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5 Acerca de América Latina

Criterios geográficos, históricos y culturales

En el presente capítulo intentaremos identificar, en la bibliografía, qué se define como América Latina, el lugar ocupado por Suramérica en ese marco y su posible consideración como actor internacional per se más allá de los Estados que la conforman. Esta será la base para el análisis de una visión común de esa América del Sur frente al resto del mundo, su factibilidad y las prácticas que permiten dar cuenta de su existencia o potencialidad como actor internacional.

Estas consideraciones constituyen un insumo central para analizar la efectividad de una mirada autónoma y compartida de seguridad internacional y regional en este espacio geopolítico, geocultural e histórico común.

5. 1. El sueño de la Patria Grande: los clásicos del pensamiento latinoamericano y su actualización para las políticas regionales

Existe en toda América Latina y el Caribe una larga tradición de pensamiento autonómico, frente a los poderes extranjeros (primero Europa y luego EE. UU.), que ha intentado rastrear en los pueblos originarios, los mestizos, los esclavos negros o las clases populares en general, lo “auténtico” de esta parte del mundo. Algo conecta a todos estos pensadores latinoamericanistas clásicos: la idea de unidad, de América Latina como una pertenencia común con idénticas raíces.

Algunas de esas ideas han sido retomadas en el presente siglo para encontrar un lazo de continuidad entre la historia regional y el futuro a construir, por parte de gobiernos autodefinidos como socialistas, populares, de izquierda o centro-izquierda. El caso de Venezuela es emblemático pero están también Bolivia y Ecuador, en menor grado Brasil, Argentina y Uruguay; todos ellos con una particular relación con Cuba como emblema de independencia en la Periferia.

Tal como lo han expresado los propios presidentes latinoamericanos, los cambios socioeconómicos buscados y las propuestas de integración son herencia de una tradición de pensamiento original de la región.

Es dable ubicar esa visión del mundo dentro de una perspectiva más general que Devés Valdés (2014) denomina “pensamiento periférico”, originado como consecuencia del choque que produjo el encuentro con la civilización occidental, a través del colonialismo o el imperialismo, en las ideas y visiones del mundo de África, Asia y América Latina. Se caracteriza por:

  • un conjunto de ideas que se articulan en una sociedad teniendo como punto de referencia otra sociedad. Es en relación al Centro que surge este tipo de pensamiento y supone dos opciones frente a él: “ser-como” o “diferenciarse-de”;
  • constituirse a partir de una tensión entre dos opciones: la “imititativa” o la “identitaria” diferenciadora;
  • ser propio de la modernidad (Devés Valdés, 2014: 24).

En América Latina es posible reconocer estas dos vertientes antagónicas, en tensión, entre propuestas “centralitarias”, en palabras del autor, cuyo objetivo es la occidentalización, y posturas “identitarias”, cuya finalidad es remarcar la diferencia.

Tomando a Rouquié (1990), se comprende que, más allá de las riquezas o recursos de cada Estado, todos ocupan el mismo lugar en la división Norte-Sur. Por otra parte, existe entre los países latinoamericanos –y suramericanos específicamente– una “relativa comunidad de sus destinos”; más precisamente, el autor dirá que hay un paralelismo en las evoluciones históricas.

El historiador francés identifica a América Latina como “extremo Occidente” y resume lo común de estos Estados: “Un destino colectivo forjado por evoluciones paralelas, una misma pertenencia cultural a Occidente y una dependencia multiforme en relación con un centro único situado en el mismo continente” (Rouquié, 1990: 25).

Se toma aquí la idea principal de un destino compartido, con estructuras socioeconómicas y recorridos históricos similares, pero se pone en duda la noción de la pertenencia cultural a Occidente estrictamente. En parte, la colonización y la inmigración marcaron la incorporación de principios occidentales, particularmente republicanos, pero aquí han sufrido una mixtura particular al superponerse con los pueblos originarios y las poblaciones africanas traídas en condición de esclavitud. Esos rasgos “mestizos” han dado a la región una particularidad cultural, social y política.

Ahora bien, si nos remitimos al preámbulo del tratado constitutivo de UNASUR, es posible encontrar allí referencias a estas posturas históricas del pensamiento latinoamericanista. El primer párrafo reza: “APOYADAS en la historia compartida y solidaria de Nuestras naciones, multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han luchado por la emancipación y la unidad suramericana, honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia y libertad”, y con respecto al futuro sostienen la importancia de la integración “a favor de esa unión y la construcción de un futuro común” (UNASUR, Tratado Constitutivo, sitio oficial).

Tanto en los discursos presidenciales como en documentos oficiales, se reafirma constantemente este hilo conductor que une pasado, presente y futuro: América Latina como comunidad de destino, espacio geocultural (Quijano, 2000), unidad geopolítica y con una orientación, la integración para el alcance de la autonomía.

5. 2. Suramérica como concepto y como práctica: fundamentos de los procesos de cooperación, integración y políticas regionales conjuntas

La opción por Suramérica aparecerá a principios de la década estudiada, en parte como respuesta a los cambios internacionales post-11S; y, por otro lado, se vincula directamente al quiebre o división de América Latina, tal como lo especificaran Russell y Calle (2009). El avance de acuerdos económicos y en seguridad entre EE. UU. y América Central/Caribe, con procesos de integración y cooperación de claro corte neoliberal, más la creciente presencia militar de la potencia en esa subregión terminaron generando una segmentación del subcontinente.

Se producirá en América del Sur, desde la asunción de Hugo Chávez al poder en Venezuela, un importante giro ideológico de los gobiernos de esta parte del mundo. Las fuertes consecuencias de décadas neoliberales como pobreza, desempleo, fuerte endeudamiento externo, pérdida de capacidades productivas, entre otros, dieron lugar al triunfo en las elecciones presidenciales, progresivamente, de líderes políticos cuya plataforma de gobierno se presentaba como contraria o al menos cuestionando el neoliberalismo. Tanto en Venezuela como en Argentina, Bolivia o Ecuador el cambio operado en las dirigencias no fue de arriba-abajo, impuesto desde el Estado, sino que respondió a demandas y movilizaciones sociales intensas, masivas y diversas que ponían en cuestión el orden imperante desde el Consenso de Washington. América Latina era, en la década de 1990, y aún es, la región más desigual del planeta, no la más pobre (ver Informes Anuales del PNUD en sitio oficial).

Hugo Chávez, un ex militar, asume la presidencia por primera vez en 1998; Néstor Kirchner en Argentina (peronismo) y “Lula” Da Silva en Brasil (Partido de los Trabajadores) lo harán en 2003; Evo Morales toma a su cargo el gobierno de Bolivia en 2006; Rafael Correa en Ecuador lo hará en 2007; en Uruguay el poder estará en manos del Frente Amplio, cuya combinación de partidos incluye a la izquierda del país, desde 2005; en Chile, la concertación ha gobernado desde la vuelta a la democracia en 1990, y Bachelet asume por primera vez en 2006, la Concertación es también una unión de diversos partidos entre los que está el socialismo y otras representaciones de izquierda.

Lo cierto es que primero Chávez, luego “Lula” y Kirchner, lograron una renovación dirigencial que dará un vuelco a las políticas exteriores de sus respectivos Estados, incluyendo importantes cambios en el orden interno en relación a políticas sociales, programas inclusivos, redistribución de la riqueza y reorientación estratégica del rol del Estado.

A partir de este giro, que situamos en 2003, puede comprenderse que en América del Sur, con el comienzo de la intensificación de las relaciones subregionales a partir del ascenso de Da Silva y Kirchner, la apelación simbólica comenzó a ser la subregión, dadas las condiciones hegemónicas internacionales y regionales, ya no la Patria Grande o América Latina.

Ubicar, más allá de la cuestión meramente geográfica, a América del Sur como unidad cultural y estratégica es una toma de posición de cara al mundo. Se comenzó a resignificar como emblema de autonomía y autoafirmación a Suramérica, a la par de desprender a la subregión de los avances de Washington en la “América Latina Norte”.

En ese sentido, Suramérica aparece como una respuesta al poder hegemónico, como toma de posición frente a una distribución jerárquica del poder. El retiro de interés o presencia estadounidense al sur del canal de Panamá –no de toda América del Sur: Colombia es clave para la Casa Blanca, y Ecuador lo será hasta 2009 con la base de Manta– dará lugar a nuevas estrategias y nuevos procesos integracionistas con una lógica que apunta al fortalecimiento del Estado, el desarrollo más allá del mercado y la vinculación interregional como dispositivos de superación de crisis sociales y dependencia.

Ahora bien, si la tendencia hegemónica que busca imponerse desde EE. UU. es una progresiva desestatalización, como hemos señalado en capítulos anteriores, la sola impronta que buscaron imprimir los gobiernos suramericanos a sus Estados, con mayor presencia regulatoria en lo económico y una ampliación de garantías estatales de los DD. HH., claramente contraviene los intereses del Centro hemisférico.

Una serie de hipótesis propuestas por Russell y Calle (2009) son significativas para analizar el contexto desde el cual se va a definir Suramérica. Primero, la extensión del poder de EE. UU. en la subregión de América Latina que abarca México, América Central, el Caribe y el norte de América del Sur (Colombia y Perú), como respuesta a la necesidad de acción en esa Periferia “turbulenta”, que la Casa Blanca interpreta bajo sus propios parámetros de seguridad y geopolíticos. Por otra parte, en el resto de América del Sur, EE. UU. cambió su modelo histórico de relacionamiento compartiendo o delegando la administración de crisis con Brasil, cuya posición puede comprenderse como “repartidor intermedio” en el sistema con niveles de autonomía regional. Tercero, permaneció inalterada, desde la Posguerra Fría en adelante, la búsqueda de imposición de la globalización o “imperialismo del libre mercado” en toda América Latina, íntimamente asociada a los intereses de seguridad de Washington.

La acción coordinada contra el ALCA por parte de Argentina, Brasil y Venezuela constituye un emblema en la búsqueda de mayor autonomía. Si en 1990 el presidente Bush (padre), en la Cumbre de las Américas, sentaba las bases para la creación de un área de libre comercio continental, 25 años más tarde, en otra Cumbre de presidentes hemisféricos, cuando debía entrar en vigor bajo la administración del presidente Bush (hijo), las tres naciones latinoamericanas se negaban a participar dando por tierra con el proyecto.

De acuerdo con Larrocca (2012: 54), en un mundo donde prima la unipolaridad, retomando al pensamiento realista no ofensivo, “los Estados están utilizando varios métodos para perseguir sus intereses […] tratando de evadir el control de los Estados Unidos y restringir su poder, aunque este comportamiento no logre socavar su primacía”. Las opciones para ello, dirá la autora, van desde la resistencia, como un polo, hasta el acomodamiento o plegamiento al poder hegemónico como el otro extremo de posibilidades. Entremedio existe un abanico de opciones que se han desplegado por cada Estado.

Se extienden, por tanto, variadas formas de respuestas en la región que pueden entenderse como una combinación de esas opciones entre ambos puntos equidistantes, que Tokatlián y Russell (2009) agrupan en cinco modelos de políticas hacia Washington: acoplamiento, acomodamiento, oposición limitada, desafío y aislamiento (citado en Larrocca, 2012: 56).

A partir de esto es posible comprender que el Caribe, América Central (en el que se incluye México) y Colombia han tenido una política de acoplamiento. Existen diferenciaciones al interior de ese grupo de actores, como Nicaragua. Por otra parte, en América del Sur han primado estrategias que van desde el acomodamiento, la oposición limitada, al desafío abierto. Perú entraría dentro de la primera categoría, Venezuela de la última; Argentina, Brasil y Uruguay han alternado entre el acomodamiento y la oposición limitada; Chile tendría una tendencia más cercana al acomodamiento; la Bolivia de Morales y el Ecuador de Correa podrían ubicarse en las dos últimas opciones de resistencia; Paraguay constituye un caso similar al de Colombia, con un interregno corto durante la presidencia de Lugo (depuesto por un golpe institucional). El único caso de aislamiento en el Hemisferio lo constituye Cuba y ha sido así desde la revolución castrista en 1959. A continuación, se recorren algunos hechos que permiten dar cuenta de estas diversas posturas frente a Estados Unidos.

Los procesos de integración en América Latina vienen de larga data. Ya en la década de 1970, desde la CEPAL surgió la idea de crear un área de libre comercio dentro de la región. Lo cierto es que desde allí en adelante los procesos de integración regional estuvieron marcados por una visión básicamente imitativa (“centralitaria”) de los procesos integracionistas europeos, basados en aspectos económicos y de libre mercado. Este tipo de procedimientos para la integración se hizo muy fuerte en la Posguerra Fría y se denomina, en general, regionalismo abierto, porque implica una apertura a los mercados trasnacionales. Son pensados como oportunidad de respuesta regional a la tendencia globalizadora de la producción, el comercio y las finanzas. Indicativos en este sentido son MERCOSUR y la CAN (Comunidad Andina de Naciones), cuyas bases se sientan en la década de 1980 y se profundizan en la siguiente.

Ninguno de estos procesos era contrario a los intereses de Washington en el hemisferio; de hecho, fueron abiertamente promovidos por la potencia. Será en el presente siglo cuando esta integración dé un vuelco importante.

La bibliografía especializada coincide en afirmar el alejamiento o menor intensidad de las relaciones EE. UU.-América del Sur desde 2002. De acuerdo con Allard Neumann (2013), se evidencia un menor peso relativo de EE. UU. en la región y una mayor diversificación de intercambios económicos con otras regiones del mundo, lo que incluye a China y Rusia, pero también variantes de cooperación Sur-Sur con Medio Oriente, India y África.

Fernández (2013) afirma que hay una merma tanto en la calidad como en la intensidad de las relaciones interamericanas, evidenciándose una relación más distante entre Estados Unidos y América del Sur. De acuerdo con el autor, hay datos duros que corroboran esta afirmación; a modo indicativo se citan los niveles de comercio recíproco: “La participación de EE. UU. en las exportaciones sudamericanas se contrajo de 30% a 18% entre 2000 y 2011, y las importaciones sudamericanas de EE. UU. cayeron de 55% a 30%” (Ibíd. 82). A la par, fue China quien ganó terreno como mercado de exportación para muchos de los países de la subregión.

Si al retraimiento de EE. UU. en Suramérica, iniciado por consideraciones de seguridad global orientadas contra el terrorismo y luego reforzado por la crisis financiera internacional surgida en 2007, se suma el “giro a la izquierda” (Fernández, 2013) de las dirigencias subregionales, se explica más claramente cómo fue posible redireccionar los procesos de integración con otros fines y temas de incumbencia.

Aquí es donde se evidencian las divergencias de posiciones frente a la potencia entre los actores suramericanos. Con el fracaso del ALCA, aquellos Estados con una orientación de política exterior de acoplamiento con Washington han firmado tratados de libre comercio bilaterales con clara impronta neoliberal: tal es el caso de Chile, Perú y Colombia. El resto de los actores estatales ha oscilado entre posturas de menor alineación directa hasta el desafío, cambiando parámetros históricos.

Dos actores estatales han sido claves para el despegue de Suramérica como una subregión con identidades y potencialidades internacionales propias, más allá –o más acá– de la “Patria Grande”: Brasil y Venezuela, aunque por motivos bien diferenciados.

Brasil es el Estado más importante en términos geográficos, políticos y económicos de la subregión. Desde el siglo XX en adelante ha seguido una clara política de Estado orientada a ser un país potencia, con fuerte presencia internacional y regional, desarrollo y autonomía. De acuerdo con Merke (2008), desde la década de 1970 en adelante América Latina ha tenido un lugar central en las consideraciones estratégicas de la elite brasileña como plataforma de despegue del país hacia el resto del mundo. “Más allá de diferentes signos y luchas de intereses, el empresariado paulista, las elites del Itamaraty y las cúpulas militares y algunas fuerzas políticas convinieron en mantener ciertas políticas de largo plazo, algo que el lenguaje común llama políticas de Estado” (Aguas, 2009: 14).

Da Silva vino a desafiar en parte, y en algunas cuestiones internas, a estas elites dirigentes brasileñas, pero mantuvo el objetivo histórico estratégico para el plano internacional prácticamente inalterable. De hecho, desde el gobierno de “Lula”, Brasil es la sexta potencia económica mundial. La postura frente a EE. UU. es la de acomodamiento y excepcionalmente de oposición limitada; por lo tanto, Washington lo ha considerado un socio en la subregión y un actor confiable en quien delegar tareas para la estabilidad. En términos autonómicos, ha buscado consolidar su autonomía regional y lo ha logrado sin fisuras en la década bajo estudio, a la par de ir ganando terreno para una autonomía global dada su mayor presencia internacional.

Para ello, Brasil apostó fuertemente a la cooperación Sur-Sur participando, en simultáneo, de un conjunto de procesos de articulación con actores claves en el contra-balance al unipolarismo. Ha firmado acuerdos de cooperación y participa de un conjunto importante de organizaciones, grupos y coaliciones a nivel internacional. Por un lado, en relación a la cooperación intercontinental, podemos mencionar el BRICS (Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica) como alianza de potencias emergentes o de segundo nivel. También existen acuerdos con India y Sudáfrica que conforman la iniciativa IBSA, como plataforma de cooperación económica para el desarrollo (es importante mencionar que ha incluido al MERCOSUR en algunas de las negociaciones, e incluso ha llevado a funcionarios argentinos a los encuentros).

A nivel mundial, su peso se acentuó a través de su presencia en el G20, dentro de la OMC, para oponerse a la distorsión de los productos agrícolas en la práctica comercial (pertenencia que comparte con Argentina y México); sus acuerdos con Alemania, Japón e India conformando el G4 para pelear por un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de ONU y sus intentos por presentarse como negociador alternativo frente a EE. UU. y la Unión Europea en Medio Oriente y Asia Central (especialmente en el conflicto Palestino-Israelí y con Irán para frenar su avance en armamento nuclear).

En la región, Brasil ha sido un actor primordial para la estabilización democrática, oponiéndose a soluciones de fuerza tanto en conflictos entre vecinos como en conflictos internos. Tuvo un rol muy activo para la potenciación de los procesos de integración como el MERCOSUR y para la creación de UNASUR. Sin embargo, mantiene con Estados Unidos una postura de complementación, nunca de confrontación directa.

Venezuela, a partir de la revolución bolivariana y su socialismo del siglo XXI, ha tenido un claro discurso “anti-imperialista”, desafiando en ese plano a Washington. El componente fundamental que permitió a ese país jugar un papel autonómico regional es el petróleo, estatizado y centralizado, desde Chávez, en el manejo público. Esta fuente de divisas permanente le garantizó ingresos al Estado para sus políticas sociales inclusivas, recursos financieros disponibles para prestar a los países de la región y un vínculo global con otras potencias petroleras.

Si bien su retórica opuesta a Estados Unidos, posicionada en el modelo de desafío, fue una marca de la Venezuela chavista, nunca mermaron sus fuertes lazos económico-comerciales con la potencia hegemónica, siendo Venezuela uno de los principales exportadores de crudo hacia ese país y constituyendo, por ese motivo, uno de los más importantes socios comerciales venezolanos.

Ahora bien, para obtener mayor margen de maniobra y garantizar apoyo de la región para sus posturas anti-imperialistas, le era necesario integrar a Suramérica a un espacio de políticas conjuntas multidimensionales, como sustento para unas relaciones internacionales diferentes a los postulados hegemónicos. En ese marco, tiene lugar el surgimiento del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), el proceso de integración emblemático de un socialismo del siglo XXI latinoamericano.

El ALBA surge en 2004 como contracara del ALCA, cuyo acuerdo originario es entre Cuba y Venezuela. Cuba, aislada del continente por efecto de Estados Unidos, es reintegrada así mediante un proceso de integración diferente del regionalismo abierto propio del neoliberalismo: “Hoy por hoy, el ALBA es uno de los marcos de integración regional de más rápido crecimiento en la región”. Los miembros y sus respectivas fechas de incorporación son: “Venezuela y Cuba en el 2005, Bolivia en el 2006, Nicaragua en el 2007, Dominica y Honduras en el 2008 (hasta el golpe de estado a Manuel Zelaya), Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y Ecuador en el 2009” (Aponte García, 2013: 254).

El modelo propuesto por el ALBA y el Tratado de los Pueblos está lejos de consideraciones de mercado. Siguiendo a Aponte García, es posible definir el esquema de este proceso de integración a través de dos ejes centrales: una categorización de producción, de empresa y de organizaciones alternativas a las imperantes en el capitalismo global; una integración que se define en base a la cooperación y el comercio solidario.

Al interior de este segundo eje, es posible comprender mecanismos de integración energética, financieros y programas de corte social orientados por los derechos humanos de segunda generación tales como seguridad alimentaria, educación y salud. El proceso también incluye programas de cooperación en telecomunicaciones, infraestructura y transporte. Algunos ejemplos importantes de los ejes en la práctica serían la promoción de empresas mixtas (público-privado), cooperativas y empresas de producción social (ver Aponte García, 2013).

Tomando los principios de la propia organización, se consignan algunos de los más importantes, donde se hace evidente la contraposición con el modelo de libre mercado imperante a nivel global:

  1. El comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustentable. […]
  2. La complementariedad económica y la cooperación entre los países participantes y la no competencia entre países y producciones. […]
  3. Cooperación y solidaridad que se exprese en planes especiales para los países menos desarrollados en la región que incluya un Plan Continental contra el Analfabetismo. […] (ver página oficial. Resaltado en el original)

Un emblema de este tipo de cooperación es el intercambio de petróleo por servicios entre Cuba y Venezuela. Así, Venezuela proveía de petróleo subsidiado, y por fuera de precios de mercado, a la isla y esta realizaba un aporte en servicios especializados: salud y educación. Venezuela, gracias a este intercambio, logró eliminar el analfabetismo y extendió servicios de salud a toda la población, a lugares donde nunca en la historia independiente del país hubo espacios de atención sanitaria disponibles.

El petróleo venezolano ha jugado un rol esencial para la conformación de los distintos proyectos y programas en marcha. A su vez, al ser Venezuela uno de los principales productores de petróleo del mundo, ha cumplido un papel fundamental para reactivar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) conformada en su gran mayoría por países árabes; esto le dio al Estado venezolano una presencia internacional importante con muchos países no alineados a Estados Unidos y, en algunos casos, directamente enfrentados o considerados “enemigos”, como Irán.

Por otra parte, Venezuela ha diversificado sus relaciones político-estrategias y comerciales con Rusia y China, dos actores claves en los intentos por promover un equilibrio de poder mundial que rompa con el unipolarismo.

Por lo tanto, se sostiene que el caso de UNASUR es una muestra acabada de la importante actuación jugada por Venezuela y Brasil para la promoción de una Suramérica con nueva cara frente al mundo y, especialmente, frente a EE. UU. Brasil será quien comience a instalar la idea de una comunidad de las naciones suramericanas, mientras que Venezuela promoverá la idea de una unión. A instancia de ambos, UNASUR se crea en 2008 incluyendo a todos los países de Suramérica, aún dos de las tres Guayanas (Guyana, Surinam) que nunca habían entrado en consideraciones geopolíticas subregionales.

Otro elemento fundamental de este entendimiento geoestratégico entre ambos Estados fue la solicitud de ingreso al MERCOSUR de Venezuela. Esta organización ampliada rompía con la postura política de Washington que buscaba aislar a Venezuela y situaba a MERCOSUR como un actor regional de oposición limitada frente a aquél. El ingreso se logrará una vez suspendido Paraguay por el golpe institucional contra Lugo, dado que la organización cuenta con una cláusula democrática como condición de ingreso y permanencia; recién con la nueva convocatoria a elecciones y la revocación de la suspensión, el país guaraní dio su consentimiento en 2013 y Venezuela se convirtió en miembro pleno. Además, MERCOSUR pasó de constituir una dinámica de integración centrada exclusivamente en lo económico-comercial, cuyo objetivo era la conformación de un mercado común (que nunca llegó a constituirse plenamente), a incorporar nuevas áreas de incumbencia orientadas a temas políticos, sociales, culturales y de derechos humanos (ver sitio oficial).

De allí que, a partir de ambos esquemas de integración, es posible evidenciar dos dispositivos al interior de la región en torno a esta temática: un modelo más tradicional que Comini y Frenkel (2014) denominan “poligámico” y que coincide con la integración abierta hacia los mercados mundiales (pensada para una inserción más efectiva a estos), frente a un modelo regional diferente que los autores llaman “concéntrico”, esto es, multidimensional en sus fines y áreas de abordaje, incluyendo cuestiones económicas, políticas, culturales, sociales, ambientales, tecnológicas y securitarias, siendo además regional en sus intereses.

Mientras el primer modelo se sustenta en una lógica neoliberal o centrada en el mercado, el segundo tiene un perfil más estadocéntrico, donde el Estado ocupa el rol estratégico. Para la primera opción, la integración con la región es una más del abanico de opciones globales; para la segunda perspectiva, la región integrada constituye la herramienta fundamental para lograr una posición de mayor peso internacional marcada por la autonomía.

Ahora bien, en 2011 –quebrando este espíritu integracionista multidimensional–, surgirá la Alianza del Pacífico entre Chile, Perú, Colombia en América del Sur y México en el norte regional con un perfil tradicional o “poligámico”, en consonancia con la estrategia de “ampliar los mercados libres” propio de EE. UU. No casualmente, este contrafrente neoliberal está conformado por cuatro de los actores estatales más relevantes para Washington en la región, por sus políticas exteriores de acoplamiento o plegamiento –casi automático– al Estado más poderoso del Hemisferio; todos ellos cuentan, asimismo, con tratados de libre comercio con Washington.

La respuesta de los Estados que apuntan a una integración de tipo concéntrico fue la creación de la CELAC, donde una América Latina ampliada (incluyendo el Caribe anglófono) establece mecanismos de cooperación creciente y de concertación para posturas compartidas en las organizaciones internacionales, como ONU, en aquellos temas sensibles a la región.

De acuerdo con Fernández (2013: 83), “la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Esta­dos Latinoamericanos y Caribeños (Celac) –las manifestaciones regionales más expresivas de la nueva época– son, ante todo, afirmaciones de indepen­dencia en las que el dato más importante es la ausencia de una silla para EE. UU.”. Estas organizaciones reflejan un mayor alcance de la autonomía regional, especialmente de Suramérica, pero a partir de la CELAC de toda la “Patria Grande”, a través de diferentes procesos que dejan fuera a Estados Unidos; ambos constituyen hitos históricos.

Frente a una instancia de cooperación como OEA, donde la jerarquía estaba delineada claramente y las decisiones o resoluciones dependían exclusivamente de los intereses hegemónicos, la oportunidad de la concertación, cooperación o integración latinoamericana representa una propuesta autonómica.

Un hecho representativo de las implicancias de estas instancias cooperativas en América Latina, como foco de acuerdo para decisiones internacionales, es que por primera vez, desde la expulsión de Cuba de la OEA en 1962, las naciones latinoamericanas se opusieron a la continuidad de esta exclusión y propusieron su reingreso a la organización mostrándose como una región unida, con criterios propios frente a la potencia hegemónica. Su reingreso fue apoyado por todo el subcontinente, con las negativas de EE. UU. y Canadá en 2009.

Recién en el siglo XXI América Latina llegó a tener una decisión conjunta en relación a estos temas. En general, tanto los países de América del Sur como de toda Latinoamérica han transitado el siglo XX fragmentados, cada país priorizando sus relaciones bilaterales con Washington, y en ese marco con un alto grado de dependencia por la evidente desigualdad entre cada uno y la potencia.

Una segunda vertiente de señalamiento de autonomía puede verse en las actuaciones de los Estados regionales frente a crisis democráticas, crisis fronterizas o diplomáticas y emergencias naturales. En estas coyunturas, los países suramericanos se han hecho cargo y colaborado, básicamente a través de UNASUR, en crisis institucionales o bilaterales de importancia: en Bolivia, en 2008, frente a los intentos separatistas de algunas provincias de la “media luna rica”; en la crisis diplomática entre Colombia y Ecuador por una incursión armada de la primera en el país vecino alegando estar persiguiendo a las FARC escondidas en Ecuador; en la crisis diplomática entre Venezuela y Colombia en 2010 (la segunda acusaba a la primera de proteger a las FARC en su territorio, catalogadas por su gobierno como terrorismo internacional); durante el levantamiento policial en Ecuador contra su presidente, Correa, que ha sido definido por dicho gobierno como intento de golpe de Estado, en 2010. El liderazgo regional de Brasil ha sido determinante para todas estas acciones.

Lo cierto es que la subregión intentó gestionar las crisis sin intervenciones de EE. UU., instalando una democratización de hecho en el sistema internacional al ser la región quien resuelva por sí sola sus problemas. Ahora bien, a partir de 2011, el quiebre producido por la creación de la Alianza del Pacífico, el fallecimiento de Kirchner, que tuvo un rol activo como Secretario General de UNASUR para que la organización tratara las crisis regionales, el fallecimiento posterior de Chávez y la difícil transición venezolana fueron “desacelerando” los avances de UNASUR, dificultando las convergencias y acuerdos (ver Comini y Frenkel, 2014). A esto es necesario incorporar la repercusión de la crisis financiera internacional, en 2007, en las economías suramericanas que se replegaron en políticas nacionales y congelaron/pusieron en riesgo acuerdos comerciales y de otro tipo. Esta crisis también significó un retraimiento de Brasil de su fuerte perfil en la región, actor clave y “decisor intermedio”, debilitando la intensidad de las dinámicas cooperativas e integradoras.

Es reveladora la crisis institucional en Paraguay, en 2012, cuando se destituyó al presidente Lugo mediante acción del parlamento por decisión de la mayoría opositora. Frente a esta crisis, UNASUR no tuvo una postura oficial ni accionó: la condena fue firmada solo por algunos Estados miembros. MERCOSUR, por su parte, suspendió a Paraguay hasta tanto regularizara su situación, y recién en 2013 ese país pudo volver a ocupar su puesto en la organización, una vez desarrolladas las elecciones y elegido un nuevo presidente, pero no hubo sanciones de otro tipo por reticencias de Uruguay.

Como política autonómica en lo interno, de abierto desafío o contra-hegemonía, se puede tomar el caso boliviano. En 2006, Bolivia nacionaliza los hidrocarburos, recurso estratégico de interés vital para EE. UU., y se queda con el 50% de varias empresas petroleras en años sucesivos; también nacionalizó minas de estaño en 2007, en 2008 fue el tiempo de las telecomunicaciones, en 2010 será el turno de empresas eléctricas, además de empresas de agua y saneamiento.

Desde el año 2008, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y exigió la retirada de la representación diplomática de ese país por estar inmiscuyéndose en asuntos internos. En 2013, decidirá directamente cerrar la embajada estadounidense por un conflicto desatado con la Unión Europa.[1]

En general, es posible observar que, a pesar de las diferencias en las políticas de cada país hacia EE. UU., al momento de producirse instancias de integración o cooperación todos los actores suramericanos han comprendido la importancia de participar en procesos históricos de la subregión. Aún Colombia, el aliado incondicional de Washington y con acoplamiento absoluto a sus posturas, ha ingresado a los espacios claves subregionales como UNASUR o regionales como CELAC.

En los últimos años, Suramérica en general –pero Argentina, Venezuela y Brasil en particular– está sufriendo condiciones económicas desfavorables a partir de la crisis internacional y la baja de los precios de las commodities (granos y petróleo) que ponen en duda la continuidad de las dinámicas subregionales autonómicas en base a la concertación. Si la gran base de apoyo de los gobiernos kirchneristas, del partido de los trabajadores y del chavismo consistía en la presencia del Estado en la economía y la redistribución de la riqueza, los procesos inflacionarios y estancamiento en el crecimiento revelan un agotamiento de las condiciones internas e internacionales para el sostenimiento de esas políticas macroeconómicas y sociales heterodoxas (con claras diferencias en las intensidades).

Estos tres actores han sido de vital importancia para los procesos de integración subregional orientados a afianzarse mutuamente frente al resto del mundo, tanto por sus recursos y condiciones geográficas como por sus influencias políticas, ideológicas y culturales. En parte, sumado a lo mencionado anteriormente, es la condición interna de cada uno de ellos lo que ayudaría a comprender la desaceleración de la UNASUR y del MERCOSUR ampliado. Brasil particularmente, en tanto “decisor intermedio” en el período bajo análisis, y al liderar procesos de integración en Suramérica, dio a la región, como actor colectivo, un mayor margen de autodeterminación.

En base a lo revisado en este capítulo, puede pensarse que la integración y cooperación intensificada en la región dio lugar a un retroceso o debilitamiento de la voluntad hegemónica para imponer sus decisiones. En palabras de Fernández (2013), “a diferencia del pasado, Estados Unidos ya no puede imponer tan fácilmente su voluntad en América Latina”.

Con estas consideraciones, retomando la noción de autonomía propuesta por Jaguaribe (1979), es posible evidenciar parte de sus características en las dinámicas regionales. A pesar de que puede ponerse en duda la capacidad de los actores regionales para imponer “severas penalidades materiales” al actor hegemónico, sí es factible deducir, de lo descripto aquí, que América del Sur consiguió espacios más amplios de autodeterminación para decisiones consideradas vitales. Han podido contener, parcialmente, la “decisión suprema” en el área, principalmente, a través de Brasil en tanto actor estatal con clara primacía regional.

Sin embargo, estas dinámicas no estuvieron exentas de cuestionamientos y contraposiciones. En la correlación de fuerzas hemisféricas pugna el poder hegemónico, el decisor supremo, por seguir imponiendo sus intereses frente a actores estatales y sociales que buscan ampliar su independencia político-decisional. Sin embargo, esa puja se da a nivel trasnacional, tal como lo expresaba Puig, pues se encuentran interrelacionados entre sí actores sociales, políticos, militares y económicos tanto domésticos como internacionales.

Los sectores relacionados históricamente al mercado global y al poder hegemónico en cada sociedad latinoamericana, aquello que podríamos denominar las elites, también han planteado confrontación frente a los cambios operados en la subregión. Cuando el Estado acciona sobre la distribución de la riqueza siempre hay un sector que disminuye, aunque sea mínimamente, sus ingresos para que otros logren aumentarlos; esto supone pérdidas de determinados privilegios y activa conflictos en el campo económico-social.

En Venezuela y Bolivia esto ha sido muy marcado; se desataron diversas formas de contestación a los gobiernos “progresistas”. En ambos se evidencia, además de la pérdida de poder de mercado para algunos sectores, una fuerte confrontación étnico-cultural, dado que los cambios provinieron de gobernantes surgidos de los sectores sociales históricamente excluidos y subalternizados (pueblos originarios o negros) (ver Zuazo, 2010).


  1. Cuatro Estados europeos negaron al avión presidencial boliviano el paso por su espacio aéreo soberano porque Washington les advirtió que estaría trasportando a Snowden (ex agente de la National Security Agency norteamericana que hizo pública información secreta de esa agencia).


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