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6 Intelectuales de Estado y usos del pasado durante el primer peronismo en Entre Ríos

Darío Velázquez (UADER)[1]

Introducción

El presente capítulo se propone analizar los usos del pasado durante el primer peronismo en Entre Ríos, a través del estudio de la política cultural que llevó a cabo el gobierno provincial. Asimismo, afirmamos que los actores sociales que sustentaron con saberes específicos las políticas culturales de ese período, en función de su interlocución con las burocracias estatales o su inscripción efectiva en posiciones políticas y/o institucionales en el Estado provincial, pueden ser comprendidos como intelectuales de Estado.

Este trabajo mantiene un diálogo estrecho con la producción de aquellos académicos que, desde la primera década del siglo XXI, extendieron la mirada más allá de los casos metropolitanos en sus estudios sobre historia de la historiografía argentina, y que han prestado una creciente atención a los usos del pasado en las escalas regional/local. En este sentido, cabe mencionar la producción de María Silvia Leoni (1996), Gabriela Quiñónez (2012), Marta Philp (2015), Eduardo Escudero (2016), Mario Glück (2015), Alejandro Eujanian (2012), entre otros, sólo para referir a algunos de quienes han contribuido, desde sus diversas pertenencias a instituciones universitarias nacionales, al conocimiento de las operaciones memoriales e historiográficas en espacios subnacionales. Como expresivo de ese interés una obra colectiva de reciente publicación compila el aporte de autores de las veintitrés provincias argentinas y de la capital del país, quienes desarrollan sus investigaciones en torno a dos grandes ejes: los procesos de institucionalización y profesionalización en la escritura de la historia y las políticas de la memoria impulsadas en cada provincia (Philp, Leoni y Guzman, 2022). Integrando ese trabajo conjunto el capítulo referido a los denominados “historiadores entrerrianos”, comprende a esos actores sociales no sólo como portadores de un saber científico formal sino también como productores identitarios, en un estudio que aborda el lapso que va desde fines del siglo XIX hasta la década de 1970 (Velázquez, 2022). Otro grupo de interlocutores lo constituyen quienes con su producción en este nuevo siglo han dado lugar a los estudios sociales del Estado. Especial interés tienen las obras que tuvieron por editores a Sabina Frederic, Osvaldo Graciano y Germán Soprano (2010), a María Silvia Di Liscia y Germán Soprano (2017), y a Laura Graciela Rodríguez y Germán Soprano (2018), que permiten el abordaje crítico de algunas definiciones y usos interpretativos de las categorías analíticas intelectuales y burocracias estatales. La reconstrucción empírica que se efectúa en este capítulo habilita a pensar que los actores sociales bien pueden ser comprendidos situacional o relacionalmente desde ambas categorías, es decir, que es posible referir a intelectuales de Estado.

En consonancia con la ampliación de la burocracia cultural a nivel nacional, el gobernador Héctor Domingo Maya (1946-1950) creaba en 1947 la Dirección de Cultura de la Provincia bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, y al año siguiente formalizaba la creación del Museo Histórico de Entre Ríos “Martiniano Leguizamón” (MHER) como una de sus dependencias institucionales, cuya primera dirección recayó en Leandro Ruiz Moreno. La institución museológica daba un nuevo valor a las funciones legitimadoras de la historia, y se desplazaba de la temática de la evolución de los seres vivos, a la que estaban dedicadas las colecciones públicas de ciencias naturales, hacia la exhibición de objetos expresivos del “patrimonio histórico” provincial.

En 1949, con la reforma de la constitución provincial que se produjo en concordancia con la nacional de ese mismo año, se creó el Ministerio de Educación como una cartera separada de la de Gobierno y Justicia. De acuerdo con su organigrama, el Ministerio de Educación contaba con dos direcciones bajo su órbita, la de Enseñanza y la de Cultura. A su vez, a esta última le correspondía la dependencia de los tres museos provinciales, el de Bellas Artes, el Histórico, y el de Ciencias Naturales. Por su parte, la realización de las “fiestas públicas” quedó bajo la dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia. Por ende, en la definición de los homenajes por los centenarios del “Pronunciamiento” de Justo José de Urquiza (1951) y de la “Batalla de Monte Caseros” (1952), tuvieron mayor injerencia los funcionarios de ese ministerio, por encima de aquellos actores sociales que portaban un saber especializado sobre el pasado histórico y se vinculaban a la cartera de educación.

Con los propósitos centrales de nominalizar los intelectuales de Estado y abordar los usos del pasado durante el peronismo clásico en Entre Ríos, este trabajo hace foco metodológicamente en: 1) reconstruir las trayectorias de los actores sociales; 2) identificar las políticas de historia y memoria vigentes en el período; y 3) analizar las reformas en las estructuras estatales provinciales.

Intelectuales de Estado y creaciones institucionales para el diseño y ejecución de la política cultural

Con la llegada del peronismo al gobierno nacional se produjo una importante reforma en las estructuras estatales (Berrotarán, 2003). En ese marco, con el propósito de intervenir sobre la definición de aquello que debía considerarse como cultura legítima, se creó en 1948 la Subsecretaría de Cultura, luego transformada en Dirección de Cultura (1950) (Fiorucci, 2011). La creación de la Subsecretaría de Cultura era el correlato de cambios más profundos en la estructura burocrática, que separaban la administración de justicia y la educación. Así, las políticas educativa y cultural salían de la órbita del Ministerio de Justicia para ser coordinadas desde el Ministerio de Educación (1949) (antes Secretaría de Educación, 1948), al frente del cual fue nombrado Oscar Ivanissevich, un médico cirujano de pertenencia católica y antiliberal (Petitti, 2017). A su turno, Antonio Castro quedó a cargo de la Subsecretaría de Cultura. Este era un historiador que se había desempeñado como director del Palacio San José en Entre Ríos, y desde 1945 como director del Museo Sarmiento y presidente de la Comisión de Cultura.

Al iniciar en 1946 el gobierno provincial de Héctor Domingo Maya[2], el doctor Luis J. Capriotti, al frente del Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, refería a la especial atención que el gobierno le prestaba a la “cultura popular”. De esa manera, se hacía expresa una política cultural en torno a quienes el peronismo identificaba como consumidores de cultura. Esas políticas estaban orientadas por un afán democratizador, en el sentido de permitir el acceso al consumo de lo que comúnmente se denomina como “alta cultura” a la mayor cantidad de público. Por lo tanto, se trataba de un afán distributivo que no estaba exento de preocupaciones “civilizadoras”. En ese sentido, el funcionario señalaba:

Entiende el Poder Ejecutivo, que su preocupación por mejorar el nivel de vida de la población, involucra la evolución de sus sentimientos espirituales, haciendo accesibles a su captación, manifestaciones del arte y la cultura, comúnmente reservadas a determinadas clases sociales (el resaltado es nuestro) (Entre Ríos, Memoria del Ministro de Gobierno, 1946: 243).

Así, las políticas se orientaban en el sentido de hacer accesibles a los sectores populares las diversas manifestaciones de “la cultura”, reservadas hasta entonces sólo para el goce de las elites. Ese objetivo de impulsar la “educación cultural” del pueblo y provocar activamente la “evolución de sus sentimientos espirituales” reforzaba un conjunto de saberes y gustos asumidos como dados, productos consagrados como “lo bello” y “lo bueno” por la vida metropolitana. De esa manera, se planteaba el propósito de extender “la capacitación de nuestras masas obreras para apreciar la belleza y el contenido estético de las manifestaciones del arte” (Entre Ríos, Memoria del Ministro de Gobierno, 1946: 243). Por lo tanto, inicialmente no se buscó en “lo popular” un lenguaje destinado a producir un reordenamiento total de aquello que debía considerarse cultura legítima, ni habría estado en el horizonte del peronismo provincial revocar las jerarquías culturales, que fueron inherentes a la democratización cultural. Ello se corresponde con interpretaciones más globales que se han propuesto para el primer peronismo a nivel nacional, como es la señalada por Fiorucci:

el Estado seguía abonando la idea de que existía una cultura superior que era la que debía llevarse del centro a la periferia […] Este propósito se basa en la visión de que hay una cultura legítima y en lo que se busca es diseminar su acceso. En consecuencia, el pueblo aparece como un sujeto a ser renovado, donde las prácticas de la cultura popular no tienen valor artístico o estético (2011: 53). (El resaltado es del original).

En efecto, tampoco en el caso del gobierno de Maya en Entre Ríos “lo popular” aparece investido de autenticidad frente a la cultura metropolitana, sino que el discurso oficial alimentaba una implícita jerarquía entre la cultura urbana y la del “interior”.

En consonancia con la ampliación de la burocracia estatal a nivel nacional (Berrotarán, 2008), por la Ley de Presupuesto de 1947, el gobernador Maya creó la Dirección de Cultura de la Provincia, que comenzó a funcionar en el segundo semestre de ese año. Así, al frente del organismo, que cumplía con el objetivo de centralizar la acción gubernativa en materia de política cultural, fue nombrado el doctor Álvaro de las Casas Blanco (1901-1950) (Entre Ríos, Memoria del Ministro de Gobierno, 1947). Este doctor en Historia y Geografía había nacido en Orense, capital de la provincia de Galicia (España), participando allí del Partido Galegista (1931), movimiento autonomista definido por su “nacionalismo gallego”, y del que se alejó para fundar el partido Vangarda Nazonalista Galega (1933), de similar orientación político-ideológica. En 1936, al estallar la Guerra Civil Española, dejó su país para viajar a Buenos Aires, residiendo en Argentina hasta 1950. Su producción cultural lo presentaba como un intérprete del “hispanismo”, memoria e identidad en cuyo “rescate” también se habían empeñado ciertos esfuerzos oficiales a nivel nacional.

Además de las instituciones ya existentes como la Escuela Provincial de Bellas Artes y el Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Pedro E. Martínez”, otras entidades oficiales de reciente creación quedaron bajo la órbita de la Dirección de Cultura de la Provincia. Una de esas instituciones fue la Oficina de Investigaciones Históricas, que en la práctica funcionaba desde 1946 y que fue incorporada al presupuesto de la administración del año siguiente. A cargo de la misma se nombró a Leandro Ruiz Moreno, un teniente 1º del Ejército en situación de retiro. Nacido en Entre Ríos en 1903, en su actuación militar revistó como teniente primero y pasó a retiro en 1936 por un accidente sufrido en servicio (Cutolo, 1966: 334).

Con su sede en la Casa de Gobierno ubicada en la ciudad capital, la Oficina se dedicó a la recolección del “material histórico” disperso en los edificios del Estado provincial: armas blancas y de fuego, escudos, muebles, documentos, etc. Además, realizaba el estudio de obras para certificar su valor histórico y cultural, o aconsejar la adquisición de los derechos de autor o la distribución de alguna de ellas, y demás servicios de asesoramiento para las autoridades provinciales.

Asimismo, la Oficina inició la confección de un libro dedicado a la figura del caudillo entrerriano Francisco Ramírez, proyecto que se concretó en la década siguiente con la publicación de El General Francisco Ramírez: fe de bautismo de la democracia y piedra angular del federalismo (1955), de Leandro Ruiz Moreno. A manos del Jefe de esta entidad se concretó además una Historia de la policía de Entre Ríos en 1947, y una biografía del doctor Martín Ruiz Moreno, también en ese año. El gobierno de la provincia había decretado la publicación de 2.500 ejemplares de esta biografía, que constituía el aporte oficial a la “Primera Exposición del Libro Entrerriano”. Se dio comienzo también a la recopilación de datos para la elaboración de biografías que retrataran figuras notables de la provincia. Relacionadas con este trabajo aparecieron en los próximos años publicaciones consagradas a Enrique Berduc (1952), Francisco Ramírez (1957), y Martiniano Leguizamón (1961), todas del mismo autor.

La creación de esta Oficina y la definición de sus funciones entraban en abierta competencia con la Filial de Entre Ríos de la Academia Nacional de la Historia (ANH) (1936), que precisamente en el año 1946 se reactivaba con la edición del primer número de su revista, en la que participaban el director del Museo de Entre Ríos, profesor Víctor M. Badano, con la publicación Sobre algunos ejemplares interesantes de representaciones plásticas, y el secretario del mismo, profesor Facundo Arce, con el trabajo Artigas y el federalismo del Litoral, 1813-1815, ambas producciones luego impresas por separado. Así también, el jefe de la mencionada Oficina, Leandro Ruiz Moreno, puede ser visto como un contrapunto al presidente de la Filial de la ANH y jefe ad-honorem del Departamento de Historia y Numismática de dicho museo, César Blas Pérez Colman.[3]

Probablemente el gobierno de Maya no buscaba el total reemplazo de las figuras ya consagradas como “historiadores entrerrianos”, sino habilitar otros lugares que sin innovar en los productos culturales permitieran una inserción institucional a sujetos sin acceso a los espacios ya existentes. También es razonable pensar que las figuras de mayor trayectoria no hayan visto en estas creaciones institucionales una inocente concesión de un lugar en el mundo para nuevos actores, sino una habilitación a los “advenedizos” connotando negativamente el proyecto oficial.

Por otra parte, fijando la mirada sobre aquellos actores involucrados en la formulación de políticas públicas y su puesta en práctica, y reconociendo las tensiones generadas por la alternancia en el privilegio otorgado a unos organismos y programas en detrimento de otros, en el marco de un siempre conflictivo proceso de expansión estatal, podemos destacar la capacidad que Leandro Ruiz Moreno demostró para influir en las elites políticas, en contraste con el menor relieve de quien fuera el primer Director de Cultura, Álvaro de las Casas. Una definición del área de intervención de esa agencia, circunscripta a las expresiones de las bellas artes y la literatura legada por la “alta cultura”, deslindaban sus incumbencias de otras áreas de la administración ligadas a la producción y reproducción cultural como era el ámbito educativo. Ello redujo el repertorio con el que Álvaro de las Casas podía intervenir como mediador entre los líderes políticos del peronismo y el público amplio al que estaban destinadas las políticas culturales, limitado a actuar como intérprete de un “hispanismo” que como identidad colectiva fue perdiendo presencia en el discurso gubernamental.

El Museo Histórico “Martiniano Leguizamón” y la celebración de “fiestas públicas” durante el gobierno de Maya

En el año 1948 se procedió a la reestructuración de la mayoría de las dependencias que integraban la Dirección de Cultura de la Provincia. Así, en los meses de enero y marzo de ese año sendos decretos provinciales separaban del Museo de Entre Ríos su Departamento de Historia y Numismática y el Instituto “Martiniano Leguizamón”. Al respecto se argumentaba que el Museo de Entre Ríos había sido creado específicamente como “Museo de Historia Natural”, tal como se deducía de su acta fundacional, y que la misma intención animaba a su fundador y director hasta 1942, el profesor Antonio Serrano. Por su parte, los estudios del Instituto se habían orientado en otra dirección, de acuerdo al trabajo del propio Martiniano Leguizamón y las prescripciones de los familiares que donaron sus colecciones al Estado provincial.[4] Finalmente, conforme a las planificaciones realizadas por la Dirección de Cultura, las actividades de ambas instituciones debían tener órbitas diferenciadas. Por el decreto del mes de enero, la recientemente creada Oficina de Investigaciones Históricas de la Provincia, junto con su personal y presupuesto, se incorporaba al Instituto Martiniano Leguizamón, y era nombrado como su director el hasta entonces Jefe de la mencionada Oficina, Leandro Ruiz Moreno, y como su secretario el auxiliar de la Oficina, José Angió. Como último paso un nuevo decreto del mes de abril formalizaba la creación del Museo Histórico de Entre Ríos “Martiniano Leguizamón” (1948) (Entre Ríos, Memoria del Ministro de Gobierno, 1948).

De acuerdo con el secretario del novel MHER, José Angió, éste se había constituido por su iniciativa y la de Leandro Ruiz Moreno. Asimismo, afirmaba que al instituirse el museo el Ejecutivo provincial “fijó, que sólo y únicamente al mismo le correspondían […] realizar todas las tareas referidas a la investigación histórica, la numismática, el archivo, la etnología, el folclore, atender el archivo, la hemeroteca y disponer e incrementar la respectiva biblioteca especializada” (Angió, 1998). Por lo tanto, esa centralización de funciones se dirigía a garantizar el monopolio en los asuntos “históricos” de la nueva dependencia oficial, dando por terminada la existencia de organismos paralelos de asesoramiento y representación que el propio gobierno había contribuido a generar con la creación de la Oficina de Investigaciones Históricas dos años atrás, contando ya para la misma tarea con el Instituto “Martiniano Leguizamón”. El museo homónimo que resultó de la fusión depositó en manos del personal de aquella el mecanismo especializado con el que el Estado contó desde entonces para intervenir en la materia.

Durante los años transcurridos en el gobierno de Maya, las fiestas cívicas no presentaron variaciones respecto de los homenajes consagrados por las memorias social e histórica producidas y actualizadas por las elites políticas entrerrianas y los intelectuales nativos en períodos anteriores. Éstas conmemoraban acontecimientos o figuras que no formaban parte del calendario oficial de celebraciones a nivel nacional, pero a nivel local se les asignaba un papel destacado como contribución de la provincia a la conformación del Estado nacional y a la constitución de la “argentinidad”, al tiempo que sus significados aparecían comprometidos con la afirmación del particularismo local. La singularidad radicaba en un redoblado esfuerzo por no dejar lugar a dudas de que el nuevo movimiento político también nacía conectado a esos símbolos, en cuanto gozaban de aceptación –o al menos ese era el resultado esperado por los rituales estatales que durante décadas buscaron afirmar una memoria cívica en la población- entre los sectores populares y también los grupos encumbrados de la sociedad que el gobierno mantenía como interlocutores y/o como audiencia. En ese sentido, las “fiestas públicas”, que tuvieron por objeto el recuerdo presente de un pasado histórico connotado por sentimientos patrióticos, se concentraron en dos íconos entrerrianos ya instalados en las tradiciones oficiales: Francisco Ramírez y Justo José de Urquiza.

No obstante, para el primer año en ejercicio de las nuevas autoridades hay indicios de que aún no había una orientación precisa en torno a esas políticas. Los festejos se limitaban a las efemérides que los actores sociales definían como “nacionales”, verbigracia el “25 de Mayo” y el “9 de Julio”, y el apoyo estatal a través de subsidios a los diferentes eventos organizados para esas fechas, cuando no tenía por destino a las comisiones municipales o de juntas de gobierno constituidas a esos fines, era captado por espacios de sociabilidad de notables como la Sociedad de Beneficencia de Paraná o el Club Social de esa ciudad (Entre Ríos, Memoria del Ministro de Gobierno,1946).

El cambio se produjo a partir del año siguiente cuando el Estado provincial contó con actores y estructuras institucionales con capacidad para instrumentar usos públicos de la historia y las memorias, en un intento por sustraer esas áreas de su determinación por actores privados. Así, al cumplirse un nuevo aniversario de la “Batalla de Caseros”, el 3 de febrero de 1947, el gobernador decretó con el objetivo de “exaltar el reconocimiento del pueblo hacia aquellos que hicieron posible la organización nacional” (el resaltado es nuestro), confeccionar una lista de los integrantes del ejército de Entre Ríos que participaron de aquel acontecimiento, para ser colocada en la Casa de Gobierno junto a un cuadro que representaba el pasaje del río Paraná por las fuerzas urquicistas, y designar con tales nombres a las calles de la provincia que aún no tuviesen denominación. Por su parte, en correspondencia al 161 aniversario del nacimiento de Francisco Ramírez, se declaraba para el 13 de marzo día feriado para todo el territorio de la provincia, en reconocimiento de esta “figura prominente de Entre Ríos” cuyo triunfo militar en Cepeda precipitó “el derrumbe de las aspiraciones monárquicas de nuestra libre tierra y la primera implantación del federalismo en el gobierno, como asimismo, nexo hacia la organización nacional, y siendo […] un cruzado del arraigado sentimiento autonómico de las masas en los Estados provinciales” (el resaltado es nuestro). Así también, para el día 1º de mayo se celebró un nuevo aniversario del “Pronunciamiento del Capitán General Don Justo José de Urquiza, Gobernador de Entre Ríos, contra la tiranía de Rosas”, fecha además en que los convencionales reunidos en la ciudad de Santa Fe sancionaron la Constitución de 1853 (Entre Ríos, Memoria del Ministro de Gobierno, 1947).

En 1948, en el marco de las acciones oficiales que buscaban contribuir “al mantenimiento de las gloriosas tradiciones históricas de Entre Ríos”, se repitieron los actos conmemorativos por la “Batalla de Caseros”. A su turno, dado “el deber de los poderes públicos [de] mantener en las generaciones argentinas el culto de los próceres”, se sostuvo en el territorio provincial el feriado del 13 de marzo por el aniversario del nacimiento de Francisco Ramírez. Además, se volvió a conmemorar el “Pronunciamiento de Urquiza”, pero esta vez en la fecha del 1º de mayo se manifestaba paralelamente la adhesión del gobierno al “Día del Trabajador”. La “celebración de la fiesta del trabajador” que “enraíza con los sentimientos cristianos y con los ideales de digna y armónica convivencia humana de nuestro pueblo” (Entre Ríos, Memoria del Ministro de Gobierno, 1948) no connotaba a nivel oficial la reivindicación de una pertenencia de clase que introdujera una discontinuidad en el seno de la comunidad.

En 1949 el gobierno provincial volvió a conmemorar el nacimiento del general Don Francisco Ramírez, en tanto “arquetipo histórico de Entre Ríos”, aunque no decretó el feriado que había correspondido al 13 de marzo en los dos años anteriores. El 10 de julio incluyó por primera vez un homenaje a dicha figura por el 128º aniversario de su muerte (Entre Ríos, Memoria del Ministro de Gobierno, 1949). En 1950 se restableció el feriado provincial para recordar el aniversario del nacimiento de Ramírez (Entre Ríos, Memoria del Ministro de Gobierno y Justicia, 1949).

Este esquema de “fiestas públicas” vigente durante el gobierno de Maya, introdujo algunas imágenes heterodoxas en la galería de eventos y figuras memorables de la sociedad entrerriana, como el “obrero” y entre los combatientes de Caseros no sólo el “jefe” y el “oficial” sino también la “tropa”. Pero en términos más estrictos de una memoria histórica, se exhibieron escasas innovaciones por parte de los intelectuales de Estado que contribuyeron con sus discursos especializados a dar soporte a las políticas culturales del peronismo.

Dentro de sus acciones la Dirección de Cultura tuvo a cargo la publicación de la revista Tellus. El primer número salió a la luz en enero de 1948, y tras diecinueve ediciones cerró su ciclo en agosto de 1949. Tratándose de cuadernos editados por la Dirección de Cultura de la Provincia, se incluyó en su primer número una adhesión al Plan Quinquenal delineado por el gobierno nacional. En ese marco, se afirmaba que el gobierno de Entre Ríos no sólo pavimentaba caminos, edificaba viviendas, creaba industrias, fundaba museos, iniciaba bibliotecas, etc., sino que además “sostiene, ampara y alienta una acción cultural jamás vista en la Provincia desde los gloriosos días urquicianos”. No es la más obvia adhesión a la política oficial lo que queremos destacar en la cita, sino el papel preponderante otorgado a Justo José de Urquiza en la historia local y nacional, visión nada iconoclasta respecto de la ya consagrada tradición liberal.

Por lo tanto, Entre Ríos no fue la excepción a la regla en relación con las opciones del peronismo frente a los pasados en pugna heredados del período de entreguerras, que oponían a una línea histórica construida por la tradición liberal otra cuya figura central era el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. En tal sentido, como ha señalado Cattaruzza –a contrapelo de algunas interpretaciones de Quattrocchi (1998):

Parece entonces excesiva la opinión que hace del primer peronismo el “domicilio” del revisionismo, así como la que sostiene que el revisionismo “termina por teñirse de peronismo”, al menos hasta 1955. Es que aquí, como en muchas otras áreas, el primer peronismo se permitía admitir la colaboración de individuos que exhibían distintos perfiles ideológicos, y trayectorias previas que los vinculaban a múltiples circuitos intelectuales, mientras fuera claro el apoyo a la gestión presidencial; en este sentido, lo que importaba era el presente (2003: 167-168).

En efecto, las posiciones oficiales compartidas por el gobierno fueron más bien proclives a instalarse en la tradición más clásica.

Memorias en pugna: los actos oficiales por los centenarios urquicistas

Las conmemoraciones durante el primer peronismo tuvieron suerte dispar a nivel nacional. El año sanmartiniano (1950) revistió una gran centralidad. La recuperación de dicha figura enfatizó su condición de conductor de hombres y pueblos, presentando a un San Martín en su cualidad de militar. Los homenajes durante el declarado “Año del Libertador Gral. San Martín” por el centenario de su muerte, significaron para el peronismo un escenario privilegiado para postular sus concepciones acerca del orden político deseable. De acuerdo con Marta Philp, en ese marco “Perón proclamó y justificó la importancia de la conciliación de dos tareas fundamentales: la de general y la de conductor; la descripción del despliegue de estas funciones en la figura de San Martín se constituyó en una operación de memoria que justificaba su propio accionar político en la nueva Argentina de masas” (2015: 116-117).

A su turno, los cien años del “Pronunciamiento” de Urquiza (1951) se disiparon debido a la mayor atención que recibieron a escala nacional los festejos del “1º de mayo”. La extensa tradición del “Día del Trabajo”, resignificada coyunturalmente por el peronismo, dejaba en un segundo plano el aniversario urquicista. Mientras que el centenario de la “Batalla de Monte Caseros” (1952) que se iba a conmemorar públicamente el 3 de febrero, quedó eclipsado por el descubrimiento de una conspiración militar y el proyectado asesinato de Perón y de su esposa en esa fecha, que determinó la consecuente suspensión de las manifestaciones programadas (Pagano, 2014). Por ello, las celebraciones “urquicistas” vieron acotada su relevancia al nivel provincial.

En 1950 el traspaso de las autoridades provinciales se realizó el 23 de mayo, con las presencias de Juan Domingo Perón, quien por primera vez en ejercicio de su cargo como primer mandatario de la Nación hacía efectiva una visita oficial, y su esposa Eva Duarte. A finales de ese mismo año el gobierno del general Ramón Amancio Albariño (1950-1952), comenzó los preparativos para conmemorar los centenarios del “Pronunciamiento” y de la “Batalla de Monte Caseros.”[5]

En 1949, con la reforma de la constitución provincial que se produjo en concordancia con la nacional de ese mismo año, se creó el Ministerio de Educación como una cartera separada de la de Gobierno y Justicia. Para hacerse cargo de la nueva estructura estatal fue convocado Héctor Castagnino, luego sucedido por el profesor Miguel A. Torrealday, mientras que durante la gobernación de Albariño le correspondió estar al frente de la cartera al profesor José María Nadal (Entre Ríos, Memoria del Ministro de Educación, 1951).

De acuerdo con su organigrama, el Ministerio de Educación contaba con dos direcciones bajo su órbita, la de Enseñanza y la de Cultura. A su vez, a esta última le correspondía la dependencia de los tres museos provinciales, el de Bellas Artes, el Histórico, y el de Ciencias Naturales. Por su parte, la realización de las “fiestas públicas” quedó bajo la dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia. Por ende, en la definición de los homenajes por los centenarios urquicistas tuvieron mayor injerencia los funcionarios de ese ministerio, por encima de aquellos actores que portaban un saber especializado sobre el pasado histórico y se vinculaban a la cartera de educación.

Culminando el año de 1950, el Ministerio de Gobierno y Justicia, definía mediante decreto la constitución de una Comisión Provincial encargada de coordinar las celebraciones, la cual era presidida por el propio gobernador. La Comisión establecida con vista a las conmemoraciones otorgaba un rol subordinado a quienes eran reconocidos como especialistas de la historiografía provincial. De esa manera, el “Pronunciamiento” y “Monte Caseros” no constituían acontecimientos bajo el monopolio de quienes se habían consagrado como intelectuales de Estado, sino que eran un asunto de memoria social cuya administración en el presente recaía en funcionarios no iniciados en temáticas históricas. Como resultado de ello no fue unívoca la orientación que en los homenajes empeñaron los actores, instituciones y estructuras del Estado provincial.

La gestión de la memoria social en el marco de los actos oficiales, tal como se distribuyó en los ámbitos de la administración pública, constituyó una cuestión de “gobierno” antes que de “cultura”. Pero los intelectuales de Estado que quedaron bajo la órbita del Ministerio de Educación, tales como los vinculados a la Dirección de Cultura, emprendieron sus propias conmemoraciones en torno a los centenarios. En ese sentido, cabe destacar que el director del MHER, Leandro Ruiz Moreno, no formaba parte de la nómina de la Comisión Provincial.

Durante los cuatro años del gobierno provincial de Héctor Domingo Maya, en los cuales se destacó la influyente presencia institucional de Leandro Ruiz Moreno, conmemorar a Justo José de Urquiza significó correlativamente diseñar un campo de batalla en el terreno de las memorias sociales que posicionaba al caudillo entrerriano frente a la “tiranía de Rosas”. Paradójicamente en cercanía a los centenarios urquicistas el Ministerio de Gobierno y Justicia a cargo de Roberto G. Morán, quien provenía de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, evitó referencias demasiado explícitas que connotaran negativamente la figura del Gobernador de Buenos Aires. En ese sentido, la “histórica proclama […] reasumiendo la soberanía provincial” dictada el 1º de mayo de 1851, se explicaba “como consecuencia de las circunstancias políticas que obligaban a desvincularla del Gobierno de Buenos Aires”; mientras la batalla subsiguiente acaecida el 3 de febrero de 1852, se describía simplemente como la “etapa posterior de la actitud asumida con el Pronunciamiento” (Entre Ríos, Memoria del Ministro de Gobierno y Justicia, 1950: 427). Por lo tanto, aún con la “trascendencia para la vida institucional de la Nación” que se les otorgaba a tales acontecimientos, el relato oficial no presentaba a dos figuras históricas que encarnaban proyectos nacionales opuestos, sino que la rivalidad entre Urquiza y Rosas se interpretaba como producto de “circunstancias políticas” que “obligaron” al primero a asumir esa “actitud”.

El tono moderado empleado por el gobierno provincial en torno a las conmemoraciones centenarias no significaba una reivindicación de Rosas o un desaire a la figura de Urquiza, sino que a lo sumo daba cuenta de una preocupación por no agraviar a quienes en las propias filas del gobierno nacional y provincial podían simpatizar con las propuestas de recuperar para la memoria histórica y social el período rosista. Que estos últimos tuviesen el interés de subvertir el panteón de héroes nacionales anclado en la tradición liberal, y que simultáneamente tomaran parte del movimiento liderado por Perón, no convertía automáticamente sus propósitos en un objetivo del programa político-cultural del peronismo.

Pero este ligero desplazamiento en los usos públicos del pasado durante el segundo gobierno peronista en la provincia, les permitió a sectores de la oposición ocupar el terreno que el oficialismo dejaba descubierto. El influyente periódico de la ciudad de Paraná, El Diario, fue uno de los dispositivos institucionales mediante los cuales se proyectaron memorias sociales alternas y en pugna con los relatos oficiales sobre el pasado[6]. En los días previos a cumplirse los cien años del “Pronunciamiento” podían leerse en tapa editoriales que subrayaban del caudillo homenajeado:

Los muchos perfiles salientes: legislador, gobernante, militar, colonizador, impulsor de industrias, admirable organizador del trabajo rural, fundador de escuelas y colegios, mecenas de periodistas, investigadores, pintores y poetas, etc.
Pero su gloria mayor, inmaculada, indiscutible, será siempre esta: ABATIO LA TIRANIA – DIO LA CONSTITUCIÓN.
Su sable derribó en Caseros al despotismo, la ignorancia, el terror, el atraso, la oligarquía bonaerense. El Acuerdo de San Nicolás que convocó y la augusta asamblea constituyente de Santa Fe, protegida por su decisión republicana, dió a este país ese tesoro democrático-liberal que permitió un desarrollo integral al joven gigante argentino. Toda evocación y homenaje a Urquiza lleva implícito el odio al tirano y el amor a la legalidad. Jamás serán sinceros los que –complicados con los despotismos que aniquilan al hombre y su dignidad– pretendan hacer homenajes formales a nuestro gran Justo José de Urquiza, el del Pronunciamiento del 1º de Mayo, el de Caseros del 3 de Febrero y el de la Constitución gloriosa de 1853 (el resaltado es nuestro) (El Diario, 29/4/1951, p. 1).

Desde esa óptica el periódico sentenciaba que no podía haber homenaje sincero sin expresar un abierto “odio al tirano” y dar garantías de “amor a la legalidad”, dos requisitos de los que se juzgaban desprovistos quienes llevaban adelante las conmemoraciones “formales”. Con el mismo afán por librar las luchas presentes en las arenas de combate del pasado, se podía ora atacar la manipulación de los sentidos de “federalismo” y “democracia”, señalando que “la sola invocación del federalismo no basta para la vigencia efectiva del sistema federal, ni es suficiente que un hombre revestido de autoridad suprema se proclame paladín de la democracia para que los ciudadanos gocen de libertades y garantías. Se requiere devoción a la ley y respeto a los derechos populares. El gobierno debe estar al servicio del pueblo, no el pueblo al servicio del gobierno. Esto último lo pretendió Rosas, como lo han pretendido otros de su calaña” (el resaltado es nuestro) (El Diario, 29/4/1951: 5); ora proyectar presuntos atributos de un pasado histórico hacia el presente, indicando que “el «sistema» rosista anticipa los procedimientos totalitarios y sirve de antecedente a los regímenes basados en la arbitrariedad, la violencia y el engaño del pueblo […] Hizo como todos los déspotas del pasado y del presente, de la mentira su escudo y del terror su mejor instrumento de gobierno” (el resaltado es nuestro) (El Diario, 29/4/1951: 8).

No todas las críticas a las celebraciones oficiales fueron tan elípticas, sino que el periódico capitalino también fue canal de otros cuestionamientos más directos. Así lo hacía al reproducir un comunicado de la Junta Argentina “Justo José de Urquiza”, con sede en la ciudad de Concepción del Uruguay, cuyos miembros protestaban ante el gobierno provincial por haber “prohibido los actos de homenaje sin el previo consentimiento de una Comisión a la cual esta Junta no puede someterse”, por lo que de forma alternativa diseñaba un “programa silencioso, sabiendo que su silencio será más elocuente que muchos discursos” consistente en dejar una ofrenda floral en la tumba de Urquiza, concurrir acto seguido a la “Plaza Ramírez” y cumplir un gesto de recogimiento al pie de la “Pirámide al Supremo Entrerriano” ubicada en dicha ciudad, y visitar posteriormente lugares históricos de la misma localidad[7]. Con tales gestos la Junta interpelaba al gobierno provincial señalando que “los fundadores de la nacionalidad no son de propiedad particular de nadie y persona alguna tiene en su mano el privilegio de reverenciarlos, con exclusividad” (El Diario, 2/5/1951: 2).

A su turno, también la Unión Cívica Radical, a través de una declaración de sus diputados y senadores provinciales, acusaba al oficialismo de haber “negado al pueblo de Entre Ríos el derecho de celebrar con libertad”, y afirmaba “que el derecho de reunión y la libertad de ideas han sido abolidos totalmente en el año del Pronunciamiento” (El Diario, 2/5/1951: 3). Por ello el bloque de legisladores provinciales del radicalismo denunciaba “ante el pueblo y ante la historia el proceder antiurquicista del oficialismo” (el resaltado es nuestro), resolviendo no formar parte de las comitivas oficiales ni asistir a ningún acto a modo de protesta ante lo que interpretaba como restricciones a la libre celebración del “Pronunciamiento” (El Diario, 2/5/1951: 3).

El foco de las impugnaciones se dirigía a la centralización de la fiesta cívica en el Comité Provincial. Si la medida se tomó para limitar usos del pasado alternos por parte de grupos de la oposición al oficialismo, tales prevenciones no habrían sido infundadas a juzgar por la inclinación de esos sectores a sindicar como “antiurquicista” al peronismo entrerriano.

Los recordatorios organizados por dicho Comité en la capital provincial, incluyeron un acto oficial frente al monumento a Justo José de Urquiza, ubicado en el parque homónimo, con descubrimiento de placas y colocación de ofrendas florales. Pero los actos centrales se llevaron a cabo en Concepción del Uruguay, con epicentro en la plaza “Gral. Ramírez”, donde el gobernador Albariño se hizo presente con un discurso alusivo. Con todo, sin la presencia de figuras relevantes del gobierno nacional, no resultaba una conmemoración muy ambiciosa la encarada por el oficialismo provincial, que había manifestado tanto recelo por evitar voces discordantes en los actos públicos. Los modestos actos de rememoración dedicados a Urquiza contrastaban con la más sobresaliente veneración tributada a San Martín durante la misma gobernación de Albariño, en la que se erigió en el “Parque Urquiza” de la ciudad capital un monumento denominado “Columna del Libertador.”[8]

La fiesta cívica del 3 de febrero de 1952 se desarrolló bajo las mismas condiciones controladas por el Comité Provincial de los homenajes centenarios, pero sin suscitar la intensidad en las polémicas del año anterior. Esta vez el escenario para el acto conmemorativo central fue la ciudad de Diamante, y específicamente el lugar por donde vadeara el río Paraná el denominado “Ejército Grande” liderado por Urquiza: Punta Gorda. Allí, frente al monolito emplazado para recordar aquel hecho histórico, sería descubierta una placa y ofrecería un discurso el Ministro de Gobierno y Justicia, Roberto G. Morán. Asimismo, mediante una resolución del ministro se ordenaba establecer una guardia de honor a cargo de efectivos de la Policía de la Provincia, desde el 1 al 3 de febrero inclusive, en todos los lugares en donde se encontraran situados “monumentos (estatuas, bustos, monolitos, etc.)” que homenajearan a Urquiza (El Diario, 1/2/1952: 2).

Paralelamente a los festejos coordinados por el Ministerio de Gobierno y Justicia, Facundo Arce y Leandro Ruiz Moreno, brindaban sendas disertaciones en las ciudades de Victoria y Paraná como invitados del Jockey Club y el Club Social de esas localidades, respectivamente (El Diario, 1/2/1952: 2-3). Nuevamente la celebración quedaba circunscripta al territorio entrerriano, y ello daba lugar a expresiones de desencanto ante el hecho de que “una fiesta centenaria como la que celebraremos mañana, no cuente con el auspicio de los poderes públicos de la Nación y de los gobiernos de provincia –salvo el de la nuestra–” (El Diario, 1/2/1952: 2).

Consideraciones finales

En este capítulo hemos efectuado un análisis de los usos del pasado instrumentados por intelectuales de Estado durante el primer peronismo en Entre Ríos. En el primer apartado se destacaron las importantes reformas que el peronismo introdujo en la administración pública tanto a nivel nacional como provincial. En ese marco, la política cultural del Estado provincial en torno a quienes el peronismo identificaba como consumidores de cultura estuvo orientada por un afán democratizador.

En consonancia con la ampliación de la burocracia estatal a nivel nacional, el gobernador Héctor Domingo Maya creó la Dirección de Cultura de la Provincia (1947). Al frente de la estructura estatal se nombró al doctor en Historia y Geografía, Álvaro de las Casas Blanco, nacido en España, cuya producción cultural lo presentaba como un intérprete del “hispanismo”, memoria e identidad en cuyo “rescate” se empeñaron por un tiempo ciertos esfuerzos oficiales. No obstante, el encumbramiento de otro productor cultural al frente de una institución museológica dedicada a la memoria histórica, redujo el repertorio con que el propio Director de Cultura podía intervenir como mediador entre los líderes políticos del peronismo y el público amplio al que estaban destinadas las políticas del área. En efecto, la creación de la Oficina de Investigaciones Históricas (1946), primero, y del Museo Histórico “Martiniano Leguizamón” (1948), luego, otorgaron distinción al ser ubicado como director de esas entidades a Leandro Ruiz Moreno.

Además, la creación de la Oficina actuaba en abierta competencia con la Filial de Entre Ríos de la ANH. De esa manera, el Jefe de aquella, Leandro Ruiz Moreno, ofreció un contrapunto al presidente de la Filial de la AHN, César Blas Pérez Colman. Por ello, la iniciativa de crear una nueva institución museológica garantizó el monopolio en los asuntos “históricos” de la nueva dependencia oficial, que depositó en manos de su personal el mecanismo especializado con el que el Estado provincial contó desde entonces para intervenir en la materia.

En el segundo apartado se analizaron las operaciones de memoria a través de las cuales el MHER buscó conectar la nueva identidad política del peronismo con las tradiciones históricas entrerrianas. Durante los años transcurridos en el gobierno de Maya, las “fiestas públicas” que tuvieron por objeto el recuerdo presente de un pasado histórico connotado por sentimientos patrióticos, se concentraron en dos íconos entrerrianos ya instalados en las tradiciones oficiales: Francisco Ramírez y Justo José de Urquiza. El esquema de “fiestas públicas”, vigente durante el gobierno de Maya, introdujo algunas imágenes heterodoxas en la galería de eventos y figuras memorables de la sociedad entrerriana, como el “obrero” y entre los combatientes de Caseros no sólo el “jefe” y el “oficial” sino también la “tropa”. Pero en términos más estrictos de una memoria histórica, se exhibieron escasas innovaciones por parte de los intelectuales de Estado que contribuyeron con sus discursos especializados a dar soporte a las políticas culturales del peronismo.

En ese período la experiencia entrerriana no fue la excepción a la regla en relación con las opciones del peronismo frente a los pasados en pugna heredados del período de entreguerras, que oponían a una línea histórica construida por la tradición liberal otra cuya figura central era el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. En ese escenario las posiciones oficiales compartidas por el gobierno fueron más bien proclives a instalarse en la tradición más clásica, conforme a un criterio político que no habilitaba una filiación explícita al “rosismo”, contradiciendo las operaciones de una oposición inclinada a emparentar a Perón con el “tirano”.

El tercer apartado profundizó en las luchas sociales que tuvieron como arena las historias, memorias e identidades colectivas, poniendo el foco en las conmemoraciones de los centenarios del “Pronunciamiento” de Justo José de Urquiza (1951) y de la “Batalla de Monte Caseros” (1952). A nivel nacional el suceso con el que se vivió el declarado “Año del Libertador General San Martín” (1950) por el centenario de su muerte, no volvió a repetirse –a contrapelo de las expectativas de las elites políticas y culturales entrerrianas– con los aniversarios urquicistas del “Pronunciamiento” y “Monte Caseros”. Por ello las celebraciones quedaron acotadas prácticamente al territorio provincial, donde tuvo lugar una exaltación provincialista que buscaba compensar –con la prédica sobre el particularismo local y la decisiva participación de Entre Ríos en la construcción de la nacionalidad– el desinterés con el que las provincias hermanas miraban a la que decía haber otorgado el “federalismo argentino” y la “Constitución liberal y democrática”.

Una vez interrumpida la segunda presidencia de Perón por el golpe de Estado de 1955, los intelectuales de Estado que habían alcanzado notoriedad como “valores peronistas” no discontinuaron sus trayectorias. En ese sentido, Leandro Ruíz Moreno no perdió su inserción institucional en el MHER, al frente del cual continuó hasta 1962. Más sorprendente que esta prolongación al frente de uno de los museos públicos provinciales fue la designación de Leandro Ruiz Moreno, por entonces ascendido a la jerarquía de Capitán, como Interventor Federal en Entre Ríos, entre el 20 de junio de 1962 y el 12 de octubre de 1963. Con el peronismo proscripto, ¿qué otros espacios de soporte le permitieron superar el ‘55? Probablemente su vigencia como figura pública en esa etapa post peronista haya dependido de una combinación de sus relaciones previas con el radicalismo (durante cuyos gobiernos ya se desempeñaba como docente en la Escuela de Policía), su vínculo con los medios castrenses, el reconocimiento a su producción cultural que se mantuvo en los marcos de la tradición urquicista y, muy particularmente, una legitimidad social ganada como un sujeto portador de conocimientos sobre la administración estatal, adquirida en sus años como intelectual de Estado, que relativizara con la imagen de un perfil más técnico que político la ventajosa posición que obtuvo de los recursos provistos por las políticas culturales del peronismo.

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Fuentes

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Entre Ríos (1949). Memoria del Ministro de Gobierno y Justicia, Dr. Luis J. Capriotti. BILPER.

Entre Ríos (1950). Memoria del Ministro de Gobierno, Don Roberto G. Morán. BILPER

Entre Ríos (1949). Memoria del Ministro de Educación, Prof. Miguel A. Torrealday. AGER.

Entre Ríos (1951). Memoria del Ministro de Educación, Prof. José María Nadal. AGER.


  1. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y Profesor en Historia por el IES transferido a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Profesor adjunto interino de Historia de la Historiografía, entre otros cargos docentes, en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.
  2. Sobre la trayectoria Héctor Domingo Maya ver el capítulo de Martina Ferro Piérola.
  3. Pérez Colman (1874-1949) nació en Concepción del Uruguay, y en el histórico Colegio de esa ciudad cursó sus estudios secundarios. De la Universidad de Santa Fe (1889) egresó con el título de Abogado y Doctor en Jurisprudencia en 1898. La múltiple implantación cultural fue el rasgo que compartió con la notabilidad provinciana, transitando los circuitos consagratorios como educador, legislador y magistrado. En 1936 la Imprenta de la Provincia editaba su obra Historia de Entre Ríos. Época colonial 1520-1810. Su consagración nacional como historiador se concretó definitivamente con su participación en la Historia de la Nación Argentina, obra publicada por la ANH. Allí aparecieron sus contribuciones Entre Ríos 1810-1821 (1941) y Presidencia del General Urquiza (1946).
  4. Martiniano Leguizamón (1858-1935) inició sus estudios formales ingresando al Colegio Nacional de la ciudad de Concepción del Uruguay en 1874. En 1885 se graduaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En la ciudad puerto de fines del siglo XIX y comienzos del XX, formó parte de una profusa migración de entrerrianos que buscaban cimentar una carrera literaria en Buenos Aires. Por entonces, publicó una trilogía destinada a articular el discurso literario de la identidad entrerriana: Recuerdos de la Tierra (1896), Calandria (1898) y Montaráz (1900). También durante esa etapa inició su actividad como coleccionista, acumulando en su hogar elementos que luego fueron utilizados para sus estudios folklóricos sobre la vida rural de su provincia. Su inserción en los círculos letrados porteños también lo ubicaba en un sitial privilegiado en el proceso de institucionalización de la actividad historiográfica.
  5. Ramón Amancio Albariño (1891-1956) había participado como coronel del golpe de Estado de junio de 1943, siendo posteriormente ascendido al grado de general. Entre 1946 y 1949 actuó como presidente de la petrolera estatal YPF. Debido a la reforma constitucional del año 1949, ejerció el cargo de gobernador de Entre Ríos solamente por el período de dos años. Al finalizar su mandato fue elegido senador nacional, función en la que se desempeñaba al producirse el derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón en 1955.
  6. Creado en 1914, el periódico El Diario de la ciudad de Paraná estuvo vinculado en sus orígenes a la Unión Cívica Radical entrerriana. Luego, como una empresa comercial controlada por la familia Etchevehere –estrechamente filiada a esa tradición partidaria en la provincia–, la publicación fue frecuentemente ubicada en las filas de la oposición por parte de las intervenciones federales que se sucedieron entre 1943 y 1946, y también por los posteriores gobiernos peronistas. El 24 de mayo de 1944 El Diario fue clausurado mediante un decreto firmado por el interventor a cargo del gobierno provincial: teniente coronel Carlos María Zavalla. Tras ser designado como nuevo interventor el general Humberto Sosa Molina, derogó los decretos de expropiación, intervención y retiro de la personería jurídica. A partir del 25 de septiembre de 1944, El Diario S.A, volvió a manos de su antigua empresa editorial.
  7. Los miembros de la Junta Argentina “Justo José de Urquiza” que firmaban el comunicado eran: Wenceslao S. Gadea, Delio Panizza, Ernesto E. Maxit, Lorenzo E. Gaggino, Ángel M. Cabral (h), Juan Hugo Eyhartz, Pedro E. Etcheverry, Esther Montiel, Mateo A. Fabani, Julio Reibel, Juan E. Lacava, Enrique Gargano, Isaías V. Torres. (El Diario, 2/5/1951: 2).
  8. La obra del arquitecto Osvaldo Rapetti presenta en su base los escudos de Argentina, Chile y Perú, y en la parte superior un cóndor emprendiendo vuelo.


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