“Estamos volviendo, estamos vivos, y día a día yo creo que vamos a ser más si seguimos en este proceso”. Cacique de la Comunidad Indígena La Quebrada, 2019

Como hemos mencionado en el capítulo anterior, con la lucha por el reconocimiento de sus derechos y sus territorios, diferentes pueblos comenzaron nuevamente a reconstruirse y a recuperar su fuerza, así como el vínculo entre ellos. Al sur de los Valles Calchaquíes, más precisamente en el valle de Yocavil, en la provincia de Catamarca, las comunidades diaguitas empiezan a reorganizarse más recientemente, a comienzos del presente siglo, motivadas por los procesos de reconocimiento institucional de los pueblos indígenas que se venían desarrollando a nivel nacional. En ese sentido, los cambios en las legislaciones vigentes con la ley 23.302, el Convenio 169 de la OIT y el art.75 inc.17 de la Constitución Nacional, como también el hecho de que se diera la posibilidad del autorreconocimiento o autoidentificación indígena en los censos de población nacionales desde 2001, favorecieron una revitalización y reorganización en aquellos pueblos y comunidades donde ésta se encontraba debilitada. Como señala Rodríguez,

Este cambio en la Constitución afianzó la lucha de muchas comunidades indígenas y abrió puertas a nuevos reclamos, así como a nuevos usos de un pasado que no siempre habían sido “convenientes” en un contexto en que durante años se habían desconocido los derechos indígenas en función de un modelo de país blanco, europeizante y occidental (2004: 156).

Cabe mencionar que a comienzos del nuevo siglo el recorrido institucional en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el país ya se encontraba más avanzado, principalmente a partir del accionar del INAI y la creación de instancias como el Consejo de Participación Indígena (CPI) que –aunque limitado y con deficiencias– han tenido una gran incidencia en los territorios.

[…] después del silencio, de tantos años de silencio, las comunidades han comenzado a resurgir, a tener voz, porque ya se hicieron ya los convenios, por ejemplo, después en el año 94 cuando se hizo la reforma de la constitución, bueno, nosotros ya estábamos…ya estábamos un poco más empapados en esto, ¿no? Y fue así…y luchar, llegó un día en que digo ‘¿cómo si somos originarios no podemos armar una comunidad?’ Y fue mía la iniciativa, ¿no? Fue mía de buscar a la gente, de contar, de buscarlo, de…bueno, muchos han apoyado, y bueno, muchos se burlaron también de mí, ‘Que no, que no son indígenas, que ellos son españoles, que los indios eran hace años, que no…’ (cacique de la comunidad Cerro Pintao, entrevista, febrero 2020).

Si bien no hay un momento fundacional que pueda definirse como el inicio del proceso de reorganización del pueblo diaguita en Catamarca, a partir de los testimonios de comuneros/as y autoridades comunitarias podemos identificar los primeros años del nuevo siglo como el escenario de resurgimiento. Como se mencionó en el apartado anterior, la experiencia de las comunidades de Amaicha del Valle y de Quilmes de la vecina provincia de Tucumán serviría de antecedente y catalizador para la reorganización comunitaria en Catamarca, así como las acciones llevadas a cabo por esos años para construir una organización intercomunitaria de la nación diaguita que articulara la lucha de los diferentes pueblos trasvasando las fronteras provinciales y jurisdiccionales impuestas por el Estado.

El año 2005 puede establecerse como un hito en ese recorrido, ya que el 3 de julio de ese año se llevó a cabo en la localidad de Colalao del Valle (territorio del pueblo quilmes, en Tucumán) la primera asamblea del pueblo nación diaguita. Si bien ya se venían realizando encuentros entre comunidades y referentes diaguitas de diferentes provincias, es en dicha oportunidad que se conforma la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND)^[1], aglutinando la lucha de comunidades diaguitas de Tucumán, Salta, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja^[2]. De ese modo, la UPND se conformaba como

[…] una instancia de coordinación, conformada por Autoridades Tradicionales de cada comunidad diaguita, en ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente, para reconstruir su histórica forma de vida comunitaria, y hacer frente a los atropellos que se ejerce en cuanto a la enajenación territorial y el saqueo de recursos naturales (UPNDT, 2012).

Por entonces, Carlos Cruz^[3], actual cacique de la comunidad Cerro Pintao, participó de esa asamblea, convidado por los caciques de las comunidades vecinas de Tucumán con quienes mantenía un vínculo de amistad desde hacía varias décadas. Cuenta Don Carlos que junto a Francisco “Pancho” Chaile, cacique de la Comunidad India Quilmes, comenzó a “abrazar la causa indígena” por los años ochenta:

Él no era cacique todavía…y bueno, él empezó a transmitirme, a contarme, a hacerme ver qué es lo que significa ser descendiente indígena, de dónde venimos, cuál es nuestro origen, y ahí fue cuando yo tomé a pecho, digamos (cacique Comunidad Cerro Pintao, entrevista, febrero 2020).

Recuperando los aportes de Revilla Blanco (2005), podemos destacar la significativa participación de personas concretas y de ciertos liderazgos en los procesos de aprendizaje, toma de conciencia y captación de recursos organizativos. Personas como Francisco “Pancho” Chaile, el mismo Carlos Cruz, entre otros referentes de la lucha, con la transmisión de su palabra, compromiso y sentimiento en relación con la causa indígena se convierten en impulsores de la acción colectiva.

Es en 2005, luego de ese primer encuentro en Colalao, que se realiza la primera asamblea de la Comunidad Originaria Cerro Pintao, una de las primeras en reorganizarse en la provincia de Catamarca. Así, mediante intercambios con referentes y autoridades comunitarias de la zona y la participación en diferentes instancias organizativas de la UPND se fue forjando la reorganización de comunidades diaguitas en otros puntos de la provincia.

En diciembre de 2005 se conforma la Comunidad Originaria Ingamana, cuya delimitación territorial contenía gran parte de la población diaguita de los diferentes parajes del municipio de San José (entre otros Punta de Balasto, San José, El Desmonte, Andalhuala, Famabalasto, La Hoyada, La Quebrada). Así describía el modo en que se constituyó la comunidad quien fuera su primer cacique:

Entonces nace la comunidad otra vez, a organizarse la comunidad Ingamana. Y en ese tiempo eran 3 familias nada más, en Punta de Balasto. Me nombran de boca cacique, porque ellos querían que las autoridades no sean ONG, no sean asociación civil, simplemente como han sido ancestralmente, y bueno, nombraron un cacique y empezamos a nombrar los comuneros, y a buscar…recién en el 2005 se produce la asamblea general para nombrar todas las autoridades, ¿no? En la localidad que se llama El Desmonte, se hace la asamblea con la participación de la mayoría del distrito San José actual. Cada uno, cada asentamiento traía su representante, las mujeres se acercaron históricamente diría, porque caminando, a lomo de mula, llegaron una multitud tremenda, porque para ellos, yo después voy entendiendo, para ellos era la vuelta de la organización, sabían que esto iba a suceder (cacique de la comunidad Ingamana, entrevista, 2013).

Así mismo, por esos años en el departamento de Belén se estaba organizando la Comunidad India Morteritos-Las Cuevas del pueblo diaguita y en Antofagasta de la Sierra la Comunidad Indígena de Antofalla del pueblo kolla atacameño.

A continuación, se analiza el proceso de reorganización intercomunitaria del pueblo diaguita en la provincia de Catamarca identificando diferentes momentos y temporalidades de la lucha. Dicha periodización no pretende ser exhaustiva ni tampoco dar cuenta de una evolución progresiva ni lineal, sino más bien brindar pistas para el análisis del devenir organizativo y el rumbo de las comunidades en los territorios, de modo de facilitar la comprensión del proceso en su complejidad y profundidad.

Asimismo, retomando a Melucci (1994b), buscaremos identificar a lo largo de la periodización diferentes fases de la organización (inter)comunitaria en tanto acción colectiva; distinguiendo tanto momentos de latencia como momentos de mayor visibilidad. Pensando en el caso bajo análisis, las fases de latencia están vinculadas a aquellos momentos donde se reconstruye la etnicidad, se entraman sentidos de unidad como pueblo y se ponen en práctica diferentes dimensiones de la territorialidad indígena comunitaria. Los espacios asamblearios y la construcción de la unión colectiva desde la deliberación serán parte central en la afirmación de nuevas discursividades y subjetividades políticas. Del mismo modo, lo serán las acciones de autodeterminación territorial, de construcción de propuestas productivas comunitarias o de revalorización de los saberes y prácticas ancestrales, como puede ser la medicina tradicional, que implican en muchos casos procesos de (re)territorialización comunitaria y/o disputas territoriales con otros actores de un modo no necesariamente visible. Es decir, se trata de momentos de la acción colectiva que se complementa con aquellas fases de mayor visibilidad, en las cuales se manifiesta la confrontación con el sistema político hegemónico de manera visible, y la acción colectiva irrumpe en el espacio público, mediante movilizaciones, acciones de protesta, declaraciones públicas, entre otras posibles manifestaciones.

En ese sentido, se identifican y abordan cuatro etapas o momentos diferenciados: un primer momento, que va de los primeros años de 2000 a 2010, signado por los procesos de reafirmación étnica, reconocimiento de derechos y reorganización comunitaria; un segundo momento, entre 2010 y 2014 caracterizado por las acciones de defensa territorial y una mayor autoafirmación y articulación intercomunitaria en la lucha del pueblo diaguita que prepara para el tercer momento, que identificamos entre 2014 y 2018, que estará marcado por la construcción de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Catamarca como espacio organizativo intercomunitario, que asumirá una visibilidad política cada vez mayor en la escena pública; y un cuarto momento, desde 2018 a la actualidad, que podemos caracterizar por el fortalecimiento de la lucha territorial, la resistencia creativa y la incorporación de nuevas articulaciones estratégicas en ese camino. Cabe mencionar que para la reconstrucción del proceso de reorganización (inter)comunitaria diaguita, y principalmente para los primeros momentos, no se ha contado con antecedentes bibliográficos, ni con fuentes secundarias (documentación, noticias de los diarios), dado lo incipiente y la escasa visibilidad que ha tenido el mismo durante esos años, por lo cual se ha buscado recuperar los acontecimientos y sentidos construidos a partir del relato de las diferentes personas entrevistadas.

Figura 10. Periodización del proceso de reorganización comunitaria e intercomunitaria del pueblo diaguita de Catamarca. Santa María. 2000/2022

Fuente: Elaboración propia.

4.1 Primer momento (2000-2010): Reencuentro con la identidad diaguita, reconocimiento de derechos y reorganización comunitaria

Como ya se ha abordado, por mucho tiempo, y hasta la actualidad, autorreconocerse y autoidentificarse como indígena es resultado de un proceso complejo en el cual asumen relevancia las evaluaciones peyorativas e inferiorizantes que marcan dicha identidad en escenarios signados por la valoración positiva de la “blancura” y la preeminencia de relatos de extinción indígena.

Y ha sido un trabajo que lo hemos hecho yo, mi hija, de ir casa por casa, comentando lo que pensamos nosotros, lo que sentimos nosotros, y lo que vemos que nos corresponde como originarios, conociendo nuestro origen, y bueno, de ahí es de donde hemos sacado muchas personas que han dicho ‘sí, la verdad es que somos indios’, pero ha habido muchos que nos han rechazado, nos han dicho que somos españoles, que somos así…bue, hemos tenido de las dos cosas, pero con lo que hemos logrado hacer ha sido armar nuestra comunidad, formar nuestra organización de gobierno, como consejo de ancianos, consejo de jóvenes (cacique de la comunidad Cerro Pintao, entrevista, febrero 2020).

En efecto, dichas complejidades y dificultades vinculadas a la afirmación étnica rebatirían lo que en ocasiones se sostiene respecto a los beneficios y la facilidad de autodefinirse estratégicamente como indígena para la obtención de derechos^[4]. En tal sentido, la reemergencia de adscripciones indígenas no resultaría de la acción oportunista de grupos subalternos que articulan un “esencialismo estratégico” para mejorar su inserción en la estructura social (Spivak, 2003; Briones, 2007; Escolar, 2007; Pizarro, 2004), como se argumenta frecuentemente cuando se busca descalificar como “trucha” la reorganización comunitaria de un pueblo^[5]. Por el contrario, siguiendo a Briones, la autoadscripción indígena se entrama con los múltiples modos con que los valores y sentidos de alteridad hegemónicos de las sociedades englobantes interpelan a los sujetos, así como de las trayectorias de las que disponen para movilizarse o identificarse con ciertos locus de pertenencia (Briones, 1998; 2007; Pizarro, 2004).

Al igual que sucede con poblaciones huarpe, selk’nam, rankülche, entre otras, personas que hoy se identifican claramente como pertenecientes al pueblo diaguita durante mucho tiempo sólo se veían a sí mismos como descendientes de indios, sin autorreconocerse como indígenas. Por el contrario, como vimos, en la mayoría de los casos su identidad étnica se encontraba desdibujada bajo las figuras de “campesino”, “pequeño productor”, “trabajador rural”, “vallisto”, propias de clivajes de tipo clasista o de otro tipo. Como dice Bengoa, “el indígena durante largo tiempo fue visto como campesino y se sintió como tal” (2016: 92).

Esto también se encuentra reflejado en abordajes académicos. Si bien actualmente los procesos de reetnización o indigenización han ganado una visibilidad y presencia innegable, hace tan sólo algunos años –aun cuando ya existían comunidades indígenas reorganizadas en la provincia de Catamarca– algunos estudios para describir a los habitantes de la puna catamarqueña sólo referían a su cualidad “campesina” en un marco en el cual, al parecer, la marcación indígena quedaba reservada para elementos del pasado. En algunos trabajos recientes la presencia indígena organizada actual es comprendida como una estrategia construida por parte de sujetos campesinos que mediante la adscripción étnica obtendrían un mejor posicionamiento para la defensa de su territorio, lo cual, de algún modo, continúa subestimando la complejidad de la construcción identitaria indígena en sí misma. Así, en estos trabajos expresan que

Se trata, pues, de un proceso de organización comunitaria y reindianización, reetnización o etnogénesis, a través del cual las familias campesinas tratan de superar su estado de diseminación o separatidad bajo la forma jurídica de “pueblo originario” concebida por el Estado nacional, con el objeto estratégico de afirmar sus derechos históricos y etnopolíticos sobre su territorio, en lo que puede entenderse como un ejercicio de restitución del derecho comunitario y desalienación territorial. Es decir que, estructuralmente, se trata de la comunión de las familias campesinas en una organización juramentada sobre la base del derecho consuetudinario o comunitario, que se reivindican como sujeto étnico para afirmar su derecho histórico a una tierra que le ha sido enajenada, extrañada (Delfino et al, 2019: 57-58).

Ahora bien, respecto a los procesos de emergencia étnica en el departamento de Santa María encontramos que los mismos son expresión de un complejo interjuego de resignificaciones, resistencias, olvidos y memorias, entre pasado y presente. Por ejemplo, en un trabajo publicado en 2004 se señalaba que

[…] entrevistas realizadas a los pobladores de La Hoyada mostraron un claro distanciamiento con el pasado indígena. En general, saben que allí hubo aborígenes, pero dicen que ya no quedan –excepto quizás alguno que otro en los cerros más apartados–, que ni sus padres ni sus abuelos los conocieron, y que además ellos no tienen nada que ver con ese pasado pues se consideran “criollos” (Rodríguez, 2004: 159).

Sin embargo, un par de años más tarde, en ese mismo paraje reemergería la vigencia de la identidad diaguita reafirmada en el marco de una lucha territorial y política que habilitaría dicha pertenencia y emergencia étnica. La delegada de base de la Comunidad Indígena La Hoyada y secretaria general de la UPND Catamarca así describía su incorporación en la lucha del pueblo diaguita, cuando el cacique de la comunidad Ingamana le propuso ser parte de la comunidad:

(…) cuando alguien se ha presentado y me ha dicho, “¿Vos querés ser organizada en una comunidad que luche, ser india?”, directamente me dice… “Si, por qué no voy a ser india si yo vengo de los indios, soy india”. Entonces de ahí comencé yo a seguir más y más (delegada de base de la Comunidad Indígena La Hoyada, secretaria general UPND Catamarca, entrevista, febrero 2020).

La historia de vida de doña Guilla –como le llaman afectuosamente en las comunidades a la secretaria general de la UPND Catamarca–, si bien con sus particularidades, es una historia compartida por gran parte de la población rural de la zona. Con sus raíces en el cerro, desde pequeña debía trasladarse varios meses al año para trabajar en la zafra azucarera junto con su familia que encontraba allí una fuente de ingreso. Durante el mes de abril ya se preparaban elaborando charqui para llevar a la cosecha de la caña. Se instalaban por meses –de mayo a octubre– precariamente en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, para regresar a su pago una vez concluido el trabajo para retomar la actividad en la finca y el cuidado de los animales en el cerro.

Como ya hemos señalado en el capítulo 2, con la mecanización de la cosecha el trabajo en la zafra decayó y ese recorrido laboral se interrumpió. Posteriormente, durante su adolescencia y juventud, doña Guilla trabajó en la cosecha de limones, también en la vecina provincia de Tucumán, para sostener la economía de su hogar y la crianza de sus primeros hijos. Cuenta ella que a pesar de las dificultades económicas que pudieron pasar con su familia, nunca vivieron de un ingreso mensual, ni de un trabajo estable en relación de dependencia en la ciudad, enfatizando la elección por un modo de organizar la economía y la vida familiar sin “patrones”, ligada a los ciclos productivos y a las posibilidades que el trabajo con la hacienda en el cerro le brindaban:

tenía que salir a trabajar para volver porque mi hijo necesitaba, nosotros hemos venido de una familia muy pobre, vivíamos sí de la hacienda, teníamos en el cerro, nunca hemos sido mensual, jamás, ni hasta la fecha…toda la vida he vivido en la lucha, nunca me gustó trabajar en casa de familia, sí en la finca, eso me gustaba trabajar y hasta la fecha (secretaria general UPND Catamarca, entrevista, febrero 2020).

Pizarro señala que para el caso de las áreas rurales marginales de la provincia de Catamarca “el fantasma de la identidad indígena es sublimado en la identidad campesina-tradicional” (2004: 227). La autora sostiene que, si bien esa situación se extiende a toda la provincia, a diferencia de la zona del Valle de Catamarca –su caso de estudio–, en los Valles Calchaquíes la construcción de identidades pareciera tener cierta porosidad entre los clivajes étnicos y de clase, lo cual ha hecho posible recientemente la emergencia de identidades indígenas otrora silenciadas. Es decir, allí las marcas étnicas que durante décadas fueron veladas por la preeminencia de identidades clasistas como “trabajador”, “obrero rural”, “zafrero”, “campesino”, entre otras, en los últimos veinte años tuvieron ciertas condiciones de posibilidad para emerger, a diferencia de otras zonas de la provincia y de la región donde el clivaje étnico se encuentra todavía aún más debilitado por los sentidos de mestizaje antes mencionados.

Al respecto, Fontenla –recuperando el trabajo de Lorandi y Rodríguez (2005)– observa que:

El mestizaje no homogeneiza una identidad criolla, ni deshabilita la posibilidad de una “recuperación del pasado indígena”, es más bien lo contrario, asumir la idea de mezcla es lo que permite reconstruir los vínculos con la herencia indígena, con ese ‘pasado rebelde de los santamarianos’ (2018: 36).

Observamos que las marcas étnicas nunca dejaron de estar, sólo se encontraban veladas, solapadas, invisibilizadas, silenciadas, despreciadas.

[…] ando también por el camino de reconstrucción, de reencuentro, de ¿cómo le podría decir?, de reconocimiento de nuestras raíces. La verdad es que estábamos tan alejados, tan pero tan alejados de nuestra realidad, ¿no? Cada día es como que uno va…nos vamos acercando más a nuestras raíces, inclusive estaba pensando que debería encontrar las raíces de mis abuelos, de parte de mi mamá, de parte de los Aguaysol, que sé que es netamente originario el apellido, y me acuerdo muy poquito que hace muchos años mi madre me dijo que mi abuelo era de Colalao, descendiente de la gente de Colalao, mis bisabuelos o tatarabuelos o no se qué que eran de ahí, así que voy a ver cómo puedo hacer para buscar un poco de dónde era la descendencia Aguaysol (comunera de la comunidad Toro Yaco, conversación, septiembre 2020).

Como vimos, uno de los rasgos clave del resurgimiento indígena es la toma de conciencia por parte de grupos indígenas de ciertos rasgos culturales para hacer de ellos “su cultura”, es decir, para reafirmar o reconstruir una identidad cultural propia (Lazzari, 2018). El cacique de la Comunidad indígena La Quebrada así lo describía:

Siempre nuestra cultura ha estado, nada más que muchas veces no entendíamos que esa cultura era porque éramos diaguitas… y la parte de la cosmovisión que tenemos… nuestros símbolos, digamos, de los cuatro elementos naturales de la vida, vitales que son para poder subsistir, entonces, eso nos lleva a pensar y a analizar y convencerse cada día más de que es un proceso que es de rescate de lo nuestro, de que no sigamos lo que nos imponen (cacique de la comunidad La Quebrada, entrevista, Septiembre 2019).

Se trata de una reapropiación de la identidad indígena, como señala Revilla Blanco (2005), que habilita el surgimiento de subjetividades políticas que reivindican su diferencia. La identidad diaguita es reafirmada desde la recuperación de prácticas, saberes, cosmovisiones, pero también a partir de rechazar el lugar que otros sujetos le imponen o le han asignado dentro del espacio social. Así, ese camino de revalorización ha implicado mayormente romper con patrones coloniales de poder/saber que les inferiorizan, descalifican y estigmatizan en tanto sujetos indígenas. Construcciones simbólicas basadas en la naturalización de jerarquías raciales que, siguiendo a Aníbal Quijano (2000), posibilitan la reproducción de relaciones de dominación territoriales y epistémicas y que, no solo garantizan la explotación capitalista de unos seres humanos hacia otros, sino que también subalternalizan los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son así dominados y explotados.

Las luchas y el posicionamiento que asumen las comunidades frente a estas situaciones implican, en términos de Porto-Gonçalves (2002), un cambio de lugar social a partir de movilizarse en busca de la afirmación de las cualidades que creen que justifican su existencia. Este cambio en la construcción de su subjetividad, tanto individual como colectiva, puede comprenderse, a su vez, –en términos de Rodríguez y Lorandi (2005) y Fontenla (2018)– como una (re)apropiación del pasado y de su identidad étnica. En la construcción de la identidad diaguita tiene una fuerte presencia su historia guerrera, la cual se asienta en leyendas y reconstrucciones de los sucesos pasados^[6] que hablan de duras resistencias, tanto frente al avance del imperio incaico como a la invasión española durante las llamadas “guerras calchaquíes” (en los siglos XVI y XVII). Al respecto, Rodríguez, analizando las atribuciones de sentidos y los usos del pasado en el departamento Santa María, encuentra que la población santamariana construye su identidad en vínculo estrecho con el pasado indígena:

Los santamarianos son rebeldes, y esta rebeldía es en parte el legado que los habitantes prehispánicos de la región les dejaron al enfrentar tanto a la conquista española como a la incaica. El pasado, entonces, les sirve no sólo como una instancia constitutiva de su identidad, sino también para rebelarse contra lo que ellos consideran como las injusticias del presente (2004: 157).

En las múltiples entrevistas y conversaciones con comuneros/as y autoridades comunitarias se manifiesta ese sentipensamiento. El diaguita se reconoce guerrero, se siente “luchador por el territorio”. Tal como señala Isla, en el valle Calchaquí

se construye una retórica épica de la lucha por el territorio en contra del Estado colonial y nacional, que liga los reclamos del presente (pensando, desde los actores, con espesor de siglo) con la evocación de las “rebeliones” o “guerras calchaquíes” del XVII (2003: 37).

Si bien las acciones de las comunidades se desenvuelven mayormente en el marco y referencia de una “memoria corta”, signada por el recorrido que vienen construyendo los pueblos diaguitas desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad, su presente (y su futuro) no deja de constituirse también desde una “memoria larga”^[7] de lucha anticolonial (Rivera Cusicanqui, 1986), donde la ancestría y la herencia guerrera del pueblo diaguita remite a las luchas calchaquíes y a la resistencia indígena de los pueblos andinos frente al conquistador español.

Esos versos que nos habían dejado los representantes indígenas antes de ser ejecutados, que después fue usado políticamente, como el caso de Tupac Amaru que decía que él iba a volver e iba a ser millones, yo creo que cuánta razón han tenido ellos esa visión en ese momento, yo creo que eso es lo que está pasando, estamos volviendo, estamos vivos, y día a día yo creo que vamos a ser más si seguimos en este proceso (cacique comunidad La Quebrada, entrevista, septiembre 2019).

Si se observa el símbolo o bandera diaguita^[8] (Figura 11), donde se condensa gran parte de su cosmovisión, la imagen central está representada por una figura humana que simbolizaría al guerrero diaguita, y que es acompañado por toda una simbología ancestral diaguita donde están presentes la chakana (cruz andina), el círculo, el uturungo (puma), el suri (ñandú), el cóndor y la rana, como expresión también de los cuatro elementos vitales (fuego, tierra, aire, agua). Esta construcción de símbolos o simbolización como pueblo indígena puede comprenderse como un modo de comunicar la necesidad de autodefinición y autorrepresentación mediante la actualización y reinterpretación de figuras y elementos propios de la cultura diaguita. Una identidad colectiva construida en el marco de la disputa por la autodefinición y la lucha por el reconocimiento bajo términos y condiciones relativamente autónomas o propias (Bello, 2004).

Figura 11. Símbolo o bandera diaguita

El cacique de La Quebrada lo expresa cuando afirma que la identidad al igual que el territorio es algo que debe defenderse y lucharse, nunca negociarse, y que esa lucha es parte y está enraizada en una memoria larga de resistencia anticolonial.

Ese orgullo de que no somos ningunos ignorantes, de que tenemos nuestras formas de vida, de que es una buena forma de vivir, nos lleva a sentirnos más como diaguitas… y uno la historia que en algunos libros, algunas historias que contaron nuestros propios viejos, como decimos en términos comunes, que nos llevaron por lo que han sido los diaguitas, luchadores por el territorio, y la parte sincera, digamos, de decir yo defiendo el territorio, de decir, sentirlo y hacerlo, porque existen también muchos que, digamos, de nuestros pueblos, que dicen soy originario porque uso la pluma, porque soy parecido al indio que sale en las revistas, pero sin embargo, los vemos sentaditos negociando con gente de afuera, dando apoyo a gente que destroza la madre tierra, que vive explotando a gente humilde y trabajadora que tienen los pueblos, todo eso nos lleva a definirse que el diaguita ha sido uno de los guerreros (…) Otra parte es que estamos convencidos que sin lucha no vamos a conseguir nada porque si nos ponemos a rever la parte de nuestros derechos que hemos adquirido a lo largo de los años han sido por hechos de sangre de nuestro pueblo (cacique comunidad La Quebrada, entrevista, septiembre 2019).

De este modo, la (re)emergencia de identificaciones indígenas está vinculada no sólo a un proceso de contra-estigmatización y autorreconocimiento étnico como pueblo, sino también a la construcción de estrategias defensivas y de resistencia territorial colectiva comunitaria e intercomunitaria. De allí que la identidad indígena en el caso diaguita catamarqueño (para el caso de las comunidades bajo estudio) se encuentra íntimamente ligada a la noción de territorialidad. Al respecto, un cacique expresaba:

El que tiene sentimiento indígena, por más que sea cacique o un comunero cualquiera, pero que tenga sentimiento indígena va a hacer respetar, se va a hacer respetar, su personalidad, su persona, y su territorio, porque lo que hay que defender es el territorio. Al defender el territorio uno defiende a toda la gente que tenemos dentro del territorio (cacique Comunidad Cerro Pintao, entrevista, febrero 2022).

El reconocimiento de la pertenencia diaguita, por mucho tiempo silenciada –e incluso, resguardada–, permitió emerger una discursividad política que potencia las luchas y reclamos históricos en torno a sus derechos colectivos y territoriales. La reorganización comunitaria vino a despertar y a alimentar esa identidad diaguita que estaba de algún modo invisibilizada, pero que era necesario actualizar, compartir y revalorizar colectivamente. En ese marco, se manifiesta una discursividad que hace referencia a la causa indígena como lucha compartida basada en un “sentimiento indígena” en vínculo estrecho con el territorio, alimentando los procesos de (re)existencia y la construcción de territorialidades (inter)comunitarias propias (como se verá en el siguiente capítulo). Al respecto, es interesante señalar que algunos dirigentes, poniendo énfasis en ese “sentir”, mencionan que “hay indígenas que tienen piel negra pero corazón blanco, así como hay no indígenas que tienen piel blanca pero corazón indígena”, remarcando la importancia del compromiso con “la causa” y la defensa de los territorios que, de algún modo, se expande cuando la lucha es compartida.

Así, los procesos de reorganización comunitaria han ido en paralelo con diversas situaciones vinculadas a la afirmación identitaria, pero también a la defensa territorial como pueblo indígena, a partir del (auto)reconocimiento de derechos. A partir de este nuevo posicionamiento étnico colectivo pudieron visibilizarse situaciones de injusticia, posibilitando un cambio en el orden social. La reorganización de las comunidades permitió, en ese sentido, que muchas familias lograran dejar de pagar “pastaje” o arriendo para el desarrollo de sus producciones, desconociendo al “patrón” y asumiendo la defensa y la lucha por el reconocimiento de sus posesiones ancestrales. Cabe mencionar que el pago de pastaje o arriendo sintetiza el vínculo establecido entre las familias que habitan en la zona serrana y algunas familias terratenientes que viven en la ciudad (Santa María, Tucumán, Salta, etc.) y que se atribuyen la propiedad sobre las tierras que tradicionalmente han sido de uso comunitario. Es decir, por el derecho a habitar allí, producir y que sus animales puedan pastar en esas tierras, las familias pagaban en especie (generalmente debían entregar sus mejores animales) o en dinero a un terrateniente o “patrón”. En los últimos años, y en la medida que se profundizó el proceso de autorreconocimiento indígena por parte de las familias diaguitas, la obligación de dicho pago se comenzó a poner en cuestión, así como la supuesta propiedad de los terratenientes sobre esas tierras. Esto fue un elemento central en la organización de las comunidades diaguitas.

[…] mi abuela, mi bisabuela les pagaban el pastaje a estos tipos, pero cuando se han muerto ellos, ha muerto mi bisabuelo recién se ha… mi mamá todavía, ella no quería hacer nada, ella decía que los respetaba como patrones y cuando nosotros, bueno, ya hemos empezado a tener organización recién hemos averiguado esto y nada que ver (cacique de la Comunidad originaria Cerro Pintao, entrevista, febrero 2020).

Del mismo modo, el proceso de reorganización de las comunidades diaguitas en Catamarca estuvo marcado en gran medida por la lucha frente al avance del modelo neoextractivista y, en particular, de la megaminería transnacional. Durante la primera década del siglo XX las comunidades diaguitas de Tucumán, en articulación con asambleas de vecinos que se oponían a la explotación minera, llevaron a cabo diversas acciones colectivas para manifestar su desacuerdo, de las cuales participaron comuneros/as y autoridades de las recientemente constituidas comunidades de Catamarca. Entre dichas acciones se encuentra la realización de cortes en la Ruta Nacional 40 para impedir el paso de los camiones de la empresa minera^[9], los cuales servirían como espacios de formación, articulación y politización de la demanda por el territorio para el conjunto de las comunidades.

Ya se ha mencionado en el capítulo 1 que el territorio es, al mismo tiempo, una convención y una confrontación, convirtiéndose en un espacio de conflictualidades (Mançano Fernandes, 2005). En ese marco, uno de los principales conflictos que enfrentan las comunidades diaguitas en Catamarca está vinculado a la disputa territorial con diferentes actores, y sus respectivas concepciones sobre el uso y apropiación del territorio, que confrontan y ponen en riesgo la vida comunitaria y la biodiversidad allí existente. Se establecen conflictos territoriales donde las formas de vida y cosmovisiones indígenas deben hacer frente a modelos de desarrollo capitalistas –en muchos casos de raíz extractivista– que no ven límites en la explotación de la naturaleza.

Es interesante observar, recuperando a Heasbaert (2021), que muchas veces mientras los territorios, en tanto espacios de vida, no se encuentran amenazados, las poblaciones y comunidades no perciben la necesidad de definirlo como “su territorio”. Del mismo modo, la conciencia de dicha amenaza –señala Haesbaert (2021)– se vio fortalecida en la medida que se fueron dando las conquistas jurídicas y el reconocimiento de derechos territoriales de los pueblos indígenas. Así, se establece cierta relación y retroalimentación entre la toma de conciencia en torno a los avasallamientos o amenazas que enfrentan, el hecho de contar con derechos colectivos y territoriales como pueblos originarios con reconocimiento jurídico constitucional y/o internacional, y la capacidad para luchar por el efectivo cumplimiento de sus derechos y resistir de manera organizada colectivamente para hacer frente a dichas amenazas en el territorio.

Por otro lado, sostiene este autor que se genera así una compleja amalgama entre resistencia a la legislación que los excluye y el acceso a resquicios en el aparato del Estado capaces de legitimar, por lo menos en parte, el objetivo de sus luchas:

Esas conquistas legales tienen un papel ambiguo: al mismo tiempo que representan el fruto de una resistencia, pueden institucionalizar la lucha dentro del mismo aparato que la reprime –por otro lado, esas conquistas son un producto de la lucha que, una vez legitimadas, pueden nuevamente fomentarlas (Haesbaert, 2021: 157, traducción propia).

Al respecto, la autoridad comunitaria de La Quebrada compartía la siguiente reflexión:

otra [dificultad] también son la parte de las leyes, porque las leyes están armadas por los poderes legislativos y por el capitalismo, entonces las leyes, aunque llevan el nombre y favorecen en algo la parte de los pueblos indígenas, pero son decididas y tratadas por la parte capitalista, entonces era una trampa (cacique comunidad La Quebrada, entrevista, septiembre 2019).

Como ya se ha señalado, los conflictos con el modelo extractivo megaminero acompañarán y atravesarán la temporalidad de la lucha y la reorganización comunitaria del pueblo diaguita en Catamarca. En el capítulo 3 observamos que, tras años de explotación de la mina Bajo de la Alumbrera, las poblaciones de la región comenzaron a notar y a tomar mayor conciencia sobre los efectos negativos que significaba la megaminería, así como a ver que las promesas de trabajo y “progreso” que esgrimía la empresa no se hacían realidad.

Cual parteaguas el posicionamiento asumido frente a la megaminería marcará una división en todo el campo social catamarqueño entre quienes están a favor y quienes están en contra de la misma^[10]. Del mismo modo, es utilizado frecuentemente como indicador sobre el tipo de construcción político territorial llevada a cabo por cada dirigente indígena y cada comunidad en el territorio. Así, están quienes manifiestan un posicionamiento crítico y de oposición a la empresa minera que es respaldado en acciones concretas de rechazo a la misma; y están quienes asumen un vínculo de negociación y de convivencia con las políticas mineras y el accionar de las empresas en los territorios. Al respecto, cabe recordar que el desarrollo megaminero es acompañado por un complejo entramado de legitimación que incluye el despliegue de diversas acciones y prácticas clientelares en las comunidades locales, a veces de manera explícita, pero mayormente de modo solapado a través de la implementación de políticas sociales.

Frente a esto, las comunidades que luego conformarán la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca asumirán un posicionamiento crítico y de rechazo que, con el paso del tiempo, se hará cada vez más firme y contundente, diferenciándose explícitamente de quienes asumen posturas de negociación con las empresas mineras y/o aceptan las dádivas que ofrecen las mismas directa o indirectamente^[11].

Con respecto al vínculo con las agencias estatales durante este primer período se comienza un proceso de reconocimiento de derechos como pueblo indígena, principalmente por parte del Estado nacional. Se inician las gestiones para la consecución de las personerías jurídicas a fin de ser legitimadas por el Estado como comunidades indígenas. A medida que se fueron constituyendo y reorganizando, las comunidades fueron presentando ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI) la documentación requerida para iniciar el trámite de inscripción, así como para completar la “carpeta técnica” en el marco de la Ley 26.160.

En este proceso, enmarcado en lo que Briones (2005) denomina “juridización del derecho a la diferencia cultural”, las comunidades diaguitas –al igual que otros pueblos indígenas– han transitado un importante aprendizaje para la incorporación y el manejo de un lenguaje jurídico, que hasta el momento les resultaba totalmente ajeno. Así lo expresa una de las autoridades comunitarias,

[sobre la reorganización como pueblo] (…) la forma de reempezar esto, digamos, no es que se ha empezado de abajo, porque la parte de la cosmovisión era algo que siempre ha estado permanente, pero ha sido un proceso de conocimiento nuevo para nosotros, de ponerse a leer la parte de los derechos (cacique de La Quebrada, 2019).

En relación a este punto, cabe recordar que en el año 2004 se creó en el ámbito del INAI el Consejo de Participación Indígena (CPI) como instancia de participación indígena en la implementación de políticas públicas. Durante los años sucesivos se realizaron asambleas comunitarias y por pueblo a nivel de las diferentes provincias, de las cuales resultaron electos los/as representantes que integrarían el primer Consejo, con la función de actuar como articuladores o intermediarios entre las comunidades de su pueblo y el Estado (Sterpin, 2017). Y en el año 2007 se crea el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI) que tendría a su cargo la ejecución de la Ley 26.160.

En el caso de Catamarca fue recién en octubre de 2009 que se realiza una asamblea en Santa María con la participación de las comunidades Ingamana, Cerro Pintao y Los Morteritos-Las Cuevas, para la elección de representantes diaguitas para integrar el CPI^[12]. De la misma surgieron electos Virginia del Valle Cruz (Cerro Pintao) y Antonio Yapura (Morteritos). Dicha elección venía postergada, a pesar del pedido por parte de las comunidades, debido a que el INAI no contaba con presupuesto para la realización de la asamblea, razón por la cual se debieron gestionar contribuciones de las municipalidades de San José y Santa María, así como aportes propios de las comunidades para tal fin. En ese marco también se sentaron las bases para comenzar a delinear una agenda de trabajo entre las comunidades, el gobierno de la provincia y el INAI para la realización de los relevamientos técnico-jurídico-catastrales de los territorios comunitarios; un camino complejo y plagado de obstáculos que actualmente –luego de más de diez años– continúa prácticamente en la misma situación.

En efecto, según información brindada por las autoridades comunitarias, en toda su historia el INAI visitó las comunidades de Santa María en pocas oportunidades. Al día de la fecha apenas dos comunidades del departamento Santa María cuentan con su personería jurídica (Ingamana, Cerro Pintao), mientras que otras aún continúan a la espera (La Hoyada, Famabalasto, La Quebrada, Toro Yaco, Alto Valle El Cajón), a pesar de haber pasado varios años desde la inscripción y presentación de documentación ante el INAI.

Como ya se ha mencionado, a nivel del gobierno provincial durante este período el reconocimiento del proceso de reorganización indígena fue muy incipiente, y estuvo principalmente direccionado a apoyar a ciertas comunidades en particular (Los Morteritos-Las Cuevas en el departamento Belén y Antofalla en Antofagasta de la Sierra)^[13] desde una noción de la cultura “autenticista” que en definitiva busca opacar o neutralizar la agencialidad –o capacidad de agencia– que poseen en tanto sujetos colectivos (Jofré, 2009). El estado catamarqueño recién comenzará a prestar mayor atención a las comunidades indígenas organizadas y sus luchas por un reconocimiento cultural y por la autodeterminación territorial cuando la organización de éstas fuera asumiendo mayor fuerza y visibilidad pública^[14]. Asimismo, el fortalecimiento de las comunidades indígenas y su organización como sujetos políticos plantearían nuevos desafíos y límites al gobierno provincial para el despliegue de sus tradicionales dispositivos clientelares de control y disciplinamiento de la población. Pero, como veremos, esto sucederá más claramente algunos años después, cuando las comunidades fueran aprendiendo desde la práctica acerca de la compleja relación con los Estados.

4.2 Segundo momento (2010-2014): Procesos reivindicativos, politización de las identidades étnicas y organización intercomunitaria para la defensa territorial

El año 2010 marca un nuevo hito en el proceso reorganizativo de las comunidades diaguitas de Catamarca, en particular en el departamento de Santa María donde algunas bases que hasta ese momento pertenecían a la comunidad Ingamana toman la decisión de desmembrarse para conformar comunidades independientes^[15]. Dicha desvinculación surgió a raíz de cierta disconformidad con el modo en que se venía organizando la comunidad, cuya cobertura territorial abarcaba por ese entonces prácticamente todo el distrito de San José. Quienes participaron de ese proceso señalan entre las razones para desvincularse la exigua comunicación entre la autoridad comunitaria y las bases, el carácter personalista de su liderazgo y ciertos manejos poco transparentes y arbitrarios en la gestión de los recursos.

La delegada de base de la comunidad de La Hoyada señalaba que no se realizaban asambleas en su comunidad, por lo que no podían participar de ninguna decisión. En el intercambio con personas de la comunidad Cerro Pintao, ella aprendió que podía organizarse su comunidad de manera autónoma, y fue a raíz de participar en una asamblea de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND)^[16] en la localidad de El Mollar (provincia de Tucumán) que ella pudo vislumbrar con mayor claridad la posibilidad de autoorganización territorial y de participación autónoma en la construcción de su comunidad y su territorialidad.

[…] de ahí yo volví a hablar con mi gente de mi pueblo, y les digo yo que es fácil, porque nosotros se organizamos, nosotros tomamos nuestra decisión, nosotros tenemos que ser autónomos, no ordenados por nadie, nosotros mismos, entonces ahí logré yo de organizarme en comunidad, y bueno, y ahí lo han puesto de cacique a Raúl Pachado y de ahí seguimos (delegada de base comunidad La Hoyada, entrevista, febrero 2020).

Incluso en algunas comunidades señalaron que habían sido inscriptos como comuneros/as ingamanas sin saberlo, es decir, sin haber sido consultados: “Nosotros en realidad habíamos estado censados por Ingamana, no sabíamos, ignorábamos” (comunero de La Quebrada, entrevista, septiembre 2022). Del mismo modo sucedió con otras comunidades, donde mencionan además la implementación de prácticas de tipo clientelares, alejadas de las lógicas asamblearias y participativas de construcción comunitaria:

[…] he visto que no funcionaba bien, él [cacique ingamana] lo hacía todo para el bolsillo de él, había proyectos, había becas para los chicos, había mucha ayuda ¿no? Pero nunca nosotros, era únicamente que él venía, nos hacía firmar y nada más. Después estuve con otros referentes diaguitas, y ahí nos han hecho avivar un poco, que nos desvinculemos, y así hemos generado nuestra comunidad (comunera de Famabalasto, entrevista, enero 2021).

Estos distanciamientos y desencuentros respecto a los sentidos y objetivos de la reorganización comunitaria marcarán fuertemente el caminar posterior de las comunidades que luego conformarán la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca, dado que les permitirá identificar con mayor claridad el horizonte de la lucha, así como los límites de la misma. En tal sentido, irán configurando los posicionamientos que como comunidades diaguitas construirán con relación a la política partidaria, el Estado, las corporaciones mineras u otros actores en los territorios. Cuales casos ejemplificadores servirán para identificar y diferenciar valores, prácticas y acciones “no deseables” en el marco de la organización y de la lucha territorial comunitaria, lo que, a su vez, permitirá identificar afinidades, sinergias y empatías –como también conflictos o desencuentros– con otras comunidades hermanas.

Por aquellos años el proceso reorganizativo comunitario se fue ampliando y multiplicando en Santa María, como también en otros departamentos como Belén y Andalgalá. Si bien la lucha indígena en Catamarca durante este período se mantuvo en un plano de cierta invisibilidad política, por lo bajo y en la latencia (Melucci, 1994b) el proceso se iba profundizando y de a poco la historia comenzaba a cambiar. La afirmación étnica comunitaria se acompañó de un proceso de empoderamiento y de lucha por el reconocimiento de derechos hasta el momento negados.

En la medida que se profundizó el proceso de autorreconocimiento indígena y el trabajo de concientización sobre los derechos étnicos y territoriales, en comunidades donde el sistema de obligaciones con un “patrón” o terrateniente aún subsistía, muchas familias dejaron de pagar el “pastaje” o el arriendo. Decíamos que esto ha sido central para la organización de las comunidades diaguitas en general –en Catamarca también– porque ha permitido vislumbrar el alcance del ejercicio de la autodefensa y la lucha por el reconocimiento de los derechos como pueblo en pos de la autodeterminación territorial y a partir de la fuerza de la reorganización comunitaria indígena. Como veremos, si bien los conflictos con los supuestos terratenientes no cesan, prácticamente han desaparecido en los territorios de aquellas comunidades que pusieron eje en la defensa y ejercicio de sus derechos territoriales. Esto permitió la desestructuración del sistema de relaciones mediante el cual los “patrones” subordinaban y explotaban a los peones o habitantes de la zona serrana, ahora autorreconocidos diaguitas. Una parte significativa del orden social local se transformó radicalmente.

Las comunidades comenzaron así a desplegar su territorialidad comunitaria con mayor fuerza, alimentando prácticas de autodeterminación y el ejercicio de autonomías en las diferentes dimensiones de la vida común: en términos del cuidado y defensa de los territorios, en la producción y reproducción de la vida, construcción de políticas comunitarias a partir de definiciones colectivas y toma de decisiones en el marco de asambleas comunitarias, en la identificación de injusticias y la toma de conciencia sobre los derechos que como comunidades indígenas tenían sobre los territorios. De ese modo, la organización y la unión intercomunitaria fue reforzando cada vez más la voluntad y la capacidad de construir autodeterminación a partir de territorialidades (inter)comunitarias.

Ya se ha mencionado que uno de los elementos que tiene una presencia ineludible en la construcción territorial de las comunidades indígenas en Catamarca es el despliegue que ha tenido la megaminería transnacional. En el caso del departamento Santa María la explotación de la mina Bajo de la Alumbrera desde mediados de la década del noventa permitió a la población tomar contacto con las consecuencias de este tipo de emprendimientos y con el hecho de que buena parte de sus promesas luego de una década de actividad aún seguían sin cumplirse.

Los procesos organizativos de las comunidades, sumado a un permanente vínculo con otros sujetos colectivos territoriales de la región, alimentarían un posicionamiento colectivo crítico y de oposición hacia el extractivismo minero. La minería transnacional a gran escala se comenzará a percibir en esta etapa como la antítesis de los modos de producción campesinos y los mundos de vida comunitarios.

En ese marco, la corporación minera fue construyendo nuevas estrategias para lograr legitimar su accionar y generar las “condiciones políticas de gobernabilidad” (Machado Aráoz, 2009). Una de ellas fue acercarse a las emergentes comunidades diaguitas para, dentro de lo que llaman Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ofrecer políticas asistenciales y algunos recursos en el marco de la construcción de legitimidad en los territorios (Godfrid, 2018) y lo que podemos caracterizar como un entramado político clientelar.

Frente a ello, algunas comunidades asumieron una relación de diálogo y convivencia con la empresa minera, como es el caso de la Comunidad Originaria Ingamana, que a pesar de afirmarse discursivamente en contra del desarrollo megaminero en la región, no sólo ha recibido de Bajo de la Alumbrera equipamientos e insumos, sino que a su vez ha mantenido un vínculo permanente con la empresa. Entre otros factores, ha sido determinante el hecho de que la empresa minera designara como “encargado del desarrollo de las comunidades” a un comunero de Ingamana. El entonces cacique definía dicho posicionamiento frente a la minería como parte de una “estrategia de supervivencia” y de aprovechamiento de la situación, dado que la minera ya se encontraba instalada en el territorio y no encontraba modo de hacerle frente. Con respecto a la relación con la empresa minera comentaba:

No queremos ningún tipo de desarrollo minero, estamos en contra del desarrollo minero, […] pero sí buscamos la forma de que nos den una ayuda, porque mañana se van éstos y te queda el agujero y, por lo menos, hemos trabajado, aunque más no sea. Si nosotros somos tan ínfimos, es tan ínfima la postura indígena a nivel…la minera es un monstruo tan gigante que ni siquiera el ser humano conoce… a Xtrata no le interesa que haiga 4 negros, va, los indemniza si quiere, y si no váyanse también, porque lo mismo se tienen que ir, o morirse por la contaminación, en fin… ¿y qué hacemos, nos vamos a ir a luchar nosotros? (cacique comunidad Ingamana, entrevista, 2014).

Sin embargo, dichas acciones habilitaban a que la empresa minera difundiera en sus materiales de divulgación y en sus informes de sustentabilidad que apoyaba el desarrollo comunitario indígena en el departamento Santa María, mientras continuaba explotando el cerro, saqueando el agua y los minerales, destruyendo la biodiversidad y con ello el entramado comunitario y las economías campesinas e indígenas de la región^[17].

Cabe destacar que las negociaciones y diálogos entre comunidad y corporación minera no se desarrollan exentos de intereses político-partidarios y de entramados que hacen a la gobernabilidad política local; por el contrario, cuentan con la participación de funcionarios y representantes de los gobiernos tanto municipales como provinciales que asumen como propios los intereses mineros.

En el caso de la comunidad Ingamana, ésta se ha vinculado simultáneamente con diferentes instancias gubernamentales. En efecto, según la comunidad, uno de los principales logros que han tenido ha sido la creación en el año 2013 de una división o dirección de pueblos originarios dentro del gobierno municipal de San José, con una oficina propia, puestos de trabajo dentro de dicha dirección y presupuesto para el desarrollo de actividades y proyectos de la comunidad. La oficina fue equipada (computadoras, proyector, impresora, pantalla, mobiliario, etc.) mediante aportes y fondos que ha otorgado la empresa minera Bajo de La Alumbrera (Minera Alumbrera, 2012).

Para la comunidad Ingamana esto ha sido parte de una estrategia para tener lo que ellos definen como “acceso a desarrollarse” y un reconocimiento de derechos que les habían sido negados. Si bien dicen no identificarse con la política partidaria, expresan que tienen que “golpear el tarro para el gobierno de turno” para que se reconozcan algunos de sus reclamos y obtener participación en los presupuestos estatales, aunque admiten que esto no siempre se logra (García Guerreiro y Alvarez, 2016).

Con respecto a la relación con el Estado durante este período se da un proceso de mutuo reconocimiento, a partir del cual desde los espacios institucionales provinciales se comienza a reparar en la existencia de un sujeto indígena presente, organizado comunitariamente y con derechos. Esto ha sido en gran medida como resultado de los procesos organizativos de las comunidades, que comienzan a interpelar al poder estatal para su reconocimiento, pero también a partir de la implementación de acciones y políticas desde el Estado nacional, como ha sido la creación del Consejo de Participación Indígena (CPI) en el ámbito del INAI y la ejecución de programas específicos para pueblos indígenas en diferentes dependencias.

Sin embargo, observamos que desde el Estado provincial se asume una política indigenista de carácter meramente asistencial y paternalista, funcional a los dispositivos clientelares que predominan como engranajes del sistema político dominante. Como ejemplo de esto podemos destacar la creación de un “centro para atención de consultas para pueblos originarios” en la ciudad capital de la provincia. En ocasión de su inauguración en un diario local podía leerse: “En el lugar funcionará la primera oficina que hará las veces de ‘embajada’ para asesorar e informar a los visitantes de las comunidades que lleguen a la capital” (El Esquiú, 22/11/2014)^[18].

En octubre de 2012 se llevó a cabo en la Cámara de Senadores de la provincia de Catamarca una sesión especial con la participación de autoridades indígenas en la cual se entregaron diplomas “como homenaje a los pueblos originarios, por haber conservado una cultura milenaria, rescatando valores que enriquecen a toda la comunidad” (El Esquiú, 11/10/2012). En esa instancia, diferentes referentes indígenas pudieron expresar la situación que se vive en las comunidades. La representante del pueblo diaguita manifestó:

Hoy vivimos un momento histórico para nosotros y los pueblos de toda la provincia, venimos trabajando para fortalecernos y trabajar como nación diaguita, como pueblo fuerte en defensa de nuestro territorio, hoy nosotros somos los herederos, no de punta y flecha como lo hicieron nuestros antepasados sino con armas fundamentales como las leyes y que hoy lo podemos pelear mediante ello (Virginia Cruz, CPI Pueblo Diaguita Catamarca, El Ancasti, 11/10/2012).

Durante estos años las comunidades comenzaron a establecer una nueva relación con los Estados (sean municipal, provincial, nacional) desde un posicionamiento político como sujeto colectivo, lo que incluyó la incorporación del lenguaje del derecho indígena como herramienta para traducir sus demandas. Ese novedoso vínculo fue permitiendo, a su vez, reforzar el proceso de reafirmación étnica y de reivindicación de sus derechos como pueblo mediante una creciente politización de la lucha y una mayor institucionalización de la participación.

La emergencia de diversas comunidades en diferentes departamentos de la provincia (Santa María, Belén, Antofagasta, Andalgalá) y la falta de respuestas efectivas por parte de los gobiernos provincial y nacional a los reiterados reclamos étnicos y territoriales generará durante este período un escenario de reconocimiento mutuo y de encuentro entre las comunidades. De ese modo, se comenzarán a coordinar acciones para la defensa de sus territorios y sus derechos como pueblos preexistentes. Esa unión en la lucha será lo que posibilitará la conformación de una organización intercomunitaria diaguita a nivel provincial en tanto movimiento indígena^[19]: la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca.

4.3 Tercer momento (2014-2018): Conformación de la UPND de Catamarca, manifestación de conflictividades y mayor visibilización política

Este tercer momento está signado por la conformación de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca como organización étnica intercomunitaria a nivel provincial. Tras varios años de caminar y luchar en los territorios, con el aprendizaje de comunidades y organizaciones diaguitas hermanas como la UPNDT, el catorce de septiembre de 2014 las comunidades de Catamarca, reunidas en asamblea, deciden conformarse en Unión con el objetivo claro de defender mancomunadamente sus territorios y pelear por el reconocimiento y efectivo cumplimiento de sus derechos como pueblo indígena. Según los testimonios, en esa asamblea fundacional participaron autoridades comunitarias de Cerro Pintao, La Hoyada, Alto Valle El Cajón (del departamento de Santa María), Anconquija (de Andalgalá), La Angostura (de Belén), y contó con la participación del cacique de la Comunidad Amaicha del Valle para compartir su experiencia y acompañar la decisión de conformar una organización supracomunitaria.

Fue decisivo en este proceso la intervención de la delegada por el pueblo diaguita de Catamarca en el CPI y de técnicos territoriales de la entonces Secretaría de Agricultura Familiar (actual INAFCI, ex SAFCI), que comenzaron a trabajar la problemática indígena de modo particular, así como a llegar a los territorios con una perspectiva crítica y de acompañamiento al proceso organizativo comunitario más allá de los aspectos referidos a lo estrictamente socio-productivo (perspectiva que primaba hasta ese momento).

En esta etapa se afianza aún más la construcción de un “nosotros” a partir de la identidad diaguita, es decir, mediante procesos de identificación colectiva y procesos de producción de sentidos comunes para la acción (Revilla Blanco, 1994). Este mutuo reconocimiento desde un “nosotros” que permite demarcar fronteras y distinguirse de los demás actores dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado (Bello, 2004) será la base para la movilización y la constitución de la organización intercomunitaria diaguita, la UPND de Catamarca, como movimiento indígena (Revilla Blanco, 2005). Asimismo, a medida que se expande el proceso organizativo se va estableciendo un discurso (ver folleto de la UPND Catamarca en Figura 12) y unas capacidades concretas para la acción colectiva.

Figura 12. Folleto de la UPND de Catamarca

Es en esta etapa que las acciones de las comunidades diaguitas de Catamarca adquirirán mayor visibilidad. Los repertorios de acción^[20] de la UPND de Catamarca en este período incluirán cortes de ruta, ejercicios de autodefensa territorial^[21] frente al avance de capitales mineros o emprendimientos privados, conferencias de prensa en la ciudad, entre otras diferentes acciones disruptivas para el orden político y económico dominante, cuestionando profundamente la “gramática de poder” hegemónica a nivel provincial (Giarracca y Teubal, 2006). En términos de Melucci (1994b), la organización intercomunitaria diaguita continuará construyendo su lucha y territorialidad desde cierta latencia, pero en este período transitará con mayor frecuencia momentos de visibilidad, irrumpiendo en el espacio público provincial.

Un ejemplo de mayor visibilidad de sus acciones puede encontrarse en la conferencia de prensa organizada por la UPND en la localidad de El Rodeo, en cercanías de la ciudad capital de la provincia. En junio de 2016, en pleno ciclo expansivo de la organización, las autoridades comunitarias de las diferentes comunidades integrantes de la UPND se trasladaron a la ciudad para hacerse escuchar y expresar sus demandas. Así, su capacidad organizativa adquiere visibilidad pública, mediante la salida de su territorio y el traslado a la capital provincial, en tanto centro de poder (Revilla Blanco, 2005). Allí convocaron a diferentes medios de comunicación, se reunieron con funcionarios, hicieron conocer su lucha y la situación que viven las comunidades históricamente, así como los reclamos puntuales que debe atender el Estado.

Que se respeten nuestros derechos al territorio, que es la base fundamental de las comunidades indígenas, porque sin tierra no somos nada y otro punto que pedimos es la consulta previa, libre e informada, con eso podemos avanzar en nuestro territorio porque no podemos ser comunidades indígenas sin territorio (Cacique Cerro Pintao, El Esquiú, 4/6/2026).

Esta mayor visibilidad se vio acompañada de posicionamientos territoriales cada vez más firmes. La UPND construyó desde allí relaciones de poder con diferentes actores e instituciones, jerarquizando a la asamblea de la organización como un espacio fundamental para la deliberación y toma de decisiones intercomunitaria. Si alguna institución o dependencia del gobierno deseaba actuar o articular acciones con la UPND, debía solicitar audiencia o un espacio en la asamblea para hacer conocer su propuesta. De ese modo, se puso en pie de igualdad a las autoridades comunitarias con las autoridades gubernamentales o representantes del sistema político oficial, a quienes cuando resulta necesario se les invita a las asambleas para que puedan escuchar los pedidos o propuestas de las comunidades, así como informar sobre acciones en los territorios (por ejemplo, la UPND ha invitado a legisladores, a referentes del sistema de salud o de educación, a funcionarios de diferentes dependencias públicas, etc).

Cabe destacar que tanto los momentos de latencia como de visibilidad de su acción como movimiento social han estado marcados por la emergencia de una diversidad de conflictos territoriales. Estos conflictos asumen una importancia central en la construcción del sujeto colectivo y la subjetividad política de la UPND. La identidad, la construcción del “nosotros”, ineludiblemente se encuentra atravesada por el modo en que lucha territorial se va construyendo para hacer frente a lógicas capitalistas, prácticas de la política partidaria, modelo extractivo, etc. Recuperando a Porto Gonçalves, encontramos que el conflicto se constituye en un momento privilegiado de esa conformación de identidades, de configuración de “comunidades de destino”, en que cada sujeto comienza a percibir que su destino individual está en otro con/contra el cual tiene que unirse/contraponerse (2001: 204).

Durante estos años se presentaron diferentes tipos de conflictos, todos ellos vinculados a la defensa y construcción de la territorialidad diaguita. Si bien no todos se desarrollaron en el departamento Santa María, se trata de conflictos territoriales que fueron asumidos como propios por todas las comunidades que hacían parte de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, por considerar que lo que afectaba a una afectaba en definitiva a todas, entendiendo el territorio de un modo amplio y común.

Por un lado, encontramos conflictos con terratenientes, es decir, con sujetos que se atribuyen la propiedad de la tierra y sus derechos posesorios, pretendiendo hacer uso de parte del territorio comunitario e incluso cobrar un canon a quienes allí habitan a cambio de su usufructo. Ejemplo de ello ha sido el conflicto en las comunidades Aguas Calientes y Corral Blanco en el departamento de Belén en el año 2016, cuando por orden del juzgado de Belén se intentó desalojar a familias comuneras^[22]. Allí el conflicto era con los Pachado –reconocida familia de la zona–, sufriendo intentos de desalojo, quema de la casa de una familia comunera, entre otro tipo de amedrentamientos. “Ellos dicen que compraron esas tierras en 1970 pero nosotros ya estábamos muchísimos años atrás viviendo ahí”, expresaban desde las comunidades en dicha ocasión (El Esquiú, 6/4/2016). Frente a ello, las comunidades reunidas en asamblea de la UPND en Laguna Blanca emitieron un comunicado que expresaba:

Las autoridades tradicionales, caciques de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca, en representación de nuestras respectivas comunidades, reunidos en Asamblea los días 1 y 2 de abril de 2016, comunicamos a la opinión pública y a todos los organismos competentes nacionales, provinciales y municipales, la situación de inseguridad que padecen nuestras comunidades debido al avasallamiento de nuestros derechos ancestrales como comunidades indígenas preexistentes. En este sentido, solicitamos la solidaridad de la sociedad en su conjunto debido a la usurpación del territorio comunitario que están sufriendo los comuneros de las Comunidades Indígenas de Corral Blanco y de Aguas Calientes. Repudiamos todos los actos violentos e intimidatorios que sufren los miembros de nuestras comunidades y hacemos responsable a todos los organismos estatales competentes de todos los despojos y abusos, particularmente al Poder Judicial, que puedan sufrir las propiedades de nuestros comuneros. Solicitamos la urgente intervención estatal para que garanticen el cumplimiento de nuestros derechos establecidos en la Constitución Nacional (Art.75, inciso 17). Nos declaramos en estado de alerta y movilización, y por la Pachamama, por nosotros, nuestros ancestros y por nuestros hijos, defenderemos hasta las últimas consecuencias los territorios donde convivimos desde tiempos inmemoriales (Comunicado UPND de Catamarca, 2/4/2016).

Desde la Unión se trabajó para tomar conciencia sobre la situación, reconocer al terrateniente como “usurpador” y ya no como “patrón”. Como sucedió en otras comunidades, el posicionamiento firme y colectivo en defensa de sus derechos consuetudinarios sobre el territorio, así como la denuncia pública de los atropellos sufridos por parte de poderes económicos, políticos como también judiciales locales, permitió frenar los desalojos de los comuneros y desarticular los dispositivos de dominación patronal de los terratenientes sobre sus territorios ancestrales usurpados. Poco a poco estas situaciones resultaron cada vez menos frecuentes y las comunidades pudieron ejercer con mayor autodeterminación el control sobre sus territorios. Fue preciso, no sólo el autorreconocimiento étnico y organizarse comunitariamente, sino también enfrentar poderes locales enquistados desde la conciencia de poseer derechos colectivos sobre el territorio. El poder de la organización comunitaria y la fuerza del entramado intercomunitario de la UPND de Catamarca resultaron fundamentales para perder los miedos y poner en cuestión la colonialidad imperante.

Por otro lado, se manifestaron diversos conflictos con empresas mineras que intentaron ingresar a los territorios para desarrollar actividades de exploración. Como ya mencionamos, las comunidades de la UPND de Catamarca asumieron un posicionamiento claro de oposición a la explotación megaminera en sus territorios, entendiendo que la misma comportaba una amenaza para la biodiversidad, para las actividades productivas y el modo de vida comunitario y para la vida misma.

Nosotros muchas veces pensábamos que porque no estaban en el territorio asentados no estaban haciendo ningún daño, entonces nos estamos dando que ojalá a la distancias que ellos están nos están sacando el agua que es del subsuelo y nos están contaminando el aire, entonces creo que no queremos estos emprendimientos, ni en nuestros territorios ni cerca nuestro, porque de alguna manera nos perjudican igual, entonces creo que ahí sería más amplia la lucha por la defensa del territorio, no solamente quizás en algún momento el Estado nos puede dar de hacer los relevamientos jurídicos catastrales, creo que hay cosas que van por sobre de eso porque traspasan esos límites y que nos dañan igual y que también nos vemos ligados, nos vemos como obligados a apoyar y a exigir que estos emprendimientos no estén ni en esos lugares porque son daños permanentes, entender también eso como parte del territorio, de lo que llega por el aire, de la forma que nos sacan el agua, eso nos ha llevado la organización, a conocer eso, pero esta organización ha servido para esto, hoy hasta los más chicos están sabiendo que es un daño (cacique de la comunidad La Quebrada, entrevista, septiembre 2019).

Un ejemplo emblemático de este tipo de conflicto se expresó en 2017 cuando una corporación minera neozelandesa (Buena Vista Gold S.A.) intentó montar un campamento y realizar actividades de exploración en territorio de la comunidad Aguas Calientes (Belén). En ocasión de una asamblea de la UPND de Catamarca, las comunidades se encontraban reunidas cuando vieron a empleados mineros transitando en sus camionetas por la zona –la cual no sólo es territorio comunitario, sino que forma parte, a su vez, de la Reserva de Biósfera de Laguna Blanca– sin contar con el debido permiso de las comunidades. Ya en varias oportunidades comuneros habían visto pasar camionetas mineras y le habían hecho llegar a las comunidades de la Unión su preocupación.

Figura 13. Autodefensa territorial comunitaria en Aguas Calientes, 2017

Figura 14. Autodefensa territorial comunitaria en Aguas Calientes, 2017

Ante esta situación, y constatando la irregularidad de su accionar, las comunidades solicitaron a los empleados mineros el retiro del territorio, generándose momentos de tensión que se resolvieron finalmente con la retirada de las camionetas y de la empresa del territorio (Figuras 13 y 14). Se trató de un ejercicio de autodefensa territorial para el control del territorio.

Nos lleva a acompañar estas formas de autodefensa porque entendemos que el territorio no es hasta donde creemos que es nomás, sino que estos emprendimientos hacen daño muy global, muy intenso, digamos, entonces eso lleva a acompañarnos por más que estén en otra comunidad, pero que obviamente es del mismo pueblo, nos ha llevado a acompañarlos y lograr sacar a esta empresa de estudios mineros que algo así se llamaba, ha visto, a eso se dedicaba y, de ahí yo también siempre dije que el pueblo diaguita por algo es un pueblo porque nuestra familia no está en una comunidad nomás, nacimos en otra comunidad y parte de nuestros hermanos, sobrinos ya están en otra comunidad, y así dentro del pueblo somos muchas comunidades, pero digamos, el árbol genealógico está por entero (cacique de la comunidad La Quebrada, entrevista, septiembre 2019).

Hemos mencionado la importancia que representa la articulación intercomunitaria en la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) para cada una de las comunidades. La construcción de esa organización en base a la identidad diaguita fortalece la posibilidad de apoyarse mutuamente y construir una lucha conjunta frente al avance de las diversas amenazas que se presentan en sus territorios. Como señala una autoridad comunitaria:

Los momentos importantes son aquellos en los cuales hemos sido nosotros protagonistas. Por ejemplo, en el tema de sacar las empresas mineras, el tema de protagonizar cosas. Para muchos, capaz, que han sido que nosotros somos unos revoltosos, como que somos desordenados, porque dicen ¿no? Pero eso significa mucho para mí, de saber que nosotros tenemos peso, mientras se trate de unión, porque la unión hace la fuerza y la organización (cacique de la Comunidad originaria Cerro Pintao, entrevista, febrero 2020).

Así, la autodefensa territorial es ejercida territorializando la unidad, construyendo territorialidad comunitaria en defensa de la vida y, por ende, del territorio. Las comunidades conocen y hacen uso de las leyes que les amparan, pero no es el espacio de la justicia institucional donde se refugian, sino más bien en las prácticas de autodefensa en el territorio mismo. “Su fuerza está fuertemente asociada a su presencia física en el espacio”, señala Porto-Gonçalves haciendo referencia a aquellos sujetos colectivos cuya naturaleza principal no reside en el hablar o escribir, y continúa: “[Para ellos] Es necesario ocupar el espacio, hacerse presente, rigurosamente perturbar el orden, puesto que es ese orden el que no los reconoce, el que no los ve” (Porto Gonçalves, 2001: 214).

Otro tipo de conflicto que emergió en este período fue con el trabajo arqueológico en sus territorios. En varias comunidades nació un malestar sobre el modo en que se desarrollan las investigaciones arqueológicas, dado que, con el aval de la Dirección Provincial de Antropología, equipos de investigadores y arqueólogos se instalan en territorios comunitarios para llevar a cabo exploraciones y excavaciones sin la debida consulta previa, libre e informada a las comunidades involucradas. Respecto a las excavaciones y al tratamiento sobre los hallazgos arqueológicos que efectúan arqueólogos/as en sus territorios, una autoridad comunitaria señalaba:

Quizás para quienes estudian serán fragmentos, cosas que pueden trasladar, pero para nosotros, los pueblos originarios, es parte de nuestro ser y de nuestro cuerpo lo que están sacando. Es parte de nuestra identidad. […] Nosotros no vamos a los cementerios a sacar los abuelos de ellos, así que por qué ellos nos tienen que sacar: porque nos ubican en una inferioridad del ser (cacique de La Quebrada, Agencia Tierra Viva, 3/2/2022).

A esto se suma la denuncia por parte de las comunidades acerca de que los sitios “arqueológicos” son aprovechados con fines políticos y turísticos: “Todos apuntan a los sitios arqueológicos como atractivos turísticos, para nosotros son lugares sagrados, son la base espiritual de nuestros ancestros” (El Ancasti, 12/10/2017). En torno a este problema las comunidades de la UPND Catamarca llevaron a cabo una conferencia de prensa para manifestar su disconformidad. Luego de varios reclamos y conflictos con arqueólogos en los territorios, la Dirección Provincial de Antropología emitió una resolución ministerial (N° 478) que dispuso que a partir de 2018 las intervenciones e investigaciones arqueológicas y paleontológicas debían contar con el consentimiento de las comunidades indígenas respectivas para su desarrollo, según lo estipula el Convenio 169 de la OIT.

Por otro lado, surgieron conflictos con el Estado en torno a la implementación de proyectos en territorios indígenas y el incumplimiento de las normativas que el mismo Estado debería resguardar. Como ejemplo de este tipo de conflictos se encuentra el caso de la conformación del Parque Nacional Aconquija^[23], que afectaba directamente el territorio ancestral de comunidades diaguitas de las provincias de Tucumán y de Catamarca. Las comunidades afectadas manifestaron su rechazo al proyecto de ley de creación del parque observando su carácter inconstitucional e inconsulto. En tal sentido, reunidas en asamblea del pueblo diaguita en la localidad de Tafi del Valle (Tucumán), asumieron una postura firme y mancomunada enfrentándose a la Dirección de Parques Nacionales por vehiculizar un accionar que atropellaba los derechos indígenas consagrados:

[…] expresamos el repudio rotundo a las potestades que se le está dando al organismo Parques Nacionales para definir actuaciones e intervenir en nuestros territorios ancestrales en flagrante contradicción con las leyes y los tratados vigentes. La resolución de los conflictos entre los Pueblos Originarios y el Estado deben ser resueltas en el marco de las legislaciones correspondientes a sus derechos reconocidos y no ser sometidos al arbitrio de tribunales ordinarios con preeminencia del derecho privado sobre el derecho consuetudinario como ocurre actualmente usando como herramienta a Parques Nacionales para llevar adelante acciones jurídicas, que desembocan en desalojos, represiones y muerte de personas, como es de público conocimiento (Comunicado de la asamblea realizada en Tafí del Valle, marzo de 2018).

4.4 Cuarto momento (2018- actualidad): Resistencia creativa y nuevas articulaciones para la autodeterminación territorial intercomunitaria

El inicio de este cuarto momento está signado por una ruptura organizativa en la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca. Hacía algún tiempo que se manifestaban ciertas diferencias en cuanto a los modos en que se sostenía la lucha de la organización, principalmente en relación con el posicionamiento frente a la política partidaria y a la firmeza asumida en la defensa territorial. A esto se sumaba que existían discrepancias en torno a la frecuencia en que debían realizarse las asambleas intercomunitarias. Mientras una parte de las comunidades de la puna (aquellas ubicadas en la zona del municipio de Villa Vil, departamento Belén) opinaban que la realización de las asambleas debía espaciarse temporalmente y hacerse una vez cada seis meses; otras comunidades sostenían que era preciso encontrarse asiduamente, por el alto nivel de conflictividad territorial que atravesaban y porque la organización intercomunitaria así lo demandaba.

De ese modo, a mediados de 2018 las comunidades de la zona de Villa Vil dejaron de participar de las asambleas de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca, que continuaron realizándose con la participación de comunidades de Santa María, Andalgalá y Belén. En la determinación de dicha ruptura hubo ciertos elementos que jugaron un papel significativo. En efecto, varios testimonios señalan que uno de ellos ha sido la influencia política que ejerció el gobierno municipal de Villa Vil y la intervención de profesionales del Instituto Interdisciplinario Puneño (InIP-UNCa) en el devenir del proceso organizativo de la UPND de Catamarca.

En la última asamblea que tuvimos de la Unión vinieron los caciques de Villa Vil, donde históricamente y supuestamente trabajó el arqueólogo, diciendo que los hizo firmar papeles en blanco que después resultaron ser un poder para representarlos a ellos. Ellos vinieron a denunciar, a decir “por culpa de Delfino nos hemos ido de la Unión y mirá lo que nos está haciendo, nos partió la Unión”. Él les hacía firmar papeles en blanco engañándolos y diciendo que era para defenderlos, que estaba en contra de las mineras. Pero no fue así. Hizo un poder diciendo que los caciques firmaron para que él tome decisiones por ellos y hace lo que anda haciendo ahora: divide las comunidades, comunidades que están bien organizadas con personería jurídica y él las está quebrando (Secretaria General UPND de Catamarca, Agencia Tierra Viva, 3/2/2022).

La UPND de Catamarca continuó realizando sus asambleas, articulando las luchas y la organización entre comunidades de los departamentos de Santa María, Andalgalá y Belén, a lo que se ha sumado en 2019 la participación de comunidades atacamas de la región del altiplano (departamento Antofagasta de la Sierra)^[24]. Esta incorporación tuvo como objetivo acompañar los procesos de reorganización comunitaria que allí se llevaban a cabo, pero también aunar esfuerzos para hacer frente a las embestidas de las corporaciones transnacionales mineras y terratenientes que constituyen una permanente amenaza para los territorios comunitarios.

Figura 15. Ofrenda a la Pachamama antes de comenzar la asamblea de la UPND Catamarca en la comunidad indígena La Hoyada

4.4.1 De acciones intercomunitarias en defensa del territorio

El día 31 de julio de 2020 las comunidades se enteraron por medio de un periódico local que el gobernador de la provincia iría a Santa María y visitaría las comunidades de Famabalasto y de Toro Yaco, comunidad esta última donde se preveía la puesta en marcha de un proyecto para la construcción de un dique de contención hídrica con el fin declarado de abastecer de agua y energía a la localidad de Santa María. No era la primera vez que las comunidades oían hablar de dicho proyecto. Ya hacía varios años atrás, en 2012, se había frenado la construcción de dicho embalse en la etapa de licitación por problemas con la expropiación de las tierras y desacuerdos de las partes en el presupuesto de la obra. Las comunidades por entonces habían rechazado su construcción por considerarlo contraproducente para la vida comunitaria en el territorio, no sólo por los impactos ambientales que la construcción del dique conllevaría, sino también porque se vería afectada la disponibilidad del agua que las comunidades tradicionalmente han sabido administrar mediante canales y acequias para su consumo y producción.

En esta oportunidad, la visita del gobernador no sólo se realizaba sin la consulta previa, libre e informada a las comunidades, sino que se efectuaba en un escenario marcado por las medidas preventivas de aislamiento y distanciamiento social dispuestas desde el ejecutivo nacional, provincial y municipal a raíz de la pandemia por COVID-19.

Ni bien se dispersó la noticia las autoridades comunitarias se pusieron en contacto entre sí para definir su posicionamiento y determinar las acciones a seguir. Mediante mensajes de Whatsapp^[25] intercambiaron informaciones y compartieron sus posturas frente a la inesperada visita. Las diferentes voces unánimemente sostenían que era inadmisible la idea de retomar el proyecto del dique en Toro Yaco, así como la llegada de una comitiva proveniente de la ciudad capital de la provincia en el marco de la pandemia. De ese modo, surgió la propuesta de impedir que el gobernador y su comitiva ingresaran al territorio. Llevarían a cabo un corte de ruta a la entrada a Famabalasto como modo de expresar su desacuerdo con la realización del dique y con la visita inconsulta al territorio comunitario. Así, el mismo día, a unas pocas horas de enterarse de los planes del gobernador, ya habían definido las acciones a implementar, así como advertido a funcionarios del gobierno y allegados del gobernador cuál sería la situación.

Hace años que vienen hablando, pero venía quedando en la nada, y como los integrantes de las Comunidades de Toro Yaco, La Hoyada y la gente de nuestra comunidad no estaban de acuerdo, entonces como nosotros somos la Unión Diaguita, que cuando pasa algo en algún pueblo estamos todos ahí reunidos, por eso decidimos cortar la ruta al paso del vehículo que transportaba al gobernador (cacique de Alto Valle El Cajón, ANRed, 05/08/2020).

De ese modo, y tal como estaba previsto, el lunes 3 de agosto el gobernador viajó desde Santa María hacia Toro Yaco con una comitiva que incluía al vicegobernador, al ministro de gobierno, a los intendentes de San José y de Santa María, a un senador provincial, concejales locales, asesores y seguridad. Las autoridades comunitarias les esperaron desde temprano e impidieron su paso sobre el camino de ripio. Allí estuvieron un largo rato, en un clima de tensión que incluyó reclamos por parte de las autoridades comunitarias y nerviosismo por parte de las autoridades estatales. Finalmente, acordaron no avanzar con el proyecto de construcción del dique y reunirse en Toro Yaco para compartir las necesidades y problemas que afectan a las comunidades indígenas de la zona.

Ya en Toro Yaco llevaron a cabo la reunión en forma de asamblea con la participación del gobernador, funcionarios provinciales, autoridades comunitarias y comuneros/as de las comunidades Alto Valle El Cajón, La Hoyada, La Quebrada, Toro Yaco, Famabalasto y la secretaria general de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca. Desde las comunidades transmitieron a las autoridades provinciales los múltiples problemas y dificultades que enfrentan, desde temas vinculados a la educación, la salud, la comunicación, la producción, hasta los referidos a la deficiente respuesta por parte de los municipios a sus demandas. A partir de esta situación, y ante el ofrecimiento del gobernador de crear una nueva intendencia para las comunidades de la zona, las autoridades comunitarias propusieron la creación de un municipio autónomo indígena y en eso acordaron trabajar. En los medios locales tuvo repercusión la noticia, difundiendo las palabras del gobernador:

Creo que los caciques y las comunidades tienen que organizarse para poder gestionar mejor ante diferentes organismos las obras y servicios que necesitan para cada lugar. Si nos ponemos a ver, Toro Yaco, La Hoyada y San Antonio de El Cajón son espacios que se encuentran a un mínimo de 3 horas de viaje en camioneta adentrándonos hacia el límite con Salta. Entonces tenemos que dialogar para encontrar soluciones que permitan agilizar las respuestas a las necesidades de cada comunidad (El Ancasti, 04/08/2020). 

Vamos a estudiar la posibilidad de que la zona serrana tenga una intendencia. Lo van a decidir ellos. Se armará un municipio de acuerdo al presupuesto que desde la provincia se establezca con independencia, dependerán de la provincia y creo que se lo merecen. Se los propuse a los caciques y la mayoría está de acuerdo por lo que cuanto más rápido lo decidan, más rápido lo vamos a poder resolver (Acontecer Calchaquí, 03/08/2020).

Desde ese momento hasta la actualidad las comunidades no volvieron a tener novedades de la propuesta de conformación de un municipio indígena por parte del gobierno provincial. Por el contrario, como resultado del corte de ruta recibieron un tractor y un carro acoplado que actualmente administran de manera intercomunitaria como Unión (Figura 16).

Al respecto, cabe destacar que dicho tractor fue entregado por el gobierno provincial a la UPND de Catamarca con un ploteado que indicaba “Municipalidad de Santa María”. Inmediatamente luego de haberlo recibido las comunidades quitaron dicha mención y plotearon el tractor con las leyendas “UPND”, “comunidades indígenas” y el símbolo/ bandera diaguita (Figura 17), reafirmando simbólicamente la apropiación de la herramienta como un bien colectivo intercomunitario y marcando la importancia de cargarlo de significación e identidad étnica territorial.

Figura 16. Entrega del tractor a la secretaria general de la UPND de Catamarca con la presencia del gobernador de la provincia, Raúl Jalil, y el intendente de Santa María, Juan Pablo Sánchez

Figura 17. Tractor de la UPND de Catamarca ploteado

4.4.2 De las múltiples estrategias estatales en busca de la gobernabilidad

En los últimos quince años fueron múltiples las estrategias desplegadas por el poder político provincial para debilitar y fragmentar la lucha indígena en la provincia. Es sabido que una de las maneras para debilitar una organización o lucha social es la promoción de divisiones a su interior o la creación de enfrentamientos entre diferentes liderazgos, lo cual puede ser facilitado en muchos casos por la existencia de fracturas internas en la misma organización. En el vínculo entre las comunidades indígenas –la UPND de Catamarca, en particular– y el gobierno provincial este tipo de intervenciones no han escaseado. En la medida que la organización de las comunidades se fue consolidando y tomando un posicionamiento cada vez más crítico y firme respecto a sus demandas territoriales, las acciones de los gobiernos provinciales fueron asumiendo diferentes estrategias, cual “dispositivos de orden” (Gutiérrez, 2001), a modo de intentos de lograr gobernabilidad y control sobre la conflictividad existente (ya sea ésta manifiesta o latente)^[26].

Después de décadas de negación por parte del gobierno provincial y de los municipios, se presentan propuestas que aparentemente se postulan en favor de los derechos indígenas, pero que en concreto significan un intento por limitar y controlar la lucha. Entre esas iniciativas se pueden identificar la propuesta de creación de un Instituto de Pueblos Indígenas de Catamarca; o la creación de una Secretaría de Asuntos Indígenas provincial; más recientemente la política de reconocimiento institucional por parte del gobierno provincial a partir de la emisión de Personerías Jurídicas para comunidades indígenas; o el intento de división de comunidades existentes para crear nuevas que respondan a los intereses del poder político y económico dominante. Todas estas propuestas fueron analizadas y rechazadas por la UPND de Catamarca, dado que no contemplaban elementos que las comunidades consideraban fundamentales, tales como la participación directa en su diseño y ejecución respetando su cosmovisión y autodeterminación como pueblos indígenas.

Creación de un Instituto de Pueblos Indígenas de Catamarca

En 2016, momento en que la lucha de la UPND de Catamarca se encontraba en un ciclo expansivo, de mayor visibilización y politización de las demandas territoriales, desde el gobierno provincial encabezado por Lucía Corpacci se propuso la creación de un Instituto Provincial de Comunidades Indígenas. Dicha iniciativa recogía parte de las demandas de reconocimiento y participación de las comunidades indígenas de la provincia, a la vez que tomaba el ejemplo de institucionalidades construidas para atender la cuestión indígena de provincias vecinas como Salta, donde existe desde hace años un Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS).

La presentación de dicho proyecto se realizó en la localidad de Fiambalá, en el acto –que ya se ha mencionado anteriormente– de “homenaje a la última diaguita”, donde gran parte de las comunidades indígenas de la provincia no estaban presentes. Este fue un elemento señalado por las comunidades que conformaban la UPND de Catamarca, dado que manifestaron no haber sido consultadas para la creación de dicha iniciativa: “No nos consultaron, y al leer el texto nos damos con que hay muchísimas contradicciones que se podrían salvar hablando con las comunidades y abogados especialistas en derecho indígena” (El Ancasti, 4/6/2016). La UPND realizó diversas observaciones^[27] al proyecto propuesto por el gobierno provincial, haciendo hincapié principalmente en que de crearse un Instituto Provincial de Comunidades Indígenas el mismo debía ser autárquico y bajo control de las comunidades indígenas; es decir, la persona a cargo debía pertenecer y ser elegida por las comunidades, al igual que el consejo que le acompañara, en vez de ser designada por el ejecutivo provincial, como se proponía en el proyecto. Finalmente, la iniciativa no prosperó (el proyecto ni siquiera fue enviado a la legislatura provincial).

Creación de una Secretaría de Asuntos Indígenas provincial

Otra propuesta que circuló desde el gobierno provincial en reiteradas oportunidades fue la de la creación de una Secretaría o Dirección de Asuntos Indígenas a nivel provincial. Si bien la misma era bien vista por algunas comunidades afines a la gestión gubernamental, desde las comunidades nucleadas en la UPND se entendía que dicha dependencia, lejos de constituirse en un espacio de efectiva participación indígena que fomentara la autodeterminación y los derechos territoriales de las comunidades, solo serviría para el control político de las mismas, la fragmentación organizativa y la desactivación de los reclamos. Esta iniciativa en la práctica no avanzó, a pesar de haberse mencionado en varias ocasiones y de que, incluso, se insinuaran posibles nombres de funcionarios/as (no indígenas y sin trayectoria en el trabajo territorial con las comunidades) que podrían ser designados/as por el gobernador para estar a cargo de la dependencia. Al respecto, cabe destacar que recientemente, en octubre de 2022, se emitió el Decreto acuerdo N° 2711/22 para la modificación de la estructura orgánica del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, en el cual se incluyó la creación de una Secretaría de Pueblos Originarios dentro de la cual funcionaría la Dirección Provincial de Asuntos Indígenas y la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas. Este decreto acuerdo, si bien está firmado por el gobernador y el gabinete de ministros, al momento de la presentación de esta tesis no se encontraba publicado en Boletín Oficial.

Creación de un Municipio Autónomo Indígena

Como ya se ha mencionado, en 2020 a instancias de un corte de ruta en la comunidad indígena Famabalasto, el gobernador Raúl Jalil propuso a las comunidades indígenas de la zona serrana de Santa María pensar la idea de crear un nuevo municipio. Dicha propuesta surgió como respuesta a los reiterados reclamos desde las comunidades sobre el accionar de los intendentes y delegados municipales en territorio comunitario, que llevan a cabo prácticas clientelares, desoyendo los planteos de las comunidades y desconociendo los derechos colectivos territoriales de las mismas. A diferencia de otras gestiones provinciales, el gobernador Jalil se acercó al territorio para escuchar las demandas de las comunidades, lo que mostraría cierto giro en el modo de administrar el vínculo con las organizaciones territoriales. Sin embargo, ante la propuesta de la UPND de Catamarca de construir un Municipio Autónomo Indígena, con independencia del gobierno provincial para el pleno ejercicio de la autodeterminación como pueblo, desde el ejecutivo se comprometieron a evaluar dicha posibilidad, pero en concreto no se volvió a hablar sobre el tema. Recientemente (junio de 2022), en un contexto de avance de prospecciones mineras en la zona del norte de Belén, el gobierno provincial retomó la idea de creación de nuevos “municipios de altura o alta montaña”. Según se informó en medios locales, se pretende crear un municipio en Laguna Blanca y otro en el alto valle del Cajón (El Esquiu, 30/06/2022), aunque en este último caso sin haber retomado el diálogo con las comunidades de allí. En ese contexto, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia mencionó que:

Creemos mucho en la cercanía, nuestras comunidades originarias necesitan de la asistencia inmediata y la cercanía con quien lo conduce en términos administrativos y políticos. Algo parecido sucede en Santa María, en la zona del cerro y en localidades como Ovejería, San Antonio el Cajón, entre otras, dónde les resulta difícil a los intendentes suplir todas sus necesidades porque son comunidades muy alejadas. Seguramente correrán con la misma suerte de la creación de un nuevo municipio de altura (Diario Calchaquí, 2/7/2022).

Emisión de personerías jurídicas provinciales para comunidades indígenas

Como ya se ha mencionado, buena parte de las comunidades indígenas de la provincia de Catamarca no cuentan con personería jurídica (hasta 2022 sólo siete comunidades poseen la personería jurídica otorgada por el INAI en toda la provincia), afectando el ejercicio de sus derechos colectivos, como también cualquier tramitación formal que deseen realizar como comunidad. En ese marco, durante el año 2021 se creó una instancia en el gobierno provincial para la tramitación de personerías jurídicas para comunidades indígenas, mediante la conformación del Registro de Comunidades Aborígenes de la provincia. Dichas personerías se tramitarían como cualquier otra organización civil, a través de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia, buscando agilizar los tiempos de emisión de las mismas (lo cual fue fundamentado, a su vez, por el contexto de emergencia sanitaria por COVID19). Inmediatamente fueron constituidas formalmente mediante este registro 17 comunidades indígenas como asociaciones civiles, la mayoría en el departamento Andalgalá (El Ancasti, 25/10/2021). Si bien podría leerse como una respuesta gubernamental a una necesidad expresa por parte de las comunidades, el hecho de que las personerías se emitan como reconocimientos “express” sin intermediación de instancias apropiadas para el tratamiento de la cuestión indígena pone en duda la legitimidad del proceso de otorgamiento de dichas personerías y puede ser interpretado como una nueva estrategia de intervención para contener la conflictividad de los territorios^[28].

Por otro lado, desde las comunidades que conforman la UPND de Catamarca la posibilidad de tramitar dichas personerías provinciales no es considerado un reconocimiento apropiado, dado que, según señalan, iría en desmedro de sus derechos y que es el INAI la institución que creen pertinente para la emisión de la personería jurídica y el reconocimiento estatal constitucional de su existencia como pueblo. Es en el ReNaCI (INAI) donde hace años ya han presentado toda la documentación necesaria para tal fin.

Figura 18. Autodefensa territorial comunitaria en la comunidad indígena La Hoyada, 2022

4.4.3 De resistencias creativas y nuevas articulaciones

Si bien las comunidades y la UPND siempre han construido alianzas con diferentes actores, principalmente en lo que refiere a la defensa de sus territorios (con diferentes profesionales/ técnicos, con otras organizaciones indígenas, con asambleas ambientales, con gremios, etc.), durante los últimos años se han establecido nuevos vínculos que permitieron a la organización fortalecer su lucha en aspectos que anteriormente no se habían caminado.

Por un lado, como ya se ha mencionado, desde el 2019 las resistencias territoriales y la lucha por el control de los territorios llevaron a sumar la participación de dos comunidades del pueblo atacama del departamento Antofagasta de la Sierra dentro de la UPND. El avance megaminero litífero en la región altoandina, principalmente en la zona del Salar del Hombre Muerto, contribuyó a que la organización expandiera sus solidaridades construyendo una lucha territorial unificada para hacer frente al saqueo y explotación de bienes naturales vitales como el agua.

En ese marco también se fueron generando vínculos con otros actores como es el caso de la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA), en la cual confluyen diferentes espacios asamblearios vinculados a la defensa de la biodiversidad, el agua y el territorio. La articulación con PUCARA se ha dado en el marco de algunas acciones puntuales en rechazo del avance megaminero; por ejemplo, cortes de ruta, o seminarios y actividades de visibilización de las problemáticas territoriales. Algunos de sus integrantes son profesionales (abogadas/os, antropólogas/os, comunicadores, etc.), lo cual ha aportado una contribución desde saberes, no sólo políticos, sino también técnicos.

Asimismo, desde 2018 la UPND de Catamarca ha comenzado a vincularse con la asociación Bienaventurados Los Pobres (BePe) para la participación en ferias (Feria de Semillas Nativas y Criollas en Fiambalá y en la Carpa Achalay de la feria de la Fiesta Nacional del Poncho en la ciudad capital). Con el tiempo, mediante la articulación con BePe, la UPND de Catamarca ha presentado diferentes proyectos, principalmente vinculados al mejoramiento de aspectos socioproductivos y de comercialización de sus producciones, lo cual ha redundado en acciones que favorecen el arraigo territorial^[29]. Asimismo, el vínculo con esta organización ha permitido a la UPND de Catamarca participar en encuentros, construir nuevas articulaciones con otros espacios organizativos (Red Achalay, Asociación de Campesinos del Abaucán, Mesa de Tierras de Santiago del Estero, Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina, Movimiento Agroecológico Latinoamericano y del Caribe, entre otras) y amplificar los reclamos de las comunidades en la ciudad y en aquellos circuitos donde tiene presencia esta ONG^[30].

4.4.4 De los pendientes en el reconocimiento de los derechos territoriales

Como mencionamos anteriormente, cabe destacar que en la provincia de Catamarca sólo siete comunidades cuentan con personería jurídica emitida por el ReNaCI (INAI) y tan sólo dos tienen el relevamiento relevamiento técnico, jurídico y catastral del territorio culminado, tal como lo estipula la Ley 26.160 y sus modificatorias. Las diferentes comunidades que actualmente conforman la UPND de Catamarca han presentado hace varios años (en algunos casos más de 10 años) toda la documentación requerida por el INAI para obtener la personería jurídica, así como la carpeta técnica para la realización de los relevamientos territoriales, y a pesar de ello hasta el momento se encuentran sin respuesta (Cuadro 16).

Cuadro 16. Comunidades indígenas que conforman la UPND de Catamarca por departamento según situación de personería jurídica y relevamiento territorial

Fuente: Elaboración propia.

Ya se ha mencionado que pocas veces ha visitado el territorio el equipo técnico del INAI. A esto se suma el hecho de que durante la gestión encabezada por Mauricio Macri (2015-2019) el organismo se vio desfinanciado y desarticulado, postergando aún más la implementación de políticas de reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas. En esta misma línea se ha desorganizado el trabajo del Consejo de Participación Indígena (CPI), discontinuando el apoyo para que los representantes de los pueblos de cada provincia pudieran llevar a cabo el trabajo en los territorios, afectando profundamente los procesos organizativos de cada pueblo.

Respecto de estos incumplimientos y falencias en la implementación de las políticas públicas estatales en los territorios, una autoridad comunitaria de la UPND de Catamarca en conferencia de prensa señalaba:

Ya venimos desde hace varios años planteando, desde el año 2010 a ver el proyecto de los relevamientos territoriales, incluso estaban los presupuestos y todo para que se haga en todo el país, era por esos tiempos. Resulta que se hizo en algunas provincias. En Catamarca no se tocó el tema ese, el tema de los relevamientos territoriales, así que hasta hoy estamos esperando eso. También nosotros venimos de…desde la organización del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, cuando habíamos tenido un nexo que era el CPI, que era Consejo de Participación Indígenas, que en esos tiempos tenía como una asignación de autofinanciamiento económico para que ese nexo tenga sus movimientos, para viajar y esas cosas. Resulta que nos quitaron eso y bueno, el CPI hoy en día no se puede mover, sigue vigente, está nombrado, pero no puede hacer las diligencias porque no tiene los medios económicos para hacerlo (cacique de la Comunidad originaria Cerro Pintao, Conferencia de prensa UPND en la ciudad de Catamarca, 1/11/2021).

En el mes de octubre de 2021 el INAI visitó Catamarca. En dicha oportunidad realizó una reunión en la ciudad de Catamarca con funcionarios del gobierno provincial y profesionales de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa). En la reunión no había ninguna autoridad comunitaria ni representación indígena (en efecto, no se encontraba tampoco ningún delegado indígena del CPI). Sin embargo, según trascendió en los medios locales, en el encuentro se habló de un posible convenio tripartito (entre el INAI, el gobierno provincial y la UNCa) vinculado a la implementación de los relevamientos territoriales en las comunidades de la provincia (El Esquiú, 28/10/2021). Este hecho alarmó a la UPND de Catamarca, frente a lo cual la organización emitió un comunicado que decía:

Nos preocupa que el gobierno provincial pretenda constituir un Área de Pueblos Indígenas sin nuestro consentimiento. Consideramos de gravedad que una institución como la UNCa, a través de personas como el arqueólogo Daniel Delfino, se atribuya la representación de nuestras comunidades ante el Estado en todos sus niveles. También nos alarma que el INAI no consulte a las autoridades comunitarias de los pueblos indígenas a la hora de avanzar en acuerdos sobre nuestros territorios (Comunicado de la UPND de Catamarca, 28/10/2021).

La UNCa, a través del Instituto Interdisciplinario Puneño (InIP-UNCa), trabaja en la zona de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca (departamento Belén) desde la década del noventa. Las comunidades de la UPND de Catamarca observan que los trabajos llevados a cabo por esta institución en la zona afectan la territorialidad diaguita, principalmente porque en sus inicios han sido efectuados con fondos de la mina Bajo La Alumbrera en su búsqueda de lograr legitimidad y licencia social. Esto es algo que para las comunidades resulta determinante en la construcción de las acciones en territorio.

Por otro lado, profesionales de esta institución en los últimos años se han involucrado en los procesos organizativos de las comunidades diaguitas, en particular en aquellas pertenecientes a la jurisdicción de Villa Vil. Recientemente estas comunidades, que en 2018 dejaron de participar en la UPND de Catamarca, conformaron una organización denominada Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Belén y Tinogasta. Esta es una de las cuestiones que es criticada desde diferentes comunidades diaguitas, ya que identifican que el accionar de profesionales de la UNCa (arqueólogos, abogados) termina debilitando las estrategias de su defensa territorial como pueblo, al promover su división^[31].

Mencionan algunos testimonios que al poco tiempo de conformarse la UPND de Belén y Tinogasta varias comunidades que inicialmente la integraban se han alejado, denunciando manipulaciones políticas y atropellos a la autodeterminación territorial comunitaria por parte del equipo técnico de la UNCa. Es el caso de las comunidades La Angostura, Aguas Calientes, Carachi y Morteritos Las Cuevas, algunas de las cuales se encuentran dentro de las primeras comunidades en reorganizarse en la provincia. Incluso estas comunidades han declarado que la intervención de estos profesionales está promoviendo la división de las comunidades, y la posterior creación de nuevas comunidades al interior de las ya existentes^[32].

Al respecto, las autoridades comunitarias de la UPND de Catamarca manifiestan que no se está comprendiendo la importancia de concebir el territorio en su integralidad y las múltiples interrelaciones existentes entre las comunidades que hacen a la territorialidad indígena. Ejemplo de ello es la insistente referencia de la UPND de Catamarca como una organización circunscrita al departamento Santa María, cuando –como ya se mencionó– la misma está integrada por comunidades de varios departamentos de la provincia, y es parte incluso de una construcción como pueblo que trasciende los límites provinciales.

“Lo que sucede en el territorio de una comunidad afecta al territorio de otra”, señalan desde la UPND de Catamarca. Los territorios de las comunidades son contiguos e interrelacionados y comparten una misma territorialidad, una identidad que se pone en práctica como pueblo en el territorio. En ese hecho radica la necesidad expresada por las comunidades de comprender que la lucha debe ser conjunta en la defensa de los territorios frente al avance de amenazas como los emprendimientos megamineros o el saqueo y contaminación que puedan derivar de las actividades desarrolladas en cada territorio, así como frente a las políticas clientelares de partidos políticos y gobiernos de turno.

Para las comunidades los relevamientos territoriales y su reconocimiento por parte del Estado son un elemento significativo de la lucha, siendo que allí se ponen de manifiesto los límites y la concepción territorial de las comunidades y del pueblo diaguita como tal. El relevamiento territorial de una comunidad compromete en forma directa el relevamiento territorial de otra. De allí la importancia de que sean consultadas al momento de definir convenios marco y acciones en los diferentes territorios de la provincia.

En 2022 el cacique de La Quebrada tuvo la oportunidad de ir dos veces a la ciudad de Buenos Aires y en ambas ocasiones se presentó en las oficinas del INAI para consultar por el estado de los expedientes y para solicitar una respuesta por la demora en la tramitación de las personerías jurídicas de las comunidades que conforman la UPND Catamarca, así como en la realización de los relevamientos territoriales. En la primera visita le recibió la por entonces presidenta del instituto, Magdalena Odarda, junto con los responsables de diferentes áreas, entre ellas la de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI). Allí se comprometieron a realizar una próxima visita al territorio de las comunidades a la brevedad para avanzar en los trámites pendientes. Sin embargo, los meses pasaron y la visita no se concretó. De hecho, según informaron técnicos de la dependencia estaba planificada una visita para finales del mes de octubre o principios de noviembre 2022, que finalmente se suspendió. Según informaron las comunidades de Santa María, la visita estaba prevista para realizar la revisión ocular en las comunidades indígenas de Alto Valle El Cajón y Toro Yaco, y llevar a cabo una reunión con el resto de las comunidades que no cuentan con personería jurídica (La Quebrada, La Hoyada, Famabalasto) pero que tienen en su historia haberse desmembrado de la comunidad Ingamana. Al parecer, a pesar de que dicha desvinculación se hizo efectiva hace más de una década, desde el INAI aún no dan por válido dicho proceso, solicitando un nuevo acta y documentación que dé cuenta de que se trata de comunidades diferenciadas. Para las comunidades que conforman la UPND Catamarca esta nueva solicitud es recibida como una nueva vulneración de sus derechos colectivos.

En una segunda oportunidad de viaje a Buenos Aires en el mes de noviembre de 2022, el cacique de La Quebrada nuevamente se reunió con las autoridades del INAI (en esta ocasión ya había renunciado la anterior presidenta del instituto) y diferentes técnicos de la dependencia en las oficinas de la institución. En dicha reunión surgió llamativamente que gran parte de la documentación que había sido presentada hace años por las comunidades, allí no se encontraba. Una vez más se comprometieron a visitar a las comunidades a la brevedad, cosa que al momento de presentar esta tesis aún no ha sucedido.

4.5 A modo de síntesis

Durante el presente capítulo se buscó reconstruir y analizar los procesos de reorganización del pueblo diaguita en Catamarca. Como se ha señalado, las comunidades diaguitas bajo estudio comienzan a afirmarse étnicamente de manera reciente, a comienzos del presente siglo, en el marco de los procesos de reconocimiento institucional de los pueblos indígenas que se venían desarrollando a nivel nacional. Encontramos así que las modificaciones en las legislaciones vigentes favorecieron la revitalización y reorganización del pueblo diaguita en Catamarca.

De ese modo, se propuso una historización de estos procesos de reorganización comunitaria e intercomunitaria diaguita en el departamento de Santa María (Catamarca), atendiendo a elementos posibilitadores y características que fue asumiendo la reterritorialización comunitaria y la afirmación identitaria como pueblo diaguita en las últimas décadas. Para ello se llevó a cabo una descripción y caracterización del proceso organizativo que han atravesado cada una de las comunidades, así como la articulación intercomunitaria en el marco de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) de Catamarca. Como ya mencionamos, a los fines analíticos se identificaron cuatro momentos diferenciados: un primer momento (2000-2010) de reencuentro con la identidad diaguita, reconocimiento de derechos y reorganización comunitaria; un segundo momento (2010-2014) caracterizado por procesos reivindicativos, politización de las identidades étnicas y organización intercomunitaria para la defensa territorial; un tercer momento (2014-2018) signado por la conformación de la UPND de Catamarca, manifestación de conflictividades y mayor visibilización política; y un cuarto momento (2018- actualidad) marcado por la construcción de resistencias creativas y nuevas articulaciones para la autodeterminación territorial intercomunitaria. En cada uno de estos momentos, a su vez, encontramos fases de mayor visibilidad (expresiones públicas, acciones directas, etc), como también períodos de latencia de la acción colectiva (Melucci, 1994b), es decir, de trabajo organizativo al interior de las comunidades, en los territorios, posibilitadores de nuevos momentos de visibilidad de la acción colectiva.

A partir de dicha historización observamos que el proceso de reorganización comunitaria diaguita ha estado atravesado por diferentes conflictos territoriales, así como por luchas por el reconocimiento de sus derechos como comunidades indígenas. Un hito fundamental en este recorrido ha sido la creación de una organización intercomunitaria como es la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca, y la articulación con todo el pueblo nación diaguita a nivel regional. La autodeterminación comunitaria y la defensa territorial han sido eje en la lucha de la UPND; su causa y su horizonte.

En los últimos años se evidencia un fortalecimiento organizativo a nivel político, con mayor visibilidad de sus acciones y presencia territorial. Dicho fortalecimiento se manifiesta en los vínculos que comienzan a establecerse con el Estado, en particular el gobierno provincial, donde la UPND Catamarca se posiciona con firmeza y pone condiciones al diálogo, exigiendo el reconocimiento de derechos y poniendo límites toda vez que se deseara ingresar y afectar los territorios comunitarios sin su consentimiento o involucrarse con la vida de las comunidades. De ese modo, la territorialidad comunitaria se va vigorizando en el marco de la (re)construcción de una espacialidad propia, subalterna y autónoma a la vez (Toledo Llancaqueo, 2005), mediante la cual se reconstruye el sujeto colectivo y el territorio común en tanto espacio social vivido.

Advertimos que en las últimas dos décadas tanto la afirmación identitaria como el ejercicio de la defensa y control territorial han asumido una importancia central en los procesos de territorialización diaguita. La reorganización comunitaria se ha convertido en refugio frente al avance de la modernidad y el capitalismo extractivo en sus territorios, pero también una forma de construcción de poder y de resolución de necesidades comunitarias más autónomo respecto a formas políticas y económicas dominantes. En el presente lo que emerge con fuerza es la importancia que asume la organización (inter)comunitaria y la lucha por el territorio, la cual renace y se expande con cada conflicto y con cada logro colectivo (García Guerreiro, 2022).