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Estrategias gremiales
frente a la precarización laboral
en el sector bananero de Los Ríos, Ecuador

Sofía Magalí Vitali Bernardi, Gretel Philipp y Magalí Marega

Resumen

La industria bananera se constituye como uno de los sectores más grandes de la agroindustria del Ecuador, y es una de las principales fuentes generadoras de divisas para el país. Sin embargo, su expansión durante las últimas décadas en los territorios rurales no solo se basó en la depredación de recursos naturales y el desplazamiento de las comunidades, sino que también fue posible sobre la base de la explotación de trabajadores y trabajadoras que se han tenido que emplear como peones, jornaleros, temporeros, destajistas u obreros, en condiciones generalmente precarias y con muy bajos salarios. La situación de precariedad laboral y las pésimas condiciones de salud laboral de los trabajadores bananeros fueron registradas en diferentes informes realizados por la Organización Internacional del Trabajoy por Human Rights Watch. Los antecedentes de la investigación sobre el tema coinciden en afirmar el predominio de condiciones de vida y trabajo precarias de sus trabajadores, así como la persecución gremial hacia sus trabajadores. El siguiente trabajo se propone analizar las políticas y estrategias patronales para gestionar el trabajo y mostrar cuáles son las diversas expresiones que adopta la flexibilización y precarización laboral en el sector. También se avanza en el análisis de los posicionamientos y accionar de los trabajadores bananeros nucleados en Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos.

La perspectiva teórica que orienta el trabajo pondera los aspectos complejos y contradictorios de las relaciones entre capital y trabajo, atendiendo a los cambios producidos en la organización y gestión del trabajo, así como también, a las transformaciones político-económicas generales. En cuanto a la orientación metodológica del trabajo, se utiliza un abordaje centrado en lo cualitativo, a partir de observaciones en los lugares de trabajo y entrevistas en profundidad tanto individuales como colectivas a los trabajadores y activistas gremiales. Con la pretensión de registrar las prácticas sociales, las modalidades de relación, los sentidos dados por los sujetos a sus condiciones y modos de trabajo y de vida, estas técnicas apuntan a garantizar la riqueza y la profundidad de los datos, sobre todo en un trabajo que involucra dimensiones claves de la vida cotidiana. El recorte empírico para desarrollar el trabajo es la provincia de Los Ríos, considerada la nueva capital bananera de Ecuador por ser el centro de operaciones de la mayoría de compañías bananeras que se encuentran en el país. Puntualmente, hemos trabajado en los cantones de Babahoyo (La Unión), Buena Fe (San Pedro de la Y) y Quevedo.

Palabras clave

Estrategias gremiales; precarización laboral; sector bananero.

Introducción

En el siguiente trabajo, nos proponemos realizar una primera aproximación a las estrategias gremiales, posicionamientos y accionar de los trabajadores bananeros nucleados en la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos (ASTAC), una organización que comienza a gestarse en 2007 y que nuclea a más de 1000 trabajadores de las provincias de Los Ríos, El Oro y Guayas, en Ecuador. Nuestro acercamiento a dicha organización surge a partir de una investigación colaborativa que se realizó con recursos del Fondo de Cooperación al Desarrollo de FOS-Solidaridad Socialista, durante el año 2015.

La perspectiva teórica que orienta el trabajo parte de considerar las estrategias gremiales como las “prácticas y dispositivos –institucionalizados o no– a través de los cuales las organizaciones sindicales procuran (…) constituirse como referente de los trabajadores en sus relaciones con las diferentes instancias de organización empresarial” (Soul, 2012: 43). Asimismo, consideramos que dichas prácticas se inscriben en un campo de fuerzas sociales cuya dinámica se expresa en las relaciones que atraviesan a los procesos de trabajo y las condiciones laborales en general, la situación política y las instituciones estatales, y las experiencias de organización y acción colectiva de los trabajadores con sus diferentes proyecciones y alineamientos político-sindicales a nivel nacional del sindicato y de sus organizaciones de segundo y tercer grado (Soul, 2012).

De esta manera, en nuestro análisis se tomarán en consideración las condiciones de trabajo resultantes de la dinámica particular del sector agroindustrial bananero en Ecuador, fundamentalmente en términos de las estrategias empresarias, donde hemos registrado el predominio de relaciones laborales flexibles en el modo de contratación, salarios, imposición de intensas y prolongadas jornadas de trabajo, amenazas permanentes de despido, persecución a dirigentes y prácticas antisindicales violentas, como la conformación de “listas negras” de trabajadores, características que adopta el patrón de acumulación primario exportador en el país. Igualmente, se analizarán tanto los condicionamientos institucionales como algunos de los limitantes estructurales de la sindicalización en Ecuador, entre los que se destaca un modelo sindical por empresa y la bajísima tasa de sindicalización en el sector agrícola y bananero. Finalmente, se presentarán las principales luchas y demandas desarrolladas por ASTAC.

En cuanto a la orientación metodológica del trabajo, se utiliza un abordaje metodológico centrado en lo cualitativo, a partir de la observación en los lugares de trabajo, entrevistas a dirigentes sindicales de ASTAC y 30 entrevistas en profundidad a trabajadores de 12 haciendas de las empresas de mayor importancia económica: Dole, Noboa y Reybanpac. El recorte empírico de nuestro trabajo se situó en la provincia de Los Ríos, ubicada en la región centro-occidental del país, la cual es considerada la nueva capital bananera de Ecuador por ser el centro de operaciones de la mayoría de las compañías bananeras. Puntualmente, hemos realizado trabajo de campo en los cantones de Babahoyo (recinto La Unión); Buena Fe (recinto San Pedro de la Y) y Quevedo. Estas zonas representan enclaves que tienen una presencia histórica y de gran producción en el país.

Dinámica del sector agroindustrial bananero: oligopolios, concentración de tierra y flexibilidad laboral

En los últimos años, el sector bananero ecuatoriano se ha visto ampliamente favorecido por el incremento sostenido de los precios internacionales de los commodities. Esto se debe a la reversión de la tendencia al deterioro de los términos de intercambio entre los productos de la periferia y del centro del sistema mundial, que actuaron como coyuntura favorable para el conjunto de los cadenas agroalimentarias de la región (Piva, 2015). Esto se expresa en el crecimiento sostenido de su valor, del 9,79% en el período 2007-2012, según datos de 2013 del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. No obstante, dicho crecimiento se sostiene bajo el predominio de relaciones laborales flexibles, las cuales responden a una estrategia empresarial de competitividad para insertarse en los mercados globales basada en la reducción de costes laborales. Como en otros contextos latinoamericanos, la relación entre crecimiento económico y del empleo y el crecimiento de su calidad no puede ser pensada como sinonimia. Por el contrario, las patronales bananeras recurren a diferentes modalidades de empleo precario, bajos salarios, jornadas intensas, pésimas condiciones de trabajo y salud, formas diferenciales de explotación a hombres y mujeres, y la negación, incluso por modalidades de extrema violencia, de cualquier intento organizativo.

En Ecuador, el modelo de acumulación impulsado desde el Estado se configura de manera dependiente, en tanto su dinámica no es impulsada por necesidades de acumulación internas, sino por las exigencias de la acumulación en las metrópolis. De esta manera, a lo largo de la historia del país, el agro ecuatoriano se desarrolló bajo la tendencia de proveer de materias primas a otros países, especialmente a los Estados Unidos y Europa (Ruiz Acosta e Iturralde, 2013; Quevedo Ramírez, 2013; Brassel, 2011). Expresión de esta tendencia fue el surgimiento de grandes plantaciones de cacao durante el siglo XIX, que fue reemplazado a mediados del siglo XX por el banano, que –hasta la actualidad– se constituye como el rubro más importante de la agroexportación.

La producción bananera a gran escala se instaló en Ecuador a partir del colapso del cacao, el cual había dejado grandes cantidades de tierra y trabajadores disponibles en la región de la costa (Striffler, 2007). Asimismo, el país se encontraba libre del denominado “mal de Panamá”[1], lo que lo convirtió en un espacio “fértil” para las compañías bananeras extranjeras. Durante la década del cincuenta, este sector vivió su etapa de expansión, estimulado tanto por el crecimiento de su precio a nivel internacional como por la participación y el apoyo a la exportación del Estado[2]. De esta manera, su consolidación se dio de la mano de tres procesos fundamentales en el agro: el control de pocos grupos oligopólicos, la concentración de la tierra y el establecimiento de condiciones laborales precarias y flexibles.

El afianzamiento de los oligopolios en la industria bananera se produjo a partir de un grupo concentrado de exportadores que controlaron a nivel nacional e internacional los sectores relevantes de la producción y circulación de los productos elaborados (Brassel, 2011). De esta manera, el conglomerado no solo dirige parte del aparato productivo de la agroindustria, sino también una porción de las grandes cadenas de insumos químicos y técnicos y de la comercialización. Ahora bien, el control de la producción se da por el establecimiento de contratos, en los que los exportadores ofrecen asistencia técnica a cambio de derechos exclusivos de compra de banano. Esto se debe a que, desde la década del sesenta, las corporaciones líderes se retiraron de la producción directa e implementaron un sistema de contratos de cultivos (Larrea, 1987; Bourgois, 1989; Striffler, 2007), con el objetivo de manejar los riesgos de producción y de mercado (Montalvo, 2008).

Los exportadores bananeros en Ecuador están conformados por tres grupos: compañías transnacionales (CTN), exportadores domésticos grandes y exportadores domésticos pequeños. Las CTN están representadas por las mundialmente conocidas Chiquita Co, Dole, Fyffes y Del Monte. Los exportadores domésticos grandes que mantienen una posición sobresaliente en el mercado mundial son Bananera Noboa, Favorita (Grupo Wong) y Costa Trading. Y los exportadores pequeños son compañías que compran la fruta de pequeños productores y la exportan hacia mercados no tradicionales (Montalvo, 2008).

En relación al proceso de concentración de la tierra, observamos que la agroindustria –para su crecimiento y fortalecimiento– necesita cada vez de más extensiones de cultivo, lo que genera un grave problema para los pequeños y medianos productores ubicados en zonas de expansión agroindustrial. Como muestran los últimos estudios del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador (SIPAE), para el caso de Ecuador, este proceso se ha ido incrementando en las últimas décadas y está acompañado por la concentración de agua, capitales, tecnología, infraestructura y poder político (Brassel, 2011). Entre los factores explicativos más importantes para comprender el proceso de concentración de tierra, se ubican dos tendencias intrínsecas del desarrollo agroindustrial. Por una lado, las características propias de la comercialización, en la que la dinámica de la producción bananera implica la articulación subordinada de pequeños y medianos productores con las grandes exportadoras que funcionan como enlaces para el mercado mundial. De esta manera, la variabilidad de precios de la caja de banano genera mayor vulnerabilidad para los pequeños y medianos productores, y estos son más propensos a la venta de sus tierras (Rodríguez, 2008). Por otro lado, la lógica de expansión y acaparamiento de tierras está mediado por el mercado de tierras y el cercamiento a las propiedades pequeñas y medianas, lo cual implica una forma de presión para la venta forzada de los terrenos (Quevedo Ramírez, 2013). El mecanismo utilizado en el proceso de concentración de la tierra es denominado “sistema de multipropiedad” porque consiste en escriturar a nombre de diferentes personas una unidad económica y productiva que es controlada por una sola persona o empresa (Brassel, 2011). Así, los grupos empresariales avanzan progresivamente en la adquisición de predios de distinta extensión y ubicación geográfica (Zapatta, Ruiz y Brassel, 2008).

Las transformaciones en la distribución y posesión de la estructura agraria, principalmente la concentración de la tierra, han generado diferentes flujos migracionales de población campesina. Quevedo es uno de los centros urbanos que ha absorbido gran parte de la población migrante que ha perdido sus tierras o fincas[3]. En nuestro trabajo de campo, relevamos que el 70% de los trabajadores asalariados entrevistados del sector bananero fueron finqueros o hijos de finqueros que en los últimos veinte años perdieron sus tierras y debieron vender su fuerza de trabajo. De esta manera, se corrobora que en la actualidad continúa vigente el proceso de expulsión y proletarización de los campesinos, así como el fraccionamiento y hacinamiento de los pequeños productores, motivados por la conversión y expansión de sistemas tradicionales de producción a cultivos de agroexportación (Cueva, Jácome, Landívar y Macías, 2008). Asimismo, los trabajadores señalan que el proceso de consolidación de la agroindustria, principalmente del monocultivo de banano, trajo aparejado la eliminación de otras fuentes de trabajo en las cuales los trabajadores se insertaban en algunas épocas del año.

Antes había más trabajo, ahora es puro bananera, porque ya no hay trabajo, la gente más se dedica a trabajar en el banano, es lo único que hay. (…) De esto ha de hacer cinco, seis años, porque ya no es como antes que había buen trabajo en la finca y uno trabajaba con los finqueros, ahorita ya no… no es como antes que se sembraba maíz, yuca, arroz, ahorita es puro verde (entrevista a garruchero y destallador, San Pedro de la Y, diciembre de 2015).

Observamos, entonces, que la consolidación del sector agroindustrial bananero repercutió de manera significativa en los procesos de desposesión y pauperización de los trabajadores rurales, quienes los experimentan y expresan en términos de que quedan “cautivos” de las empresas bananeras. La situación de dependencia a la cual resultan expuestos, sumada a la gran demanda de puestos de trabajo, los sitúa en un lugar de vulnerabilidad e imposibilidad para negociar las condiciones laborales con las patronales.

En cuanto a las políticas y estrategias patronales para gestionar el trabajo, se destacan diversas formas de flexibilización y precarización laboral que son consustanciales a la reproducción y crecimiento del capital. Esto tiene particular envergadura si tomamos en cuenta que la producción bananera es una de las agriculturas de exportación más intensivas del mundo; en Ecuador se registra un trabajador cada 1,3 hectáreas de superficie plantada[4] (SIPAE, 2011). En tal sentido, como señala Phillip Bourgois, las plantaciones bananeras representan una verdadera “fábrica en el campo”, debido al gran número de trabajadores que son concentrados en dichos espacios de trabajo (Bourgois, 1989: 35). Esto se debe a que el tipo de producción no admite una maquinización compleja que sustituya el trabajo humano y que, por tanto, el proceso de trabajo recaiga casi por completo sobre el trabajador muñido de su herramienta. En efecto, las variedades de banano producidas demandan más mano de obra por la necesidad de mayor mantenimiento para el cultivo intensivo (fertilizantes, pesticidas, poda, etcétera), así como también por la susceptibilidad a las magulladuras[5].

En cuanto a las modalidades de contratación, registramos que una gran cantidad de trabajadores carecen de contrato y seguro médico. Algunos de ellos afirman que nunca tuvieron, otros que los tienen recién desde hace unos años o meses, muchos señalan que tienen un contrato de palabra o que han firmado un contrato, pero no conocen los términos del mismo, pues les hacen firmar muy rápidamente y no les entregan una copia. En los casos de existencia de contrato, estos fueron entablados directamente con representantes legales de las haciendas, por lo que no pudimos identificar la existencia de intermediarios en dichas contrataciones[6], problemática que explicitaremos más adelante. Cabe aclarar aquí que los sistemas de intermediación se encuentran prohibidos por el Mandato Constituyente Nº 8, sancionado en 2008. Sin embargo, según expresan los dirigentes sindicales, actualmente las empresas o los contratistas “en la realidad no están erradicadas sino que ya no son identificables” (entrevista a dirigente de ASTAC, Quevedo, diciembre de 2015).

Otra de las características de los procesos de trabajo y su gestión dentro de las plantaciones registradas refiere a la flexibilidad salarial o pago a destajo, ya que todos los trabajadores se encuentran sometidos a las variaciones en sus remuneraciones de acuerdo a los grados de avance realizados y requeridos según la situación de la empresa y del mercado. También incluimos en la flexibilidad salarial la disminución o –de modo frecuente– la eliminación del llamado salario indirecto (pago por vacaciones y aportes patronales al seguro social), prácticas habituales en el sector de explotación bananera ecuatoriano. Al no contar con contrato formal o escrito, a los trabajadores se les dificulta hacer el seguimiento de los aportes correspondientes, como el décimo tercero y décimo cuarto salario y el pago de horas extras. “No tenemos un salario fijo, nosotros ganamos por caja, mi diario es 25 dólares, o 26, depende la caja. Aunque nos paguen poco, la cosa es sobrevivir” (entrevista a trabajador de campo, Quevedo, diciembre de 2015).

Asimismo, si bien el gobierno señala que los ecuatorianos han mejorado su calidad de vida gracias a “una política de salarios justos”, observamos que la brecha entre el ingreso promedio rural y la canasta básica sigue siendo absurdamente grande (Carrión y Herrera, 2012). Esto es particularmente significativo entre los trabajadores entrevistados, ya que alrededor de la mitad de los mismos está ganando por debajo del salario mínimo definido a nivel nacional y solo algunos declararon ganar por sobre el mismo.

Nuestros registros también dieron cuenta de casos de flexibilidad horaria, ya que el empleador dispone libremente de las horas de trabajo de acuerdo a las necesidades puntuales de la empresa. Este mecanismo tiende a reducir puestos de trabajo porque para la empresa no es necesario contar con más trabajadores en los momentos de mayor producción, en los cuales se les extiende la jornada a los ya empleados. En tal sentido, los trabajadores señalan: “En el tiempo de proceso estamos más horas, nos podemos quedar hasta las seis de la tarde o a veces hemos llegado hasta las doce de la noche y nos pagan seis dólares más por eso (…) no importa cuánto trabajes” (entrevista a trabajador de campo, Quevedo, noviembre de 2015).

Otra de las formas de flexibilidad es la polivalencia o polifuncionalidad, lo cual significa –tal como lo enuncian muchos trabajadores– que deben ejecutar (o deben estar en condiciones de realizar) distintas tareas según las necesidades de la patronal.

Yo trabajo eventual donde estoy trabajando, a mí me pagan semanalmente, me pagan ochenta dólares la semana, yo soy deschantador y garruchero los días de cosecha, labores varias que se llama. Y cuando no hay deschante, me mandan a fumigar, chapear [trabajar con machete] por ahí donde yo trabajo también tiene cacao, coger cacao juntar maracuyá el dueño de esa hacienda tiene de todo sembradito. Si él no tiene a quién ocupar para un trabajo, ya me dice que lo haga. Labores varios le dicen ellos (entrevista a trabajador de campo, San Pedro de la Y, diciembre de 2015).

A partir de lo desarrollado, observamos que el proceso histórico de acumulación en el sector, vinculado a un modelo primario exportador, se basa en la constante concentración de tierras, en el despojo de población campesina y su proletarización o “subproletarización” (Antunes, 2005), dadas las formas precarias de trabajo en las que se insertan forzosamente.

Estrategias y acciones gremiales de los trabajadores: entre las limitaciones estructurales y el despotismo patronal

“Por eso nos toca morir callados en la bananera”
(Entrevista a deshojador, San Pedro de la Y, noviembre de 2015).

En el siguiente apartado, detenemos nuestra mirada en el abordajede de algunos de los limitantes estructurales de la sindicalización en Ecuador y las prácticas antisindicales desarrolladas por las patronales bananeras, las cuales, junto con la dinámica y condiciones laborales arriba descriptas, se vuelven explicativas para comprender las estrategias gremiales desarrolladas por los trabajadores nucleados en ASTAC. Es importante destacar que el sector bananero de Ecuador tiene una de las tasas de sindicalización más bajas de América Latina, hecho que no podemos dejar de asociar a las numerosas experiencias de hostigamiento, amedrentamiento y despido de los trabajadores que han intentado conformar sindicatos o han llevado adelante alguna acción de protesta como las narradas por nuestros entrevistados. Si analizamos la tasa de sindicalización del país[7], observamos que, en promedio, ronda en torno al 2% y el 6% y que existen nueve centrales sindicales. En el sector agrícola existen organizaciones sindicales de primer y segundo grado. De estas últimas, las más representativas son FENACLE y ASTAC, que afilian en promedio a unos 2000 trabajadores bananeros. Ahora bien, como ha sido esgrimido por diferentes antecedentes de investigación, el sindicalismo agrícola en Ecuador se caracteriza por una “debilidad estructural”, producto de las características institucionales en las que se desenvuelve y las particularidades de la acumulación del país (Negreiros, 2009; Herrera, 2015b).

Siguiendo lo planteado por Herrera (2015b), estas dificultades configuraron al movimiento sindical como el “hermano menor del movimiento indígena”, en tanto la escasa industrialización del país hizo que el proceso de sindicalización de la población no fuera masivo. Por otro lado, las organizaciones sindicales no lograron contener parte de la composición indígena y campesina, que decantaron en organizaciones y movimientos políticos paralelos, entre los que se destacan los diferentes movimientos indígenas (Herrera, 2015).

Otro de los factores relevantes que incrementó la vulnerabilidad de los trabajadores es la fuerte persecución y hostigamiento que estos sufren al intentar organizarse. Como ya mencionamos, las “listas negras” compartidas por las empresas con el nombre de aquellas y aquellos que han reclamado por condiciones justas de trabajo y de vida son muy conocidas. En tal sentido, un caso ejemplar es lo ocurrido durante las primeras semanas del año 2017, cuando la organización sindical ASTAC denunció en la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE) la violación de derechos laborales y humanos y las fumigaciones aéreas que se llevan a cabo, incluso, durante el almuerzo de los trabajadores. Ante la denuncia, la DPE junto al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Salud, entre otros, realizaron una inspección en una hacienda del grupo Manobal (uno de los principales productores), y registraron un gran nivel de contaminación por fumigación, la no afiliación al seguro social de los trabajadores, la inexistencia de elementos de seguridad e higiene, entre otras irregularidades. Días después de la inspección, la empresa despidió a 21 trabajadores vinculados con ASTAC, y los incluyeron en la “lista negra”, de la que se hicieron eco otros empresarios.

Más allá de esta correlación de fuerzas extremadamente desfavorable para los trabajadores, registramos diferentes estrategias y acciones sindicales desarrolladas por ASTAC, entre las que destacamos: distintas presentaciones a organizaciones nacionales e internacionales para su reconocimiento legal, la pelea contra la intermediación laboral en el sector y la lucha por la salud de los trabajadores a partir de la limitación del uso indiscriminado de pesticidas.

Las limitaciones institucionales: el sindicato por empresa

Como señalábamos anteriormente, el sindicalismo agrícola en Ecuador se caracteriza por una “debilidad estructural”, producto de las características institucionales en las que se desenvuelve. Entre las mismas se destaca el establecimiento de la conformación de sindicatos por empresa y no por rama de actividad. Si nos remitimos a las disposiciones del Código de Trabajo, desde sus orígenes en el año 1938, establece la conformación de sindicatos por empresa, y así se reduce la organización a nivel de empresa, dentro de cuyos límites tendría que desarrollarse la acción sindical. Esta dimensión estructural, constituida por las instituciones estatales y la legislación sobre el trabajo que se sitúan en el centro de la escena (Soul, 2012), contribuye a la atomización de la organización social de los obreros; de ahí se deriva un modelo organizacional que contiene el germen de la debilidad y dispersión de su acción sindical. Asimismo, las organizaciones sindicales de segundo grado (federaciones y confederaciones) asoman débiles e incapaces de representar con eficacia a sus adherentes. Esta cuestión ha sido sostenida en las diferentes reformas laborales existentes hasta la actualidad (Negreiros, 2009). Diferentes investigadores coinciden en señalar que, durante la década del noventa, este proceso fue agravado a partir de las reformas al Código del Trabajo, que impactaron en un alarmante descenso organizativo (Darlic, 2004; Negreiros, 2009; Herrera, 2015b).

ASTAC surgió en el año 2007 a partir del proceso de organización en diferentes lugares de trabajo específicos, como las haciendas La Clementina[8], Fortaleza Manabita, Envidia 1 y Envidia 2, ubicadas en la provincia de Los Ríos y, posteriormente, ampliaron el trabajo de base en el cantón El Empalme y en la provincia de Guayas. En estos enclaves las respuestas patronales fueron fuertes represiones y despidos para evitar la conformación de los sindicatos. Como resistencia a tal despotismo patronal, los trabajadores intentaron conformar una coordinadora para aunar fuerzas entre los distintos sindicatos o lugares de trabajo, que no logró tener el reconocimiento estatal.

A partir de las entrevistas realizadas, registramos que el 41% de los trabajadores relata haber intentado armar un sindicato y haber sido despedido como parte del proceso sin protección alguna por parte de instancias públicas o de la justicia. El 43% de los trabajadores indica que quisiera contar con un sindicato, pero que tiene miedo a ser despedido. El 10 % conoce el sindicato, pero piensa que no sirve a sus intereses. Finalmente, el 6% dice no conocerlo y no interesarle. Las palabras de un deshojador ilustran claramente la situación:

Nadie lo podía reclamar, señorita, porque si usted lo reclamaba, a usted lo amenazaban que se iba de la hacienda, nada más, y uno pobre no puede hacer eso, porque si usted sale de una bananera, tendrá que caer a otra y ya está su informe, por computadora le envían correo que este fulano es resabiado y ya no cogen a uno. Ese es el problema que hay, por eso nos toca de morir callados en la bananera, por ese problema, porque enseguida lo amenazan de que se va, y uno que es pobre no tiene más de dónde mantenerse aquí, el que vive sin una finca, sin un ganado, sin una chanchera donde coger un billete y decir con esto nos mantenemos así nos boten de la bananera, pero en cambio, por eso nos amenazan a nosotros, por eso el rico ahorita son algunas personas que se abusan de la humildad del trabajador, abusan (entrevista a deshojador, San Pedro de la Y, noviembre de 2015).

Queda claro cómo la patronal del sector niega el derecho a la libertad de asociación y el Estado está ausente para proteger a los trabajadores en el cumplimiento de sus derechos. Así, no existen, en la mayoría de las plantaciones, ni sindicatos ni comités de salud y seguridad, ambas obligaciones legales.

Los sistemas de intermediación laboral: su persistencia más allá de su prohibición con el Mandato Constituyente N° 8

Asociado a lo anterior, otro de los elementos explicativos de las características de la organización sindical en el sector es el sistema generalizado de contratistas. Este hecho no ha sido revertido más allá de su prohibición con el Mandato Constituyente Nº 8[9], ya que, como adelantamos, los intermediarios se han vuelto menos identificables. Cabe destacar que a partir de la asunción de Rafael Correa como presidente en el año 2007, se generaron ciertas expectativas de cambio en los sectores organizados estimuladas por los avances constitucionales de 2008, las tendencias hacia transformaciones alrededor del trabajo y los derechos laborales, la recuperada capacidad del Estado para intervenir en la sociedad y las promesas de cambios profundos. Sin embargo, en la actualidad se presentan importantes límites y retrocesos del gobierno frente a las demandas de las organizaciones sindicales[10] (Herrera, 2015b).

Uno de los reclamos importantes realizados por ASTAC refiere, justamente, a la persistencia de las tercerizaciones en los lugares de trabajo. La intermediación impide la contratación directa entre empresarios y trabajadores, lo que hace que muchos empresarios no cumplan con sus obligaciones de patrono. Además, genera la dificultad de establecer sindicatos por empresa, ya que gran número de trabajadores “no pertenecen” a las empresas en las que trabajan cotidianamente, situación agravada por el número incalculable de trabajadores en negro (Negreiros, 2009).

En las entrevistas realizadas, los trabajadores están de acuerdo en afirmar que los tercerizados son los que tienen las peores condiciones de trabajo, además de percibir salarios muy inferiores en comparación con los trabajadores de planta. Ante esta situación, los dirigentes señalan que:

ASTAC nació acogiendo trabajadores tercerizados, es decir, no dependen de un solo patrón, y otra que de un solo de proceso, y este personal no tiene ningún amparo, y nosotros los acogimos para defender sus derechos, y el Estado no nos quiere reconocer como asociación, y nosotros estamos peleando que se los reconozca como trabajadores bananeros asalariados, pero ellos aducen que como no pertenecemos a un solo patrón, no nos podemos conformar como sindicato (entrevista a dirigente sindical, Quevedo, diciembre de 2015).

La negación de la constitución de un sindicato bananero que agrupe a trabajadores de varias empresas del sector impide a más de 200 000 trabajadores bananeros ejercer sus derechos sindicales en la medida en que existen en el país más de 2500 pequeñas fincas bananeras que emplean a menos de 30 trabajadores.

La lucha por la salud

Más allá de la limitación en el reconocimiento legal a ASTAC como organización sindical de segundo grado, es importante mencionar que durante los últimos años, la misma protagonizó importantes reclamos vinculados a la visibilización de las problemáticas de salud generadas por el uso de agroquímicos. En este sentido, relevamos que una alianza estratégica ha sido con organizaciones de cooperación internacional, vinculadas a derechos laborales, de salud y redes de consumo responsable y de comercio justo, entre las que se destacan FOS (Bélgica), FUPAD (Estados Unidos) y OXFAM (Alemania), entre otras. Por otro lado, se destaca la vinculación con diferentes centros académicos, ONG y fundaciones, para la realización de estos informe e investigaciones que permitan relevar y fundamentar las diferentes problemáticas a las que se enfrentan los trabajadores.

Nuestro accionar nos ha llevado a denunciar todas las afectaciones a los derechos de los trabajadores, hemos promovido la investigación sobre los daños a la salud, causados por el uso indiscriminado de pesticidas, hemos incentivado en medios informativos nacionales como extranjeros la investigación sobre la situación de las trabajadoras y trabajadores bananeros de Ecuador (fuente sindical, sitio oficial de ASTAC).

Los trabajadores señalan que, desde hace algunos años, en las plantaciones se comenzó a avisar antes del paso de la avioneta fumigadora para que se trasladen a la empacadora durante aproximadamente una hora. Algunos añaden que se implementaron algunos elementos de seguridad y charlas. Sin embargo, advierten que estos cambios no revierten la situación de peligrosidad a la que se ven expuestos ni mejoran sus condiciones de trabajo.

Palabras finales

A modo de cierre, queremos mencionar algunas cuestiones que se desprenden del análisis realizado en relación con los procesos de lucha y organización de los trabajadores bananeros. Observamos que el proceso de expansión y consolidación de la agroindustria bananera en la región se encuentra controlado principalmente por empresas trasnacionales que, mediante sistemas de contratos con sus intermediarios locales, evaden los riesgos de producción y de mercado. Por otro lado, relevamos la profundización de los procesos de concentración de la tierra y la simultánea desposesión de la población rural, que queda en un lugar de mayor debilidad frente a las negociaciones de sus condiciones de trabajo. En los lugares de trabajo analizados, esto redunda en el establecimiento de relaciones laborales precarias y flexibles que remiten a las formas más arcaicas de explotación y generan pésimas condiciones de trabajo y de vida para las y los trabajadores bananeros. Estos elementos configuran y concurren a determinar las posibilidades de desarrollo de las estrategias gremiales de sus trabajadores. Por otro lado, dimos cuenta de las dificultades estructurales del sindicalismo ecuatoriano, que nos permitieron contextualizar y visibilizar un escenario claramente desfavorable para los trabajadores y sus organizaciones sindicales. A esta dimensión se agregan los condicionantes institucionales, específicamente la reglamentación del Código de Trabajo, que dispone y reconoce únicamente el sindicato por empresa; agravados por la gran cantidad de trabajadores en negro, así como de tercerizados, que están completamente desprotegidos.

Más allá de estos condicionamientos, pudimos dar cuenta de diferentes estrategias gremiales que, dadas las características de la organización del trabajo y la legislación y la dura persecución que sufren en los lugares de trabajo, optan por lograr incidencia y presión desde el exterior, articulando demandas con organizaciones internacionales y haciendo foco principalmente en la denuncia del uso indiscriminado de agrotóxicos.

Finalmente, a partir del pedido de conocer y fundamentar las condiciones de salud de los y las trabajadores bananeros, la investigación en colaboración nos permitió pensar en la necesidad de contemplar todos los aspectos que las estructuran. Limitarse a la denuncia del uso de agrotóxicos sería obturar la comprensión de los procesos que constituyen las condiciones de vida de los trabajadores, entre los cuales las prácticas y experiencias sindicales, en tanto expresiones del antagonismo de clase, son parte de la dinámica que articula y explicita la comprensión de la totalidad histórica (Varela e Iñigo Carrera, 2015).

Asimismo, entendemos que los límites que los trabajadores puedan imponer a las condiciones imperantes en las plantaciones dependen del avance en la correlación de fuerza de este antagonismo que remite a transformaciones en las relaciones laborales y sociales de carácter más general.

Bibliografía

Antunes, R. (2005). Los sentidos del trabajo. Buenos Aires: Ediciones Herramienta.

Bourgois, P. (1989). Ethnicity at work: divided labor on a Central American banana plantation. Baltimore, M.D: Johns Hopkins University Press.

Brassel, F. (2011). “Las dinámicas monopólicas de la agroindustria”, en F. Brassel; J. Breilh y A. Zapatta (eds.). ¿Agroindustria y soberanía alimentaria? Hacia una Ley de Agroindustria y Empleo Agrícola. Quito: SIPAE, pp. 191-198.

Carrión, D. y Herrera, S. (2012). Ecuador rural del siglo XXI. Soberanía alimentaria, inversión pública y política agraria. Quito: Instituto de Estudios Ecuatorianos.

Cazorla, O. (2015). “Persistente violación de los derechos humanos en el sector bananero en Ecuador”, en Open Democracy. Disponible en: <https://bit.ly/30E5SmJ>.

Cepeda, D. (2011). “Cuando las manos hacen el racimo: Condiciones de producción y trabajo del banano en Ecuador”, en F. Brassel; J. Breilh y A. Zapatta (eds.). ¿Agroindustria y Soberanía Alimentaria? Hacia una Ley de Agroindustria y Empleo Agrícola. Quito: SIPAE.

Cueva, G.; Jácome, N.; Landívar, M. y Macías, V. (2008). “Desplazados por agroexportación. La concentración de la tierra por multipropriedad y fracturación: el caso de Quevedo”, en F. Brassel; S. Herrera y M. Laforge (eds.). ¿Reforma Agraria en el Ecuador?: viejos temas, nuevos argumentos. Quito: SIPAE, pp. 133-152.

Darlic, M. (2004). Organizaciones sindicales 19341996. Quito: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales/Fundación Friedrich Ebert/Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.

Herrera, S. (2015a). Sindicatos rurales, contexto y conflicto en el Ecuador: La Clementina y Ecudos. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.

Herrera, S. (2015b). “Situación, estrategia y contexto de los sindicatos en el Ecuador”, en CLACSO-UMET. Nuevos modelos sindicales en América Latina y el Caribe. Buenos Aires: CLACSO.

Larrea, C. (1987). El Banano en el Ecuador. Transnacionales, Modernización y Subdesarrollo. Quito: FLACSO.

Martínez Valle, L. (2004). “Trabajo flexible en las nuevas zonas bananeras de Ecuador”, en R. Harari y T. Korovkin (eds.). Efectos sociales de la globalización. Petróleo, banano y flores en Ecuador. Quito: Abya-Yala, pp. 129-156.

Montalvo, C. (2008). “La estructura vertical del mercado bananero para el Ecuador y el carácter limitado de las reformas de comercio internacional”, en Revista Tecnológica ESPOL, vol. 21, nº 1, pp. 165-179.

Moraes, N.; Gadea, E.; Pedreño, A. y De Castro, C. (2012). “Enclaves globales agrícolas y migraciones de trabajo: Convergencias globales y regulaciones trasnacionales”, en Política y Sociedad, nº 49, pp. 13-34.

Negreiros, J. (2009). “La FENACLE y la organización de los asalariados rurales en la provincia del Guayas, Ecuador”, en Ecuador Debate, n° 78, pp. 125-140.

Piva, A. (2015). Economía y política en la Argentina Kirchnerista. Buenos Aires: Batalla de Ideas.

Quevedo Ramírez, T. (2013). Agroindustria y concentración de la propiedad de la tierra elementos para su definición y caracterización en el ecuador. Quito: Observatorio del Cambio Rural.

Rodríguez, E. (2008). “Competencia desigual: Agroindustria bananera y pequeños productores: El caso de Barbones”, en F. Brassel, S. Herrera y M. Laforge (eds.). ¿Reforma Agraria en el Ecuador?: viejos temas, nuevos argumentos. Quito: SIPAE.

Ruiz Acosta, M. e Iturralde, P. (2013). La alquimia de la riqueza. Estado, petróleo y patrón de acumulación en Ecuador. Quito: Centro de Derechos Económicos y Sociales.

Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador (SIPAE) (2011). Prácticas de compra y condiciones sociales, laborales y ambientales en las plantaciones bananeras ecuatorianas que exportan a Alemania. Quito: SIPAE.

Soul, M. J. (2012). “Transformaciones en las estrategias sindicales en contextos de reconversión productiva. Un estudio de caso en la industria siderúrgica”, en AA. VV. El mundo del trabajo en América Latina. Tendencias y resistencias. Buenos Aires: CLACSO/Ciccus.

Striffler, S. (2007). Clase, género e identidad: la United Fruit Company, Hacienda Tenguel y la reestructuración de la industria del banano”, en Ecuador Debate nº 51, pp. 155-178.

Varela, P. e Iñigo Carrera, N. (2015). “Diálogos sobre el concepto de ‘estrategia de la clase obrera”, en Revista Archivos de historial de movimiento obrero y la izquierda, año III, nº 6.

Zapatta, A.; Ruiz, P. y Brassel, F. (2008). “La estructura agraria en el Ecuador: una aproximación a su problemática y tendencias”, en F. Brassel; S. Herrera y M. Laforge (eds.). ¿Reforma Agraria en el Ecuador?: viejos temas, nuevos argumentos. Quito: SIPAE.


  1. Se llama “mal de Panamá” al grave efecto que produjo un hongo sobre las plantaciones bananeras de América Central.
  2. Como señala Cepeda (2011), la política estatal de fomento a la producción bananera se dio a partir de inversiones fiscales, apertura de líneas de crédito para el cultivo, creación de organismos oficiales de apoyo para el aumento de la producción y control de enfermedades, mejoramiento de la calidad y la redacción de un cuerpo legal con el afán de normar y regular la producción y comercialización de banano.
  3. De hecho, según los datos de INEC 2001, la tasa promedio de crecimiento urbano en la provincia es de 4,5 (la séptima en el país), en contraste con una tasa de decrecimiento rural de -0,13 (Cueva, Jácome, Landívar y Macías, 2008).
  4. Esto es llamativamente diferente en otros sectores agrícolas, en los que se registra que un trabador puede tener a cargo hasta 400 hectáreas, como se da en el caso de la producción sojera del sur de la provincia de Santa Fe, en Argentina.
  5. Las exigencias de exportación requieren una apariencia de la fruta que no presente magulladuras o rajaduras, por lo cual se requiere de un trabajador especializado que se encargue de una constante supervisión y cuidado.
  6. Como fue ampliamente documentado (Martínez Valle, 2004; Cepeda, 2011; Moraes, Gadea, Pedreño y De Castro, 2012; Herrera, 2015b), una de las estrategias patronales más extendida en el sector refiere a la “flexibilidad cuantitativa”, que consiste en la imposición de contratos temporarios para la realización de actividades permanentes. Estos trabajadores son jornaleros que tienen una relación permanente (continua) con la plantación, pero que dada su forma de contratación (diaria), no pueden ser reconocidos como trabajadores permanentes, con lo cual quedan excluidos de las ventajas legales de los trabajadores permanentes.
  7. “Aunque no hay datos oficiales y consolidados sobre el volumen de trabajadores sindicalizados, los dirigentes están de acuerdo en que la población sindicalizada es pequeña, las cifras que manejan los dirigentes varía entre el 2% y el 16% de la población económicamente activa; además sostienen que los trabajadores sindicalizados y articulados a una organización corresponden a un porcentaje igualmente pequeño (13% en el sector público), pero coinciden que el 80% de los sindicatos pertenecen al sector público (salud, educación, petróleo, seguridad social, gobierno seccionales, etc.). Mientras que el ministro de trabajo por su parte afirma que el 41% de organizaciones laborales pertenecen al sector privado y el 59% al sector público” (Herrera, 2015b: 17).
  8. Esta hacienda era propiedad de Álvaro Novoa, quien es parte de las viejas élites terratenientes del país, y en el año 2012 fue embargada y pasó a ser controlada por el Sistema de Rentas Internas (SRI) (Herrera, 2015a).
  9. El Mandato Constituyente Nº 8, aprobado en el año 2008, establece la eliminación y prohibición de la tercerización e intermediación laboral y cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se dedique la empresa o empleador.
  10. Este hecho se hace palpable si observamos las cifras de organizaciones existentes en el país: mientras que en 2004 existían 5506 organizaciones (Darlic, 2004), en 2014 existen 4000, de las cuales el 80% son sindicatos públicos. De esta manera, entendemos que si bien el gobierno logra cambios en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, no logra revertir las condiciones de reproducción de las organizaciones sindicales (Herrera, 2015b).


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