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2 La visión hegemónica de la seguridad internacional

EE. UU. como núcleo de su definición y praxis

A partir de lo abordado hasta aquí, se define la visión hegemónica de la seguridad mediante los siguientes componentes:

1. La condición interméstica: se debilita la tradicional división entre seguridad pública y defensa, reconociéndose el carácter trasnacional de las amenazas, ya no focalizadas en la agresión externa de otro Estado. Existe, por tanto, una superposición de cuestiones de seguridad y defensa que diluye las diferencias y las medidas a tomar en cada caso.

2. La multidimensionalidad: la seguridad no se limita con exclusividad a cuestiones estratégico-militares territoriales, sino que incorpora lo ambiental, lo económico, lo social, lo institucional y la salud como factores esenciales.

3. Las nuevas amenazas, como foco de atención para la seguridad internacional; estas son no tradicionales, trasnacionales y asimétricas, dado que hacen uso de la violencia pero con modos diferentes a los estatales, o son vectores/causa de ella. Entre las mismas se identifican el terrorismo en primer lugar, el crimen organizado y el narcotráfico, riesgos ambientales, proliferación de armas de destrucción masiva, las migraciones, la exclusión social, entre otros. Estas amenazas mantienen entre sí una relación de interdependencia, es decir, están entrelazadas.

La selección de estas características se realizó teniendo en cuenta los cambios producidos en la interpretación de la seguridad en tanto expansión/amplitud del concepto, tal como se describió en el Capítulo I. Básicamente, se incorporaron las nuevas amenazas, la condición interméstica y su multidimensionalidad en discursos gubernamentales, en las organizaciones internacionales y en los abordajes académicos. Con la excepción del realismo, el resto de las corrientes teóricas, en mayor o menor medida, aceptan parcial o totalmente estas condiciones globales de condicionamiento para la seguridad.

Entendemos que la visión hegemónica no desestima la cuestión territorial/estatal, pero le suma estas condiciones. La perspectiva teórica que subyace a ella es el denominado liberalismo ofensivo o wilsonianismo de línea dura. Sobre ambas cuestiones se enfocará este capítulo, teniendo en consideración los discursos presidenciales y los documentos oficiales de Estados Unidos durante la década bajo estudio. También se hará referencia a una nueva propuesta de seguridad denominada seguridad sostenible.

2. 1. El Liberalismo ofensivo y la retórica oficial de Estados Unidos

En general, la bibliografía designa como neoconservadora la ideología subyacente a las dos administraciones de George W. Bush en la Casa Blanca. Sin embargo, es posible rastrear una fuente teórica internacionalista que está detrás de la Gran Estrategia de 2002 y de la continuidad que le ha dado la administración Obama (con algunos cambios específicos), más allá del rol en el plano interno que han tenido los “neocon” como think tanks desde 2001. De allí que el enfoque denominado liberalismo ofensivo sea, para este análisis, el más apropiado, ya que permite dar cuenta de la continuidad de una línea de pensamiento internacional en EE. UU. que se ha exacerbado desde la guerra al terrorismo.

De acuerdo con Wolin (2008), la tendencia del Estado norteamericano ha sido hacia la conformación de un “superpoder” hacia el resto del mundo y de un “totalitarismo invertido” en el plano doméstico. Se ha vaciado a la democracia de cualquier participación ciudadana, impregnándola de una lógica corporativa y economicista, privatizando la razón gubernamental y dando a los poderes económicos un rol central en la conducción de los asuntos públicos (por su capacidad de presión, por la circulación de los mismos actores como altos ejecutivos de corporaciones y como funcionarios en puestos clave de gobierno, por los altos niveles de corrupción y favoritismo hacia ciertos sectores de la economía y las finanzas, por la capacidad de lobby que tienen derivado del financiamiento que hacen de partidos y candidatos).[1]

En términos internacionales, esto ha significado el excepcionalismo norteamericano, la negación o desestimación del derecho internacional y la creciente asociación entre intereses nacionales y obtención de mercados y ganancias para las corporaciones, todo lo cual se refleja en las intervenciones de la guerra al terrorismo en territorios periféricos. Wolin (2008) describe las relaciones de EE. UU. con el resto del mundo como una política entre desiguales.

El utopismo, como llama Wolin al idealismo, resurgió en EE. UU. asociando libertad, democracia y libre empresa como los valores esenciales a promover en el mundo; este es el “único modelo sustentable” y es el que debe ser impulsado a nivel global. Sin embargo, “el poder que irá en ayuda de los estados débiles se identifica con las ‘libertades’ particulares que los nuevos utopistas están ansiosos de promover: el libre comercio y los mercados libres”. La adopción de esas libertades “por las naciones pobres tiene invariablemente el efecto de convertir la simple debilidad en dependencia […] consecuentemente, tienen el derecho a declarar que un Estado es débil y pedirle cuentas por su desempeño” (Wolin, 2008: 131).

La constitución de “superpoder” depende de una vinculación simbiótica entre dos elementos. Uno político, que puede entenderse como un imperio consistente en gran medida en poderío militar, bases dispersas en todo el planeta, ventas de armas, tratados con Estados clientes débiles. Este tipo de imperio solo tiene clientes, afirma Wolin, mercados dominados en lugar de provincias incorporadas. El otro elemento es económico y Wolin (2009: 191) lo denomina “corporación globalizadora”. Lleva hacia países extranjeros bienes y servicios económicos, influencias y productos culturales; a medida que se afianzan y desarrollan estas prácticas, la “tierra natal” se modifica desde una sociedad política que se autogobierna hacia una “base de operaciones” para estrategias internacionales económicas y militares.

La democracia se vacía al interior, pero se exporta ansiosamente. “De esta manera, la democracia, como el imperio y la globalización, adquiere un estatus universal, pero lo que se universaliza no es la práctica de una democracia que se autogobierna, sino el poder de los Estados Unidos” (Wolin, 2008: 193).

En relación al universalismo de los valores de EE. UU., interesa retomar a Gray (2001: 11) en su discusión sobre las dos caras del liberalismo para reforzar la especificidad del liberalismo ofensivo. El autor afirma que el liberalismo actual heredó de la Ilustración el “ideal liberal de la tolerancia” y que este encarna dos filosofías incompatibles. Una primera perspectiva entiende ese ideal como consenso racional sobre el mejor modo de vida posible; la segunda cree que los seres humanos pueden florecer en muchas formas de vida.

En ese marco, Gray realizará una crítica a la primera de esas filosofías dado que ella supone que la tolerancia es en realidad la persecución de “un modo de vida ideal” y, por lo tanto, son las instituciones liberales las que lo encarnan en tanto principios universales (Gray, 2001: 15).

Para la nueva ortodoxia liberal, retomada en la década de 1990 fuertemente (el autor señala a Rawls, Nozick y Hayeck), la pluralidad solo es reconocida para los individuos en la vida privada, como asociación voluntaria y como capacidad de elegir un estilo de vida propio, mientras que asumen un consenso social en torno a los valores liberales (Gray, 2001).

En esta ortodoxia, el Estado liberal no es solo uno entre varios tipos de regímenes legítimos sino que es entendido como el “único modo plenamente legítimo” de una organización política. Asimismo, esta interpretación niega o minimiza la importancia de la decisión política, poniendo la cuestión de las libertades y la distribución de bienes en una sociedad en términos meramente legales. “Los temas fundamentales se sustraen de la deliberación política” (Ibíd. 26).

Una rama de esta vertiente entiende que la justicia requiere un sistema económico universal. En ese sentido, los derechos de propiedad y las leyes contractuales son aplicaciones directas de los DD. HH. universales, no constituyen convenciones sociales que pueden estar sujetas a modificaciones y adaptaciones. Gray considera que este es el pensamiento central del liberalismo anglosajón, donde “un solo tipo de economía de mercado es plenamente compatible con las exigencias de la justicia” (Gray, 2001: 27).

La propuesta pluralista de Gray comparte con los liberales ortodoxos su resistencia a regímenes “totalitarios y fundamentalistas”; no obstante afirma:

Una de las marcas de un régimen no liberal es que en él los conflictos de valores se consideran signos de error. Sin embargo, los regímenes liberales que sostienen que un conjunto de libertades –las suyas– es universalmente legítimo adoptan precisamente este punto de vista. Tratan los conflictos entre libertades como síntomas de error, no como dilemas para los que puede haber diferentes soluciones razonables. El liberalismo de este tipo es una especie de fundamentalismo, no un remedio para él. (Gray, 2001: 31)

Entendemos que las “libertades” promovidas por EE. UU. caen dentro de esta categoría de liberalismo asociado a un cuasi fundamentalismo, en palabras de Gray.

No hay que negar, dice el autor, que existen determinados valores que se comparten globalmente, pero lo que no se puede hacer es aquello que pretende el liberalismo: asociar los principios universales a sus propios ideales particulares.

De acuerdo con este tipo de liberalismo, la paz como objetivo internacional fundamental solo es posible en tanto se produzca una convergencia última de valores (liberales) que genere un consenso “racional” universal. En palabras de Booth, “The powerful idealistic driver behind US grand strategy must never be overlooked, though to many in the rest of the world US idealism looks indistinguishable from neo-imperialism (sometimes backed up by the hardest of hard power)” (Booth, 2007: 292).

En esos conductos idealistas existe también la idea de una misión, un derecho y un deber de esparcir por el mundo los valores liberales para llevar prosperidad, orden y DD. HH. Retomando a Cooper (2002), Booth señala la poderosa creencia, tanto en EE. UU. como en Gran Bretaña, de que el resto del mundo “quiere vivir como los occidentales” (Booth, 2007: 296).

Para poder identificar estos componentes concretamente, se tomarán palabras pronunciadas por los presidentes Bush (hijo) y Obama, se seleccionarán fragmentos de documentos oficiales como las Estrategias de seguridad nacional de los años 2002 y 2010 y de algunas propuestas de los think tanks representativos de cada período.

Una cuestión básica que surgirá post Guerra Fría es que EE. UU., al ser la única superpotencia mundial vigente, tendrá la capacidad de moldear el mundo de acuerdo con sus intereses. El Proyecto para un nuevo siglo americano del año 2000 fue propugnado por un conjunto de futuros funcionarios de G. W. Bush, neoconservadores que defienden un liberalismo ofensivo para su objetivo de proyectar el poder de EE. UU. en el siglo XXI. Siguiendo a Pacheco se puede entender que

Desde su punto de vista, hay factores que operan en contra de estos objetivos declarados: un orden internacional multipolar que, por naturaleza y experiencia histórica, tiende a ser fuente continua de inestabilidad; además, están instituciones internacionales como Naciones Unidas que carecen de legitimidad democrática y la fuerza necesarias para garantizar un orden internacional estable, lo que no deja otra alternativa que la consecución de una “hegemonía benevolente” que equipara implícitamente Pax Americana con Pax Democrática. (Vaïsse: 234; Drolet: 144 citados en Pacheco, 2011: 113)

Existe una convergencia entre el liberalismo ofensivo y el realismo ofensivo de acuerdo con Miller (2010): ambos entienden que únicamente un poder hegemónico es capaz de establecer reglas de juego a nivel internacional y garantizar orden y paz en el mundo. Esto aparece explícitamente en “New American Century Project” pero, a diferencia del realismo, los neoconservadores encontrarán su fundamento en los valores democráticos, la capacidad de la superpotencia por extenderlos y su concomitante libre mercado en todo el mundo.

Tal como lo establece el documento del año 2000, la garantía de un siglo XXI con unipolaridad y primacía/liderazgo de EE. UU. era la clave para la seguridad. El orden internacional que se debía lograr en comparación con la realidad de la Guerra Fría implicaba un sistema de seguridad que de bipolar pasara a unipolar; un objetivo estratégico que reemplazara la contención de la URSS por la preservación de la Pax Americana; una misión militar principal que sustituyera la búsqueda de disuasión a la otra superpotencia por asegurar y expandir zonas de paz democráticas, disuadir el surgimiento de otro gran poder (principalmente se enfoca a China), defender regiones claves y explotar a su favor la transformación de la guerra; suplir la antigua principal amenaza militar –relacionada con una potencial guerra global a través de varios escenarios– por la idea de potenciales escenarios de conflictos distribuidos alrededor del globo, y refocalizar el escenario de competencia estratégica de Europa hacia el Este Asiático.[2]

De hecho, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002 o Gran Estrategia, como le llama la literatura específica, se inicia afirmando:

The great struggles of the twentieth century between liberty and totalitarianism ended with a decisive victory for the forces of freedom—and a single sustainable model for national success: freedom, democracy, and free enterprise. In the twenty-first century, only nations that share a commitment to protecting basic human rights and guaranteeing political and economic freedom will be able to unleash the potential of their people and assure their future prosperity. (Bush, NSS, 2002. Introducción)

Entonces, existe un único modelo posible para la prosperidad sustentado en el triunfo de la libertad sobre el totalitarismo que significó el fin de la Guerra Fría. Claramente, el documento se inicia poniendo en primer plano los valores liberales tal como los entiende EE. UU.: los principios universales por excelencia, que se absolutizan. Y más adelante, define la seguridad de acuerdo con estos principios: “In a world that is safe, people will be able to make their own lives better. We will defend the peace by fighting terrorists and tyrants. We will preserve the peace by building good relations among the great powers. We will extend the peace by encouraging free and open societies on every continent” (Ibid.).

Esta última cita da cuenta de la apropiación de discursos netamente cosmopolitas para la fundamentación de la política exterior, tomando el concepto de emancipación como base para la seguridad cuando afirma que el mundo alcanzará esa condición cuando la gente esté en condiciones de –habilitada para– hacer de sus vidas algo mejor: autodeterminación y elección son la clave.

Y, además, da cuenta de las principales tareas y objetivos: construir la paz mediante la guerra al terrorismo y los tiranos, preservarla mediante acuerdos con las otras potencias y extenderla al incentivar la propagación de sociedades libres y abiertas en todos los continentes. Interesa especialmente porque permite visualizar a través de discursos oficiales la diferencia que señalamos al hablar de seguridades con dos ejes, uno anárquico y otro jerárquico; el documento deja en claro que con las otras potencias del sistema se promoverá la coordinación y el entendimiento, mientras que las acciones hacia el resto del mundo significarán guerra e “incentivos” para ciertas libertades, definidas ambas prácticas según se trate de tiranos o terroristas u otros actores dóciles.

El primer objetivo declarado será, por supuesto, defender la nación entendiendo que el terrorismo es un enemigo difuso, constituido por borrosas redes de individuos con bajo presupuesto que pueden traer caos a sociedades libres al poner las tecnologías en su contra. De allí que

To defeat this threat we must make use of every tool in our arsenal –military power, better homeland defenses, law enforcement, intelligence, and vigorous efforts to cut off terrorist financing. The war against terrorists of global reach is a global enterprise of uncertain duration. America will help nations that need our assistance in combating terror. And America will hold to account nations that are compromised by terror, including those who harbor terrorists- because the allies of terror are the enemies of civilization. (NSS, 2002. Introducción)

Guerra global de duración incierta contra un actor no tradicional, el terrorismo como la principal nueva amenaza (asociada a aquellos Estados que albergan a terroristas también tipificados como enemigos). A continuación, aparecerá la segunda amenaza importante la proliferación de armas de destrucción masiva (especialmente nuclear) y la posibilidad de que estas armas lleguen a manos de terroristas que, de acuerdo con la Estrategia, estarían procurándolas.

Se hace una referencia explícita a los Estados fallidos como amenaza al hablar de la situación en Afganistán y la intervención llevada a cabo en ese país:

The events of September 11, 2001, taught us that weak states, like Afghanistan, can pose as great a danger to our national interests as strong states. Poverty does not make poor people into terrorists and murderers. Yet poverty, weak institutions, and corruption can make weak states vulnerable to terrorist networks and drug cartels within their borders. (NSS, 2002, Introducción)

Otras amenazas señaladas serán las cuestiones medioambientales y la pérdida de fuentes de suministro energético. A partir de esto, el documento señala el componente más importante en términos de relaciones internacionales y derecho internacional al declarar: “America will act against such emerging threats before they are fully formed” (Ibíd.). ¿Qué significa actuar antes de que una amenaza se haya formado?

Esto desató una gran controversia académica, porque va contra los principios acordados en la Carta de Naciones Unidas. Por ello es necesario aquí hacer una digresión entre acción anticipada y acción preventiva, entre pre-emptive y preventive actions.

De acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, la autodefensa es legítima, aún en el marco de los acuerdos de seguridad colectiva, y lo es hasta que el Consejo de Seguridad intervenga como respuesta a la agresión o quebrantamiento de la paz producida por el agresor (ver sitio oficial de Naciones Unidas).

La cuestión de cómo se entiende la autodefensa en términos de “preempción” ha dado lugar a una serie de debates entre restriccionistas y antirrestriccionistas. Se discute básicamente el artículo 51 de la Carta de N.U. donde se especifica que la legítima defensa es habilitada en caso de ataque armado; ahora bien, los antirrestriccionistas apelan a la condición anticipada (pre-emptive) cuando el ataque es inminente y evidente su preparación, cuando la agresión puede deducirse como próxima; ejemplos de esto serían la movilización de tropas masivamente por parte de un Estado a la frontera con otro y, en ese caso, la acción preemptiva del potencial agredido frente al agresor estaría permitida. Una visión restrictiva no admite ningún tipo de anticipación, aun ante la inminencia del ataque, dado que la Carta solo habilita dicha defensa una vez que se haya producido la agresión (Bellamy, 2009: 245/246).

La doctrina Bush va más allá. No solo promueve una acción anticipada frente a los terroristas y los Estados que los albergan, sino que propone una acción preventiva (preventive), antes de que las amenazas se hayan formado plenamente. Doctrinalmente, los antirrestriccionistas alegan que existe un derecho consuetudinario internacional previo a Naciones Unidas cuya Carta no lo anula por completo y donde la anticipación estaría contemplada.

La pregunta de Bellamy es: ¿dónde es posible trazar la línea entre la acción anticipada y la preventiva (entre pre-emptive y preventive action)? Bien, la repuesta es que para la primera de ellas “el Estado debe demostrar la inminencia del ataque, la necesidad de preempción y la proporcionalidad de la respuesta planteada” (Bellamy, 2009: 249).

Algunos neoliberales como Feinstein y Slaugther han sugerido frente al terrorismo un nuevo principio, el deber de prevenir: “Porque vivimos en un mundo de reglas antiguas y nuevas amenazas” (citado en Bellamy, 2009: 252).

Frente a una amenaza difusa, dirán los autores, donde detectar específicamente el lugar de emplazamiento de grupos terroristas es muy difícil, debe habilitarse la prevención (preventive action), es decir, antes de que efectivamente se materialice la amenaza. La acción preventiva puede implicar uso de la fuerza y de forma unilateral, pero quien interviene tiene que intentar primero otras vías alternativas.

Bellamy, frente a esta propuesta del liberalismo ofensivo, alega que se estaría desdibujando la diferencia entre agresión y defensa y que no es demostrable la amenaza dado que la prevención se da antes de la materialización del peligro; además, “una doctrina de prevención puede llevar a un régimen imperial” (Bellamy, 2009: 253).

Volviendo a la Gran Estrategia, allí el argumento que surge para fundamentar la acción anticipada es:

It has taken almost a decade for us to comprehend the true nature of this new threat. Given the goals of rogue states and terrorists, the United States can no longer solely rely on a reactive posture as we have in the past. […] We cannot let our enemies strike first” (NSS, 2002: 15).

En la Estrategia se hace alusión a la acción anticipada (pre-emptive), no asume una acción preventiva explícitamente, aunque la definición que da de aquella es claramente una prevención a la aparición material de la amenaza; alude a la anticipación como una forma de frenar ataques de terroristas y la utilización de armas de destrucción masiva por estos (facilitada por los Estados canallas o rogue states) y aclara que la anticipación (preemption) no será usada frente a todas las amenazas y que no debe ser un pretexto para otras naciones para cometer actos de agresión.

En relación al lugar ocupado por EE. UU. en el mundo, las bases de la Estrategia y su misión como superpotencia, declara:

The U.S. national security strategy will be based on a distinctly American internationalism that reflects the union of our values and our national interests. The aim of this strategy is to help make the world not just safer but better. Our goals on the path to progress are clear: political and economic freedom, peaceful relations with other states, and respect for human dignity. (NSS, 2002: 1)

Esta es una apelación directa a los DD. HH., la seguridad global y la conformación de un mundo mejor a partir de las acciones de la Casa Blanca. Otro punto fundamental ha sido la declaración sobre la forma en que llevará a cabo las acciones necesarias para la seguridad, justificando una actuación unilateral cuando sea necesario: “In exercising our leadership, we will respect the values, judgment, and interests of our friends and partners. Still, we will be prepared to act apart when our interests and unique responsibilities require” (NSS, 2002: 31).

Es esencial la cuestión del excepcionalismo que permanentemente aparece en la Estrategia de Seguridad Nacional. En esta última cita, se define como “responsabilidades únicas”, pero también aparecen menciones a la posición privilegiada de EE. UU. en relación a capacidad y fuerza militar en el mundo. Otro elemento es el liderazgo “casi natural” que le cabe a nivel global por ser la única superpotencia.

Al mismo tiempo, se establecerá una vinculación directa y explícita entre economía y seguridad: “A strong world economy enhances our national security by advancing prosperity and freedom in the rest of the world” (NSS, 2002: 31). Las acciones destinadas a la promoción e instauración de mercados libres constituyen un capítulo de la NSS, con lo cual queda manifiesto el lugar central ocupado por la temática en los intereses fundamentales de EE. UU. y reafirma la vinculación inherente entre las fuerzas productivas, el Estado y el orden mundial que configuran el “orden social hegemónico” tal como especifica Cox y que abordaremos en el Capítulo IV.

Por último, en relación al plano discursivo, resulta elocuente citar algunas declaraciones del entonces presidente luego de los atentados del 11/S, donde se apela a los valores liberales como universales y de los cuales EE. UU. es el legítimo defensor. Otro elemento central es el componente místico o religioso con que se han definido los enemigos y las bases de la acción.

A pocos días de los atentados del World Trade Center, en un discurso pronunciado el 14/09, el presidente afirmaba: “Esta es una lucha colosal entre el bien y el mal, y que nadie se equivoque: el bien vencerá” (citado en Amparán, 2006).

El bien será asociado a EE. UU. y sus valores morales, y el mal será la forma absoluta de identificar al enemigo. De igual modo, definirá como “eje del mal” tres Estados, considerados como canallas o rogue states: Corea del Norte, Irak e Irán. Entendía que había posibles asociaciones a Al Qaeda (porque dieran espacio en sus territorios, pudieran proveerlos de armas de destrucción masiva o financiarlos), organización a la cual se hizo responsable, de forma casi automática, por los atentados de 2001.

En el discurso en el Congreso el día 21/09, se refería nuevamente a la guerra en términos religiosos: “Libertad y temor, justicia y crueldad, siempre han estado en guerra y sabemos que Dios no es neutral” (en sitio Proyecto Filosofía en Español, sección Hispania).

Allí también sostendrá como valores esenciales del país elementos fundamentales del liberalismo que justifican la división entre el bien y el mal, entre quienes defienden los principios liberales y quienes los amenazan: “Esta es una lucha del mundo. Esta es una lucha de la civilización. Esta es una lucha de todos los que crean en el progreso y el pluralismo, la tolerancia y la libertad” (Ibíd.). Tomará antecedentes de otros “males” en la historia, para remarcar la fuerza de EE. UU. en su lucha contra las formas de “autoritarismo” opuestas a los valores liberales, que ya habían sido definidos de este modo por otras administraciones (Reagan durante la Guerra Fría al señalar al enemigo comunista por ejemplo):

Nosotros no nos dejamos engañar por su religiosidad fingida. Nosotros hemos visto su clase antes. Ellos son los herederos de todas las ideologías asesinas del siglo XX. Al sacrificar vidas humanas para servir sus visiones radicales, al abandonar todos los valores a excepción de su deseo de poder, ellos siguen el camino del fascismo, el nazismo y el totalitarismo. Y ellos van a seguir ese camino hasta donde termina, en el sepulcro sin marcar de la historia de mentiras descartadas. (Discurso Bush, 21/09/2001)

Otras de las declaraciones más controvertidas y que han significado una fuente de críticas en todo el mundo ha sido la afirmación, en ese mismo discurso, de la toma de posición del resto del mundo: “Todas las naciones en todas las regiones deben tomar ahora una decisión: o están con nosotros o están con los terroristas” (Ibíd.).

Lo cierto es que la “guerra al terrorismo” ha sido presentada en términos absolutos entre el bien y el mal, visible en la obligación de elegir un bando en este conflicto global y de tiempo indefinido por parte de cada sociedad en el mundo, como dicotomía civilización contra barbarie. Los principios liberales son los verdaderos valores universales y quien no los acepte puede convertirse en antagonista, tal vez en enemigo.

Los especialistas han sido muy críticos con la NSS de 2002 y las posturas del presidente norteamericano. Tokatlián (2004: 42) ha definido la doctrina Bush como una política de primacía mundial. Saso Muñoz, por su parte, entenderá la política exterior de EE. UU. desde 2002 como de supremacía, expresada en el despliegue militar global, el desconocimiento de la institucionalidad internacional y los ataques “preventivos”, acciones que generaron tensión y conflictos en la sociedad internacional (Saso Muñoz, 2009: 294). Otros calificarán de imperialismo o neoimperialismo estas políticas, como Wolin (2008), Booth (2007), Barkawi (2010) y Borón (2009).

Las bases para una acción unilateral, por fuera de las organizaciones y el derecho internacional, con uso indiscriminado de la fuerza, ya estaban planteadas antes de la era Bush (hijo) y la guerra al terrorismo. El excepcionalismo norteamericano y los valores liberales “universales”, a diseminar por el mundo, formaron parte de las estrategias exteriores de varias administraciones (Nixon, Reagan, Bush, Clinton, por mencionar algunos). Lo que trajo consigo la Gran Estrategia es una exacerbación de esas tendencias y un giro en el enemigo determinante para la acción.

En las elecciones presidenciales de 2008 triunfará un candidato demócrata, Barack Obama. La desilusión con la administración republicana de Bush (hijo) por parte del electorado estuvo signada por el fracaso en Irak y las mentiras asociadas a su justificación; en principio, la intervención en Irak surgió porque, de acuerdo con EE. UU., ese país contaba con armas químicas (armas de destrucción masiva) que podían ser vendidas a terroristas. El descubrimiento de que eso no era cierto, el fracaso en imponer una democracia estable, la gran cantidad de muertes de civiles iraquíes y el gran número de soldados estadounidenses caídos dio por tierra con los apoyos internos del gobierno. A esto deben sumarse los crecientes recursos destinados a librar la guerra contra el terrorismo, cuya contracara fueron recortes sociales importantes y endeudamiento externo. Por último, en 2007 se desatará una crisis financiera de gran envergadura, luego trasladada al resto del mundo, que tuvo consecuencias muy duras para la sociedad norteamericana, como desempleo creciente, pérdida de viviendas que estaban hipotecadas y cierre de industrias.

Muchos internacionalistas que habían apoyado la política exterior de Bush dieron un paso atrás y comenzaron a criticar la innecesaria “aventura” en Irak, culpando a los neoconservadores por ello. Fukuyama es un académico emblemático en este sentido. Ahora bien, las críticas al accionar internacional no aparecen por la intervención misma o por el aumento de bases militares en todo el mundo, sino por la forma, el modo en que se llevó adelante. Las críticas estuvieron asociadas al unilateralismo, la “pérdida de confianza” de los aliados y la gente en todo el mundo hacia EE. UU. por los excesos cometidos.

Los teóricos del mainstream comenzaron a dar cuenta de su preocupación por la pérdida de la reputación de EE. UU. en el mundo (ver Nye, 2005). De acuerdo con Booth (2007), que retomará a varios autores, la declinación de la hegemonía de EE. UU. en el mundo comenzó mucho antes de W. Bush y se reforzó con los escándalos en los negocios asociados al Estado (como el caso de Enron), el dudoso recuento de votos y decisión de la Corte Suprema que dieron el triunfo a Bush (hijo) en 2000, la creciente pobreza y desigualdad social en la “tierra de la libertad” y el abuso de poder de EE. UU. asociado a los centros de detención, revelados al mundo a través de Guantánamo y Abu Ghraib.

Lo cierto es que los think tanks, que estarán detrás de las propuestas de Obama en su campaña, se hicieron eco de estas críticas y propusieron acciones que tomaran en cuenta el “poder blando” para recuperar la credibilidad de EE. UU. en el mundo y, con ello, su capacidad de influencia, su hegemonía.

El “Center for American Progress” elaborará, en 2008, un documento proponiendo una nueva estrategia para la seguridad y elegirá el concepto de seguridad sostenible para su definición. De acuerdo con Smith, coordinador del libro In Search of Sustainable Security, durante su visita a África pudo comprobar de primera mano el “desencanto” del mundo con su país; citando a una abogada entrevistada (de quien no da el nombre) toma la siguiente afirmación: “America used to be the champion for all of us, and now it is the champion only for itself” (Smith, 2008: 1).

De allí, Smith deduce que el mundo ha perdido su fe en “America” dada la mala imagen de la seguridad nacional practicada durante el siglo XXI, porque no se comprendió, en esos años, que la seguridad de EE. UU. no solo dependía de su poder militar o su influencia económica, sino también de la capacidad para incentivar a otras naciones a seguir su liderazgo.

The next president will have the opportunity to craft a modern national security strategy that can equip the United States to lead a majority of capable, democratic states in pursuit of a global common good -a strat­egy that can guide a secure America that is the world’s “champion for all of us”. (Smith, 2008: 2)

La propuesta es entonces la seguridad sostenible, pensada para un contexto global y la humanidad común; se trata de una combinación entre tres enfoques: “National security, or the safety of the United States; Human security, or the well-being and safety of people; Collective security, or the shared interests of the entire world” (Ibid. Resaltado en el original).

La seguridad entendida de este modo permitirá moldear en forma continua la capacidad estadounidense de prevenir o defenderse de amenazas en tiempo real, reducir la profunda inseguridad de la personas alrededor del mundo y gestionar las amenazas de largo plazo que ponen en peligro la seguridad colectiva y global.

Cuáles son los desafíos globales, de acuerdo con el informe, que el gobierno de Bush ignoró: cambio climático, inseguridad energética, creciente escasez de recursos naturales, la proliferación de organizaciones ilegales que movilizan personas, armas y dinero. En términos de seguridad nacional, los imperativos que el documento reconocía en ese momento eran: crisis en aumento en Irak, la implosión de la estabilidad en Afganistán, un Pakistán frágil, un Irán envalentonado, genocidio masivo en Sudán, creciente inseguridad de los suministros de petróleo, Corea del Norte y sus armas nucleares, y un conflicto crecientemente peligroso entre Israel y Palestina (Smith, 2008: 3).

The pursuit of sustainable security requires more than a reliance on our conventional power to deflect threats to the United States, but also that we maintain the moral authority to lead a global effort to overcome threats to our common security. With its global scope, sustainable security demands that we focus not only on the security of nation states, but also of people, on human security. (Smith. 2008: 4. El resaltado es propio.)

En esta propuesta se vuelve más evidente la incorporación, por parte de la potencia hegemónica, de las visiones cosmopolitas y de la SH. Tal como plantean Chandler (2008) y Gilmore (2014), las visiones más críticas, holísticas y orientadas a la persona humana en seguridad serán absorbidas por las gestiones gubernamentales de los Estados más poderosos como fundamento de su accionar. Se hizo hincapié en la proposición de seguridad sostenible porque este pensamiento está en la base de la política exterior de la administración Obama.

En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2010 se declaraba, desde la Introducción que

The success of free nations, open markets, and social progress in recent decades has accelerated globalization on an unprecedented scale. This has opened the doors of opportunity around the globe, extended democracy to hundreds of millions of people, and made peace possible among the major powers. Yet globalization has also intensified the dangers we face from international terrorism and the spread of deadly technologies, to economic upheaval and a changing climate. (Obama en NSS, 2010)

Ya en la NSS de 2002 se reconocía el desdibujamiento entre el plano interno y el internacional, pero aquí se profundiza el entendimiento acerca de la interdependencia y globalización de los fenómenos, asociando posibilidades y amenazas en un mundo interconectado. Al hablar de la guerra al terrorismo, en específico de Afganistán e Irak, reconoce que ha sido correcto y, por lo tanto, propone dar continuidad a determinadas acciones mencionando las nuevas amenazas:

This is part of a broad, multinational effort that is right and just, and we will be unwavering in our commitment to the security of our people, allies, and partners. Moreover, as we face multiple threats – from nations, nonstate actors, and failed states – we will maintain the military superiority that has secured our country, and underpinned global security, for decades. (Obama en NSS, 2010, Introducción. El resaltado es propio.)

Más adelante reconoce, tal como estipula la seguridad sostenible, la necesidad de recuperar capacidad de influencia para solventar un liderazgo global renovado: “To get there, we must pursue a strategy of national renewal and global leadership –a strategy that rebuilds the foundation of American strength and influence. […] begins with the steps we take at home” (Ibid. El resaltado es propio).

En esa sección dejará en claro la importancia de recuperar a EE. UU. internamente, ocupándose de la crisis financiera. Para desvincularse de la focalización militar de la guerra al terrorismo y la mera fuerza, dejará en claro que la seguridad nacional también depende de la diplomacia, del gran capital, de los expertos para fortalecer la gobernabilidad y sostener la dignidad humana, la Inteligencia y la aplicación de la ley. Con esto, sumado a la cita que se desarrolla a continuación, la nueva administración busca separarse del unilateralismo con que EE. UU. llevó adelante sus políticas en la era Bush:

To do so, we will be steadfast in strengthening those old alliances that have served us so well, while modernizing them to meet the challenges of a new century. As influence extends to more countries and capitals, we will build new and deeper partnerships in every region, and strengthen international standards and institutions. This engagement is no end in itself. The international order we seek is one that can resolve the challenges of our times -countering violent extremism and insurgency; stopping the spread of nuclear weapons and securing nuclear materials; combating a changing climate and sustaining global growth; helping countries feed themselves and care for their sick; resolving and preventing conflict, while also healing its wounds. (NSS, 2010, Introducción. El resaltado es propio.)

De igual modo, aparecen las vinculaciones planteadas por la seguridad sostenible dado el énfasis en las acciones colectivas para enfrentar amenazas comunes o desafíos globales, señalando el compromiso de ayudar a otros países a crecer y resolver sus conflictos “curando heridas”. Hará hincapié en la defensa de la democracia y los DD. HH., tal como su predecesor, pero resaltando la necesidad de hacerlo en el marco del respeto al derecho internacional.

Reconociendo su liderazgo en el cumplimiento de la seguridad global, la estrategia establece como objetivos primarios:

The United States of America will continue to underwrite global securitythrough our commitments to allies, partners, and institutions; our focus on defeating al-Qa’ida and its affiliates in Afghanistan, Pakistan, and around the globe; and our determination to deter aggression and prevent the proliferation of the world’s most dangerous weapons. As we do, we must recognize that no one nation -no matter how powerful- can meet global challenges alone. As we did after World War II, America must prepare for the future, while forging cooperative approaches among nations that can yield results. […] Our national security strategy is, therefore, focused on renewing American leadership. (NSS, 2010: I-2. El resaltado es propio.)

Acciones colectivas, respeto por las normas internacionales, reforzamiento de los valores norteamericanos (democracia, DD. HH. y Estado de derecho) aparecen como los elementos claves de esta nueva estrategia para desprenderse de las críticas al anterior gobierno. Un elemento central que se reconoce en el documento es el rechazo a la tortura (NSS, 2010: 3), práctica que el ejecutivo habilitó para el trato a criminales terroristas en los centros de detención y que fue denunciado mundialmente por gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, tal como se verá en el próximo apartado y en el capítulo siguiente.

Las prioridades en seguridad nacional no difieren de las de su antecesor; de hecho, se mencionan esfuerzos por la no proliferación de armas de destrucción masiva y por combatir a Al Qaeda:

We will disrupt, dismantle, and defeat al-Qa’ida and its affiliates through a comprehensive strategy that denies them safe haven, strengthens front-line partners, secures our homeland, pursues justice through durable legal approaches, and counters a bankrupt agenda of extremism and murder with an agenda of hope and opportunity. (NSS, 2010: 4)

El foco de la acción será en Afganistán y Pakistán, de acuerdo con el documento. Y aquí aparece un punto importante acerca de las críticas a la guerra al terrorismo de G. W. Bush: el cuestionamiento es sobre el cómo, nunca se puso en duda el objetivo, la meta de la política exterior, porque precisamente en el qué de la seguridad, tal como la entiende la versión hegemónica, existe un consenso bipartidista (republicanos y demócratas) y en el mainstream académico que es de larga data.

Es posible visibilizar esto tomando el caso de la invasión a Afganistán como parte de la “estrategia preventiva” para enfrentar al terrorismo. Esta intervención dura hasta el presente, con una dispersión de los grupos ilegales que operaban en ese territorio, no solo grupos armados responsables de acciones terroristas sino también actores del circuito del narcotráfico. La acción puntual ha sido desplazar a los talibanes del poder e instaurar “la democracia”.

Sin embargo, si se miran las declaraciones de la administración Obama en sus acciones en la región y las justificaciones para ellas, vemos la incapacidad de reconocer, como consecuencias de su intervención, una serie de problemáticas sobre las que se pretendía intervenir. Concretamente, la administración bajo análisis alegaba que los conflictos y tráficos existentes en las fronteras de Afganistán y Pakistán requerían intervención y soluciones concretas.

So I want the American people to understand that we have a clear and focused goal: to disrupt, dismantle and defeat al Qaeda in Pakistan and Afghanistan, and to prevent their return to either country in the future. That’s the goal that must be achieved. That is a cause that could not be more just. (New Comprehensive Strategy for Afghanistan and Pakistan, 2009)

Lo mismo que se invocaba para ingresar a Afganistán en 2002 se siguió alegando siete años después, pero sumándole un nuevo país, sin mediar análisis sobre las consecuencias de las propias acciones de EE. UU. en esto. ¿Por qué, luego de siete años de intervención extranjera, Al Qaeda aparecía accionando también en Pakistán, cuando antes de la intervención norteamericana esto no sucedía?

Además, es posible visibilizar en esta estrategia otro elemento de continuidad: la definición de las intervenciones en términos de bien y mal, de justo o injusto como algo absolutizado, no construido socialmente. La idea de lo justo como justificación de la guerra estaba presente en la Carta de apoyo a la guerra al terrorismo; de hecho, toda su fundamentación partirá de este retroceso a un concepto medieval que Obama hizo suyo.

En palabras del propio presidente norteamericano, quien anexa consideraciones normativas a esta conceptualización:

Las medidas de Estados Unidos son lícitas. Nos atacaron el 9/11. En el plazo de una semana, el Congreso autorizó por mayoría el uso de la fuerza. En virtud del derecho interno e internacional, Estados Unidos está en guerra contra al Qaeda, el Talibán y sus fuerzas asociadas. Por lo tanto, esto es una guerra justa: una guerra librada de manera proporcional, como último recurso y en defensa propia. (Obama, discurso pronunciado el 23/05/2013)

El otro elemento que aparece como prioritario en la estrategia, y muestra la continuidad sobre la que se viene reflexionando, es la economía, es decir, la necesidad de reconstruir los mercados mundiales luego de la crisis financiera para garantizar prosperidad, libertad de los intercambios y gestión conjunta de estos asuntos mundiales a través de un foro creado a tal efecto en el marco de la OMC: el G-20. Además, promoción de la democracia y los DD. HH. pero de modo pacífico, y cooperación para enfrentar el cambio climático. En relación a esto último también se marca una fuerte diferencia con Bush (hijo), dado que se negó a apoyar cualquier tratado internacional sobre esta problemática.

Acerca de los componentes y valores sobre los que debe sustentarse la seguridad nacional, se declara en el documento:

Our national security depends upon America’s ability to leverage our unique national attributes, just as global security depends upon strong and responsible American leadership. That includes our military might, economic competitiveness, moral leadership, global engagement, and efforts to shape an international system that serves the mutual interests of nations and people. (NSS, 2010: 7. El resaltado es propio)

Se reafirma aquí nuevamente el excepcionalismo norteamericano por sus valores, su fuerza militar, sus capacidades económicas y su “liderazgo moral”, bases para dar forma al sistema internacional.

La agenda de seguridad se complejizó al reconocer que no solo el terrorismo y las armas de destrucción masiva son las amenazas principales, sino también la inseguridad cibernética, los Estados fallidos, el cambio climático, las epidemias y amenazas a la salud y la dependencia energética del petróleo.

La seguridad sostenible proponía como herramientas para su garantía las tres “D”: diplomacia, defensa y desarrollo. La Estrategia de 2010 retomaba exactamente esos puntos y mencionaba como herramientas de acción defensa, diplomacia y desarrollo, economía, seguridad pública (Homeland Security, desarrollada con nuevas atribuciones de vigilancia y militarización de la policía por W. Bush), inteligencia, comunicación estratégica, promoción del sector privado y las iniciativas de la ciudadanía (en organizaciones de la sociedad civil, en proyectos creativos, etc.) (NSS, 2010: 16).

Lo cierto es que Obama, en sus promesas de campaña, aseguró que retiraría las tropas de Irak, cerraría Guantánamo y llevaría a sus prisioneros ante la justicia civil, respetaría a sus aliados y los DD. HH.

Lo que se conoce en la bibliografía específica como “Doctrina Obama” conllevó la implementación de dos dispositivos: una “estrategia de asesinatos selectivos”, tal como se aplicó en la frontera Afganistán/Pakistán para el asesinato de Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda; y adicionalmente, no involucrar tropas y utilizar la Inteligencia (servicios secretos, información clave) y nuevas tecnologías para lograrlo de forma rápida y eficaz; para Nievas (2012), el despliegue de dichos dispositivos significa, en la práctica concreta, asesinatos extrajudiciales. Un elemento distintivo es su publicidad a través de los medios de comunicación.

Además, la Doctrina incluye el concepto de “guerra limitada” para diferenciarse de su antecesor con su “guerra preventiva”, global, anticipatoria e indefinida en el tiempo, en el intento por volver más pragmática la política exterior. La guerra limitada, entonces, se sustentó en una fundamentación moral de la intervención, principalmente humanitaria, pero también en la multilateralidad de las acciones, la proporcionalidad del uso de la fuerza y la legitimidad obtenida en las instituciones internacionales y en la opinión pública. La causa debía ser “justa” y estaría orientada también por los intereses prioritarios de EE. UU. (Ibíd.).

Se dio cuenta hasta aquí de las principales vinculaciones entre el liberalismo ofensivo y las doctrinas de seguridad que enmarcaron la política exterior de EE. UU. en la década bajo estudio. Es necesario, por tanto, resituar la definición de hegemonía para comprender por qué la delimitamos como hegemónica.

La hegemonía es la forma que toma el poder cuando es más que la violencia desnuda, porque está asociado al consenso. Esta será la base para la definición gramsciana de la hegemonía, cuya enunciación trasciende la mera dominación por la fuerza de quien detenta el control de los medios de producción o el capital. En el autor italiano, este concepto permite vincular la estructura material o económica con la superestructura político-cultural. El Estado es hegemonía revestida de coerción; a través de una serie de mecanismos, esta institucionalidad demuestra que “la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio, sino también logra obtener el consenso activo de los gobernados” (Gramsci, 2003: 96). Revistiendo de universalidad los propios principios dominantes, las clases y sectores subalternos los introyectan como propios.

De acuerdo con Cox, quien retoma la definición gramsciana:

[…] un concepto de hegemonía que está basado en una conjunción coherente o acoplada entre una configuración de poder material –la imagen colectiva imperante del orden mundial (incluyendo ciertas normas)– y un conjunto de instituciones que administran el orden con una cierta apariencia de universalidad (por ejemplo, no solo como instrumento manifiesto de la dominación de un estado particular). (Cox, 2014: 146)

Si se toma cada uno de estos elementos por separado para analizar las políticas securitarias de EE. UU., es posible identificar los componentes de la visión hegemónica en la praxis.

El poder material ha sido más que demostrado por EE. UU. durante la década estudiada y ha dejado en claro, tanto en documentos oficiales como en discursos presidenciales, que es el Estado con mayor poder de fuego en el mundo y que no duda en usarlo cuando están en juego sus intereses nacionales o la “seguridad global”. Ese poder material se traslada a las fuerzas económicas al asociar libre mercado a valores universales, poniendo en juego mecanismos para su expansión global.

En relación a las instituciones del orden internacional, la potencia hegemónica logró ponerlas en duda a través de acciones unilaterales y al desconocer normas internacionales, proponiendo (discursivamente y fácticamente) la urgencia de aplicar acciones anticipadas frente a un enemigo difuso, de acuerdo con su grado de poder mundial; ha conseguido establecer nuevas reglas y poner en crisis el conjunto de instituciones y regímenes tradicionales.

Ejemplos de esto serían las transformaciones de la OTAN, que debió adaptarse a los requerimientos de su miembro más poderoso aceptando intervenir, a partir de una nueva visión de seguridad, en escenarios ampliados por fuera de su espacio de acción tradicional; su intervención en Libia con el despliegue de acción aérea y el asesinato selectivo de Gadaffi señalan esa transformación. Otro ejemplo es el acoplamiento de muchos Estados a la guerra al terrorismo para tratar al interior de sus fronteras a grupos sociales disidentes (que no en todos los casos utilizaban la fuerza para su acción), entre ellos China, Colombia, Pakistán, Rusia. Además, el endurecimiento de penas y controles sociales para enfrentar las nuevas amenazas fue una práctica que se extendió más allá de las políticas públicas norteamericanas (México, Brasil, Unión Europea). Por último, debe mencionarse el cuestionamiento generalizado a Naciones Unidas y su necesidad de reforma.

Igualmente, está claro que las nuevas ideas predominantes en torno a la seguridad y las amenazas han sido las propugnadas por el liberalismo ofensivo. Los aportes de la seguridad humana, la seguridad mundial y, en general, las propuestas expansivas coinciden con los discursos y justificaciones norteamericanas a la hora de accionar por la fuerza. Aun cuando hayan surgido críticas a la forma (unilateralismo, excepcionalismo), en principio, se aceptan mayoritariamente en la academia, en Naciones Unidas y el resto de los Estados las categorizaciones de amenazas dadas por EE. UU., el desdibujamiento de las fronteras y, con ello, de las diferencias entre defensa y seguridad pública (o entre acciones internas y externas de seguridad) y la incorporación creciente de nuevas dimensiones a temas securitarios.

Puede claramente alegarse que es la potencia hegemónica la que se ha apropiado en discursos oficiales de perspectivas que intentaron presentarse como alternativas al poder y el uso de la violencia. Sea cual sea la dirección que ha tomado esta coincidencia (top-down o bottom-up), está claro que estas son las ideas predominantes en el orden mundial actual. Esas ideas son permanente presentadas, desde el liberalismo ofensivo en su particularidad, como universales al hablar de seguridad global, bienes comunes, etc., donde Estados Unidos se posiciona como el actor central para el logro de los objetivos “de toda la humanidad”.

A continuación, veremos con mayor especificidad los alcances de este consenso internacional frente a las propuestas hegemónicas.

Por último, esto no significa que la hegemonía se ejerza sin contestación, con consenso absoluto por parte de otros actores. Dado el carácter dinámico de la sociedad internacional, donde se disputa no solo poder político y militar sino también fuerzas económicas, sociales e interpretaciones del mundo, es necesario remarcar que aunque prevalezca determinado orden dentro de ese sistema, con actores hegemónicos y dependientes, esas relaciones múltiples de poder permanentemente generan algún tipo de resistencia, cuestionamiento o contestación.

2. 2. Seguridad internacional hegemónica y su vinculación dicotómica con los Derechos Humanos

Desarrollaremos aquí algunos aspectos importantes de la contraposición seguridad-derechos humanos, planteados a nivel internacional hegemónicamente. Esto permitirá considerar el grado creciente de consenso que ha obtenido la principal potencia mundial demostrando, precisamente, su capacidad hegemónica más allá de las resistencias y cuestionamientos en aumento. Con respecto a los DD. HH., ampliaremos el análisis en el próximo capítulo incorporando otras consideraciones teóricas.

Para iniciar este apartado es necesario preguntarnos: ¿qué significó la guerra preventiva al terrorismo y las nuevas guerras limitadas (o el asesinato selectivo) en términos de acciones concretas en el terreno? La imposición de la “doctrina contrainsurgente” y el abandono de los principios westfalianos en cuanto al uso y límites de la violencia.

Es preciso hacer una distinción sobre los usos de la violencia, tal como se la entendió tradicionalmente, y los cambios en la actualidad, dado que allí es donde está el nudo gordiano de la relación dicotómica seguridad-derechos humanos como la supone la visión hegemónica en la praxis, aun cuando discursivamente el objeto de toda intervención ha sido la defensa de esos derechos en el mundo.

El modelo westfaliano en el plano internacional supuso, como se ha mencionado en el Capítulo I, una regulación de la violencia. Entre sus principios se establecieron los límites acerca del cuándo y el cómo de la guerra; esta solo podía ser llevada adelante por Estados como únicos detentadores del monopolio legítimo de la fuerza. Para ir a la guerra, esta debía ser declarada oficialmente y solo estarían involucrados los combatientes específicamente seleccionados por cada Estado, con la prohibición de la participación de la sociedad civil. Por otra parte, nunca un conflicto armado podía legitimarse en base a las decisiones en el orden interno de cualquier actor político internacional, toda cuestión ideológica o religiosa quedaba fuera de las consideraciones sobre causales de guerra. El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado se convirtió en un eje central de este ordenamiento de la violencia cuyo origen, precisamente, ponía fin a las guerras religiosas en Europa.

Las regulaciones sobre el derecho a la guerra y el derecho en la guerra, el corpus normativo del Ius ad bellum y el Ius in bello, datan de la Edad Media y el Renacimiento, pero irán siendo adaptadas y reforzadas durante el orden moderno pautado en Westfalia. Esta distinción que realiza el derecho internacional es la base del Derecho Internacional Humanitario, que implicó la regulación al trato de prisioneros de guerra, la eliminación de la opción del exterminio, el cuidado de la población civil y la prohibición del uso de determinadas armas (especialmente las químicas), entre otros elementos.

Básicamente, todo este andamiaje normativo pretende limitar la violencia a través de la acotación de las casusas por las cuales una guerra puede ser legítima y las acciones permitidas una vez desatado el conflicto. El Derecho Internacional Humanitario fue codificado en los Convenios de Ginebra de 1949 mediante cuatro tratados: el Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña; el Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar; el Convenio de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra y el Convenio de Ginebra con respecto a la protección de las personas civiles durante la guerra (Bonavena y Nievas, 2012: 5).

Las restricciones se ampliarán con la Carta fundacional de Naciones Unidas que, como se especificó, prohíbe cualquier agresión, habilita al Consejo de Seguridad como único referente para los conflictos y el uso de la fuerza y esta, individualmente utilizada, solo es permitida como legítima defensa frente a una agresión con tiempo limitado hasta que el Consejo intervenga.

Ahora bien, durante la segunda mitad del siglo XX se hicieron frecuentes formas de conflicto diferentes a las tradicionales, donde el uso de la violencia no estaba en manos de un Estado y sus ejércitos, sino en grupos alzados en armas. Frente a esto, surgirán nuevas teorías y estrategias para permitir a un ejército regular enfrentarse a fuerzas irregulares y salir victorioso.

A partir de allí, los Estados comenzaron a explorar formas no tradicionales y más flexibles para el uso de la fuerza, conocidas generalmente como “contrainsurgencia”. Es decir, las nuevas amenazas a la seguridad llevaron a la elaboración de innovadoras conceptualizaciones y técnicas para enfrentarlas. Desde la guerra de Vietnam, y el fracaso de EE. UU. para enfrentar conflictos bélicos no tradicionales, se iniciaron los intentos por encontrar mejores mecanismos para estos nuevos tipos de enfrentamientos (guerrillas, terrorismo, crimen organizado, etc.). La categoría LIC (Low Intensity Conflict) o Conflictos de Baja Intensidad se caracterizó por la realización de intervenciones quirúrgicas rápidas y eficaces, con la utilización de varios medios adecuados: presión psicológica, desestabilización política, boicot económico, ataques aéreos sin involucrar tropas, acciones paramilitares, etc. Estas redefiniciones de las técnicas militares se analizaron en profundidad y se probaron en América Central en la guerra civil bajo administración Reagan; durante los noventa, contra el narcotráfico y la “narcoguerrilla” en América del Sur, o en las acciones de la OTAN en el conflicto de la ex Yugoslavia.

Los LIC son uno de los resultados de estas nuevas teorizaciones que, genéricamente, la literatura especializada denomina “guerras de cuarta generación”[3] (ver Berstein, 2013; Grautoff, 2007):

La cuarta generación de la guerra moderna se amplía de la esfera estrictamente militar al ámbito de la sociedad y a las confrontaciones, que no se dirimen en un teatro de operaciones clásico, donde la población civil es enemiga y elevada a la categoría de objetivo militar del adversario. Los objetivos del rival incluyen el aspecto cultural del enemigo y la capacidad de disuadir el apoyo de su población a favor de la guerra. (Grautoff, 2007: 134)

Estas guerras son descentralizadas y desterritorializadas, características que en relación a la seguridad se han definido como postwesfalianas; esto significa que pueden extenderse a varios territorios nacionales, que operan tanto en ciudades como en el campo y que no existe una demarcación clara de las líneas de enfrentamiento como en los conflictos tradicionales. Suponen, por parte de fuerzas armadas convencionales, el despliegue de tácticas insurgentes, guerra irregular o actos terroristas; también suelen aparecer en la bibliografía categorizados como “conflictos asimétricos”, dado que un Estado, es decir un ejército regular, se enfrenta a un grupo con capacidad de violencia irregular a través de actos terroristas o tácticas de desgaste propias de la guerra de guerrillas.

No es solo el modo de uso de la violencia lo característico de las guerras de cuarta generación, sino que las tecnologías de la información y la comunicación (junto con las militares) tienen un papel central. Generalmente son utilizados los mass media o las redes sociales para obtener apoyo de la opinión pública y deslegitimar al adversario.

Históricamente, durante el conflicto en Argelia por parte de Francia o durante las dictaduras latinoamericanas, este tipo de guerras asimétricas ha implementado la práctica de la tortura, los secuestros, la detención arbitraria, entre otras (Nievas, 2012: 57). Frente a un enemigo “difuso”, cuya principal herramienta para vencer a fuerzas militares convencionales es la clandestinidad, cualquier dispositivo que sirva para obtener información sobre futuros ataques, actores involucrados, etc. se vuelve vital.

Desde la guerra preventiva al terrorismo,[4] estas han sido las acciones que caracterizaron las intervenciones de EE. UU. en Afganistán, Irak, Pakistán y Libia. Con esos dispositivos se intentó combatir a las fuerzas de ocupación estadounidense por estas poblaciones y las herramientas tecnológicas al servicio de las fuerzas militares han ido perfeccionándose. De acuerdo con ello, para Estados Unidos: “La nueva guerra es definida como descentralizada, poniendo el énfasis en la utilización de fuerzas militares ‘no estatales’, empleando tácticas de desgaste”. A esto se agrega el uso intenso de los sistemas de información y medios de comunicación “tanto focalizado contra la sociedad enemiga como abarcando la llamada “opinión pública global” (el pueblo enemigo es al mismo tiempo atacado psicológicamente y aislado del mundo) combinado con acciones de guerra de alto nivel tecnológico” (Berstein, 2013: 192).

Los dispositivos a considerar son varios. Se recurre a nuevas tecnologías como los llamados “drones,” es decir, aviones no tripulados que permiten alejar a los combatientes estadounidenses del peligro de muerte pero que concentran esa misma posibilidad sobre la sociedad civil atacada, porque la precisión de esos artefactos es mucho menor que la obtenida por un ser humano. La frase más utilizada ha sido “los inevitables daños colaterales” (ver Wolin, 2008). Este tipo de tecnologías se enmarcan en las “transformaciones de la guerra” tal como se estipulaba en el “Proyecto para un nuevo siglo americano”.

Por otra parte, se contratan mercenarios, lo cual implica la privatización de las fuerzas disponibles a través del trabajo conjunto entre ejército y empresas privadas para determinados conflictos. Para 2012 se suponía que estaban trabajando en Medio Oriente y Asia Central, mediante convenio con EE. UU., alrededor de 137 mil “soldados privados” (Isenberg, 2012 citado en Berstein, 2013: 193). Este tipo de empresas privadas tiene una característica medular: no rinden cuentas por sus acciones ante ningún Estado, tribunal internacional u organización intergubernamental, sino solo frente a sus empresas o contratistas.

Lo cierto es que estas nuevas guerras no están reglamentadas, no se enmarcan dentro de lo estipulado por el derecho humanitario, que fue pensado para conflictos regulares interestatales o conflictos internos frente a grupos alzados en armas e identificados como tales; al menos, eso se ha alegado desde EE. UU. y sus aliados.

De igual modo, las líneas divisorias entre combatientes y no combatientes o población civil son borrosas, toda vez que este tipo de conflictos supone especialmente que el objetivo de guerra es “toda la sociedad enemiga en especial su identidad cultural” (Berstein, 2013: 192).

Siguiendo a Bonavena y Nievas (2012: 14), en relación al papel de los no combatientes queda claro que “dado que la guerra contrainsurgente se libra contra un enemigo ‘invisible’, el enemigo potencial es toda la población civil”. Sin embargo, ya que es imposible ganar un conflicto contra toda una sociedad solo mediante la represión o la violencia, la doctrina contrainsurgente supone medidas “positivas” para ganar el apoyo de la población contra los grupos insurgentes o terroristas. Siguiendo a los autores, señalamos que el espionaje se combina con la “contrainteligencia” o inducción al engaño, “en principio del oponente, pero en contrainsurgencia, dado que el enemigo carece de contornos definidos, de toda la población civil. En función de ello se conciben las Psyop (operaciones psicológicas)” cuyo objetivo es “influir en los estados de ánimo colectivos” (Ibíd. 13).

El último elemento a señalar en relación a las operaciones de la potencia hegemónica para garantizar la seguridad es la vigilancia permanente o las acciones de inteligencia y espionaje, que no solo se aplican en los territorios intervenidos de la Periferia, sino también al interior de su propio territorio, con sus ciudadanos. De allí que la brecha abierta entre la búsqueda de seguridad y la garantía de derechos se haya vuelto definitivamente global.

Amnistía Internacional, una vez iniciada la guerra al terrorismo, ha sido una de las organizaciones internacionales no gubernamentales que ha investigado y denunciado sistemáticamente la violación de derechos humanos civiles y políticos en la “guerra global contra el terror”. A través de su campaña “Contra el Terror, Justicia”, en el año 2008, elaboró un informe de difusión internacional para denunciar las prácticas ilegales de EE. UU. en el mundo.

En ese marco, Guantánamo aparecerá como el emblema de una larga cadena de violaciones al derecho internacional mediante cárceles secretas, detenciones forzosas, desapariciones y negación del debido proceso judicial a los sospechosos de terrorismo.

De acuerdo con el informe: “En julio de 2007, el presidente George W. Bush dio luz verde a la continuación del programa de detenciones secretas e interrogatorios de la CIA” (AI, AMR 2500508. ext. 2008: 1). En principio fue un programa secreto que luego de 2006, una vez descubierto públicamente, se autorizó de forma abierta.

Estas instalaciones secretas se encontraban, por ejemplo, en la base aérea de Bagram, Afganistán, y en el mismo país, cerca de Kabul, estaba emplazada la denominada “prisión oscura” que salió a la luz en base a testimonios de detenidos que luego fueron trasladados a Guantánamo. Tomando el informe de AI en relación al nombre de ese centro de detención:

[…] los detenidos en la oscuridad y con música a un volumen muy alto las 24 horas del día. Personas que han estado recluidas allí cuentan que las tenían encadenadas al techo durante largos periodos, les impedían dormir y las interrogaban durante días seguidos. Binyam Mohammed, Abdulsalam al-Hela, Bisher al-Rawi, Jamil al-Banna, Walid al-Qadasi y Hassan bin Attash afirman que estuvieron recluidos en este centro antes de su traslado a Guantánamo. (Ibíd.)

En 2007, en el cuerno de África (en las fronteras entre Etiopía, Somalia y Kenia) se abría un nuevo centro de entregas extraordinarias en el marco de un conflicto armado regional que involucraba grupos armados islámicos, además de la participación de Egipto en esas actividades. Por otra parte, en Pakistán, como uno de los aliados principales de la guerra, se denunció para fines de 2007 la desaparición de 493 personas, además de 500 ciudadanos pakistaníes entregados a EE. UU. para su extradición (AI, AMR 2500508. ext. 2008: 2)

Europa también ha sido escenario de detenciones y desapariciones forzosas, así como centro de emplazamiento para cárceles secretas denunciadas en Polonia y Rumania. De acuerdo con AI, informes públicos en 2006 y 2007 producto de la investigación de la “Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa revelaron la existencia de una ‘tela de araña’ de transferencias ilegales de detenidos, tejida por la CIA y en la que participaban Estados miembros del Consejo de Europa” (Ibíd.).

También se han denunciado “lugares negros” o centros de detención clandestinos en la Isla Diego García, Jordania, Tailandia. En el año 2006, el presidente Bush confirmó la habilitación dada a la CIA para llevar adelante el programa de detención y reclusión secreta con métodos “especiales” de interrogatorio, que han sido internacionalmente denunciados como tortura. En ese año el congreso norteamericano aprobó la Ley de Comisiones Militares que significaba la continuidad de estos programas y del rol del Departamento de Defensa en esos asuntos, dado que la custodia y el “juzgamiento” de estos “combatientes enemigos” estaba exclusivamente en manos de militares. La Cruz Roja solicitó durante años el acceso a estos centros de detención y fueron contadas, excepcionales y limitadas en su intervención, las habilitaciones a su presencia (AI, AMR 2500508. ext. 2008: 2).

Es clave en este sentido la excepción declarada por EE. UU. al tipo de guerra llevada adelante frente a la cual utiliza la categoría de “combatiente enemigo o combatiente ilegal”. De acuerdo con Cuadro:

[…] la declaración de que los prisioneros de la Guerra Global contra el Terror no entraban dentro de la III Convención de Ginebra del año 1949 que regula el tratamiento de los prisioneros de guerra. Bajo el argumento de que la Guerra Global contra el Terror no era un tipo de conflicto bélico contemplado en dicho tratado, sus prisioneros fueron considerados como “combatientes ilegales”, lo que posibilitó el uso de la tortura sistemática contra estos enemigos absolutos. Desde la administración estadounidense se afirmó una y otra vez que, pese a no entrar dentro de la categoría de prisioneros de guerra establecida por la Convención de Ginebra, estos serían tratados de acuerdo con las normas internacionales. No obstante, la sistematicidad en el ejercicio de torturas a los prisioneros de la Guerra Global contra el Terror confinados en centros de detención globales, da cuenta de que aquellos no fueron “casos aislados”. (Cuadro, 2013: 119)

El colocar a “los enemigos” por fuera de la legalidad, justificándose en el tipo de acciones perpetuadas por éstos, aunque su identificación concreta era difusa, habilitó a Estados Unidos a fundamentar acciones por fuera del derecho internacional en la guerra contra esos enemigos.

En el año 2008, el congreso de EE. UU. aprobó una ley contra una técnica de interrogatorio considerada tortura: la práctica del “submarino”, que es un procedimiento de ahogamiento/asfixia simulado que se aplica durante interrogatorios. El presidente Bush (hijo) vetó esa ley.

Entre las técnicas habilitadas en 2002 por el Secretario de Defensa de Washington se encontraban: incentivo/retiro de incentivo (artículos de uso personal); traslado del detenido a un lugar más incómodo, que puede consistir en exposición a temperaturas extremas y en la privación de luz y estímulos auditivos; manipulación del entorno para crear una incomodidad moderada (por ejemplo olor desagradable); alteración de los horarios del sueño; aislamiento (Borón y Vlahusic, 2009: 46).

La exposición pública de las violaciones sistemáticas de derechos humanos y el derecho internacional por parte de EE. UU. se dio con la circulación masiva de imágenes de la prisión de Abu Ghraib en Irak. Fotografías que recorrieron el mundo mostraban a soldados estadounidenses torturando, humillando y vejando prisioneros. Se realizó una investigación y se produjo un extenso informe.

Entre los “abusos” comprobados por el equipo del general Taguba, se reconoce desde la sodomización de prisioneros con linternas fosforescentes y palos de escoba y el uso de perros sin bozal para aterrorizar a los prisioneros que, al menos en algunas ocasiones, había mordido y herido gravemente a detenidos, hasta palizas brutales y vejaciones constantes y de todo tipo (Ibíd. 48)

Se juzgó a militares de bajo rango que habían sido actores materiales de los abusos, pero no a oficiales o funcionarios de alta jerarquía, que dieron las órdenes y estaban al tanto de lo sucedido allí.

Por otra parte, se ha denunciado el uso de territorios y espacio aéreo soberano de otros Estados para el traslado secreto de detenidos en los vuelos ilegales realizados por la CIA. En Alemania, Italia y otros territorios europeos, la prensa denunció esta utilización sin autorización, aparentemente, de jurisdicción soberana (Borón y Vlahusic, 2009: 58).

Otra acusación que se registró fue la tortura de prisioneros “fantasmas” o en condición de desaparecidos en barcos de guerra. De acuerdo con el director en ese momento de Reprieve, una ONG británica de derechos humanos, “el gobierno norteamericano mantiene al menos 26.000 personas sin juicio en prisiones secretas, y las informaciones sugieren que al menos 80.000 han ‘pasado por el sistema’ desde 2001” (Avignolo, 2008 citado en Borón y Vlahusic, 2009: 59).

Cuando Barack Obama asume el gobierno, además de intentar distanciarse del unilateralismo y la desestimación del derecho internacional por parte de la administración anterior, se declara en contra de las técnicas de tortura habilitadas y, en general, de la metodología utilizada por la CIA y los militares estadounidenses para las detenciones, traslados y prisión de supuestos terroristas. Tal como había prometido en su campaña, a poco de asumir el cargo de presidente, Obama firmará una orden ejecutiva dirigida a la CIA ordenando el cierre de las cárceles secretas que aún quedaran en pie y el cierre de Guantánamo en el transcurso de un año (The Washington Post, 22/01/2009). En un discurso en la Universidad de la Defensa Nacional, Obama dijo: “pusimos en peligro nuestros valores básicos: al hacer uso de la tortura para interrogar a nuestros enemigos y deteniendo a personas de una manera que va en contra de la legalidad” (Romero, 2014).

No solo nunca se cerró Guantánamo, sino que tampoco se dio a sus prisioneros acceso a la justicia civil o a tribunales ordinarios (no militares) como se había prometido. Por otro lado, no hubo juzgamientos a los responsables en las altas esferas por estas sistemáticas violaciones a los DD. HH., que no solo desafiaron el derecho internacional sino las propias normas de EE. UU.

Más allá de la retórica en campaña y la voluntad expresada por el presidente demócrata, el complejo entramado de poderes públicos y privados detrás de la guerra contra el terrorismo en Estados Unidos ha frenado toda acción tendiente a revertir procesos ilegales, entre ellos, el cierre de Guantánamo o el juzgamiento civil a prisioneros, la reparación para ex detenidos o la obligación de funcionarios y ex funcionarios a la rendición de cuentas.[5]

Ahora bien, si tomamos en detalle los derechos que han sido avasallados, es posible observar que su violación sostenida ha ocurrido, precisamente, sobre los civiles y los políticos. Definíamos en este capítulo que la visión hegemónica de seguridad se sustenta en principios liberales; analizamos los discursos oficiales que han justificado los largos años de acciones militares en nombre de esos valores “universales”; además, hay que subrayar que el sustento filosófico-político de los derechos civiles y políticos corresponde a la tradición liberal occidental. Es contra estos principios y libertades, paradójicamente, como se define en los hechos la seguridad internacional hegemónicamente.

De acuerdo con las denuncias detalladas hasta aquí, se pueden consignar las violaciones de los siguientes derechos: Artículo 5 de la Declaración Universal de DD. HH., “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”; Artículo 8, “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”; Artículo 9, “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”; Artículo 10, “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”; Artículo 11 inciso 1, “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”; Artículo 30, “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración” (ONU, 1948. Declaración Universal en sitio oficial).

Los detenidos estuvieron años detenidos (algunos aún lo están), sin juicio ni pruebas: solo por la condición de sospechosos, no fueron sometidos a tribunales civiles, independientes e imparciales; la condición básica de la detención implicaba tortura e incomunicación (ni siquiera se les habilitaba comunicación con sus abogados en determinados casos), fueron privados arbitrariamente de su libertad y nunca se presumió su inocencia, por el contrario, se presumió su culpabilidad y de allí que el mero hecho de sospecha permitiera la detención.

En relación a la tortura, la Convención del año 1984 considera en su artículo I que

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se infrinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con consentimiento o aquiescencia. (ONU, A/RES/39/46)

Es más, en su artículo 2, la Convención deja expresamente sentado que “En ningún caso podrá invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura” (Ibíd.).

Un informe elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2006, sobre la situación de los detenidos en Guantánamo, establecía en sus conclusiones: “Ese derecho se está vulnerando en la actualidad y la detención continua de todas las personas retenidas en Bahía de Guantánamo constituye una detención arbitraria en violación del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (ONU, 2006, GE.06-11279 (S) 230306 280306).

Por otra parte, dicho informe denuncia que el poder ejecutivo del gobierno de EE. UU. ejercía la función de juez, fiscal y abogado defensor de los detenidos, violando las garantías inherentes a un juicio justo, frente a tribunal independiente, de acuerdo con el artículo 14 del Pacto ya citado. Además, reconoce tortura, tratos inhumanos y violatorios de otros derechos como el de salud.

En diciembre de 2014, el Senado de EE. UU., mediante una investigación de la Comisión de Inteligencia, presentó sus resultados reconociendo oficialmente la utilización de la tortura en la guerra al terrorismo. Allí se recopilaron testimonios, imágenes, informaciones secretas de la propia agencia de inteligencia donde se reafirman los mismos tratos y arbitrariedades que se venían denunciando desde organizaciones de la sociedad civil, sectores académicos y organizaciones internacionales. Frente a la presentación del informe y sus conclusiones acerca de la inutilidad de estos métodos para lograr éxitos comprobables en la lucha contra el terrorismo, el director de la CIA del momento, John Brennan, declaraba: “La información de Inteligencia obtenida por el programa fue crucial para nuestro entendimiento de Al Qaida y sigue aportando información para nuestros esfuerzos contra el terrorismo al día de hoy”. De acuerdo con Tenet, director de la CIA en 2001: “El programa condujo a la captura de líderes de Al Qaida y los eliminó del campo de batalla […] Tenet dijo que el programa, incluyendo las torturas, ‘salvó miles de vidas norteamericanas” (Diario Página 12, 10/12/2014).

De acuerdo con lo desarrollado al inicio de este apartado, el propio tipo de acción bélica contrainsurgente supone alteraciones del Derecho Internacional Humanitario por sus características imprecisas. El potencial enemigo es toda la población, dadas las acciones encubiertas de los contrincantes, que en el terreno de una guerra de cuarta generación no diferencia Estados, de insurgentes o grupos que aplican el terrorismo; a su vez, el campo de batalla –dadas estas características– es virtualmente todo el mundo.

Aquellos elementos justificados como tácticas de la guerra contrainsurgente son tipificados por el DIH como crímenes de guerra o de lesa humanidad si son contra la población civil, en caso de aplicación masiva. Los elementos denunciados en la guerra contra el terrorismo o los utilizados por la “doctrina Obama” pueden caer dentro de esta conceptualización toda vez que ha involucrado a miles de personas en el mundo, especialmente en Medio Oriente y Asia Central. Parte de los delitos tipificados serían: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, desplazamientos forzosos o deportaciones, tortura y tratos crueles, ataques indiscriminados, vejaciones sexuales, ejecuciones individuales. Acaso la táctica del asesinato selectivo aplicada desde 2009, como ya se señaló, ¿no constituye ejecuciones individuales extrajudiciales?

En ese marco de contrainsurgencia, las tecnologías de la información, el espionaje y la vigilancia cumplen un rol central. El seguimiento de publicaciones en redes sociales, comunicaciones telefónicas, correspondencia en papel o electrónica son dispositivos utilizados junto con el uso de operaciones psicológicas.

A la par de las violaciones a los derechos humanos cometidos expresamente mediante detenciones arbitrarias, desplazamientos forzosos o torturas, existe toda una red de vigilancia, internacional y nacional, que ha violado el derecho civil a no sufrir intromisión arbitraria por parte del Estado “en la vida privada, sobre la familia, la propiedad y la correspondencia de un individuo”, tal como se especifica en la Declaración Universal y el Pacto de Derechos civiles y políticos.

La presunción acerca de la acumulación de información como mecanismo preventivo para la seguridad en el marco de guerras de cuarta generación llevó a Estados Unidos y Gran Bretaña al punto de espiar información confidencial de sus aliados y también de líderes de organizaciones sociales de peso.

El conocimiento acerca de este control de información generó un escándalo internacional: se filtraron a la prensa las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU. y Obama debió salir a dar explicaciones y pedir disculpas. En un discurso pronunciado en el Departamento de Justicia, el presidente estadounidense afirmaba:

Resulta difícil exagerar la transformación que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos tuvo que atravesar después del 11 de septiembre. Nuestras agencias tuvieron la necesidad repentina de encargarse de muchas más tareas que la tradicional misión de controlar potencias hostiles y recopilar información para los legisladores. En cambio, ahora se les pedía que identificaran y señalaran conspiradores en algunas de las partes más remotas del mundo, y que anticiparan las acciones de redes que, debido a su propia naturaleza, no podían ser penetradas fácilmente con espías o informantes. […]

Se han expandido las relaciones con los servicios de inteligencia extranjeros y se ha fortalecido nuestra capacidad de resistir ataques cibernéticos. Y consideradas en su conjunto, estas medidas han evitado diversos ataques y han salvado vidas inocentes, no solo aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Sin embargo, en nuestra prisa por hacer frente a una nueva serie de amenazas muy reales, el riesgo de un exceso por parte del gobierno –la posibilidad de perder algunas de nuestras libertades esenciales en pos de la seguridad–, también se han visto pronunciadas. (Discurso presidencial 17/01/2014)

Entonces, reconociendo que se ha generado una red de información global, el mandatario lo justifica por el grado de las amenazas y las urgencias concomitantes, alegando además que gracias a esta capacidad de recopilar información se han “salvado vidas en todo el mundo”, aun cuando la urgencia ha conllevado “excesos”.

En particular en relación a los derechos humanos o al incumplimiento de salvaguardas legales sobre la vida privada, declaraba:

En tercer lugar, las salvaguardias legales que limitan la vigilancia sobre los estadounidenses sin una orden judicial no se aplican a personas extranjeras en el exterior. Esto no es algo exclusivo de Estados Unidos; pocas agencias de espionaje en el mundo, si se puede decir que hay alguna, restringen sus actividades fuera de sus propias fronteras. Y el objetivo final de la inteligencia es obtener información que no se encuentra disponible de manera pública. Pero las capacidades de Estados Unidos son únicas, y el poder de las nuevas tecnologías supone que cada vez existan menos limitaciones técnicas a lo que podemos hacer. (Discurso presidencial 17/01/ 2014)

En esta segunda parte, se desconoce claramente el derecho internacional, en particular la Declaración Universal y el Pacto de derechos civiles y políticos acerca del derecho a la privacidad de las personas en todo el mundo, y la obligación de los Estados de garantizarlas, como así también todo lo que atañe al derecho interestatal sobre la soberanía e independencia de los Estados; por otro lado, una vez más aparece el papel único en el mundo de EE. UU. como fundamento para las excepciones que se atribuye.

En concreto sobre el escándalo desatado por las escuchas telefónicas a las presidencias de Alemania y Brasil, Obama declaró: “Los líderes de nuestros cercanos amigos y aliados merecen saber que si quiero saber lo que piensan sobre algún asunto, tomaré el teléfono y los llamaré en lugar de recurrir a la vigilancia” (Diario Página 12, 17/01/2014). Y en ese mismo discurso anunciaba una serie de modificaciones en la Agencia de Seguridad Nacional, básicamente para “respetar” la soberanía de los demás Estados.

Por último, es necesario señalar que en nombre de la lucha contra el terrorismo la pérdida de garantías para los derechos individuales se extendió por el mundo: muchos Estados han sido denunciados por sus procedimientos en este sentido.

De acuerdo con el Informe Anual 2008 de Amnistía Internacional, en materia de DD. HH., los Estados europeos han mantenido una doble moral:

[…] en 2007 salieron a la luz nuevos indicios de que varios Estados miembros de la UE habían mirado hacia otra parte o actuado en colusión con la CIA para secuestrar a personas, recluirlas clandestinamente y trasladarlas ilegalmente a países donde fueron sometidas a tortura y otros malos tratos. Pese a los reiterados llamamientos del Consejo de Europa, ningún gobierno ha admitido ni investigado a fondo esas transgresiones de la ley, y ninguno ha adoptado medidas adecuadas para impedir que en el futuro se utilice territorio europeo para entregas y detenciones secretas. (AI, Informe 2008, Prólogo)

El informe igualmente denuncia la discriminación a la que es sometida población migrante, refugiados y solicitantes de asilo en los territorios de la Unión, y en relación al doble estándar en DD. HH. en el informe surgen las preguntas siguientes:

¿Pueden la UE o sus Estados miembros pedir a China o a Rusia que respeten los derechos humanos cuando ellos mismos son cómplices de tortura? ¿Puede la UE pedir a otros países con muchos menos recursos que mantengan abiertas las fronteras, cuando sus propios Estados miembros coartan los derechos de personas refugiadas y solicitantes de asilo? ¿Puede predicar la tolerancia en el extranjero sin haberse enfrentado a la discriminación contra romaníes, musulmanes y otras poblaciones minoritarias que residen dentro de sus fronteras? (Ibíd.)

China, por su parte, ha utilizado la excusa de la “guerra contra el terrorismo” para la persecución y represión de la etnia uigur, de mayoría musulmana, que habita en la región autónoma china del Sin-Kiang. De acuerdo con el informe de AI 2008:

Las autoridades continuaron utilizando la «guerra contra el terror» encabezada por Estados Unidos como excusa para justificar la brutal represión de miembros de la etnia uigur, que vivían fundamentalmente en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, lo que dio lugar a graves violaciones de derechos humanos. Se consideraron delito las expresiones no violentas de la identidad cultural uigur. Los miembros de esa etnia eran las únicas personas en China de las que se sabía que eran condenadas a muerte y ejecutadas por delitos de índole política, como llevar a cabo «actividades separatistas». (AI, Informe 2008: 131)

Lo mismo puede alegarse de Colombia, que al declarar como terroristas internacionales a las guerrillas históricas del país, de acuerdo con lo estipulado por el propio EE. UU., ha avanzado aún más sobre derechos básicos en nombre de combatir el terrorismo. En abril de 2008, Estados Unidos elaboró el listado de Organizaciones Internacionales Terroristas entre las que se encontraban las FARC en el puesto número 39. A partir de allí, 33 países, luego de una ofensiva diplomática del propio gobierno colombiano, han catalogado a esta organización autoidentificada como movimiento revolucionario y con un historial de acción de cincuenta años, como grupo terrorista (ver US Department of State. Terrorism Designations).

Con estos ejemplos se pretende señalar que Estados Unidos, como principal potencia mundial, tiene la capacidad de influir en las rutas de acción del resto de los actores del sistema. La capacidad hegemónica se demuestra no solo por el uso de la fuerza sino también por la capacidad de persuasión vigente, que en relación al terrorismo se hizo evidente al lograr el plegamiento del resto del mundo en la categorización de esta amenaza y la urgencia de medidas globales; en especial, a través de la aplicación de medidas en detrimento del derecho internacional y los derechos humanos, dado que para lograr la seguridad global se requerían excepciones progresivas.

El caso más emblemático para demostrar este consenso es el llamado multilateral realizado por el gobierno de la Casa Blanca en el reingreso masivo a Afganistán, incluyendo Pakistán, en 2009. Obama, de acuerdo con su retórica de actuar en consonancia con aliados tradicionales, convoca a la OTAN. Según Rozoff (2009), casi 50 países se vieron involucrados en esta escalada militar contrainsurgente, entre ellos actores estatales como Albania, Mongolia, Georgia, Azerbaiyán, Nueva Zelanda, Italia, Rumania y más llamativo aún, Colombia, como aliado extra-OTAN.

Hay algo importante a señalar en relación a América Latina: aquí no se han utilizado territorios nacionales para la instalación de cárceles secretas o traslados de prisioneros de manera ilegal. De hecho, este es el único continente que quedó por fuera de las acciones concretas de la guerra al terrorismo, salvo por Colombia en sus tácticas de seguridad interna y su participación en Afganistán. Sin embargo, hubo un plegamiento total a la centralidad del terrorismo en las consideraciones de defensa, seguridad regional o internacional.

La segunda parte del libro se ocupará de analizar cuánto y con qué medidas esta visión hegemónica de la seguridad internacional penetró en América del Sur que, a diferencia de la “América Latina Norte” (México, América Central y el Caribe, Colombia), no ha accedido automáticamente a las propuestas hemisféricas y regionales de la potencia hegemónica.


  1. Sobre esta readaptación de la democracia y el recorte de derechos se ocupará el próximo subtítulo y el capítulo siguiente.
  2. Para ver el informe completo remitirse al sitio web New American Century: https://goo.gl/4edWaf. Parte de sus referentes participarán de la administración Bush hijo (Kagan, Wolfowitz) y conformarán con pensadores del liberalismo ofensivo el grupo de los denominados neoconservadores.
  3. Para ampliar las temáticas tratadas ver también Bonavena y Nievas (2012), Zolo (2007) y Hobsbawm (2007).
  4. Algunos autores realizan una distinción entre la guerra preventiva y la contrainsurgente, situando a la segunda como clave de acción de Washington a partir de la administración Obama. Ver Derghougassian (editor) (2009).
  5. Ver en próximo capítulo, en los apartados sobre securitización y militarización, datos concretos de esas vinculaciones público/privadas para la guerra.


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