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3 Derechos y amenazas

La omnipresencia de la seguridad internacional:
excepci贸n, securitizaci贸n y militarizaci贸n

Antes de adentrarnos en los fen贸menos de securitizaci贸n, militarizaci贸n y excepci贸n pol铆tica, se realizar谩 un breve recorrido por las tres generaciones de Derechos Humanos reconocidas a nivel internacional.

Identificadas dichas generaciones, es posible referenciar las violaciones actuales a los DD. HH. en nombre de la seguridad, de la potencia hegem贸nica, hacia un conjunto de tratados no firmados, no ratificados o de los que Estados Unidos se ha retirado, y que datan de d茅cadas atr谩s.

3. 1. La internacionalizaci贸n de los Derechos Humanos: positivaci贸n, obligatoriedad y el rol de la comunidad internacional

Es posible reconocer en la bibliograf铆a jur铆dica espec铆fica tres generaciones de derechos que se corresponden con su incorporaci贸n en tanto tales a lo largo de la historia contempor谩nea. En primer lugar, los derechos individuales Civiles y Pol铆ticos; en segundo lugar, los Econ贸micos, Sociales y Culturales; y tercero, los denominados derechos de la solidaridad (Desarrollo, Defensa del medioambiente, Paz).

Algunos especialistas (Bustamante Donas, 2001) mencionan una cuarta generaci贸n de derechos, pero aqu铆 se tendr谩n en cuenta las que han recibido atenci贸n y sistematizaci贸n en la comunidad internacional.

Bas谩ndonos en la definici贸n dada por especialistas en derecho internacional y por los derechos reconocidos desde Naciones Unidas, comprendemos que todas las generaciones de derechos han sido consecuencia de luchas sociales y pol铆ticas de los pueblos; por lo tanto, pueden ser asociadas a procesos revolucionarios (ver G贸mez Isa y Pureza, 2004; Mari帽o Men茅ndez, 2001). La primera generaci贸n de derechos surge a partir de la Revoluci贸n Francesa; implican fundamentalmente garant铆as para los individuos frente al poder pol铆tico arbitrario, t铆pico del Estado absolutista. El trasfondo filos贸fico que subyace es el liberalismo y presupone, como componente primordial, la propiedad privada que, como se especific贸 en el Cap铆tulo I, tiene prioridad por sobre el Estado.

Los derechos civiles van a procurar proteger al individuo, en su vida y posesiones, frente al avasallamiento del poder pol铆tico. Se reconoce una serie de libertades individuales en detrimento del poder del Estado y frente a las cuales este no debe avanzar, tomando la Declaraci贸n Universal de ONU: toda persona tiene derecho a la protecci贸n de su vida, la libertad y la seguridad; a la propiedad y a no ser privado arbitrariamente de ella; a la libertad de pensamiento, conciencia o religi贸n; a la libertad de reuni贸n o asociaci贸n pac铆fica; a la libertad de opini贸n o expresi贸n; a la libertad de circulaci贸n y residencia; suponen adem谩s igualdad ante la ley, derecho a un tribunal competente e imparcial, presunci贸n de inocencia (hasta que se demuestre lo contrario); la ley proh铆be toda forma de tortura o trato cruel y degradante por parte de las fuerzas del Estado; no puede haber injerencia en su vida privada o posesiones, su familia o su correspondencia.

Los derechos pol铆ticos, por su parte, ata帽en al individuo, pero ya no en lo que respecta a la esfera privada sino a la p煤blica. El Estado de derecho ha supuesto desde sus or铆genes un conjunto de normas escritas que rigen para todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes: todos est谩n sometidos por igual a la ley (imperio de la ley). Esa ley es imparcial y objetiva, debe garantizar la igualdad jur铆dica de todos los individuos y el respeto por las libertades personales. Adem谩s, los derechos pol铆ticos contemplan la participaci贸n de los ciudadanos en la elecci贸n de sus gobernantes y la posibilidad de participar en los asuntos p煤blicos. Se trata de un poder pol铆tico que debe estar legitimado por su pueblo. Entonces, desde la Revoluci贸n Francesa, en Occidente ha primado la democracia representativa (participaci贸n ciudadana mediante elecciones peri贸dicas), el constitucionalismo y la divisi贸n del poder (r茅gimen republicano), generando pesos y contrapesos para evitar la acumulaci贸n absoluta de poder pol铆tico en una persona, es decir, Estado de derecho y libre mercado.[1]

Todo el entramado de los derechos civiles y pol铆ticos encarnan el objetivo liberal de reducir al m谩ximo posible la intromisi贸n del Estado en la esfera privada y esto incluye los intercambios en el mercado (ver Held, 1993; Bovio y Bovero, 1986; Manent, 1990). Este tipo de libertad se entiende como 鈥渓ibertad negativa,鈥 esto es, se es libre en todo aquello que est谩 permitido o no est谩 prohibido. El objetivo es ensanchar la esfera de autodeterminaci贸n individual restringiendo todo lo posible el poder pol铆tico (Held, 1993).

Los derechos econ贸micos, sociales y culturales han sido valorizados a nivel internacional a partir de las luchas obreras, especialmente durante el siglo XIX; y fueron instaurados desde las Revoluciones Mexicana de 1910 y Rusa de 1917. Si los derechos civiles y pol铆ticos representan el pensamiento liberal y los intereses de la burgues铆a, los econ贸micos, sociales y culturales encarnan el pensamiento socialista y socialdem贸crata en defensa de las masas trabajadoras de la creciente industrializaci贸n.

Entre los m谩s importantes de esta segunda generaci贸n se pueden resaltar: derecho al trabajo; igual remuneraci贸n por igual trabajo; derecho a la seguridad social; protecci贸n contra el desempleo; derecho a fundar sindicatos y a sindicarse; limitaci贸n de las horas de trabajo; descanso y vacaciones peri贸dicas pagas; derecho a un nivel de vida adecuado; a la alimentaci贸n; a la salud; a la educaci贸n; a una vivienda digna; a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad (ver ONU, Declaraci贸n Universal, sitio oficial).

Si para los derechos de primera generaci贸n se propon铆a un retiro del Estado de los asuntos privados individuales, para esta segunda categor铆a de derechos se requiere la acci贸n decidida del Estado. Se entienden como derechos otorgados a quienes participan de una comunidad pol铆tica y suponen una protecci贸n colectiva desde y hacia sus miembros. Tal como lo expresan G贸mez Isa y Pureza (2004: 55), 鈥渆stos derechos dependen fundamentalmente del Estado para su realizaci贸n efectiva. Son derechos que demandan la prestaci贸n de un servicio por parte del Estado鈥.

Aqu铆 se considera un concepto m谩s amplio de libertad, no solo en su acepci贸n negativa como no tener impedimentos, sino como autonom铆a, como autogobierno o autolegislaci贸n. En su sentido republicano, esta libertad se asocia con un modelo de democracia que vincula libertad con autonom铆a en un marco colectivo. 鈥淭iende a ensanchar la esfera de autodeterminaci贸n colectiva, restringiendo todo lo posible la regulaci贸n de tipo no autoimpuesta鈥 (Held, 1993). No se trata de no tener leyes sino de estar habilitado para el autogobierno 鈥渄谩ndome leyes a m铆 mismo鈥, tal como lo ha planteado Rousseau.

G贸mez Isa y Pureza (2004) remarcan que, mientras las esferas de las libertades negativas generalmente se podr铆an entender como 鈥減rivadas鈥, como libertad de, en la tradici贸n republicana se recuperan libertades 鈥減煤blicas鈥, como libertad para, principalmente en tanto participaci贸n en la vida pol铆tica de la comunidad, que permita decidir colectivamente objetivos comunes. La 鈥渓ibertad de鈥 solo puede ser efectivamente desplegada cuando adem谩s est茅n garantizadas las 鈥渓ibertades para鈥, cuando est茅n dadas las condiciones para todos los sujetos de realizar sus propias potencialidades; es decir que sin los derechos econ贸micos, sociales y culturales, esas posibilidades se ven seriamente reducidas o condicionadas. El modelo hist贸rico de la aplicaci贸n de este modelo de 鈥渓ibertades para鈥 y de intervenci贸n estatal para el mejoramiento de la calidad de vida de las mayor铆as es el Estado de Bienestar.

Algo importante que marcan los especialistas, retomando la Declaraci贸n Universal de 1948, es el concepto de dignidad. All铆 el art铆culo 1 reza: 鈥淭odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como est谩n de raz贸n y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros鈥 (ONU, sitio oficial). Tanto Mari帽o Men茅ndez (2001) como G贸mez Isa y Pureza (2004) resaltan la dignidad como principio base para pensar los DD. HH. Retomando a Kant, la definen con la premisa: el ser humano es un fin en s铆 mismo, no un medio, es decir que no puede ser un instrumento para otros fines. La consecuci贸n de dignidad se realiza en los hechos cuando no somos instrumentalizados y cuando, adem谩s, se garantizan las condiciones materiales para una vida digna. De este valor y condici贸n derivan los otros tres principios esenciales que est谩n detr谩s de cada generaci贸n de derechos: libertad, igualdad y solidaridad.

Los derechos de la solidaridad son producto, como las otras generaciones, de luchas colectivas. Su origen se vincula a los procesos de descolonizaci贸n de la d茅cada de 1960, y se reforzar谩n a medida que las ex colonias alcancen estatus independiente y participen de Naciones Unidas. De acuerdo con Marks (1981 citado en G贸mez Isa y Pureza, 2004), ser谩n las revoluciones anticolonialistas las que encarnen la aparici贸n de esta tercera generaci贸n de derechos.

Los derechos de la solidaridad o derechos de los pueblos ser铆an el derecho al desarrollo, a la paz, a un medioambiente sano, a beneficiarse del patrimonio com煤n de la humanidad, a la asistencia humanitaria, a la informaci贸n y a la autodeterminaci贸n.

Un elemento muy significativo de estos derechos es que avanzan m谩s all谩 de las fronteras nacionales y se orientan a la cooperaci贸n internacional; est谩n enmarcados en problem谩ticas comunes globales y, por tanto, su garant铆a trasciende la acci贸n singular de un Estado. Las declaraciones en relaci贸n a estos derechos se dar谩n en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en simult谩neo con otros reclamos del 鈥淭ercer Mundo鈥 como un nuevo orden econ贸mico internacional, el respeto por el principio de autodeterminaci贸n de los pueblos y de soberan铆a.

La progresiva internacionalizaci贸n y positivaci贸n en el derecho internacional de los DD. HH. puede considerarse iniciado con la creaci贸n de Naciones Unidas. Ser谩 a fines del siglo XX donde esta efectivizaci贸n se haga m谩s fuerte en t茅rminos internacionales, una vez resquebrajado el orden westfaliano.

Hasta la Posguerra Fr铆a, los individuos no eran considerados por el derecho internacional porque se part铆a de reconocer que, en el plano externo, era el Estado quien representaba unitariamente a ese todo constituido por la naci贸n. Solo dentro de un Estado, y como ciudadano de 茅l, era posible tener derechos fundamentales en el marco del imperio de la ley. La p茅rdida de la ciudadan铆a conllevaba la p茅rdida de toda protecci贸n, ya que la supuesta universalidad de los derechos no se correspond铆a con un conjunto de herramientas internacionales que los volviera efectivos por fuera del Estado.

Esto tiene hasta hoy una consecuencia fundamental en relaci贸n al derecho internacional: para que un convenio, pacto o tratado afecte a un Estado, este tiene que dar su consentimiento frente a aquel, es decir, debe ser firmado y ratificado para que ese instrumento internacional tenga injerencia sobre sus acciones. Si un Estado no ratifica el tratado, queda por fuera de sus obligaciones y medios de cumplimiento: cualquier norma internacional sigue dependiendo de la voluntad estatal.

Los primeros antecedentes del reconocimiento de determinados derechos en el plano internacional pueden encontrarse en el DIH, ya mencionado, en lo relativo a garant铆as b谩sicas para el trato a las personas bajo conflicto armado y los medios habilitados de violencia. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 se complementan con dos protocolos adicionales del a帽o 1977. All铆 se tipifican y regulan dos tipos de conflictos: los conflictos internacionales donde participan dos o m谩s Estados y los conflictos armados no internacionales o intraestatales, aquellos donde la violencia se ejerce entre el Estado y grupos alzados en armas con fines pol铆ticos (ver sitio oficial de la Cruz Roja Espa帽a).

De acuerdo con G贸mez Isa y Pureza (2004), la denominada 鈥淐arta Internacional de los Derechos Humanos鈥 est谩 constituida por la Declaraci贸n Universal de Naciones Unidas en 1948 y los dos Pactos, con sus respectivos protocolos facultativos, tendientes a establecer mecanismos de regulaci贸n de la comunidad internacional para los Derechos Civiles y Pol铆ticos y los Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales, respectivamente. Ambos se crear谩n en 1966 y reci茅n diez a帽os despu茅s entrar谩n en vigor.

En relaci贸n a su obligatoriedad a nivel global, fue un largo proceso el que llev贸 a establecer la responsabilidad de la comunidad internacional, m谩s all谩 de la voluntad de los Estados, frente a la violaci贸n de los derechos fundamentales en cualquier lugar del mundo. En un primer momento, como la Declaraci贸n Universal se realiz贸 a trav茅s de la Asamblea General, muchos Estados alegaban que solo constitu铆a una declaraci贸n de principios y no una norma de derecho, dado que las resoluciones de la Asamblea no tienen car谩cter obligatorio para los miembros de ONU. De hecho, el 煤nico 贸rgano de la organizaci贸n que puede dictar resoluciones vinculantes es el Consejo de Seguridad.

Lo cierto es que la Declaraci贸n de 1948 reconoce en su seno los derechos de primera y segunda generaci贸n, esto es, toma en cuenta tanto los derechos defendidos por Occidente como aquellos propugnados por los pa铆ses del bloque socialista durante la Guerra Fr铆a. Los derechos tipificados all铆 est谩n divididos en: derechos y libertades de disposici贸n personal, del art铆culo 3 al 11; derechos del individuo en relaci贸n a los grupos sociales de pertenencia, del art铆culo 12 al 17; derechos y libertades de car谩cter pol铆tico, art铆culo 18 al 21; derechos econ贸micos, sociales y culturales, art铆culo 21 al 27; derechos que marcan la relaci贸n entre el individuo y la sociedad, art铆culo 28 al 30 (Ora谩, 2004 en G贸mez Isa y Pureza, 2004).

Los protocolos facultativos, por su parte, ven铆an a otorgar a los individuos car谩cter de sujeto de derecho internacional, reconociendo que no solo los Estados pod铆an realizar presentaciones frente a las comisiones respectivas, encargadas de cada generaci贸n de derechos, sino que tambi茅n los individuos, una vez agotadas las instancias jur铆dicas internas, pod铆an realizar presentaciones a t铆tulo personal para denunciar la violaci贸n de alguno de sus derechos por parte del Estado. Para el avance del Protocolo facultativo de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales, se logr贸 ampliarlo e incorporar anexos recientemente, en el a帽o 2008, dando muestra de cu谩les han sido hist贸ricamente las materias privilegiadas en relaci贸n a los derechos por parte de la comunidad internacional.

Ser谩 la d茅cada de 1990, a partir del 鈥渘uevo orden internacional鈥, la que permita un incremento de las declaraciones, convenciones y tratados referente a los derechos humanos; entonces tambi茅n se establecen nociones de injerencia humanitaria internacional en nombre de esos derechos.

En 1993 se produce la 鈥淪egunda Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Viena鈥, que aqu铆 se toma como referente principal para considerar derechos fundamentales. All铆 se originaron arduos debates entre la noci贸n de universalidad propugnada por el liberalismo y el resto de las culturas no occidentales, que han tratado de imponer una idea de relatividad cultural para la aplicaci贸n y exigencia de los derechos fundamentales (G贸mez Isa y Pureza, 2004).

El pre谩mbulo deja en claro los principios rectores de universalidad, dignidad, libertad, igualdad y solidaridad. En su art铆culo 1 reafirma la universalidad indiscutible de los derechos y libertades fundamentales; en el 2 se帽ala el derecho a la autodeterminaci贸n de los pueblos y especifica: 鈥淓n virtud de este derecho, determinan libremente su condici贸n pol铆tica y persiguen libremente su desarrollo econ贸mico, social y cultural鈥 (ONU, 1993, Declaraci贸n y Programa de Acci贸n de Viena, Art铆culo 2: 18).

A partir de esta Declaraci贸n se reconoce, adem谩s, que los DD. HH. trascienden la jurisdicci贸n exclusiva de los Estados para ser una 鈥減reocupaci贸n leg铆tima de la comunidad internacional鈥, haciendo hincapi茅 en la cooperaci贸n internacional para el logro de su garant铆a (Ib铆d. 19). En relaci贸n a las diversas generaciones de derechos se estipula: 鈥淭odos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y est谩n relacionados entre s铆. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y d谩ndoles a todos el mismo peso鈥. De manera inmediata aclara: 鈥淒ebe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, as铆 como de los diversos patrimonios hist贸ricos, culturales y religiosos鈥, reconociendo de todos modos que 鈥渓os Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas pol铆ticos, econ贸micos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales鈥 (ONU, 1993, Declaraci贸n y Programa de Acci贸n de Viena, Art铆culo 5: 19).

En este art铆culo se busc贸 una soluci贸n de compromiso entre los debates en pugna ya que, por un lado, se da el reconocimiento de la universalidad de los derechos pero, por otro, se afirma la importancia de respetar las particularidades nacionales, culturales y religiosas.

El art铆culo 8 tambi茅n busca ser una soluci贸n que contemple los intereses divergentes entre el Norte y el Sur. Mientras que las potencias occidentales han promovido hist贸ricamente los derechos de primera generaci贸n y la democracia liberal o representativa, los pa铆ses de la Periferia han hecho esfuerzos por imponer el desarrollo como un derecho humano esencial y, por tanto, han buscado el logro de entendimientos internacionales para su consecuci贸n. El art铆culo establece:

La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. [鈥 La comunidad internacional debe apoyar el fortalecimiento y la promoci贸n de la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el mundo entero. (ONU, 1993, Declaraci贸n y Programa de Acci贸n de Viena, Art铆culo 8: 20)

Y ser谩 en el 10 donde se reconozca el desarrollo como derecho inalienable: 鈥淟a Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el derecho al desarrollo, seg煤n se proclama en la Declaraci贸n sobre el Derecho al Desarrollo, como derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales鈥 (Ib铆d. 10: 20), remarcando la necesidad de colaboraci贸n internacional para garantizar condiciones equitativas y un entorno econ贸mico favorable en el plano internacional.

En el art铆culo 17 se har谩 referencia expl铆cita al terrorismo. Se enfatizar谩n, por otra parte, los derechos de las minor铆as y grupos vulnerables como mujeres, ni帽as y ni帽os, se proclamar谩 la lucha contra toda forma de trata de personas, la defensa de los derechos de pueblos ind铆genas, los derechos de la discapacidad, los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo, derechos de los migrantes. Adem谩s se condena el genocidio y toda forma de violaci贸n masiva a los DD. HH., as铆 como la tortura.

Como parte de esta creciente importancia de los DD. HH. a nivel global, comenzar谩n a tipificarse los casos donde violaciones masivas requieran intervenci贸n en un Estado. Como se ha se帽alado, a inicios de la d茅cada de 1990 comenzar谩 a debatirse un nuevo principio denominado 鈥渄eber de injerencia鈥.

El acad茅mico liberal Mario Bettati propon铆a la elaboraci贸n te贸rica de este deber para respaldar la intervenci贸n frente a las crisis humanitarias. Supone que existen razones de orden 茅tico o moral de toda persona que la impelen a actuar y brindar asistencia a sus semejantes, de cualquier lugar del mundo, cuando se encuentran en situaci贸n de desamparo por parte de su propio Estado, cuando este es causante de violaciones masivas a los derechos humanos o bien si permanece inactivo frente a ellas (Ver Rengifo, 2008).

El debate que se desarroll贸 a ra铆z de este concepto tuvo lugar dentro de la teor铆a de las RR.II., pero sobre todo en el marco del derecho internacional. Claramente, este enfoque entra en contradicci贸n con el principio b谩sico del sistema internacional de no intervenci贸n. Lo que se discute b谩sicamente es: 驴qui茅n interviene en nombre de la comunidad internacional? 驴Con qu茅 medios? 驴Es la fuerza la soluci贸n a problem谩ticas humanitarias?[2] Ser谩n las corrientes cosmopolitas liberales y del liberalismo ofensivo las que defiendan esas posturas, alegando la prioridad de la persona humana por sobre los Estados y su soberan铆a. Algunos autores del neoliberalismo institucional (o del liberalismo internacionalista m谩s cl谩sico) defender谩n estas propuestas de acci贸n, pero en el marco de instituciones del sistema como ONU, es decir, desde una 贸ptica multilateral y no necesariamente mediante el uso de la fuerza.

Tal como entiende Bettati la intervenci贸n humanitaria:

In each case, the international community granted itself the right to limit a state鈥檚 sovereignty in the name of the defense of fundamental values; the right to deliver humanitarian aid, the defense of human rights, and the re-establishment of democracy. This constitutes undeniable progress. (Bettati, 1996: 107)

En el marco de estos 鈥減rogresos鈥 en torno a lo humanitario, a fines de la d茅cada tratada surge la propuesta de crear una Corte Penal Internacional para juzgar a individuos en caso de violaciones masivas a los DD. HH. tipificados como cr铆menes contra la humanidad o de lesa humanidad, genocidio y cr铆menes de guerra. La Corte ser谩 creada en 1998 mediante el Estatuto de Roma, en el marco de Naciones Unidas, y entrar谩 en vigor en 2002. Es independiente de la organizaci贸n y se vinculan mediante un convenio espec铆fico. Hasta aqu铆, en el plano internacional pod铆an litigar solo Estados en la Corte Internacional de Justicia de ONU y el reconocimiento de su jurisdicci贸n no es obligatorio con la entrada a la organizaci贸n internacional, sino que requiere una ratificaci贸n especial. Lo mismo sucede con el reconocimiento del alcance de atributos a la CPI: depende de la voluntad de cada Estado ingresar y habilitarla a actuar contra sus ciudadanos.

El genocidio como crimen internacional se defini贸 tempranamente en 1948, en la Convenci贸n de Nueva York, 鈥渃omo un acto o conjunto de actos criminales tales como homicidios, deportaciones en masa, obstaculizaci贸n al nacimiento de ni帽os, etc. perpetrados con la intenci贸n de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, 茅tnico, racial o religioso en cuanto tal鈥 (Mari帽o Men茅ndez, 2001: 107). Ser谩 incorporado al Estatuto de Roma en su art铆culo 6. Por otra parte, los cr铆menes de guerra fueron codificados en principio por el DIH e incorporados tambi茅n al Estatuto de 1998. Se consideran como tales acciones en conflictos armados que incluyen: ejecuciones individuales, ejecuciones colectivas (masacres), desaparici贸n forzada, secuestro y toma de rehenes, ataques indiscriminados y muerte por medios p茅rfidos, torturas y otros tratos crueles (Mari帽o Men茅ndez, 2001: 109).

Los cr铆menes contra la humanidad ser铆an aquellos actos que conllevan ataques contra la poblaci贸n civil, de acuerdo con el Estatuto de Roma. Estos ataques deben ser generalizados y sistem谩ticos, es decir, afectar a m煤ltiples individuos o grupos y constituirse en base a un plan o pol铆tica establecida a tal efecto. Lo que estipula la CPI abarca: exterminio, esclavitud, asesinato, deportaci贸n o traslado forzoso, tortura, desaparici贸n forzada, violaci贸n sexual u otros delitos conexos, entre otros.

En concreto, los tres casos reconocidos como cr铆menes penales internacionales implican violaciones contra los derechos humanos de protecci贸n de la vida, la libertad, la integridad f铆sica y moral de las personas. Estas tipolog铆as son las que, en general, han sido consideradas centrales para fundamentar las intervenciones humanitarias, para proteger la vida amenazada a gran escala.

Ya en el presente siglo, en el a帽o 2005, se aprobar谩 el principio de 鈥淩esponsabilidad de Proteger鈥, propuesto por una comisi贸n creada con ese objetivo en 2001. En la p谩gina de la Oficina del Asesor Especial para la Prevenci贸n de Genocidio de Naciones Unidas puede leerse: 鈥淟a soberan铆a ya no significa 煤nicamente protecci贸n de los Estados frente a injerencias extranjeras, sino que constituye una carga de responsabilidad que obliga a los Estados a responder del bienestar de su poblaci贸n鈥 (Sitio Naciones Unidas/preventivegenocide).

Los tres pilares de la Responsabilidad de Proteger implican que

  1. Incumbe al Estado la responsabilidad primordial de proteger a sus habitantes contra el genocidio, los cr铆menes de guerra, la depuraci贸n 茅tnica y los cr铆menes de lesa humanidad, as铆 como de la incitaci贸n a ellos;
  2. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad;
  3. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de utilizar los medios diplom谩ticos, humanitarios y otros medios apropiados para proteger a las poblaciones de esos cr铆menes. Si resulta evidente que un Estado no protege a su poblaci贸n, la comunidad internacional debe estar dispuesta a adoptar medidas colectivas para hacerlo, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (Ib铆d.).

Debe reunir adem谩s tres criterios b谩sicos para su aplicabilidad: gravedad de la amenaza, proporcionalidad de la acci贸n y posibilidades de 茅xito. La consideraci贸n esencial acerca de la intervenci贸n debe poder demostrar que esta lograr谩 frenar la violencia masiva y que, adem谩s, no causar谩 m谩s da帽os a las v铆ctimas, sino que efectivamente podr谩 aliviar su sufrimiento. As铆 fue estipulado por el Secretario General, en 2005, instando a los Estados parte a aprobar el cuerpo de la declaraci贸n sobre la Responsabilidad de Proteger (ver ONU, 2005, Informe Secretario General).

Todos los a帽os se presentan informes ante la Asamblea General y se han adoptado una serie de resoluciones, la m谩s importante en 2009, para hacer efectivo este principio y lograr mejorar su eficiencia mediante la participaci贸n de instancias regionales en la prevenci贸n e intervenci贸n internacional. Se trat贸, desde ONU, de ordenar bajo par谩metros multilaterales las intervenciones humanitarias que se ven铆an realizando desde la d茅cada de 1990, y complementarlas con acciones preventivas y reconstructivas post-conflicto, dejando en claro criterios colectivos para su realizaci贸n. Desde Am茅rica del Sur, se abrir谩 en el seno de esos debates una nueva visi贸n, a sugerencia de Brasil, para comenzar a tratar la 鈥淩esponsabilidad al proteger鈥 dadas las sostenidas violaciones a los derechos humanos en las intervenciones realizadas. Sobre esta propuesta volveremos en el Cap铆tulo VI.

El Consejo de Seguridad tom贸 en cuenta esta m谩xima de Responsabilidad de Proteger, por primera vez, en una resoluci贸n de 2006 referida a Sud谩n. Con ese mismo criterio se defini贸 la situaci贸n de Libia en 2011. De acuerdo con la propia organizaci贸n, mediante Resoluci贸n 1973: 鈥淓l Consejo autoriz贸 a los Estados Miembros a adoptar 芦todas las medidas necesarias禄 para proteger a la poblaci贸n civil bajo amenaza de ataque en el pa铆s, aunque excluy贸 la posibilidad de que una fuerza extranjera ocupase de alguna forma alguna parte del territorio libio鈥. Pocos d铆as despu茅s, la OTAN actuar谩 mediante ataques a茅reos en Libia en aplicaci贸n de dicha resoluci贸n (ONU, Programa de Divulgaci贸n sobre el Genocidio en Rwanda).

Tal como se especific贸 en torno a la seguridad, para los derechos tambi茅n es posible evidenciar un doble est谩ndar o marcada desigualdad; en general se considera que este tipo de cr铆menes no son llevados adelante por gobiernos democr谩ticos contra sus ciudadanos, sino que son m谩s frecuentes por parte de 鈥渢iranos鈥, cuya ubicaci贸n espacial est谩 en la Periferia. Adem谩s, aquellos actos que ameritan intervenci贸n humanitaria no son los relativos a los derechos de segunda o tercera generaci贸n, sino que claramente se privilegian los civiles y pol铆ticos, tal como enfatiza el liberalismo.

Es m谩s, los derechos de tercera generaci贸n no cuentan con protocolos facultativos que establezcan acciones concretas a llevar a cabo por Estados, grupos o individuos en caso de violaci贸n de aquellos. De acuerdo con G贸mez Isa y Pureza (2004), la idea de universalizaci贸n de derechos est谩 asociada generalmente a los civiles y pol铆ticos, ignorando reclamos de la Periferia.

En este sentido, las crisis humanitarias o los cr铆menes penales ocurren, desde la percepci贸n de las potencias, en las sociedades perif茅ricas y las intervenciones, responsabilidades y toda otra tipificaci贸n internacional de los derechos humanos termin贸 por definir injerencias de tipo armado en territorios del Sur. Las grandes hambrunas, la desnutrici贸n masiva de ni帽os y ni帽as, la escasez de agua, la pobreza extrema o grandes epidemias quedan en manos de 贸rganos de Naciones Unidas, con recursos limitados, mientras que las intervenciones con uso de la fuerza han sido realizadas por las potencias, muchas veces sin resoluci贸n habilitante del Consejo de Seguridad. No todos los derechos y principios son tenidos en cuenta de la misma manera, aunque amenacen la vida a gran escala, ni todos los territorios revisten igual importancia en la praxis.

Las organizaciones internacionales intergubernamentales dependen de la voluntad de sus miembros, se fundan a trav茅s de esta, y sus decisiones son tomadas por Estados exclusivamente. De all铆 que cualquier intento por llevar adelante acciones contrarias a los intereses hegem贸nicos se vuelve imposible, especialmente en Naciones Unidas, con la composici贸n del Consejo de Seguridad.

En la concreci贸n del excepcionalismo norteamericano, EE. UU. no ha ratificado o firmado gran parte de los acuerdos de derechos humanos (en sus tres generaciones) producidos a nivel internacional. Se se帽alar谩 una lista de los principales instrumentos obliterados por la potencia: Convenci贸n Sobre Todas las Formas de Discriminaci贸n Contra la Mujer, 1979, firmado pero nunca ratificado; Convenci贸n para la Represi贸n de la Trata de Personas y de la explotaci贸n de la Prostituci贸n Ajena, nunca firmado; Protocolo de Kyoto, 1998, firmado y nunca presentado ante el Congreso para su ratificaci贸n; Convenio Sobre la Diversidad Biol贸gica de 1993, firmado y nunca ratificado; Convenci贸n de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar 1982, no firmado; Convenci贸n sobre la Prohibici贸n del Empleo, Almacenamiento, Producci贸n y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucci贸n, no firmado y firme opositor al tratado; Tratado de Prohibici贸n Completa de los Ensayos Nucleares, firmado en 1996 y nunca ratificado; Convenci贸n Sobre los Derechos del Ni帽o, 1989, no ratificado; Protocolo facultativo de la Convenci贸n sobre los Derechos del Ni帽o relativo a la participaci贸n de ni帽os en los conflictos armados, no ratificado; Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales, firmado pero no ratificado; Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos, Destinado a Abolir la Pena de Muerte, 1989 y Convenci贸n Internacional sobre la Represi贸n y el Castigo del Crimen de Apartheid, 1973, no firmados; Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, EE. UU. declara en 1985 que no acatar铆a decisiones y suspende su adhesi贸n (hecha en 1946); Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado por Clinton y anulada por Bush en 2002; Convenci贸n sobre la Imprescriptibilidad de los Cr铆menes de guerra y de los Cr铆menes de lesa humanidad, 1968, nunca firmada; Convenci贸n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, 2000, no ratificado (ver Hervella, 2003). Ha firmado y no ratificado la Convenci贸n y el protocolo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Por otra parte, EE. UU. se retir贸, junto con Israel, de la Convenci贸n de 2001 en relaci贸n al racismo y la discriminaci贸n.

Con respecto a la CPI, EE. UU. no solo se retir贸 sino que ha ejercido variadas formas de presi贸n hacia los Estados parte, en especial, hacia aquellos que no han acordado con la potencia la firma de acuerdos de inmunidad (ABI) para sus tropas.

El 15 de julio de 2005, la C谩mara Baja del Congreso de EE.UU. adjunt贸 una enmienda anti-CPI a la Ley Foreign Operations Appropriations Bill. La enmienda [鈥 suspende la ayuda del Fondo Economic Support Fund a todos los pa铆ses que han ratificado el tratado de la CPI y que no hayan firmado un acuerdo bilateral de inmunidad con los Estados Unidos. [鈥 El 2 de octubre de 2006, el Presidente Bush dispens贸 la prohibici贸n de otorgar financiamientos bajo el International Military and Education Training (IMET) a 21 Estados Partes de la CPI que hab铆an previamente, rechazado la firma de un ABI.聽(Coalici贸n por la Corte Penal Internacional, sitio web)

La negativa de EE. UU. a participar de gran parte de convenios y tratados fundamentales para el derecho internacional, la regulaci贸n com煤n y la cooperaci贸n en materia de derechos humanos muestra a las claras el lugar extraordinario en el mundo que se atribuye como poder hegem贸nico, la excepcionalidad permanente con la que se ha vinculado con el resto de los actores del sistema y el escaso compromiso efectivo con los derechos m谩s all谩 de la ret贸rica oficial. Adem谩s, el listado de acuerdos en los que EE. UU. no participa, se ha retirado o no ha ratificado deja en evidencia el doble est谩ndar con los que mide su accionar frente al resto del mundo.

De igual modo, se evidencia su b煤squeda de modificar las normas internacionales para que se ajusten a sus intereses particulares en el retiro de las dos Cortes Internacionales existentes, la de Justicia y la Penal, presionando, en relaci贸n a esta 煤ltima, a otros pa铆ses para que no acaten lo acordado al ingresar a su jurisdicci贸n mediante su ratificaci贸n del Estatuto de Roma. Para este an谩lisis, los acuerdos de inmunidad bilaterales constituyen el s铆mbolo m谩s acabado de la hegemon铆a estadounidense y el privilegio al que se considera habilitado como mayor poder global. Por 煤ltimo, este 鈥渓ugar 煤nico鈥 en el mundo, esta 鈥渞esponsabilidad 煤nica鈥 planetaria, tal como se expresa en documentos oficiales y discursos presidenciales, viene de larga data y puede visualizarse en el listado de convenios no firmados o no ratificados por EE. UU. a lo largo de distintas d茅cadas.

En clara contraposici贸n a esta postura, y en muestra de un hist贸rico respeto y preponderancia del derecho internacional para la regi贸n, los Estados de Am茅rica del Sur han ratificado la mayor铆a de tratados internacionales de derechos humanos y de otras tem谩ticas. De hecho, los han reforzado con acuerdos regionales que est谩n en consonancia con aquellos, como veremos en la segunda parte del libro.

3. 2. Excepcionalidad pol铆tica: la habilitaci贸n de cambio de reglas de juego internacional en nombre de la seguridad

Es necesario remitirnos a fuentes te贸ricas que han tratado de especificar la excepcionalidad pol铆tica que habilita, en nombre de una emergencia, necesidad o peligro, restringir determinados derechos y libertades. Lo veremos en los dos planos de la realidad pol铆tica, interno y externo.

Es recurrente encontrar en las constituciones nacionales autorizaciones al poder ejecutivo o al parlamento para declarar el estado de sitio o el estado de emergencia cuando el orden social, la seguridad nacional o la propia continuidad institucional se encuentran en peligro. All铆 se suspenden determinadas libertades o garant铆as constitucionales para los ciudadanos, y aumentan los controles y prerrogativas estatales, siempre de modo temporal y hasta tanto permanezca dicho riesgo.

Ahora bien, de acuerdo con Agamben (1998), el 鈥渆stado de excepci贸n鈥 es algo m谩s que una mera suspensi贸n temporal de derechos en nombre de la seguridad y est谩 inscripto en el coraz贸n de la soberan铆a estatal tal como se instaura con la modernidad.

El estado de excepci贸n es parte inmanente de las prerrogativas soberanas, y no est谩 inserto dentro del orden legal o constitucional. De hecho, ese orden jur铆dico no lo supone como al estado de sitio. La excepci贸n existe en un espacio de vac铆o legal, en paralelo al orden jur铆dico; es un umbral entre lo que se enmarca en la norma, en el derecho, y lo que est谩 en suspensi贸n de esa norma. Las limitaciones que rigen normalmente en el marco jur铆dico sobre el uso de la violencia desaparecen, por eso ese umbral puede ser entendido como una abertura entre violencia y derecho: 鈥渆s la regla que, suspendi茅ndose, da lugar a la excepci贸n鈥. Adem谩s, Agamben afirma que 鈥渓a situaci贸n creada por la excepci贸n tiene, por tanto, la particularidad de que no puede ser definida ni como una situaci贸n de hecho ni como una situaci贸n de derecho, sino que introduce entre ambas un parad贸jico umbral de indiferencia鈥 (Agamben, 1998: 31).

El caso emblem谩tico de estado de excepci贸n como figura l铆mite que pone en crisis toda posibilidad de distinci贸n entre dentro y afuera, entre norma y excepci贸n, es el campo de concentraci贸n. En este se da 鈥渓a localizaci贸n visible permanente de eso ilocalizable鈥: all铆 el 鈥渆stado de excepci贸n tiende a convertirse en regla鈥 (Ib铆d. 33).

El autor afirma, retomando a Benjamin, que en los Estados occidentales, desde el totalitarismo alem谩n en adelante, este es el proceso que se ha ido consolidando donde el estado de excepci贸n se vuelve permanente. 驴Cu谩l es la finalidad de esa excepci贸n, el objetivo por el cual se instituye y consolida progresivamente?

Se trata de una forma que permite al soberano operar sobre la vida de los individuos sin cometer crimen, es decir, sin violar la constituci贸n y las leyes. El campo de concentraci贸n es un extremo de biopol铆tica, pero tambi茅n de tanatopol铆tica, dir谩 Agamben, 鈥渆n que la decisi贸n sobre la vida se hace decisi贸n sobre la muerte鈥 (1998: 155).

En relaci贸n a la biopol铆tica diremos, brevemente, que puede ser definida como la incorporaci贸n de lo biol贸gico (no en t茅rminos individuales, sino de lo humano como especie biol贸gica) al campo de regulaci贸n del poder del Estado; como plantea Foucault (1996), en el siglo XIX el poder toma a su cargo la vida, se ocupa de 鈥渉acer vivir鈥, de las poblaciones.

Para Agamben, la biopol铆tica es el ingreso de la zo猫 natural (como vida biol贸gica que los seres humanos compartimos con cualquier ser viviente) al campo de lo pol铆tico en la modernidad, que desde el pensamiento cl谩sico hab铆a estado espec铆ficamente diferenciado del b铆os, de la vida pol铆ticamente cualificada que implicaba la participaci贸n en la polis, el ser ciudadano libre de la ciudad-estado.

No obstante, este poder que toma a su cargo la vida como poder soberano tuvo, hist贸ricamente, poder sobre la muerte, para dar muerte. Primero, de manera arbitraria durante el absolutismo y luego, de forma regulada por el orden jur铆dico. Este poder deviene de la caracter铆stica esencial de la soberan铆a del Estado: el monopolio leg铆timo de la fuerza.

Lo que revelan los campos de concentraci贸n, como localizaciones de ese vac铆o que es la excepci贸n, refiere a la creaci贸n de 鈥nuda vida鈥, es decir, de una vida desnuda como pura zo猫 sin significaci贸n pol铆tica, seres condenados a una condici贸n en la que no se los 鈥渉ace vivir鈥 ni se los 鈥渉ace morir鈥 (Rodr铆guez, 2010: 11).

El paradigma de la soberan铆a en la modernidad, de acuerdo con Agamben, lo representa el homo sacer en cuya figura puede entenderse el v铆nculo entre nuda vida y existencia pol铆tica. Esa figura es retomada por el autor desde el derecho romano, donde el sacer era aquel a quien cualquiera pod铆a dar muerte, pero cuya vida era insacrificable, es decir, no se encuadraba en los par谩metros del rito sagrado del sacrificio. En la modernidad y su prolongaci贸n hasta la actualidad, hablar de homo sacer significa definir la condici贸n de una persona:

a quien cualquiera puede dar muerte sin cometer homicidio, pero que no puede ser sometida a las formas establecidas de ejecuci贸n. [鈥 la fijaci贸n de un umbral m谩s all谩 del cual la vida deja de revestir valor jur铆dico y puede, por tanto, ser suprimida sin cometer homicidio. (Agamben, 1998: 176)

Ese umbral es el que se abre a partir del estado de excepci贸n que, como lo entiende el pensador italiano, se vuelve 鈥渓a regla鈥 en las sociedades occidentales. 鈥El campo de concentraci贸n es el espacio que se abre cuando el estado de excepci贸n empieza a convertirse en regla鈥. Esto significa que el estado de excepci贸n, que era originalmente una suspensi贸n temporal del orden jur铆dico sobre la base de una situaci贸n concreta de peligro, 鈥渁dquiere ahora un sustrato espacial permanente que, como tal, se mantiene, sin embargo, de forma constante fuera del orden jur铆dico normal鈥 (Agamben, 1998: 215 Resaltado en el original).

En Estado de excepci贸n, Homo Sacer II, el autor se referir谩 expl铆citamente a la guerra al terrorismo y las pol铆ticas promovidas por Bush en el marco de esta excepcionalidad:

El significado inmediatamente biopol铆tico del estado de excepci贸n como estructura original en la cual el derecho incluye en s铆 al viviente a trav茅s de su propia suspensi贸n emerge con claridad en el 鈥渕ilitary order鈥 emanado del presidente de los Estados Unidos el 13 de noviembre de 2001, que autoriza la 鈥榠ndefinite detention鈥 y el proceso por parte de 鈥渕ilitary commissions鈥 (que no hay que confundir con los tribunales militares previstos por el derecho de guerra) de los no-ciudadanos sospechados de estar implicados en actividades terroristas. (Agamben, 2005: 26. Resaltado en el original)

Esta orden cancelar铆a todo estatus jur铆dico del individuo convirti茅ndolo en un ser 鈥渏ur铆dicamente inclasificable, innominable鈥. Ni prisioneros ni acusados, sino 鈥渟olamente detainees鈥 (Ib铆d. 27). En espacios como Guant谩namo la nuda vida puede verse en su m谩xima expresi贸n, en palabras de Buttler, seg煤n plantea Agamben.

Por todo ello, Agamben dir谩 que el Estado de excepci贸n es 鈥渦n espacio an贸mico donde se pone en juego una fuerza de ley sin ley鈥, una ley que a煤n vigente se ha vaciado de significado, desaplic谩ndose: 鈥淓l aspecto normativo del derecho puede ser as铆 impunemente obliterado y contradicho por una violencia gubernamental que, ignorando externamente el derecho internacional y produciendo internamente un estado de excepci贸n permanente, pretende sin embargo estar aplicando el derecho鈥 (Agamben, 2005: 155/156).

La 煤ltima cita del autor que retomamos para definir la excepcionalidad pol铆tica nos permitir谩 introducir a su vez la doctrina del derecho penal del enemigo. Agamben dir谩 que 鈥渆l derecho parece poder subsistir solo a trav茅s de una captura de la anomia鈥 (Ib铆d. 115).

Entendemos que la propuesta del derecho penal del enemigo busca, precisamente, una captura de la anomia en el orden jur铆dico y la base de esa captura se encuentra en la categor铆a de 鈥渆nemigo鈥, atribuida a terroristas o criminales, con la consecuente negaci贸n de garant铆as procesales individuales.

Ser谩 Jakobs quien recupere la categor铆a de la filosof铆a pol铆tica denominada 鈥渄octrina del derecho penal del enemigo鈥 en los debates, una vez establecida la guerra contra el terrorismo en 2002. De acuerdo con Sonia Winer (2014. Entrevista), esto constituye el n煤cleo fundamental para comprender la vinculaci贸n dicot贸mica planteada por Occidente entre seguridad internacional y DD. HH.

Las discusiones en torno a esta doctrina crecer谩n a medida que se desarrolle la Gran Estrategia, porque dadas las excepcionalidades puestas en pr谩ctica en nombre de la seguridad, el interrogante por la vigencia del Estado de derecho ser谩 central para las sociedades occidentales.

En la reactualizaci贸n del debate, Jakobs (2003: 32), partiendo de Kant y Hobbes, reconoce un 鈥渄erecho penal del ciudadano鈥 (contra personas que no delinquen de modo persistente, por principio) y un 鈥渄erecho penal del enemigo鈥 (contra quien se desv铆a por principio). Este excluye, aquel deja inc贸lume el estatus de persona.

驴Qu茅 significa suspender el estatus de persona? B谩sicamente despojar al individuo de su significaci贸n pol铆tica y jur铆dica, significarlo como nuda-vida, pura zo猫 natural en palabras de Agamben. La ca铆da de la categor铆a de sujeto de derecho implica que el enemigo es considerado homo sacer, excluido del ordenamiento jur铆dico. Para ello veremos el desarrollo dado por Cancio Meli谩 y Jakobs a la fundamentaci贸n del derecho penal del enemigo.

Cancio Meli谩 (2003: 68) entiende que las democracias occidentales han mostrado una doble tendencia desde los atentados en NY: el derecho penal simb贸lico y el resurgir del punitivismo. El primero de ellos implica, b谩sicamente, aplicar la pena solo por un inter茅s simb贸lico, para tranquilizar a los ciudadanos que demandan seguridad mostrando 鈥渦n legislador atento y decidido鈥. Una norma simb贸lica es aquella en la que predominan los efectos simb贸licos por sobre su eficacia material, estigmatiza el comportamiento que sanciona pero tiene escasa capacidad para evitarlo (Garc铆a Ar谩n citado en Parra Gonz谩lez, 2010: 115).

El punitivismo, por su parte, ha conllevado un aumento y endurecimiento de las penas para delitos preexistentes y la tipificaci贸n de nuevos delitos, ampliando las capacidades penales e incrementando la criminalizaci贸n de los autores del hecho (Ib铆d.). Ambas tendencias pueden verse en Am茅rica del Sur, en algunos casos aplicadas, en otros solicitadas a trav茅s de los medios de comunicaci贸n o de 鈥渕anifestaciones por la seguridad鈥.

De acuerdo con Cancio Meli谩 (2003: 78), el derecho penal del enemigo puede entenderse como consecuencia de la uni贸n de ambas tendencias. Se trata de condiciones excepcionales o extraordinarias que dejan al individuo por fuera de las garant铆as procesales propias del Estado de derecho.

La preocupaci贸n de Jakobs y Cancio Meli谩 (2003) se relaciona con el retroceso en los principios liberales (libertad de conciencia, de opini贸n, imperio de la ley y no arbitrariedad del sistema judicial, entre otros) en nombre de la seguridad. Los autores observan un avance dentro del derecho penal de condiciones que caen por fuera de la norma, tanto en EE. UU. como en las sociedades europeas. Mientras que Jakobs propone separar el derecho penal regular del derecho penal del enemigo para no debilitar el Estado de derecho, Cancio Meli谩 afirma que cualquier excepcionalidad pone en duda ese conjunto de garant铆as y deberes en los que se basa la relaci贸n entre el Estado y los ciudadanos y que, por tanto, no debe existir nada de car谩cter extraordinario en su accionar.

El derecho penal del enemigo supone el 鈥渃ombate de peligros鈥 y pretende combatir entonces a individuos que, en su actitud, en su vida econ贸mica o mediante su 鈥渋ncorporaci贸n a una organizaci贸n, incluso ya en la conspiraci贸n de delinquir鈥, se han apartado de manera duradera del derecho negando la existencia de esa comunidad como tal y pretendiendo, en el caso del terrorismo, su destrucci贸n. Mientras que el derecho penal tradicional busca, mediante el castigo, la compensaci贸n de un da帽o a la vigencia de la norma actuando frente al hecho consumado y manteniendo, para con el delincuente, el conjunto de garant铆as que le corresponden como ciudadano, el derecho penal del enemigo pretende eliminar la amenaza adelantando la punibilidad hacia el 谩mbito de la preparaci贸n, es decir, la pena se dirige a un aseguramiento frente a hechos futuros, a su posibilidad, no a su realizaci贸n efectiva (Jakobs, 2003: 40).

Jakobs sostiene que, si se reconoce un derecho penal del enemigo separado del ordinario, es posible que el Estado invalide el derecho pero de un modo 鈥渏ur铆dicamente ordenado鈥. Lo que interesa al autor espa帽ol, por su parte, es c贸mo reintroducir en la esfera del ordenamiento jur铆dico aquello que se aplica en la excepci贸n, reclamando 鈥渜ue las medidas represivas que contienen esos sectores de regulaci贸n de 芦Derecho penal禄 del enemigo sean trasladadas al sector que en Derecho corresponde, y con ello, tambi茅n al 谩mbito de discusi贸n pol铆tica correcto: a las medidas en estado de excepci贸n鈥 (Cancio Meli谩, 2003: 17).

Propone recuperar en el marco del derecho, del orden legal, aquello que opera en el vac铆o jur铆dico de la anomia, justamente porque 鈥渓o que puede llegar a suceder al margen de un proceso penal ordenado es conocido en todo el mundo desde los hechos del 11 de septiembre de 2001鈥 (Jakobs, 2003: 46). En Europa, a diferencia de EE. UU. que sustrae sus acciones punitivas excepcionales del derecho alegando estar en una 鈥済uerra鈥, Cancio Meli谩 (Ib铆d. 17) entiende se practican y toman medidas de naturaleza represiva arguyendo una total normalidad constitucional, aumentando el riesgo de infiltrar al derecho penal regular con esas prerrogativas.

Jakobs separa las dos esferas penales, la del ciudadano y la del enemigo, como se ha mencionado. Ahora bien, frente al enemigo opera la coacci贸n desnuda, 鈥渃ustodia de seguridad anticipada鈥 con p茅rdida de garant铆as procesales. 鈥淓n esta medida, la coacci贸n no pretende significar nada, sino quiere ser efectiva, lo que implica que no se dirige contra la persona en Derecho, sino contra el individuo peligroso鈥 (Jakobs, 2003: 24). Vuelve a aparecer en esta cita la diferencia esencialista que el autor hace entre persona y enemigo o individuo peligroso, quien atenta contra el orden vigente y se desvincula de la sociedad (neg谩ndola con sus actos 鈥渃riminales鈥 persistentes o sus 鈥渋ntenciones鈥) pierde para el derecho la condici贸n de persona, es decir, pierde la protecci贸n que le otorga el orden legal como debido proceso, igualdad ante la ley y presunci贸n de inocencia. Como se desarroll贸 en el cap铆tulo anterior, eso se aplic贸 para los casos de detenidos en Guant谩namo, por ejemplo.

Cancio Meli谩 (2003) afirma que la propuesta de Jakobs sobre derecho penal del enemigo ha penetrado fuertemente en Am茅rica Latina y, expresamente, toma a Colombia como ejemplo de lo que puede suceder cuando este ingresa al campo del derecho regular y es practicado, revirtiendo el Estado de derecho y fundamentando una serie de violaciones a derechos fundamentales en nombre de la 鈥済uerra鈥. Hubo, en relaci贸n a esto, varias denuncias en Colombia y, de hecho, la Corte Suprema del pa铆s ha tenido que declarar inconstitucional un decreto de Uribe, en 2002, donde se estipulaban estas p茅rdidas de garant铆as procesales y jur铆dicas frente a 鈥渆nemigos鈥.

Siguiendo a Sonia Winer, es central se帽alar el retroceso que se produce en relaci贸n al Estado liberal o Estado de derecho, y reconocer, en esta excepcionalidad propuesta por el derecho penal del enemigo, una regresi贸n a condiciones feudales y absolutistas de entender el trato del Estado con sus ciudadanos o bien con quienes habitan su territorio: 鈥淓l Derecho Penal del enemigo da por tierra con el principio de inocencia base de todo el derecho moderno: toda persona es inocente, proceso judicial mediante, hasta que se demuestre lo contrario鈥. En ese sentido, se 鈥渞einstala, retrocediendo a la 茅poca feudal, el principio de culpabilidad, esto es, toda persona es culpable hasta que demuestre su inocencia鈥 (Winer, 2014. Entrevista).

Cancio Meli谩 (2003) afirma que la expansi贸n del derecho penal en el mundo occidental dio lugar a la aparici贸n de m煤ltiples nuevas figuras que constituyen supuestos de 鈥渃riminalizaci贸n en el estadio previo鈥. Frente a esta negaci贸n de derechos elementales, el autor se帽ala que no puede haber exclusi贸n de la cualidad de persona, es decir, de las garant铆as b谩sicas en todo proceso penal sin ruptura del sistema en su conjunto, ya que de acuerdo con estos principios nadie puede ser juzgado por una actitud interna o por sus pensamientos: 鈥淣o cabe admitir apostas铆as en el estatus de ciudadano鈥.

驴C贸mo se justificar铆a esta exclusi贸n de todo derecho para los 鈥渆nemigos鈥? B谩sicamente, alegando una autoexclusi贸n por parte de quien decide no respetar la sociedad civil y unirse a organizaciones criminales, quien decide negar la legitimidad del Estado en s铆 mismo (Cancio Meli谩. 2003: 98). En palabras de Jakobs (2003: 56): 鈥淨uien por principio se conduce de modo desviado no ofrece garant铆a de un comportamiento personal; por ello, no puede ser tratado como ciudadano, sino debe ser combatido como enemigo鈥. Y al explicitar el fundamento establece: 鈥淓sta guerra tiene lugar con un leg铆timo derecho de los ciudadanos, en su derecho a la seguridad; pero a diferencia de la pena, no es Derecho tambi茅n respecto del que es penado; por el contrario, el enemigo es excluido鈥.

Tal como lo ha definido Agamben, quien es puesto en situaci贸n de exclusi贸n respecto a la norma es precisamente el sacer: la 煤nica inclusi贸n posible es a trav茅s del vac铆o jur铆dico excepcional donde la norma se suspende. El 鈥渆nemigo鈥 que ha perdido la calidad de persona permanece en estado de exclusi贸n de las garant铆as y libertades del Estado de derecho, a quien se le aplica una fuerza de ley sin ley.

Y aqu铆 es necesario reintroducir la cuesti贸n de la tortura a la luz de esta excepci贸n jur铆dica del enemigo. De acuerdo con Winer, el derecho penal del enemigo reinstala algo m谩s del feudalismo: la tortura en el proceso, institucionalizada, 鈥渃omo por ejemplo en la inquisici贸n, donde estaba contemplada como parte del proceso鈥. En la actualidad, no se utilizan estas pr谩cticas en la clandestinidad y la ilegalidad, como era habitual durante las dictaduras militares en Am茅rica Latina, sino que 鈥渟e hacen p煤blicas, se publicitan. Todo el mundo sabe de Guant谩namo y lo que all铆 sucede鈥.[3]

Tal como lo plantea Nievas, la doctrina de la contrainsurgencia supone pr谩cticas de tortura. Ahora bien, si la vinculamos al derecho penal del enemigo, donde se considera que quien es tipificado como tal pierde su condici贸n de persona, es posible establecer una relaci贸n entre esta nuda vida y la tortura que opera deshumanizando al individuo calificado de enemigo: 鈥淟a deshumanizaci贸n es un paso clave, ineludible, en los cr铆menes de Estado, aunque no es el 煤nico鈥. Cuando se despoja de su condici贸n humana a la v铆ctima, 鈥淎ll铆 es donde surge el imperativo moral: no solo se puede, sino que se debe torturarlo鈥 (Nievas, 2012: 60. Resaltado en el original).

Ahora bien, si avanzamos m谩s all谩 de la situaci贸n interna de los Estados vemos que esta l贸gica ha sido trasladada por EE. UU. y algunos de sus aliados a nivel planetario, porque la guerra contra el terror se extendi贸 a todo el mundo y la potencia hegem贸nica global ha llevado la condici贸n de excepcionalidad en la aplicabilidad del derecho a diferentes territorios, o muchos Estados la han internalizado.

驴C贸mo es definido el 鈥渆stado de excepci贸n鈥 en el plano internacional por los especialistas de las RR. II.? De acuerdo con Huysmans (2006), la guerra al terrorismo abri贸 debates en torno a este excepcionalismo evidenciado en la violaci贸n del derecho internacional y los derechos humanos.

Huysmans retomar谩 a Kagan, miembro del 鈥淧royecto para un nuevo siglo americano鈥 y ex funcionario de la administraci贸n Bush (hijo), para dar cuenta de un pensamiento internacional que denomina 鈥渄ecisionista鈥. Lo har谩 sustent谩ndose en Schmitt, te贸rico del estado de excepci贸n, cuya base de reflexi贸n es dilucidar d贸nde reside la decisi贸n en el momento de excepci贸n absoluta cuando se amenaza el orden vigente en su conjunto. Schmitt entiende que es el soberano el 煤nico que puede, mediante la decisi贸n en una situaci贸n extrema, salvaguardar el Estado y su constituci贸n. De hecho, la caracter铆stica central de la soberan铆a estatal no es el monopolio de la violencia leg铆tima, sino el monopolio de la decisi贸n en el extremo de peligro. Seg煤n Huysmans, al referirse a Kagan: 鈥淗e justifies US dominance by means of a decisionist political theory that posits the continuing need for a universal sovereign in global normative orders鈥 (Huysmans, 2006: 147).

Un Estado debe cumplir el rol de soberano universal cuando el derecho internacional est谩 amenazado, en situaciones de crisis que ponen en riesgo el proceso de creaci贸n y aplicaci贸n de la ley. La condici贸n de ese soberano universal es excepcional, no solo por sus recursos de poder preponderantes sino tambi茅n 鈥搚 principalmente鈥 porque se incluye a s铆 mismo en el orden normativo global mediante una autoexclusi贸n de las normas vigentes en 茅l:

The universal sovereign is an integral part of the normative order but differs from other states because it can legitimately exempt itself from the application of the international norms. The universal sovereign judges without being judged, disarms without disarming itself, controls the authority of the global institution at the heart of the normative order (the UN) without being controlled by it, and imposes financial policies without imposing them upon itself. (Huysmans, 2006: 147. El resaltado es propio.)

Se coloca a s铆 mismo en un estado de excepci贸n, se incluye excluy茅ndose del orden normativo, permaneciendo en ese umbral donde la ley est谩 vigente pero sin significado para s铆 mismo, dado que no se aplica en su caso particular. Es el 煤nico en condiciones de tomar la decisi贸n soberana en la excepci贸n, y mediante ella garantizar la continuidad del orden normativo internacional.

Por ello, para Kagan, Estados Unidos es el 煤nico que puede cumplir con ese rol internacional y, por tanto, es un deber de ese Estado vivir bajo un doble est谩ndar (Kagan, 2002 citado en Huysmans, 2006: 149). Doble est谩ndar que se hizo evidente en el recorrido por el conjunto de instrumentos normativos internacionales de los que EE. UU. no participa o se ha retirado.

Un punto m谩s a considerar, que retrotrae a Agamben, para los decisionistas internacionales la excepci贸n soberana es permanente y es la 煤nica forma posible de sostener en el tiempo el derecho internacional. Esto permite, por otra parte, reconocer te贸ricamente aquello que Estados Unidos a trav茅s de documentos oficiales y discursos presidenciales ha afirmado hist贸ricamente, su condici贸n 煤nica e indispensable en el sistema internacional.

Y aqu铆 podemos revisar este subt铆tulo a la luz de la concepci贸n del enemigo absoluto. Estas reflexiones son fundamentales porque el r贸tulo de agresor o posible agresor permite sustraer a la guerra del derecho y habilitar acciones punitivas. El enemigo absoluto es criminal y, por tanto, privado de sus derechos. Es un retroceso 鈥渁 un concepto casi teol贸gico de enemigo鈥 (Schmitt, 2005).

Precisamente, el derecho penal del enemigo est谩 apuntado no a los hechos, es decir, a un crimen efectivamente cometido, sino al autor, a un tipo de sujeto o grupo social que al 鈥渁menazar鈥 el orden en s铆 mismo, al negar el Estado de derecho, se 鈥渃oloca 茅l mismo鈥 por fuera de este y, en ese marco, es pasible de perder su calidad de 鈥減ersona鈥. Cesa toda consideraci贸n jur铆dico-pol铆tica del sujeto y se convierte en 鈥渃riminal, inhumano y en disvalor total鈥 (Schmitt, 1963). Es el enemigo absoluto de Schmitt, el homo sacer de Agamben, es un sujeto deshumanizado. Ha perdido con ello todos los derechos inherentes al ciudadano y todas las garant铆as y libertades fundamentales.

Dado que en la guerra contrainsurgente toda la sociedad civil constituye potencialmente el enemigo, es necesario posicionar como peligro la mera y sola existencia de ese enemigo en la opini贸n p煤blica, para que esta preste su consenso a las acciones armadas de gobiernos democr谩ticos. Si la forma de existencia del Otro es una amenaza para la supervivencia de un nosotros, las acciones se tornan absolutas y se definen como justas per se habilitando pr谩cticas que se confunden con la aniquilaci贸n o una violencia ilimitada.

En el pr贸ximo apartado se discutir谩 la securitizaci贸n, es decir, c贸mo se instala en la sociedad la noci贸n de amenaza a la propia supervivencia para operar por fuera de la 鈥減ol铆tica normal鈥, con la garant铆a del consenso ciudadano.

3. 3. Securitizaci贸n: el uso de la fuerza para proteger la sociedad civil de los enemigos. Control, vigilancia y criminalizaci贸n

Este es otro aspecto del dilema de seguridad, seg煤n lo sostiene Barrios (2009), y surgir谩 en relaciones internacionales de la mano de Buzan y Waever, tal como lo definen los autores: 鈥淭o securitized (meaning the issue dispresented as an existential threat, requiring emergency measures and justifying actions outside the normal bounds of political procedure)鈥 (Buzan, Waever & Wild, 1998: 24).

Si bien ha sido extensamente debatido en RR. II. y las propuestas de seguridad internacional, para este libro interesa remarcar que, m谩s all谩 de las diferentes interpretaciones del concepto, sacar un asunto de la pol铆tica regular implica posicionarlo por fuera de las reglas de juego, en una condici贸n de excepcionalidad. El reclamo de un tema como de alto inter茅s de seguridad porque estar铆a amenazando la supervivencia de un Estado, un grupo social o los individuos significa securitizar ese tema y esto ocurre tanto en el plano internacional como en el dom茅stico. Esto puede ameritar una serie de acciones extraordinarias por parte de la ciudadan铆a: soportar el aumento de la recaudaci贸n de impuestos o el decreto de servicio militar obligatorio, establecer limitaciones a los derechos que en la pol铆tica p煤blica ordinaria son inviolables o focalizar los recursos y energ铆as de la poblaci贸n en un asunto determinado. En ese sentido, la reacci贸n de la Casa Blanca, luego de los atentados del World Trade Center, ha consistido en gran parte en algunas de estas medidas inusuales en tanto necesarias para la lucha contra el terrorismo.

Por su parte, Barrios entiende que 鈥淪ecuritizaci贸n o Seguritizaci贸n es un neologismo empleado en los estudios de seguridad para hablar de medidas de emergencia ante un asunto visualizado como amenaza existencial鈥. En el plano internacional, la seguritizaci贸n de un asunto significa que 鈥渟on leg铆timas acciones extraordinarias que rebasan las reglas del juego pol铆tico. Un proceso de seguritizaci贸n puede llevar a un punto de no retorno, que se expresa cuando la violaci贸n a las normas se legitima para despejar la amenaza鈥 (Barrios, 2009: 326).

El establecimiento de la securitizaci贸n es para la Escuela de Copenhague un 鈥渟peech act鈥, esto es, una autoridad leg铆tima denomina, nombra, una amenaza como extrema que pone en juego la propia existencia, identifica el actor detr谩s de la amenaza y busca obtener para ello el consenso. Es una definici贸n subjetiva, basada fuertemente en la percepci贸n de aquello que entra a conformar un tema de seguridad, es decir, de importancia primordial (ver Alcal谩 Gerez, 2012).

Esa definici贸n, en el plano internacional, requiere acuerdos intersubjetivos entre los diferentes actores, al aceptar una problem谩tica como amenaza existencial trasnacional. En palabras de Tello (2011, 193): 鈥渓a securitizaci贸n es un proceso intersubjetivo. No estamos ante una realidad constatada, sino constitutiva, que se crea a s铆 misma en la interacci贸n de los sujetos 鈥揳ctor securitizador y audiencia鈥 y objetos 鈥搑eferente a securitizar鈥 que la informan鈥.

Desde el punto de vista聽de Lazzarato (2006), es un acto del habla 鈥減erformativo鈥 dado que 鈥渃rea una situaci贸n nueva para el interlocutor en la que estar铆a obligado a tomar en consideraci贸n el hecho de que se le dirigi贸 una enunciaci贸n (responder, obedecer, no obedecer, respetar una promesa, etc茅tera)鈥.

Es fundamental el apoyo de los afectados, ya sea la sociedad civil en su conjunto o los miembros de un grupo, dado que sin ese apoyo cualquier intento de securitizar una problem谩tica puede fracasar. Especialmente, porque se le requerir谩 a los destinatarios de ese discurso aceptar esfuerzos extras o bien limitaci贸n de libertades y garant铆as hasta tanto sea controlado el problema en cuesti贸n.

Uno de los dispositivos que generalmente habilita la securitizaci贸n es el 鈥減oliciamiento鈥 de las FF. AA.; esto es, los estamentos militares terminan involucrados en asuntos de seguridad interna, trascendiendo sus funciones tradicionales de defensa (ver Larrocca, 2012). No es necesario, en ese caso, que dicho involucramiento militar sea directo, sino que puede ocuparse de tareas de inteligencia, asesoramiento o entrenamiento a la polic铆a, o conformar equipos de elites policiales con adiestramiento militar. Ese caso es habitual en Am茅rica del Sur, tal como se tratar谩 en el cap铆tulo VI.

Lo cierto es que las primeras medidas excepcionales estar谩n asociadas a un mayor margen de control en las calles y en las vidas personales que, generalmente, involucra un aumento de la presencia de la fuerza policial o militar en la cotidianeidad. Si se toma el caso de la Ley Patri贸tica en Estados Unidos, de 2001, es dable observar, con mayor detalle, aquellos elementos que incorpora el llamamiento a condiciones extraordinarias en nombre de una amenaza contra la supervivencia.

De acuerdo con una p谩gina oficial del Departamento de Justicia, la Ley patri贸tica ampliaba medidas ya existentes para las escuchas telef贸nicas, no solo sobre sospechosos de terrorismo sino sobre un rango amplio de actividades asociadas que pudieran ser base para actos terroristas o grupos sospechosos, como financiamiento o armas qu铆micas. El seguimiento de esas comunicaciones antes era otorgado para un dispositivo particular (por ejemplo, un tel茅fono), luego la ley permit铆a dar seguimiento a todas las comunicaciones de una persona sospechosa. Por otra parte, habilit贸 investigaci贸n y seguimiento sin que el sospechoso estuviera notificado por una orden de registro judicial, algo que estipula el orden jur铆dico, quedando suspendida la notificaci贸n por tiempo limitado para 鈥渇acilitar鈥 la investigaci贸n (ver sitio oficial Departamento de Justicia de Estados Unidos, archivos).

Por supuesto que, a la par de una serie de medidas 鈥減reventivas鈥, esta ley reforzaba las penas destinadas a actos terroristas, incluyendo aquello mencionado en el apartado anterior como parte del derecho penal del enemigo, penas o castigos por 鈥渃onspiraci贸n鈥. De acuerdo con Meyer, periodista de Los Angeles Times, citado en Wolin, es posible visibilizar en la pr谩ctica aquellas nuevas prerrogativas otorgadas por la Ley Patri贸tica a las fuerzas de seguridad en la llamada Homeland Security:

Intensificaron las escuchas telef贸nicas y de correos de voz de los ciudadanos estadounidenses. Controlaron como nunca el tr谩fico en internet y los mensajes de correo electr贸nico. Vigilaron a muchas m谩s personas y los siguieron a lugares de acceso supuestamente limitado, como las mezquitas. Ingresaron clandestinamente a cuentas bancarias, transacciones con tarjeta de cr茅dito y registros escolares. Monitorearon los viajes. Entraron a las casas sin previo aviso en busca de se帽ales de actividad terrorista; copiaron archivos completos y discos duros de computadoras. [鈥 software predictivo para analizar enormes cantidades de datos personales acerca de la gente, sus amigos y compa帽eros de trabajo, tratando de predecir qui茅n podr铆a convertirse en terrorista y cu谩ndo. (Meyer, 2006 citado en Wolin, 2008: 90)

A estas acciones realizadas con el consenso de la mayor铆a de la poblaci贸n, que van en detrimento de libertades y derechos individuales b谩sicos, Whitaker le llama 鈥減an贸ptico participativo鈥, una vigilancia total de la grilla cotidiana de la sociedad civil que termina siendo aceptada, querida y hasta solicitada por los ciudadanos. En todo el mundo aparecen estos elementos de control contra la 鈥渋nseguridad鈥; basta con ver el incremento de c谩maras de vigilancia en espacios p煤blicos, los controles estrictos que empiezan con videoc谩maras y contin煤an con registro digital y autom谩tico en aeropuertos de todo el mundo, la informatizaci贸n de los movimientos bancarios. Esto se aplica de manera consensuada: estos elementos de vigilancia son mayormente aceptados por las poblaciones.

Whitaker considera que 鈥渆l nuevo pan贸ptico difiere del antiguo en dos aspectos fundamentales: est谩 descentralizado y es consensual鈥. En relaci贸n a la primera caracter铆stica, 鈥渓as nuevas tecnolog铆as de la informaci贸n ofrecen una omnisciencia real y no fingida, al mismo tiempo que sustituyen al inspector por una multitud de inspectores鈥 (Whitaker, 1999: 172).

La idea del pan贸ptico tradicional es un espacio cerrado, arquitecturado para la vigilancia total que permite que un observador vea cada movimiento de los all铆 鈥渆ncerrados鈥, para condicionar sus acciones, mientras que los observados no pueden simult谩neamente ver a quien los vigila aun cuando saben de su presencia. Hoy eso ya no es necesario, porque las nuevas tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n habilitan una observaci贸n y control al aire libre, en la vida cotidiana de las poblaciones: 鈥淐uando el riesgo puede ser calculado confidencialmente es posible excluir a los transgresores potenciales de cualquier oportunidad de desobediencia. [鈥 El estado pan贸ptico se orienta hacia el futuro y se concentra cada vez m谩s en el poder de predicci贸n de la informaci贸n que acumula鈥 (Whitaker, 1999: 60).

Esta confianza en la capacidad de predicci贸n, para la 鈥減revenci贸n鈥, de la informaci贸n acumulada fue reafirmada por Obama cuando debi贸 salir a explicar por qu茅 鈥渆spiaba鈥 datos de Estados aliados, y se ha citado anteriormente dando muestras de la concepci贸n oficial en torno a la informaci贸n y sus funciones.

Entonces, en relaci贸n a la segunda caracter铆stica del pan贸ptico como consensual, Whitaker entiende que se despliega en base a dos caracter铆sticas: primero, se instala la noci贸n de riesgos, peligros e incertidumbre; luego, la importancia de seguridad. Ahora bien, 驴qu茅 seguridad se les ofrece a los sujetos para que acepten la vigilancia permanente como necesidad?: seguridad en sus vidas y posesiones (Whitaker, 1999: 174-175).

En un mundo de mercados globales abiertos, no participar del consumo es simplemente estar excluido. El precio de la participaci贸n en el mercado supone la vigilancia de la vida privada, pero esta es aceptada para la satisfacci贸n de deseos y aspiraciones personales. A esta condici贸n socio-econ贸mica que supone la seguridad de las posesiones, se le suma la instauraci贸n de amenazas existenciales con su correlato de miedos urgentes, que habilitan la securitizaci贸n de la sociedad requerida para la protecci贸n de la vida.

Se produce, por lo tanto, una instauraci贸n y gesti贸n del miedo que facilita el consenso para la securitizaci贸n y el recorte de derechos. El miedo es la contracara de la seguridad, su par dicot贸mico. Frente a amenazas difusas como el terrorismo, se activa una especie de prevenci贸n condicionada para mantener la 鈥渁lerta permanente鈥, se produce una explotaci贸n pol铆tica del temor como forma de manipular las sensaciones (ver Nievas y Bonavena, 2010). El Estado y los medios masivos de comunicaci贸n generan esta alerta 鈥渁 partir de campa帽as de seguridad ciudadana y la implementaci贸n de pr谩cticas de control preventivo tanto en el 谩mbito local como global鈥 (Rodr铆guez, 2007 citado en Nievas y Bonavena, 2010: 35).

La gesti贸n y manipulaci贸n del miedo se orienta a la subjetividad del individuo, y apela a miedos primigenios a favor del control poblacional. Dado que se opera frente a la incertidumbre y a peligros inciertos, cualquiera es un potencial agresor capaz de amenazar la propia vida o posesiones. Esto fragmenta la cohesi贸n social, instala la duda frente al otro y facilita la percepci贸n de una p茅rdida de humanidad en la mirada sobre ese otro en tanto posible asesino, terrorista, criminal (Winer, 2010).

El aislamiento que producen el miedo y el terror conlleva la p茅rdida de lazos sociales, de la confianza b谩sica necesaria en el otro para establecer esos v铆nculos, solidarizarse, compadecerse y construir conjuntamente. En ese marco, lo m谩s importante es entonces la seguridad a cualquier precio y a cualquier costo, siempre que permita continuar consumiendo para satisfacci贸n del deseo individual y protegiendo la vida de cada persona.

Es posible visibilizar en conjunto lo analizado hasta aqu铆 como proceso hegem贸nico que se da en la combinaci贸n de: el retiro de derechos al enemigo, ubicado en una excepcionalidad jur铆dica; el recorte de derechos y libertades de los ciudadanos en nombre de la seguridad; y la creciente activaci贸n de miedos e incertidumbres que generan el consenso que necesita cualquier securitizaci贸n social. Se aceptan estas medidas, que hist贸ricamente han sido propias de gobiernos autoritarios, en las pr谩cticas de democracias constituidas; se hacen p煤blicas acciones que van claramente en contra de la constituci贸n, del Estado de derecho y de un conjunto de tratados del derecho internacional; es decir, lo ilegal se publicita porque es requerido por la poblaci贸n:

La doctrina de Derechos Humanos o de seguridad con esa perspectiva de DD. HH. precisamente responsabiliza al Estado, estataliza la responsabilidad. Porque en DD. HH. est谩 claro que el Estado es el que viola por acci贸n u omisi贸n. Mientras que la doctrina de DD. HH., con su principio de progresividad, estataliza, la doctrina de contrainsurgencia y el derecho penal del enemigo desestataliza. Mientras que una va creando nuevas instancias jur铆dicas dentro de los 谩mbitos policiales o jur铆dicos, que es otra forma de responsabilizar al Estado [鈥 (responsabilizando al Estado, creando nuevas estructuras del Estado, m谩s Estado), EE. UU. [con sus propuestas contrainsurgentes y pol铆ticas securitarias] desestataliza y desciudadaniza, cosifica. (Winer, 2014. Entrevista)

Los ejemplos dados sobre la publicidad de la ilegalidad, por parte de la polit贸loga argentina durante la entrevista, fueron los asesinatos selectivos. Significativo es el caso de la muerte de Osama Bin Laden, ejecutado extrajudicialmente, mostrado por televisi贸n en todo el mundo, a lo que se suma la desaparici贸n de su cuerpo. Nada de esto fue condenado por la opini贸n p煤blica, sino aceptado y hasta aplaudido.

Mientras que la excepci贸n, el vac铆o jur铆dico, opera sobre los excluidos, los peligrosos e indeseables (que en todo el mundo coinciden con la Periferia ya sea del planeta, de la sociedad, de la ciudad, de un barrio), la securitizaci贸n, que se despliega y busca el consenso entre aquellos sectores que aceptan el pan贸ptico participativo y descentralizado en nombre de conjurar los miedos, se orienta a los que participan del mercado y aceptan las reglas de juego.

En ambos planos se evidencia un recorte agudo de derechos b谩sicos, porque la seguridad requiere medidas anticipatorias, preventivas y de control en la sociedad, medidas ilegales en el trato a los enemigos absolutos que se han 鈥減uesto a s铆 mismos鈥 por fuera del derecho constituy茅ndose en amenaza; y, adem谩s, dada la globalizaci贸n e interdependencia mundial, se precisa la expansi贸n, la exportaci贸n de este modelo a todo el globo.

Wolin llama a la desciudadanizaci贸n de la sociedad estadounidense, mediante recorte de derechos y exaltaci贸n de lo privado por sobre lo p煤blico (con su correlato de control e intervenci贸n global en todo el mundo en tanto superpoder), 鈥渢otalitarismo invertido鈥, precisamente porque es en una democracia de siglos donde se aplican pr谩cticas y se habilitan pol铆ticas p煤blicas propias de reg铆menes totalitarios (Wolin, 2008).

Engstrom y Pegram (2011) comprenden que desde 1990 se ha desarrollado, en el marco de Naciones Unidas, una creciente 鈥渟ecuritizaci贸n de los Derechos Humanos鈥 desde el momento en que las 鈥渋ntervenciones humanitarias鈥 ingresaron a consideraci贸n tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General. La Carta de Naciones Unidas no contempla este tipo de acciones para el uso de la fuerza; sin embargo, se produjo un creciente consenso de hecho para que las problem谩ticas de derechos humanos sean enmarcadas en t茅rminos de seguridad, cuyo punto culminante se encuentra, para los autores, en la aprobaci贸n de una Responsabilidad de Proteger de la comunidad internacional que, como vimos, fue utilizada en resoluciones vinculantes del Consejo para justificar intervenciones armadas.

3. 4. Militarizaci贸n de lo internacional y privatizaci贸n de la fuerza

Este apartado se ocupa de los mecanismos efectivos y datos estad铆sticos que permiten mostrar la creciente vigilancia y control global en detrimento del derecho internacional.

Siguiendo una investigaci贸n realizada durante dos a帽os por el diario Washington Post, 鈥Top Secret America鈥, puede afirmarse que el crecimiento de agencias destinadas a control de acciones terroristas en Estados Unidos, tanto a nivel interno como internacional, ha crecido exponencialmente. De acuerdo con los datos arrojados en el art铆culo 鈥淢onitoring America鈥, parte del informe general, existen 3984 organizaciones federales, estatales y locales trabajando en contraterrorismo a nivel dom茅stico; las que se han creado desde los atentados de 2001 son 934 (Priest y Arkin, 2010): 鈥淣ine years after the terrorist attacks of 2001, the United States is assembling a vast domestic intelligence apparatus to collect information about Americans, using the FBI, local police, state homeland security offices and military criminal investigators鈥 (Ib铆d.). El sistema recolecta y analiza informaci贸n de cientos de ciudadanos estadounidenses y residentes (aun cuando muchos de ellos nunca han estado involucrados en ninguna actividad ilegal). La informaci贸n recolectada y guardada es enviada al centro del FBI en Washington, que deber铆a centralizar las actividades contraterroristas en seguridad interior. En el mismo informe se deja en evidencia que otras democracias aplican similares sistemas de control, como Gran Breta帽a e Israel.

Uno de los aspectos centrales refiere a la escasa rendici贸n de cuentas, monitoreo efectivo y hasta conocimiento preciso sobre la cantidad de agencias, financiamiento e informaci贸n que circula entre las miles de instancias involucradas. No se sabe desde el Estado federal, fehacientemente, cu谩nto se vigila, cu谩nto se gasta y c贸mo se centraliza toda esa informaci贸n circulante. En un r茅gimen democr谩tico, tanto la transparencia como la rendici贸n de cuentas son factores esenciales de funcionamiento para garantizar el control ciudadano sobre los asuntos de gobierno: de all铆 la gravedad de esta dispersi贸n y falta de control sobre las acciones antiterroristas.

Las conclusiones que saca el informe, luego de cien entrevistas y mil documentos revisados, con respecto a la vigilancia y recopilaci贸n de informaci贸n de ciudadanos es la siguiente: las tecnolog铆as y t茅cnicas perfeccionadas para su utilizaci贸n en los campos de batalla de Irak y Afganist谩n migraron hacia las manos de las agencias de aplicaci贸n de la ley en el interior de EE. UU.; el FBI est谩 construyendo una base de datos con informaci贸n de cientos de ciudadanos y residentes del pa铆s, con nombres y datos personales tales como historial laboral, por el solo hecho de que una oficina de la polic铆a local o sus vecinos creen que est谩 actuando 鈥渟ospechosamente鈥 (Ib铆d.).

En palabras de un funcionario de seguridad: 鈥淭he old view that 鈥榠f we fight the terrorists abroad, we won’t have to fight them here鈥 is just that 鈥搕he old view鈥, Homeland Security Secretary Janet Napolitano told police and firefighters recently鈥 (citado en Priest y Arkin, 2010). Esto permite evidenciar el desdibujamiento entre lo dom茅stico y lo internacional y la concepci贸n interm茅stica de la seguridad que prima en la potencia hegem贸nica.

En relaci贸n a las cifras, el informe precisa que el Departamento de Homeland Security ha destinado a agencias estatales y locales 31 billones de d贸lares desde 2003 y que en 2010, solamente, ese monto ascendi贸 a 3.8 billones

Los autores del informe hablan de una corporaci贸n de seguridad nacional que bajo el aspecto de emergencia y necesidad expandi贸 el n煤mero de empleados y agencias involucradas, tercerizando parte de ese trabajo de vigilancia hacia empresas privadas.

This is a national security enterprise with a more amorphous mission: defeating transnational violent extremists. Much of the information about this mission is classified. That is the reason it is so difficult to gauge the success and identify the problems of Top Secret America, including whether money is being spent wisely. The U.S. intelligence budget is vast, publicly announced last year as $75 billion, 21/2 times the size it was on Sept. 10, 2001. But the figure doesn’t include many military activities or domestic counterterrorism programs. (Priest y Arkin, 2010)

La privatizaci贸n de la seguridad, interna e internacional, constituye, por un lado, un negocio multimillonario; por otro, no solo puede considerarse privatizaci贸n por el hecho de contratar empresas que hagan el trabajo del Estado, sino tambi茅n porque estamos refiriendo a una actividad negada a la informaci贸n p煤blica, sustra铆da del espacio p煤blico que escapa al control ciudadano real.

Los autores dedican un art铆culo, 鈥淣ational Security Inc.鈥, a revisar la relaci贸n entre militares, agentes de seguridad e inteligencia de EE. UU. con empresas privadas y su rol en los programas aplicados.

Esta combinaci贸n de trabajo en seguridad y defensa entre agencias gubernamentales y empresas privadas comenz贸 como un arreglo temporal de emergencia en la lucha contra el terrorismo, y se volvi贸 una vinculaci贸n permanente que lleva a interrogarnos sobre cu谩nto de todo ese personal contratado por compa帽铆as privadas realmente responde al inter茅s p煤blico o a sus accionistas, en un 谩rea tan sensible y especial del Estado:

Private contractors working for the CIA have recruited spies in Iraq, paid bribes for information in Afghanistan and protected CIA directors visiting world capitals. Contractors have helped snatch a suspected extremist off the streets of Italy, interrogated detainees once held at secret prisons abroad and watched over defectors holed up in the Washington suburbs. At Langley headquarters, they analyze terrorist networks. (Ib铆d.)

El alegato de parte de la administraci贸n Bush para el contrato de agentes privados se refer铆a al menor costo que esto le significaba al Estado, desmentido durante la siguiente administraci贸n, que logr贸 disminuir la cantidad de privados participando en inteligencia en un siete por ciento.

Ahora bien, volviendo al peso que esto significa para los DD. HH., se retoma la entrevista a Winer (2014) donde espec铆ficamente define esta tercerizaci贸n como privatizaci贸n de la guerra, desestatalizaci贸n de la guerra. Estas empresas privadas operan sin control jur铆dico, en un 鈥渓imbo jur铆dico鈥 afirma Winer. Esto permite encargarles el 鈥渢rabajo sucio鈥 como matar enemigos impunemente, espiar gobiernos aliados, realizar espionaje y recolectar informaci贸n de redes terroristas (Priest y Arkin, 2010). A煤n m谩s grave es que el Estado norteamericano desconoce cu谩ntos de los agentes de seguridad son privados y cu谩ntos no, dificultando cualquier intento de monitorear y exigir rendiciones de cuenta, cuesti贸n que en la investigaci贸n del peri贸dico bajo an谩lisis es confesada por un miembro del Departamento de Defensa.

De acuerdo con el Washington Post, existen 1931 corporaciones privadas trabajando para los programas de seguridad e inteligencia. Algunos datos reveladores: la Agencia de Seguridad Nacional que conduce las acciones de vigilancia electr贸nica globales contrata empresas privadas para ir actualizando e innovando permanentemente su tecnolog铆a: tan solo en ese aspecto trabajan alrededor de 484 firmas; la Oficina de Reconocimiento Internacional que opera todo el sistema de vigilancia satelital encargada de fotografiar pa铆ses como China o Ir谩n depende para todo de firmas privadas, desde fabricar, lanzar o hasta realizar el mantenimiento de los sat茅lites; los contratos de traductores privados para revisar toda la informaci贸n mundial obtenida incluye alrededor de 56 firmas; m谩s de 400 compa帽铆as trabajan exclusivamente en el 谩rea de hardware y software clasificados, para vigilancia y gesti贸n de las comunicaciones electr贸nicas (Ib铆d.).

Ahora bien, para analizar la militarizaci贸n de las relaciones internacionales, se parte de considerar que, seg煤n Tokatli谩n, observando el 煤ltimo presupuesto militar de la administraci贸n Bush y el primero de Obama (id茅nticos entre s铆), el presupuesto militar nacional de EE. UU. durante ambas administraciones equivale a 鈥渓a suma de los presupuestos de defensa de los restantes ciento noventa y un pa铆ses con asiento en Naciones Unidas鈥 (Tokatli谩n, 2012: 100). El autor deja en claro que esta equivalencia solo tiene en cuenta el gasto del Departamento de Defensa, pero si se le suman los presupuestos del Departamento de Estado o de聽Homeland Security, entre otros, el gasto total es mucho mayor (un total estimado de 1.3 billones de d贸lares para 2012, de acuerdo con Berstein (2013)).

Los c谩lculos de gastos militares de la administraci贸n Obama para los a帽os 2010-2017 se aproximan a los 5 trillones de d贸lares. Otro elemento que permite inferir el nivel de proyecci贸n militar internacional es la cantidad de bases que posee en el mundo: para el a帽o 2008, el n煤mero de bases militares ascend铆a a 826, a diferencia de las 720 de la d茅cada de 1990. Cuenta con cuatro comandos funcionales y cinco comandos geogr谩ficos (entre ellos el USSouthcom) a los que se a帽adi贸 uno destinado a 脕frica (Tokatli谩n, 2012).

El mismo Gates, secretario de Defensa, y el propio comandante del Estado mayor conjunto, Mullen, han advertido en 2009 sobre la 鈥減rogresiva militarizaci贸n de la pol铆tica exterior鈥 estadounidense (Ib铆d. 101).

De acuerdo con Berstein (2013: 194), expertos adelantan un total aproximado del mill贸n de personas combatiendo en la Periferia haciendo espionaje, operaciones psicol贸gicas como manipulaciones medi谩ticas o activando redes sociales. Adem谩s, existe toda una readaptaci贸n de las normas militares convencionales requerida para las guerras de cuarta generaci贸n; en vez de centralizaci贸n jer谩rquica, se promueven m煤ltiples comandos abiertos y flexibles para acciones de contrainsurgencia, 鈥渘ueva estrategia militar鈥 que ha significado 鈥渄iversas formas de 鈥榞uerra informal鈥 combinando mercenarios (muchos mercenarios) con escuadrones de la muerte (como el JSOC) [Joint Special Operations Command]鈥, esto incluye 鈥渂ombardeos masivos, drones, control medi谩tico global, asesinatos tecnol贸gicamente sofisticados de dirigentes perif茅ricos鈥 (Berstein, 2013: 196).

A partir de estos datos, se puede observar entonces la privatizaci贸n del Estado que ha definido Wolin. Los intereses de esas m谩s de mil corporaciones que se incluyen en general como parte de las industrias militares de EE. UU. hacen de la seguridad un gran negocio, condicionando las estrategias y pol铆ticas (dom茅sticas y en el mundo) a esas ganancias. De hecho, el complejo privado de seguridad a煤n en plena crisis financiera no ha dejado de obtener ingresos exorbitantes. La hegemon铆a se define en los tres niveles del mundo social delineados por Cox (2014) que, de acuerdo con lo descripto aqu铆, se interconectan como engranajes de un todo: fuerzas productivas, formas de Estado y orden mundial, o lo econ贸mico, lo militar y lo pol铆tico interactuando para garantizar hegemon铆a global.

Adem谩s de todas las inversiones en tecnolog铆as de destrucci贸n e informaci贸n, existe una participaci贸n importante de las compa帽铆as farmac茅uticas en el negocio de la guerra, por ejemplo, creando medicamentos y tratamientos destinados a desensibilizar a los soldados, quitar el miedo y borrar todo efecto de estr茅s postraum谩tico (Nievas y Bonavena, 2010).

Otro componente central utilizado para las guerras de cuarta generaci贸n ser铆an los expertos en ciencias sociales. Un indicador de ello es la participaci贸n de psic贸logos y antrop贸logos en entrenamientos u operaciones militares. Se trata de conocer mejor a la poblaci贸n local donde se lleva a cabo la guerra para encontrar sus puntos d茅biles (Ib铆d.).

De acuerdo con Bonavena y Nievas, en cuanto a las pol铆ticas contrainsurgentes, 鈥淟as garant铆as procesales, los derechos humanos y los derechos civiles se erigen, para esta concepci贸n, en obst谩culos que deben ser removidos. Se trata, en tal apreciaci贸n, de puros formalismos. Se vac铆a el contenido que los mismos tienen鈥 (Bonavena y Nievas, 2014: 16).

Frente a la clasificaci贸n del enemigo como absoluto, no hay lugar para la negociaci贸n, el debate, el acuerdo internacional; lo urgente y peligroso para la propia supervivencia, por su mera existencia en tanto representa 鈥渆l mal鈥, habilita a medidas extraordinarias que diluyen derechos y garant铆as construidos a trav茅s de siglos de luchas pol铆ticas. Se produce una p茅rdida del sentido pol铆tico como construcci贸n colectiva, legitimada y orientada al bien com煤n. De cara a la desarticulaci贸n de lo pol铆tico como espacio de relaci贸n y s铆ntesis de las diferencias, como posibilidad de entendimiento entre intereses divergentes, queda solamente la fuerza para el control, dominio o sometimiento porque no hay di谩logo posible en las definiciones absolutas, en aquello comprendido en t茅rminos ontol贸gicos o esencialistas. El terrorista, el delincuente, el criminal no est谩 amenazando (mediante sus acciones): es la amenaza (su mera existencia).

Todos los elementos consignados en este cap铆tulo, la excepcionalidad pol铆tica, la securitizaci贸n social a la que esta excepci贸n habilita mediante consenso en nombre de la seguridad, y su contrapartida de incremento de la criminalizaci贸n y militarizaci贸n, son muestras claras de la tendencia hegem贸nica a nivel global de dicotomizaci贸n entre la seguridad internacional y los derechos humanos, siendo 茅stos obst谩culos a eliminar para enfrentar un enemigo no pol铆tico o absolutizado.


  1. Para una referencia espec铆fica sobre esta primera generaci贸n de derechos humanos ver Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos de 1948. Disponible en el sitio oficial de la ONU: https://goo.gl/NJcua6.
  2. Gran parte de estos abordajes aparecen en Bellamy (2009). Para una mirada que los pone en cuesti贸n ver Zolo (2002), Chandler (2008), Gilmore (2014) y Miller (2010).
  3. Entrevista realizada a la Dra. Sonia Winer en 2014, en el marco de la investigaci贸n de tesis doctoral.


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