3.1 Catamarca y su contexto político institucional en las últimas décadas

Catamarca es una de las provincias que componen la región Noroeste de la Argentina (NOA), junto con Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja. Se encuentra ubicada sobre la Cordillera de los Andes; al sur de la provincia de Salta, al oeste de la provincia de Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba y al norte de La Rioja. De acuerdo con los datos provisionales del último censo de población, en el año 2022 la provincia de Catamarca contaba con 429.556 habitantes, que representan el 0,93% de la población total del país, con una densidad poblacional de 4,18 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más bajas del país. Con prácticamente el 70 % de su territorio de relieve montañoso (Figura 2) y una escasa disponibilidad de agua, la provincia de Catamarca es considerada una de las más pobres y rezagadas del país (Mastrangelo, 2004).

Realizando un breve repaso por el escenario político institucional que enmarca los procesos que son objeto de análisis de la presente tesis, debemos destacar que a principios de la década de los noventa Catamarca estuvo signada por una profunda crisis institucional a raíz de fuertes cuestionamientos por corrupción^[1] y nepotismo a la gestión del entonces gobernador Ramón Saadi^[2]. Cabe mencionar que la familia Saadi constituyó parte del círculo de poder político que gobernó la provincia durante cuatro décadas, desde que en 1949 fuera elegido gobernador el peronista Vicente Leónidas Saadi (padre de Ramón Saadi). A ello se sumó en septiembre de 1990 el femicidio de María Soledad Morales^[3], que puso de manifiesto el accionar impune del saadismo y de gran parte del poder político provincial. El inmediato intento de las autoridades de Catamarca por encubrir el crimen desencadenó históricas movilizaciones populares (conocidas como “marchas del silencio”) que contaron con el apoyo de amplios sectores en todo el país. Como consecuencia a esta crítica situación, en 1991 se dispuso la intervención federal de los tres poderes de la provincia, lo que enfrentó al saadismo con el entonces presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem (anteriormente aliado de Saadi), y con parte del Partido Justicialista provincial.

Figura 2. Mapa físico político de la provincia de Catamarca

Fuente: Instituto Geográfico Nacional

En ese contexto, la oposición política provincial confluyó en una alianza que se denominó Frente Cívico y Social^[4], cuya principal fuerza política era la Unión Cívica Radical (UCR). En las elecciones provinciales de 1991 su candidato,  Arnoldo Aníbal Castillo, sería electo gobernador, manteniendo el cargo durante dos mandatos seguidos, 1991-1995 y 1995-1999. En 1999 fue sucedido por su hijo, Oscar Castillo, también radical, quien estuvo a cargo del ejecutivo provincial hasta 2003. Durante la década del noventa y comienzo de 2000 las políticas públicas catamarqueñas estuvieron signadas por el modelo neoliberal imperante a nivel nacional, con políticas de reforma estatal, privatizaciones, reducción del gasto público y apertura a las inversiones de capitales extranjeros, lo cual favoreció –como veremos más adelante– la instalación de la idea de la megaminería transnacional como motor del desarrollo.

Durante la gobernación de Oscar Castillo Catamarca se encontrará sumida en una profunda crisis económica, alcanzando en el año 2002 altos niveles de desocupación (23%), pobreza (62%) e indigencia (24%)^[5], situación que ha caracterizado el escenario nacional de la época. En 2003 fue elegido como gobernador Eduardo Brizuela del Moral, también candidato radical del Frente Cívico y Social, quien estuvo a cargo del ejecutivo provincial por dos mandatos consecutivos: 2003-2007 y 2007-2011^[6]. De ese modo, durante los noventa y primera década del siglo XXI la provincia estuvo gobernada por el Frente Cívico y Social.

En 2011, luego de veinte años de gobiernos liderados por el Frente Cívico y Social, asumió como gobernadora Lucía Corpacci Saadi, candidata por el Frente para la Victoria y referente del kirchnerismo provincial. En 2015 Corpacci es reelecta como gobernadora con el 52% de los votos, ratificando el rumbo seguido hasta ese momento. Uno de los ejes de su gobierno ha sido el desarrollo de la megaminería como “política de estado”:

[…] este proceso que nos llevó casi 8 años de Gobierno, que implicó ir de cara a la comunidad explicando por qué somos mineros y por qué es importante que una provincia como la nuestra, donde el 70% de nuestro territorio es montañas llenas de riqueza minerales, es importante que no le demos la espalda a la minería (Lucía Corpacci, Panorama Minero, 8/5/2019).

En las elecciones de 2019 triunfa para ocupar el cargo de gobernador el candidato por el Frente de Todos, Raúl Jalil, que fue quien se desempeñó como intendente de la ciudad capital de la provincia entre 2011 y 2019. Una vez gobernador, Jalil continuaría la política iniciada por Lucía Corpacci:

[…] vamos a disponer de todas las medidas para que la minería siga profundizando en Catamarca un verdadero camino de crecimiento. Creando mayor compromiso con las comunidades en las que se desarrolla la actividad y en toda la provincia. Desde la gestión de Lucía Corpacci, Catamarca asumió una mirada acerca de la minería que nosotros vamos a continuar, afianzando la actividad con cuidados, resguardos ambientales, controles y observancia de la responsabilidad empresarial (Discurso del gobernador Raúl Jalil a la Asamblea Legislativa el 1 de mayo 2021).  

3.2 Transformaciones en los mundos rurales catamarqueño durante las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI

La estructura productiva catamarqueña a lo largo de todo el siglo XX tuvo una participación marginal en la economía nacional y sus principales actividades económicas atravesaron un largo período de estancamiento o retroceso a medida que la economía nacional profundizaba sus vínculos con el mercado mundial (Osatinsky, 2014). Cabe recordar que Catamarca históricamente conforma lo que se denomina “economías regionales”, cuya dinámica se diferencia de la que se evidencia en la región pampeana en tanto núcleo de la estructura productiva nacional.

Los últimos años del siglo XX inauguraron una nueva etapa en la cual la provincia de Catamarca, a diferencia de lo sucedido hasta ese momento, comenzaría a adoptar una dinámica económica en sintonía con el modelo de desarrollo dominante a nivel nacional. Las producciones ligadas al mercado mundial comenzaron a adquirir un peso cada vez más significativo, mediante un pronunciado proceso de reprimarización e incremento de las exportaciones (Osatinsky, 2014). Así, desde mediados de la década del noventa tomarán impulso las actividades económicas vinculadas a la explotación de los recursos naturales con una clara orientación hacia los mercados externos (Machado Araoz, 2007), dejando de ser el mercado interno el eje de su economía.

Si se analiza la evolución del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial desde el año 1997 se observa un crecimiento que se refleja, a su vez, en un aumento de su peso en la estructura económica nacional, a pesar de continuar siendo marginal. En 1997 la participación de Catamarca en el Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina era de 0,5%; en 2005 alcanzaría el 1,3%. Como ya se ha señalado, dicho crecimiento ha estado vinculado con la expansión del sector primario mediante el desarrollo de producciones ligadas al mercado mundial, principalmente la actividad minera de gran escala (Osatinsky, 2014).

De ese modo, en las últimas dos décadas se constata una mayor participación de productos primarios sin valor agregado en la composición de las exportaciones, entre los cuales predominan los productos minerales en bruto, rubro que supera el 90% del total exportado por la provincia. Así, se va configurando lo que Horacio Machado Aráoz caracteriza como “una estructura productiva claramente concentrada y especializada en la explotación de recursos naturales (renovables y no renovables) principalmente destinados a la exportación de productos primarios de nulo o bajo nivel de procesamiento” (2007: 282).

Ahora bien, si se analiza a nivel provincial la evolución de la superficie destinada a la actividad agropecuaria en los sucesivos Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) 1988, 2002, 2008^[7] y 2018, se observa una progresiva disminución de la misma (Cuadro 8).

Cuadro 8. Explotaciones agropecuarias y superficie por tipo de delimitación, en unidades y hectáreas. Provincia de Catamarca. Año 1988, 2002, 2008 y 2018

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNA 1988, 2002, 2008 y 2018.

Mientras que en 1988 las EAP ocupaban una superficie de 2.590.026,90 hectáreas, en 2018 la superficie dedicada a la actividad agropecuaria fue de 1.137.977 hectáreas. Es decir, en los treinta años que separan un CNA del otro, dicha superficie disminuyó en un 66%. Por otro lado, si se considera la diferencia entre la superficie ocupada por EAP en 2008 y 2018 encontramos que la misma se redujo en más de 600.000 hectáreas en sólo 10 años.

Estas transformaciones se dieron paralelamente al avance del modelo de agronegocios –ya mencionado anteriormente en el Capítulo 2–, el cual tuvo consecuencias en las estructuras productivas de las diferentes regiones del país. En el caso de Catamarca, las actividades productivas tradicionales realizadas principalmente por familias campesinas y vinculadas a “productos regionales, artesanales y criollos” (Cruz et al, 2021) a partir de la década de 1990 se vieron afectadas por las transformaciones en el sistema agroalimentario argentino que incluyeron procesos de reestructuración agropecuaria vinculados a la implementación de políticas neoliberales (Rodríguez y Teubal, 2002).

Si se observa lo ocurrido en la provincia de Catamarca entre 1988 y 2002 a partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) se evidencia un crecimiento en la superficie cultivada, que pasa de 53.855 a 181.326 hectáreas (Cuadro 9), como resultado de la expansión de cultivos vinculados a la exportación como la soja, el olivo y el trigo, favorecidos por los gobiernos provinciales de aquellos años (Machado Araoz, 2007; Osatinsky, 2014)^[8]. Si bien luego, en 2018, la superficie implantada disminuye a 158.377 hectáreas, la cantidad de hectáreas dedicadas a cultivos como oleaginosas y cereales aumenta con relación a 2002 y disminuye fuertemente la superficie de cultivos forrajeros perennes (que pasan de 74.238 a 9.365 hectáreas). Los cultivos frutales que son parte de la estructura productiva provincial tradicional (nogal, vid, olivo y citrus) entre 2002 y 2018 mostrarán cambios en su importancia relativa a partir de la instalación de empresas agropecuarias estimuladas por la política de diferimientos impositivos. Paralelamente, a comienzos del siglo XXI perderán relevancia cultivos como las forrajeras anuales, las hortalizas, los cultivos industriales (algodón y tabaco) y las aromáticas y condimentarias (Cruz et al, 2021).

Asimismo, los datos intercensales a nivel provincial muestran que el número de cabezas de ganado se duplica entre 1988 y 2002, lo cual se explicaría por los regímenes promocionales provinciales y por la expansión de los agronegocios a nivel nacional que, entre otras cosas, implicó el desplazamiento y relocalización de ganadería bovina de la región pampeana hacia zonas extra pampeanas a raíz de la menor rentabilidad que representaba dicha actividad en comparación con el desarrollo de cultivos como la soja, que poseen un elevado precio internacional (Osatinsky, 2014). Este proceso de “pampeanización” puede observarse principalmente en los departamentos de Santa Rosa, El Alto y La Paz.

Cuadro 9. Superficie implantada en las EAP con límites definidos por grupo de cultivos. Provincia de Catamarca. Año 2002 y 2018

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNA 2002 y 2018.

De este modo, encontramos que algunos cambios ocurridos en la estructura agropecuaria de la provincia durante la década del noventa estuvieron vinculados a procesos de modernización agrícola –“modernidad inducida”, según algunos autores (Cruz et al, 2021)– mediante la recepción de beneficios fiscales de leyes nacionales de promoción de inversiones, como también a procesos de “pampeanización” (Osatinsky, 2014; Cruz et al, 2021), algunos de los cuales se expresaron durante las dos primeras décadas del siglo XX.

A estos cambios debemos añadir ciertas transformaciones socioeconómicas significativas a nivel regional, como han sido las que afectaron a la agroindustria cañera-azucarera en el último tercio del siglo pasado, que impactaron en las condiciones económicas y laborales de buena parte de la población rural catamarqueña. En efecto, en las entrevistas realizadas y en conversaciones informales mantenidas durante el trabajo de campo emergieron de manera recurrente relatos sobre el trabajo familiar en la zafra azucarera como una experiencia significativa en la historia de vida de quienes hoy son parte de los procesos de reorganización comunitaria del pueblo diaguita en el Valle Calchaquí, y en Santa María en particular. Si bien mantenían como actividad principal la agricultura y la ganadería, ciertas limitaciones locales (condiciones agroecológicas, marginalidad respecto de los circuitos comerciales, dificultad en el acceso a agua para riego, entre otros) estimulaban la emigración de trabajadores y de familias enteras (en el caso de los ingenios de Tucumán, hombres, mujeres y niños trabajaban a la par) hacia otras provincias durante varios meses al año (Herrán; 1979; Mastrangelo, 2000). Así, en el período de septiembre/ marzo buena parte de las familias campesinas permanecían trabajando en sus fincas con los principales cultivos de la zona (pimiento para pimentón, tomate, maíz, etc.), y el resto del año emigraban a la zafra. Dicha complementariedad entre ambos ciclos productivos es lo que ha permitido, de algún modo, la permanencia de la producción campesina en Santa María (Herrán, 1979). La asalarización transitoria durante algunos meses al año permitía a las familias generar ingresos y ocupaciones que complementaban los obtenidos en las explotaciones campesinas e indígenas, al tiempo que colaboraban en su reproducción (Cruz y Morandi, 2017).

Los ingenios azucareros han tenido un rol destacado en la dinámica económica del NOA y, en particular, para las áreas circundantes durante prácticamente todo el siglo XX (Bisio y Forni, 1976; Herrán, 1979; Giarracca y Mariotti, 2005; Osatinsky, 2020; entre otros). A mediados del siglo XX la actividad cañera tucumana representaba el 70% de la producción de azúcar a nivel nacional. Por otro lado, en cuanto a su magnitud en la generación de puestos de trabajo, para 1966 se estimaba que el volumen de trabajadores del surco contratados por los ingenios ascendía a 13.000 (3.300 permanentes y 9.700 transitorios) y los ocupados por los productores cañeros independientes sumaban 8.000 permanentes y 42.000 transitorios (Giarracca et al, 2001: 332).

Sin embargo, a partir de la década del sesenta del siglo pasado la actividad cañera en Tucumán sufrió reiteradas crisis que afectaron principalmente a los pequeños productores y a los trabajadores de surco y de fábrica: cierre de ingenios, disminución de la superficie implantada con caña y de la producción de azúcar; diversas crisis de sobreproducción; aumento de la mecanización e incorporación de innovaciones tecnológicas; y finalmente la desregulación de la actividad a partir de la década del noventa (Osatinsky, 2020). En la década del noventa, con los procesos de desregulación y liberalización de la economía implementados por el gobierno de Carlos Menem, se desarticularon los mecanismos de regulación, cupificación y cuotificación del mercado que habían caracterizado por décadas a la actividad cañera en nuestro país (Giarracca y Mariotti, 2005), lo cual no hizo más que agravar la situación para el sector de pequeños productores y trabajadores rurales vinculados a la actividad cañera.

De ese modo, desde la década del setenta se observa una importante reducción en la demanda de trabajadores para la agroindustria cañera-azucarera, ya sea por la disminución de explotaciones o por la incorporación de innovaciones tecnológicas. La progresiva mecanización se expresó en un mayor uso de cosechadoras integrales por parte de ingenios y productores cañeros (Gordillo, 1995; Giarracca y Mariotti, 2005). Hasta el año 1972 el 98,1% de la zafra cañera se desarrollaba de manera manual y el 1,9 % era semi mecanizada; a mediados de la década del 90 se estimaba que el 10% de la cosecha era manual, el 50% semi mecanizada y el 40% mecanizada (Osatinsky, 2020).

La población ocupada en las cosechas de la caña de azúcar sólo en la etapa agraria alcanzaba a 50.000 jornaleros durante 1960. Las distintas etapas de mecanización de estos procesos condujeron a una disminución constante y sostenida de dicha cantidad de trabajadores. A partir de comienzos de la década de 1990, la expansión de las formas mecanizadas de cosechas acentuó dicha tendencia (Giarracca et al, 2001: 308).

Así, la modernización y concentración de la producción cañera ocasionó una considerable disminución en la cantidad de trabajadores del surco, gran parte de los cuales eran migrantes estacionales (provenientes de diferentes provincias, incluida Catamarca) que sólo participaban de la actividad en los meses de la zafra en condiciones de trabajo por demás precarias.

(…) había muchos empresarios que habían comenzado a salir con las máquinas, que era más fácil, entonces ya ahí, cosechaban todo a máquina y entonces ya no necesitaban el obrero, entonces ahí ya se ha ido cortando, se cortó todo (secretaria general UPND Catamarca, entrevista, febrero 2020).

Estos cambios deben enmarcarse en el profundo deterioro social que ha afectado a las provincias del NOA históricamente, con graves problemas de empleo que se han visto agravados a partir de las transformaciones económicas que acontecieron desde los años sesenta del siglo pasado con la irrupción de un nuevo orden mundial y la implementación de un modelo económico neoliberal a nivel nacional (Osatinsky, 2013). Al respecto, cabe mencionar lo señalado por Ariel Osatinsky (2013) acerca de las características de la economía catamarqueña que, al ser más tradicional en su estructura y con una presencia débil de la economía de mercado, se vio menos afectada por los cambios económicos de fines del siglo XX.

Dados los reducidos niveles que caracterizaron su producción por décadas, ciertos desarrollos que se produjeron en el período bajo estudio, aunque sin ser de gran magnitud, le permitieron ampliar el mercado interno y actuaron como factores atenuantes de las transformaciones neoliberales de las que Catamarca no estuvo exenta (Osatinsky, 2013: 76).

En ese punto, hay que destacar la elevada participación del empleo público en la estructura económica provincial, siendo un dato que adquiere relevancia a lo largo de las décadas. Según los diferentes Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas, a comienzos de 1980 el 51% de los empleados registrados se encontraba ocupado en el sector público, en 1991 dicho porcentaje ascendía a 56% y diez años más tarde se mantenía en 53% (Osatinsky, 2013).

Cuadro 10. Cantidad de puestos de trabajo en la Administración Pública Provincial en relación con población total de la provincia de Catamarca. Años 2010/2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP).

Como puede observarse en el Cuadro 10, esta situación continuará verificándose durante el siglo XXI. En 2017 de cada 1000 habitantes 104,2 eran empleados públicos (sólo a nivel provincial, sin contar nacionales ni municipales); superando la media nacional de 52 empleados públicos cada 1000 habitantes (SSPMicro, 2019). De ese modo, el porcentaje de empleados públicos en la provincia de Catamarca es el segundo más alto del país, luego de Formosa (DNAP, 2018).

3.3 Catamarca en el siglo XXI: “provincia minera”

Como ya se ha señalado, desde la década del noventa en la provincia de Catamarca comienzan a evidenciarse cambios en la estructura productiva ligados al desarrollo de la actividad megaminera en el marco de lo que se ha denominado “nuevo ciclo minero para la región” (OCMAL, 2015). La producción de bienes se transformó velozmente en uno de los principales sectores económicos, representando en 2005 el 57,7% del PBG provincial, siendo “Explotación de minas y canteras” el subsector más relevante significando casi un 30% del valor agregado provincial.

Al respecto, Machado Araoz (2009) analiza las condiciones que hicieron posible la instalación de la megaminería en la provincia de Catamarca. Por un lado, señala el “atraso” crónico de la economía provincial y su posición marginal en el desarrollo moderno-capitalista nacional, sumado a un contexto de desempleo estructural y pauperización económica, como factores que facilitaron en la década del noventa la generación de un clima de expectativas favorables hacia las promesas de “desarrollo” que las nuevas inversiones mineras traerían aparejadas. La megaminería se presentaba como aquel “motor de desarrollo” que permitiría a la provincia despegar económicamente, por lo cual oponerse era interpretado como obstáculo a las posibilidades de reactivación económica y de mejoras de las condiciones de vida de la población. En ese contexto, todos los requisitos exigidos por las empresas inversoras transnacionales (incluida la modificación a la legislación minera provincial)^[9], por más excesivos que pudieran ser, eran aceptados en pos de garantizar dicho desarrollo provincial.

Por otro lado, en aquel momento existía un profundo desconocimiento sobre el modo de explotación de este tipo de minería, diferente a la minería tradicional desarrollada en la provincia hasta el momento mediante pico y pala, en túneles y socavones. Dicha desinformación en parte tenía que ver con que se trataba de una actividad nueva en Argentina, y en América Latina en general, siendo Catamarca una de las precursoras en la instalación de la megaminería transnacional.

De ese modo, sostiene Machado Araoz,

[…] el ‘consentimiento (des)informado’ de la población local y su particular ‘vulnerabilidad’ respecto de un discurso desarrollista convencional constituirían el complemento local necesario que permitiría la intempestiva irrupción de la minería transnacional en ese territorio (2009: 206).

Uno de los elementos fundamentales por el cual la megaminería transnacional, como la que se instaló en la provincia de Catamarca, pudo hacer pie y desarrollarse en nuestro país ha sido el cambio en las normativas vigentes en el marco de las reformas neoliberales de la época. La transformación del marco regulatorio, nacional como provincial, para el desarrollo de la actividad minera fue requisito sine qua non para que las empresas transnacionales llegaran a la Argentina a hacer sus inversiones. Por un lado, como señalan Maristella Svampa, Lorena Bottaro y Marían Solá Alvarez (2009), la reforma constitucional de 1994 marcaría un antes y un después en la relación entre el Estado y los recursos naturales, ya que, por un lado, éstos se provincializaron dejando de depender del Estado nacional y, por otro, la explotación de los mismos no podría ser efectuada directamente por el Estado (nacional o provincial), obligando a su privatización.

Asimismo, se crearon una serie de legislaciones específicas para el caso de la minería que consistieron en el otorgamiento de beneficios y exenciones extraordinarias al capital transnacional. Entre las medidas implementadas se encontraban: estabilidad fiscal por treinta años, exención del pago de los derechos de importación, deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las ganancias, exención al descubridor del yacimiento del pago del canon por tres años; en cuanto al pago de regalías, se establece un porcentaje máximo del 3% al valor boca mina declarado por la empresa (y del cual se descuentan los costos que implica el proceso desde su extracción hasta el traslado para la exportación), exención a las empresas del pago de retenciones por exportaciones y la no obligación de liquidar divisas en el país (Svampa et al, 2009: 34). Con estos beneficios fiscales las empresas garantizarían su rentabilidad.

Las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca se constituyeron en lo que se denomina el núcleo duro del modelo minero, abriendo las puertas a la explotación de sus territorios y siendo las principales promotoras de las reformas legislativas mencionadas. En ese marco, los gobiernos provinciales han asumido un papel central en la instalación de la megaminería transnacional, sumado al rol fundamental que ha tenido el gobierno nacional poniendo todo el aparato estatal al servicio del modelo minero, de modo de favorecer las inversiones y eliminar todo obstáculo que pudiera poner en riesgo a las mismas (Svampa y Antonelli, 2009).

Ahora bien, este tipo de minería (a cielo abierto y transnacional) a diferencia de la minería tradicional se caracteriza por generar profundos efectos en el ambiente, no sólo por la cantidad de pasivos ambientales que produce, sino también por el requerimiento desmesurado de recursos como agua y energía. Para apropiarse de los minerales y concentrarlos, la minera a cielo abierto debe inicialmente volar montañas enteras para que puedan ser convertidas en rocas y triturarlas hasta alcanzar medidas ínfimas, que luego serán tratadas con un cóctel de sustancias químicas (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas) licuadas con enormes cantidades de agua, para separar y capturar los metales del resto de la roca (Rodríguez Pardo, 2008 citado por Svampa et al, 2009). A esto último se lo denomina proceso de lixiviación, el cual requiere, por un lado, productos químicos de efectos acumulativos y persistentes de alto impacto en la salud de las personas y el ambiente y, por otro, miles de litros de agua por segundo para licuarlos, los cuales son extraídos de ríos y reservorios naturales de agua cercanos (Colectivo Voces de Alerta, 2011).

De ese modo, las consecuencias de la minería a gran escala se manifiestan en la destrucción de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de cursos de agua, entre otros efectos devastadores en términos ecológicos, a los que se suman otro tipo de efectos vinculados a abusos políticos y económicos, que incluyen la usurpación inconsulta de territorios indígenas, la afectación de las economías locales, el incremento de la corrupción institucional y la violencia política, la manipulación y cooptación de dirigentes, medios de comunicación, entidades educativas y funcionarios judiciales, entre otros (Machado Aráoz, 2012). De la mano de las megaindustrias extractivas se establecen “zonas de sacrificio”, que coinciden generalmente con territorios campesinos e indígenas, y que constituyen una geografía de la extracción (radicada principalmente en los países del Sur) completamente diferente a la geografía del consumo de minerales (Europa Occidental, América del Norte y los países industrializados del Sudeste Asiático) como parte de las nuevas formas de imperialismo ecológico y racismo ambiental (Machado Aráoz, 2012: párr. 3).

Por otro lado, cabe mencionar que, si bien la generación de puestos de trabajo resulta ser un fundamento frecuentemente utilizado para inducir la legitimación social de la explotación, la megaminería transnacional no es gran demandante de mano de obra local^[10]. Así lo reconocía un informe del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación respecto a la creación de empleo por parte de la megaminería en Catamarca: “La creación de puestos de trabajo ha sido relativamente baja en relación al valor de la producción generado. Esto se corresponde con la tendencia mundial de la gran minería a incrementar la productividad en base a un uso intensivo de capital” (MHyFP, 2016).

Al respecto, Machado Aráoz sintetiza del siguiente modo lo acontecido con la megaminería transnacional en la provincia de Catamarca:

[…] la radicación del gran capital transnacional minero en el territorio provincial ha implicado, desde un punto de vista estructural, la configuración de un patrón de especialización productiva centrado en la explotación extractiva del patrimonio natural orientado al mercado externo, desencadenando una fuerte concentración de la estructura patrimonial, productiva y comercial de la geografía económica provincial, cuya contracara social es el creciente desplazamiento de vastos segmentos poblacionales. En un contexto tal, se fraguan las articulaciones de intereses que dan forma al actual escenario neocolonial: las elites gobernantes locales se alían al capital transnacional en un pacto de intercambio de ‘seguridad jurídica-legalidad’ por ‘recursos fiscales’, recursos éstos que alimentan, a su vez, las prácticas de asistencia sistemática de la población desplazada como otro término de la ecuación política de la gobernabilidad local (2009: 227).

Como toda economía de enclave, las empresas megamineras precisan de la articulación con los poderes políticos locales, en tanto son quienes dominan los mecanismos jurídico-políticos de otorgamiento de las concesiones de explotación, así como constituyen cierta garantía de la gobernabilidad y la seguridad jurídica de las inversiones (Machado Aráoz y Rossi, 2017). En este punto adquiere relevancia también la significativa participación del empleo público en la estructura económica de la provincia, el cual durante las primeras décadas del siglo XX ha tenido un proceso expansivo.

Al respecto, Machado Aráoz (2009) observa que las prácticas clientelares forman parte del entramado necesario para la efectivización del modelo megaextractivo en los territorios, dado que las acciones asistenciales de los gobiernos locales y del gobierno provincial constituyen dispositivos fundamentales para invisibilizar los efectos expropiatorios que el mismo conlleva. Estas acciones se ensamblan con un colosal despliegue (colosal teniendo en cuenta los limitados recursos económicos con los que cuentan las agencias públicas en dichos territorios) que realizan las empresas mineras hacia las poblaciones cercanas con el fin de obtener la licencia social. De ese modo, la empresa implementa una ingeniería de la legitimación mediante programas de asistencia a las comunidades en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)^[11] y la vinculación con las principales instituciones de la zona, sean escuelas, hospitales, municipios, clubes deportivos, entidades culturales, a quienes ofrecen apoyos económicos; capacitaciones; donaciones de equipamiento e insumos; auspicio con el logo de la minera; etcétera, de modo de lograr en la población la convicción de que “todo lo que se tiene viene de la minería” (Machado Aráoz, 2009). Dichas asistencias por parte de la empresa en la mayoría de los casos vienen a suplir deficiencias en la política estatal y actúan en el espacio que habilitan ciertas falencias estructurales en la zona, situación que hace más permeable al territorio a la introducción de este tipo de prácticas.

Por otro lado, como complemento estratégico de lo anterior, las empresas mineras buscan la aceptación de la población mediante la cooptación de dirigentes y organizaciones sociales. Es decir, desarrollan las acciones necesarias para lograr, en términos de Machado Aráoz (2009), “condiciones políticas de gobernabilidad de los nuevos escenarios neocoloniales”. En tal sentido, señala el autor,

[…] la gestión de las grandes corporaciones mineras se mimetiza en este punto con la acción asistencial-clientelar del Estado provincial, desarrollando bajo el revestimiento ideológico de la RSE, una vasta y sistemática política asistencial hacia las poblaciones aledañas como condición y efecto de lograr su licencia social (Machado Aráoz, 2009: 228).

Todo esto genera profundas consecuencias políticas, por lo que implica en términos de degradación institucional, y sociales, afectando gravemente las tramas sociales y comunitarias existentes, a partir de la división entre quienes “están con” y “están en contra” de la minera. Como observan Svampa y Antonelli,

[…] la megaminería a cielo abierto termina configurándose como una figura extrema, una suerte de modelo descarnado, en el cual las más crudas lógicas del saqueo económico y la depredación ambiental se combinan con escenarios regionales caracterizados por una gran asimetría de poderes (2009: 20).

3.3.1 “No es sequía, es saqueo”: Minera Bajo de la Alumbrera en Catamarca

En la provincia de Catamarca el paradigma megaminero dio inicio con la instalación de la mina Bajo de la Alumbrera, la cual no sólo constituyó el primer y más grande proyecto de megaminería a cielo abierto de la provincia, sino de la Argentina (e incluso uno de los más importantes de América Latina). Como observaba Machado Araoz, “la envergadura y las dimensiones del emprendimiento contrastan notablemente con las variables y los indicadores históricos de la geografía económica provincial” (2009: 208). Se trata de una mina dedicada a la explotación de un concentrado polimetálico, cuyos principales metales declarados son cobre, oro y molibdeno. Si bien fue adquirida en 1994, inició la explotación en la zona en el año 1997 y a lo largo de los años se ha caracterizado no sólo por ser una empresa transnacional, sino por ser objeto de una sucesión de fusiones, transferencias y adquisiciones entre diferentes holdings empresariales (Machado Araoz, 2009).

La mina Bajo La Alumbrera es operada por Glencore, que posee el 50 % del paquete accionario, y por las empresas canadienses Goldcorp y Yamana Gold, que cuentan con el 37,5% y el 12,5% respectivamente. Respecto a los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que es la empresa interestatal propietaria del yacimiento conformada por el gobierno de Catamarca (60%), la Universidad Nacional de Tucumán (40%) y el Estado nacional. YMAD ha constituido una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Minera Alumbrera para la explotación del yacimiento y percibe el 20% de las utilidades mineras (http://www.alumbrera.com.ar/quienes-somos/acerca-de-minera-alumbrera/).

El yacimiento Bajo de la Alumbrera se encuentra ubicado en el departamento de Belén, al NO de la provincia de Catamarca, a 400 kms de San Fernando del Valle de Catamarca, a 320 km de San Miguel de Tucumán, a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Si bien la planta de explotación y proceso se localiza en Catamarca, las acciones de la mina involucran otras tres jurisdicciones, dado que se abastece de energía eléctrica de la Central El Bracho mediante un tendido de alta tensión de 200 km que proviene de la provincia de Tucumán; el mineral concentrado se transporta hasta Tucumán a través de un mineraloducto para ser luego cargado en un ferrocarril hacia la terminal portuaria de la localidad Puerto Gral. San Martín, provincia de Santa Fe, donde se embarca a través del Río Paraná rumbo a mercados internacionales (Figura 3). Así mismo, en la Ciudad de Buenos Aires la mina Bajo de la Alumbrera tiene oficinas administrativas. Por otro lado, el Área Primaria de Influencia (API) de la mina, según información de la propia empresa, está conformada por los departamentos Andalgalá, Belén y Santa María.

Figura 3. Operación de Minera Alumbrera

Fuente: http://www.alumbrera.com.ar/quienes-somos/acerca-de-minera-alumbrera/

La minería a gran escala implementada en la provincia de Catamarca actúa como actividad de enclave^[12], de modo desarticulada de las tramas locales. En un informe realizado por el Ministerio de Producción de Catamarca en 2005, el mismo gobierno provincial señalaba que

La actividad extractiva metalífera, con el cobre como principal producto, se constituyó en el principal factor para el crecimiento de los indicadores macroeconómicos provinciales. No obstante ello, su funcionamiento con características de enclave, le impidió convertirse en motor de la economía provincial (DPPD, 2005 citado en Colectivo Voces de Alerta, 2011: 43).

La megaminería transnacional se despliega en los territorios con inversiones de gran envergadura, cuyo “derrame” no aparece en materia de mejoras sensibles en la calidad de vida de la población, pero sí en los efectos ambientales negativos que generan. Las localidades cercanas se favorecen con las donaciones y regalías de la minería, pero los beneficios que quedan en las sociedades locales parecen ser migajas con relación a la renta que retienen las empresas mineras transnacionales (Schweitzer y Petrocelli, 2015).

Por otro lado, Andrea Mastrangelo (2000) observa que los enclaves mineros, como el de Bajo de la Alumbrera, causan profundos cambios sociales vinculados a la reorganización de las relaciones sociales y pautas culturales dentro de la región que son comparables con los efectos causados por las actividades agroindustriales y las inversiones concentradas de capital realizadas en la ruralidad durante el siglo XIX. Según esta autora, la mina jugaría un rol similar al del ingenio, en tanto enclave que genera una “satelización” de todo aquello que no le integra.

El avance de emprendimientos megamineros como Bajo de la Alumbrera son comprendidos por Machado Aráoz y Rossi (2017) como una especie de “fascismo territorial”, en términos de Santos (2010), dado que con su despliegue en forma de enclave “el capital trasnacional regula socialmente a los habitantes del territorio sin su participación y contra sus intereses, previa neutralización y/o cooptación del Estado, cuando no de forma violenta, justamente en naciones que ya están marcadas por la huella colonial europea” (Machado Aráoz y Rossi, 2017: 278).

La explotación de la mina Bajo de la Alumbrera ha generado graves consecuencias en los territorios circundantes. Situada en una zona árida donde las precipitaciones promedio no superan los 150 milímetros anuales, la empresa requería para los procesos de lixiviación y transporte de concentrados la utilización de 100 millones de litros de agua diarios (Colectivo Voces de Alerta, 2011). Al respecto, Machado Araoz sostiene que

El uso abusivo de recursos hídricos ha afectado el nivel de las aguas superficiales y subterráneas, provocando un grave impacto negativo sobre las actividades agro-ganaderas de la zona. Asimismo, la empresa ha generado diferentes fuentes y casos de contaminación ambiental, entre ellos, las filtraciones del dique de colas que terminan percolando metales pesados y sustancias tóxicas a toda la cuenca del Río Vis Vis; al menos seis casos comprobados de derrames de concentrado de cobre con otros metales y sustancias tóxicas producidos por roturas en el mineraloducto que transporta el material para exportación; el volcado de efluentes líquidos contaminantes en la cuenca hídrica del Salí-Dulce (2012: párr. 11).

Cabe destacar que, según datos brindados por la empresa, Minera Bajo de La Alumbrera contó con un permiso provincial de la Secretaría de Ambiente de Catamarca para la extracción de 1200 litros por segundo de agua subterránea del Campo de los Pozuelos^[13], un acuífero con reservas de agua fósil de más de 60 millones de años y 4.700 km2 de extensión. Allí la empresa se apropió de buena parte de la superficie de la cuenca para la instalación de pozos de bombeo y un acueducto de 21 km que conduce el agua hasta la mina (Minera Alumbrera, 2015). Esto ha traído aparejado graves consecuencias ambientales en la zona, dado el proceso de expropiación territorial y la destrucción de fuentes de agua y de reservas acuíferas que dicha explotación ha implicado.

Por otro lado, a pesar del significativo incremento en el PBG que ha representado la explotación megaminera en la provincia, con Bajo de la Alumbrera a la cabeza, la evolución de los indicadores estadísticos de pobreza estructural desde 1990 hasta entrada la primera década de este siglo no habían variado, posicionando a la provincia en su ubicación histórica entre las diez jurisdicciones con más altos niveles de pobreza estructural del país (Machado, 2009). Los ingresos provinciales generados a partir de la explotación minera crearon cierta ilusión monetaria con importantes consecuencias político-económicas, dado que producían lo que Machado Aráoz describe como

el doble efecto de solapar el proceso expropiatorio (en cuanto pérdidas netas de capacidades y condiciones productivas de y en el espacio socioterritorial local) y, correlativamente, de montar un dispositivo de construcción de la gobernabilidad política basado en la dependencia material de la población respecto de las finanzas estatales (2009: 227).

El incremento del PBG y de las exportaciones provinciales vinculadas a la minería no solo no se tradujeron en una mayor demanda de fuerza de trabajo y mejores condiciones de vida para la población, sino que se vieron acompañadas por una profundización de la desigual distribución de recursos como agua y energía y la multiplicación de los niveles de contaminación en la región (Mastrangelo, 2004; Machado Aráoz, 2009; Colectivo Voces de Alerta, 2011; Osatinsky, 2014).

Y la verdad nos hizo mucho daño cuando estuvo Alumbrera porque ellos en realidad nos están levantando lo que es el tema del agua, y digamos, los aires contaminados que caen son los primeros afectados es mi comunidad, porque estamos bastante cerca, estaremos a 50, 60 km aproximadamente, en línea recta ¿no? Y eso está haciendo mucho daño, tanto para las personas, las plantas, los animales (cacique de Famabalasto, entrevista, diciembre 2020).

Tal como señalan Machado Aráoz y Rossi (2017), en el caso de Bajo de la Alumbrera se evidencia una fractura sociometabólica^[14] en tanto erosión del tejido productivo local mediante la afectación en la cantidad y calidad de los bienes ecosistémicos de los que dependen las actividades productivas. El despliegue de megaminería generó profundas alteraciones de las prácticas productivas, de las configuraciones territoriales y de los entramados sociocomunitarios y culturales en general que hacen a las condiciones estructurales de la productividad de las economías locales (Machado Aráoz y Rossi, 2017). El agua, en ese sentido, constituye un elemento central, cuyos requerimientos por parte de la explotación minera generan un desplazamiento directo de economías domésticas cuyas actividades agrícolas son completamente dependientes del riego, como en el caso del valle de Santa María (Machado Aráoz y Rossi, 2017).

Por lo tanto, la instalación de la mina significó un importante proceso de reconfiguración territorial que implicó, por un lado, cambios vinculados directamente con los impactos socioambientales producto del proceso extractivo y, por otro, transformaciones de orden material y simbólico, particularmente en las áreas de influencia del emprendimiento (Goldfrid, 2017). Tras años de explotación de la Mina Bajo de la Alumbrera la población catamarqueña comenzó a conocer las consecuencias sociales y ambientales que van de la mano de este tipo de emprendimientos megamineros.

[…] yo me acuerdo éramos chicos nosotros, éramos alumnos de escuela cuando ha venido la minera La Alumbrera, a engañarnos, a decirnos que terminemos la escuela para que tengamos trabajo, que los padres iban a tener…y todo era un engaño, una mentira, para que nuestros padres dijeran sí…no vaya a ser que nadie se queje, como antes no había ninguna organización, entonces la minera ha entrado tranquila…y ha hecho lo que ha querido, y por eso estamos como estamos ahora en Santa María, si ahora la minera nos corta el agua, nos corta la luz allá y no tenemos luz aquí en Santa María y agua tampoco, y el agua se comenzó a agotar en las vertientes, los cerros, ya no podemos sembrar, no se siembra nada y es por la minera, porque tantos pozos que han hecho, entonces nos chupan todo el agua, nos han contaminado, ya estamos contaminados, ya está totalmente contaminado, ojalá digan que no, pero es real lo que está pasando (Secretaria General UPND Catamarca, entrevista, febrero 2020).

El aparente consenso comenzó a resquebrajarse al ritmo de las crecientes movilizaciones y la amplificación de las voces de rechazo a los modelos neoextractivistas en todo el territorio nacional. Ya durante los primeros años del milenio diferentes pueblos comenzarían a organizarse para expresar su desacuerdo con el avance de este tipo de iniciativas en contextos locales. El caso del “No a la Mina” en Esquel, en la provincia de Chubut, fue emblemático en ese sentido, ya que en 2002 mediante un referéndum popular vecinas y vecinos autoconvocados lograron frenar el desarrollo megaminero en dicha localidad, sirviendo de inspiración y referencia para las luchas antimineras en el país y la región.

Luchas como esa se multiplicaron a lo largo de la cordillera para decir “No a la megaminería contaminante”, articulándose con diversidad de resistencias en diferentes rincones del país que se levantaron para oponerse a los desmontes, a las fumigaciones ligadas al modelo de los agronegocios, a la instalación de mega plantas de tratamiento de celulosa (pasteras), a los monocultivos forestales, y a todo mega emprendimiento que atentara contra la biodiversidad, la vida y las territorialidades existentes.

En ese marco, los primeros años de 2000 comienzan a organizarse vecinos/as de diferentes puntos de la provincia de Catamarca denunciando los daños ambientales ocasionados por la actividad minera de Bajo de La Alumbrera, así como las sucesivas roturas del mineraloducto y la contaminación. La lucha de las organizaciones locales se fue articulando a nivel regional y nacional. Como ya se ha mencionado en el Capítulo 2, diferentes espacios organizativos se crearon por esos años: la Red CAMA (Comunidades Afectadas por la Minería en Argentina); Plenarios Ambientales del NOA; y la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) que permitió la vinculación de diferentes resistencias locales y luchas ambientales a nivel nacional.

En ese contexto, de rechazo explícito y mayor conciencia por parte de las poblaciones acerca de las consecuencias de este tipo de iniciativas extractivistas, la minería a cielo abierto fue perdiendo legitimidad en la provincia de Catamarca. La aceptación que supo tener en los ’90 fue diluyéndose y los cuestionamientos fueron cada vez más generalizados. Si bien los poderes institucionalizados de la provincia continuaron su apuesta interesada por el desarrollo de este tipo de inversiones en Catamarca, sus estrategias debieron acomodarse a los nuevos escenarios, con acciones poco más sutiles, si es que deseaban contar con el apoyo de una buena parte de la población.

Para hacer referencia a la emergencia de estas luchas socioambientales, Svampa (2012) habla de un “giro eco-territorial” de las luchas, a partir de la convergencia de una multiplicidad de actores sociales locales y disputas territoriales, que permitió la articulación de nacientes asambleas ciudadanas de distintos pueblos con movimientos campesinos y comunidades indígenas, así como con organizaciones ecologistas (García Guerreiro et al, 2018). Una de las principales resistencias populares en rechazo a la expansión de proyectos megamineros en la provincia de Catamarca se encuentra en Andalgalá, donde desde el año 2010 vecinos/as se convocan en asamblea para expresar su rechazo e impedir la instalación del proyecto Agua Rica en dicha localidad, un nuevo yacimiento tres veces más grande que La Alumbrera para la extracción de oro, cobre y molibdeno mediante su explotación a cielo abierto.

En el marco de importantes movilizaciones populares que involucraron a gran parte del pueblo de Andalgalá en rechazo al extractivismo y la destrucción que condensaba un proyecto como Agua Rica, nació la Asamblea El Algarrobo como espacio organizativo autoconvocado. La respuesta por parte de los gobiernos consistió principalmente en persecuciones y fuertes represiones que dejaron como resultado decenas de vecinos/as detenidos y heridos. A pesar de ello, desde 2010 todos los sábados el pueblo de Andalgalá se da cita para hacer las “caminatas”, como un modo de manifestación colectiva por la vida, en defensa del agua y el territorio, para frenar la instalación de dichos mega emprendimientos mineros.

En 2021 este yacimiento se integró en un nuevo proyecto denominado MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), propiedad de las multinacionales Yamana Gold (56,25 %), Glencore International AG (25 %) y Newmont Corp. (18, 75%), que asoció Minera Agua Rica Sucursal Argentina y Minera Alumbrera Limited. Cabe destacar que en el año 2018 la mina Bajo de La Alumbrera declaró el fin de su ciclo de vida y comenzó la etapa de cierre y remediación. A pesar de ello ese mismo año se aprobó la extensión de la explotación por 10 años más de manera subterránea. Hasta el momento no se cuenta con información precisa sobre las medidas de mitigación ambiental previstas, ni evaluaciones de impacto ambiental por la extensión de la vida útil por parte de la empresa, lo cual hace difícil dimensionar los daños ocasionados y el carácter irreversible de los mismos sobre acuíferos y ambiente en general (Machado Aráoz y Rossi, 2017).

Mediante la integración empresarial que resultó en la creación del Proyecto MARA, la minera Bajo de La Alumbrera tendría su continuación y ampliación con la puesta en marcha del yacimiento Agua Rica, el cual haría uso de las instalaciones y equipamiento ya invertido por la primera. Así lo manifestaba en su página web:

La integración crea sinergias significativas al combinar la infraestructura sustantiva existente que se utilizaba anteriormente para procesar el mineral de la mina Bajo de la Alumbrera- durante su vida útil, incluidas las instalaciones de procesamiento, una instalación de almacenamiento de relaves totalmente permitida, tuberías, instalaciones logísticas, edificios auxiliares y otra infraestructura, con la futura mina a cielo abierto Agua Rica (https://www.infomara.com.ar/yamana-gold-anuncia-la-integracion-del-proyecto-agua-rica-y-la-planta-de-alumbrera-ymad-ute/, 29/01/2021).

Sin embargo, y a pesar de los reiterados intentos, el comienzo de la explotación de Agua Rica se ha visto imposibilitado, frenado por las acciones colectivas y movilizaciones llevadas a cabo por una buena parte de la población catamarqueña que una y otra vez se levanta y persiste en rechazo a un modelo de desarrollo megaminero que no cuenta con licencia social y que es denunciado por los impactos ambientales y sociales negativos que conllevaría en caso de implementarse en el territorio.

3.3.2 Cambio en el perfil, megaminería al fin

El cierre de la mina Bajo de La Alumbrera (a partir de 2018) tuvo su impacto en la estructura productiva de la provincia de Catamarca. Según un informe del Ministerio de Hacienda de Nación, a partir de ese momento “el perfil minero de Catamarca y su importancia a nivel nacional sufren una notable modificación” (SSPMicro, 2019). La minería metalífera, que en 2016 representaba el 76% del valor provincial, fue disminuyendo su centralidad, dando lugar a una mayor participación de la minería no metalífera; en particular, de la explotación de litio.

Así, el litio se convertirá en el principal producto de la minería provincial. En el año 2012 en Catamarca se extrajeron 5.638 toneladas de óxido de litio (el 98% del total nacional) (DNAP, 2018) y en 2019 la provincia aportaba el 58% del carbonato de litio producido en el país, mostrando una tendencia general hacia el aumento de la producción, a partir de una demanda creciente en el mercado mundial (SSPMicro, 2019). La extracción y procesamiento del litio se desarrolla, al igual que las demás explotaciones mineras, según el régimen minero general legislado en el Código Minero y la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196/93, que –como ya se ha mencionado– desreguló la actividad del sector, otorgando a las empresas grandes beneficios que incluyen amplias facilidades arancelarias, desgravación impositiva, estabilidad fiscal por 30 años y limitadas regalías provinciales (Svampa y Antonelli, 2009).

En Catamarca la extracción de litio comenzó a realizarse a mediados de la década del noventa. La corporación FMC (a través de su filial Minera del Altiplano S.A.) desembarcaba en la provincia en los mismos años en que se instalaba la mina Bajo de La Alumbrera, en un contexto de incremento en la producción de baterías en base al litio para diferentes tipos de dispositivos, como celulares y computadoras portátiles. Sin embargo, en las últimas décadas la demanda de este mineral creció exponencialmente –con el consiguiente aumento de su precio internacional– promovida por discursos que presentan al litio como la salida del laberinto de la “crisis energética” y el “cambio climático”, en tanto materia prima clave para la transición hacia una matriz energética “verde” y la electromovilidad. La expansión de inversiones vinculadas a la producción de autos eléctricos alimentados por baterías de litio constituye un ejemplo de la apuesta futura que este mineral representa como recurso estratégico para los gobiernos y empresas transnacionales involucradas.

La extracción de litio se realiza principalmente mediante métodos de evaporación y decantación en salmueras; en el caso de Catamarca en salares ubicados en humedales altoandinos. Cabe mencionar que dichos territorios forman parte de lo que se conoce como “triángulo del litio”^[15], una zona geográfica que ocupa parte de Bolivia, Chile y Argentina y que es considerada la mayor reserva de litio a nivel global.

Según información del Ministerio de Minería de Catamarca, a 2022 en la provincia existía un sólo proyecto de extracción de litio en etapa de producción-expansión (Fénix de Livent Corporation), dos en etapa de Construcción de planta para producir (Sal de vida de Galaxi Resources LTD y Tres Quebradas de Neo Lithium LTD), dos en etapa de exploración avanzada, cinco en exploración inicial y otras cinco en etapa de prospección^[16]. En total se trata de 15 proyectos que se proponen la explotación del litio en la provincia, 13 de los cuales se ubican en el departamento de Antofagasta de la Sierra.

La empresa Livent (ex FMC Corporation) opera mediante el Proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto desde el año 1997 y, siguiendo los testimonios de las poblaciones aledañas, no sólo no ha “derramado” beneficios significativos que implicaran una mejora en la calidad de vida de las comunidades locales, sino que ha generado profundos impactos ambientales negativos e irreversibles, fundamentalmente ligados al formidable consumo de agua que efectúa y la consecuente destrucción de acuíferos y cursos de agua como es el río Trapiche y el río Los Patos (principales fuentes de agua en la zona) y las vegas que de los mismos se derivan. “El secado de vegas y ríos es apenas la punta del iceberg de un deterioro ambiental sobre el frágil equilibrio de la Puna y la violación de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades que habitan el lugar” se afirma en un comunicado publicado en 2020 por la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA)^[17].

A pesar de las diversas resistencias y manifestaciones populares en rechazo al extractivismo, los gobiernos de la provincia de Catamarca y de la Nación en los últimos años han ratificado su apuesta al modelo de desarrollo megaminero transnacional mediante el fomento de inversiones para la extracción de litio en diferentes puntos de la provincia. En el marco de la llamada “transición energética” el litio se convierte en un recurso potencialmente estratégico^[18] para los intereses gubernamentales.

En los últimos años se evidencia un avance significativo en la decisión de profundizar la exploración y explotación de los salares. En efecto, desde 2007 a la actualidad, “prácticamente la totalidad de la superficie de los salares y a la vera de los salares de la puna de las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy ha sido ‘pedimentada’” (Slipak y Argento, 2022: 27). Esto se ha visto acompañado por la conformación de espacios institucionales y acuerdos sobre su explotación (como es la creación de la Mesa Nacional de Litioen abril de 2021 y de la Región Minera del Litio en Octubre de 2021, integrada por las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, o los convenios entre YPF, universidades nacionales y gobiernos provinciales). Así mismo, se observa un despliegue de nuevos emprendimientos con el ingreso de inversiones de capitales transnacionales, principalmente en el marco de los diferentes memorándums de entendimiento firmados con empresas de la República Popular de China. Catamarca en ese escenario asume un protagonismo especial, que se pone de manifiesto en el momento en que uno de los primeros sitios que visitaron el ministro de economía y el ministro de educación de la nación del gobierno de Alberto Fernández haya sido el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Página/12, 8/3/2021) o bien que en diciembre de 2021 hayan designado como secretaria de minería de la nación a la catamarqueña Fernanda Ávila, ex ministra de minería de Catamarca.

3.4 Transformaciones recientes en la ruralidad de Santa María

El departamento Santa María, ubicado al norte de la provincia de Catamarca, cuenta con una superficie de 5796 km2, limitando al Norte con la provincia de Salta, al Este con la provincia de Tucumán, al Oeste con los departamentos Belén y Antofagasta de la Sierra y al Sur con el departamento Andalgalá. La Ruta Nacional 40 atraviesa de Sur a Norte el departamento a lo largo de 100 km, comunicando las principales localidades desde Punta de Balasto hasta Fuerte Quemado, pasando por las cabeceras municipales de San José y Santa María.

Cabe destacar la comunicación de la localidad de Santa María con las principales ciudades de las provincias vecinas, que en algunos casos son más cercanas que la ciudad capital provincial, lo cual resulta determinante para las dinámicas sociales y económicas locales. Santa María se encuentra a 275 km de la ciudad de Salta, a 200 km de San Miguel de Tucumán y a 349 km de San Fernando del Valle de Catamarca.

Santa María constituye un territorio mayormente montañoso en la región sur de los Valles Calchaquíes, con una altura promedio de 2000 msnm, que se compone por dos valles: el Valle de Yocavil, atravesado por el río Santa María, y el alto Valle del Cajón, alimentado por el río homónimo y sus afluentes. El Valle de Yocavil limita al Este con la sierra del Aconquija y al Oeste con la sierra del Cajón. El Valle del Cajón se encuentra en una zona de mayor altura, limitando al Oeste con la región de la puna catamarqueña y al norte con la provincia de Salta (Figura 4). Toda la zona presenta un marcado déficit hídrico anual, con precipitaciones que oscilan alrededor de los 180 mm anuales.

Figura 4. Mapa político de la provincia de Catamarca y acercamiento al departamento Santa María

Fuente: Elaboración propia en base a mapa del Instituto Geográfico Nacional

En términos de organización político-administrativa, el departamento se encuentra dividido en dos municipios: Santa María y San José. La Municipalidad de Santa María posee además cuatro delegaciones comunales (Fuerte Quemado, Chañar Punco, Loro Huasi y San Antonio del Cajón), mientras que la Municipalidad de San José cuenta con una delegación municipal en La Hoyada.

El departamento de Santa María en 2010 contaba con una población total de 22.548 habitantes^[19], de los cuales 17.030 (más del 75% de la población del departamento) se encuentran en el municipio de Santa María. Si bien San José es la jurisdicción más extensa con 4.302 km2 (casi el 75% de la superficie departamental), su población es de 5.518 habitantes (Cuadro 11). Cabe destacar que, de los 5982 hogares censados en el departamento, 819 (13,7 %) presentaban necesidades básicas insatisfechas (NBI); más de cuatro puntos por encima del 9,1 % que representaban los hogares con NBI a nivel nacional (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010).

Cuadro 11. Población del departamento Santa María (Catamarca) por municipio y localidad según sexo. Año 2010

Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Catamarca en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010).

Algunos autores señalan que lo que ha caracterizado históricamente a la región occidental de la provincia de Catamarca (que agrupa los departamentos de Andalgalá, Pomán, Belén, Tinogasta, Santa María y Andalgalá) son las limitaciones estructurales que debe afrontar la población para el desarrollo de la vida, ya sea por la escasez de agua para la producción, los altos niveles de marginalidad, la carencia de infraestructura, la creciente dependencia que genera el empleo público, entre otras (Valiente, 2014). Sostiene Mastrangelo:

La información geográfica y estadística recolectada describe al Oeste catamarqueño como un mundo donde predomina la negación –no pueden– y la exclusión –no hay, no tienen– pero no da indicios para entender cómo a pesar de tener ‘un nivel de vida más bajo que el resto de Argentina’ esta parte del país se ha mantenido poblada y produciendo (2004:33).

Respecto a la estructura productiva de la región oeste, si bien en las últimas tres décadas se destaca la producción minera como la actividad económica predominante, la agricultura y la ganadería se mantienen como las actividades tradicionales y principal sostén de las economías locales.

En el caso del departamento Santa María –que es el recorte geográfico de esta tesis–, se destaca la producción agrícola vinculada al cultivo de comino, pimiento para pimentón y otras especias, cereales y frutales, en particular nogal y vid. Estos productos son procesados mayormente en molinos e industrias locales. Así mismo, es significativa la producción de alfalfa y maíz, que cumplen una importante función forrajera para la ganadería. Por su parte, la actividad ganadera asume protagonismo, ya sea vacuna, ovina, caprina y de camélidos para la producción de leche y derivados, carne, lana y fibra, cuyo destino es principalmente el autoconsumo y el mercado local. A su vez, Santa María, y todo el Valle Calchaquí, cuenta con una fuerte tradición de producciones artesanales, ya sea de dulces, alfarería y tejidos, articuladas a la actividad turística, la cual en la última década mostró una fuerte expansión.

En cuanto al empleo público, en el departamento de Santa María los trabajadores municipales representaban en 2021 cerca del 10% de la población (en Santa María hay 1134 empleados municipales y en San José 252), según datos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Si sumamos a esta cifra los trabajadores estatales nacionales y provinciales (principalmente vinculados al sistema educativo y de salud), encontramos que el empleo público constituye un dato significativo en lo que refiere al mercado de trabajo a nivel local.

Ahora bien, es preciso señalar ciertas transformaciones que pueden observarse en el departamento de Santa María en las últimas cuatro décadas. Una de ellas refiere a cambios demográficos vinculados al crecimiento poblacional de las cabeceras municipales (Santa María y San José) que “pasaron a convertirse en pequeñas ciudades o pueblos principales en crecimiento que articulan espacios agrarios, rurales y urbanos, y generan ciertas sinergias locales” (Cruz y Morandi, 2017: 234). Si se observan los datos de los Censos Nacionales de Población de 1991 en adelante (Cuadro 12) puede verse una tendencia demográfica creciente en las principales zonas urbanas de Santa María y San José. Esto es algo que se expresa de manera generalizada en toda la región, donde la implementación de políticas sociales (de infraestructura, vivienda, etc.) acompañaron y fueron funcionales a los “procesos de vaciamiento territorial” (Alimonda, 2011); fenómeno vinculado, a su vez, a la expansión del capitalismo extractivo en los territorios rurales.

Cuadro 12. Población del departamento Santa María (Catamarca) por localidad. Año 1991, 2001 y 2010

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población y Viviendas (INDEC, 1991; 2001; 2010).

Una de las transformaciones que ha afectado estructuralmente la realidad de los mundos rurales de la región ha sido la ruptura del clivaje de trabajo zafrero que formó parte de las estrategias laborales de buena parte de la población de la zona desde fines del siglo XIX. Algunos estudios estiman que en Santa María la magnitud de la migración a comienzos de la década del setenta alcazaba unas 5.000 personas.

Es decir, que el departamento de Santa María, que en 1970 tenía según el Censo Nacional 11.106 habitantes, debería tener más de 16.000 en épocas en que la totalidad de la población se encuentra en sus hogares. Este número de 5.000 representaría entonces el 31,25 % de la población total del departamento (Herrán, 1979: 185).

Como ya se ha mencionado anteriormente, en la actualidad el trabajo migrante transitorio asalariado en la zafra y en los ingenios azucareros tucumanos, salteños y jujeños prácticamente ha desaparecido. Esto ha generado reconfiguraciones laborales y productivas en las familias campesinas del departamento. Sin embargo, se mantiene la combinación de ciertas estrategias laborales de migración estacional, ya sea en otras localidades de los valles para el trabajo en la cosecha de la vid o en el turismo (estival e invernal), así como mediante migraciones largas y cíclicas hacia otras zonas del país con agricultura intensiva (citricultura y arándanos en Tucumán, vid en Mendoza, peras y manzanas en el Alto Valle del Río Negro, etc) (Cruz y Morandi, 2016: 10). Asimismo, cabe mencionar la demanda de mano de obra asalariada no permanente por parte de empresas prestadoras de servicios vinculadas a la actividad minera, las cuales realizan contrataciones temporales para el trabajo en construcción, arreglo de caminos, limpieza y gastronomía, etc. y que forman parte de las estrategias laborales de la población santamariana.

A su vez, en términos socio productivos en el departamento Santa María en las últimas décadas se identifican cambios en el uso de las superficies tradicionalmente dedicadas a la producción agropecuaria, ya sea por decrecimiento, abandono y/o desplazamiento de la actividad (Cruz y Morandi, 2017). A partir de los datos de los últimos censos agropecuarios se puede identificar la evolución de la cantidad de explotaciones agropecuarias en el departamento, las cuales en el último CNA 2018 muestran un aumento significativo, pasando de 643 en 2002 a 1026 EAP en 2018, es decir, un crecimiento del 60%. Sin embargo, la superficie destinada a la explotación agropecuaria disminuyó notablemente, ocupando en 2018 una superficie 70% menor que en 2002 (Cuadro 13).

Cuadro 13. Explotaciones agropecuarias y superficie por tipo de delimitación, en unidades y hectáreas. Depto. Santa María (Catamarca). Año 1988, 2002, 2008 y 2018

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNA 1988, 2002, 2008 y 2018.

Ahora bien, si se observan los datos de modo comparado entre el CNA 2002 y 2018 encontramos que en ese período no sólo han aumentado significativamente la cantidad de EAP, y ha disminuido notablemente la superficie destinada a la producción agropecuaria, sino que, a su vez, ha crecido fuertemente la cantidad de EAP cuya extensión es inferior a 25 hectáreas. Como se expresa en el siguiente cuadro (Cuadro 14), las EAP de menos de 25 ha que en 2002 constituían el 64,4% de las EAP y ocupaban menos del 0,7% de la superficie, en 2018 representan el 89% del total de las EAP, ocupando el 3,2% de la totalidad de la superficie destinada a la actividad agropecuaria. En 2018 el 66% de las EAP del departamento tenía menos de 5 hectáreas y ocupaba el 0,2% de la superficie agropecuaria. Podríamos inferir de estos datos que hubo un fuerte proceso de subdivisión de EAP, lo que algunos autores denominan minifundización (Cruz et al, 2021).

Estas transformaciones pueden comprenderse como resultado de la convergencia de varios factores. Por un lado, se destacan las crisis de los principales cultivos comerciales de la zona, en particular el tomate y el pimiento para pimentón, cuya producción y área cultivada merman año a año de forma significativa (Cruz y Morandi, 2017). Asimismo, esto coincidió con el incremento de otras producciones como el nogal y la vid, vinculado a la expansión de la agricultura empresarial impulsada durante la década de 1990 a partir de los beneficios de la Ley Nacional de Desarrollo Económico Nº 22.021/82 (y su modificatoria 22.702/82) de diferimiento impositivo y exención de impuestos nacionales para las actividades agropecuarias en la provincia de Catamarca. A su vez, se evidencian ciertas reconversiones productivas vinculadas a la implementación de proyectos y programas estatales, principalmente en las explotaciones campesinas, así como el ingreso de capitales foráneos que adquieren pequeñas y medianas fincas para la instalación de plantaciones intensivas de nogales, viñedos y bodegas (Cruz y Morandi, 2017).

Cuadro 14. Explotaciones agropecuarias con límites definidos por escala de extensión, en unidades y hectáreas. Depto. Santa María (Catamarca). Comparación 2002-2018

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNA 2002 y 2018.

Por otro lado, en el valle de Santa María las transformaciones socioproductivas no estuvieron desvinculadas de la cuestión del acceso y uso del agua, principalmente teniendo en cuenta la incidencia que tiene la misma en la estructura socio productiva local, dadas las características del suelo y del clima en la región (limitadas precipitaciones, alta evaporación, suelo arenoso que facilita la infiltración superficial, etc.). Como señala Mastrangelo (2017), en la zona se observan, por un lado, unidades productivas de tipo familiar y campesinas con disponibilidad de agua escasa a un costo relativamente alto y, por otro, grandes inversiones vitícolas y mineras que se apropian de importantes caudales de agua subterránea mediante perforaciones y bombeo.

Mientras los pequeños-medianos productores utilizan agua de captación y circulación superficial regando por inundación parcelas agrícolas, las otras dos actividades económicas extraen por bombeo electromecánico agua subterránea. Las explotaciones comerciales de vid riegan por goteo, mientras que la minería utiliza 1.250 veces más agua que la tecnología agrícola de riego por manto, en la misma unidad de tiempo (turno de riego) (Mastrangelo, 2017: 189).

La cada vez más pronunciada escasez hídrica en la zona, como resultado directo de la actividad minera y de la multiplicación de pozos en emprendimientos vitícolas, tiene un profundo impacto en los volúmenes de producción, la calidad de los cultivos y la consecuente disminución de la superficie cultivada por campesinos y pequeños productores. Al respecto, una autoridad comunitaria de la UPND de Catamarca sostenía:

[…] en el caso de minería, más que todo a cielo abierto como ya lo estamos pasando, pero si lo estamos sufriendo el impacto, las consecuencias de estas cosas porque nosotros mismos lo vemos, en nuestros lugares, que cada vez tenemos menos agua, cada vez tenemos más pestes en los animales, en la ganadería porque mayormente la mayoría de nosotros vivimos de la ganadería, de la agricultura, así sustentable que es tan solamente para el consumo interno de las comunidades, de las familias, y bueno, eso nos afecta. Hoy vemos cada día como que se van agotando esos recursos (cacique de la Comunidad originaria Cerro Pintao, Conferencia de prensa UPND en la ciudad de Catamarca, 1/11/2021).

Si bien en todo el valle el tipo de producción campesina tiene una fuerte presencia, en las últimas décadas se observa una acentuada vulnerabilidad del sector ligada a rendimientos decrecientes y al incremento de la superficie apta no cultivada. En tal sentido, Rodolfo Cruz y Jorge Morandi señalan que

Si bien no se observa en el valle de Santa María un cambio en las vocaciones productivas, sí hubo modificaciones en la importancia relativa de ciertos productos en la estructura productiva general, en las cantidades producidas y en el tipo social agrario productor que dinamiza la economía comercial. El peso socioeconómico de la producción de campesinos y productores familiares capitalizados se fue diluyendo en el tiempo, tanto como el número de fincas y productores (2017: 237).

Finalmente, cabe mencionar la importancia de los procesos de emergencia indígena a nivel provincial, y en Santa María en particular. El autorreconocimiento étnico y la organización (inter)comunitaria indígena constituirá un elemento con efectos territoriales significativos –como veremos en los capítulos subsiguientes–. La presencia de las comunidades diaguitas será parte de las transformaciones políticas, culturales y económicas de la zona, al igual que la expansión del trabajo en torno a sitios arqueológicos –que se profundizará en las últimas décadas– y la revalorización cultural indígena en el marco de procesos de apropiación y usos del pasado por parte de instituciones oficiales.

Al respecto, cabe destacar que desde comienzos del nuevo milenio desde el municipio de Santa María comenzó a implementarse un programa de “rescate de la memoria” con el fin de revalorizar el pasado indígena (Rodríguez, 2004). Dicho programa incluyó la promoción de circuitos de “turismo cultural y/o arqueológico”, como también la construcción de diferentes obras y monumentos en lugares específicos de la ciudad de Santa María, basadas en la representación de iconografías y simbolismos indígenas, disputando sentidos, apropiaciones y usos del pasado^[20]. Es el caso del monumento a la “Pachamama” (Figura 5) a la entrada de la ciudad.

Figura 5. Monumento a la Pachamama sobre la Ruta Prov. 357 a la entrada de Santa María.

Cabe señalar que en la ciudad de Santa María en diferentes construcciones y murales se puede apreciar una recuperación de la estética y la simbología indígena (Figuras 6 y 7).

Figura 6. Entrada al predio ferial Yokavil en la ciudad de Santa María.

Figura 7. Mural en la ciudad de Santa María con símbolos diaguitas y una leyenda en aerosol que manifiesta “Nuestra vida vale más que la mina.

Respecto de los usos del pasado y la construcción de “memorias dominantes” (Briones, 1994 citada en Rodríguez, 2004), es preciso señalar la controvertida construcción del Museo Arqueológico Minero o Complejo “Juan Calchaqui” (Figura 8) en pleno centro de la ciudad de Santa María, un intento por compatibilizar la explotación megaminera transnacional con la (re)emergencia étnica y la revalorización de la historia indígena del Valle Calchaquí. Dicha obra tuvo un rechazo rotundo por parte de las comunidades diaguitas y organizaciones socioambientales de la zona y, al parecer, nunca se inauguró.

Figura 8. Museo Arqueológico Minero o Complejo “Juan Calchaqui” en la ciudad de Santa María.

3.5 La “última diaguita” o la formación local/provincial de alteridad en Catamarca

Los días 6 y 7 de mayo de 2016, en la localidad de Fiambalá, los gobiernos municipal y provincial organizaron lo que ellos mismos denominaron el “1° Encuentro de Pueblos Originarios Andinos”. En dicho evento, con una placa en su honor, según informa uno de los diarios con mayor distribución de la provincia, se buscó “homenajear a la mujer destacada del año, Lorenza Mamaní, diaguita de pura sangre, que fue reconocida a nivel nacional por su vida en una de las zonas más inhóspitas de la provincia. A los 90 años, sigue trabajando en el cuidado de la tierra y sus animales” (El Esquiu, 26/04/2016).

Lo interesante es que en el mismo momento en que se llevaba a cabo dicho encuentro y acto en homenaje a la “última diaguita” –como era definida Lorenza Mamaní por los medios gráficos locales– se desarrollaba la asamblea mensual de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) de Catamarca en la comunidad indígena de Corral Blanco en el departamento Belén. Con la participación de las diferentes comunidades integrantes de dicha organización, dicha asamblea se presentaba como la clara expresión de una identidad diaguita colectiva e intercomunitaria arraigada en el territorio, en pleno proceso de expansión, con una cada vez mayor visibilización política en el escenario provincial.

El hecho resulta aún más sugestivo si tenemos en cuenta que por mucho tiempo en la provincia de Catamarca primó el relato histórico de la extinción de los indígenas. Ya sea mediante su exterminio o su desnaturalización y posterior asimilación a la sociedad nacional mediante el mestizaje, “los indígenas habían desaparecido”. Hasta el día de hoy se encuentra difundida la idea de que la cuestión de “los indios” o “lo indígena” refiere a hechos del pasado prehispánico, idea que se refuerza aún más en los territorios catamarqueños caracterizados por la abundancia de sitios e investigaciones arqueológicas dedicadas a descifrar los orígenes de dichos vestigios.

Al respecto, en su trabajo sobre el rol que juegan las narrativas arqueológicas en la conformación del imaginario de lo indígena y su historia en la provincia de Catamarca, Quesada et al. sostienen:

Esta narrativa en el contexto histórico-político particular en que vivimos, donde la presión sobre las tierras de comunidad se ha incrementado, produce que las posibilidades de condensación o sutura de una identidad indígena queden estrechamente limitadas. Esta limitación es doble: por un lado, la enseñanza formal de la escuela, tanto en los centros urbanos como en las mismas comunidades campesinas, narra una historia de aniquilación de lo indígena, reafirmada frecuentemente por los textos arqueológicos, mientras que, por otro lado, esta narrativa es materializada y así fijada en los museos a manera de monumentos de una memoria ‘inmemorial’. Esta doble limitación promueve el no auto-reconocimiento y en aquellos casos en los que éste se produce, promueve la deslegitimación del mismo por parte de los otros no indígenas, apareciendo en el repertorio de estigmatizaciones sobre el indio, el sino del ‘indio trucho’ (2007: 68-69).

Aquel sujeto que se afirma indígena con voz y cuerpo presente resulta finalmente desconocido, negado, despreciado o invisibilizado. Solo recientemente, y como producto de la lucha y la organización de los pueblos indígenas, este imaginario invisibilizador y homogeneizante ha comenzado a resquebrajarse en la provincia de Catamarca, habilitando la emergencia y (re)existencia de identidades étnicas que reclaman respeto y reconocimiento.

Parafraseando a Bengoa (2016), se podría decir que la exclusión de la cuestión étnica de la agenda provincial o local ya no resulta compatible con la activa presencia que expresan los pueblos indígenas en la actualidad. En efecto, en un contexto de emergencia indígena –que caracterizamos en los capítulos previos– las acciones institucionales y gubernamentales provinciales o locales, imposibilitadas de continuar negando la vigencia de las identidades indígenas, comienzan a incorporar la cuestión étnica en sus agendas. Sin embargo, dicha acción estatal por lo general queda circunscrita a un reconocimiento formal y al apoyo de aquellos sujetos indígenas “aceptables” –o “indios permitidos” como lo definen algunos autores (Hale, 2004)– que responden al imaginario folclorizado de indio disciplinado, a-conflictivo o dócil a los intereses hegemónicos, que no lucha por sus derechos ni establece disputas con el status quo. De allí que el homenaje a la “última diaguita” se asemeje más a una pretensión de extinción más que a un reconocimiento de existencia.

Siguiendo a Bengoa (2002), durante mucho tiempo la cuestión indígena estuvo invisibilizada en un largo período que se ha denominado “el silencio indio” en la que el esfuerzo de los Estados fue la asimilación o eliminación, y el de las poblaciones indígenas la resistencia silenciosa. Si bien hay procesos que podemos caracterizar a nivel nacional, la construcción del indígena ausente se entrama de manera particular en el modo en que se organizan las diferencias y las alteridades en cada territorio. Al respecto, Briones (2005) analizando las geografías estatales de inclusión señala que, si bien encontramos un modo hegemónico de construcción de alteridades a nivel nacional, existen formaciones hegemónicas de alteridad a nivel provincial que se inscriben, a su vez, en las relaciones entre provincia y nación y entre la provincia y sus alteridades internas. Es decir, en forma complementaria con las construcciones de alteridad hegemónicas que se inscriben en las arenas nacionales –que fueron abordadas al inicio del capítulo 2–, los estados provinciales despliegan sus propias formaciones locales de alteridad desde formas salteñas, chubutenses, catamarqueñas, etc. de “ser argentinos”.

Desde esta perspectiva, las fronteras provinciales son parte de construcciones históricas que van más allá de las instancias jurídico-administrativas o de las geografías naturalizadas, constituyendo un elemento fundamental para comprender las formas de alterización y los estilos provinciales de imaginación de los otros internos (Briones, 2005: 9). Estas formaciones provinciales de alteridad que menciona la autora permiten comprender, a su vez, ciertas diferencias de organización de un mismo pueblo indígena en función de las diferentes provincias en que se encuentra radicado, o bien, encontrar semejanzas entre procesos organizativos de diferentes pueblos en una misma provincia.

Son pocos los estudios que se han detenido a analizar las políticas indigenistas implementadas en la provincia de Catamarca (Avalo, 2022). Lo que se observa es que para la política estatal catamarqueña los indígenas han sido concebidos principalmente como sujetos del pasado, carentes de derechos como pueblos preexistentes y coetáneos. La provincia recién adherirá a la Ley Nacional 23.302/85 durante la primera década del siglo XXI (veinte años después de su promulgación a nivel nacional). Algunos trabajos señalan que aún durante las últimas dos décadas, las políticas estatales provinciales hacia los pueblos indígenas continuarían teniendo contenido racista (Avalo, 2022).

En su investigación sobre la invisibilidad indígena en el Valle de Catamarca, Cynthia Pizarro (2004) señala que la provincialidad catamarqueña en el marco de su integración en la nación argentina se asentó sobre similares expresiones de negación de “lo indígena”:

Sacralizados como acervo de la esencia provincial pero inhabilitados para existir en el presente, ‘los indios catamarqueños’ ingresan en los imaginarios locales como los antiguos habitantes del territorio que devendría provincia de la República Argentina en el siglo XIX. Antiguos habitantes sí, pero extintos o mestizados. Esta retórica de la invisibilidad de los indios de Catamarca propone que los “belicosos calchaquíes” desaparecieron luego de sus confrontaciones con los españoles (Pizarro, 2004: 9).

En el caso de la provincia de Catamarca, a la par de las narrativas de la extinción, operó fuertemente la idea de “mestizaje”^[21], a diferencia de lo ocurrido en la región de la pampa húmeda donde predominó la ideología del “blanqueamiento”. Recordemos que el mestizo aparece como resultado de “una mezcla caracterizada por un aporte amplio, y sobre todo visible, de elementos ‘no blancos’” (Quijada, 2004: 425). El mestizaje en el caso de Catamarca se presenta, por un lado, como narrativa de invisibilización de la marca indígena y, por otro, como resultado de la etnicización de las diferencias, apelando a raíces de un pasado indígena que se constituye como una marca de distintividad regional (Pizarro, 2004).

Resulta interesante en ese sentido lo señalado por Manuel Fontenla acerca del modo en que se ha construido la historiografía regional en el Noroeste argentino, donde el autor encuentra que existe a partir de la noción de mestizaje una inclusión en la negación: “se incluye lo indígena como raíz histórica, pero congelado en el pasado, sin coetaneidad ni presente histórico” (2018: 16).

A modo de ejemplo, se observa en una publicación del gobierno provincial en conmemoración por los 200 años de la autonomía de Catamarca (Figura 9), la apelación a elementos “ancestrales” y a la “recuperación de la voz de las comunidades originarias” de la provincia, mientras por parte del Estado provincial –como veremos en próximos capítulos– no existe un reconocimiento real a los territorios comunitarios indígenas, ni políticas que contemplen integralmente la interculturalidad. Encontramos así que se reconoce el valor histórico, arqueológico y cultural de la presencia indígena en la provincia, y con ello ciertos aspectos de los derechos culturales de los pueblos, que, incluso, en algunos casos son aprovechados con fines políticos y económicos por otros sectores, no necesariamente indígenas.

Figura 9. Publicación del gobierno de la provincia de Catamarca en conmemoración de los 200 años de su autonomía

Si tomamos en cuenta los datos estadísticos del censo de población, en Catamarca en 2010 eran 6927 las personas que se reconocían indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios de un total de 367.828 habitantes a nivel provincial (Cuadro 15). Es decir, la población indígena representaba un 1,9%, una cifra inferior a la media nacional de 2,4%. Entre quienes se identifican como población indígena el 72,6% se referenciaron en el pueblo diaguita-calchaquí, el 5,8% en el quechua y el 5,6% en el kolla (INDEC, 2015). Asimismo, se contabilizaron en esos años 2520 hogares con una o más personas que se autorreconocen indígenas o descendientes.

Cuadro 15. Población indígena u originaria por área urbana o rural, según pueblo indígena u originario. Provincia de Catamarca. Año 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010.

Por otro lado, hasta 2019 sólo había cinco comunidades indígenas reconocidas con personería jurídica del RENACI en toda la provincia (Los Morteritos Las Cuevas; Antofalla; La Angostura; Cerro Pintao-Las Mojarras; e Ingamana), a las cuales ese año se sumaron otras dos (Corral Blanco y Aguas Calientes). En 2022 se reconoció la personería jurídica a dos comunidades más (Carachi y Laguna Blanca), contabilizando actualmente un total de nueve comunidades con inscripción completa en el registro nacional. De esas sólo dos (Ingamana y Cerro Pintao) pertenecen al departamento Santa María.

3.5.1 La extinción indígena en el valle Calchaquí

Encontramos varios estudios que analizan el modo en que se ha construido dicha ausencia e invisibilización indígena en el caso del Valle Calchaquí (Rodríguez, 2008; Giudicelli, 2018; Escolar y Rodríguez, 2019), la cual se ha basado principalmente en la narrativa de la extinción indígena (Escolar, 2007).

A los fines de permitir la comprensión histórica de los procesos en la región de los valles Calchaquíes cabe mencionar que la misma hacia el siglo X se encontraba habitada por numerosas poblaciones agroalfareras, cuyos núcleos poblacionales llegaron a contener hasta 3000 habitantes. Estas poblaciones fueron denominadas genéricamente como “diaguitas”^[22] dado que, a pesar de tratarse de grupos heterogéneos, compartían el habla kakana y algunas pautas culturales. Se mantenían como unidades políticas independientes, con sus propios jefes, territorios y nombres identificatorios, siendo capaces de confederarse ante riesgos comunes (Rodríguez, 2004; Rodríguez y Lorardi, 2005).

Ana María Lorandi y Roxana Boixadós señalan que a mediados del siglo XVII el Valle Calchaquí era habitado por diferentes poblaciones que, si bien se trataba de una ocupación territorial andina de tipo “archipielágica”, podrían ser agrupadas en tres áreas étnico-políticas por el modo de ocupación y control territorial ejercido: área del “valle de Pulares” al norte, área central del valle Calchaquí en el centro y área sur o “valle de Yocavil” al sur (Lorandi y Boixadós, 1987-1988). Esta última se extendía desde el comienzo del territorio de los quilmes (Colalao del Valle) al norte hasta el de los ingamanas (Punta de Balasto) al sur, incluyendo ambas márgenes del río Santa María. Por entonces el valle de Yocavil era habitado por diferentes unidades étnicas identificadas como quilmes, ingamanas, yocaviles, anguinahao, anguingastas, calianes, tucumangastas, tocpos, anchacpas, malfines y andalgalaes (Lorandi y Boixadós, 1987-1988).

Cabe mencionar que previamente a mediados del siglo XV hizo su ingreso al Noroeste argentino el imperio incaico, el cual llegó a conquistar el Valle Calchaquí tras grandes esfuerzos e importantes luchas con las poblaciones allí asentadas que resistían fuertemente su entrada. En efecto, en un contexto de resistencia y negación por parte de las poblaciones locales a prestar servicios al imperio incaico, éste para dominar el territorio debió movilizar e instalar grandes contingentes de mitimaes o mitmaqkuna^[23], que ejercieron funciones de control económico, político y militar de las poblaciones asentadas en el valle, así como actividades productivas que éstos se negaban a cumplir (Lorandi, 1988; 2000; Lanusse, 2013).

Posteriormente, con la llegada de los españoles al valle Calchaquí se desarrollaron fuertes enfrentamientos y aguerridas resistencias por parte de los pueblos diaguitas, quienes desplegaron una acérrima defensa territorial durante más de 130 años para hacer frente al avance de la conquista española. En las denominas “Guerras Calchaquíes”^[24] que se desarrollaron entre los años 1534-1665 las poblaciones indígenas del valle resistieron construyendo en muchas ocasiones estrategias confederadas para enfrentar al enemigo común^[25], logrando así desarticular los diferentes avances de la colonización española.

Como señala Paula Lanusse,

La multietnicidad, la fragmentación política y los constantes conflictos interétnicos posibilitaron que los pobladores vallistos sostuvieran una resistencia mancomunada por más de ciento treinta años. Si bien las alianzas entre los distintos grupos aparecen siempre en las fuentes militares como sumamente fluctuantes, no por ello fueron menos efectivas; dependían del alcance de la convocatoria, de la presencia o ausencia de lazos de parentesco entre los aliados, de la relación de fuerzas y de la experiencia adquirida en las represalias sufridas con anterioridad (2013: 39).

Sin embargo, dichas resistencias no fueron ni homogéneas en su participación ni uniformes a lo largo del valle, dado que, por un lado, algunas áreas fueron dominadas antes que otras y, por otro, no todas las poblaciones mantenían la misma postura de enfrentamiento o de negociación. Mientras que los pobladores originarios del valle mantenían un posicionamiento de tenaz resistencia, los descendientes de antiguos colonos incaicos (mitimaes o mitmaqkunas) y los “advenedizos”^[26] o migrantes coloniales presentaban una mayor tendencia a la negociación. En las crónicas de los españoles se mencionan frecuentes conflictos interétnicos como resultado de la fragmentación política existente en la zona y por el hecho de que en tiempos coloniales las poblaciones locales intentarían recuperar los territorios sustraídos por el inca. Dicha conflictividad interétnica es señalada por diferentes autores como un elemento que contribuyó a que la resistencia fuera aún más prolongada. En efecto, Lorandi (2000) sostiene que dicha fragmentación del poder generó mayores dificultades a los invasores para conquistar el territorio, dado que al carecer de un gobierno centralizado debían dominar a cada jefatura, redoblando esfuerzos, los cuales en muchos casos fracasaron.

Ahora bien, los estudios etnohistóricos llevados a cabo en la región señalan que, una vez derrotadas, las poblaciones indígenas del valle fueron en su totalidad “desnaturalizadas”, es decir, trasladadas compulsiva y masivamente a diversos lugares para su posterior reparto en encomiendas. Rodríguez señala que las desnaturalizaciones se desarrollaron como parte de una política sistemática, volviéndose masivas en la última etapa de los enfrentamientos bélicos (1656-1665) bajo el comando del entonces gobernador de Tucumán, don Alfonso de Mercado y Villacorta. La autora menciona que lo que caracterizó a estas últimas desnaturalizaciones fue el alto nivel de fragmentación que generó en las poblaciones indígenas afectadas (Rodríguez, 2019), principalmente en aquellas que más se habían resistido que eran dispersadas de a cinco o seis familias y entregadas a encomenderos y hacendados que requerían mano de obra (Lanusse, 2013).

Al respecto, Lorandi y Boixadós sostenían que

Como resultado final, todos los pueblos del valle fueron desnaturalizados. A Salta se enviaron 150 indios quilmes y sus familias, y 50 acalianes y sus familias. A Córdoba 70 quilmes; a La Rioja, 170 yocaviles, repartidos de tres o cuatro familias. A Tucumán y valle de Catamarca, 160 yocaviles, y 300 amaicha, tocpo, famaine, anchapcas y Tafí, todos con sus familias, cuando la conservaron. Los indios capturados fueron repartidos en todas las ciudades, 60 a Santa Fe, otros 200 indios y 600 piezas entre los vecinos necesitados (1987-1988: 402).

Según Rodríguez y Lorandi,

la mayor parte de la población del valle Yocavil fue trasladada al pie del monte tucumano o bien entregada a los españoles de La Rioja y de San Fernando de Catamarca que padecían de falta de mano de obra indígena. Se los repartió en grupos de no más de cinco o seis familias, de modo que no pudieran conservar su identidad original a partir de la segunda o tercera generación de los traslados (2005: 435).

Lorandi (1988, 2000) señala que hacia finales del siglo XVII buena parte de los antiguos pobladores del valle regresaron a sus lugares de origen, ya sea por propia voluntad o por imposición de sus encomenderos o hacendados. Pero este repoblamiento –afirma la autora– no implicó la recomposición de las comunidades originales, ya que quienes volvieron lo hicieron en tanto individuos desadcriptos de sus comunidades, en condiciones de dependencia de los nuevos propietarios, ya sea como arrendatarios, medieros o jornaleros, y sin control sobre la vida política o la reproducción cultural y social. Es decir, Lorardi sostiene la idea de que en la región tras la derrota indígena se efectuó una individuación inmediata, con la consecuente pérdida de la identidad colectiva y una desestructuración absoluta (Rodríguez, 2008), dando origen a una nueva sociedad, criolla, mestiza, deculturada, en buena parte aislada, y carente de derechos sobre las tierras que trabajan (Lorandi, 2000). De ese modo, desde esta perspectiva los antiguos grupos étnicos del valle Calchaquí desaparecieron, sus miembros se “acriollaron” convirtiéndose en “peones rurales” o “campesinos” (Lorandi, 1992; Lanusse, 2013).

La acción evangelizadora de la iglesia católica y la conformación del Estado argentino, con la contribución fundamental de las instituciones educativas, profundizarán aún más el borramiento de dichas identidades indígenas, así como buena gran parte de las prácticas que les eran propias, con el objetivo de construir ese imaginario nacional vinculado a una argentina “blanca”.

3.5.2 Relecturas recientes

Estudios más recientes (Rodríguez, 2008; Lanusse, 2013; Guidicelli, 2018; entre otros) observan que en el valle Calchaquí –a pesar de las desnaturalizaciones– las poblaciones indígenas no desaparecieron ni sucumbieron. Por el contrario, señalan que la

desaparición de los grupos originarios de los valles es un espejismo que tiene más que ver con un “efecto de fuentes” (los informes del gobernador, destinados a demostrar el éxito de su actuación) y la creencia cuidadosamente construida desde la segunda mitad del siglo XIX de que los indios en general habían desaparecido (Giudicelli, 2018: 141).

Estos trabajos, si bien dan cuenta de la desarticulación que significó la conquista y colonización para las poblaciones nativas, introducen matices y ponen luz sobre las posibles estrategias de supervivencia, así como en la reconstrucción de las identidades colectivas, haciendo hincapié en los aspectos exitosos de la adaptación de las comunidades indígenas (Rodríguez, 2008; Giudicelli, 2018). Al respecto, Diego Escolar y Lorena Rodríguez señalan que

Relecturas de fuentes conocidas, búsqueda de nuevos datos y, fundamentalmente, el planteo de nuevas preguntas, mostraron no sólo la continuidad de las marcas de la diferenciación étnica (bajo nuevos ropajes, de maneras más sutiles o veladas) sino también que algunos colectivos indígenas lograron traspasar –no sin conflictos– el umbral de la colonia a través de la reconfiguración de sus identidades, de la lucha judicial por sus territorios, de la redefinición de su sistema de autoridades; en definitiva, que eran actores políticos con una vasta experiencia que se renovaba en el nuevo contexto (2019: 19).

En diálogo con los trabajos etnohistóricos que señalan que luego de las “Guerras Calchaquíes” el valle de Yocavil fue totalmente despoblado de las poblaciones indígenas locales, algunos estudios se preguntan cómo puede ser que a fines del siglo XVIII la mayoría de la población que lo habitaba fuera indígena (Rodríguez, 2004), o bien quiénes serían los trabajadores de las grandes haciendas vallistas apropiadas por los encomenderos españoles.

Estas perspectivas adquieren aún mayor sentido si se tiene en cuenta que las poblaciones actuales encuentran relaciones de continuidad con la ancestría indígena, a pesar de las constantes negaciones y cuestionamientos a la legitimidad de su memoria. Sostiene Christophe Guidicelli que

si la política drástica de desnaturalización logró en gran medida disciplinar el espacio –por el vacío– e imponer la obediencia –fuera del valle–, habría que matizar el alcance absoluto de la reterritorialización de los vencidos. Ni desaparecieron los indios, ni se perdió el vínculo histórico con su tierra (2018: 141).

Uno de los elementos señalados en torno a la supervivencia indígena refiere a que durante las guerras una buena parte de la población escapó y se refugió en los cerros, en las zonas más altas, manteniendo su reproducción en la zona y volviendo con el tiempo a sus tierras, donde permanecen hasta la actualidad (Rodríguez, 2004; CIQ, 2008). Así, los cerros sirvieron como lo que Aguirre Beltrán (1973) podría denominar “regiones de refugio”; es decir, lugares donde las comunidades se refugiaron de la expansión económica, política y demográfica colonial, logrando sobrevivir y mantener, en alguna medida, sus tradiciones y culturas.

Asimismo, algunos autores destacan que una de las estrategias de resistencia fue la adopción de una doble residencia: en el lugar de destierro, fuera del valle, y en sus antiguas tierras, lo cual permitió que décadas después de desnaturalizados varios grupos pudieran regresar territorio, ya sea de manera negociada, clandestina o forzada (Rodríguez, 2017). Esto habilitó la posibilidad de reproducirse en tanto pueblo, preservando también una memoria colectiva, aunque fuera en el marco de relaciones de subordinación y con la autonomía menguada (Guidicelli, 2018).

En tal sentido, lo que se pone de manifiesto es principalmente la resignificación identitaria que implicó la colonización hispana y la posterior construcción de la nación argentina. Las identidades indígenas quedaron, de algún modo, solapadas, silenciadas e invisibilizadas en el marco de exterminios, pero también de negociaciones culturales y estrategias de supervivencia que significaron cierta “reclasificación” (Quijada, 2004) para su integración en la sociedad, así fuera en tanto sujetos subalternos. Así, Mónica Quijada sostiene que

[…] se recurrió a nociones como `desaparición´ y `exterminio´ para explicar un proceso que debe describirse a través de otro concepto, el de `reclasificación´: los indígenas permanecieron en la Argentina y allí se encuentran todavía, pero fueron reclasificados como ciudadanos argentinos (2004: 433).

Al respecto, Fontenla (2018) propone la categoría de “mestizajes estratégicos” para hacer referencia a la complejidad y ambivalencia presentes en ciertos procesos de mestizaje que, más allá de la idea de homogeneización o blanqueamiento que conllevan, habilitan pensarlos en clave de estrategias de resistencia y persistencia. El autor refiere a la necesidad de comprender las identidades como algo dinámico, no esencial, y entender al mestizaje estratégico como un lugar de enunciación ontológicamente inestable que articula identidades como “lugareño”, “poblador”, “campesino” e identificaciones indígenas. Y señala que se trata de

[…] identidades diferenciales, identidades ambivalentes, identidades y procesos de identificación que desafían los esencialismos culturales e historiográficos en la forma de mestizajes estratégicos en los que coexisten múltiples universos de sentido sin reducirse unos a otros, conformando lugares de enunciación inestables y dinámicos (Fontenla, 2018: 37).

3.6 De la construcción de la ausencia indígena al renacer de la conciencia étnica, antecedentes de la lucha actual

Desde las últimas décadas del siglo XX la idea de la extinción indígena, y diaguita en particular, comenzó a contrastar cada vez más con un proceso abierto de reorganización étnica territorial por parte de las comunidades^[27]. Al respecto, Gordillo y Hirsch señalan que

la acelerada emergencia étnica que está teniendo lugar en muchas partes del país ha socavado viejas taxonomías. Marcadores étnicos asumidos por mucho tiempo como desaparecidos han sido reapropiados por un número creciente de colectivos sociales. Y grupos que antes eran subsumidos bajo un mismo término han comenzado a reclamar identidades étnicas más localizadas. (…) Esta profusión de indigeneidades emergentes está teniendo lugar en buena parte de América Latina y el mundo, y confirma una vez más el carácter dinámico e histórico de todo posicionamiento identitario” (2010: 18).

Con la nueva oleada de militancia indígena de las décadas del ochenta y noventa emergieron un conjunto de organizaciones y colectivos indígenas de grupos étnicos supuestamente desaparecidos, sumidos en una profunda desigualdad (Gordillo y Hirsch, 2010). En el caso de los valles Calchaquíes durante las últimas décadas del siglo XX los procesos de reorganización comunitaria indígena estuvieron fuertemente signados por las trayectorias seguidas por las comunidades de Amaicha del Valle y Quilmes, ambas en la actual provincia de Tucumán, cuya lucha por el reconocimiento territorial e identidad indígena se inicia mucho antes que el resto de las comunidades y pueblos diaguitas de la región (Cerra, 2011; Sabio Collado, 2012; Lanusse, 2013)^[28].

Los años sesenta y setenta del siglo pasado marcaron en la zona el comienzo de la lucha por la recuperación territorial, la reorganización de las comunidades y el reconocimiento de los derechos ancestrales. Como sostienen desde la Comunidad India Quilmes, habían sido largas décadas de opresión que habían traído como consecuencia la pérdida de elementos de su identidad, de su organización comunitaria y su espiritualidad, así como su conciencia sobre la propiedad del territorio (CIQ, 2008). Así, de la mano del reclamo de derechos como pueblos indígenas, algunas familias comenzaron a negarse a cumplir con las obligaciones y los pagos al terrateniente.

En diciembre de 1973 se llevó a cabo en Amaicha del Valle (Tucumán) el Primer Parlamento Indígena Regional “Juan Calchaqui”^[29] y tuvo como objetivo fortalecer e incrementar la organización a nivel regional, recuperar tierras perdidas en manos de intrusos, obtener títulos de las propiedades comunitarias, eliminar la inseguridad jurídica sobre posesiones ancestrales, junto a reclamos vinculados al agua, educación, respeto cultural, entre otros^[30]. De ese modo, se abría un espacio de organización indígena que, si bien venía construyéndose desde la década de 1960, durante los primeros años de los setenta buscaría aglutinar las luchas y reivindicaciones territoriales de manera confederada a nivel regional, nacional e internacional, con retóricas y formatos compatibles con los del sindicalismo y el cooperativismo, propios de la época (Lenton, 2015; Tolosa, 2020).

Tolosa analiza el contexto de emergencia de dicha organización indígena en el valle e identifica como determinantes algunos elementos vinculados a la crisis económica, la ebullición social y la represión que se vivía en Tucumán por aquellos años:

La crítica situación provincial fue así un motor que impulsó el cambio en la relación de fuerzas locales: allí comenzó la negativa de los campesinos a pagar cánones y obligaciones a los patrones, posiblemente por una mayor dificultad para afrontarlos. La rebeldía fue central en la primera plataforma de acción, más vinculada a una problemática campesina, que junto a los elementos aportados por el contexto provincial y nacional hicieron que la tensión latente y reprimida, producto de las condiciones históricas de existencia, finalmente estallara. A partir de allí, la población no sólo potenciaría una conciencia de clase, sino que reconstruiría su propia identidad étnica, silenciada durante siglos, lo que permitió la generación de un sujeto político nuevo que, exponiendo las injusticias desde su propia especificidad, cuestionó la base misma de la estructura social y su silenciosa reproducción (Tolosa, 2020: 16).

Otro elemento relevante mencionado por Tolosa refiere a la formación política indígena que adquirieron algunos referentes de las comunidades que por razones laborales se vieron forzados a viajar a la ciudad, en especial a Buenos Aires donde se estaban gestando algunas organizaciones y entidades indígenas (como el Centro Indígena de Buenos Aires o la Asociación Indígena de la República Argentina). En tal sentido, menciona la autora, “la ciudad aparece como un espacio de contacto social y aprendizaje de la práctica política, que tenía como causa y destino el territorio de origen, donde al regresar los jóvenes prosiguieron lo iniciado por sus mayores” (Tolosa, 2020: 17).

Tanto Lenton (2015) como Tolosa (2020) señalan la centralidad que asumió en los procesos organizativos locales el accionar de algunos dirigentes^[31], quienes contribuyeron a transformar el reclamo inicial en torno a la subalternización del trabajo campesino, el sistema de arriendo y el poder de los patrones, en una reivindicación indígena por el derecho a su territorio.

Así mismo, sostienen que la construcción de la discursividad política indígena fue resultado tanto del trabajo de reflexión por parte de comuneros/as como de la interacción y articulación con otros actores. En ese sentido, si bien las acciones y discursos efectuados en el marco de los procesos organizativos en este período tuvieron como eje la revitalización de la identidad étnica y de las demandas propiamente indígenas, eso no imposibilitó que se manifestaran y tuvieran lugar posiciones políticas y formatos organizativos de tipo sindicales o partidarios (no indígenas) propios de la época. En efecto, algunos referentes indígenas asumían, a su vez, posiciones como militantes e integrantes de organizaciones de tipo partidarias, principalmente peronista en un contexto de fuerte movilización social en que el peronismo condensaba políticamente buena parte de los reclamos y discursividades populares en torno a la idea de “justicia social”^[32]. Una muestra de esta imbricación política puede observarse en el documento que resultó del Primer Parlamento Indígena donde hay referencias tanto a identidades indígenas, como clasistas, como partidarias al peronismo:

Bajo el lema “UNIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL”, [este Parlamento] hace oír su voz al país entero: autoridades y hermanos argentinos y quiera que esa voz sea un grito tan fuerte como para romper los oídos sordos y como una tacuara lanzada al corazón de los responsables. En momentos en que el Gral. Perón está en el gobierno. En momentos en que decimos estar en un gobierno popular, los indígenas decimos basta. No queremos seguir escuchando decir que no podemos educar a nuestros hijos o tener asistencia médica o que no podemos recuperar nuestras tierras. La injusticia debe acabar en una patria que quiere ser justa, libre y soberana. LA INJUSTICIA CON LOS INDÍGENAS DEBE TERMINAR, y nosotros estamos dispuestos a terminarla porque sabemos que, como lo dice nuestro líder “a nuestros derechos no se los mendiga, se los conquista (Memorándum a presentar a las autoridades provinciales con las conclusiones del I° Parlamento Regional Indígena “Juan Calchaqui”. Amaicha del Valle, Tucumán, 15-19/12 de 1973. Mayúsculas en el original. Citado en Tolosa, 2020: 20).

A instancia de ese Primer Parlamento se creó la Federación Indígena de los Valles Calchaquíes, como parte de una propuesta política a nivel nacional que se estructuraría a partir de Federaciones provinciales, regionales y nacionales, y que tendría como objetivo la gestión de personerías jurídicas y la articulación entre los diferentes pueblos para la participación en la arena política como sujetos indígenas (Tolosa, 2020).

Por diversos motivos la Federación finalmente no prosperó y con la dictadura militar (1976-1983) el proceso organizativo se detuvo, ya sea por las persecuciones, la represión o el miedo que imperó en aquellos años. Recién con el regreso a la democracia en 1983 se retomaría el trabajo y la lucha por el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En abril de 1984 se llevó a cabo el segundo Parlamento Indígena de los Valles Calchaquíes y en el año 1986 se realizó el tercero en la comunidad Quilmes.

Durante la década del noventa los procesos organizativos continuaron afianzándose y profundizándose en los valles Calchaquíes, generando condiciones para la expansión durante los primeros años del nuevo siglo de lo que autores como Bengoa (2016) podrían describir como “renacer de la conciencia étnica”, como se verá en el capítulo siguiente.

3.7 A modo de síntesis

A lo largo del capítulo se ha buscado caracterizar el escenario político, económico y social en el que se despliega el caso, identificando algunos elementos significativos de la conformación histórica de la provincia de Catamarca. Así mismo, se intentó dar cuenta de las transformaciones acaecidas en la provincia, y en el departamento de Santa María en particular, en las últimas décadas, dando cuenta de los impactos territoriales del modelo de desarrollo hegemónico y los procesos de globalización en la región.

En tal sentido, cabe destacar algunos elementos significativos que aparecen de manera reiterada en los relatos de quienes hoy protagonizan los procesos de reorganización diaguita en Santa María. Por un lado, los cambios que introdujo en las estrategias económicas de las familias campesinas la mecanización y modernización de la cosecha de la caña de azúcar. Por otro lado, la promoción de la agricultura empresarial mediante la implementación de políticas de fomento (diferimientos impositivos) para algunas actividades agropecuarias, las cuales conllevaron el ingreso de capitales extranjeros y la instalación de plantaciones intensivas de nogales, viñedos y bodegas en el departamento de Santa María. Por último, las profundas transformaciones que a partir de la década del noventa se evidencian por el desarrollo de la megaminería transnacional, transformaciones que se expresan en términos de la estructura productiva provincial, en los impactos socioambientales, pero principalmente en la fractura sociometabólica que genera en las configuraciones territoriales y los entramados sociocomunitarios de la región.

Paralelamente, destacamos la importancia que los procesos de emergencia étnica han asumido desde la década del setenta del siglo XX en la región, y la posibilidad de abrir el debate en torno a las resistencias e identidades indígenas actuales en el Valle Calchaquí, en el marco de constantes e históricas negaciones y cuestionamientos a la legitimidad de su etnicidad. Estos elementos resultan fundamentales para comprender los procesos que desde inicios del siglo XX vienen transitando las comunidades diaguitas en Catamarca.