, y su finalidad es el desarrollo humano” (Sitio oficial).

En este sentido, se comprende que dada la interdependencia, trasnacionalización y complejización de las relaciones sociales, especialmente en el nivel local por la mayor cercanía Estado-sociedad civil, es necesario horizontalizar las prácticas de gobierno, incorporar a la sociedad civil en la deliberación pública y consensuar entre los actores gubernamentales y sociales respuestas compartidas frente a problemas y objetivos comunes. La base de las redes de gobernanza es la participación ciudadana (Pascual I Esteve, 2011).

En el ámbito de la seguridad ciudadana, a la tradicional seguridad urbana en tanto ámbito discrecional del Estado (dispositivos: policía, justicia, sistema penitenciario), se comenzaron a incorporar nuevos perfiles de intervención teniendo en cuenta el rol de otros actores para enfrentar el delito y para la construcción de aquella. Este proceso se da a partir de una superposición de elementos visibles a nivel global, de acuerdo con Velásquez (2006): las demandas e iniciativas ciudadanas en materia de seguridad; el cambio progresivo de la interpretación de la seguridad desde servicio público hacia bien público, que ha conllevado la incorporación de actores no tradicionales del Estado (ministerios y secretarías destinadas al desarrollo social, economía, etc.), del sector privado y de actores sociales en busca de una “coproducción de seguridad”; los procesos de descentralización, que otorgaron a los gobiernos locales cada vez más competencias en temas de seguridad; la globalización que incluye en su dinámica la trasnacionalización del crimen y el delito, haciéndolos menos dependientes de las jurisdicciones nacionales.

La constitución de redes de seguridad mediante modelos de gobernanza es propuesta dado que estas habilitan pensar articulaciones y coordinación entre diversos nodos, sin un centro de poder o de decisión único. La red se conforma mediante la participación de múltiples actores diversos, entre los que el Estado mantiene el rol de intervención estratégica, pero no monopoliza la decisión sino que la articula en su vinculación con otros agentes. Las redes contemplan la complejidad del mundo social tanto en el plano internacional como local, de allí que la conformación de redes de seguridad incorporaría sectores subnacionales, nacionales e internacionales y se caracteriza por su flexibilidad (supone una geometría variable de actuación, de acuerdo con el tema abordado y los actores involucrados. Castells, 1998), con una connotación esencial: la participación directa de los ciudadanos.

La creación de redes de gobernanza, a nivel local o trasnacional a través de gobiernos subnacionales interactuando, busca ser complementaria de las medidas tradicionales de defensa y control de fronteras, de seguridad pública nacional y provincial e integración supranacional. Parte de una consideración de las causas y dinámicas de la seguridad como multidimensional y multifacética, en sentido amplio.

Las dimensiones que deben ser tenidas en cuenta para abordar estos procesos sociales complejos, de acuerdo con propuestas de políticas sociales, son: integralidad de los fenómenos, que deben ser comprendidos en su complejidad para poder enfrentar no solo sus manifestaciones sino también sus causas; multidimensionalidad de causas o factores que influyen sobre determinadas problemáticas; centralidad de las personas y su bienestar; corresponsabilidad, ya que los actores participantes son activos copartícipes y no meros receptores pasivos de la decisión; diversidad (Franco, 2006).

A partir de estas consideraciones, es posible, en primer lugar, dar un enfoque integral y multidimensional a la seguridad atendiendo a su complejidad. Dicho enfoque supone medidas no necesariamente coercitivas en diferentes niveles conectados e interdependientes. Sobre las causas debe operarse con mecanismos de inclusión, distribución de la riqueza y capacidad de decisión autónoma de sujetos envueltos en situaciones de violencia y vulnerabilidad. Retomando a Nef (2002), afirmamos que debe tenerse en cuenta el continuo entre los niveles micro y macro de toda política pública, que vincule las seguridades locales, regionales y globales en un mundo de vulnerabilidades mutuas. La tendencia debe ser comprender y afectar las causas estructurales que están detrás de los orígenes de las amenazas y su reproducción.

En segundo lugar, con respecto a las posibilidades de despliegue de actividades ilegales trasnacionales, debe operarse a través de la regulación de los flujos financieros, los mercados y el comercio, porque sin estos dispositivos propios de la globalización neoliberal difícilmente los actores que operan en redes ilegales puedan asegurar ganancias y disfrutar de facilidades para el tráfico de productos y el blanqueo de capitales. De igual manera, se deben garantizar la transparencia y la rendición de cuentas para el efectivo seguimiento de los funcionarios públicos, dado que es imposible la existencia de flujos ilegales sin la connivencia o la complicidad de actores políticos, judiciales y militares/policiales. Las tareas a realizar son múltiples y se alejan de una mera definición securitaria.

En este sentido, el funcionamiento en red de la coordinación Estado/sociedad supone brindar participación y voz a los ciudadanos a través de distintos mecanismos. También supone articulación entre actores e instituciones tanto gubernamentales (en sus tres niveles) como no gubernamentales. Ambas características otorgan mayor horizontalidad a la toma de decisiones y a la gestión de problemas y temas comunes sin desconocer la diversidad entre territorios, grupos sociales y espacios nacionales.

Lo importante de la constitución de redes se refiere a su capacidad para brindar respuestas flexibles a situaciones sociales complejas y multidimensionales, permitiendo potenciar los recursos y capacidades que cada participante tiene por separado y facilitando el cumplimiento de objetivos o proyectos de mayor alcance, que no pueden obtenerse individualmente; en ese sentido, es una herramienta de suma importancia para pensar la integración subregional para la defensa y la seguridad.

Es mucho más fácil que la participación ciudadana se dé en el ámbito local, dadas las dimensiones territoriales y poblacionales; ahora bien, si suponemos una red de articulación y coordinación entre distintos niveles del Estado, con actores de la sociedad civil, esta información y acciones subnacionales pueden ir acoplándose en los distintos niveles hasta llegar a constituir una política pública coordinada estratégicamente desde el Estado central.

En la conformación de redes no son los límites de la organización o las fronteras, que delimitan participantes y no participantes, lo sustancial, sino que lo más importante está constituido por los vínculos, por el conjunto de relaciones que se van generando entre los miembros y que suponen una serie de grados progresivos de confianza, solidaridad, colaboración. El fortalecimiento de esos vínculos es lo que permite dar cohesión al conjunto y continuidad en el tiempo (VV.AA. Equipo Pla-Net, El Ágora).

A partir de esto, comprendemos que la seguridad como valor democrático requiere mecanismos de redes que incluyan el ámbito subregional. La integración en América del Sur puede constituirse en una red de defensa y una red de seguridad ciudadana, focalizada en el buen vivir de las personas, en la seguridad como derecho, en la participación y articulación entre diversas esferas. Las bases para una participación activa, no solo representativa mediante partidos sino también de comunidades, colectivos y grupos sociales, están definidas ya en las constituciones nacionales de Ecuador y Bolivia, las cuales pueden servir de plataforma para el resto de los Estados de la región.

En el supuesto de la conformación de redes, los distintos espacios locales constituyen nodos que se articulan con las instituciones gubernamentales provinciales y nacionales, a la par de nodos internacionales. Es el formato de redes de seguridad el que puede garantizar de forma efectiva democratización, descentralización, horizontalidad y reciprocidad, sin quitar a cada Estado central la autonomía y capacidad estratégica; por el contrario, funcionaría como potenciadora.

Dado que en las instancias de integración centralitarias, como UNASUR, se proponen como objetivos la justicia social, el desarrollo, la ampliación de derechos, el respeto por el derecho internacional y la resolución pacífica de conflictos, democracia y participación de la ciudadanía, es con la constitución de redes de seguridad que pueden cubrirse articuladamente todos estos fines. Sin embargo, es fundamental para esto que se negocie la cesión de grados de soberanía, al interior de la red y de acuerdo con el tema de que se trate, si se quiere lograr una instancia de asociación más intensa; entendemos lo complejo de alcanzar estos niveles de integración mayores teniendo en cuenta la reticencia de los Estados suramericanos para ello. Con todo, la arquitectura flexible y la geometría variable que supone toda red es una herramienta valiosa para lograr niveles de integración internacional en la subregión en forma gradual, respetando prioridades nacionales y/o subnacionales específicas, sin dejar por ello de avanzar en una cultura estratégica común tanto de las problemáticas a abordar como de los objetivos.

Frente al Centro, ya que las redes suponen negociación y coordinación como ejes, es posible, sin confrontar abiertamente (al menos en el corto plazo por cómo están desplegadas las correlaciones de fuerza actuales del sistema), negociar una vez lograda la articulación suramericana (en condiciones de mayor peso internacional y significativa autonomía) qué mecanismos serán aceptados y cuáles no, y cómo serán adaptados, de acuerdo con lo decidido en las redes de seguridad subregional por los múltiples actores participantes. Lo fundamental es fortalecer la autonomía en base a la integración ya que, frente al resto del mundo, es el componente de objetivos y acciones comunes integradas el que permitirá disuadir a actores globales poderosos de violar principios del derecho internacional, en ese espacio asociado.

La participación ampliada es la característica esencial de una gobernanza pensada desde el Sur, y para que esta esté garantizada, no puede ser inmediatamente global, sino que debe primero fortalecerse en los niveles regionales para su potenciación, dada la ausencia de autonomía a la que históricamente se vio condicionado cada uno de los Estados de la subregión; la integración descentralizada y democrática es la oportunidad para la garantía de autodeterminación y, a partir de esta, para replantear su posición en el sistema internacional.

Hasta ahora, en Suramérica, la centralidad dada a los poderes ejecutivos nacionales en los procesos de integración subregional ha provocado inestabilidad, porque los cambios en cada gobierno suponen giros importantes en las prioridades de política exterior y de defensa. La democratización de los Estados centrales mediante la conformación de redes de seguridad al interior de su territorio, fomentando la participación civil, se traducirá en una democratización para las decisiones en instancias subregionales de cooperación, que les dará continuidad más allá de los vaivenes electorales. La defensa y la seguridad pública deben dejar de ser prerrogativa exclusiva de los altos cargos ejecutivos, militares o policiales para ser participativa y, por tanto, vinculada a los derechos fundamentales.

Si una tendencia subregional ha sido a la independencia de acción de las policías y los estamentos militares, con escasa tradición de subordinación al poder civil y respeto constitucional, involucrar a estos actores como parte de una red de administración participativa, que supone transparencia, los obliga a rendir cuentas y negociar acuerdos con varios actores y los ubica en relación directa con la ciudadanía, volviendo más dificultoso el avasallamiento de derechos por parte de esas fuerzas.

Por último, está claro que la democracia es integral o no es posible en sociedades tan altamente desiguales. La libertad queda como cáscara vacía y formal si no se articula en simultáneo con mayores niveles de igualdad. Existen, por su parte, derechos que devienen de un pensamiento ancestral y originario en Suramérica que debe ser incorporado, respetado y potenciado. Resaltamos aquí el derecho del buen vivir.

Los Estados de América del Sur parecen haber comprendido, con la creación de UNASUR, que solo integrados es posible aumentar y consolidar la autonomía, como autodeterminación sobre los asuntos vitales. Ahora bien, la lentitud de los procesos y la ausencia de instancias de decisión colectiva muestran que el compromiso es demasiado débil o se encuentra condicionado.

La historia se ha ocupado de demostrar que la división ha traído dependencia y subordinación a los poderes hegemónicos; por tanto, nuevos procesos de integración son insuficientes si no se incorporan otras miradas y dispositivos de funcionamiento en ellos. Por todo esto, se afirma que la constitución de redes es una posibilidad abierta, por sus grandes potencialidades, para los abordajes de seguridad regional, alejando prácticas de criminalización, securitización o policiamiento y propiciando un fortalecimiento de la ciudadanía.

Conclusiones generales

Se intentó señalar, mediante el análisis de documentos, casos particulares y análisis críticos, la dicotomía realmente existente entre seguridad internacional y derechos humanos, a pesar de la retórica global sobre ellos y su prioridad. Focalizando en Estados Unidos como poder hegemónico global, fue posible visualizar que, a pesar de los discursos oficiales, la praxis securitaria internacional ha conllevado la violación sistemática de derechos fundamentales, con un claro desprecio por la vida y la dignidad de las personas, particularmente en las periferias (internacionales, estatales y sociales) del mundo.

En cuanto a las propuestas liberales o basadas en la Ilustración, que suponen universalidad de derechos, fuentes normativas internacionales y prioridad ética para las relaciones globales, se buscó demostrar el doble estándar que acompaña esos principios. Mientras que ha servido de sustento para legitimar acciones a nivel internacional, especialmente la defensa de la democracia y los derechos humanos, su puesta en práctica ha sido en detrimento de ambos, fundamentada en la supuesta gravedad de las nuevas amenazas y la urgencia de acción. Frente a quienes cometen crímenes o actividades ilegales, se produce un vacío jurídico que permite ignorar las libertades y principios del ordenamiento jurídico democrático y el derecho internacional; frente al resto de la sociedad, habilita a un creciente control y vigilancia, recortando derechos y libertades básicos bajo el imperativo de la seguridad.

Con respecto a América del Sur, en la segunda parte del libro se entendió que la correlación de fuerzas internacionales del siglo XXI facilitó un mayor margen de decisión, frente a determinadas problemáticas, por el centramiento de intereses de la potencia hemisférica en otros escenarios. A esto coadyuvó la renovación dirigencial subregional con la asunción de gobiernos de izquierda y centro-izquierda. Esta oportunidad, única en la historia subregional, no fue suficientemente aprovechada, porque más allá de la ampliación de ámbitos de integración y de temáticas incorporadas a estos, entre ellos la seguridad, no se ha podido traducir en prácticas comunes concretas y permanentes, ni siquiera en una interpretación compartida del mundo, de intereses y objetivos.

Por otra parte, en relación a las acciones efectivas de los Estados de la región y las organizaciones intergubernamentales subregionales, pudimos comprobar fuertes contradicciones entre los discursos y los hechos, tanto en relación al respeto por la democracia y los derechos humanos en las políticas de seguridad como al poder hegemónico y la autonomía declamada. Se entrecruzan posturas independientes con absorción de prácticas hegemónicas, como la criminalización de determinados sectores sociales o entre discursos anti-imperialistas y sostenidos ejercicios combinados que conllevan interoperabilidad militar con la potencia hegemónica. Es más, consideramos que la debilidad de los procesos de integración subregional es una muestra de plegamiento o acomodamiento a los intereses hegemónicos; el dato más relevante es el poco avance en torno a la cooperación en seguridad pública y crimen organizado trasnacional en Suramérica, mientras que las policías nacionales participan, hace ya varios años, de una instancia hemisférica para este tipo de problemáticas.

Las posibilidades de una Suramérica integrada para la defensa y la seguridad, que propicie la participación ciudadana y la autonomía frente al resto del mundo, parecen diluirse en el nuevo contexto regional y hemisférico, con el giro conservador de muchos de los actuales gobiernos, evidenciándose un alejamiento del respeto por los derechos humanos en la planificación y aplicación de la seguridad. La coyuntura parece demostrar que se han desaprovechado oportunidades históricas únicas.

Frente al creciente avasallamiento de derechos y desprecio por la vida a nivel global en nombre de la seguridad, el intenso recorte de libertades que se extiende en todo el mundo, las prácticas intervencionistas de las principales potencias y los riesgos globales que atentan contra la vida, consideramos urgente la autodeterminación en las miradas sobre la seguridad y la defensa en Suramérica.

América del Sur debe poder pensar en sus propios términos, fuente para lo cual las constituciones de Ecuador y Bolivia conforman un emblema en este siglo XXI; debe poder avanzar en la integración como modo de ganar autonomía, abandonar la dependencia y participar en el sistema internacional con peso propio; debe, además, poder defender sus intereses y a sus ciudadanos sin violar o avasallar derechos. Precisamente porque la historia regional está marcada por la falta de democracia integral y la dependencia, es hora de que este siglo encuentre a América del Sur y a América Latina en control de su propio destino a partir del fortalecimiento del buen vivir.



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