Alejandro M. Schneider

Introducción

Durante gran parte del siglo XX los partidos comunistas (PP. CC.) fueron un actor trasnacional de relevancia en América Latina. A pesar de ello, existen escasos estudios dedicados a examinarlos de manera comparada. En ese sentido, en este artículo se intenta privilegiar una mirada que subraye la sincronicidad, la resonancia y la retroalimentación de determinados elementos intervinientes tanto a escala nacional como mundial.

En el transcurso de las décadas del cincuenta y del sesenta del siglo pasado diversos fenómenos mundiales, como la Guerra Fría, la Revolución cubana, los cambios en el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) tras la muerte de Iósif Stalin y las desavenencias políticas entre China y la Unión Soviética, entre otros, produjeron una convergencia de acontecimientos históricos que impactaron en forma desigual en el accionar político de los PP. CC. de América Latina. Las tensiones y la inestabilidad sociopolítica en el continente durante la Guerra Fría fue un rasgo central entre las décadas de 1950 y 1970. De esta manera, si bien el escritor británico George Orwell pensó este término para ilustrar el nuevo orden mundial surgido tras la finalización de la Segunda Guerra en el escenario europeo, cabe subrayar que Latinoamérica no fue un actor de reparto. Por el contrario, la región fue un campo de acción específico en el que las superpotencias establecieron sus intereses. En ese sentido, compartimos la afirmación efectuada por Richard Saull, quien observó que “después de la Segunda Guerra Mundial el centro de la crisis se trasladó de Europa al sur global” (2004: 33).

El presente artículo busca saldar –en cierta medida– este déficit desde una perspectiva global, observando que la actuación de los comunistas se debió tanto a factores locales como internacionales; para eso se examinaron las tácticas políticas que implementaron los PP. CC. de Chile, Guatemala y Uruguay en esos años en torno a una serie de temas candentes que marcaron su agenda partidaria. En particular, se analizan los debates y el impacto que tuvieron en esos agrupamientos la política de coexistencia pacífica que sostuvo el PCUS, el movimiento armado castrista y la disputa entre las dos potencias socialistas. De ese modo, la intervención de esos partidos no se la debe entender tan solo estudiando sus postulados ideológicos y su relativo alineamiento a las directivas del Kremlin, sino que también se la tiene que enmarcar a partir de otros procesos coetáneos. En ese sentido, la dinámica de la intervención política de los partidos comunistas estuvo mediada tanto por factores domésticos inherentes a la historia de su desenvolvimiento en cada uno de esos países como a los acontecimientos mundiales antes nombrados.

En esa coyuntura histórica, de acuerdo con lo escrito por Michael Lowy (2007), los PP. CC. debatieron fuertemente sobre una serie de cuestiones a partir del triunfo de los barbudos de Sierra Maestra. Entre otros temas, en primera instancia se polemizó sobre las tareas políticas que estaban planteadas en ese momento en América Latina: si se debía franquear una etapa nacional-democrática o si se tenía que luchar por el socialismo. En forma paralela, en segundo término, se discutió sobre las vías y los métodos de lucha que se debían emplear para esos objetivos. Ambas cuestiones se encontraron íntimamente relacionadas, ya que el éxito de los jóvenes rebeldes de La Habana impugnó seriamente los mandatos ortodoxos del Kremlin sobre la conveniencia de efectuar una revolución en este lado del mundo. En ese sentido, durante varios años, la izquierda a nivel internacional observó y participó de manera apasionada en ese pugilato.^[1]

En forma simultánea, un tema no menor en el seno de los debates que ocurrieron dentro de los PP. CC. fue el que se produjo en el interior del movimiento comunista internacional a raíz de las discrepancias surgidas entre el PCUS y el Partido Comunista chino. Desde el XX Congreso en 1956, Mao Tse Tung y su partido comenzaron a cuestionar diversos aspectos de la orientación política del Kremlin; entre otros puntos polemizaron sobre la incierta posibilidad de coexistencia pacífica entre los bloques socialista y capitalista, la inevitabilidad de la vía armada para el triunfo de la revolución, el papel protagónico del campesinado y los enfrentamientos en los escenarios rurales, la continuidad de la lucha de clases bajo el socialismo, la caracterización de la Unión Soviética como un Estado “socialimperialista”, la figura de Stalin, etc. (Urrego, 2017).

Como consecuencia de estas divergencias entre Moscú, La Habana y Beijing, la mayoría de los PP. CC. sufrieron rupturas dentro de sus organizaciones, las cuales derivaron en la formación de nuevos grupos orientados hacia el castrismo y hacia el maoísmo (Jeifets y Jeifets, 2020).

Sin embargo, más allá de las diversas alternativas que se debatieron sobre la caracterización de la etapa que estaba transitando el continente y sobre los métodos que debían emplearse para alcanzar la revolución, todos los PP. CC. siguieron apostando a la búsqueda de alianzas con algún sector de la burguesía, sosteniendo una política de conciliación de clases. De ese modo, al calor de la Guerra Fría y de las polémicas en el seno del campo de las izquierdas, los comunistas buscaron implementar acuerdos electorales con diferentes agrupamientos políticos, en particular, con los socialistas y con los demócratas cristianos. En ese marco, sostuvieron en los escenarios nacionales la propuesta del PCUS para todo el orbe de desarrollar y afianzar la política de crear un “frente nacional basado en la alianza con el campesinado y la burguesía nacional de espíritu patriótico” (PCUS, 1963: 13). En cierta forma, esta orientación de armar “frentes nacionales” con fuerzas sociales ajenas al proletariado fue una prolongación ideológica de la táctica de los “frentes populares” impulsados por el VII Congreso de la Internacional Comunista (IC) en 1935.

En los países analizados en el presente artículo, el papel desarrollado por los partidos comunistas de Chile y de Uruguay fue el mejor ejemplo de esta estrategia política. Así, la creación de la Unidad Popular (UP) y el Frente Amplio (FA), respectivamente, representaron la máxima expresión alcanzada por esta política frentista que buscaba avanzar en el camino de la revolución a través de medios pacíficos respetando la institucionalidad burguesa. Como se observa en este ensayo, los documentos y declaraciones de los dirigentes de estos agrupamientos compartieron similares caracterizaciones sobre la etapa histórica en que se encontraba el desarrollo capitalista en América Latina. Como consecuencia, tuvieron una mirada semejante en cuanto a las tareas políticas que se debían desarrollar para avanzar en lo que consideraron como uno de los principales obstáculos que se debía enfrentar, como era la existencia del régimen de tenencia de la tierra a través del sistema de latifundios en el campo.

Por otro lado, valga aclarar que la mayoría de los diferentes grupos que emergieron de las filas del comunismo (tanto los que simpatizaron con el castrismo como los maoístas) continuaron sosteniendo en sus discursos, en sus programas y en su intervención política la búsqueda de acuerdos con fuerzas políticas burguesas. No es de extrañar que, en varios países de la región, estas organizaciones hayan establecido alianzas o hayan votado a sectores políticos burgueses que consideraban como “nacionales”, “patrióticos” o “democráticos”.

Por último, corresponde observar que en el artículo, por razones de espacio, no se profundiza el debate que mantuvieron los PP. CC. con otras corrientes políticas como el trotskismo, el nacionalismo, etc. Asimismo, el presente escrito tampoco aborda la intervención partidaria sobre temas sindicales, culturales, juveniles y militares, entre otros espacios de militancia.

Los partidos comunistas antes del inicio de la Guerra Fría

Bajo las brisas que trajo la Revolución rusa, hacia fines de la década de 1910 emergieron los primeros PP. CC. en el continente. Desde entonces, en términos generales, la trayectoria política de ese partido estuvo –en parte– condicionada por los análisis y lineamientos de la Internacional Comunista. En particular, esto se observó en lo que se refiere a los estudios que el Komintern efectuó sobre el escenario económico y político de América Latina.

Los análisis que se hicieron partieron de interrogarse sobre el desarrollo económico en el continente, si este poseía características feudales o capitalistas: la respuesta a esa pregunta conllevó a impulsar tareas democrático-burguesas o socialistas. Más allá de los avatares que representaron los bruscos cambios en la orientación de la IC en las décadas del veinte y comienzos de los treinta, los PP. CC. reflexionaron e intervinieron sobre los límites institucionales que cada país tenía para lograr una mayor presencia o alcanzar el poder mediante la competencia electoral. Por otro lado, no fue menor el hecho que representó la consolidación de la orientación de Stalin de sostener su política de propugnar el “socialismo en un solo país” y de evitar extender la revolución proletaria a escala mundial.

En otras palabras, el resultado de esta concepción de pensar la revolución por etapas fue asociado con las resoluciones del VII Congreso de la IC orientadas a buscar alianzas con fuerzas antifascistas tanto con aquellas que eran de orientación socialista como con corrientes demócratas liberales. De esa manera, se instrumentaron las bases ideológicas que justificaron los acuerdos entre el proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía y la denominada “burguesía nacional”.

A partir de ese momento, los PP. CC. se convirtieron en máquinas electorales cada vez más abocadas a la competencia con el resto de las fuerzas políticas burguesas, que intentaban obtener una mayor presencia en los diferentes espacios parlamentarios. Para tener éxito en esta tarea, fue primordial tratar de construir coaliciones con otros partidos, en particular, con los socialistas.

El Partido Comunista de Chile (PCCh) se insertó en la vida institucional del país en forma temprana.^[2] Así, poco tiempo antes de las disposiciones del VII Congreso de la IC, la organización en la Conferencia Nacional de 1933 dejó a un lado la idea de hacer una revolución para abocarse a la tarea de “profundizar la democracia” a través de la participación electoral como forma de avance hacia el socialismo (Venegas, 2010). La política que adoptó no fue solo por los debates internacionales, sino que también lo hizo luego de examinar la propia experiencia local tras su aislamiento político, su baja performance electoral y la importante represión en su contra. De ese modo, en los primeros meses de 1936 impulsó una coalición electoral y de gobierno conocida con el nombre de Frente Popular (FP) a partir de un conjunto de acuerdos con el Partido Radical (PR), el Radical Socialista, el Socialista (PSCh) y el Democrático (Milos, 2008).

Dos años más tarde, la coalición triunfó en las elecciones presidenciales con el radical Pedro Aguirre Cerda (1938-1941). En esa coyuntura, su administración se caracterizó por su diversidad en materia ideológica, siendo su principal objetivo la modernización del capitalismo; para eso impulsó, entre otras obras, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).^[3] Si bien el FP entró en crisis con su inesperado fallecimiento y con las diferencias internas en el seno de la alianza gobernante, el PCCh siguió dentro del acuerdo. De ese modo, en el marco de la Segunda Guerra Mundial y ante lo que se consideraba como el avance del fascismo en Chile, el partido sostuvo la candidatura de Gabriel González Videla (1946-1952).^[4] Más aún, la lección que dejó su participación en esa alianza dejó como un significativo legado la creencia de que era factible acceder al Poder Ejecutivo respetando los mecanismos institucionales de la democracia.

En cuanto a Guatemala, el Partido Comunista tuvo una trayectoria inestable desde su fundación en 1922 hasta su persecución y desaparición bajo la dictadura de Jorge Ubico en la década de 1930. Posteriormente, a fines de los años cuarenta, durante el gobierno de Juan José Arévalo (1945-1951) diversos grupos marxistas comenzaron a reagruparse para dar forma a una nueva organización. Así, en 1949 se desarrolló el I Congreso, aunque solo pudo obtener su legalidad con la presidencia de Jacobo Árbenz (1951-1954) con el nombre de Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) (Alvarado, 1994).

El PGT apoyó al gobierno de Árbenz durante todo su mandato; centralmente sostuvo la propuesta de transformación y modernización de la estructura productiva en las áreas rurales a través de una reforma agraria que integrara a los campesinos.^[5] De ese modo consideraba, de acuerdo son lo sostenido en su II Congreso en diciembre de 1952, que había que desarrollar “el Frente Democrático Nacional por la dirección y por la base […] hasta lograr la instauración de un gobierno integrado por la clase obrera, los campesinos, el sector patriótico de la burguesía nacional y la pequeña burguesía”.^[6] Como fruto de esta caracterización y de su participación (tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo), el partido no alcanzó a visualizar la excesiva confianza que tenía el presidente en la propia clase dominante y en el ejército; por ende, ni Árbenz ni el PGT estuvieron lo suficientemente preparados para enfrentar el golpe de Estado de 1954 (Figueroa, Paz y Taracena, 2013).

Finalmente, el Partido Comunista de Uruguay (PCU) nació en 1921 cuando en el VI Congreso Extraordinario del Partido Socialista de Uruguay (PSU) la mayoría de los militantes adoptaron las 21 condiciones que la III IC requería para ser parte del movimiento comunista internacional. Así, a partir de ese momento, adhirió a las orientaciones propuestas por Moscú. En la década del treinta aceptó la propuesta de crear frentes populares antifascistas; a diferencia de Chile –que en esos años pudo concretar acuerdos con los socialistas–, el PCU apoyó por fuera de la participación de alguna alianza electoral al candidato del PSU (Emilio Frugoni) para los comicios de 1938. Luego, en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, continuó con esa orientación partidaria brindando sostén político a la administración del presidente (que era del partido colorado) Juan José de Amézaga (1943-1947), al que se le propuso conformar un gobierno de Unidad Nacional.

El desempeño comunista durante los primeros años de la Guerra Fría

La primera respuesta que dio la Unión Soviética ante la puesta en marcha de la Guerra Fría impulsada por Harry Truman en marzo de 1947 fue el impulso de la Kominform (Oficina de Información de los Partidos Comunistas) en el mes de septiembre de ese año, sobre la base del informe elaborado por el secretario del PCUS, Andréi Zhdánov. De acuerdo con este documento, Moscú afirmó la existencia de dos campos antagónicos distintos: uno imperialista y antidemocrático y otro antiimperialista y democrático. En esa coyuntura, la tarea que se propusieron los PP. CC. a nivel mundial fue la de buscar la solidaridad entre las fuerzas democráticas que estaban a favor de aspirar a la paz en el planeta, sustituyendo el objetivo leninista de luchar por la revolución (Marcou, 1981).

Sin embargo, tras la muerte de Stalin (1953) se produjeron importantes cambios en la Unión Soviética tanto a nivel doméstico como en el externo. El XX Congreso del PCUS (1956), además de designar a Nikita Kruschev como primer ministro (1958), dio el puntapié inicial para plantear la política de coexistencia pacífica como elemento rector de la diplomacia externa; sobre todo, cuando el XXII Congreso –en 1961– buscó delimitar la rivalidad con el bloque capitalista al campo del desarrollo económico y cultural. La piedra angular de este pensamiento fue la creencia en el gradual predominio del sistema socialista por sobre el capitalista; como parte de esta nueva disposición programática se produjo la disolución de la Kominform.

Aunque América Latina en los primeros años de enfrentamiento entre las potencias no desempeñó un papel gravitante, el escenario comenzó a cambiar con los preparativos del golpe de Estado de 1954 en Guatemala y con las primeras medidas adoptadas por el gobierno revolucionario de Cuba en 1959. En ese marco, numerosos gobiernos latinoamericanos adoptaron medidas y leyes anticomunistas, ilegalizando y reprimiendo a los PP. CC., en sintonía con la doctrina Truman. En el caso de los partidos que analizamos en este artículo, el grado de persecución estuvo en correspondencia con el contexto político interno, con la tradición de respeto a las instituciones democráticas de cada país y con la diferente condición de alineamiento que mantuvieron con Washington.

Al calor de los cambios programáticos impulsados a nivel mundial por el PCUS, algunos PP. CC. volvieron a recuperar la legalidad; a la vez, comenzaron a consolidar su vocación electoral, la cual se halló en total sintonía con los objetivos diplomáticos del Kremlin. En consonancia con ello, en el XXIII Congreso del PCUS (1966) se reafirmó la orientación general de que los partidos latinoamericanos conformaran amplios frentes políticos y sociales nacionales con las fuerzas que consideraran como “progresistas” (Varas, 1991).

En Chile, el expresidente González Videla expulsó al PCCh de la coalición que participaba en 1947, reafirmando en 1948 la senda anticomunista con el dictado de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia o ley maldita. A partir de esa norma, el partido pasó a ser proscripto electoralmente, con cientos de militantes perseguidos y encarcelados hasta 1958. Al calor de ello, durante esos años, mantuvo un fuerte debate en su seno entre un sector de militantes abocados a sostener una táctica de lucha armada frente a otra que defendió la continuación de una postura moderada.^[7] Tras la finalización de esas discusiones internas, la dirigencia partidaria difundió su Programa de Emergencia como las principales conclusiones de la IX Conferencia Nacional del PCCh (1952). Así, por un lado, propuso ampliar la base de acuerdos con los socialistas y con otras fuerzas políticas en el marco de conformar una alianza liderada por la clase obrera con sectores de la burguesía que se consideraban como progresistas. En ese sentido, prosiguieron con la caracterización de que en Chile se debía llevar adelante una “revolución antiimperialista, antifeudal y antioligárquica”. Por otro lado, se convalidó la teoría sobre la “vía pacífica” al socialismo a través –centralmente– de la participación electoral.^[8] Como coralario de estas conclusiones se conformó el Frente Nacional del Pueblo (FRENAP), el cual apoyó la candidatura presidencial de Salvador Allende en 1952; posteriormente, en 1956, con el ingreso de otras organizaciones se transformó en el Frente de Acción Popular (FRAP).^[9]

Por su parte, en Guatemala, la dictadura de Carlos Castillo Armas (1954-1957) implantó una intensa represión sobre el campesinado, el movimiento obrero, las organizaciones sindicales y políticas y (dentro de ellas) el PGT, que fue declarado ilegal. Ante esta embestida, numerosos miembros del partido lograron refugiarse en México y otros países, donde elaboraron una serie de documentos en los que se autocriticaron por algunos errores políticos cometidos frente al gobierno de Árbenz, sobre todo con la subestimación efectuada hacia la alta oficialidad del ejército y por la “excesiva” confianza depositada en la denominada “burguesía nacional”. Sin embargo, las objeciones no se dirigieron a la orientación estratégica del PGT (de buscar acuerdos con otros sectores de la burguesía) ni hacia su caracterización de que la lucha se tendría que enfocar en concretar una “revolución democrática, antifeudal y antiimperialista” (Figueroa, Paz y Taracena, 2013: 30, la cursiva en el original).

A la par de ese análisis, el partido se reconstruyó haciendo actividad gremial dentro de la Federación Autónoma Sindical de Guatemala (FASGUA). Además, en el marco de buscar alianzas con sectores opositores al régimen, siguió con atención los distintos complots militares que se desarrollaron durante el segundo lustro de la década del cincuenta. En idéntico sentido, aspiró a lograr una “salida democrática” a través de lo que se denominó la “línea de la conciliación nacional” (Figueroa Ibarra, 2010: 40).

A diferencia de lo acontecido en numerosos países del continente, en Uruguay el PCU no fue declarado ilegal, pese a que hubo sectores políticos que demandaron esa medida para vetar su accionar. En ese contexto, a partir de 1955, con el XVI Congreso, el partido guiado por Rodney Arismendi inició un proceso de reconstrucción organizativa que se consolidó tres años más tarde con el XVII Congreso. Desde entonces se edificó la estrategia teórica y política que desarrolló durante toda la década del sesenta: la creación de un amplio frente electoral con otras fuerzas partidarias del sistema democrático burgués. No solo eso, también se propuso la unidad en el movimiento laboral y la reconstrucción del partido en todas sus facetas. Como consecuencia, el PCU se abocó a constituir una única central sindical (se creó la Convención Nacional de Trabajadores [CNT]), se amplió la estructura interna del partido, se refundó la juventud comunista y se extendió el trabajo organizativo en el ámbito rural (Silva, 2009).

En la coyuntura de la década de 1950, tras analizar el escenario económico, social y político del país, se definió la forma que debería adoptar un frente político con distintos sectores sociales (excepto la burguesía “latifundista” e “imperialista”), en donde la clase obrera posea una función dirigente en dicho acuerdo, siendo su tarea inmediata la realización de una “revolución agraria antimperialista”. Con ese propósito, su eje central giró en torno a la construcción de una alianza con diversas organizaciones políticas, sobre todo con el PSU, a fin de avanzar electoralmente hacia una “revolución democrática” en contra del “imperialismo norteamericano y sus agentes” (PCU, 1958: 106). El primer paso en ese camino fue la conformación en 1962 de la coalición electoral denominada Frente Izquierda de Liberación (FIdeL), en la que participaron el PCU junto con el Movimiento Revolucionario Oriental (MRO), el Movimiento Popular Unitario, el Comité de Intelectuales y Artistas, la Agrupación Batllista Avanzar y el Movimiento Batllista 26 de Octubre, entre otras organizaciones de menor calibre.

En resumen, con excepción de Uruguay, en los comienzos de la Guerra Fría, en los países antes mencionados los comunistas estuvieron perseguidos y fueron puestos en la ilegalidad. No obstante, más allá de esas acciones represivas, continuaron con la línea estratégica elaborada en la década del treinta de formar frentes populares. En el nuevo escenario de esos años, la fórmula que implementaron fue la de propiciar acuerdos electorales democráticos para “alcanzar la liberación nacional” contra los “latifundistas” y los “capitales norteamericanos”. Como resultado no modificaron sustancialmente su caracterización sobre el tipo de desarrollo económico que tenía América Latina ni sus tácticas de intervención parlamentaria; más aún, los acuerdos políticos con las otras fuerzas no proletarias se convirtieron en el transcurso del tiempo en fines estratégicos.

La influencia de la Revolución cubana

El movimiento encabezado por Fidel Castro y el impulso armado que le siguió significó un quiebre en la historia de la izquierda en el continente. En el caso particular de los PP. CC. representó un fuerte cimbronazo como nunca había sucedido; representó una fuerte impugnación a sus posturas moderadas e institucionalistas. A partir de entonces comenzó a cuestionarse seriamente las teorías referidas a las vías de acceso al gobierno, el carácter futuro de la revolución, el papel que podría cumplir la lucha en el ámbito rural y el accionar que podía ejercer una pequeña vanguardia decidida a alcanzar el poder. En la práctica, todas las organizaciones radicales se sintieron conmovidas, lo que generó importantes debates en su seno; como consecuencia emergieron no pocos grupos que adhirieron a la revolución caribeña y al método de lucha guerrillera propiciada desde La Habana.

Al igual que en otros países de América Latina, las posturas que adoptó el PCCh fueron cambiando al calor del proceso cubano. De acuerdo con diferentes declaraciones del exsecretario general del partido, Luis Corvalán, se observa que, si bien hubo un apoyo (primero tenue y luego más explícito) al movimiento liderado por Castro, la orientación que prevaleció fue la de sostener los principios ortodoxos emanados desde Moscú, contrarios a la actuación de La Habana. De ese modo, para la dirección partidaria el fenómeno que se produjo en la isla antillana fue resultado de sus “rasgos propios”, por lo tanto, no era un ejemplo que debía trasladarse mecánicamente a otras geografías. En ese sentido, para Chile lo más “factible” era que se alcanzase el poder por medio de una “vía pacífica”, la cual se lograría a través de una combinación de la “lucha de masas” y de la acción parlamentaria debido a la mayor presencia de “representantes del pueblo”.^[10] Ahora bien, en el marco del FRAP, estas afirmaciones acentuaron una serie de diferencias que se arrastraban desde hacía varios años con los dirigentes socialistas; sobre todo, porque estos últimos compartieron con los caribeños una mirada más radicalizada sobre la situación del país frente a la postura de defensa de la institucionalidad sostenida por los comunistas (Fernández y Garrido, 2016).

En Guatemala, al calor de la Revolución cubana, se produjo un endurecimiento de la dictadura del general Miguel Ydígoras Fuentes.^[11] En ese marco, el PGT adoptó su línea de intervención armada no solo por la lectura que hacía de su escenario inmediato –caracterizado por la brutal represión tras el golpe de Estado–, sino también por el éxtasis que provocó el triunfo antillano. De ahí que su III Congreso, en 1960, definió entre otras cuestiones que su objetivo era forjar “una revolución democrática-nacional” sobre la base de un gobierno “democrático y patriótico” integrado por “la clase obrera, el campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía nacional”. En forma simultánea, expresó la necesidad de que se combinaran “todas las formas de lucha” para derrocar al régimen; como consecuencia, un grupo de militantes (sobre todo provenientes de su rama juvenil) decidió efectuar un primer cuerpo guerrillero (el Destacamento 20 de Octubre) bajo la dirección del coronel Carlos Paz Tejada, exjefe de las Fuerzas Armadas del gobierno de Arévalo, en marzo de 1962.

Si bien esta experiencia terminó en un fracaso, meses más tarde, en un escenario signado por el proceso caribeño y por el incremento de la protesta popular contra el gobierno, la dirección del PGT decidió unirse a un grupo de combatientes militares liderados por Marco Antonio Yon Sosa y Luis Turcio Lima, que venían actuando desde noviembre de 1960. Tras una serie de negociaciones, dieron a luz a las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en diciembre de 1962.

Las FAR no conformaron una organización guerrillera homogénea. Esta estuvo cruzada por un conjunto de tensiones internas como resultado de los diversos grupos clandestinos que la constituyeron.^[12] De ese modo, mientras se combatía contra el gobierno, se produjeron una serie de debates en los que se plantearon cuestiones en torno a la clase de revolución por desplegar (según el grado de desarrollo histórico), las políticas de alianzas que se debían establecer (la incorporación de la burguesía), la concepción de la vía armada (foquismo o insurrección), el papel del campesinado, etc. Seis años más tarde, en 1968, como resultado de estas discusiones, junto con importantes derrotas sufridas ante el ejército, las FAR se separaron del PGT, y este último partido perdió no pocos militantes que decidieron quedarse en la organización guerrillera.

En el sur de Latinoamérica, el triunfo cubano fue recibido con enorme simpatía por la militancia comunista. Sin duda, esta atracción generó numerosos problemas en la dirección del partido ante la abierta hostilidad oficial que en un comienzo el PCUS tuvo con La Habana. En ese sentido, la impronta del PCU estuvo marcada por una particular orientación de equilibrio entre estas posiciones antagónicas.^[13]

De ese modo, desde la creación de la alianza FIdeL (en homenaje al líder revolucionario) en concordancia con la táctica de diseñar frentes electorales hasta la activa participación uruguaya en la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) en julio de 1967, la dirigencia del PCU desplegó una sutil moderación frente a la celosa mirada de Moscú.^[14]

Arismendi, desde una postura de apoyo a Cuba, sostuvo en forma reiterada una serie de discusiones sobre el alcance continental de la revolución junto con las vías para alcanzar el poder. Si bien reivindicó la factibi­lidad y la aspiración del tránsito pacífico al socialismo, no descartó el empleo de la violencia para hacer frente a la clase dominante ante el avance de las luchas del movimiento obrero y de la izquierda. De esa manera, la principal apuesta del PCU fue la de seguir con su política de cubrir todos los espacios legales que permitiera la democracia (sobre todo, al tratar de concretar la alianza electoral con el PSU) mientras organizaba un aparato armado secreto de la organización y apoyaba en términos logísticos la campaña de Ernesto Che Guevara en Bolivia (Garcé, 2014). A pesar de las declaraciones en las que convalidaba que, en ciertas circunstancias, se tendría que recurrir a acciones violentas, la dirigencia partidaria no logró impedir que algunos miembros de la Unión de Juventudes Comunistas se fueran de la organización para ingresar al MRO, para luego sumarse a distintas actividades guerrilleras.^[15]

El cisma chino-soviético y su impacto en los partidos comunistas

Como hemos mencionado, las tensiones bilaterales entre las dos grandes potencias se trasladaron al espacio de una izquierda latinoamericana que se encontraba en pleno estado de ebullición tras la marea revolucionaria iniciada por los cubanos. La fragmentación del campo socialista condujo a un proceso de debates y rupturas tanto en el seno de aquellos partidos comunistas y socialistas que actuaban dentro de los límites de la legalidad republicana como en algunas organizaciones que estaban llevando a cabo acciones guerrilleras. En nuestro continente, además de las polémicas que se dieron en torno a la diplomacia exterior de la Unión Soviética y el rol de los PP. CC., en particular, se discutió sobre dos cuestiones: la necesidad de emplear la lucha armada para la toma del poder y el destacado papel que desempeñaba el campesino en el escenario rural para lograr el avance y el asedio de las ciudades.

En Chile, a raíz de una serie de discrepancias internas que se desarrollaron en el partido en torno a la necesidad de la posibilidad de la vía pacífica al socialismo, en el marco de las polémicas sino-soviéticas, un puñado de militantes comenzaron a acercarse a algunos de los postulados del gigante asiático. En ese camino, en los primeros años de la década del sesenta, emergieron los grupos de Vanguardia Revolucionaria Marxista, Espartaco y el Partido Comunista Revolucionario. Al igual que en otros países, si bien en sus inicios estos colectivos estuvieron cruzados por debates y lecturas sobre distintos aspectos políticos (lo que llevó a un proceso de rupturas y formación de nuevas organizaciones), poco a poco fueron adoptando los principios y orientaciones propias del maoísmo; en particular, el último grupo mencionado tuvo un lugar destacado en lo que se consideró la “lucha contra el revisionismo” y la “vía pacífica” de los comunistas chilenos (Lo Chávez, 2012; Orellana, 2019).

En Guatemala el giro hacia el maoísmo estuvo cruzado tanto por la experiencia guerrillera contra los regímenes dictatoriales como frente a la importante influencia que ejerció el castrismo. En ese sentido, tras la ruptura de relaciones entre las FAR y el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre (MR-13), en febrero de 1968, esta última organización –liderada por Yon Sosa– se acercó a las posiciones chinas de la mano del exsecretario general de la Juventud del PGT, Gabriel Salazar. En ese marco, los documentos del MR-13, polemizando con las FAR, reafirmaron la necesidad de conformar una gran columna móvil armada sobre la base del apoyo campesino en diferentes áreas rurales (Figueroa, Paz y Taracena, 2013).

Finalmente, en Uruguay, la discusión se expresó tras un extenso documento de Arismendi dirigido al Partido Comunista chino, al que acusó de tener una “actitud fraccional desembozada” que terminaba por favorecer a los sectores “anticomunistas”. El dirigente oriental explicó que las críticas que se le hacían al PCUS acababan “sembrando el antisovietismo”, por lo tanto, el PCU sostuvo que era necesaria “la unidad del movimiento comunista internacional” en contra de la actitud de Beijing, a la que definió como “nacionalista”, “personalista” y “sectaria” (Arismendi, 1963: 75). A pesar de esas declaraciones, un grupo de militantes universitarios comenzó a simpatizar con las orientaciones maoístas, lo cual hizo que, poco a poco, se alejaran de la Unión de Juventudes Comunistas. Algunos de ellos, en 1963, se abocaron a crear una nueva organización: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).^[16]

En resumen, cabe observar que en todos estos países los diversos agrupamientos maoístas que emergieron en la década del sesenta (a pesar de poseer una retórica más beligerante) no lograron diferenciarse de los comunistas en varias de sus concepciones políticas, como su posición a favor de una revolución por etapas y en la necesidad de alcanzar acuerdos con sectores empresariales “patrióticos” para impulsar sus objetivos estratégicos.

Hacia la construcción de los frentes electorales

En Chile, durante la década del sesenta, a medida que se fueron sucediendo las contiendas electorales la orientación general del PCCh estuvo centrada en tratar de ampliar la primigenia coalición que tejió con el Partido Socialista de Chile hacia otras fuerzas políticas, en particular, al Radicalismo y al Partido Demócrata Cristiano (PDC). Más aún, esta búsqueda de acuerdos partidarios no disminuyó, a pesar de que estos últimos alcanzaron la presidencia con Eduardo Frei Montalva en 1964.

Sin embargo, la relación entre los principales socios de la alianza del FRAP no fue algo sencillo. En forma permanente afloraron dos grandes discusiones en el período. En primer lugar, sobre la factibilidad de que se alcance el socialismo por medios pacíficos, tal como lo afirmaban los comunistas, cuestión que fue varias veces impugnada por el PSCh. En segundo término, la polémica sobre la conveniencia (o no) de sumar fuerzas sociales burguesas; tema que –por momentos– la dirigencia de los socialistas rechazó, postulando, por el contrario, la necesidad de sostener una política clasista.

En ese contexto, sumado a las discusiones que se dieron frente a la Revolución cubana y al cisma sino-soviético, el PCCh desarrolló –de acuerdo con Rolando Álvarez Vallejos– una orientación política basada en la “lucha de masas”. A través de ella, el partido participó en toda “actividad de masas, por menor que pudiera parecer”, lo que no implicó escatimar “el uso de todos los espacios legales” ni tampoco despreciar los “métodos ilegales” (Álvarez Vallejos, 2007: 324). Del mismo modo, ante las críticas recibidas por su rechazo a incurrir en acciones guerrilleras, en los primeros años de la década del sesenta comenzó a reemplazar la fórmula de “vía pacífica” por el empleo de “vía no armada”, alertando que las organizaciones obreras tendrían que prepararse “para cualquier eventualidad” (Corvalán, 1962: 39). En forma paralela, desde 1963, se comenzó a “formar militarmente a miembros del Partido con miras a defender las conquistas del pueblo” (Corvalán, 2010: 156).

Sin embargo, más allá de estos debates y reposicionamientos, el eje central sobre el que giró la política del PCCh fue el de buscar acceder al gobierno a través de un gran acuerdo electoral. Con el objetivo primordial de captar los votos descontentos del electorado demócrata cristiano, los comunistas, ante la presidencia de Frei, se ocuparon de mantener el apoyo en algunas de las medidas de la administración mientras criticaban otras. En ese sentido, la consigna fue “unidad de acción de todas las fuerzas populares y progresistas que están con la oposición o con el Gobierno” (Santoni, 2012: 389).

En ese marco, en el XIV Congreso de 1969 el partido se abocó a establecer una amplia alianza “con todas las fuerzas progresistas”; esto implicó ratificar el acuerdo con el PSCh, al que se sumaron un sector que había roto con el PDC (el Movimiento de Acción Popular Unitario [MAPU]), el PR y otras organizaciones políticas menores. En los hechos, este fue el antecedente inmediato que permitió fundar la Unidad Popular en apoyo a la candidatura presidencial de Allende en 1970 (Daire, 1988; Furci, 2008).

En Guatemala durante la década del sesenta, mientras un sector de la militancia se volcó a la lucha armada, el partido continuó con su política de lograr una alternativa a las dictaduras y gobiernos fraudulentos por medio de acuerdos electorales. En ese sendero, avaló distintos agrupamientos opositores que procedían de la democracia cristiana y de la socialdemocracia. Tras las discusiones con la FAR, y el posterior egreso de militantes que tuvo la organización en 1968, la dirección del PGT publicó un documento donde hizo un balance crítico de lo actuado, en el que se modificó su línea de intervención partidaria. En ese sentido especificó que la vía revolucionaria era por medio del uso de la violencia, pero no empleando el foquismo, sino a través de “un desarrollo multilateral y diversificado en diversas regiones” con el fin de responder a una situación de “guerra revolucionaria popular de carácter prolongado” (Figueroa, Paz y Taracena, 2013: 86).

En cierta forma esta apreciación se completó en el IV Congreso de 1969, cuando ese cónclave remarcó que “la estructura económico-social del país se caracteriza por la existencia de relaciones semifeudales de producción en descomposición”, por lo que se requería “un cambio revolucionario que resuelva […] las relaciones precapitalistas” y “conquiste la independencia nacional”. Como consecuencia, el proceso revolucionario tendría “dos etapas”; la primera, por su contenido sería “agraria, antiimperialista y popular”, la cual abriría “el camino a la segunda etapa: la revolución socialista”. En función de ello, el Comité Central del PGT consideró la necesidad de que confluyeran las “fuerzas motrices de la revolución”: “los obreros urbanos y agrícolas, los campesinos pobres y medios, las capas medias asalariadas y los pequeños industriales, comerciantes y agricultores no especuladores”.^[17]

A partir de ese análisis, y sin descuidar la lucha armada, el partido también apeló a la unidad con las organizaciones “democráticas y progresistas”; como corolario, en las elecciones de 1970, convocó a votar a favor de la “oposición democrática” representada en la Democracia Cristiana (Figueroa, Paz y Taracena, 2013: 97).

Como se ha mencionado, en Uruguay la estrategia oficial que siguió el PCU fue la de cumplir con los lineamientos trazados por el XVI Congreso (1955) en función de formar un frente político con distintos sectores sociales con el fin de efectuar “una revolución agraria antimperialista”. Con ese propósito, su eje central giró alrededor de la construcción de una alianza con diversas fuerzas políticas, sobre todo, con socialistas y demócratas cristianos. Durante la década del sesenta, mientras Arismendi se posicionaba frente a los debates provocados por la Revolución cubana y al cisma sino-soviético, los comunistas buscaron usufructuar todos los ámbitos legales que poseía el régimen democrático uruguayo. En la práctica, se buscó “ganar” la adhesión de las “masas” para ampliar la presencia militante en distintos espacios de intervención, entre otros, en el Parlamento, en los sindicatos y entre los estudiantes (Leibner, 2009).

En ese marco, el PCU, bajo la autoritaria presidencia de Jorge Pacheco Areco (1967-1972), buscó sellar la alianza electoral que dio origen al Frente Amplio.^[18] Para eso se intentó aprovechar el fuerte descontento existente con su gobierno para aunar posiciones entre distintas fuerzas políticas desde la actuación en el Parlamento; en el camino se forjaron acuerdos, no sin ciertas dificultades, con diversos agrupamientos opositores al primer mandatario. La convergencia de ideas y de acciones contra el régimen se aceleró en los comienzos de la década del setenta, cuando el PSU recuperó la legalidad; esto posibilitó la conformación definitiva de una alianza con los comunistas y la democracia cristiana, junto con sectores disidentes de los partidos colorado y blanco.

De ese modo, en febrero de 1971 estos partidos crearon el Frente Amplio, por medio del cual se postuló un sólido acuerdo programático. A través de este, los partidos firmantes se comprometieron con la necesidad de planificar la economía sobre la base de una extensa reforma agraria (eliminando al latifundio y apoyando a los pequeños y medianos productores) junto con la nacionalización de la banca y del comercio exterior, entre otras medidas. Si bien en su primera prueba electoral en 1971, en la que llevó como candidato a un militar (el general Líber Seregni), logró un 18% del sufragio, su irrupción en la arena política provocó un fuerte impacto en los partidos tradicionales y en vastos sectores de la sociedad uruguaya de ese año. Poco tiempo después su desarrollo se obturó, tras el golpe de Estado de 1973 (Yaffé, 2018).

Breves conclusiones

Es evidente que los PP. CC. durante décadas fueron un actor trasnacional de primer orden cuyo impacto como agrupamiento colectivo todavía no ha sido analizado en forma suficiente; menos aún, no se lo ha examinado en forma comparada, tratando de establecer similitudes y diferencias entre los distintos partidos.

Del mismo modo, a pesar de que la mayoría de los estudios sobre la Guerra Fría comprenden investigaciones sobre las grandes potencias contendientes, no se les ha prestado la suficiente atención a los debates (y sus consecuencias) que se han generado en el sur global. En ese sentido, el artículo ha mostrado la singular participación de los comunistas en tres países del continente durante las décadas del cincuenta y sesenta; en particular, en torno a la constante búsqueda de concertar alianzas electorales según los principios emanados por la IC en los años treinta. Asimismo, corresponde observar que esta orientación también se sostuvo por las características específicas que aportó cada país en su entramado institucional, donde el único lugar en que no se concretó fue en Guatemala.

Dejando a un lado la difícil y excepcional situación que vivió el PGT, en el resto de los lugares analizados la orientación propuesta por el PCUS alcanzó resultados satisfactorios, con la concreción de la Unidad Popular en Chile y del Frente Amplio en Uruguay. Para alcanzar estos logros, sin duda, intervinieron elementos específicos propios de la historia institucional de cada uno de estos dos países.

De ese modo, una táctica pensada para una coyuntura específica marcada por el ascenso del fascismo se convirtió en una línea estratégica durante varias décadas. Tanto la irrupción de la Revolución cubana como el cisma sino-soviético no afectaron esta vocación electoralista, respetuosa de las instituciones democráticas burguesas.

En forma simultánea, si bien la tentación de adoptar posiciones a favor de la lucha armada estuvo presente en todos los casos, concretándose por su particular situación solo en Guatemala, tanto en Chile como en Uruguay se impuso la orientación de crecer partidariamente en la legalidad y de aspirar a alcanzar el socialismo a través de medios pacíficos.

Ahora bien, en todos los casos, se prolongó y convalidó el análisis efectuado en la década del veinte sobre el escaso grado de desarrollo económico alcanzado por el capitalismo en América Latina; por ende, su aceptación implicó seguir sosteniendo una concepción que justificaba la obligación de hacer una revolución por etapas, eliminando en primera instancia los resquicios “feudales” (sobre todo, en las áreas rurales) que existían en el continente. A su vez, en última instancia, esta premisa les permitió a los PP. CC. argumentar la necesidad de buscar acuerdos con distintos sectores empresariales para el armado de los frentes electorales.

De esa manera, se estableció una idea central rectora en la práctica de los comunistas: la creencia de que hay que valerse y aprovecharse de las divisiones internas dentro del campo burgués para poder conformar acuerdos que en un principio se pensaron como tácticos, pero que luego se convirtieron en estratégicos. En idéntico sentido, en íntima correspondencia con lo anterior, los PP. CC. sostuvieron durante muchos años la creencia de divisiones en el seno de las fuerzas armadas; por ende, también intentaron buscar acuerdos con aquellos oficiales que consideraban “patriotas”, los cuales se convertirían en posibles aliados en la construcción de los frentes democráticos. Valga aclarar que esta concepción se aplicó incluso en Guatemala, país que desde 1954 experimentó una fuerte y constante ofensiva contrarrevolucionaria contra los trabajadores y los campesinos.

En síntesis, a pesar de que esas décadas estuvieron cruzadas por intensas polémicas tanto alrededor de las tareas políticas que estaban planteadas en ese momento en el continente como sobre las vías y los métodos de lucha, la orientación general que se impuso en los tres casos analizados fue la de conciliación de clase con diferentes sectores de la burguesía. Incluso en un país como Guatemala, donde el conjunto del empresariado mantuvo una posición abiertamente anticomunista.

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